Ir al contenido principal

Etiqueta: Programa Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense

País retrocede hacia una violencia estructural

La confrontación entre órganos de decisión política y poderes de la República, la violencia que se manifiesta en la calles y el abandono de agendas proclives a la defensa de los derechos humanos representan síntomas de que el Estado costarricense avanza hacia un estado de violencia estructural “que se expande por todo el territorio nacional”, de acuerdo con el más reciente informe del programa Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense, de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional (UNA).

Esta situación facilita que exista un vacío en la generación de acuerdos importantes para el país, mientras que la desigualdad económica y social continúa afectando a la población, lo que es perceptible en áreas como la educación, el medio ambiente, los programas sociales y la infraestructura pública.

Carlos Carranza, académico de la UNA y coordinador del programa, fue crítico al señalar que “a través del análisis de diversos temas clave, se expone una coyuntura marcada por tensiones políticas, desafíos estructurales y una sensación general de incertidumbre”.

Lo que en anteriores informes de este programa se advertía, se convirtió en la constante en el primer cuatrimestre de 2025: un estilo discursivo del presidente Rodrigo Chaves marcado por el enfrentamiento con otros sectores políticos y sociales, como ocurre con la Asamblea Legislativa, y particularmente, con el presidente de este poder, Rodrigo Arias.

Utilizar mensajes con tono confrontativo, dirigirlos por medio de canales fuera de la comunicación formal y atizados por la ausencia de una cabeza en el Ministerio de la Presidencia que sirva como puente, son parte de las relaciones que se han establecido en el periodo de análisis. Sin embargo, ese choque ha ido mucho más allá de la relación Zapote-Cuesta de Moras y se vio amplificado en la marcha contra el fiscal general, en la que participó el propio mandatario y su gabinete.

El uso continuo del veto presidencial ante proyectos de ley que no son de interés del Poder Ejecutivo y el incremento en las tensiones con otras instituciones como el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) complementan el estilo gubernamental. “Esta actitud ha contribuido a una atmósfera de polarización y debilitamiento del diálogo institucional”, agregó Carranza.

La violencia estructural no solo se alimenta con el discurso confrontativo de parte del Gobierno hacia otras entidades. Se ha convertido en un hecho social recurrente que tiene otras manifestaciones, como sucede los femicidios, que alcanzan la cifra de 17 casos en lo que va del 2025.

El informe destaca que la actual Administración no ha logrado revertir “esta tendencia preocupante” de la violencia estructural y que, más bien, ha dado un giro en su política hacia un enfoque neoconservador en temas de derechos humanos, protección de minorías y atención de la población migrante.

El informe recoge varios elementos al respecto: la aceptación por parte de Costa Rica de personas migrantes expulsadas de Estados Unidos, la posición ambigua que el ministro de Relaciones Exteriores, Arnoldo André, mantuvo en una presentación ante el plenario de la Asamblea Legislativa y la emisión de un decreto que restringe el financiamiento y el apoyo político a la Agenda 2030 relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). “Estas decisiones debilitan la posición de Costa Rica en el contexto global”, indicó Carlos Carranza.

Rezago en sectores

Como en cascada, la incertidumbre generada por la falta de cohesión política afecta a otros sectores. En el plano social, el informe recoge que, si bien se registra una leve reducción en los índices de pobreza, ésta se ve acompañada de un aumento en la desigualdad, producto de la reducción de financiamiento en programas sociales y de una atención insuficiente a instituciones clave como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

El rezago en la infraestructura hospitalaria, que se evidencia en mayor medida con la construcción del nuevo hospital en Cartago, la falta de solución a las listas de espera para intervenciones quirúrgicas y citas, la fuga y renuncia de médicos especialistas y el conflicto generado con la administración de Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebais), por parte de cooperativas, son el reflejo de la decadencia en la sistema de seguridad social.

