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Etiqueta: principios ambientales

Solicitan declarar nulo el Plan Regulador de Limón por omitir zona clave del acuífero de Moín

Asociación para el Desarrollo de la Ecología denuncia que el instrumento municipal permite actividades que ponen en riesgo el derecho al agua

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología solicitó a la Sala Constitucional declarar la nulidad del Plan Regulador Urbano de Limón, por omitir la inclusión de la Zona 6 del acuífero costero de Moín, una de las áreas de mayor vulnerabilidad hidrogeológica de la región. La petición fue presentada por Marco Levy Virgo como coadyuvante en el expediente 25-018602-0007-CO, e incluye un informe técnico-legal del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), fechado el 4 de agosto de 2025, que respalda la denuncia.

De acuerdo con el documento, emitido por la Dirección Regional Huetar Atlántica del AyA, la exclusión de esta zona representa una seria violación a derechos fundamentales como el acceso al agua potable, la salud pública y un ambiente sano. Se advierte que la actual planificación permite actividades industriales y comerciales de alto riesgo, como gasolineras, y parcelamientos incompatibles con los estándares del AyA, lo cual compromete el abastecimiento de agua y la integridad del acuífero.

El informe técnico GSP-RHC-2025-01548 destaca que la Zona 6, caracterizada por una alta vulnerabilidad según el método EPIK, presenta riesgos severos de contaminación por infiltración de bacterias, virus, nitratos y metales pesados, debido a la presencia de dolinas que conectan directamente con el acuífero. Además, alerta sobre el impacto sanitario y ambiental que implica permitir actividades en esta área sin las restricciones recomendadas por el ente rector del recurso hídrico.

La petición también señala que la omisión contraviene acuerdos vinculantes de la Junta Directiva del AyA (2007-177 y 2011-112), así como precedentes de la Sala Constitucional que obligan a las municipalidades a incorporar las recomendaciones técnicas para proteger zonas de recarga y captación de agua. A criterio de la asociación, esto constituye una violación al principio de legalidad, al deber de protección ambiental y a derechos consagrados en el artículo 50 de la Constitución Política.

Entre las medidas solicitadas a la Sala se encuentran:

  • Declarar con lugar el recurso de amparo.

  • Ordenar la nulidad del Plan Regulador por no incorporar las zonas de protección establecidas por el AyA.

  • Prohibir actividades industriales de alto riesgo en la Zona 6.

  • Disponer acciones de mitigación entre instituciones como la Municipalidad de Limón, AyA, MINAE, SENARA y el Ministerio de Salud.

  • Sancionar las responsabilidades administrativas que correspondan.

Según el recurso, la exclusión de la Zona 6 contradice principios constitucionales como el preventivo, precautorio, de no regresión y de in dubio pro natura, poniendo en peligro los derechos de las generaciones actuales y futuras. La asociación expresó su confianza en que la Sala Constitucional emitirá una resolución que garantice la sostenibilidad del acuífero y el cumplimiento de las obligaciones legales de las autoridades locales.

Imagen: Semanario Universidad.

Sociedad civil rechaza propuesta de minería a cielo abierto en Crucitas y respalda alternativa de desarrollo sostenible

Comunicado

San José, Costa Rica – 28 de mayo de 2025

El Parlamento Cívico Ambiental ha emitido tres pronunciamientos oficiales respecto a iniciativas legislativas que buscan definir el futuro de Crucitas, en la región norte de Costa Rica. La organización rechaza categóricamente los proyectos bajo los expedientes Nº 24.717 y 24.577, que pretenden reformar el Código de Minería para permitir la minería metálica a cielo abierto en el distrito de Cutris, San Carlos. Al mismo tiempo, manifiesta su apoyo firme al Expediente Nº 24.675, que promueve un modelo de recuperación sostenible y desarrollo regional.

El PCA, que representa a diversos sectores ambientales y ciudadanos, argumenta que la minería a cielo abierto implica riesgos ambientales y sociales irreversibles. Décadas de evidencia científica, jurídica y económica —tanto a nivel nacional como internacional— demuestran que este tipo de minería provoca deforestación masiva, contaminación de fuentes de agua, pérdida de biodiversidad y daños duraderos a las comunidades locales. Los proyectos propuestos implicarían la destrucción de los cerros Fortuna y Botija, la formación de lagunas de relaves y un impacto severo sobre acuíferos y ecosistemas en una región de selva tropical húmeda.

El Parlamento advierte que legalizar la minería a cielo abierto en Crucitas contradice los principios ambientales que históricamente han distinguido a Costa Rica, así como los derechos constitucionales y la jurisprudencia vigente que ampara los principios de no regresividad, prevención y objetividad científica en la toma de decisiones ambientales.

Además, el PCA subraya que el esquema de regalías propuesto en el Expediente 24.717 apenas destina el 1% del valor bruto de las ventas a la región de San Carlos, mientras traslada al Estado la responsabilidad de remediación ambiental, lo que genera serias dudas sobre la fiscalización y la transparencia del proceso. En el caso del 24.577 omite por completo hablar el tema de los “Royalties”. No se refiere a cuál porcentaje de Royalties se les cobraría a los posibles concesionarios, cómo se distribuiría ese porcentaje, etc. Propone tener efectos en materia de pensiones del régimen no contributivo, pero en realidad no presenta un análisis riguroso de este aspecto y es engañoso al no generar beneficios concretos y suficientes para las comunidades de Cutris.

En contraste, el Expediente Nº 24.675 es reconocido como una alternativa viable y visionaria. Este propone la creación de un Polo de Desarrollo Sostenible en la región Huetar Norte, con un enfoque en la restauración ambiental, el emprendimiento comunitario, el ecoturismo y la innovación en la gestión de recursos naturales. El proyecto plantea un plan integral con mecanismos de sostenibilidad financiera, formación técnica y articulación institucional.

La Comisión de Energía y Minas del parlamento señaló “la distinción entre los dos enfoques es clara, por un lado, una visión que abandona las políticas de Estado del país y quiere convencer a la opinión pública recurriendo a aparentes beneficios monetarios que al final ni son para las comunidades, ni son suficientes para compensar las pérdidas económicas, sociales y ambientales, por el otro, un enfoque novedoso, integralmente ganador y en la mejor de las tradiciones de soluciones sostenibles pioneras que ha caracterizado al país en los últimos 30 años”.

El PCA enfatiza la importancia de mantener el liderazgo internacional de Costa Rica en protección ambiental, y de alinear las políticas nacionales con los compromisos globales en sostenibilidad y resiliencia climática.

Como se señala en los acuerdos oficiales:

“La verdadera riqueza de Crucitas no está en el oro enterrado, sino en sus ecosistemas vivos y en el potencial de una economía regenerativa que valore la naturaleza, la comunidad y las futuras generaciones.”

Demandas clave del PCA:

  • Archivado inmediato los Expedientes Nº 24.717 y 24.577.

  • Apoyo legislativo y ciudadano al Expediente Nº 24.675.

  • Respeto irrestricto a la jurisprudencia ambiental y a los principios constitucionales.

  • Fiscalización y transparencia absoluta en cualquier actividad económica en Crucitas.

  • Compromiso con modelos de desarrollo sostenible y basados en la comunidad.

El Parlamento Cívico Ambiental hace un llamado a todos los miembros de la Asamblea Legislativa, medios de comunicación y sociedad civil a mantenerse vigilantes y unidos en la defensa del patrimonio ecológico de Costa Rica y en la promoción de un desarrollo verdaderamente sostenible.