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Etiqueta: proceso electoral

Autoritarismo o Democracia, el dilema electoral

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Vladimir de la Cruz

El proceso electoral que estamos viviendo hacia las elecciones de febrero o abril del próximo año, camina en una coyuntura compleja, de indefiniciones, de ausencia de liderazgos políticos, de liderazgos partidarios y de partidos políticos, de gran desconfianza pública y especialmente de una ceguera o falta de visión hacia el porvenir inmediato.

Lo que por ahora estamos viendo es una etapa de pereza mental de análisis política que produce una abulia política, un desinterés, una falta de toma de decisiones, marcada principalmente por los resultados de indecisos electorales en las encuestas.

La ausencia de liderazgos políticos considerados como la falta de líderes o dirigentes nacionales, caudillos, de grandes personalidades políticas o personales, que no los hay hoy en el país, que guíen a sus partidos políticos, a sus partidarios o seguidores; que encanten o enamoren a los electores, que produzcan confianza personal en su personalidad, sus planteamientos políticos o mensajes políticos y, sobre todo, que produzcan confianza en ellos mismos y en quienes los rodean, como equipos políticos para asumir el gobierno de la República, y la conducción del país por los próximos cuatro años.

El actual gobierno de Rodrigo Chaves se ha encargado de desmantelar esa aureola que gozaban los partidos políticos, sus dirigentes históricos y partidarios. Ha logrado pintarlos como tiranos, dictadores, que solo han gobernado para pequeños grupos de privilegiados y contra el pueblo, que dice él representar.

La ausencia de liderazgos partidarios porque se impone la carencia de partidos políticos que como tal atraigan a los futuros votantes. No hay imágenes poderosas, de fuerte organización partidaria, con militantes disciplinados y comprometidos con las banderas programáticas, de esos partidos, porque los partidos políticos como organizaciones sociales y políticas han dejado de existir en la práctica política del país hace muchos años.

Con la campaña que beligerantemente ha sostenido el presidente contra toda la institucionalidad partidaria, y contra las manifestaciones democráticas de esa institucionalidad, ese desgano político se ha nutrido, y se ha alimentado con la imagen de que todo ha sido resultado de la corrupción inmanente a quienes han gobernado.

Existen algunos partidos en el imaginario colectivo, especialmente los que han sido partidos gobernantes, que eligieron presidentes, sin que esa misma imagen sea fuerte con los partidos que han elegido o tienen actualmente diputados. Si resaltan estos diputados es porque están en la gradería parlamentaria destacando algunos hacia la prensa o los periodistas, o destacando por los pleitos o camorras coloquiales que realizan, más que debates de profundidad política y argumentativa frente a los proyectos de ley que trabajan, o se les presenta para su conocimiento, debate y aprobación.

Ya ni debates hay. Basta observar cómo evaden la discusión con las decisiones de no discutir las mociones, o de eliminarlas en bloque, como se ha hecho con el procedimiento de la vía rápida para discutir proyectos como el de la Ley esclavista de las 12 horas. Lo más gracioso de eso es que sin discutir las mociones se votan diciendo, y así queda en actas, “agotado el debate”, y no hubo “debate”, “contienda” o “lucha” teórica alrededor de esas mociones.

Una buena parte de los partidos que no han elegido, ni presidentes ni diputados, entran en la categoría peyorativa que se les endilga de “partidos taxi”, por el alquiler que se hace de ellos para que algunas personas puedan aspirar a los puestos de elección popular, sin ninguna propuesta programática, teórica política o ideológica, y muchos de estos sin una visión clara, ni conocimiento de la estructura institucional de Estado y la sociedad costarricense.

La ausencia de partidos políticos se muestra también en la ausencia de locales, de establecimientos partidarios, en la capital del país, en las capitales de provincia y en las cabeceras de cantones. Esto hace que los “partidos taxi” ni siquiera tengan un “garaje taxi”, son “partidos de la calle” y “partidos en la calle” … Los “de la calle” porque están allí en el espacio público permanentemente, como habitantes permanentes o transitorios. Los que están “en la calle” porque están en condición casi de indigentes políticos, sin domicilio fijo…

Estas características hacen del proceso político un proceso político desabrido, incoloro, insaboro, inodoro…

A los partidos que están inscritos en la papeleta electoral no se les puede clasificar por tradiciones políticas de carácter teórico político o ideológico. Ninguno de los partidos se define y se presenta ante el electorado como el partido de la izquierda o de la derecha, del progresismo o del conservadurismo, ni siquiera los que han tenido el vestido de la socialdemocracia o el socialcristianismo así se presentan. No hay uno solo que se presente como el partido anticapitalista o el prosocialista, proponiendo cambiar de sistema capitalista por el socialista.

Solo el ignorante político, del animal que habita Zapote, el Jaguar, acusa constantemente a un partido de la papeleta como “comunista”, desconociendo que el Partido Comunista de Costa Rica, que existe desde 1931, se llama Vanguardia Popular y no participa en elecciones prácticamente desde el 2006, desconociendo también que los partidos comunistas en la mayoría de los países capitalistas, donde existían antes de 1991, hoy no son fuerzas políticas determinantes, como lo fueron en algunos de ellos. Pero, usa esa campaña “anticomunista”, para endilgar, para endosar la imagen y el peso que ese concepto tenía antes de 1991, en el período de la Guerra Fría.

Hoy el comunismo no es un “coco” con el que se pueda asustar a mucha gente, solo a ignorantes, a retrasados mentales políticamente o a analfabetos políticos por desuso. Pero, en una sociedad de amplia pobreza, el rugido panfletario del Jaguar puede “pegar” en algunos sectores atrasados de la sociedad costarricense, empobrecidos, marginados de los apoyos históricos estatales, de regiones del país que igualmente sufrieron ese abandono institucional, social y económico, donde este tipo de discurso todavía puede asustar a algunos, y que en su “susto” emocionalmente los preparan para “asaltar” el Estado y su institucionalidad, para hacerlos aliados, por su ignorancia, de la destrucción del Estado Social y Benefactor, que hemos construido desde 1943, para llevarlos a mayores niveles de empobrecimiento y embrutecimiento político, a ampliarles su embrutecimiento cultural general, a fortalecerles su ignorancia histórica y cívica básica para facilitar su mayor y mejor explotación social y económica, y para orientarlos a defender un Estado de Fuerza Bruta, un Estado Autoritario, de características Dictatoriales Despóticas y Tiránicas, como las que se impulsan desde Zapote, y como las que se pretenden continuar con el partido Pueblo Soberano, para de esa manera atraerlos a las aguas del autoritarismo político, de la autocracia política que se quiere imponer, como pasos previos de formas dictatoriales o tiránicas que las tienen en marcha. El presidente Chaves constantemente asusta con eso, especialmente cuando anuncia que le quieren dar un golpe de estado, que no le permitirán terminar su gobierno, cuando insinúa que se quiere alterar el proceso electoral, cuando afirma constantemente que se requiere un gobernante de mano dura, que se “compre todas las broncas” para poner orden y para gobernar por el pueblo que ha sido burlado por todos los anteriores gobiernos

El tema central que se está debatiendo en el proceso electoral en el país, sin que se tenga plena conciencia de ello, es si avanzamos hacia el Autoritarismo o fortalecemos la Democracia. Este es el dilema electoral principal.

El Chavismo, el jaguarismo, los seguidores del Presidente, y quienes lo representan en las elecciones, anunciando su continuidad en la Guarida Presidencial del Zapote, como el principal Ministro de Estado y quizá como su principal vocero político, en caso de ganar las elecciones, eso es lo que están proponiendo: el total desmantelamiento institucional del Estado, la venta de las instituciones estatales que aún quedan, acabar con el sistema de educación público, imponer las jornadas de trabajo esclavistas de 12 horas diarias, cerrar totalmente los colegios nocturnos, aniquilar el INA en su función pública, agudizar el empobrecimiento de la gente y los trabajadores, aniquilar las instituciones públicas de salud, especialmente la CCSS y sus EBAIS, reducir el salario mínimo del país en dos terceras partes para igualarlo a las condiciones de los salarios mínimos más bajos de toda Latinoamérica, como lo ha dicho la vocera parlamentaria de los jaguares, la Chismeros; para continuar eliminando los subsidios sociales a los sectores más pobres y necesitados de ayudas sociales, eliminando lo que queda de ayudas estudiantiles, reduciendo los recursos económicos a las universidades públicas, lo que ya empezaron en el presupuesto nacional del próximo año; para cobrar por vivir en la ciudad, como ya lo están haciendo en todas partes, fijando espacios por doquier, como son los parqueos de calle, por los que hay que pagar casi las 24 horas, para encarecer más la vida de los ciudadanos y los trabajadores, para mantener congelados los salarios, las pensiones y los ingresos laborales de los trabajadores y las personas, para entregar todas las riquezas naturales del país a sectores principalmente transnacionales, a la tala indiscriminada de bosques por sus maderas o por las riqueza que hay debajo de ellas, al fortalecimiento de marinas para los negocios del narcotráfico incrustado gravemente en la alta institucionalidad nacional y sus principales dirigentes…Estos son los cantos de sirenas que sin descifrarlos correctamente engatusan a una buena parte del electorado.

Esto es lo que está en juego, más democracia o menos democracia, Democracia o Tiranía, Democracia o Dictadura, Democracia o Autoritarismo, Democracia o Autocracia, Democracia o Despotismo.

Quedan dos meses y medio para escoger el camino del futuro inmediato.

No hay peor ciego político que el que no quiere ver cómo se está desarrollando el panorama político nacional.

Compartido con SURCOS por el autor.

Los fiscales de las mesas electorales de Pueblo Soberano

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Vladimir de la Cruz

El proceso electoral de Costa Rica tiene la fortaleza política, cívica, ciudadana, de que descansa en toda su organización en la potestad del Tribunal Supremo de Elecciones, que despolitiza la administración del proceso en general, en tanto el Tribunal Supremo de Elecciones, con su rango y estatus de Poder Público, es independiente de los otros poderes, especialmente del control del Poder Ejecutivo, tiene establecido por la Constitución Política y la legislación electoral la exclusividad, independencia, indelegabilidad de sus funciones y la imposibilidad de que sus funciones puedan ser subrogada por los otros poderes públicos.

Además, la organización final de las elecciones, desde que se entregan las tulas, los bolsos con toda la papelería electoral, a los miembros civiles de cada mesa de votación, hasta que terminado el conteo de los votos, y recogida de nuevo la tula con los resultados, todo en manos de los miembros de esas mesas, que han sido propuestos por los partidos políticos participantes, que inscribieron fiscales miembros de mesa, con las respectivas actas del resultado, con copia a cada uno de los miembros presentes en la mesa de recepción de votos, no solo se valida el proceso de votación, sino que se consolida en su resultado general que es aceptado técnicamente de inmediato. Aún así, se puede cuestionar el resultado de la revisión de papeletas, por si alguna se interpretó mal en la emisión del voto que representa, especialmente aquellas que son anuladas o votadas en blanco, con tal de revisarlas y si es del caso de rescatar esos votos. Puede suceder, igualmente que al revisar la votación se anulen votos de los emitidos, porque se encuentra una situación que permita anularlo.

Ejemplo de esto fue la elección del 2006, cuando en la Provincia de Limón, el Partido Acción Ciudadana, que no había presentado miembros de mesa, argumentó que podía haberse producido “algún fraude” en esas mesas, en virtud de que el resultado de las elecciones había sido, con una escasa votación, de 11.000 a favor de Oscar Arias. Pidieron revisión de las votaciones en toda la Provincia de Limón. Ante esa petición, Liberación Nacional se sumó para la revisión de los resultados, pidiendo que se contara todas las papeletas. Revisadas todas las provincias, Liberación Nacional pasó a 18.000 votos de diferencia.

Como se puede apreciar la presencia de los miembros de mesa puede ser muy importante para definir la cuenta final y definitiva de los resultados electorales, sobre todo que para los efectos de resultado se toma provisionalmente el resultado que informan los miembros de mesa. Si no hay cuestionamientos de revisión, se dan por válidos los resultados. No es fácil para los partidos políticos presentar fiscales y miembros de mesa en todas las mesas electorales del país. Los que tienen cierta ventaja, por su experiencia en elecciones, son los partidos que han participado en elecciones anteriores y tienen sus bases electorales, y su pueblo electoral fiel.

Para el proceso electoral próximo de febrero, se ha dicho que el Partido Pueblo Soberano no presentó miembros o fiscales de mesa, lo que resulta extraño, ya que en las elecciones municipales pasadas, los partidos que representaban al Gobierno, por su identificación con el presidente Chaves, al tercer partido en importancia, después de Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, en número de miembros de mesa. Más de 3000 presentaron, lo que les daba un alto nivel de control del resultado electoral.

¿Por qué su importancia? Supongamos, que en una mesa electoral solo hay dos representantes de dos partidos. Podrían ponerse de acuerdo en “anular” votos, o, en caso extremo, más delicado y peligroso penalmente, introducir votos, “haciendo votar” a los electores que no se presentaron a emitir sus votos. Ese es el quid.

Los partidos que del todo no presentan miembros de mesa, antes del 2006, quedaba expuestos a estas situaciones. A partir de entonces, el Tribunal de Supremo de Elecciones, empezó a contratar personas, para que actuaran como Fiscales Auxiliares de las mesas de votación para colaborar con la cuenta de los resultados y garantizar de esa manera el resultado nítido de la voluntad popular expresado en urnas.

Para las próximas elecciones, cuando el Partido Pueblo Soberano, como se ha dicho, “informalmente”, no ha presentado fiscales ni miembros de mesa, ¿qué interpretación podemos hacer? Simple y sencilla: están apostando a una derrota contundente, que impugnarían en sus resultados finales, argumentando fraude electoral, como ha venido sosteniendo el Presidente Chaves que el Tribunal Supremo Electoral pretende hacer en su contra, lo que ha llamado un “golpe de estado” en su contra, y en contra de los partidos que se representan con la necesidad de continuar su gobierno, para lo cual convoca constantemente a los ciudadanos en su favor, en su apoyo y en contra del “golpe de estado que le pretenden dar”. Esta es la clave de esta situación cuando en las elecciones municipales pudieron presentar una enorme cantidad de miembros de mesa.

En otro escenario, fatal para Pueblo Soberano, es que no tienen ninguna organización partidaria en capacidad de presentar miembros de mesa en todas las Juntas Electorales y sus mesas de votación, lo cual sería la razón fundamental de su posible derrota, desde el punto de vista organizativo y partidario, porque no se pueden pagar a razón de ¢10.000 (diez mil colones), con sus respectivas comidas en el día de votaciones para casi 6000 miembros de mesa, para cubrirlas todas, lo que equivaldría a 60 millones de colones, solo ese día, como les pagan a las personas que movilizan como acompañantes del presidente Chaves e sus gira cantonales, regionales o en las movilizaciones que intentan en San José, cuando así los convocan.

Toda esta fanfarria política se acompaña con la propaganda internacional que el presidente Chaves está montando, alrededor suyo, del “posible golpe de estado”, como quisieron hacer con el diputado Díaz Balart, del partido Republicano de Estados Unidos que públicamente hizo circular una “convocatoria” de la Embajadora de Costa Rica en Washington, para que le rindiera cuentas de las “amenazas” que había en Costa Rica contra el proceso electoral y contra el Presidente Chaves, cuando por iniciativa del Tribunal Supremo de Elecciones, por denuncias de ciudadanos acusándolo de “beligerancia”, era convocado a la Asamblea legislativa, para conocer de esa situación y si correspondía constitucional y legalmente quitarle su fuero para someterlo, en instancias judiciales, la electoral es una de ellas, a su investigación.

El único interesado en un “golpe de estado” es el mismo presidente, impulsando un “autogolpe de estado”, impulsando una situación de inseguridad nacional, como lo está haciendo, inseguridad “institucional”, con todas las críticas y ataques que hace constantemente a los supremos poderes del Estado, a diferentes instituciones públicas, a los diputados y sus partidos, para que los ciudadano pierdan “su confianza” en toda la institucionalidad y así provocar, de ser posible, antes de las elecciones un estado de incertidumbre, de inseguridad agravándolo con la violencia e inseguridad ciudadana que se vive y que se estimula desde el gobierno, para tratar de provocar un “estado de excepción”, que le permitiera suspender garantías constitucionales, que le permitiera “suspender” hasta el mismo procesa electoral, manteniéndose de esa forma en el gobierno, por la fuerza, procurando crear un clima que le permitiera convocar a un nuevo proceso electoral varios meses después, sin “estorbos” políticos, por la represión que desataría o por los mecanismos que establecería para garantizar su “posible continuación gubernativa”. Los grupos armados que tiene en las regiones norteñas del país serían sus “brigadas” defensoras de la “institucionalidad y del presidente Chaves”, como los principales líderes de esos movimientos armados, constantemente expresan.

Este es el peligroso camino que están construyendo, desde la ausencia de los miembros de mesas y fiscales de votación en Pueblo Soberano y en la cúpula superior del Gobierno de Rodrigo Chaves Robles.

Si es cierto que no presentaron miembros de mesas para todas las juntas electorales y sus mesas de votación, es porque no tienen organización partidaria capaz de existir en todo el territorio nacional, mostrando se evidente debilidad político-organizativa, que las encuestas no muestran por ahora, porque se enfocan solo en las candidaturas de las personas. Pero, esas personas, en esas encuestas amañadas por la propaganda y por la pre-escogencia de visibilidad que les dan a algunos candidatos, se toparán con la encuesta real, válida, que es la del primer domingo en urnas.

UCR invita a capacitación sobre libertad de expresión y acceso a la información pública dirigida a candidaturas nacionales

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El Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI) de la Universidad de Costa Rica (UCR) convoca a una capacitación dirigida a personas candidatas a diputaciones y a la Presidencia de la República, como parte del proyecto UCR Electoral 2026 y la campaña #OjoconlaDesinformación.

La jornada se realizará el lunes 24 de noviembre de 2025, de 9:00 a.m. a 12:00 m.d., en el Auditorio de EDUCON, en la Ciudad de la Investigación de la UCR.

La sesión estará a cargo de la MSc. Giselle Boza Solano, especialista en libertad de expresión y acceso a la información pública, y abordará temas centrales para el ejercicio democrático durante el proceso electoral.

Temas que se desarrollarán

  • Alcances y garantías del derecho a la libertad de expresión.

  • Libertad de expresión en periodos electorales.

  • Retos en entornos digitales: incitación al odio y desinformación.

  • Marco jurídico del derecho de acceso a la información pública.

  • Jurisprudencia reciente relacionada con transparencia y acceso a datos públicos.

La actividad busca ofrecer herramientas jurídicas y conceptuales a quienes aspiran a cargos de elección popular, promoviendo mayor claridad sobre la importancia de garantizar el acceso a información pública y el ejercicio responsable de la libertad de expresión.

Las personas interesadas deben confirmar su participación mediante el formulario disponible en el siguiente enlace:
👉 https://ucr.cr/r/QVzoy

El poder y las palabras

Escrito en . Publicado en Análisis.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

El ejercicio del poder político está indisolublemente unido a las palabras: palabras-leyes; palabras-decretos; palabras-sentencias; y palabras-programas-promesas-discursos… Este ejercicio puede ser creativo, pedagógico, constructivo y noble; puede ser también equilibrado, justo, compasivo y solidario; y nos puede hacer soñar en un mundo mejor para todos y todas. Es decir, el ejercicio del poder político puede estar al servicio de la convivencia libre y democrática.

Pero ese ejercicio puede degradarse y corromperse, de igual manera mediante la utilización de otras palabras: palabras-mentiras; palabras odios; palabras-insultos; palabras soeces como canallas, mal paridos, corruptos, puta, mirála… Es decir, el ejercicio del poder puede rodar al abismo de la vulgaridad y la bajeza; ser destructivo y desmoralizante, y de paso, estar al servicio de la violencia dictatorial o autocrática.

El hombre o la mujer que aspira a dirigir un país, si tiene algo realmente importante que ofrecer y hacer, no tiene por qué recurrir a las malas palabras. Un lenguaje decente es indicativo de compromiso auténtico con lo que se dice, aunque se pueda estar equivocado. Puede ser vehemente sin llegar a la estridencia; poderoso sin tener que gritar; y por supuesto, puede ser convincente defendiendo verdades, sin el recurso a denigrar al adversario.

Entre otros asuntos trascendentales nos corresponde adecentar el proceso electoral en el que estamos inmersos.

El centro se extinguió: Chile como advertencia para la región

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Mauricio Ramírez

Mauricio Ramírez Núñez
Académico

El viejo centro no se agotó simplemente porque el mundo cambió; se agotó porque nunca entendió los cambios que él mismo ayudó a producir. Ese centro que durante décadas se creyó árbitro, moderador y conciencia tranquila de la política terminó convertido en un cascarón vacío, un lugar que nadie habita con convicción y que muy pocos reconocen como propio. Lo que hoy llamamos “centro” no es más que el eco fatigado de un consenso que dejó de responder a las preguntas reales de la gente. Por eso ya no representa moderación, sino desconexión.

La reciente elección chilena, que conduce hacia un balotaje entre Kast a la derecha y Jara a la izquierda, es un espejo de esta crisis más profunda. Allí no vemos solo dos extremos disputando un país dividido; vemos el fracaso de una élite centrista que, criticando a los extremos, terminó abriéndoles la puerta. La ironía es brutal: los mismos que se proclamaban guardianes de la moderación incubaron la polarización que ahora dicen temer. Su neutralidad devino indiferencia; su prudencia, ceguera; su sentido del equilibrio, una renuncia a comprender los dolores concretos de la sociedad. Los centristas no contuvieron la espiral: la aceleraron.

También nos equivocamos al imaginar la política actual como una simple lucha entre dos polos opuestos. En una sociedad hiperindividualista e hipersensible como la nuestra, cada postura es percibida como un extremo. No porque las ideas sean más radicales, sino porque nuestras percepciones están fragmentadas y cada grupo vive aislado en su propio sentido de urgencia. Los viejos moderados, la socialdemocracia progresista y el liberalismo tecnocrático, han pasado a ser vistos como un extremo más: el extremo del status quo, el extremo de la arrogancia ilustrada, el extremo que gobierna sin escuchar. No es que la derecha dura “gane” simplemente por sus méritos, gana porque los antiguos moderados dejaron de ser un punto de equilibrio y se volvieron, a ojos del pueblo, parte del problema.

Eso mismo asoma en Costa Rica. Lo que viene, probablemente no será un triunfo del centro, porque ese centro ya no existe. Lo que llamamos centro es un nombre sin contenido, un refugio discursivo para quienes no quieren admitir que han perdido la capacidad de interpretar su tiempo. En ese vacío, inevitablemente, se instalará algún extremo disfrazado de cambio o continuidad. Y no porque el pueblo ansíe radicalismos, sino porque el espacio que debía ocupar una visión equilibradora está abandonado.

Si elevamos un poco la mirada, la realidad política adquiere un tono casi metafísico. Como en la antigua Grecia, estamos atrapados entre Apolo, Dionisio y Cibeles: el orden que intenta imponerse, el caos que se desborda y la disolución que amenaza con tragarse todo. Son arquetipos eternos, pero hoy aparecen desbalanceados. Los proyectos políticos contemporáneos no sintetizan estas fuerzas: las exageran. La derecha ofrece un orden apolíneo llevado al límite; la izquierda un dionisismo expresivo que se deshace en contradicciones; y el establishment global, con su socialdemocracia procedural y su liberalismo desencantado, asume el papel de Cibeles, una fuerza de disolución que deshace identidades, certezas y vínculos sin ofrecer nada a cambio. Todo está fuera de eje, todo se vive como extremo.

Por eso no sorprende que las ideologías ya no alcancen ni enamoren. Son mapas viejos para territorios que cambiaron de forma. El pueblo lo sabe intuitivamente y pasa factura. No porque busque una revolución permanente, sino porque percibe, con brutal claridad, que nadie entiende lo que verdaderamente sucede bajo la superficie de nuestras democracias. El centro se perdió, no por falta de oferta, sino por falta de comprensión profunda. Los que se dicen centristas hoy no lo son: solo administran la inercia de un modelo agotado.

Lo decisivo, sin embargo, no es quién ocupará el poder en la próxima elección. Lo decisivo es si alguien será capaz de construir un orden distinto, no otro extremo disfrazado de salvación. Porque mientras ese vacío continúe, mientras el centro sea una sombra sin cuerpo, seguiremos oscilando entre los impulsos de Apolo, Dionisio y Cibeles, sin encontrar la armonía que permita a una sociedad reconocerse a sí misma. Hasta que eso no ocurra, todo volverá a repetirse, cíclico e inevitable, como en las tragedias que los griegos conocieron demasiado bien.

Salgamos del lodazal…

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Jorge Mora Alfaro
Sociólogo

Nuestra longeva democracia nos coloca, una vez más, frente a un nuevo proceso electoral. Cada elección tiene sus particularidades. Por lo general, alejadas del ideal compartido de una escogencia de autoridades políticas sustentada en el debate de proyectos, visiones y propuestas. En este caso, sin sorpresa, pero abrumados, hasta cierto punto dolidos y desencantados, vemos descender la vida política del país, como nunca antes, hasta el lodazal del insulto, la ofensa, la mentira, el bulo y el uso inescrupuloso de los avances tecnológicos de la digitalización y la comunicación. Algunos de estos recursos han tenido presencia desde hace largo tiempo en nuestras dinámicas eleccionarias. Sin embargo, también, tenía un espacio significativo la discusión de ideas, proyectos y propuestas. Todos los grandes avances económicos, sociales, institucionales, culturales y ambientales, de los cuales nos sentimos aún orgullosos, se dieron en medio de discusiones políticas, estiras y encojes, movilizaciones y acuerdos, hasta lograr la construcción, paso a paso, de una sociedad en la cual la movilidad y el bienestar sociales tuvieron su espacio, generando cohesión e integración social y la estabilidad requerida para impulsar el crecimiento y la diversificación productiva y el desarrollo comunitario, con equidad. Cada período vivido por el país requirió de cambios políticos e institucionales, de la institucionalización del conflicto social, sin recurrir a la descalificación o la eliminación del adversario. No fue un mundo idílico, pero no dio cabida, como en nuestro entorno regional, a la instauración de gobiernos totalitarios e institutos armados, represivos, sostenedores de regímenes oligárquicos y excluyentes de grandes grupos de la población, sumidos en la miseria. Regímenes generadores de profundas desigualdades sociales, pronunciadas inestabilidades y de una injustificada exclusión social.

En las últimas décadas, el sendero seguido por nuestro desenvolvimiento económico y político se movió en otra dirección. Se incrementan las desigualdades sociales, se obstaculiza la movilidad social, las nuevas generaciones encuentran peores condiciones de vida a la de sus ancestros, los estratos medios, integrados, entre otros, por agricultores familiares, pequeños comerciantes, industriales, artesanos, educadores, trabajadores autónomos, profesionales liberales o intelectuales, ven deteriorarse su calidad de vida y la de los servicios sanitarios, educativos, de seguridad y protección social. La percepción de un sistema social olvidado de sus demandas y necesidades, de unas agrupaciones políticas y una institucionalidad alejadas de sus requerimientos básicos y de sus aspiraciones de bienestar, crean desconfianza y rechazo hacia aquellas entidades cuya respuestas se centran en los grupos con mayores influencias y con mayor capacidad para lograr la atención de sus demandas, aún a costa de la exclusión y el descontento provocado en grandes grupos de la población. Los hijos predilectos del régimen se hicieron del poder, olvidando las consecuencias de una sociedad dividida y crecientemente pauperizada y marginada.

Hoy, asistimos a la presencia de algunos movimientos políticos, cuya forma preferente de hacer política, es la confrontación y el uso de los procedimientos y mecanismos de comunicación y propaganda, diseñados para empañar instituciones esenciales de nuestro sistema democrático, atraer a una parte significativa de la ciudadanía, depositaria del descontento y la frustración acumulada. Ahora conocemos adonde quieren conducir la disputa electoral, cuál es el medio en el cual se sienten cómodos y cuáles son los elementos del discurso esbozados para atraer a los votantes hacia unas posiciones vacías de contenido. El fango político resulta ser el sitio hasta el cual buscan conducir la contienda electoral, lugar en donde pretenden obtener mayores beneficios.

El principal desafío para los demócratas en estas elecciones es eludir ese terreno de disputa. El reto es centrar la discusión en las cualidades de los aspirantes presidenciales y legislativos, en los programas elaborados, colocando en el centro las demandas viables, las necesidades y las aspiraciones de la ciudadanía, las propuestas concretas para reenrumbar el país sin excluir a nadie, sin dejar a nadie atrás. Dejar solos a quienes pretenden desarrollar la campaña en el lodazal, podría permitir su propio hundimiento en él. Poner la mirada en la reconstrucción del país, en el rescate del camino democrático, incluyente, diverso, con apertura a la expresión de diferentes pensamientos, propuestas y proyectos políticos, creando un ambiente optimista, en el cual la empatía sustituya la confrontación, la solidaridad a la ofensa y el miedo. No olvidar la tradición de los procesos eleccionarios ticos, ejemplo en el ámbito internacional, en donde el impedimento de la reelección presidencial continua coloca en un segundo plano al jerarca del Poder Ejecutivo, centrando la contienda en el análisis de los perfiles y capacidades de los aspirantes a ocupar la presidencia de la república, en el contraste de sus propuestas y en sus respuestas a las principales preocupaciones de la ciudadanía.

Colocar el foco donde corresponde, es un gran desafío de ciudadanos, ciudadanas, movimientos y organizaciones sociales y de las agrupaciones políticas participantes en la contienda electoral.

San Antonio de Barranca, Naranjo, 29 octubre de 2025.

¿No votar en las próximas elecciones?

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Vladimir de la Cruz

Han circulado llamamientos. Son de sectores chavistas y rodriguistas, que preocupados, y por sentirse amenazados, por las acusaciones que se han realizado contra el presidente Rodrigo Chaves Robles, por haberlo llevado a un antejuicio a la Asamblea Legislativa, para considerar si le levantaban o no su inmunidad, para que fuera procesado en la vía penal, como cualquier ciudadano, y porque el Tribunal Supremo de Elecciones, en uso de sus facultades constitucionales y legales, ante acusaciones veraces de la beligerancia política del presidente, que realiza el presidente Chaves, se han planteado ante ese Tribunal, ha solicitado que por este motivo la Asamblea Legislativa conozca nuevamente de la posibilidad de levantarle su fuero presidencial.

Legal y constitucionalmente el Tribunal Supremo de Elecciones puede gestionar esta solicitud. Es el custodio del campo electoral nacional en su máxima expresión. Es el mejor capacitado para actuar en esa dirección como lo está haciendo.

La beligerancia política, el entrometimiento del presidente todos los días en la política que no le corresponde, atacando a los partidos políticos opositores, atacando a todos los partidos políticos con representación legislativa, excepto a sus diputados, atacando y deslegitimando a los Poderes Públicos, incluso al Tribunal Supremo de Elecciones, tratando de minarles la confianza pública que tienen, el respeto constitucional que se merecen y creando el ambiente y la atmósfera que lo que se pretende es un golpe de estado contra su gobierno. Incluso un golpe de estado patrocinado por el Tribunal Supremo de Elecciones, insinuando que se presta a un gran fraude contra sus partidos políticos, que participaran en las elecciones próximas, con posibilidad de que no los dejen participar.

Parte de sus partidarios y fanáticos seguidores incluso llaman a tomar las armas para defender al presidente. Uno de ellos ha dicho públicamente que tiene las armas al servicio de quien se las solicite. Ha encendido los ánimos de sus seguidores que se vuelven agresivos. Uno de sus diputados incluso ha amenazado con extrañar, expatriar y expulsar costarricenses opuestos al presidente.

Otros ciudadanos que lo siguen curiosamente han llamado a no votar en las próximas elecciones como protesta, lo que es la tesis más idiota que se pueda esgrimir.

Si se trata de no votar porque el sistema electoral no produce confianza no da ningún resultado absoluto de que no se vote y no se elija a alguno de los 20 candidatos que hay inscritos. La votación se realiza con todo el padrón electoral abierto, con todos los ciudadanos que tiene el derecho al sufragio, todos mayores de 18 años. En Costa Rica el voto no es obligatorio, se manera que el resultado electoral se produce con los que participen, y si uno de esos candidatos logra el 40% de votación de los pocos que lleguen a sufragar gana. Si no lo saca, se pasa a la segunda ronda electoral en la que triunfa el que más votos tenga. El proceso electoral está hecho para que produzca un resultado.

Si el llamado es para desalentar a los antichavistas, a los que no quieren que el rodriguismo y el chavismo continúen en el gobierno, con cualquiera de sus partidos jaguar, es que procuran que solo los chavistas salgan a votar y así asegurar su triunfo.

Ciertamente, como se está presentando el panorama electoral no hay aún un faro que alumbre el camino hacia el primer domingo de febrero. Todavía hay pugnas importantes en algunos de los partidos, hay amenazas y solicitudes para que a algunos de ellos no les permitan participar en las elecciones. Los candidatos están muy desdibujados, salvo aquellos que por tradición o porque pagan acceso a los medios de comunicación, les toman en cuenta, para divulgarles como para considerarlos en las guerras de encuestas que se realizan, que están aparentemente polarizadas a dos contrincantes, siendo uno de ellos permanente, en cuanto representa el continuismo gubernativo.

Los candidatos desdibujados cubren todo el escenario, los presidenciales y los que aspiran a diputados. La reacción que se ha levantado contra los partidos políticos, y sus estructuras y dirigencias partidarias, ha hecho que la inmensa mayoría de las personas ya postuladas sean de poco conocimiento público y político, por ello, incoloras, insaboras e inodoras, por lo que no dejan de ser también peligrosas…políticamente.

En el ejercicio político la iniciativa política la tiene siempre el Poder Ejecutivo en tanto allí se toman las principales decisiones políticas y administrativas de toda la Administración Pública, de todos los ministerios e instituciones públicas. Son decisiones diarias, cotidianas nos gusten o no nos gusten, nos beneficien o no nos beneficien. Son decisiones políticas en que desde ese Poder y sus instituciones se meten con cada uno de nosotros todos los días. No es la Asamblea Legislativa la que se mete con nosotros de esa manera, es el Poder Ejecutivo el que así lo hace.

Desde este punto de vista el Poder Ejecutivo realiza actos y decisiones políticas que se meten todos los días con los, ciudadanos. Si la política de esa manera se mete con uno, entonces, los ciudadanos tenemos el deber, la obligación de meternos en la política, de meternos en la discusión política, en el debate de si se deben o no continuar las políticas que no nos gustan. Habrá quienes se metan porque les gusta como el gobierno actúa.

Así, no hay que caer en la trampa de no participar en política, en el proceso electoral o de no votar. Es una tesis, en este momento, reaccionaria, conservadora, de derecha si se quiere usar este término, que solo favorece al oficialismo y el continuismo político. Es de lo más peligroso que puede argüirse contra la democracia política que tenemos, por débil que sea.

Hay que tomar la decisión de votar por un candidato presidencial, con su partido, o votar por un partido con su candidato a presidente. De igual modo, hay que tomar la decisión de votar por sus candidatos a diputados, o por la persona que parezca mejor y más apta para gobernar, y para representarnos en la Asamblea Legislativa.

Lo que votan toman la decisión de votar por los que no votan. ¡Así es la cosa! O votamos nosotros o votan por nosotros. Algo de esto pasó en las elecciones del 2022. ¿Quiere usted, querido y apreciado lector, que esto vuelva a pasar?

Compartido con SURCOS por el autor.

El sometimiento policial y de la Seguridad Pública ante el Tribunal Supremo de Elecciones

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Vladimir de la Cruz

El pasado 1 de octubre dio inicio oficialmente el proceso electoral de Costa Rica, para cambiar al presidente de la República, sus dos vicepresidentes y la integración de los 57 diputados del Poder Legislativo.

Las elecciones se realizarán simultáneamente el primer domingo de febrero del 2026. Si en esa fecha ningún candidato presidencial, de los 20 inscritos, alcanza el 40% de los votos, se procederá a una segunda vuelta con los dos que hayan obtenido la mayor cantidad de votos o el mayor porcentaje electoral. Esta segunda ronda se resolverá, por simple mayoría entre esos dos candidatos el primer domingo de abril del 2026.

Los diputados electos el primer domingo de febrero asumen su curul legislativa el primero de mayo del 2026 y el ocho de mayo, ante ellos, el nuevo presidente de la República, por un período de cuatro años asume la presidencia de la República.

El proceso electoral es absolutamente blindado, seguro y hasta ahora ha sido eficaz y confiable a los ciudadanos.

Resultado de la guerra civil, de marzo y abril de 1948, en Costa Rica se produjo un cambio político radical. La causa de la guerra fue la anulación de un resultado electoral presidencial a favor del periodista Otilio Ulate Blanco, frente al “socialcristiano”, reformista, aliado de los comunistas, Dr. Rafael Angel Calderón Guardia, que aspiraba a una reelección, después de haber sido presidente de la República, en el periodo 1940-1944, luego de haber impulsado una reforma social muy avanzada, que comprendió la aprobación del Código de Trabajo, en 1943, y la incorporación a la Constitución Política del Capítulo de las Garantías Sociales, en 1943.

El gobierno que le siguió, del Lic. Teodoro Picado, de 1944 a 1948, fruto de una coalición con los comunistas, aprobó, entre otras cosas, una Reforma Tributaria y un Código Electoral, en 1946, para garantizar “pureza en los sufragios” para evitar situaciones de “fraudes” en procesos electorales como los que se habían cuestionado anteriormente.

Los insurrectos, defensores de su victoria, enemigos políticos de los derrotados, contrarios a las reformas sociales y a la alianza existente con los comunistas, ante la anulación de las elecciones que perdía Calderón Guardia, se levantaron en armas a favor del resultado electoral para Otilio Ulate. Triunfados, los insurrectos se impusieron por dos años a Ulate, quedándose en el poder hasta el 7 de noviembre del 1949, llamando a ese período de Gobierno como el de la Fundación de la Segunda República, que se extiende en tiempo histórico hasta hoy.

Durante los 19 meses de gobierno de la Junta Fundadora de la Segunda República se hicieron reformas muy importantes. Se convocó a una Asamblea Nacional Constituyente que elaboró la actual Constitución Política, se mantuvo el Código Electoral. Al Tribunal Nacional Electoral, que había nacido con el Código Electoral en 1946, se le cambió de nombre por Tribunal Supremo de Elecciones, otorgándosele luego el carácter de Poder de la República, junto al Legislativo, Ejecutivo y Judicial, con igual nivel jerárquico, independencia administrativa, exclusividad e indelegabilidad de sus funciones. También, se abolió el Ejército como institución permanente en Costa Rica, sustituyéndose por una Fuerza Pública policial.

Entre las decisiones que se tomaron se estableció al Tribunal Supremo de Elecciones como el órgano director y organizador de todos los procesos electorales, cuyas resoluciones sobre los resultados electorales son inapelables. Así ha sido desde 1949 hasta hoy.

Todos los procesos electorales presidenciales, los 18 que ha habido, han sido respetados en sus resultados. Sobre ninguno de ellos se ha cuestionado nada relacionado con el proceso electoral. Esto ha provocado en estos 76 años un alto nivel de cultura política, cívica y electoral sobre la validez de los procesos electorales, al punto que, al día siguiente de cada proceso electoral, el resultado es aceptado y validado popular, política y nacionalmente por todos los partidos políticos que participaron en cada proceso electoral y por los seguidores de ellos, así como por los abstencionistas electorales de urnas y por los que no se presentaron a votar.

Un elemento destacable de estos procesos electorales y de la institucionalidad política costarricense, es que toda la Fuerza Pública, la fuerza policial, desde el primer día que inicia el proceso electoral, el 1 de octubre, hasta el día final que termina el mismo, con sus resultados electorales validados, se somete en mando supremo al Tribunal Supremo de Elecciones. Se le quita el mando de la Fuerza Pública al Poder Ejecutivo y se pasa al “Poder” electoral, garantizando con ello que el Poder Ejecutivo no puede presionar ni usar de ninguna manera a las fuerzas policiales, “armadas”, en su poder y mando para actuar sobre el proceso electoral. El Ministerio de Seguridad, puesto así, queda subordinado durante todo el proceso electoral al Tribunal Supremo de Elecciones, situación que no se da en ningún país del continente Americano, por más democráticos que puedan llamarse. Lo usual en todos esos otros países es que las Fuerzas Armadas, los Ejércitos y los militares, ocupen un lugar destacado en el manejo del proceso electoral, especialmente relacionado con el cuido, manejo de las urnas electorales y de sus traslados a los recintos donde se cuentan los votos.

La organización electoral, en Costa Rica, desde la producción del material de votación, la distribución del mismo a las distintas Juntas Electorales, queda en mano del Tribunal Supremo de Elecciones y no de la Fuerza Pública policial, así como la recolección de las tulas electorales, con las boletas o papeletas de elección, que las disponen para su entrega al Tribunal Supremo de Elecciones, los miembros civiles, no militares, representantes de los partidos políticos en las mesas electorales, dejándose copia de los resultados todos los miembros de los partidos políticos que participan del conteo de los votos.

En todo el proceso electoral no participan de manera directa las fuerzas policiales, más allá de estar supeditadas al Tribunal Supremo de Elecciones para garantizar de esa manera los comicios electorales.

El que esto escribe fue candidato en tres ocasiones a la presidencia de la República, en 1998, 2002 y 2006. En una de esas elecciones se presentó una situación particular, en dos mesas electorales, en dos pueblos y recintos electorales muy alejados entre sí, en Desamparados de la Provincia de San José y en Talamanca, en la Provincia de Limón.

Las juntas electorales se integran con ciudadanos, civiles, no militares ni policiales, representantes de los diversos partidos políticos que participan en las elecciones, que así los nombran. En ambas mesas electorales, curiosamente, casi a la misma hora, alrededor de las 10 de la mañana, se presentaron los siguientes hechos: en una se presentaron policías armados a ejercer su derecho de voto. En la otra, ingresó a la Escuela del recinto electoral, un vehículo policial con policías armados a ejercer su sufragio. En ambos casos, las juntas electorales actuaron de igual manera. Impidieron que los policías “en armas”, portando sus pistolas, ingresaran de esa manera a los recintos electorales, obligándoles a “desarmarse” y a retirar de la escuela, donde estaban las Juntas Electorales, los vehículos policiales. Los policías protestaron y se negaban a dejar sus armas. En ambas situaciones las Juntas Electorales suspendieron el proceso de votación mientras se consultaba al Tribunal Supremo de Elecciones, las situaciones que se estaban dando. El Tribunal fue contundente y en minutos resolvió que las Juntas Electorales tenían razón y que los policías, bajo las órdenes del Tribunal Supremo de Elecciones, debían desarmarse para entrar a ejercer sus derechos electorales.

Esta es una situación realmente única en el mundo. Difícilmente hay otro país en que en el proceso electoral así se actúe, con las fuerzas militares y policiales bajo el poder y el control de los Órganos Electorales competentes y constitucionales. Este es parte del valor democrático de la sociedad costarricense.

En la ceremonia de traslado de mando de la Fuerza Pública al Tribunal Supremo de Elecciones, del pasado primero de octubre, el presidente de la República, como autoridad superior del Poder Ejecutivo participó del acto protocolario con muy mala cara. No se le veía satisfecho, contento de entregar el mando policial a la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, habida cuenta que en dicho acto se le restaba fuerza y se le quitaba el argumento de que el Tribunal Supremo de Elecciones venía fraguando un posible Golpe de Estado, motivo por el cual él, el presidente, convocó a la Reserva Nacional, para resguardar su seguridad política y la del Estado.

Igualmente, en sus discursos provocadores, destacaba que, junto con la Reserva Nacional, la fuerza pública que le protegía se duplicaba en efectivos en armas frente a cualquier intento de golpistas o posibles insurrectos contra su gobierno. Obviamente, si sigue con la cantaleta del Golpe de Estado, no solo contra su gobierno sino también contra su candidata, entenderá que ahora el Tribunal Supremo de Elecciones tiene a su cargo la Fuerza Pública, e institucionalmente es el jerarca superior de todas las fuerzas policiales del país.

¿Y la Reserva Nacional? ¿Está funcionando? ¿Bajo cuáles autoridades o jefaturas, o bajo cuál Ministerio, el de Seguridad o el de la Presidencia, o como guardia personal del presidente de la República?

Si la Reserva Nacional está organizada, convocada y funcionando, también debe someterse en obediencia de mando ante el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿O no es así?

¿Por qué en la ceremonia de traspaso de Banderas de la Policía Nacional, de la Fuerza Pública, que se le entregó en mano a la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, no se hizo lo mismo, simbólicamente al menos, con los distintivos y efectivos y contingentes de la Reserva Nacional? ¿Se está violando la Constitución Política? ¿Sigue la Reserva Nacional, si está organizada y entrenando como lo ha venido haciendo, como una policía especial del presidente, como eran las policías del Partido Nazi alemán, desde 1921, la SA, (la Sturmabteilung), o las tropas de asalto, que actuaron en la Noche de los Cuchillos Largos en 1934, y las SS (las Schutzstaffel), que se mantuvieron hasta el final de la II Guerra Mundial, protegiendo al dictador?

Si la Reserva Nacional (reserva@msp.go.cr) está convocada, organizada y entrenando oficialmente, debe realizarse oficialmente, también, una ceremonia mediante la cual se someta en obediencia institucional y policial militar ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Igualmente, debe sancionarse a las autoridades que no trasladaron ese mando como constitucionalmente está establecido, ocultándolo, sea el presidente de la República, con el “ejército” que lo considera casi privado suyo o los altos jerarcas ministeriales del Ministerio de Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero y Manuel Jiménez Steller, el viceministro de las Unidades Especiales, como lo eran la SA y la SS de Hitler.

Compartido con SURCOS por el autor.

Ni censura ni mordaza como dice el presidente

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Gerardo Hernández Naranjo

Ni censura ni mordaza, se trata de una garantía para el derecho al sufragio.

Cada vez que el presidente sale con una mentira o manipulación de información, hay una oportunidad para que las y los ciudadanos tomemos conciencia sobre las normas y valores que regulan nuestra vida democrática.

No es cierto que el TSE le pusiera una mordaza o censura al presidente a partir de que se convoque formalmente a las elecciones de febrero del 2026.

Lo que el TSE ha hecho es informar y aclarar al presidente sobre normas de las cuales él parece no haberse enterado o quiere desconocer, para desinformar una vez más a la población, a pesar de haber jurado respetarlas y cumplirlas.

Desde 1949 se establecieron en el artículo 95 de nuestra Constitución Política los principios que regulan el ejercicio del derecho al sufragio, uno de los cuales (inciso 3) dice:

“Garantías efectivas de libertad, orden, pureza e imparcialidad por parte de las autoridades gubernativas”.

Es decir, las autoridades de gobierno deben guardar imparcialidad en los procesos electorales y por eso también se les prohíbe participar en actividades proselitistas partidarias.

Por otro lado, desde 1996 se estableció en el Código Electoral (artículo 85) una prohibición explícita al Poder Ejecutivo, a la administración descentralizada y a las empresas estatales de difundir informaciones sobre su gestión, salvo que se trate de asuntos técnicos, indispensables e impostergables sobre los servicios que prestan (Reforma al Código Electoral mediante Ley n.º 7653 del 28 de noviembre de 1996).

En el artículo 142 de Código Electoral aprobado en el 2009 se amplió y aclaró aún más esa disposición incluyendo a las municipalidades:

“ARTÍCULO 142.- Información de la gestión gubernamental

“Prohíbese a las instituciones del Poder Ejecutivo, de la administración descentralizada y de las empresas del Estado, a las alcaldías y los concejos municipales, difundir, mediante cualquier medio de comunicación, información publicitaria relativa a la obra pública realizada, a partir del día siguiente de la convocatoria a elecciones nacionales y hasta el propio día de las elecciones. Quedan a salvo de esta prohibición, las informaciones de carácter técnico o científico que resulten indispensables e impostergables, por referirse a aspectos relacionados con la prestación de servicios públicos esenciales o por emergencias nacionales. Las publicaciones contrarias a lo dispuesto en esta Ley harán incurrir a los funcionarios responsables en el delito de desobediencia y beligerancia política, previa resolución del TSE.” (Ley n° 8765)

Entonces no es un capricho del TSE contra el presidente actual como él lo insinúa. Es una norma que ha estado vigente desde hace mucho tiempo y que tiene como propósito resguardar una garantía constitucional para las personas electoras.

Ciertamente son normas diferentes a las que rigen en otros países donde los presidentes pueden hacer campaña abiertamente. Puede que estemos o no de acuerdo con esas reglas, pero son las que nos rigen y deben ser respetadas. Aunque ya sabemos que al actual Gobierno no le ha importado jurar primero para después desacreditar nuestro orden constitucional y legal.