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Etiqueta: proceso electoral

Ante la renuncia del vicepresidente Brunner, lo que procede es aceptarla

Vladimir de la Cruz

El pasado miércoles 30 de julio vencía el plazo para que el presidente, o cualquiera de los vicepresidentes, renunciara a su cargo si deseaban participar activamente en la política electoral hacia las elecciones, con posibilidades de aspirar a un puesto legislativo.

La renuncia del presidente era lo que más se esperaba por la comunidad y sociedad política nacional, ya que se especulaba que podría aspirar a una diputación, en las elecciones de febrero del 2026, lo que le está permitido por la Constitución Política, dejando el cargo antes del 31 de julio. Lo que es igual para el presidente lo es para sus vicepresidentes.

Otros funcionarios del actual Poder Ejecutivo, del Consejo de Gobierno, del Gabinete ministerial del presidente Chaves ya habían renunciado antes del 1 de febrero, y otros se sumaron con su renuncia el pasado 30 de julio.

El miércoles 30 de julio ni ayer jueves 31 de julio el presidente Rodrigo Chaves renunció. El que lo hizo con todo derecho fue su primer vicepresidente, Stephan Brunner.

Formalmente la renuncia de estos funcionarios públicos debe hacerse ante la autoridad que los nombra o declara nombrados, que es la única que puede hacer efectiva la renuncia.

El presidente de la República, los vicepresidentes de la República y los diputados son nombrados directamente por el pueblo, mediante los procesos electorales. Para decirlo políticamente, son nombrados directamente por la mayoría del pueblo electoral, manifestado en las votaciones, que se inclina por uno de los candidatos que se presentan a recoger esa voluntad popular de representación, la de los mandantes electorales.

En teoría política y democrática, aun cuando son electos por una parte de todo el electorado, son la representación de todos los electores, de todos los votantes y de los que no votaron o anularon su voto. Así funcionamos como sistema político y como sistema democrático. Por eso, al presidente, los vicepresidentes y sus ministros se les inhibe, se les prohíbe, de identificarse con algún partido de los que participaron en el proceso electoral, o de pronunciarse sobre ellos, a favor o en contra, lo que les provocaría la sanción de la beligerancia política.

Los ministros los nombra el presidente y es ante él que renuncian o él los destituye.

Los vicepresidentes constitucionalmente solo tienen como principal función sustituir al presidente en sus ausencias temporales o definitivas, sin devengar salario alguno.

En las ausencias temporales el presidente pude disponer libremente a quien encarga su sustitución. Generalmente alterna con los dos vicepresidentes, dándoles la oportunidad de aparezcan en La Gaceta firmando una ley con sus nombres. En la ausencia definitiva sustituye en su orden el primer y segundo vicepresidente, o el presidente de la Asamblea Legislativa, como ocurrió en el 2009 con el presidente legislativo, Francisco Antonio Pacheco, varias veces sustituyó al presidente Oscar Arias.

Cuando algún vicepresidente tiene salario en su condición de vicepresidente es porque se le asigna una función que es remunerada. Que recuerdo, solo al inicio del Gobierno de Abel Pacheco, el presidente Miguel Ángel Rodríguez, dejó establecido en el Presupuesto Nacional del 2002, que el vicepresidente tendría un salario. En ese momento el presidente Pacheco, antes de asumir su investidura presidencial se peleó y distanció radicalmente de su vicepresidente Luis Fishman, al punto que no le permitió tener oficina en la Casa Presidencial e intentó que no recibiera el salario que se había presupuestado. Ni siquiera le permitía ingresar a la Casa Presidencial. Tuvo obligación de mantenerle el salario aunque no tuviera ninguna función en el gobierno en su primer año de gestión porque así estaba presupuestado. Al siguiente año, para el Presupuesto Nacional del 2003, Abel Pacheco eliminó la partida del salario y Luis Fishman se quedó sin ese ingreso económico, ostentando la condición de vicepresidente, que mantuvo durante todo el gobierno del 2002 al 2006.

Para sus efectos vicepresidenciales, el primer año intentó Luis Fishman atender público como vicepresidente desde una oficina particular que puso para ello. El segundo año se metió en la oficina de su esposa, entonces diputada, desde donde atendía discretamente, ya sin salario. Para el tercer y cuarto año de su vicepresidencia de papel ya no tenía oficina ni salario. Luis Fishman no renunció a su condición de vicepresidente.

En el gobierno de Oscar Arias, 2006-2010, sus dos vicepresidentes renunciaron a su cargo. Kevin Casas por haber sido increpado de haber redactado un Memorándum, en la discusión y referéndum del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, donde se elaboraba una estrategia de miedo para atacar a los opositores al Tratado, cuya discusión e impacto provocó su renuncia. Luego, le siguió Laura Chinchilla, que renunció para asumir la candidatura a la presidencia, la que ganó en el 2010.

Ambas renuncias fueron notificadas a la Asamblea Legislativa, como corresponde comunicarlas, darlas a conocer a los diputados, sin que en esas ocasiones se interpusieran acciones para discutir si se aceptaban o no esas renuncias. Las renuncias eran de la realidad, de la voluntad personal de los vicepresidentes y había que acatarlas, y así se procedió, sin bulla ni escándalo legislativo.

El Código Electoral señala que el cargo de diputado a la Asamblea Legislativa es voluntario y se puede renunciar antes o después de prestar juramento, renuncia que será admitida después de la declaratoria de la elección. En el caso de los vicepresidentes, el Código Electoral establece que la vacante se llenará por quien le siga en su orden, lo que es válido para la muerte, renuncia o incapacidad sobreviniente del presidente.

La renuncia al cargo de presidente, vicepresidente, diputado, en estos casos, tan solo implica la cancelación de la credencial de presidente, vicepresidente o diputado, la que se hace una vez que la renuncia sea conocida por la Asamblea Legislativa.

El Tribunal Supremo de Elecciones es el que da las Credenciales de presidente, de los vicepresidentes de la República y de los diputados y diputadas a la Asamblea Legislativa. Dicho así, la renuncia bien podría tramitarse ante el Tribunal Supremo de Elecciones con copia a la Asamblea Legislativa, para que por conocida y recibida la nota de renuncia ante la Asamblea Legislativa, se prepare el Tribunal Supremo de Elecciones para indicar quien sigue en el orden de sustitución, porque para ello tiene que emitir la Credencial respectiva, hacer el nombramiento pertinente, y hasta tomar juramento del nuevo cargo, si ello fuere procedente.

Si la renuncia del vicepresidente se quisiera someter a debate parlamentario, así debería procederse incluso cuando voluntariamente alguno de los miembros de los supremos poderes renunciare voluntariamente a su inmunidad para someterse a procedimientos judiciales, o cuando se tratare de simples renuncias al cargo, como ha sucedido con renuncias de diputados. La renuncia forzada que hizo el diputado Vargas, del Frente Amplio, de la Provincia de Guanacaste se presentó, en el Tribunal Supremo de Elecciones, un viernes al mediodía, y el lunes inmediato ya estaba acreditado el diputado sustitutivo que seguía en su orden.

El Tribunal Supremo de Elecciones es el que hace la declaración oficial de los candidatos electos a puestos de elección popular. En sencillo, es el que nombra por el resultado de la votación a las personas electas.

Escribí hace poco que para evitar el lío procesal, artificial y politiquero, que se ha levantado con la renuncia posible del presidente Chaves, válida para la del vicepresidente Brunner, las cartas de renuncia pudieron haberse presentado y tramitado una semana antes, haciendo ver en ellas que eran efectivas a partir del primero de agosto.

Con eso esa discusión ya se habría superado y ganado tiempo parlamentario.

El conocimiento de la renuncia jurídicamente también vale en el sentido de dar por recibida y sabida la renuncia. Lo que se vota es el recibo de la nota de renuncia. No se puede votar la aceptación o rechazo de la renuncia. Solo puede renunciar quien tiene derecho a hacerlo. No se está sometiendo al vicepresidente a una destitución. El vicepresidente se somete ante la Asamblea a comunicar su decisión de dejar el cargo. No se le puede obligar a ejercerlo.

El único cargo obligatorio reconocido en la legislación electoral nacional es el de diputado o diputada a una Asamblea Constituyente, que es irrenunciable.

Así, repito, el acto de votación que se quiere imponer para la renuncia al cargo de vicepresidente de Stephan Brunner es el de recepción de la nota de renuncia, es decir, de dar por conocida y aceptada el aviso de su renuncia.

Si la Asamblea se enfrasca en una estéril discusión procesal en nada afecta la decisión presentada el 30 de julio para cualquier otro efecto al vicepresidente Brunner, quien renunció y dejó el cargo el 31 de julio, y vale su renuncia desde la fecha en que así comunicó que era efectiva. Lo que provoca es que ya desde hoy primero de agosto perdió, por su propia voluntad, la inmunidad del cargo que ostentaba, y está en el término de plazo que le permite ser candidato a diputado si así se inscribe por algún partido.

La discusión del término “conocer”, que se argumenta para someter a aceptación o no la renuncia, es igualmente válida para dar por conocida recibida la noticia de la renuncia, no necesariamente para aceptarla o rechazarla.

La renuncia es personalísima, es de la propia voluntad de la persona dispuesta a dejar el cargo, por lo que no necesita la aprobación de otra parte. El problema de presentar una renuncia, es la renuncia misma, la que no debe tener discusión, la que por puesta debe tramitarse aceptándola, sin otro efecto o sin intención de impedirla, la que no puede provocar otro efecto más que el de la cesación del cargo.

Todo puesto en el Estado es renunciable, como lo son en el sector privado. Siendo un acto de voluntad de la persona interesada en renunciar, que es también un acto de libertad, que es un acto unilateral, de una persona, no requiere su aceptación para que provoque efectos.

El Plenario Legislativo tan solo debe dar por conocida la decisión del vicepresidente Brunner de dejar el cargo, como cuando da por conocidos los cambios de ministros de la presidencia que se hacen desde la Casa Presidencial, para los trámites legislativos.

La renuncia del vicepresidente Brunner es para disponer libremente de su tiempo personal, para hacer lo que le dé la gana, si de eso se trata.

Si Stephan Brunner por ser electo popularmente se le quiere someter a una aprobación de su renuncia, es al Tribunal Supremo de Elecciones, al que le correspondería el conocimiento de su renuncia por ser este Tribunal quien lo Declara vicepresidente, como resultado de las votaciones.

En la vida diaria, en todas partes, quien tiene la capacidad de nombrar tiene la capacidad de destituir. En todas partes, también, quien tiene la capacidad de renunciar, puede unilateralmente, por acto de libertad y de libre voluntad renunciar, y ante la renuncia lo que procede es aceptarla.

¿Qué ganan los diputados y sus partidos en obstaculizar el trámite de aceptación de la carta de renuncia del vicepresidente? ¡Nada!, ni siquiera bulla a favor de sus partidos políticos o de sus candidatos. ¿A quién amenaza la salida de Brunner del gobierno? Por ahora, a nadie. ¿Quieren los diputados y sus partidos mantener a Brunner en la vicepresidencia por un excelente trabajo de gobierno que realiza con el presidente Chaves? ¡Claro qué no!, ni siquiera se siente su trabajo, y mucho menos su figura política. ¿Quieren los diputados y sus partidos proteger al vicepresidente Brunner en su inmunidad, para que no le sometan a juicios con levantamiento de la inmunidad? ¡Por supuesto que tampoco! Más les interesaría que renuncie, que esté sujeto a la persecución judicial, porque eso les da gasolina para prender algunas llamas en la campaña electoral, ¿o no es así?

Con la actitud que tienen, en la Asamblea Legislativa los diputados y sus partidos, quienes quieren someter a aprobación parlamentaria la renuncia, que no es destitución, del vicepresidente Brunner, pareciera que le están haciendo el juego al presidente Chaves y sus jaguares… Son ellos los que están al frente de la política, del escenario político nacional., aunque se hable mal de ellos. Pareciera no ser el momento para estas nimiedades…

FECTSALUD alerta sobre reacomodo de fuerzas políticas y riesgos democráticos rumbo al 2026

El 14 de julio de 2025, desde la Secretaría de Prensa y Propaganda de la Federación Costarricense de la Seguridad Social (FECTSALUD), Juan Carlos Durán Castro, secretario de prensa y propaganda de dicha federación, compartió para SURCOS una serie de valoraciones sobre la coyuntura política tras el acto del pasado sábado 12 de julio, en el que cinco partidos políticos reflejaron su alianza bajo el partido taxi Pueblo Soberano. Estas son sus declaraciones:

Cápsula 1:

La actividad realizada el sábado 12 de julio en San José reunió cerca de 2.000 personas, según las tomas abiertas del evento, lo cual reflejó la capacidad de los cinco partidos de alcanzar consensos, a pesar de las diferencias iniciales. Durán calificó de “acierto político” la posibilidad de resolver disensos y conformar una alianza electoral. “Reconocemos que lograron acuerdos para lo presidencial y lo diputadil, con una clara intención de reformar la Constitución de 1949”, expresó. Resaltó además que, pese a la oposición pública de figuras como Pilar Cisneros al partido Pueblo Soberano, finalmente lograron unificar fuerzas en lo fundamental. “Eso nos debería alertar porque mientras el bloque de derecha se consolida, los espacios que pensamos diferente seguimos divididos y eso pasará factura política en febrero 2026”, enfatizó.

Cápsula 2:

Juan Carlos Durán advirtió que los procesos políticos no son lineales y que la alianza recién formada podría enfrentar fracturas o tensiones a lo largo de su desarrollo. “Estas coaliciones humanas pueden tener momentos de fricción, ya sea al inicio, a la mitad o en el cierre de la campaña”, indicó. Recordó que los liderazgos que se presentan hoy como sólidos pueden debilitarse. Además, hizo una comparación con fenómenos internacionales, señalando que en América Latina y otras regiones del mundo se observan virajes hacia proyectos autoritarios con componentes de fascismo o nazismo. “Costa Rica no está exenta de esas tendencias. Por eso, desde el lado que defendemos una Costa Rica inclusiva y solidaria, tenemos que monitorear con atención qué tipo de fragmentaciones o contradicciones podemos identificar o provocar en este bloque conservador”, manifestó.

Cápsula 3:

Juan Carlos Durán llamó la atención sobre las nueve figuras que lideran la campaña de Pueblo Soberano, advirtiendo que no se trata de actores políticos neutrales. “Todas esas personas tienen en común estar vinculadas a posibles actos de corrupción o a procesos judiciales. Pero además tienen otra característica: manejan una narrativa agresiva y desinformativa, especialmente en redes sociales y medios de comunicación”, señaló. Entre estas personas se enuncia a Pilar Cisneros, de quien cuestionó su ética periodística; Freddy González, vinculado a escándalos en cooperativas; Laura Fernández, mencionada en reportajes recientes sobre narcotráfico; y Carlos Valenciano Kramer, ligado al manejo de carteras financieras deterioradas como el caso de Coopeservidores. “Esto nos indica que el bloque está pensando en estrategias políticas pero también financieras de cara al 2026, y eso representa un riesgo adicional para la democracia”, subrayó.

Cápsula 4:

El dirigente de FECTSALUD también cuestionó el papel de otros partidos políticos que no se sumaron a Pueblo Soberano, como el PLN, el PUSC, el PLP, los partidos evangélicos, cristianos y Juntos Podemos. “No nos engañemos, aunque no se metieron en la danza del consenso, ideológicamente son iguales y comparten los mismos objetivos”, afirmó Durán. Advirtió que estos partidos, históricamente tradicionales, han migrado hacia posturas más conservadoras y podrían terminar apoyando proyectos regresivos desde la Asamblea Legislativa. La única fracción que ha jugado un papel claro de contención en esta legislatura ha sido el Frente Amplio. Sin embargo, insistió en que el debilitamiento de partidos históricos no garantiza un cambio de rumbo, pues esta división puede lograr mayoría para desbaratar la Constitución.

Cápsula 5:

Finalmente, Durán se refirió al futuro del presidente Rodrigo Chaves y a la especulación sobre su posible renuncia para postularse como diputado. Mencionó que eso dependerá de cómo se muevan las piezas en los próximos meses. Si Chaves considera que puede asegurar un control del Congreso desde fuera del Ejecutivo, podría optar por no renunciar. Pero si ve una ventaja estratégica para perpetuar su influencia, la situación sería distinta. Señaló además que renunciar conlleva riesgos, pero que la decisión final dependerá de cómo se configure la correlación de fuerzas. Desde FECTSALUD somos claros: “no creemos absolutamente nada en él ni nos gusta su estilo”. Es necesario continuar realizando una lectura crítica de cada movimiento, concluyó.

¡Más claro no canta un gallo! El proyecto de la jornada esclavista de 12 horas viola la Constitución Política y la legislación electoral de Costa Rica

Vladimir de la Cruz

El Proyecto de Ley para el establecimiento de las jornadas de trabajo esclavistas de 12 horas diarias, que llaman “jornadas laborales excepcionales para casos determinados que sean excepcionales y muy calificados”, pretende reformar los artículos 142, 144, 205, al inciso b) del artículo 274 y adicionar un inciso, el 6), al Artículo 670 del Código de Trabajo. Además, adicionar el Código de Trabajo con los artículos 143 bis y 145 bis, todos ellos, subrepticiamente modifican y alteran la Constitución Política en lo referente a la jornada máxima de trabajo diario de 8 horas, con pago adicional de un 50% por hora, de cualquier hora trabajada sobre el máximo de 8, hasta 12 diarias.

En uno de los artículos, el Artículo 145 bis, que contiene este Proyecto de Ley, en su inciso i), se establece que la empresa “que se acoja a este tipo de jornada excepcional deberá iniciar el trámite de aprobación de dicha jornada ante la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”, en cuyo trámite se ….deberá realizar una votación, garantizando un voto secreto, entre las personas trabajadoras a quienes eventualmente se les aplicaría la jornada excepcional ampliada, con el fin de hacer constar que existe voluntad para su implementación. Dicha votación será exclusivamente para efectos de la solicitud ante la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo, por lo que la eventual implementación de la jornada, en caso de aprobarse, se realizará directamente con cada persona trabajadora, de acuerdo con la naturaleza individual que caracteriza las relaciones laborales y lo establecido en el presente artículo con respecto a la voluntariedad de esta jornada.

La solicitud podrá ser aprobada si al menos una mayoría simple de los votos emitidos resulta favorable. En caso de no alcanzarse la mayoría simple requerida, la empresa podrá realizar nuevamente la votación dentro de los seis meses siguientes a la fecha de la realización de la anterior.

Dicha votación deberá ser supervisada por un representante de la empresa y un representante del grupo de personas trabajadoras. En caso de ser procedente, la empresa podrá apoyarse en la comisión, oficina o departamento de salud ocupacional para la elección del representante de los trabajadores, o bien, dicho representante será electo por el grupo de trabajadores a quienes eventualmente se les aplicaría la jornada.

Estos representantes serán elegidos exclusivamente para efectos de este proceso, por lo que finalizado el mismo perderán dicha representación.

La Dirección Nacional de Inspección del Trabajo podrá designar un inspector de trabajo para que se apersone a la votación. En caso de que esta Dirección no envíe un inspector en el primer mes contado a partir de la recepción de la solicitud, la empresa podrá realizarla con la presencia de un notario público, quien mediante acta notarial que se remitirá a la Dirección Nacional de Inspección, certificará lo siguiente: 1) Que la empresa realizó una votación secreta entre las personas trabajadoras a quienes eventualmente se les aplicaría la jornada excepcional ampliada, con el fin de verificar si existe consentimiento para su implementación; 2) que la votación fue supervisada por un representante de la empresa, un representante del grupo de personas trabajadoras involucradas y el notario público quien levanta el acta notarial, y 3) el resultado de la votación.”

Dicho en sencillo, el Proyecto de Ley, si se llegare a aprobar, obliga a que en las empresas en que se vaya a aplicar esta jornada de 12 horas diarias, debe hacerse una votación, directa, personal, garantizando un voto secreto, “con el fin de hacer constar que existe voluntad para su implementación. Es una votación para “justificar la eventual implementación de la jornada”.

Si se va a hacer una votación se debe entender que a todos los trabajadores se les debe informar amplia y democráticamente qué es lo que exactamente van a votar o aprobar, qué comprende realmente la jornada de 12 horas, qué ventajas o desventajas tiene, qué riesgos puede ocasionar a la salud de los trabajadores, qué efectos sociales puede tener esa jornada sobre su vida familiar. ¿Quién va a informar de estas situaciones a los trabajadores? ¿Los propios patrones o empleadores?

Si se va a tomar parecer a los trabajadores por la vía de una votación, hay que entender que eso es un proceso de elección para decidir si se trabaja 12 horas o no se trabaja.

Eso obliga a que los trabajadores tengan la información adecuada y directa de quienes se oponen a esa ley y a esa jornada.

Se debe garantizar en las fábricas, empresas o instituciones que a los opositores de esta ley se les permita informar y hablar directamente con los trabajadores sobre los alcances negativos de esta ley y esta jornada.

Esto significa que las organizaciones sindicales, sindicatos, federaciones y confederaciones, puedan presentarse a justificar o no la eventual implementación de la jornada donde se va a tomar perecer por a vía de la votación.

No se podría alegar que si en una fábrica, empresa o institución, no hay sindicato, los existentes que soliciten ir a hablar con los trabajadores se les pueda impedir hacerlo, porque sería una situación de indefensión jurídica y democrática de los trabajadores para estar bien informados.

El derecho de presentarse a las fábricas, empresas o instituciones se le debe garantizar a los partidos políticos debidamente inscritos en el Tribunal Supremo de Elecciones para que también puedan presentarse a las fábricas, empresas o instituciones a exponer sus puntos de vista sobre esta jornada de 12 horas o esta ley. Sobre todo, porque estamos en campaña electoral y los ciudadanos deben estar bien informados de todo lo que los pueda afectar legal y socialmente.

Por ser un proceso de consultas electorales ciudadanas a los trabajadores, para decidir si aceptan o no la jornada de 12 horas de trabajo diario, tiene que intervenir obligada y constitucionalmente el Tribunal Supremo de Elecciones. De no hacerlo cualquier consulta que se realice sería una farsa legal y electoral de consulta a los trabajadores.

En este sentido, en el procedimiento de aprobación que ha tenido este proyecto de ley, no se le hizo la consulta obligada al Tribunal Supremo de Elecciones, por lo que el trámite legislativo ya está viciado de inconstitucionalidad para su aprobación.

Como todo proceso electoral debe garantizarse a las partes involucradas, a favor y en contra, su plena participación, debe darse un plazo de información y la “junta electoral” o la “mesa electoral”, que se establezca para vigilar y recoger los resultados de la votación secreta de los trabajadores debe estar sujeta a los procedimientos que existen en la legislación electoral nacional, adaptados a estas consultas en las fábricas, empresas o instituciones donde se vayan a realizar esas consultas.

Es de rechazo ad-portas que “dicha votación deberá ser supervisada por un representante de la empresa y un representante del grupo de personas trabajadoras”, representante de los trabajadores que según el proyecto de ley “en caso de ser procedente, la empresa podrá apoyarse en la comisión, oficina o departamento de salud ocupacional para la elección del representante de los trabajadores”.

¿Qué pasará si los trabajadores votan negativamente la consulta que se haga en las fábricas, empresas o instituciones, diciendo que están en contra? Lo más absurdo.

El proyecto de ley permite que seis meses después, el patrono o empleador pueda hacer otra consulta por la vía de otra votación. Así dice el Proyecto de Ley: “En caso de no alcanzarse la mayoría simple requerida, la empresa podrá realizar nuevamente la votación dentro de los seis meses siguientes a la fecha de la realización de la anterior.” ¿Cómo es eso?

Literalmente es una burla a la voluntad expresada en las urnas, en la mesa de votación de los trabajadores. Es una burla al proceso de elección o electoral mismo. No se podrían estar haciendo consultas cada seis meses hasta alcanzar los votos deseados por los empleadores o patronos. ¿Acaso eso se permite para procesos electorales nacionales, de estar haciendo consultas electorales, cada seis meses, por parte de la mayoritaria oposición política nacional que salió derrotada en las elecciones, sobre la marcha del gobierno? Esto viola toda la esencia del sistema democrático electoral de consulta popular existente en el país.

Y lo más charlatanezco del proyecto, en este sentido, es que señala que cuando la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo no pueda enviar un inspector a la votación, lo que es muy difícil porque el Ministerio de Trabajo tiene 100 inspectores para “vigilar” o “inspeccionar” a un millón ochocientos mil trabajadores en todas las empresas en el país, “la empresa podrá realizarla con la presencia de un notario público”, pagado por el empleador o patrono, para que “mediante acta notarial” que ese notario hará, se remitirá a la Dirección Nacional de Inspección, para que tome nota. Quién paga la música manda el baile, dice el refrán popular.

¿En qué país estamos? ¿Dónde está el Estado de Derecho? ¡Cómo se pisotea la Constitución Política y la legislación nacional!

Me parece que el proyecto de ley de las 12 horas también está viciado de inconstitucionalidad y de rapidez en la vía legislativa por lo siguiente:

Para su discusión original se aprobó una vía rápida para que el Plenario Legislativo lo conociera, es decir para que la totalidad de diputados procedieran a discutirlo y votarlo expeditamente.

Al terminar el primer día de discusión en la vía rápida, el presidente retiró de la discusión de la vía rápida y del trámite legislativo, que se le venía dando, de vía rápida, el proyecto de ley de las 12 horas diarias de trabajo.

Introdujo otro proyecto para su discusión que no tenía vía rápida. Luego sacó este proyecto y volvió a introducir en la Agenda parlamentaria el proyecto de las 12 horas diarias.

Esta nueva introducción, de este proyecto, a la discusión parlamentaria, ya no tenía el privilegio de la discusión de la vía rápida que se le está aplicando porque ya había retirado ese proyecto en esa vía de discusión.

Para que nuevamente se discuta por la vía rápida, nuevamente la Asamblea Legislativa tiene que aprobar esa vía para este segunda introducción del proyecto de ley de las 12 horas. Así de simple.

Cuando el presidente lo retiró perdió la discusión en vía rápida. Lo volvió a meter, tiene que aprobarse de nuevo la vía rápida para su discusión. De lo contrario sería una trampa parlamentaria, en el procedimiento, con que se está discutiendo el proyecto de las jornadas esclavistas de las 12 horas de trabajo diario.

Compartido con SURCOS por el autor.

Rumbo a la convención del Partido Frente Amplio

Irené Barrantes Jiménez
Precandidata por Alajuela

El Partido Frente Amplio en este momento se encuentra en camino hacia la Convención Interna, a celebrarse el 3 de agosto de 2025, en cada cantón del país. Acto político pionero con profundo sentido democrático, donde cada persona adscrita al partido significa un voto, en esta convención se le permite a cada persona que se encuentre en el padrón interno, ejercer el voto directo para elegir a quienes serán candidatas a diputación por cada provincia, durante las elecciones nacionales de febrero 2026.

Aprovecho este espacio valioso de comunicación alternativa para colocar una posición sobre mi visión como precandidata por el segundo lugar a diputada por el Partido Frente Amplio Alajuela, sobre este proceso de convención. Y escribo, sobre todo, porque me atraviesa el sentido de compañerismo como mujer política frenteamplista, donde el resto de las personas precandidatas que disputamos, hombres, el primer lugar, y mujeres el segundo lugar, son mis pares y nos une la visión País.

Este domingo 3 de agosto volvemos a ser un frente común, que recorre barrios, territorios: tanto los que habitamos, como territorios virtuales, llamando a la defensa de la democracia costarricense, porque estamos en una encrucijada donde cada uno de nuestros votos, serán para nuestro único candidato: Ariel Robles Barrantes, y para nuestras diputaciones electas popularmente. Este acto garantizará al pueblo sentipensante costarricense tener un Frente que trabaje codo a codo para la defensa de las Garantías sociales, los derechos humanos para todas las personas, la justicia ambiental, la vida digna llena de esperanza.

En momentos donde una elección democrática nos puede colocar bajo la tiranía de un partido articulado bajo la manipulación de Rodrigo Chaves, quien representa la esencia del poder violento y dictatorial en favor de las personas y empresas transnacionales más adineradas, la unión del pueblo costarricense en defensa de la democracia es requerida.

En mi caso trabajo desde los 15 años en los movimientos sociales siendo mi primer espacio la articulación con el movimiento ecologista costarricense mi primer frente era por salvar la vida, posteriormente las distintas carreras que estudié y el ejercicio de la docencia me llevaron a una trayectoria de 20 años trabajando por las mujeres y sus comunidades, porque los derechos humanos de las mujeres y niñas también son derechos. He comprendido que la violencia contra las mujeres, la desigualdad, la pobreza tienen su origen en el Estado construido desde el machismo y la colonialidad del poder de origen genocida español contra los pueblos indígenas de nuestros países. Pero también comprendí en el poder transformador de la colectividad.

En este momento decidí sumarme a esta precandidatura, bajarle el volumen a la lucha por los derechos humanos de las mujeres y sus comunidades, y subirle el volumen a la defensa de la democracia, súmese usted también.

Próximas fechas para conocer nuestras propuestas:

San Carlos, presencial, domingo 13 de julio de 2025, 10:00 am, en las instalaciones del Salón Comunal de la Asociación de Desarrollo de Barrio Coocique.

En el adjunto dejo a su consideración el enlace para conocer mis propuestas, Precandidaturas – Frente Amplio y aporto otro enlace para revisar a quienes seremos personas candidatas por la provincia de Alajuela: Precandidaturas – Frente Amplio

Telaraña chavista

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

«Dicen que se dice» que Francisco Gamboa ya habría sido inhabilitado para ejercer cargos públicos, por su beligerancia política, siendo funcionario público con prohibición, en la «marcha» contra el fiscal general, coorganizada por el grupo de Mayuli Ortega y Boris Sevir.

Pero en lo que no ha sido inhabilitado, es en ofrecer torpes declaraciones, esta vez relacionadas con el que sería, el futuro partido y candidato chavista, para las elecciones a celebrarse en poco más de seis meses. En radio Columbia, con doña Evelyn Fachler, se enredó ante preguntas sencillas, que andan por ahí flotando. Tanto, que, en dos platos, dejó la impresión de que su Partido Pueblo Soberano, será el escogido por Pilar Cisneros, para representar a las huestes chavistas. Ante la pregunta del para qué tantos partidos chavistas, inscritos para las elecciones del 2026, entre dientes dio a entender, que cuando la Pilar escoja a Pueblo Soberano, en el mismo acto, se presentará la fórmula presidencial, bajo su bandera. Ante esa «muy democrática» acción, los otros, los no designados, los que se arrodillan ante Chaves, se tendrán que meter en su soberano paraguas, plegándose, disciplinadamente, a su agrupación.

La orden ejecutiva, es que ¡todos, sin excepción, sin chistar, sin derecho a reclamar, apoyen los candidatos a presidente, vicepresidentes, y diputaciones, de Pueblo Soberano, que anunciará Cisneros.