En materia ambiental, el programa Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense cuestiona con inquietud si existe una política clara en este ámbito. Más bien, apunta a las dudas y críticas generadas entre el interés público y el privado, en casos como la tala de árboles en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. “Por ello, cuestionamos la existencia de una estrategia coherente y señalamos la pérdida de rumbo en programas tradicionalmente emblemáticos”, agrega el informe.

En el área de la infraestructura, el análisis matiza entre avances y limitaciones. El académico de la UNA indicó que existe un esfuerzo continuo por mejorar la condición de algunas vías, pero en el proceso ocurren tropiezos, como el caso de la construcción de la carretera a Limón y los problemas suscitados por las rotondas que sustituyeron los pasos a desnivel que originalmente se plantearon en el proyecto.

Lo mismo ocurre con la apertura, este año, del paso elevado en La Lima, de Cartago, que no ha estado exenta de críticas, mientras que la propuesta de un tren eléctrico, la planificación vial y la falta de atención de riesgos en carreteras y puentes que representan un riesgo real para los usuarios, según alertó el Lanamme de la UCR, están entre las tareas que registran un avance muy lento.

El panorama vuelve a tornarse crítico en materia de educación. Ante la falta de una ruta, denuncia el informe, se suma una reducción inédita en la inversión educativa, un modelo organizativo a lo interno del Ministerio de Educación Pública (MEP) discordante con las demandas actuales y la necesidad de mejorar los planes de enseñanza, para fortalecer la competitividad y el talento humano que promuevan la movilidad social.

“Luego de tres años sin tener una ruta clara, el sistema educativo se muestra estacando, con una inversión menguante y una organización desfasada, lo que compromete el futuro ciudadano”, describió Carranza.

Finalmente, el informe denota un escenario de conflictividad en el ámbito del comercio exterior tras la imposición de aranceles a las exportaciones costarricenses por parte del gobierno de Estados Unidos y la necesidad de establecer una estrategia a largo plazo.

El análisis concluye con una expectativa poco halagüeña de cara al segundo semestre del año: “A menos que se realicen esfuerzos deliberados por cambiar el rumbo, todo indica que esta será la tónica que prevalecerá durante el resto del año, especialmente si el presidente continúa reforzando este clima mediante un lenguaje simbólico cargado de tensión”.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

SURCOS comparte la presentación utilizada en la exposición del análisis: descargar aquí.

Estilo de gobierno obstaculiza acuerdos para avanzar en política social

  • La inversión social pasa a ser un elemento subsidiario dentro de las políticas del actual Gobierno.

  • En campos como el educativo y el ambiental no existe una ruta hacia una política clara y efectiva. Hay avances en infraestructura, pero se debe acelerar el paso en proyectos claves.

UNA Comunica. 12 de setiembre de 2024. El lenguaje autoritario, el estilo centralizado en la figura del Presidente y la constante confrontación con otros Poderes de la República e instituciones son un lastre para avanzar en la propuesta de soluciones de política social vinculados a educación, seguridad, ambiente y poblaciones vulnerables.

El Programa Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense, de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional (UNA), da cuentas de la realidad que atraviesa el país, cuando ya el Gobierno ha consumido más de la mitad de su gestión, que finaliza en mayo de 2026.

Bajo el título Un país en conflicto: las diferencias sustanciales entre Poderes de la República, el análisis enfatiza en que las divisiones del Poder Ejecutivo se han acrecentado ante instituciones como la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, la Contraloría General de la República, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Defensoría de los Habitantes y las universidades públicas.

Una muestra evidente de ello, de acuerdo con Carlos Carranza, coordinador del Programa, es el uso de un lenguaje duro y estigmatizante, para referirse a aquellas personas a quienes el presidente Rodrigo Chaves considera sus opositores políticos.

Eso lo hace verse como persona lejana a la negociación y con una hiper centralización de las decisiones de política pública que provienen desde Zapote. “Mantenerse firme en sus posiciones es parte de la estrategia presidencial, donde la interpelación es directa y con muy pocas posibilidades de poder alcanzar acuerdos”, manifestó Carranza.

