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Etiqueta: principio de no regresión ambiental

Parlamento Cívico Ambiental: En Crucitas la vida, la democracia y el futuro de Costa Rica no son negociables

Comunicado

El Parlamento Cívico Ambiental (PCA), conformado por 42 organizaciones de la sociedad civil, hizo público hoy su Manifiesto nacional tras la comparecencia del Ministro de Seguridad Pública ante el Plenario Legislativo sobre la situación en Crucitas, San Carlos.

Luego de analizar lo expuesto en la Asamblea Legislativa, el PCA declaró que la crisis en Crucitas es real y marcada por minería ilegal, redes criminales, contaminación ambiental y abandono institucional, pero advirtió que su instrumentalización para justificar el retorno de la minería metálica a cielo abierto es inaceptable.

El Manifiesto señala que el daño ambiental existente incluye afectaciones a mantos acuíferos, uso indebido de arsénico y esterilización de suelos por desechos tóxicos provenientes de lagunas clandestinas de lixiviados. No obstante, enfatiza que ninguna crisis puede utilizarse como argumento para debilitar la democracia ni retroceder en la protección ambiental del país.

En particular, el PCA rechaza que el proyecto de ley 24717 pretenda presentar la minería metálica a cielo abierto como alternativa frente a la inseguridad o la pobreza, calificando esa narrativa como un “espejismo” que profundizaría el conflicto ambiental y social.

El documento recuerda que Costa Rica ya tomó una decisión país, nacida de la conciencia por la vida y del amor por la tierra, al prohibir esta práctica extractiva. Retroceder implicaría violar el principio de no regresión ambiental, debilitar el Estado de derecho y comprometer el futuro ecológico de la nación.

En su declaratoria central, el Parlamento Cívico Ambiental establece:

Un no rotundo, firme e irreversible a la minería metálica a cielo abierto en Crucitas y en todo el territorio nacional.

El PCA subraya que este no no es ideológico ni coyuntural, sino científico, ciudadano y generacional.

Asimismo, el Manifiesto plantea que el verdadero camino para atender la situación en Crucitas debe orientarse hacia medidas estructurales como las contenidas en propuestas como el Proyecto de Ley 24675, que promueven presencia estatal permanente, combate integral a economías ilegales, restauración ecológica, desarrollo local sostenible y participación comunitaria.

“El oro de Costa Rica no está bajo la tierra, sino en sus bosques, en su agua y en su gente”, concluye el documento.

El Parlamento Cívico Ambiental hace un llamado a la ciudadanía, academia, comunidades y sectores productivos responsables a defender juntos esta decisión histórica y a mantener la coherencia ambiental que ha distinguido al país.

Puede descargar el manifiesto completo desde SURCOS donde se encuentran los logos de las organizaciones que integran el Parlamento y suscriben el comunicado:

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/02/Manifiesto-Crucitas-2-163.2026.pdf

Gandoca-Manzanillo: una disputa por el Estado de derecho ambiental

El conflicto en torno al Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (REGAMA) no es un episodio aislado ni reciente. Se trata de un proceso acumulativo en el que convergen denuncias ciudadanas, cuestionamientos técnicos, actuaciones administrativas controvertidas y resoluciones institucionales que, lejos de cerrar el tema, han abierto nuevas interrogantes.

Las cartas enviadas por el ciudadano Marco Levy durante 2026, así como las respuestas oficiales emitidas por el Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC-SINAC), evidencian un punto central: la controversia ya no es únicamente ambiental. Es institucional.

Un territorio bajo tensión

El REGAMA fue creado para proteger ecosistemas costeros y marino-costeros de alto valor ecológico, incluyendo humedales, manglares, bosque tropical húmedo y hábitats críticos para especies amenazadas. Su importancia es estratégica tanto para la biodiversidad como para la seguridad climática y la resiliencia costera.

Sin embargo, durante los últimos años se han denunciado:

  • Cambios en límites del refugio.

  • Permisos de construcción en zonas sensibles.

  • Intervenciones sobre humedales.

  • Interpretaciones jurídicas que favorecen intereses privados.

Las cartas de Levy insisten en que ciertas actuaciones administrativas podrían estar debilitando el régimen de protección original del área.

El eje del debate: legalidad vs. discrecionalidad

El núcleo del conflicto gira en torno a tres preguntas fundamentales:

  1. ¿Se están aplicando correctamente las normas ambientales vigentes?

  2. ¿Las actuaciones administrativas respetan el principio de no regresión ambiental?

  3. ¿Existe coherencia entre el mandato legal de protección y las decisiones concretas tomadas en el territorio?

Las respuestas oficiales de SINAC tienden a sostener que las actuaciones se enmarcan dentro de la legalidad vigente. No obstante, las observaciones ciudadanas apuntan a posibles contradicciones entre la finalidad del refugio y algunas autorizaciones otorgadas.

En otras palabras: la discusión no es solamente técnica; es jurídica y ética.

Más allá de Gandoca: lo que está en juego

El caso Gandoca-Manzanillo se ha convertido en un referente nacional porque pone a prueba:

  • La solidez del sistema de áreas protegidas.

  • La independencia técnica de las autoridades ambientales.

  • La capacidad del Estado para resistir presiones económicas en territorios de alto valor inmobiliario.

  • La vigencia real del principio precautorio.

Cuando un refugio de vida silvestre entra en disputa, lo que se discute no es únicamente un expediente administrativo. Se discute el modelo de desarrollo y la prioridad que el país otorga a su patrimonio natural.

Una disputa abierta

Las cartas enviadas durante 2026 muestran que el debate está lejos de cerrarse. Más bien, se encuentra en una fase de mayor escrutinio público.

En este contexto, la vigilancia ciudadana ha sido un componente clave. Sin ella, muchos de estos temas permanecerían invisibles.

El caso Gandoca exige transparencia, trazabilidad documental y claridad institucional. Porque en materia ambiental, la opacidad casi siempre favorece la degradación.