Aunque no lo dijo (pues no se lo preguntaron) el mensaje de Gamboa es claro: los otros, los que no fuesen ungidos por la bendición pagana de la Pilar, participarían en la contienda electoral, pero ¡sin proponer candidatos!

¿Se imaginan qué nivel de convicción chavista?

Pronunciamiento del PAC en defensa del Tribunal Supremo de Elecciones

El Partido Acción Ciudadana (PAC), preocupado por las recientes declaraciones del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, cuestionando la integridad política y ética del Tribunal Supremo de Elecciones, toma nota y apoya el pronunciamiento de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, “En defensa del Tribunal Supremo de Elecciones y la institucionalidad democrática de Costa Rica”.

Todos los partidos políticos democráticos, al igual que los movimientos, organizaciones sociales y la ciudadanía en general, debemos mantenernos firmes en la defensa de la institucionalidad democrática ante la amenaza declarada de parte del presidente al desconocer al Alto Tribunal que conduce el proceso democrático.

Defensor de la institucionalidad electoral, Acción Ciudadana y sus gobiernos han sido siempre respetuosos de sus disposiciones que hemos acatado, incluso cuando hemos discrepado. Fieles a los principios democráticos y firmemente adscritos a las instituciones que los protegen, Acción Ciudadana repudia cualquier intento de socavarlas, como reiteradamente lo ha hecho Rodrigo Chaves y sus diputaciones afines.

Nuestro partido ratifica la confianza que tenemos en sus magistrados y magistradas, así como con el personal especializado y voluntario multipartidario que garantiza la transparencia de los procesos electorales que le da continuidad y credibilidad a la expresión popular en las urnas.

Comisión Política Partido Acción Ciudadana

¿Los partidos políticos jaguares ganarán la mayoría parlamentaria?

Vladimir de la Cruz

Cada día que pasa se perfila mejor el panorama electoral hacia febrero. Los partidos políticos en proceso de inscripción ya están saliendo del huevo. El Tribunal Supremo de elecciones va sacando su tarea, avalando los que están con todos los trámites de inscripción en forma.

¿Cuántos partidos nacionales tendremos inscritos para la próxima campaña electoral? ¿25 como en la elección pasada, 13 como en la del 2018, 13 como en la del 2014, 9 como en la del 2010, 7 en la del 2006?

En todas las campañas tenemos partidos políticos tradicionales y nuevos. Los tradicionales los que ya han participado en varios procesos electorales, o que al menos repiten una elección. Los nuevos los que se inscriben por primera vez. Así de simple. En los tradicionales están los más viejos, Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana, Frente Amplio, que también eligen diputados desde el 2006. Le siguen en antigüedad Acción Ciudadana, el de Fabricio Alvarado.

Si se trata por elección de diputados, donde hay una mayor cantidad de partidos inscritos, en la elección del 2006 y la del 2010, ocho partidos eligieron diputados, en la del 2014 y 2018, nueve partidos eligieron diputados, en la del 2022, con 26 partidos participando para diputados, solo seis partidos eligieron diputados.

En estos procesos electorales, que estoy mencionando, desde el 2006, que estoy comentando el número de partidos que eligió diputados es el siguiente.

En la elección del 2006 solo dos partidos eligieron más de 10 diputados y solo uno, Liberación Nacional, eligió 24.

En la elección del 2010 solo dos partidos eligieron más de 10 diputados y solo uno, Liberación Nacional, eligió 24.

En la elección del 2014 solo dos partidos eligieron 10 o más diputados y solo uno Liberación Nacional, eligió 18.

En la elección del 2018 solo 3 partidos eligieron 10 o más diputados, y solo uno Liberación Nacional, eligió 17.

En la elección del 2022 solo 2 partidos eligieron 10 o más diputados, y solo uno Liberación Nacional, eligió 19.

Esta es la realidad electoral de los últimos cinco procesos electorales, y del comportamiento, más o menos estable del electorado.

A partir de la elección del 2014 se rompió la tradición y el comportamiento electoral. Llegó a la Presidencia de la República un nuevo partido, Acción Ciudadana, rompiendo el bipartidismo tradicional que tenían Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana de ganar la Presidencia. En la elección del 2018, nuevamente Acción Ciudadana se impone como el partido ganador, y por primera vez Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, quedan fuera de llegar a la segunda ronda. En la elección del 2022, de nuevo se produce una ruptura con la elección presidencial y se produce una sorpresa con el triunfo de un nuevo partido político, que no había participado en procesos electorales anteriores, el Partido Progreso Social Democrático, con un candidato, Rodrigo Chaves Robles, que era un “perfecto desconocido” político en el país por haber vivido fuera de Costa Rica más de 30 años, que había regresado para incorporarse al Gobierno de Carlos Alvarado, por un breve período de seis meses como Ministro de Hacienda, y sorprendió en la campaña electoral agitando problemas sensibles que lo identificaron con la ciudadanía electoral decepcionada de las prácticas de gobiernos anteriores, de sus ejercicios gubernativos políticos, especialmente dominado por el bipartidismo tradicional.

A las puertas del próximo proceso electoral tenemos una proyección parecida de gran cantidad de partidos políticos nacionales y provinciales en posibilidad de presentarse ante el electorado.

En el siglo XX, se han experimentado las segundas rondas electorales en las elecciones del 2002, 2014, 2018 y 2022, cuando los electores no le dan los votos suficientes al partido ganador en la Presidencia. Solo el Partido Liberación Nacional ganó, sin segunda ronda, las elecciones del 2006 y 2010. Ello se debió, entre otros factores a los candidatos liberacionistas de esas campañas electorales, Oscar Arias y Laura Chinchilla. Liberación Nacional estuvo a punto de ganar el gobierno, en la segunda ronda, con José María Figueres, en el 2022, quien había ganado la primera vuelta electoral.

Las segundas rondas electorales ya se quedaron instaladas en la realidad nacional, lo que no es obligatorio para cada proceso electoral, que siempre es una sorpresa, que puede resultar como apretar un jabón, que nadie sabe para donde sale.

El otro elemento que es gravitante en los procesos electorales es el de la reelección de partidos políticos en el gobierno. Esto solo lo ha logrado Liberación Nacional en tres ocasiones, 1970 y 1974, en 1982 y 1986, y En el 2006 y 2010, el partido Unidad Social Cristiana en una ocasión, 1998 y 2002 y el Partido Acción Ciudadana, en el 2014 y 2018. Al Partido Progreso Social Democrático no lo veo repitiendo gobierno…pero cualquier cosa puede suceder en política.

En mi opinión no veo, por ahora, que estas tendencias electorales de los últimos cinco procesos electorales vayan a cambiar sustancialmente.

Lo que veo, por ahora, es el riesgo de un partido, Liberación Nacional, con un candidato electoral más fuerte que sus tradicionales, para las próximas elecciones que le da posibilidad de acariciar la Presidencia y de mantener la mayoría de los diputados que hasta ahora ha sostenido, entre 17 y 24 diputados. Esto estará en relación directa a los candidatos que ofrezca, con la nueva cara presidencial que tiene, y con el programa electoral que agite.

El Frente Amplio en posibilidad de aumentar su número de diputados, de los seis actuales a una decena por lo menos, sobre todo si la lista la encabeza alguien como su dirigente político José María Villalta. Su candidato presidencial lo pueden sacar de sus actuales diputados, que buena imagen pública tienen.

A los otros partidos políticos parlamentarios y hacia las elecciones no les veo todavía una buena proyección. La Unidad Social Cristiana en este momento ni se siente. Su candidato presidencial está en la estratosfera, no está presente en nada ante los grandes y graves problemas que hay en el país, además con planteamientos políticos y económicos sociales sumamente conservadores, que no le van a ayudar nada en su campaña.

El partido Liberal Progresista es un desastre parlamentario y organizativamente pareciera ser lo mismo. Eli Feinzaig obligadamente tendrá que ser el candidato para tratar de mantener alguna presencia política como partido, si es que quiere tener un partido como proyecto político y personal. Si no asume este reto pasará como un fisco electoral. Su planteamiento parlamentario no le ha permitido destacar como un líder en capacidad de ofrecer un proyecto renovador costarricense. Se quedó en el conservadurismo y el retroceso social.

Fabricio Alvarado seguirá jugando a la presidencia, pero no lo veo aumentando su número de diputados. Los electores cautivos de sus templos religiosos le votarán, pero se le han movilizado a las “tiendas” del actual inquilino de Zapote y hacia las que él oriente en búsqueda de votos para sus partidos jaguares.

Del caso del presidente Chaves Robles es políticamente interesante. No puede reelegirse él, porque tiene impedimento constitucional para hacerlo. Pero, se quema por hacerlo. Cómo él no puede, ha impulsado la creación de varios partidos políticos nuevos para que “continúen” su proyecto político desmantelador del Estado Social de Derecho del país. Ya ha logrado que tres de sus partidos estén debidamente inscritos, lo que le da margen de actuar en las elecciones, directamente si se lo propone, o indirectamente como lo viene haciendo los miércoles, y cada vez que puede, en su forma beligerante de su discurso político contra toda la institucionalidad y contra todos los partidos políticos, que le puedan ofrecer oposición y que le impidan que sus “jaguares” logren elegir sus 40 o 38 diputados como desea para de esa forma acabar, desde la Asamblea Legislativa con toda la institucionalidad democrática nacional e instaurar su régimen autoritario, despótico, tiránico, sin controles institucionales, que le permitan actual libremente y con la billetera abierta del Estado en los negocios propios o de sus amigos políticos, nacionales y extranjeros.

La figura del “jaguar” como emblema político ya la tiene uno de sus partidos. Ha provocado la ira de la diputada mentirosa que es la titiritera, o marionetista, de todo ese grupo político, que es la que mueve y articula a la marioneta que tiene en Zapote, porque tenía reservada esa figura del “jaguar” para otro de sus partidos inscritos.

Pero este no es un problema. Electoralmente los partidos del presidente y de su marionetista pueden tener todos su “jaguar” como emblema, para que sea más fácil su identificación grupal. El Tribunal Supremo de Elecciones no podría negar ese emblema salvo que el que lo inscribió primero impugne su uso. Pero, como todos son coyotes de la misma loma, que pertenecen a la misma condición de manada de animales “jaguar”, que pertenecen a la misma red de intereses políticos, no tienen por qué tener problemas con usar ese emblema. Además, están considerando constituir una coalición con esos jaguares. Demás está decir que en las papeletas electorales muchos partidos tienen banderas muy similares en sus colores.

El tema principal de los “jaguares” es si tendrán posibilidad de repetir gobierno, como lo hizo el partido Acción Ciudadana. Con el nombre del Partido Social Democrático, con el que fue electo Rodrigo Chaves pareciera que no hay posibilidad alguna. Ya está buscando candidato entre los “chavistas” de gobierno, sin que su eventual candidato el exministro Amador represente al presidente Chaves o sea su continuador.

En las tiendas “chavistas” eso todavía no está decidido, porque no es él quien decide esa candidatura, la que será definida por el grupo que económicamente le ha apoyado desde la campaña electoral del 2022, junto con la marionetista de Cuesta de Moras. Podría ser definido ese candidato en el Cantón de Santa Ana, como ya se rumora.

El proyecto de los 38 o 40 diputados “jaguar” que se quieren elegir por parte del gobierno y de su presidente no es fácil lograrlo. Las “pintas” que hay en esos partidos jaguar, disputando esos puestos, al margen de lo que decida la marionetista y el animal de Zapote, el Jaguar mayor, son de la casa de los sustos.

El próximo Congreso, Asamblea Legislativa, va a necesitar, este es el reto para todos los partidos, candidatos de mucha calidad política, personal, profesional. Eso es lo que se requiere para la Costa Rica a partir del 2026, si se quiere avanzar hacia la modernización de todo el aparato institucional del país, hacia una Asamblea Nacional Constituyente, y hacia una Costa Rica más próspera, más justa, más democrática.

El peso de la elección nacional va a girar, así lo veo, alrededor de los candidatos a diputados, para que al apoyarlos a ellos se apoye al candidato presidencial que los proponga.

La elección del presidente siempre va a tener la luz y el foco principal, pero está demostrado electoralmente que los electores, los votantes, quiebran, parten, su voto para que desde la Asamblea Legislativa se ejerzan y lleven controles sobre el actuar del Poder Ejecutivo.

¿Variará esto hacia una super mayoría legislativa, parlamentaria, como se propone Rodrigo Chaves, impulsando sus animales, sus jaguares?

Compartido con SURCOS por el autor.

Poder y resistencia: una nueva versión de las luchas migrantes en Estados Unidos

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

No ha sido un junio bueno para la humanidad. El recrudecimiento de las acciones bélicas contra el pueblo palestino, la tensión a gran escala entre Israel e Irán, son tan solo algunas de las muestras que este junio oscuro nos trae y nos devela. Nos desvela también.

En el contexto más cercano el escenario no es para nada optimista. En Estados Unidos, la política migratoria se ensaña un día sí y otro también contra las personas migrantes en condición migratoria irregular. Escuelas, fábricas, iglesias, barrios enteros han sido desolados por la acción despiada de un organismo policial dispuesto a las más atroces de las barbaridades.

Llevamos ya varios días de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad del gobierno de Trump y cientos, miles de migrantes, ciudadanos estadounidenses de origen latinoamericano y miembros de organizaciones civiles, que decidieron decir basta a las acciones intimidatorias contenidas en redadas masivas.

La caza de seres humanos en Estados Unidos es una realidad. El perfilamiento racial, el terror, la incertidumbre son consignas de una administración que debe congraciarse con un electorado que la llevó al poder bajo la promesa de “limpiar al país de indeseables”.

Mientras esto ocurre y muestra la tensión entre el poder gubernamental y la resistencia como acto de respuesta, en el plano más doméstico el tema ha empezado a ser instrumentalizado de forma populista por algunos actores inmersos en la carrera hacia las elecciones en Costa Rica en 2026.

El peligro de la demagogia y el uso maniqueo de un tema sensible para despertar simpatías electorales está a la vuelta de la esquina.

Lo anticipo y deploro cualquier discurso o acto en esa dirección.

La bola electoral está en el aire

Gerardo Hernández Naranjo

La bola está en el aire … ¡y bien alta!

A pocos meses de las elecciones del 2026, 87% de las personas no tiene simpatía partidaria y 71% no saben aún por quién votar (indecisas) según la última encuesta del CIEP de abril del 2025.

En intención de voto, un 13% indicaron que votarían en blanco o nulo y el partido con mayor voto potencial apenas logra un 7% (PLN). Con todo y la propaganda en redes, marchas y visibilidad pública, Laura Fernández, una de las posibles candidatas oficialistas, apenas alcanza un 2%.

El cuento de que el “arroz está cocinado”, que arrasarán en primera ronda y que lograrán 40 escaños en la Asamblea Legislativa, al día de hoy, no es más que un espejismo del chavismo. Ciertamente es un espejismo riesgoso porque esa ha sido su especialidad desde la campaña anterior y en lo que llevamos de este gobierno, generando una valoración positiva de la gestión de presidente por parte de la mitad de las personas encuestadas, según el mismo CIEP.

Pero valoración positiva del presidente y de la gestión son cosas distintas a intención de voto y comportamiento electoral. Es decir, aunque puede ser un factor favorable, la valoración de la gestión no se traduce automáticamente, ni mucho menos simétricamente, a caudal electoral del mismo partido oficialista ni a la candidatura correspondiente (cualesquiera que lleguen a ser).

Las elecciones todavía son una competencia. No una carrera en solitario del oficialismo, como parecieran soñar para un mediano plazo. De modo que el resultado final dependerá de las tácticas y estrategias de competición de todos los jugadores y sabemos ya que serán muchos.

Pero, sobre todo, dependerá del comportamiento de un electorado que, además de estar mayoritariamente indeciso al día de hoy, se ha venido mostrando sumamente volátil en los últimos procesos electorales hasta el propio día de las elecciones. Es decir, un electorado cambiante, difícil de predecir, que puede dar sorpresas y ojalá las de a favor de las verdades, no de los espejismos (como el de la carretera a San Carlos y tantos otros).

La bola está en al aire, no se repartan nada.

Crece el interés político en la Agenda Viva de Reconstrucción Nacional

Comunicado

  • El PAC es el cuarto partido en solicitar audiencia con Agenda Viva.
  • Las solicitudes de partidos políticos se recibirán hasta el 24 de mayo, por el calendario del TSE.

Mayo, 2025. La convocatoria lanzada por Agenda Viva para construir una propuesta de país desde lo común sigue generando eco. Esta semana, el Partido Acción Ciudadana (PAC) solicitó formalmente una reunión con el colectivo, convirtiéndose en la cuarta fuerza política que responde al llamado ciudadano para reconstruir Costa Rica.

Este nuevo acercamiento se suma a los ya concretados con el Frente Amplio, que tuvo audiencia el pasado 8 de mayo, y con el Partido Centro Democrático y Social (CDS), recibido el 15 de mayo. El miércoles se celebrará un encuentro con el Partido Agenda Democrática Nacional (ADN) y el jueves con el PAC.

Con estos acercamientos, se confirma el interés creciente del ámbito político en el proceso que impulsa Agenda Viva, cuyo eje central es una agenda mínima construida desde la ciudadanía, con visión de país, inclusión y justicia social.

“En marzo lanzamos el llamado valiente a las fuerzas políticas a reconstruir Costa Rica, a forjar un nuevo pacto social que defienda el Estado de Derecho y proteja la democracia que hoy está en riesgo. Dos meses después, cuatro partidos han dado un paso al frente. Eso dice mucho del momento que vive el país.”, expresó Emilio Arias, del equipo de coordinación de Agenda Viva.

El colectivo ha establecido tres condiciones para activar el mecanismo de coalición: que participen al menos dos partidos políticos, que la agenda ciudadana sea el centro de la propuesta programática, y que las candidaturas se definan mediante procesos abiertos y sin imposiciones.

Recepción de audiencias. Dado el calendario inamovible del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Agenda Viva recibirá solicitudes de partidos políticos únicamente hasta el 24 de mayo, ya que las organizaciones deben tomar sus acuerdos internos y el colectivo también con su asamblea plenaria.

No obstante, organizaciones sociales, movimientos ciudadanos y otros actores interesados en dialogar con el colectivo podrán seguir solicitando encuentros a través del correo: comunicacion@agendaviva.cr.

“Este no es un momento cualquiera. Lo que está en juego es el futuro democrático de Costa Rica. Ver a partidos, movimientos sociales y actores políticos acercarse sin precondiciones, con disposición a poner el país por delante, es un signo de esperanza. Nos toca ahora estar a la altura de esa esperanza.”, añadió Arias.

Agenda Viva reafirma su compromiso con un proceso participativo, plural y transparente, que permita construir un nuevo pacto político y social para el país.