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Etiqueta: privados

Proyecto de ley rompería y distorsiona el modelo de servicio público del agua

Escrito el . Publicado en Agua, Derechos.

  • Proyecto convertiría acueductos comunitarios en entes privados
  • A pesar de la oposición de AYA,MINAE, UCR, ITEC, FECON y decenas de ASADAS

Este jueves pasado se dictamino el proyecto de “Autorización a las Cooperativas para Administrar Sistemas de Acueductos y Alcantarillados” (expediente 19.941) con el cual abre el portillo para transformar asociaciones sin fines de lucro conocidas como ASADAS (Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados) en entes de carácter privado como lo son las cooperativas alejando la gestión comunitaria y participativa del agua como un derecho humano y de bien público.

Aunque el proyecto modificó la preocupación de la privatización que reclamaron muchos sectores- al señalar que se reinvertirían los dividendos de la prestación del servicio- el proyecto implica una distorsión o desigual competencia pues las cooperativas tienen mayores beneficios fiscales que AyA y las mismas ASADAS. Esto pues la ley de Asociaciones Cooperativas N° 4179, en su artículo 6 les otorga privilegios como: exención del pago del impuesto territorial por 10 años, exención de todo impuesto o tasa, nacional o municipal, sobre los actos de formación, rebaja del cincuenta por ciento en los impuestos de papel sellado y Exención del pago de los impuestos de aduanas sobre las herramientas, materias primas, vehículos automotores de trabajo, maquinaria, piezas de repuesto, equipo y enseres de trabajo, medicinas, herbicidas, fertilizantes, sacos y cualesquiera otros medios de empaque, simientes, animales y cualesquiera otros artículos que importen para las actividades que les sean propias.

El artículo 21 proyecto dictaminado abre el portillo para que las ASADAS se transformen en cooperativas por lo que es previsible que se dé una migración total a esta figura más permeable a los intereses privados y comerciales que las ASADAS. Al mismo tiempo se crearía un súper sector con mayor poder y privilegios fiscales que el AyA.

Sería un “botín político” potencial de 1500 nuevas cooperativas, tres veces la cantidad de cooperativas existentes del país, que se sumarian a la guerra entre los sectores del PLN y el oficialismo que disputa el control del sector cooperativo y sus jugosos préstamos, dietas y puestos directivos.

Este proyecto fue sacado de la Comisión de Ambiente al recibir decenas de criterios en contra de ASADAS y fue dictaminado este jueves pasado por la Comisión de Economía Social donde se reformó parcialmente, pero sigue siendo rechazado operador el AYA y el rector MINAE, UCR, ASADAS, Universidades, sindicados y FECON.

Bajo las leyes actuales, este servicio público esencial sólo puede ser prestado por instituciones públicas (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, municipalidades o empresas públicas) y asociaciones sin fines de lucro de base comunal conocidas como Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados (ASADAS). Las ASADAS son asociaciones comunales que están al servicio de la comunidad, prestan un servicio al costo, concebidas para garantizar el acceso al agua potable en zonas del país donde las instituciones públicas no han llegado. Funcionan con convenios de delegación con el operador o en coordinación y fiscalización del AYA. En este sentido, debe destacarse que en nuestro país los acueductos públicos han sido concebidos históricamente como un servicio social indispensable para la vida y la salud de las personas.

Sin embargo, con este proyecto de ley se abre una nueva posibilidad de romper el modelo de prestación del servicio al sumar “un” nuevo operador, que provocaría multiplicidad de distorsiones y competencia desigual.

La experiencia de las cooperativas en la administración de un servicio público como electricidad está pringada de malos manejos sobre créditos para hidroeléctricas y por la pésima gestión socio ambiental de los proyectos hidroeléctricos en la zona norte.

Involucrar a las cooperativas transforma al agua -nuestro bien común más estratégico- en un mundo de negocios. Es poner en manos de empresas disfrazadas con trajes de la economía social solidaria, pero con un funcionamiento como cualquier otra empresa privada, nuestro bien más preciado.

El sector cooperativo hoy explota intensivamente el agua mediante las cooperativas agrícolas y las de producción eléctrica abriéndolos la posibilidad de controlar y definir este nuevo uso en función de otros donde funcionan claramente cómo empresas. Como apunto el Instituto Tecnológico de Costa Rica que después de una análisis del marco jurídico actual concluye que “El agua como recurso estaría en mayor disputa, dado la escasez que se puede presentar por el cambio climático” (ITEC, Sesión Ordinaria No. 2916).

También la de Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP, calificó la propuesta como una “loca” iniciativa pues considera que “la provisión de los servicios de agua, como bien público, de carácter demanial y bajo la concepción de Derecho Humano Fundamental…Dada la gravedad que en un futuro cercano tendrá la lucha por el agua, no sería descabellado pensar que bajo la figura cooperativa se generen verdaderos consorcios corporativos empresariales privados que atenten contra su carácter demanial y de Derecho Humano Fundamental” (Prensa Libre, 09 -6-2015).

FECON alerta a la ciudadanía sobre las consecuencias de perder el modelo de gestión comunitaria y los avances en políticas, reglamentos y mejoramiento de este importante sector que presta hoy el servicio público con una óptica participativa y democrática y por ello llamamos a los Diputados de la República a archivar esa iniciativa.

defensa agua

*Imagen de portada con fines ilustrativos tomada de www.avina.net

Enviado a SURCOS por FECON.

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Laura Chinchilla quiere alumbrar afuera cuando no alumbró adentro

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Marlin Oscar Ávila H.

 

Esta tarde he leído en un boletín digital denominado «Confirmado», que la ex presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla se ha unido al grupo de ex presidentes que hacen el juego internacional para derrocar y tomar el poder de los yacimientos petroleros venezolanos por intereses privados internacionales. Es una vergüenza para cualquier costarricense consciente del juego internacional político económico, ver el papel que juega esta señora, que tampoco logró gobernar con dignidad y eficiencia. Ahora anda coqueteando con la ultra derecha estadounidense y suramericana, como una de las ex presidentas y ex presidentes fracasadas que integran ese grupo. En lugar de servirle a los intereses de las corporaciones multilaterales del petróleo en convertir a Venezuela en otra Siria o Libia, debería trabajar por la unión de Centroamérica y su empobrecida democracia. Sabemos que es poco lo que puede hacer por Costa Rica, pero que al menos una sus capacidades e influencias para que Costa Rica no siga cayendo en poder del crimen organizado, hablando con Uribe y otros de esa red internacional, para que no se caiga en Ticolandia como han sido secuestrados Honduras, El Salvador y México, sería algo que serviría más en lugar de andar como candil de la calle y obscuridad de la casa, pues no va a dar luz a Venezuela, pero si baños de sangre.

Si analizamos con más alcance lo que las oposiciones y su derecha internacional está haciendo en América Latina, es respaldándose del actual presidente estadounidense para agudizar las confrontaciones que les lleve al derrocamiento de gobiernos elegidos por sus pueblos. Después de haber estado realizando acciones paramilitares en Honduras y Colombia y ofreciendo sus grandes habilidades para propagar el paramilitarismo y los famosos «falsos positivos», ahora, los muy cobardes, se protegen tras el Pentágono y el Departamento de Estado para desestabilizar nuevos gobiernos, utilizando las grandes corporaciones internacionales y nacionales de noticias para su labor «persuasiva» cundida de mentiras, en movilizar a la juventud hija de la clase enriquecida corruptamente y a la juventud (ahora incluyen la niñez) hija de la miseria y la ignorancia, en sectores empobrecidos por ellos mismos.

La compra de conciencias no solamente se da a niveles medios y bajos, con subsidios y bolsitas de alimentos, se da en las clases altas, con brillantes «cazadores de fortuna», dis-que intelectuales, incluso ex gobernantes, fracasados en su mayoría, pero cínicos y corruptos por excelencia, dispuestos a seguir delinquiendo. La crisis política internacional en el sistema apenas comienza, las clases poderosas están dispuestas a sacrificar no solamente a poblaciones completas, como ocurre ahora en el norte de África y el Oriente Medio, pero a destruir el globo terráqueo si fuese necesario, antes de ceder sus enormes concentraciones de capital. Tampoco hay que creer que solamente luchan en frentes políticos bélicos, porque están en diversos escenarios: intelectuales (universidades y medios) sociales, políticos, económicos y militares. Utilizan cualquier medio sin detenerse a considerar marcos jurídicos, morales o éticos. No tienen escrúpulo alguno. Las actitudes reprochables que resaltan de la personalidad de Donald Trump, son insignificantes al lado de lo que la militancia de la ultraderecha es capaz de mantener en sus agendas y decisiones políticas. Como dice la misma ex presidenta Chinchilla, «el presidente Trump está metido en tantos pleitos, algunos gratuitos o en los que le gusta entrar, la gran sensación es que otra vez existe un vacío, con Washington distraído en sus problemas internos y distraído por otras regiones del mundo, en conflicto, como Medio Oriente, o Asía, en Corea del Norte.» (Confirmado, 11 de junio de 2017)

El Presidente estadounidense para este sector ultra derechista, es un aprendiz al que ellos podrían orientar mejor para ensangrentar los suelos latinoamericanos y extraer ese oro negro tan codiciado, así que, según sus líderes en el Congreso estadounidense y la ultra derecha continental con sede en México y Colombia, aliados del crimen organizado internacional, la guerra que provocan en Venezuela es solamente un paso más para seguir con el sistema de acumulación de capitales.

 

Enviado a SURCOS por el autor.

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Posición de Patria Justa sobre tarifario médico: Colegio de Médicos con fuerte alza para servicios

Escrito el . Publicado en Derechos, Salud.

Comunicado de Prensa

Este tarifario aumenta, desproporcionadamente, el costo de los servicios médicos hasta en un 200 % sobre los valores actuales en algunos casos

 

El Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica publicó en el diario oficial La Gaceta, No. 83 del lunes 2 de mayo de 2016, el Tarifario de Procedimientos Médico-Quirúrgicos que debe regir la prestación privada de servicios médicos en el país.

El Colectivo Sindical PATRIA JUSTA se ha tomado el debido tiempo para emitir un criterio oficial al respecto, pues se tuvo que acudir a criterios especializados de diversas y calificadas fuentes, según el ámbito de acción de las mismas que, de un modo u otro, recibirán el impacto de tal decisión del mencionado colegio profesional.

Así las cosas, hacemos del conocimiento de la opinión pública nuestra posición oficial al respecto, misma que nos ha sido demandada por personas ciudadanas y grupos sociales que tienen en alta estima los criterios del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA en cuestiones de orden social nacional como el caso que nos ocupa.

Este tarifario aumenta, desproporcionadamente, el costo de los servicios medicos hasta en un 200 % sobre los valores actuales en algunos casos. Dicho tarifario pretende regular los precios mínimos (no los máximos, los cuales asumimos no tienen techo) de los servicios que prestan estos importantes profesionales de las ciencias médicas a la sociedad costarricense, sobre todo en el ámbito privado del ejercicio de esta noble, humanitaria y cristiana profesión.

Muchas han sido ya las manifestaciones de sectores, personalidades y de posiciones editoriales de varios medios de comunicación colectiva que señalan la gravedad de la desafortunada decisión que representa el pretendido tarifario del Colegio de Médicos costarricense.

El juzgamiento público, de carácter político, social y mediático a las temerarias tarifas tiene sobradas y justificadas razones. Trataremos en estas líneas de repasarlas para que los y las costarricenses; y, sobre todo, los propios médicos hagan conciencia de las consecuencias negativas de este tarifario, de mantenerse. Respetuosamente lo planteamos.

El Colegio de Médicos tiene las competencias legales para ejercer esta función que el Estado le ha otorgado por las leyes que así lo regulan, según parece derivar el análisis sobre el tema. Que esto sea así no necesariamente quiere decir que sea lo correcto o adecuado en nuestra sociedad. Los efectos en nuestra vida diaria son de alto impacto. Veamos.

  1. LA CCSS. Estos incrementos desplazarán a una importante masa de la población que paga religiosamente el seguro social pero que habitualmente no son usuarios de los servicios de la CCSS (por su poder adquisitivo que les permite tener acceso a servicios médicos privados, ya sea por compra directa de estos servicios o por medio de los seguros médicos privados), a ser usuarios mas regulares de la CCSS, con las implicaciones económicas directas para la ya debilitada institución.
  2. DISPARA LA INFLACIÓN. Por sus efectos en los encadenamientos productivos, formales e informales, internos y externos, públicos y privados, los servicios médicos son por naturaleza disparadores de la inflación y del costo de vida; y como resultado de todo esto, de más injusticia social a nuevos sectores de la clase media, sin hablar de los estamentos más pobres.
  3. ENCARECIMIENTO DE LA “TERCERIZACION” DE SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS. La “moda” de contratar personas físicas o jurídicas en la prestación de servicios a los entes públicos y privados, sin duda elevará los costos de todos los bienes y servicios que dichas empresas prestan a los usuarios. Sencillamente trasladan los costos al consumidor final. Esto también aplica para la propia CCSS.
  4. SEGUROS OBLIGATORIOS DE RIESGOS DEL TRABAJO Y AUTOMOTOR DEL INS. Ya lo manifestó el señor Presidente Ejecutivo del INS, don Elián Villegas y lo comprobamos nosotros. Al elevarse los costos de servicios médicos, todos aquellos servicios médicos que los afectados por estos regímenes requieran se encarecerán, en el tanto el INS subcontrata muchos de estos servicios con profesionales privados o centros médicos privados. En adición, los topes del Seguro Obligatorio Automotor (¢ 6 millones por persona en caso de accidente de tránsito) se agotará más rápido, por lo que el INS deberá remitir a la CCSS dichos casos. De nuevo la CCSS (es decir, todos nosotros), paga los platos rotos de esta historia.
  5. MERCADO DE SEGUROS MÉDICOS PRIVADOS. Instituciones como el INS, aseguradora del Estado con más del 87 % del mercado de seguros afortunadamente, podría verse seriamente afectada en la colocación de seguros médicos privados, por los efectos cascada que estos incrementos generarán en el corto y mediano plazo. También afectará a todo el sector asegurador privado en general. Ello sin duda generará desempleo en el sector asegurador, público y privado, al verse mermado el mercado de seguros médicos que venían en ascenso. En adición, producirá fuga de capital, al promover en los nacionales de alto poder adquisitivo, adquirir seguros fuera del país.
  6. TURISMO MEDICO. Si bien es un sector que se ha venido consolidando gracias a muchos factores positivos de nuestro país, y que genera muchas fuentes de empleo directo e indirecto (y que está ligado intrínsecamente al turismo tradicional), sin duda el turismo médico es uno de los más vulnerables ante el nuevo tarifario. Ya no será tan atractivo vacacionar en Costa Rica y de paso realizarse un tratamiento médico.
  7. DEMANDA INTERNA DE SERVICIOS MEDICOS PRIVADOS. Cuando un bien o servicio se encarece demasiado, su consumo se restringe de igual forma. Esto según lo dictan los grandes gurúes del capitalismo académico. No tenemos duda que eso sucederá en este caso. Por ello, flaco favor le hace el propio Colegio de Médicos a sus agremiados al “obligarlos” a cobrar mínimos muy altos, a sus clientes. Estos clientes buscarán otras alternativas de servicio, siendo siempre la CCSS, en la mayoría de casos, su opción final. Las consecuencias están indicadas en el punto A de este comunicado. Es probable que esto genere “competencia desleal” entre médicos, sobre todo en aquellos médicos de alta conciencia social, en el tanto vuelve obligante y sujeto a sanciones el no cumplir con las tarifas establecidas.

El Colectivo Sindical PATRIA JUSTA considera, una vez hechos los análisis del caso que, en definitiva, se han excedido las honorables autoridades de la comisión técnica médica que tuvo la responsabilidad de generar este odioso tarifario. Han metido al Colegio de Médicos en un gran lío sociopolítico de repercusiones negativas para el conjunto de la sociedad. Posiblemente algunos de ellos vivieron en Estados Unidos y asumen que podemos igualar los precios de esa nación.

No podemos caer en el extremismo de que los médicos deban regalar su trabajo. A cada uno de ellos le ha costado esfuerzo y muchos recursos, tanto de sus padres como del Estado, en las universidades públicas o privadas, en obtener sus títulos y especialidades. Por lo que tampoco es de recibo por parte del Colegio de Médicos ese espíritu estrictamente mercantilista en la prestación de dichos servicios, dejando del todo por fuera los principios más elementales de la vida humana y la solidaridad social que han caracterizado la profesión médica en nuestro país. Un gremio, como el médico, se juega mucho, sobre todo su conciencia social histórica, al pegarle una bofetada a la sociedad costarricense con la actuación que refleja la promulgación de este tarifario médico. Hay tiempo para rectificar y, con vehemente respeto, los llamamos a hacerlo.

Por tanto, hacemos un llamado el honorable Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, a su Junta Directiva y a su presidente, el Dr. Alexis Castillo Gutiérrez, para que retiren o anulen dicho tarifario, y lo adapten a las condiciones de nuestra realidad económica. No estamos en contra de que el gremio médico regule con precios razonables los servicios que los profesionales brindan a los ciudadanos; es su derecho y lo respetamos.

Lo que no se vale es aprovechar el mandato de ley que los faculta para generar e imponer al resto de la sociedad precios que no van acorde con nuestra realidad, aunque sea tratándose de servicios privados entre paciente-médico, que sin duda impactará negativamente a toda la economía nacional y, en particular, a la CCSS.

Igualmente, conminamos a la Presidencia de la República y el Sr. Ministro de la Presidencia a intervenir de inmediato en este asunto, llamando al indicado colegio profesional a la mesura de sus pretensiones gremiales.

Como siempre, el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA se pone a disposición del Colegio de Médicos y de otros actores interesados de la sociedad, que se sientan afectados, a buscar la forma de abordar este problema y determinar el mejor camino a seguir para centrar en las decisiones la promoción del bien común.

San José, lunes 6 de junio de 2016.

Patria Justa

Albino Vargas Barrantes

Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA

Secretario General ANEP

 

*Imagen ilustrativa tomada de la página de ANEP.

Enviado a SURCOS Digital por Secretaría General, ANEP.

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UCR apoya políticas para atacar hacinamiento carcelario

Escrito el . Publicado en Derechos.

Solicita a medios de comunicación abordar de forma integral problema de la seguridad ciudadana

 

Rocío Marín González,

Periodista Oficina de Divulgación e Información

UCR apoya políticas para atacar hacinamiento carcelario
En los últimos años, Costa Rica ha experimentado un aumento vertiginoso y constante de la cantidad de privados de libertad por cien mil habitantes (foto archivo ODI).

Ante la inquietud que ha causado en el ámbito nacional el anuncio de algunas medidas para atacar el hacinamiento carcelario en el país, la Comisión de la Maestría de Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica (UCR), manifestó su apoyo a las políticas que efectúa el Ministerio de Justicia y Paz con ese objetivo.

En particular el pronunciamiento suscrito por el Dr. Javier Llobet Rodríguez, coordinador de la Maestría; el Dr. Alfredo Chirino Sánchez, decano de la Facultad de Derecho; el Dr. Erick Gatgens Gómez, Vice-decano de la Facultad de Derecho; el Dr. Álvaro Burgos Mata, el Dr. Gustavo Chan Mora, la M.Sc. Rosaura Chinchilla Calderón y el Dr. Carlos Tiffer Sotomayor, apoya el traslado de un número de privados de libertad con perfiles no violentos, que no pertenecen a grupos organizados ni están relacionados con delitos de homicidio, sexuales ni de violencia intrafamiliar, terrorismo o secuestro entre otros y cercanos a cumplir su condena, del sistema institucional al semi-institucional, sujetos a condiciones que, de incumplirse, generarán su retorno al sistema institucional.

Los académicos hacen un llamado a la calma a la ciudadanía en general, y a los medios de comunicación en particular, para que efectúen un abordaje integral del problema de la seguridad ciudadana en el país.

Además, instan a las autoridades judiciales y policiales del país a que sean los primeros llamados a respetar el Estado de Derecho y los pronunciamientos de los tribunales y organismos internacionales a los que se ha adscrito el país, sin que se expongan criterios especulativos que generen alarma social.

Asimismo, al Poder Legislativo para que, dada la necesidad de un abordaje integral de esta temática, se privilegie la aprobación de normas que creen sanciones alternativas a la prisión para delitos no graves, se disminuyan los topes mínimos de las sanciones o se modifiquen los límites que privilegien la concesión de beneficios penitenciarios y se dote de recursos al sistema penitenciario para el cumplimiento de sus fines.

 

A continuación el pronunciamiento completo:

A LA COMUNIDAD NACIONAL

La Comisión de la Maestría de Ciencias Penales de la UCR

TENIENDO EN CUENTA QUE:

1.- Las universidades públicas, en cuanto conciencia lúcida de un país, deben velar porque los pueblos tengan los insumos apropiados para la reflexión, análisis y toma de posición sobre los diversos tópicos de relevancia nacional y, en ese contexto, este Programa de Posgrado tiene la obligación ética de acompañar dicho proceso en los asuntos relacionados con su plan de estudios.

2.- Costa Rica es un país democrático respetuoso, por tradición y obligación internacional, del Estado de Derecho y, como parte de las obligaciones derivadas de esa condición, se encuentra el acatamiento de las normas de instrumentos internacionales suscritos por el país y de los pronunciamientos tanto de los organismos internacionales como de los tribunales internos de la nación, los cuales tienen, como propósito último, respetar la dignidad y los derechos inherentes a todos los seres humanos (artículo 1 de la Constitución Política y numerales 26-27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados).

3.- Las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos y las recomendaciones del Comité Europeo sobre los Problemas Criminales establecen que, cuando un centro penal cuenta con una ocupación superior al 20% de su capacidad, hay sobrepoblación crítica y se conceptualiza como un trato inhumano, cruel y degradante en la medida en que ese exceso de cupo lleva aparejada la violación de otros derechos humanos (a la salud, a la integridad física, etc.). En Costa Rica ese porcentaje es, a noviembre de 2015, de un 47%. Ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha elevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos un caso contencioso por la violación a los derechos humanos en las cárceles costarricenses y contra el país se tramitan otras quejas por este mismo tema (cfr.: Informe 33/14, recomendación 3 en: http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/corte/12820FondoEs.pdf.)

4.- La Sala Constitucional, cuya jurisprudencia es vinculante para todas las autoridades y habitantes del país (artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional), ha ordenado, en diferentes oportunidades a lo largo del último quinquenio (vgr. votos N° 2009-1332, 2011-7361, N° 2012-2053, N° 2012-3294, N°1 2012-11765, N° 2013-12464, N° 2014-18911, N° 2015-8542, N° 2015-9450, N°2015-16435), la adopción inmediata de medidas para reducir el hacinamiento y congestión de los distintos centros penales, ante la flagrante violación de los derechos humanos que se vive en las cárceles por esa razón.

5.- Costa Rica, durante los últimos años, ha tenido un aumento vertiginoso y constante de la cantidad de privados de libertad por cien mil habitantes. En 1990 había 104 presos por cien mil habitantes, en 2009 la cifra asciende a 191 y en 2013 fue de 341. Eso ha convertido al nuestro en uno de los países con más presos por cien mil habitantes de Latinoamérica.

6.- El aumento de la cantidad de privados de libertad ha provocado un gran problema de hacinamiento carcelario que llegó este año al 52,2% y si bien ha descendido al 46,3% esto ha sido como consecuencia de las medidas del Ministerio de Justicia de reubicación de los detenidos no peligrosos.

7.- El hacinamiento carcelario implica un grave quebranto a los derechos humanos, pues provoca problemas de salud, aumento de la violencia carcelaria y tiene efectos negativos para los que están privados de libertad y para el personal penitenciario. También tiene consecuencias para la comunidad en general, en cuanto opera en sentido totalmente contrario al afán resocializador, puesto que tiene un efecto criminógeno.

8.- La cantidad de privados de libertad existente en Costa Rica y su aumento constante, torna en insostenible, financieramente, pretender una solución al problema del hacinamiento carcelario con la creación de nuevas cárceles, como proponen algunos. Incluso, países con gran poder económico, como los Estados Unidos de América, se han visto en la necesidad de aplicar medidas de liberación de presos no peligrosos, ya que presupuestariamente no han podido seguir haciendo frente a la cantidad de presos existente.

9.- Está demostrado, a través de diversas investigaciones, que no existe ninguna correlación entre el aumento de la cantidad de privados de libertad y la disminución de la delincuencia violenta, aspecto que se ha corroborado en Costa Rica pues, pese a los incrementos punitivos y de los niveles de encierro que se han experimentado en las últimas décadas, no ha disminuido, sino aumentado, la cantidad de homicidios por 100,000 habitantes.

10.- El alto índice de sobrepoblación penitenciaria se debe, entre otras causas, a que, durante las últimas décadas, se ha privilegiado el uso del Derecho Penal como mecanismo “simbólico” para la “solución” de conflictos, desatendiendo el llamado a que este sea el último recurso a usarse cuando otras áreas del Derecho hayan fallado. Además, se ha utilizado la prisión como única sanción, a pesar de que, por ser las causas del delito múltiples, las formas de reprimirlo deben ser, también, variadas.

POR TANTO INSTA:

1.- A la ciudadanía en general a que mantenga la calma ante las diferentes medidas que se están adoptado en el país para atacar el problema del hacinamiento en las prisiones, pues esta no es una liberación masiva de detenidos sino un traslado de un nivel de mayor contención a uno de menor contención que siempre lleva aparejadas obligaciones del privado de libertad y la decisión no ha obedecido a criterios arbitrarios o antojadizos, sino que responde a estándares técnicos en virtud de los cuales se ha descartado de la medida a personas violentas o relacionadas con delitos cometidos a través de organizaciones y se privilegia a quienes están prontos a cumplir la sanción. Por ello, no hay bases objetivas para un pánico colectivo ni para difundir temores infundados.

2.- A los medios de comunicación colectiva a que efectúen un abordaje integral del problema de la seguridad ciudadana en el país, que incluya una perspectiva de derechos humanos y crítica sobre el uso excesivo de la cárcel como único recurso para responder a una variada gama de delitos de diferente naturaleza.

3.- A las autoridades judiciales y policiales del país a que sean los primeros llamados a respetar el Estado de Derecho y los pronunciamientos de los tribunales y organismos internacionales a los que se ha adscrito el país, sin que se expongan criterios especulativos que generen alarma social.

4.- Al Poder Legislativo a que, dada la necesidad de un abordaje integral de esta temática, se privilegie la aprobación de normas que creen sanciones alternativas a la prisión para delitos no graves, se disminuyan los topes mínimos de las sanciones o se modifiquen los límites que privilegien la concesión de beneficios penitenciarios, así como se dote de recursos al sistema penitenciario para el cumplimiento de sus fines.

Y ACUERDA:

Manifestar su apoyo a las políticas que efectúa el Ministerio de Justicia y Paz para atacar el problema del hacinamiento carcelario, entre ellas, la de trasladar a un número de privados de libertad con perfiles no violentos, que no pertenecen a grupos organizados ni están relacionados con delitos de homicidio, sexuales ni de violencia intrafamiliar, terrorismo o secuestro entre otros y cercanos a cumplir su condena, del sistema institucional al semi-institucional, sujetos a condiciones que, de incumplirse, generarán su retorno al sistema institucional.

Dado en San José de Costa Rica, a los doce días del mes de noviembre de dos mil quince.

Prof. Dr. Javier Llobet Rodríguez

Coordinador de la Maestría

Prof. Dr. Alfredo Chirino Sánchez

Decano de la Facultad de Derecho

Prof. Dr. Erick Gatgens Gómez

Vice-decano de la Facultad de Derecho

Prof. Dr. Álvaro BurgosMata

Prof. Dr. Gustavo Chan Mora

Prof. M.Sc. Rosaura Chinchilla Calderón

Prof. Dr. Carlos Tiffer Sotomayor

 

Información tomada enviada a SURCOS Digital por Lic. Otto Salas Murillo, Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR.

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