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Etiqueta: Programa de Afectividad y Sexualidad Integral

Defensoría recomendó al MEP revertir decisión de eliminar Programa de Afectividad y Sexualidad Integral

La Defensoría de los Habitantes emitió un informe final con recomendaciones donde solicitó al Ministerio de Educación Pública (MEP) revertir la decisión de eliminación del Programa de Afectividad y Sexualidad Integral y calificó como “un retroceso en la garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia” la decisión adoptada por el Consejo Superior de Educación (CSE) el pasado 16 de enero de 2025, mediante el acuerdo AC-CSE-SG-24-03-2025.

La Defensoría de los Habitantes sostiene que las propias instancias técnicas del MEP concluyeron que el nuevo Programa de Educación para la Paz y la Convivencia no reemplaza ni cumple con los objetivos del programa eliminado y que estuvo vigente desde el año 2013, al ser excluidos contenidos claves como salud sexual, diversidad, identidad de género y derechos sexuales y reproductivos.

El informe destaca que la educación integral en sexualidad es un derecho humano reconocido por órganos internacionales como el Comité de Derechos del Niño, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación. La supresión del programa contraviene compromisos internacionales asumidos por el Estado costarricense.

Las recomendaciones dirigidas al ministro de Educación Pública y presidente del Consejo Superior de Educación van desde la reactivación de dicho Programa derogando el acuerdo antes mencionado. Una vez restablecido, valorar su revisión, evaluación periódica con respaldo de criterios técnicos, basados en un enfoque en derechos humanos, promoviendo una participación plena del estudiantado y personal docente en dicha revisión y actualización.

Cualquier cambio en los programas educativos deben estar respaldados por estudios técnicos que evalúen sus posibles efectos en la salud, derechos humanos y desarrollo de las y los adolescentes. Para tal efecto es necesario e indispensable

Involucrar a personas expertas y organizaciones de derechos humanos en la toma de decisiones, con el fin de garantizar el respeto a los derechos de las personas menores de edad, con estándares internacionales y de cumplimiento de mejores prácticas”, dijo esta mañana la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert.

Para la Defensoría es fundamental promover la participación de la comunidad estudiantil adolescente, fomentando espacios de diálogo y participación para que las y los adolescentes y jóvenes expresen sus necesidades y expectativas respecto a su educación en sexualidad y afectividad, así como la formación de docentes para que puedan abordar estos temas con sensibilidad, respeto y conocimiento.

Adicionalmente la Defensoría recomendó al ministro de Educación monitorear y evaluar continuamente los programas, implementando mecanismos de seguimiento para asegurar que las acciones educativas sean efectivas y respeten los derechos de las y los jóvenes. En el informe, la Defensoría exhorta al MEP y al CSE respetar las recomendaciones de organismos internacionales que instan a mantener la educación sexual integral como componente obligatorio del currículo educativo y que lo reconocen como un derecho humano. También exhorta al Ministerio de Educación Pública a actuar con responsabilidad, transparencia y respeto al marco jurídico nacional e internacional.

Las recomendaciones están sustentadas en el principio de progresividad y no regresividad de los derechos humanos reconocido en instrumentos internacional de derechos humanos. Su eliminación podría aumentar los riesgos de discriminación, exclusión y violencia, especialmente hacia estudiantes LGBTIQ+, así como adolescentes madres, personas migrantes, indígenas, con discapacidad y podría incrementar las estadísticas de embarazos en adolescentes y enfermedades de transmisión sexual.

Instituto de Estudios de la Mujer de la UNA alerta sobre retroceso en educación y derechos humanos

UNA Comunica. 27 de enero de 2024. El Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) de la Universidad Nacional (UNA) manifiesta su profunda preocupación ante la reciente decisión del Consejo Superior de Educación de eliminar los Programas de Estudio de Afectividad y Sexualidad Integral, así como el Protocolo de Atención de Bullying contra la población LGTBIQ+. Estas medidas representan un retroceso significativo en la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia y arriesga importantes avances en salud sexual, prevención de la violencia, promoción de la igualdad y atención de la discriminación.

Desde su implementación, estos programas han sido herramientas esenciales para el desarrollo integral de las juventudes, al abordar temas clave como: cambios biológicos y psicológicos de la adolescencia, diversidades sexo-genéricas, prevención de la violencia basada en género y violencias sexuales, salud sexual y reproductiva, que incluye la educación sobre métodos anticonceptivos e infecciones de transmisión sexual y protocolos claros para prevenir y abordar el bullying por orientación sexual o identidad de género.

La decisión de eliminar estos contenidos contradice las recomendaciones de las altas instancias internacionales en derechos humanos y la normativa vigente en Costa Rica como la Convención CEDAW, la Convención Belém do Pará y la Convención Americana de Derechos Humanos.

El Programa de Afectividad y Sexualidad Integral ha demostrado su eficacia en la reducción de embarazos adolescentes. Según el informe Estado de la Nación de 2022, la tasa de nacimientos en adolescentes disminuyó de un 19% en 2012 a un 9% en 2021, un “logro país que debemos cuidar”, según resalta el documento. De igual manera, el Protocolo de Atención de Bullying ha sido un pilar clave para combatir la discriminación, el bullying y la violencia que enfrentan las personas jóvenes LGTBIQ+, garantizando un ambiente educativo más inclusivo y seguro.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) justificó estas decisiones bajo la premisa de que la educación sexual es responsabilidad primaria de las familias y que el programa tenía un enfoque “erótico” inapropiado. Sin embargo, estas afirmaciones no están respaldadas por evidencia concreta y parecen ignorar el impacto positivo de los programas en el bienestar y la formación de las juventudes.

La ausencia de educación integral en sexualidad y la eliminación de protocolos específicos expone a las personas jóvenes a mayores riesgos de abuso sexual, relaciones impropias y otras formas de violencias por razones de género, discriminación y embarazos no deseados. Además, debilita el reconocimiento y garantía de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres, niñas, adolescentes y personas LGTBIQ+, lo que perpetúa las desigualdades estructurales en nuestra sociedad.

Instamos al Consejo Superior de Educación y al MEP a reconsiderar estas decisiones y garantizar que los programas educativos contemplen una formación integral, así como protocolos inclusivos que preparen a las juventudes para enfrentar los desafíos del presente y el futuro en el marco de las obligaciones internacionales de derechos humanos y los estándares de las instancias correspondientes como la Corte IDH y el Comité CEDAW.

La educación sexual y afectiva no es un adicional, sino un derecho fundamental que contribuye a la construcción de una sociedad más igualitaria, justa y libre de violencia y el Estado de Costa Rica tiene la obligación de reconocerlo y garantizarlo.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica