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Etiqueta: prevención del delito

Ganar seguridad mediante la convivencia

Pedro A. Soto Sánchez

Cómo enfrentar la inseguridad ciudadana es una de las preguntas más frecuentes. Las respuestas son diversas, pero en la mayoría de los casos apuntan hacia un mayor control y presencia policial: restricción de derechos individuales, construcción de mega cárceles, instalación de cámaras de seguridad, incremento de patrullajes y detenciones, entre otras medidas. La preocupación es legítima. El aumento de homicidios y delitos es alarmante.

Las acciones represivas son indispensables. También lo son las reformas al Código Penal y a la normativa vinculada con el control y la sanción del delito, así como la asignación de recursos financieros suficientes para la capacitación, la estabilidad laboral y la especialización de los cuerpos policiales.

Sin embargo, estos cambios y acciones deben complementarse con dos tareas fundamentales que, por básicas, parecieran no desarrollarse con la profundidad y determinación necesarias: la inteligencia y la convivencia.

Profundizar y mejorar la calidad de las labores de inteligencia -especialmente en ámbitos como la legitimación de capitales, las actividades económicas sensibles, las rutas delictivas, los flujos financieros y las estructuras jerárquicas de las organizaciones criminales- es crucial. También lo es identificar y debilitar sus capacidades logísticas y económicas. Esto exige altos niveles de especialización, tecnología adecuada y mayores recursos para los cuerpos de seguridad.

Por otra parte, las comunidades más seguras no son necesariamente las que cuentan con más policías, más cárceles o más detenciones. Son aquellas donde existe mayor y mejor convivencia. Hay que fortalecer las relaciones comunitarias, promover acuerdos y reconstruir el tejido social.

La convivencia se construye mediante proyectos de desarrollo social, el mejoramiento de barrios vulnerables, una educación de calidad y programas culturales ambiciosos que potencien la identidad y la cohesión comunitaria. La organización y participación de la gente es un factor crítico de éxito para una intervención de esta naturaleza. Tiene mayor potencial el trabajo que puedan realizar equipos de promoción y activación social junto a las comunidades organizadas, que la labor llevada a cabo por equipos reducidos de policías municipales o eventos con funcionarios de Fuerza Pública organizando “mejenguitas” en los barrios,

Asimismo, se requiere una estrategia amplia de comunicación pública y la articulación de esfuerzos entre los gobiernos municipales, el gobierno central, las instituciones públicas y privadas y las organizaciones representativas de las comunidades.

A través de una acción coordinada, las municipalidades y las instituciones competentes deben impulsar proyectos de infraestructura con impacto directo en la seguridad. Garantizar que parques, salones comunales, áreas de juego infantil y otros espacios públicos sean escenarios de actividades culturales, deportivas y recreativas es otro mecanismo esencial para fortalecer la convivencia. El espacio público debe ser, ante todo, el espacio de la convivencia.

También es indispensable fomentar un mayor conocimiento de nuestros barrios. Las personas deben conocer su entorno inmediato, su geografía física y social, y ser parte activa de su comunidad.

Enfrentar la inseguridad exige firmeza institucional y cohesión social. Necesitamos un Estado más organizado, más sólido e integral, pero también una ciudadanía más participativa, más comprometida y fortalecida en su tejido social.

Educación o cárceles: ¿Qué futuro estamos construyendo?

JoséSo (José Solano-Saborío)

En Costa Rica, el rumbo que está tomando el Estado en materia de inversión pública parece cada vez más desconectado de las verdaderas necesidades de la población. Mientras se destinan recursos millonarios a la construcción de una “Mega Cárcel”, se recortan fondos en áreas clave como la educación pública, la policía judicial, la Fiscalía y el Poder Judicial. Es decir, se debilita tanto la prevención como la atención del delito, y se abandona la inversión social que podría evitar que muchas personas lleguen a delinquir en primer lugar.

La educación pública no es un lujo, es una herramienta esencial para el desarrollo humano. Es el puente que conecta a las personas con oportunidades reales, especialmente a quienes viven en condiciones de vulnerabilidad. Cuando se le quitan recursos, se cierran puertas. Y cuando esas puertas se cierran, el hambre, la desesperanza y la falta de opciones empujan a muchos hacia caminos que terminan en conflicto con la ley.

A esto se suma el abandono de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), con una deuda estatal que no se reconoce ni se paga. Esto deteriora aún más el acceso a salud, otro pilar fundamental para el bienestar y la productividad. Si a eso le agregamos una política económica que favorece la importación y golpea a los productores nacionales, lo que se genera es un cóctel perfecto para el desempleo, la informalidad y la pérdida de empleos dignos.

Sin una educación pública fuerte, sin salud accesible, sin seguridad alimentaria ni apoyo a la economía interna, Costa Rica deja de ser atractiva para la inversión responsable. Y lo que es peor: se convierte en terreno fértil para el crimen organizado, que ofrece una “salida” a quienes el Estado ha dejado atrás.

Invertir en cárceles sin invertir en educación es como tratar de apagar un incendio construyendo más hospitales, pero sin apagar el fuego. Las cárceles no darán abasto si seguimos condenando a nuestros jóvenes a un futuro sin oportunidades. La educación no solo previene el delito, también construye ciudadanía, fortalece la democracia y abre caminos hacia una sociedad más justa.

Hoy más que nunca, necesitamos que la educación sea el eje de todas las decisiones públicas. Porque si seguimos apostando por el castigo en lugar de la prevención, estaremos construyendo cárceles para los hijos de nuestras propias decisiones. Y eso, más que una política de seguridad es una tragedia anunciada.

La lógica del gobierno es entre más presos menos delincuencia

Óscar Madrigal

Oscar Madrigal

El país se desangra, las balaceras son pan de todos los días, nos convertimos en uno de los mayores exportadores de drogas del mundo y alcanzamos números récord en homicidios y tasas de criminalidad. El problema de la seguridad o inseguridad golpea diariamente al ciudadano

El gobierno de Chaves les echa las culpas a otros poderes: al Legislativo por no aprobar leyes más estrictas que meta a la gente a la cárcel y al Judicial por no mantener a los detenidos en la cárcel.

Chaves quiere más gente en la cárcel como el antídoto o la medicina contra la delincuencia. Su lógica es: entre más privados de libertad, menos delincuencia.

Sin embargo, la realidad indica que los detenidos han aumentado considerablemente en el periodo de gobierno de Chaves y sin embargo la inseguridad en vez de disminuir aumenta.

Según datos del propio ministro de Justicia, Gerald Campos que el Semanario Universidad publica en 2022 había una población penitenciaria de 14.718 personas, mientras que en 2025 existen 18.507, sea que los privados de libertad aumentaron en 3.789, mientras los homicidios pasaron en esa misma época de 654 en el 2022 a 907 en el 2023 y para este año el OIJ estima que la cifra superará los 900 homicidios.

La población privada de libertad crece aceleradamente, se considera que en el 26 llegará a 20 mil y, sin embargo, los delitos no parecen disminuir.

Hay varias conclusiones ante estos hechos:

1-. Meter la gente a la cárcel no resuelve por sí misma el problema de la seguridad pública.

2-. Que el Poder Judicial manda a la cárcel cada vez a más personas.

3-. Que, sin embargo, los índices de delincuencia no disminuyen, sino que aumentan.

4-. Que la falla principal del aumento de la inseguridad pública es del Poder Ejecutivo, sea del gobierno de Chaves.

En términos generales, lo que los números, sea la realidad, están indicando es que no basta con meter a la gente a la cárcel si el gobierno falla y no cumple con las tareas de prevención social y policial.

El Poder Judicial, los fiscales, los jueces, cumplen con su deber (la población carcelaria ha aumentado considerablemente) por lo que la excusa esgrimida por Chaves, que los jueces “sueltan a los delincuentes”, no es real.

La paradoja de la cárcel bukeliana

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Otro fallido proyecto chavista es el de, sin considerar las grandes diferencias que caracterizan la delincuencia en suelo salvadoreño, con la que nos agobia en Costa Rica, gastar cerca de ¢25.000 MILLONES en la construcción de otra prisión en Costa Rica.

Recordemos antes, que la construcción de la cárcel bukeliana, no ataca lo más importante, o sea, las causas de la criminalidad que nos arrebató, la paz que merece el pueblo de Costa Rica. En lugar de apuntar las canfineras hacia el escenario en que se mueven los actores, el «gran esfuerzo» se dedica a satisfacer un pingüe capricho presidencial, un poco alejado de hacia dónde orientar, los pasos hacia un buen gobierno.

«¡Hablemos de la cárcel!», se oye decir en Zapote, y no del desastre provocado en la educación estatal, por la exministra Müller, en los tres años como ministra de Educación. Igualmente, «escondamos la inhumana disminución en la inversión social, donde cada colón negado por el frío IMAS, se convierte en el ingrediente de la pócima de la hechicera, conque se nutre la delincuencia practicada, por los miserables que solo encuentran caminos cerrados, en su búsqueda por sobrevivir, en esta selva urbana.

Así, la paradoja se resume en, «_como estamos propiciando mayor delincuencia, necesitamos más prisiones_», cuando la lógica, el sentido común, debería ser, que, ‘gracias a una muchísima mejor educación, y a una atención prioritaria de los programas de atención, hacia, el millón de pobres que apenas tienen una comida diaria, la necesidad de más celdas cada día será menor’. ¡A mayor educación y programas de solidaridad social, menor delincuencia!, es una máxima universal, que Chaves desdeña.

Finalmente, creemos, que los diputados de oposición que, en una pequeña comisión, aprobaron disminuir el presupuesto del Ministerio de Seguridad, muy especialmente, ¡en momentos en que más se necesita trabajar en prevención!, SABEN que, el gobierno chavista jamás tendrá la capacidad necesaria, de presentar, para su valoración formal, un proyecto de construcción, viable, bien estructurado, decente. Por eso, presumimos, los legisladores no pusieron obstáculos al mismo, pues, eventualmente, no pasará de una idea desfinanciada, como lo fue, la también descabellada idea de la llamada «ciudad gobierno», en terrenos que pretendieron arrebatar al Liceo de Costa Rica. «Ciudad» monstruosa, de la que nunca hubo proyecto ni financiamiento.

Similar situación se dio, alrededor de un proyecto urbanístico privado, «soñado» como un enclave de millonarios extranjeros, que contarían con un pequeño atracadero para yates, ¡en terrenos de JAPDEVA!, al que llamaron «la marina de Limón», y que habría generado ¡cien mil empleos!, dijo la exministra de Planificación, y demagoga, Laura Fernández, solo para citar dos ejemplos. Y es que, amigos, en cuanto a la idea de la cárcel, lo cierto es que no se puede esperar mucho, pues se trata de un proyecto diseñado, por funcionarios donde predomina, la incompetencia y la improvisación.