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Etiqueta: propiedad intelectual

¿De quién son las semillas? La disputa por nuestro patrimonio agrícola

Escrito en . Publicado en Alimentación.

«La semilla no es un insumo industrial intercambiable ni una mercancía sujeta a patentes exclusivas; es un patrimonio vivo biocultural, una promesa de porvenir que pertenece a los pueblos que la han custodiado por milenios».

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado UCR y UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)
biodiversidadcr@gmail.com

A propósito del reciente informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre los derechos de los campesinos; un análisis sobre la alarmante privatización de los recursos fitogenéticos, la criminalización de la agricultura familiar y la urgencia de blindar nuestra soberanía alimentaria.

Casi la totalidad de los alimentos que sostienen a la humanidad provienen de una estructura milagrosa e invisible para los centros urbanos: la semilla. Históricamente, esta ha sido entendida como un legado ancestral y un patrimonio colectivo o res communis.

Las reflexiones y denuncias desarrolladas en el presente análisis se basan principalmente en los hallazgos vertidos en el informe de la Organización de las Naciones Unidas titulado «El derecho a las semillas: custodia, privatización y resistencia» (2026), emitido por el Grupo de Trabajo sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales.

Este trascendental documento examina de manera crítica las presiones globales que menoscaban el libre uso de los recursos fitogenéticos de cara a los próximos años.

Hoy, la gobernanza global de las semillas afronta una encrucijada existencial debido a la colisión de dos paradigmas incompatibles. Por un lado, se encuentra la visión que la asume como un bien común biocultural indispensable para la biodiversidad y la soberanía alimentaria.

Por el otro, opera un agresivo modelo mercantil que la reduce a un objeto de propiedad intelectual exclusiva y de control corporativo. La balanza se ha inclinado peligrosamente hacia la privatización, amenazando la base misma de la seguridad alimentaria planetaria.

Las dimensiones de este monopolio agroindustrial son descomunales. El mercado mundial de semillas ha alcanzado un valor aproximado de 81.000 millones de dólares en este año 2026.

Apenas cuatro corporaciones transnacionales (Bayer, Corteva, Syngenta y BASF) controlan más de la mitad de este mercado global. Suman un 70% de control si se mide a las diez empresas más grandes del sector.

Esta concentración oligopólica ha configurado un entramado normativo internacional encabezado por el Acta de 1991 del Convenio UPOV. Dicho marco presiona a los Estados para imponer certificaciones de homogeneidad y pureza varietal pensadas exclusivamente para la industria.

Los requisitos burocráticos resultan inalcanzables para las variedades tradicionales de los agricultores. Estas son intencionadamente dinámicas y heterogéneas para poder adaptarse al entorno ecológico local. Al amparo de estas leyes asimétricas, las semillas criollas se vuelven legalmente invisibles y privan a las comunidades de apoyo.

El verdadero rostro de este cercamiento biológico es la creciente criminalización de las prácticas agrícolas ancestrales. Custodiar, volver a sembrar, regalar o vender el excedente de la propia cosecha en los mercados locales son actividades consuetudinarias bajo ataque.

Hoy estas prácticas se persiguen penalmente mediante la tipificación de delitos contra la propiedad industrial. El informe de Naciones Unidas documenta sanciones de entre 3 y 15 años de prisión en países como Ghana, Japón o Filipinas por el simple intercambio tradicional.

Incluso dentro de la Unión Europea se registran condenas de prisión condicional y multas de 100.000 euros contra productores locales a petición de gigantes como Syngenta. Vigilados mediante drones, marcadores moleculares e imágenes satelitales, los campesinos enfrentan una persecución asimétrica. Este hostigamiento destruye su autonomía económica y los empuja al endeudamiento crónico mediante la compra obligatoria de híbridos comerciales.

A esta ofensiva legal se suma la amenaza de la biopiratería digital en la era de la biotecnología. A través de la desmaterialización de los recursos fitogenéticos, las transnacionales acceden a secuencias genéticas digitales de variedades criollas depositadas en bases de datos en línea.

Utilizando técnicas avanzadas de edición génica como CRISPR, las empresas patentan estos caracteres biológicos específicos. Lo hacen sin necesidad de manipular la semilla física y eludiendo las obligaciones de distribución de beneficios.

Esta preocupante desregulación biotecnológica genera riesgos de contaminación transgénica irreversible sobre las variedades autónomas por flujo de polen. Esto ya ocurre con un tercio del maíz criollo en el semiárido brasileño. Además, expone a los agricultores a demandas judiciales si sus parcelas resultan contaminadas accidentalmente por patentes corporativas.

Frente a este escenario adverso, la/os agricultora/es rurales se erigen como la/os principales guardiana/es del patrimonio genético de la humanidad. Como custodia/os y seleccionadora/es histórica/os en los graneros domésticos, la/os campesina/os defienden los sistemas tradicionales de semillas.

Estos sistemas de semillas tradicionales suministran entre el 70% y el 90% de lo que se siembra en la gran mayoría de los países en desarrollo.

Estas variedades autóctonas conservadas in situ poseen una resiliencia climática ante sequías infinitamente superior a la de los híbridos industriales homogéneos. La diversidad de cultivos constituye el único seguro ecológico real frente a las crisis de mercado y el calentamiento global.

Por ello, las luchas campesinas que logran derogar leyes restrictivas marcan la ruta de la resistencia soberana. Así lo demuestra la anulación de la «Ley Monsanto» en Honduras o el fallo histórico en Kenia que dictaminó que compartir semillas no es un delito.

Costa Rica se encuentra plenamente expuesta a este complejo engranaje de asimetría legal y tensiones regulatorias. A partir de los compromisos derivados del TLC y la consiguiente adhesión al Acta de 1991 de la UPOV, el país promulgó la Ley de Protección de Obtenciones Vegetales (Ley N.º 8631).

Este marco punitivo otorga derechos exclusivos de propiedad industrial sobre las variedades comerciales y restringe el uso de material nativo. Al mismo tiempo, bajo la Ley N.º 6289, la Oficina Nacional de Semillas ejerce potestades de fiscalización draconianas.

El órgano exige criterios de distinción, homogeneidad y estabilidad comercial que resultan incompatibles con la naturaleza evolutiva de las semillas criollas. En consecuencia, el libre intercambio, trueque o venta local de excedentes fuera de este control corporativo queda expuesto a la ilegalidad, el decomiso de material fitogenético y severas sanciones administrativas.

Esta desprotección fáctica se ha visto agravada por las graves omisiones de la política agroalimentaria del país. El recién formulado Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2026-2035 ha dejado por fuera de sus directrices operativas el resguardo de la agrobiodiversidad local frente a los oligopolios biotecnológicos.

Al ignorar de forma sistemática la soberanía alimentaria, el Estado costarricense delega la custodia fitogenética en los Santuarios de Semillas Criollas. Estas redes, de forma autónoma y desde la resistencia civil organizada, constituyen la única trinchera real para evitar que nuestra riqueza biológica sea capturada por patentes extranjeras.

Costa Rica debe mirarse con urgencia en este espejo multilateral y asumir las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo de la ONU. El Estado está obligado a armonizar su marco jurídico con el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos.

Debe reconocerse el derecho inalienable a conservar, multiplicar y vender semillas de fincas, eximiendo a los sistemas tradicionales de las certificaciones corporativas.

Es un imperativo ético rechazar las presiones internacionales para endurecer las patentes biológicas y robustecer las leyes contra la biopiratería. Se requiere reorientar el presupuesto de investigación hacia la agroecología, las ferias locales y los bancos de semillas comunitarios.

En la jerarquía del derecho internacional, los derechos humanos a la vida y a la alimentación deben prevalecer sobre cualquier acuerdo comercial de propiedad intelectual.

Defender la pureza, la libre circulación y el carácter sagrado de nuestras semillas criollas no es un asunto menor.

Es la trinchera fundamental para garantizar que la mesa de las futuras generaciones dependa de la fertilidad de nuestra tierra y no de las decisiones tomadas en la junta directiva de una corporación.

El día que Ramiro perdió su empresa (sin quebrar)

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Welmer Ramos González

Cuando vender más fue el principio del fin

Esta historia es real. Esperaba en la acera a que vinieran por mí y se me acercó un hombre que se presentó se llama Ramiro, era una tarde fría de diciembre —un día que debía ser alegre, pero que terminó lleno de congoja y rabia. Me contó que le habían ido quitando el negocio de la familia sin que, en el papel, paulatinamente sin que pareciera una quiebra. Con ello se le fue la ilusión de toda una vida. Ramiro es un hombre bueno: trabajador, honrado, inteligente, profesional e ingenioso. Pero aquella temporada lo dejó contra las cuerdas.

El negocio empezó con la receta de la abuela, un secreto de familia para elaborar y hornear galletas. Al principio las vendían en dos pulperías del barrio. Diez años después, cuando el abuelo perdió el trabajo, apostaron por el negocio: ampliaron el horno, pusieron marca, compraron un carrito repartidor. Los hijos se metieron al negocio, y las galletas “Los Abuelos” ya se vendían en todo el país.

El secreto no era solo la receta, era el cariño: el sabor, la textura, la presentación… todo tenía algo distinto.

“Usted las ha probado”, me dijo Ramiro con un orgullo que dolía. “Y todo eso me lo robó el Supermercado Mastodonte”.

Su cliente más grande, la cadena que lo hizo soñar con crecer, ya no le compraría más.

“Van a hacer mis galletas en El Salvador —me dijo— con mi receta, mi forma, mi empaque… y fui yo, ingenuamente, quien les dio todos los secretos. Caí a punta de engaños, presiones y mentiritas, sin darme cuenta”.

“Me robaron, y yo metí al ladrón en la casa”, dijo con la voz quebrada y la mirada húmeda.

Mientras me contaba, respiraba profundo, botando el aire despacio, como si quisiera apagar un fuego que le quemaba por dentro.

Le sugerí hablar otra vez con la gerencia del Mastodonte; me respondió seco:

“Ya lo intenté, no sirve. Me dijeron que no fue un robo de mi producto, que es que el precio no les sirve y que ahora ellos saben fabricarlo idéntico, que eso es estrategia y cumplimiento de metas. Así lo llaman ellos.”

La gerente me dijo: ‘Ramiro, lo lamento, así es el mercado’, y se puso de pie para que yo me retirara”.

Cuando Ramiro se despidió, me dio la mano con fuerza. Yo se la apreté y lo abracé.

Al verlo salir, el día pareció volverse más frío.

¿Quién dice que diciembre siempre es alegre?, pensé.

Cuando la marca Los Abuelos entró como proveedor de la mundialmente conocida cadena de supermercados Mastodonte, Ramiro estaba feliz. Sus ventas se triplicarían; con suerte, lo meterían en todos los formatos de la cadena, y así ocurrió. Entonces invirtió: amplió la planta, compró maquinaria, contrató más gente, consiguió certificaciones y se endeudó. Valía la pena: creía tener mercado seguro.

Pero lo que parecía apoyo fue una trampa. Durante meses, los ejecutivos del Mastodonte venían “a revisar la calidad”. En realidad, querían saberlo todo: la receta de cada producto, cuánto producía, cuál era su deuda, a qué precio vendía a los demás comercios; hasta capacitaron a su personal clave. Sonreían todo el tiempo.

Después de dos años y medio vino el golpe. Le exigieron bajar precios drásticamente “para garantizar que aquí estén los precios más bajos del país”. No era negociación:

“Usted debe garantizarnos un margen neto del 30%, además de un descuento del 10% por volumen. Y ojo: si encontramos a alguien vendiendo más barato que nosotros, le descontamos un 20% de sus facturas pendientes. Somos su mayor comprador; debe sernos leal”.

Así operan. Con los precios que le impusieron, la fábrica vendía por debajo del costo. Una y otra vez le dijeron: “Con nosotros usted logra volumen de producción, y con los demás usted debe sacar rentabilidad”. Pero con una relación tan desigual, nunca pudo. La cadena Mastodonte siempre puso precios de ruina.

El caso de Ramiro no es único. Es el modelo. Grandes cadenas mundiales han construido su poder con políticas de compra depredadoras que destruyen al comercio nacional —la competencia— y les succionan las finanzas a las pymes, y a las no tan pymes.

Ofrecen precios iguales o más bajos que los de la Feria del Agricultor, pero no porque ganen menos; lo hacen porque imponen al productor condiciones ruinosas. Sostienen su imagen de “precios bajos todos los días” a costa del pequeño.

Detrás de cada “oferta imbatible” hay un proveedor que asumió el costo y sufre la extracción de su ganancia justa.

A los proveedores les exigen condiciones que asfixian: precios ridículamente bajos, exclusividad en las presentaciones de mayor venta, certificaciones que ellos mismos cobran, pagos a 90 días (con descuentos de facturas, si quieren cobrar antes). Cobran por cabeceras de góndola, por usar su centro de distribución, por “visibilidad”.

Y mantienen la política de “conozca a su proveedor” para saber qué tanto depende el productor de ellos: si un proveedor vende más del 30% o el 50% por medio de la cadena, lo tienen del cuello. Si lo sacan de los anaqueles, la empresa no aguanta.

Cuando alguien depende para sobrevivir, acepta cualquier condición. Incluso fabricar el mismo producto para la cadena, con otra marca —“Masrico”—, al costo o peor.

Ramiro me confesó:

“Con el precio que me impusieron, no salgo; estamos perdiendo hace rato. Me metí en la trampa. Soy un fracaso”.

Se le quebró la voz.

Dijo que su papá le advirtió: “No te metas en inversiones grandes solo por un cliente; vende según tu capacidad”.

Pero la promesa de crecer pudo más.

“¿Qué podía hacer? —me dijo— soy buena gente; quería dar trabajo”.

Yo, que lo escuchaba, sentí gran angustia. No atiné más que pedirle a Dios que iluminara a Ramiro.

La tarde se había enfriado, la llovizna apagó el sol. Cuando se fue Ramiro, la llovizna me cayó en los ojos también.

Estas prácticas exprimen a las pymes hasta dejarlas raquíticas. No las dejan crecer, destruyen al comercio local, concentran la riqueza, frenan el empleo y disminuyen la inversión productiva en el país. Las utilidades salen del país y se van a la casa matriz; aquí queda la ruina.

Cada empleo que crean estas cadenas puede destruir varios en agricultura, industria, transporte y servicios. Lo que parece eficiencia es, en realidad, concentración monopólica y extractivismo comercial dentro del mercado nacional.

Ramiro no esperaba que el gobierno arreglara su vida, pero sí cree que el país necesita reglas. Entre otras cosas, hace falta:

Regular la penetración y el poder de mercado de las grandes cadenas, como hacen en varios países de Europa, para proteger la competencia y al pequeño comercio.

Restituir derechos de propiedad intelectual cuando las pymes ven sus productos copiados y reetiquetados por la cadena —en suma, robados—.

Fomentar canales alternativos de comercialización: mercados locales, cooperativas y redes que devuelvan poder a los productores.

El caso de Ramiro es real, no es anécdota; es un espejo.

Muestra cómo el sistema puede devorar a quien produce con honestidad y talento.

Los que concentran el poder económico se justifican con un bostezo: “Así es el mercado”.

Pero los mercados no son dioses; son reglas creadas por la gente.

Y las reglas se pueden cambiar.

Dos años después, encontré a Ramiro y nos saludamos con entusiasmo. Era abril y hacía sol. Me dijo:

“Ese diciembre tuve que despedir a la mitad del personal, vender los carros repartidores para pagar prestaciones y poner las bodegas a la venta para arreglar las finanzas. Logramos salvar apenas el 40% de los clientes que nos quedaban, todos pequeños y medianos, negocios que han sido fieles.”

“Perdimos el 80% del capital —me dijo—, pero vamos de nuevo. La familia sufrió, sí, pero ahora nos unimos más. Que el Mastodonte se vaya al infierno; ahora le vendemos a la gente criolla.”

Me sonrió con una mezcla de dolor y orgullo.

Y supe entonces que, aunque lo hayan dejado raquítico, no lo habían vencido. Ahora me impactaba en las emociones, pero en positivo.

Si esto sirve para que otra pyme no cometa la misma ingenuidad, si mueve a un agricultor a buscar alternativas de venta, entonces contar esta historia valió la pena.

Porque un país donde las pymes y los agricultores no pueden prosperar, se empobrece a sí mismo, aunque las góndolas estén llenas los precios que se pagan son altos, siempre.

Hablando de Inteligencia Artificial: participación del Dr. Oldemar Rodríguez Rojas en panel especializado

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Este 25 de julio de 2025 a las 18:00 horas (UTC -6) se transmitirá en vivo el panel “Hablando de Inteligencia Artificial”, con la participación del reconocido académico Dr. Oldemar Rodríguez Rojas, catedrático de la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica.

El Dr. Rodríguez ha sido galardonado con el Premio Nacional de Ciencia y Tecnología “Clodomiro Picado Twight” (2000) y la Medalla de Oro de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (Ginebra, 2004) por su destacada labor como inventor costarricense.

Cuenta con una sólida trayectoria académica: es Licenciado en Matemática Pura por la UCR, tiene una Maestría en Ciencias de la Computación y un Doctorado en Matemáticas de la Decisión por la Universidad de París PSL (Francia), así como un posdoctorado en Estadística en la Universidad de Stanford (EE. UU.). Ha ocupado puestos clave como decano, miembro del Consejo Universitario y vicerrector de Administración en la UCR.

La actividad es organizada por el Programa Alternativas, producido por el Colectivo Reflexión – Acción, y será transmitida en vivo por Facebook Live, YouTube y Spotify, además de ser retransmitida por Radio Guanacaste (106.1 FM), Radio Soberanía y Radio Revolución.

Gobierno convoca proyecto a la medida de las transnacionales semilleras

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Saca del baúl proyecto de 2008 hecho en función del TLC

Quieren aprobarlo «a la carrera» en Extraordinarias

Gobierno convoca proyecto a la medida de las transnacionales semilleras

Por la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y la Federación Ecologista (FECON), 10 de Agosto, 2015.

La iniciativa de ley: “Reforma Integral de la Ley de Semillas Nº 6289 del 4 de diciembre de 1978” tramitada bajo el expediente N° 16.098, fue convocada por el Ejecutivo después de 7 años de haber sido dictaminada en la Comisión de Asuntos Agropecuarios, de manera acelerada y sin consulta.

Este proyecto, aunque se presente como una ley de certificación, incluso de conservación de recursos fitogenéticos, es en realidad una ley que ilegaliza las semillas campesinas. Además, refuerza las medidas de propiedad intelectual para armonizarlas con las exigencias del TLC con Estados Unidos, y su fin último es facilitar la aplicación y fiscalización de la propiedad intelectual (patentes y títulos de la UPOV) sobre semillas.

Desde el inicio de su trámite legislativo, hace siete años, -en 2008-, la única organización campesina consultada fue UPANACIONAL, que se manifestó abiertamente en contra. Por otra parte, la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB), que reúne a grupos campesinos y ecologistas, expresó importantes cuestionamientos que tampoco fueron considerados, pues el proyecto ya había sido dictaminado en la Comisión.

Según la RCB esta reforma terminaría por definir a la semilla como una mercancía, con lo cual, agricultores y campesinos quedarían reducidos a “consumidores” como así se les llama en el proyecto de ley. Así, la práctica de más de diez mil años de producir la semilla propia, pasa a quedar sujeta al arbitrio de una entidad como la Oficina Nacional de Semillas o peor aún, a constituir un delito, si se quiere comercializar.

En 2015, el Gobierno pretende que se apruebe como Ley de la República, de nuevo de manera inconsulta y acelerada, sin mayor discusión y sin siquiera poner en autos a los sectores que se verían perjudicados directamente tras su aprobación. También, sin considerar que con la reciente reforma del Reglamento Legislativo, se reducen aún más los tiempos de negociación y construcción de consensos de manera transparente y participativa.

Así como está, el proyecto debería llamarse «defensa de los intereses transnacionales de las semillas», debido a que no se ocupa de la calidad de la semilla sino más bien de los intereses económicos de la industria.

Aunque parezca inaudito esta propuesta volvería ilegales las prácticas históricas de intercambiar, mejorar y comercializar semillas, si las diferentes etapas del proceso productivo no son garantizadas oficialmente según procedimientos y normas de calidad reglamentadas (definición de certificación) dándole la espalda a la pequeña producción, y pasando por encima al derecho de las y los agricultores establecidos en el llamado Tratado Internacional de la Semilla que Costa Rica ratificó en el 2006.

Al tiempo que este proyecto se impulsa, no parece casual que el INDER repartiera semillas híbridas de maíz de Monsanto, según denunciaron parceleros del cantón de San Carlos, siendo Monsanto una de la principales empresas beneficiadas por este tipo de leyes . Y, no es para menos: la organización no gubernamental, ETC Group, denuncia que seis grandes empresas (Syngenta, Bayer, Basf, Dow, Monsanto y DuPont) manejan el 59,8% del mercado de las semillas del mundo y el 76,1% de agroquímicos, de manera que, «quien controle las semillas, controlará el mayor mercado del mundo, el de alimentos», y a eso se dirige nuestro país.

El proyecto de ley comparte características básicas con otros que se han aprobado o están por aprobarse en diversos países latinoamericanos, africanos y asiáticos, a su vez, todos emulan leyes vigentes en Europa, especialmente restrictivas. Se tiende a una menor participación del Estado en los procesos productivos y se incrementa la del sector privado en aspectos de investigación agrícola, producción y comercio de semillas, limitando al Estado a un papel fiscalizador y promotor de la actividad semillerista, según la RCB.

Para la activista Eva Carazo, de la Red de Coordinación en Biodiversidad, “si el Gobierno de la participación ciudadana realmente tiene una vocación de diálogo, debería retirar el proyecto de la convocatoria a Extraordinarias y abrir un proceso incluyente en el que participen organizaciones campesinas y ecologistas, con el fin de construir un texto sustitutivo que regule las semillas sin atropellar a las y los agricultores que las necesitan y las protegen, y que las van a defender a toda costa si la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo obligan a una confrontación.”

Para el Presidente de FECON Mauricio Alvarez “Que este gobierno pretenda restringir el libre intercambio de semillas, base de nuestra cultura y soberanía alimentaria, es una agresión abierta al pueblo costarricense y su arraigo campesino. Seguir por esta ruta convertirá el “chonete y el pañuelo” en piezas de museo y en un atuendo vacío cuando juegue la «Sele».”

Las organizaciones ecologistas entendemos la necesidad de actualizar legislación y fortalecer la institucionalidad, pero eso no puede hacerse de ninguna forma a costa de los derechos de las personas agricultoras, ni limitando o poniendo en riesgo la agricultura campesina, la soberanía y la seguridad alimentaria.

 

Enviado a SURCOS Digital por FECON.

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