El estilo empleado busca achacar a la Asamblea Legislativa la responsabilidad en el estancamiento de las soluciones y en la tardanza en la aprobación de proyectos de ley, más aún en un periodo donde los esfuerzos del gobierno se han centrado en impulsar el proyecto de la Ley Jaguar y en debilitar a la Contraloría.

En el caso del Poder Judicial, las críticas se dirigen hacia sus distintas instituciones: desde la Corte Plena, hasta la Sala Constitucional y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

En este contexto, el estudio determina que se ha instaurado un modelo económico, “donde la inversión social pasa a ser un elemento subsidiario dentro de la lógica de las políticas de Gobierno”.

Aunque desde el Ministerio de Hacienda se han hecho esfuerzos por reducir el déficit fiscal, no existe una estrategia clara que permita establecer objetivos concretos. Al respecto, Carranza hizo un llamado para que los equilibrios financieros por los que ha apostado la actual Administración, no dejen de lado un adecuado nivel de desarrollo en política social.

“La deuda que existe hacia los sectores con menos acceso a oportunidades es mayor y tendrá repercusiones en los próximos años, no solo con un apagón educativo, sino con una parálisis de una parte del sistema educativo y social”, indica el análisis.

Lo anterior hace que el Gobierno esté incumpliendo con acuerdos y metas establecidos a nivel del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de la cual el país es parte.

Lupa en sectores

En el campo de la educación, se destaca que existen vacíos relevantes en la definición de una ruta clara hacia una política en esta materia. Problemas en la reinserción escolar, la falta de formación de personal académico, el retraso en la introducción de nuevas tecnologías para el proceso de enseñanza y el poco fomento de la lectura, son parte de los síntomas que se están percibiendo.

A esto se suma los problemas en la implementación de una estrategia hacia el bilingüismo y la reducción constante en los recursos que se destinan a financiar la educación pública, y que abarca la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

En cuando a la política ambiental, el informe recoge la contradicción entre las promesas del gobierno de Rodrigo Chaves y las acciones que pone en práctica. En términos generales, acusa la ausencia de una política ambiental, las situaciones de contaminación de agua que ha afectado a comunidades enteras y el uso de plaguicidas y pesticidas en cultivos.

A esto se suma el interés del Poder Ejecutivo por debatir acerca de la minería a cielo abierto y la pérdida de un crédito con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para financiar las obras del proyecto Orosi II, que solucionaría los problemas de abastecimiento de agua potable en la Gran Área Metropolitana.

“El país se encuentra en una situación crítica que refleja la negligencia y el desinterés de las instituciones nacionales de proteger el medio ambiente y gestionar los recursos naturales”, indica el análisis.

La inseguridad, principal preocupación de los costarricenses muestra indicadores preocupantes, con 406 crímenes que el OIJ ha vinculado con el crimen organizado y con el asesinato de 40 mujeres, de las cuales, 14 se han catalogado como femicidios.

Para este análisis de coyuntura, los académicos de la UNA hicieron una evaluación de la situación actual de las personas adultas mayores. Al respecto, se destaca que el acelerado proceso de envejecimiento al que se enfrenta el país se produce por el aumento de la esperanza de vida al nacer y la disminución en los niveles de fecundidad.

En ese entorno, persiste la violencia contra adultos mayores en sus diferentes manifestaciones y la necesidad de asegurar el acceso a una pensión digna en favor de esta población.

Asimismo, se hace una llamada de atención para que el Estado no descuide la atención de la niñez y adolescencia, a la luz justamente de la política nacional que rige la materia. Particularmente, se hace énfasis en la exclusión de esta población en los territorios indígenas.

En cuanto a temas de infraestructura, el informe reconoce que ha existido continuidad en el impulso de algunas obras, pese al cambio en la jerarquía del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Sin embargo, insta a que se avance de manera más decidida en proyectos clave como la carretera a San Carlos, por ejemplo.

Puede descargar el estudio completo en formato PDF desde este enlace.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica