En Foro Institucional 2017 se analizan casos de protesta en defensa de derechos ambientales
Patricia Blanco Picado,
Periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR
La protesta social, y en particular la protesta socioambiental en Costa Rica, fue tema de análisis por parte de dos académicos de la UCR y una activista social en el Foro Institucional 2017 dedicado a la libertad de expresión, comunicación y democracia (foto archivo ODI).
La protesta social, entendida como una acción colectiva de la ciudadanía en defensa de sus derechos, ha sido una parte sustancial del país a lo largo de su historia. Sin embargo, en los últimos años el Estado costarricense ha puesto en práctica herramientas legales con la finalidad de inhibir estas manifestaciones y llevar al plano judicial estos conflictos.
«Algunos sectores, que tienen coptado al Estado, buscan intimidar, inhibir o ejercer algún tipo de presión psicológica sobre personas que en algún momento de su vida participan en una protesta social en Costa Rica», expresó el Dr. Nicolás Boeglin, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Boeglin y el Dr. Jorge Lobo Segura, docente de la Escuela de Biología de esta misma universidad, participaron con expositores en la mesa redonda «Protesta social como manifestación de la libertad de expresión», actividad organizada como parte del Foro Institucional 2017 Libertad de expresión, comunicación y democracia.
Los académicos han brindado acompañamiento técnico a organizaciones comunales en varias protestas ambientales y, por tanto, hablaron desde su experiencia personal.
«Tenemos aún medios de justicia para la resolución de confictos socioambientales», aseguró el Dr. Jorge Lobo Segura, profesor de la Escuela de Biología y uno de los expositores en el Foro (foto Laura Rodríguez).
«Los procesos de protesta socioambiental en nuestro país han sido una forma concreta de expresión de insatisfacción y de reclamo de derechos ambientales de la población y de la naturaleza, como resultado de la preponderancia de los intereses privados sobre lo social y lo natural», aseguró Lobo.
La protesta en el campo ambiental ha aumentado en la última década según cifras del Informe Estado de la Nación y se expresa mediante campañas en contra de megaproyectos mineros, hidroeléctricos, agrícolas, urbanísticos, reformas legales, la defensa del algua y temas relacionados con la región marítimo-costera.
Lobo y Boeglin coincidieron en que la criminalización de la protesta social es un hecho en Costa Rica, ya que a quienes participan en estos movimientos se les trata como delincuentes. Mencionaron varios casos recientes, entre ellos el juicio penal en el que fueron absueltos en abril pasado cinco estudiantes y un profesor de la UCR por participar en el 2012 en una marcha en defensa de la seguridad social.
Los expositores plantearon además que las manifestaciones de inconformidad social no tienen cabida en los medios de comunicación masivos y son solo tomadas en cuenta cuando adquieren gran envergadura, incidencia politica o se convierten en conflictos violentos. «Existe una enorme dificultad de los actores sociales de conseguir atención en los medios», detalló Lobo, sobre todo cuando los movimientos sociales son incipientes.
El Dr, Nicolás Boeglin, profesor de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la UCR, alertó sobre el uso de técnicas legales y mecanismos sutiles para inhibir el derecho a la protesta social y mandar una señal calra al movimiento ambientalista (foto Laura Rodríguez).
Para el biólogo, la ausencia de medios comunitarios o de prensa con alcance local «es una gravísima omisión de nuestro sistema de comunicación».
Por su parte, Boeglin explicó que en Costa Rica se ha empezado a relacionar el derecho penal y la protesta social, lo que es muy peligroso y preocupante, ya que este tipo de derecho está pensado para sancionar conductas y lograr que las sanciones sea ejemplarizantes.
«El derecho penal en ningún momento tiene que empezar a acercarse de esa manera a la protesta social. La protesta social no es más ni menos que un ejercicio legítimo en la defensa de intereses colectivos, muchos de ellos reconocidos por la institucionalidad costarricense y en una gran cantidad de leyes», afirmó el jurista.
Boeglin y Lobo mencionaron la experiencia vivida ante la demanda por injurias, calumnias y difamación interpuesta en su contra por la empresa minera canadiense Infinito Gold, que pretendía desarrollar el proyecto de minería a cielo abierto Crucitas, en Cutris de San Carlos, provincia de Alajuela.
Eva Carazo, integrante de varios colectivos sociales y expresidenta de la Federación de Estudiantes de la UCR, enfatizó que las universidades públicas tienen una responsabilidad directa con las comunidades, que requieren el acompañamiento técnico y legal ante la judialización de las protestas sociales (foto Laura Rodríguez).
«Muchos de los que participan en estas marchas -expresó Boeglin- tienen la Constitución en la mano y no entienden que un Estado haga el juego a ciertos sectores e intente sostener lo insostenible, como lo vimos en el proyecto Crucitas, donde vimos a un Gobierno actuar como vocero de una empresa canadiense».
«Eso es algo nunca visto y es profundamente indignante para quienes entendemos un poquito cómo funciona el aparato estatal costarricense», aseguró el profesor universitario.
«Estas experiencias me han mostrado lo importante del proceso de investigación, el trabajo de gabinete, el respaldo a los reclamos con argumentos científicos, técnicos o legales y la importancia de la búsqueda de caminos legales y administrativos como parte de los procesos de protesta socioambiental que ocurren a diario en nuestro país», manifestó Lobo.
La protesta para cuestionar
Las sesiones del Foro Institucional 2017 se realizan los miércoles 8 a.m. a 12 m. en el auditorio del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (Cicap) de la UCR. Las próximas sesiones son el 21 y el 28 de junio (foto Laura Rodríguez).
La necesidad de garantizar la libertad de expresión y el derecho a la comunicación deben constituirse en reivindicaciones de los movimientos sociales, opinó la activista, expresidenta de la Federación de Estudiantes de la UCR y psicóloga, Eva Carazo, quien participó en la mesa como comentarista.
Carazo reafirmó la importancia de la protesta social como procesos de defensa de derechos e hizo un llamado a cuestionarse «qué le dice la protesta a nuestra sociedad sobre el tipo de modelo depredador y de relaciones y procedimientos que tenemos disponibles para tomar decisiones y resolver los conflictos».
Indicó además que estas manifestaciones colectivas forman parte de la cotidianidad de mucha gente en nuestra sociedad y son aspectos esenciales de su supervivencia. Sin embargo, señaló, no forman parte del mundo que los medios de comunicación presentan: «llegan a los medios hegemónicos solamente como conflictos o aparecen como la nota roja o con un abordaje superficial».
Finalmente, Carazo dijo que en vez de mirar la protesta social como una amenaza, se debería analizar cómo los movimientos sociales han presionado por cambios institucionales necesarios, porque las leyes y el Estado no han funcionado en la protección de los derechos ciudadanos.
Desde varios años una marcada tendencia del aparato represivo del Estado en América Latina tiende a considerar como delincuentes y a acusar por delitos penales (desobediencia a la autoridad, bloqueo de calle, violencia callejera) a líderes comunitarios, indígenas, campesinos, ecologistas, sindicales y estudiantiles. En este informe sobre la situación de los derechos humanos en Argentina del 2012 elaborado por el CELS se lee por ejemplo que:
«El respeto por los derechos de las personas que demandan públicamente al Estado implica proteger su integridad física –responsabilidad más amplia, por otra parte, que la de “no reprimir”– y reconocer la legitimidad de estas acciones de modo que no prime el abordaje criminalizante del poder judicial, algo que en 2011 han padecido numerosos referentes sociales bajo figuras penales diversas. A la ya tradicional persecución penal por el corte de rutas se sumaron muchas otras. Incluso en algunos casos se los ha sometido a procesos en los que se pretende responsabilizarlos por las represiones que ellos mismos habían padecido. El ministro de la Corte Suprema de Justicia Raúl Zaffaroni hizo un significativo pronunciamiento público al respecto al afirmar que, a su juicio, se trata de meras contravenciones y no de delitos, salvo los casos en que una protesta ponga en riesgo o peligro la vida o la integridad física» (p. 24).
Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (véase texto) del 2015 presentó la situación de los defensores de los derechos humanos en el continente, quiénes son objeto de diversas acciones tendientes a criminalizar su labor, de la misma forma que la de sindicalistas, campesinos, ecologistas, indígenas y demás entidades sociales.
En Costa Rica, con ocasión de un conversatorio realizado en el 2013 en la sede de la Universidad de Costa Rica (UCR), se hizo ver que la tendencia observada en Chile, en Guatemala y Perú también se podía apreciar en Costa Rica (véase nota del Semanario Universidad). En junio del 2015, el Consejo Universitario de la UCR reafirmó públicamente su profundo repudio a cualquier forma de criminalización de la protesta social (véase pronunciamiento).
El sector ambiental en Costa Rica: un sector expuesto
De los diversos sectores sociales, el sector ambiental en Costa Rica es el que ha denunciado y hecho público con mayor determinación las diversas formas de intimidación de la que son a menudo objeto sus integrantes (véase nota detallada elaborada por Kioscos Ambientales / UCR del 2012). A pocos días de acaecida la muerte de un joven biólogo apasionado por la tortugas marinas, Jairo Mora Sandoval, en la playa de Moín, un artículo del 2013 del profesor Álvaro Sagot titulado «¿Es peligroso ser ambientalista en Costa Rica?» mantiene una interrogante de una sorprendente actualidad. A tres años de la muerte de Jairo Mora, nos permitimos hacer ver algunos pendientes irresueltos que plantea este caso (véase artículo publicado en Informa-tico).
Todo ello se inscribe dentro de una cuestionable deriva en la región latinoamericana, la cual, mediante diversas reformas penales, busca acercar el derecho penal a la protesta social, con la finalidad de inhibir a los ciudadanos en la defensa colectiva de sus derechos. Un reciente caso, de una muy larga lista, lo constituye el juicio en Perú contra una quincena de líderes comunitarios opuestos al proyecto minero Conga (véase nota de Pressenza).
Foto extraída de artículo de prensa del Semanario Universidad del 2015, titulado «Juez ordena juicio contra un profesor y dos estudiantes de UCR arrestados en 2012 Cinco de los seis imputados tras protesta en defensa de la CCSS del 8 de noviembre del 2012 irán a juicio».
Una peligrosa deriva discursiva de las autoridades
En años recientes, declaraciones de las máximas autoridades costarricenses denotan una deriva discursiva sumamente preocupante. El bloqueo de un puente por parte de familias campesinas desalojadas en febrero del 2016 en el Sur de Costa Rica dio lugar a una violenta acción policial, plenamente justificada, según el Presidente de Costa Rica, quién brindó declaraciones (en nuestra opinión infortunadas) sobre lo que denominó «los que buscan camorra» (véase nota de La Nación).
En octubre del 2010, su antecesora al cargo había llamado a los integrantes de la Cámara de Ganaderos de San Carlos a «ayudarla a luchar» contra sectores ecologistas, causando estupor en gran parte de las organizaciones sociales costarricenses. Nótese que esta insólita arenga presidencial nunca fue objeto de aclaración o rectificación alguna. En los meses siguientes, la misma Presidenta arremetió contra los «malos costarricenses» opuestos a la construcción en condiciones sumamente cuestionables de la denominada «trocha fronteriza»: la lectura del fallo de la Corte Internacional de Justicia en diciembre del 2015 evidenciaría cuán correcta fue la posición de las (pocas ) voces que se alzaron en contra de este ocurrente proyecto (véase declaraciones del jurista Álvaro Sagot en el programa radial Nuestra Voz de Amelia Rueda) (Nota 1).
En el caso del cuestionado proyecto minero Crucitas, apoyado por las autoridades costarricenses sin mayor reserva, muchas e interesantes coincidencias se dieron: por ejemplo, el segundo día de una memorable audiencia en la Sala Constitucional en noviembre del 2009 coincidió con la publicación de un artículo titulado «La mayor amenaza ambiental – El dragado del río San Juan afecta el río Colorado y los humedales» suscrito por dos asesores del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica en La Nación del 18.11.2009; la misma lluviosa tarde del 24 de noviembre del 2010 en la que el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) daba a conocer el portanto de su sentencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores convocaba a una reunión de organizaciones ecologistas sobre el dragado efectuado por Nicaragua en Isla Portillos.
Muertes de ecologistas e impunidad rampante
Con relación a los casos de asesinatos de ecologistas en Costa Rica, en los que el aparato represor estatal se destaca por su ineficacia, leemos en el informe elaborado a raíz de su visita a Costa Rica en el 2013, que el experto independiente de Naciones Unidas sobre Ambiente y Derechos Humanos, John Knox, había recomendado a las autoridades que:
«El Gobierno considera que las iniciativas tales como las comisiones de la verdad son innecesarias en un Estado que tiene un fuerte poder judicial, como es el caso de Costa Rica. Sin embargo, incluso la mejor de las judicaturas solo puede conocer de los casos que se le presentan. Por lo general no está facultada para estudiar los cuadros de amenazas y actos de violencia durante un período prolongado y formular recomendaciones para hacerles frente, lo que sí hacen las comisiones de investigación independientes».
(Véase informe A/HRC/25/53/Add.1 del 8 de abril del 2014, pocamente divulgado por las autoridades de Costa Rica, y reproducido en este enlace de DerechoAlDia, punto 57).
Al conmemorarse un año de la muerte de la líder indígena hondureña Berta Cáceres, el clima prevaleciente de impunidad en este caso recuerda mucho el de ecologistas asesinados en Costa Rica (Nota 2).
La protesta social ante los tribunales penales: un ejemplo reciente
Recientemente concluyó (con la desestimación de la causa penal) un vergonzoso caso en Costa Rica en el que estaban acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) profesores y estudiantes de la UCR: ¿su «delito»? El haber participado activamente en una marcha en noviembre del 2012 en defensa de una entidad pública insigne en Costa Rica, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Parte de las supuestas «pruebas» presentadas por la FGR se basaron en testimonios de los mismos integrantes de las fuerzas de seguridad, exhibiendo una peligrosa deriva que han usado los aparatos represivos en Chile, Honduras, Perú y Guatemala (véase nota de Teletica del 22 de mayo del 2017). En esta otra nota publicada por NODAL (Argentina) en el 2015, se lee que: «El 08 de noviembre de 2012 finalizó con la detención ilegal de 35 personas, de las cuales 1 persona fue presentada esa misma noche en el Juzgado de Flagrancia y fue absuelta una semana después; al menos 10 personas fueron presentadas en el Juzgado Contravencional donde fueron juzgadas y declaradas libres de toda culpa, sin embargo 5 de estas personas agredidas y detenidas injustamente hoy enfrentan juicios políticos en su contra con cargos penales por sólo el hecho de estar en la manifestación por la defensa de la CCSS ese día».
Nótese que la FGR se muestra muy presta para acusar penalmente a manifestantes que exigen el respeto a sus derechos, pero se muestra mucho menos eficiente a la hora de acusar a funcionarios públicos responsables de graves irregularidades: en este artículo del 2012 sobre la insensatez del desarrollo inmobiliario en Guanacaste y el repudio de las comunidades a esta política, se lee que: «Gadi Amit, dirigente de la organización Confraternidad Guanacasteca, dijo que parece mentira, pero a pesar de todas las irregularidades comprobadas, ninguno de los funcionarios corruptos ha sido llevado a la justicia. Los únicos que fueron acusados penalmente son los compañeros de Sardinal que fueron detenidos por la policía en las manifestaciones contra el acueducto. Cuatro miembros del comité de defensa del agua de Sardinal fueron sobreseídos, pero otros cuatro, por inadecuada asesoría legal, se declararon culpables y fueron condenados a una multa, añadió».
La protesta social ante un debate público
En el marco del Primer Foro Inter-Institucional del 2017 de la UCR titulado Libertad de Expresión, Comunicación y Democracia (véase nota con programa completo y formulario de inscripción editada por Surcos Digital), una mesa redonda será dedicada al tema de la protesta social en Costa Rica, analizando la situación de quiénes, Constitución en mano muchas veces, claman por el respeto a sus legítimos derechos ante la sinrazón estatal y la voracidad de algunos sectores a los que poco interesa el bienestar de una comunidad y los recursos naturales que las rodean (y mucho menos los derechos que los asisten).
También se abordarán algunas figuras legales en materia penal que, de manera más sutil, buscan inhibir e intimidar a quiénes alzan la voz en Costa Rica. En esta nota de Radio Mundo Real (Uruguay) del 2010 sobre un juicio por presunta difamación contra el líder comunitario y sindical Carlos Arguedas por parte de una empresa piñera operando en Siquirres, se lee que:
«Como ser humano, como cristiano y como padre de familia que tengo mis retoños dándome muchos nietos, no estoy en condición de permitir que esta empresa quede impune ante tanto daño a la comunidad”, señala Arguedas en su misiva dirigida a las comunidades de El Cairo, Luisiana y La Francia».
En este enlace de FECON se detallan los daños causados a la comunidad por parte de la empresa piñera. En siete ocasiones, los abogados de la empresa piñera no se presentaron a las audiencias convocadas por el juez penal, y Carlos Arguedas falleció en el 2011 sin que el juicio reanudara.
La «técnica» consistiendo en ausentarse de audiencias por parte de empresas que demandan a personas se volvió a verificar cuando la empresa minera canadiense Infinito Gold acusó penalmente en el 2011 por presunta difamación a un lider comunitario, a dos profesores universitarios y a dos diputados. En un artículo de opinión suscrito por tres de los acusados titulado «Audiencias con el Infinito: ausencias…», se lee que:
«los suscritos quisiéramos hacer ver que estas ausencias repetidas nos impiden, en el marco de una audiencia, demostrar ante el sistema judicial costarricense que lo expresado por cada uno de nosotros tiene amplio asidero probatorio, motivo por el cual no encontramos razón alguna para retractarnos». De igual manera, nos impide hacer ver a los jueces que, lejos de “engañar al pueblo de Costa Rica en forma canallesca”, o de tener alguna animadversión particular que califique como “animus difamandi” para con la imagen de la empresa querellante (tal como lo indican estas demandas en nuestra contra) nuestra conducta siempre buscó desmenuzar, con base en el conocimiento técnico, científico y jurídico, aspectos del discurso de las autoridades de turno y de la empresa que buscaron minimizar muy convenientemente».
A continuación, remitimos el lector al programa del foro que tendrá lugar sobre la protesta social este próximo 14 de junio del 2017 en la sede central de la UCR Rodrigo Facio:
Cuarta Mesa Redonda, miércoles 14 de junio del 2017, 10:30 a.m. a 12:30. Auditorio CICAP, UCR
“Protesta social como manifestación de la libertad de expresión”
Primera exposición: Dr. Jorge Lobo Segura, Catedrático Escuela de Biología, UCR
Segunda exposición: Dr. Nicolás Boeglin Naumovic, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, UCR
Comentarista: Licda. Eva Carazo Vargas, investigadora, Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE), UNED
Moderador: Dr. Jorge Blanco Roldán
El debate se da en momentos en que el juez constitucional costarricense exhibe una regresión total al no querer reconocer más el derecho a la participación ciudadana en materia ambiental como un derecho humano fundamental (véase nota del Semanario Universidad de febrero del 2017 así como breve nota nuestra publicada en ese mismo sitio). Sobre este mismo retroceso de la justicia constitucional, un reciente artículo de opinión del Profesor Jorge Cabrera publicado en mayo del 2017 detalla la inconsistencia de esta línea jurisprudencial con los esfuerzos a los que Costa Rica participa en el plano regional e internacional.
Foto de protesta frente al Ministerio de Salud por intento de legalizar valores de bromacil en el agua potable en Siquirres, 2008. Foto de nuestro archivo personal. Sobre esta insólita propuesta de las autoridades sanitarias, véase artículo de Gabriela Cuadrado, «Legalización de la contaminación de aguas para consumo humano (caso del diurón y el bromacil)», Ambientico (UNA), Número 177, 2008, pp.11-12.
— Notas —
Nota 1: En este análisis del fallo de la CIJ, se incluye el listado de las pocas organizaciones sociales que criticaron en su momento las condiciones en las que se efectuaron los trabajos de construcción de este proyecto. Por tratarse de entidades que desafiaron abiertamente a las autoridades de la época, en un clima hostil ante cualquier crítica a la denominada “trocha”, merecen ser mencionadas, recordadas y reconocidas: Arte por la Paz, Asociación Ambiental del Norte de San Rafael de Heredia (Conceverde), Asociación Conservacionista Yiski, Comité Bandera Azul Ecológica de San Miguel de Santo Domingo, Comité Cívico de Cañas, Confraternidad Guanacasteca, Movimiento Patriótico Juanito Mora, Palabra Cero y la Unión Norte por la Vida (UNOVIDA) (véase texto de comunicado colectivo).
Nota 2: Véase nuestro breve artículo publicado en el medio digital Contexto.cr, titulado: «A un año del asesinato de Berta Cáceres: impunidad campante». Nótese que para la conmemoración del cuarto año de la muerte de Jairo Mora Sandoval (finales de mayo del 2017), no se oyó de alguna actividad que haya dejado rastro en la red.
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Según la Base de Datos de Acciones Colectivas en Costa Rica, durante el mes de abril «se contaron un total de 23 acciones colectivas, representado la cantidad más baja de los primeros cuatro meses del 2017. Los temas laboral y ambiental concentraron los principales nudos de protesta durante el periodo.
En el primer caso, fueron los oficiales de la policía penitenciaria y judicial los que reclamaron condiciones laborales. En el segundo caso, los reclamos giraron en torno a la expansión de la producción en monocultivos y sus efectos sobre las comunidades y a la ley de bienestar animal y el maltrato contra estos».
Comunicado del Colectivo del Derecho a la Protesta Social en Costa Rica
El día de hoy viernes 19 de mayo al ser las 4:10 p.m., el juez José Rafael Bolandi Piedra dio sentencia en el caso de las 5 personas acusadas por el delito de resistencia agravada, en el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial, proceso que inició en el 2012, por los hechos acontecidos por la manifestación del 8 de noviembre de 2012.
En la sentencia quedaron absueltos de toda pena y responsabilidad, Luz Marita Arce Soto, Luis Diego Retana Solano, Adrián Jaén España, Denis Solís Cruz y Mario Alb. Villalobos Arias.
Esta sentencia es un triunfo para el movimiento social, a pesar de que la absolutoria se diera por el principio in dubio pro reo, dado que es la primera vez en muchos años que se reconoce que los oficiales de la Fuerza Pública deben velar porque se garantice el derecho a la manifestación y libertad de expresión.
Sin embargo, no hubo justicia plena porque se liberaron de los cargos a los compañeros por duda aunque no hay ninguna duda de la inocencia de los imputados, por lo que pedimos a la población costarricense mantenerse atenta al abuso del poder y a los próximos casos penales de compañeros y compañeras acusados injustamente que tendrán que enfrentar judicialización, penalización y criminalización de la protesta social.
San José, 19 de mayo de 2017.
Tomado de la página de Facebook Colectivo Derecho a la Protesta Social
NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL – NO A LA PENALIZACIÓN DE CIUDADANOS Y LUCHADORES SOCIALES.
Como Marita Arce Soto y Diego Retana Solano, entonces estudiantes de Trabajo Social; como Dennis Solís, educador de secundaria; como Adrián Jaén España y Manuel Alberto Villalobos Arias, profesores universitarios, multitud de costarricenses marchamos el 8 de noviembre de 2012 en defensa de una de las instituciones públicas de mayor importancia de la historia reciente de Costa Rica: la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Una institución pública creada en los años cuarenta, financiada por la mayoría de la población, que funciona por el principio de la solidaridad social y por la universalidad del servicio, para brindar acceso masivo a la atención de la salud pública y a la seguridad social.
Pero resulta que solo esas cinco personas fueron procesadas judicialmente, de los miles que allí se presentaron a manifestarse, ejerciendo su derecho a la libre expresión y en defensa del derecho a la salud pública. Inicialmente fueron detenidas unas 35 personas y después el Ministerio Público les levantó un juicio penal a cinco de ellas; juicio que se realizará del 3 al 6 de abril de 2017.
¿Por qué enjuiciar a manifestantes? Los derechos a la manifestación y a la libertad de expresión de los ciudadanos están garantizados por los artículos 27 y 28 de la Constitución Política. Y hay una sentencia de la Sala Constitucional (2-03-020, del 14 de abril de 2000) que establece que ante un conflicto entre la libertad de expresión y la libertad de tránsito, prevalece el primero y que, en todo caso, la Policía no puede dispersar a los manifestantes “mediante maltrato físico y detenciones ilegítimas”.
Por eso manifestamos:
Los argumentos del Ministerio Publico no se sostienen en un régimen democrático. Sin duda las personas manifestantes estaban en situación de indefensión ante una policía con escudos antimotines, que los usaron para tratar de disolver la manifestación.
Nos preguntamos ¿qué buscaban con esa acción las autoridades policiales de la administración de la presidenta Laura Chinchilla? Sin duda buscaban dar una vez más una lección al pueblo costarricense: Que no protestemos, y que nos olvidemos de defender nuestros derechos, máxime si ponen en evidencia la corrupción o ineficiencia de quienes socaban las instituciones del pueblo, cuando gobiernan y administran bienes públicos y colocan por encima los intereses privados que se apropian de ellas.
¿Por qué defender la CCSS en 2012 y aún hoy en 2017?
En 2012, los y las manifestantes procedentes de diversos lugares del país como elOccidente del Valle Central, de Puntarenas y Guanacaste plantearon su protesta por el recorte al presupuesto de la institución, que se reflejaba en el deterioro de los servicios de salud en clínicas y hospitales, evidente en largas filas de espera para atenciones de servicios especializados, falta de especialistas en zonas fuera del Área Metropolitana, abandono de la función de promoción de salud y prevención de las enfermedades, entre otras deficiencias.
Es así como sistemáticamente se ha venido erosionando su eficiencia, la evasión en el pago de las cuotas patronales, incluida la del gobierno de la República, sin dejar de lado la entrega al sector privado de servicios muy rentables, en vez de adquirirlos con bienes propios.
Poco se ha resuelto de esas quejas del 2012, a pesar de un cambio de gobierno. Actualmente la situación se complejiza más y hoy nos preocupa a la ciudadanía la crisis del sistema de pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Como Movimiento Salud sin Paredes, de la zona de Occidente el Valle Central, confirmarnos el derecho de la ciudadanía de ser parte de sus instituciones públicas construidas a lo largo de la historia y nos manifestarnos en defensa de uno de los pilares de la democracia costarricense.
Por eso denunciamos la injusticia de un juicio penal contra ciudadanas y ciudadanos, cuyo único “delito” es ser parte de un pueblo que se movilizó en noviembre de 2012 para pedir que la CCSS no perdiera su eficacia en la calidad de la atención de salud.
¡La salud es un derecho del pueblo y su participación un deber!
Movimiento Salud Sin Paredes, Región Occidente
San Ramón de Alajuela, 29 de marzo de 2017.
Enviado a SURCOS por Movimiento Salud Sin Paredes.
Cambio de fecha de inicio de audiencia de juicio luchadores sociales por participar en manifestación por la defensa de la seguridad social
Comunicado Urgente
Por resolución de juez de las 9:45 a.m. del 31 de marzo de 2017 se varía inicio de señalamiento a debate
Se mantiene manifestación y se invita a las organizaciones, colectivos y personas a acompañarnos el lunes 03 de abril en los Tribunales de San José
Manifestación / Piquete
Fecha: Lunes 03 de abril de 2017.
Hora: 8 am.
Lugar: Bulevar de los Tribunales de Justicia, I Circuito Judicial de San José.
Nueva Fecha de Inicio de Juicio
Miércoles 05 de abril de 2017.
Hora: 08:00 am.
Lugar: Salas de Juicio del I Circuito Judicial, San José
El día de ayer, 31 de marzo de 2017, se recibió notificación del Juez Tramitador Lic. Jeffrey Quesada Arroyo de la casusa penal llevada en contra de cinco personas que participaron en la manifestación del 8 de noviembre de 2012 en defensa de la seguridad social.
En la resolución, se varía el inicio de la audiencia de juicio para el miércoles 05 de abril a las 8:00 a.m. y se señala el debate para ese día en la mañana y en la tarde y para el jueves 06 de abril durante la mañana.
Consideramos que este cambio en el inicio del juicio es una maniobra de las altas jerarquías del poder judicial y del gobierno, que intentan desmovilizar la acción de calle convocada para el lunes 3 de abril. Por lo tanto reiteramos la convocatoria a la movilización y a la lucha, en la calle, que es el sitio natural en donde se debe dar la lucha por nuestro derecho a la libre expresión. Reiteramos nuestra solidaridad con la compañera y los compañeros enjuiciados injustamente, en un proceso claramente amañado, al tiempo que hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales y políticas a sumarse a las acciones que se están convocando para la próxima semana, para seguir coreando, juntas y juntos, como se coreaba en la jornada del 8N, por la tarde: “¡El pueblo no se va, no se va!”, exigiendo la liberación inmediata de las y los detenidos: Luz Marita Arce Soto y Luis Diego Retana Solano, trabajadores sociales, quienes eran estudiantes universitarios en el momento en que ocurren los hechos; Adrián Jaén España, profesor universitario y miembro del Partido Revolucionario de las y los Trabajadores; Denis Solís Cruz, profesor de educación secundaria y miembro de la Asociación Nacional de Segunda Enseñanza (APSE) y Mario Alb. Villalobos Arias, profesor universitario, miembro del Sindicato de Empleados Universidad de Costa Rica (SINDEU), de la Asociación Costarricense de Derechos Humanos y del Centro de Amigos para la Paz.
El 08 de noviembre del 2012 cuerpos policiales reprendieron de forma violenta una protesta que se daba en defensa de la seguridad social. Ahora los involucrados serán sometidos a juicio del 3 al 6 de abril del presente año.
Por este motivo, se estarán realizando reuniones todos los días en el Centro de Amigos para la Paz.
Por otra parte, la Asociación Costarricense de Derechos Humanos, ACODEHU, también se manifestó al respecto y emitió un comunicado donde expresa que: “La ACODEHU, condena la criminalización de la Protesta Social y denunciamos la tendencia del Ministerio Público y del Poder Judicial, ante el hecho de enjuiciar a luchadores sociales, que han venido participando en marchas pacíficas, que el movimiento social ha realizado en defensa de los Derechos Humanos y las conquistas sociales como la salud, la educación, el empleo público entre otras”.
Adjuntamos los comunicados enviados por ACODEHU para que quien así lo desee, los pueda circular entre sus contactos.
Cinco luchadores sociales van a juicio penal en el mes de abril 2017, por su participación en la MARCHA del 8 de noviembre del 2012, en defensa del Caja Costarricense de Seguro Social
Entre lunes 3 y jueves 6 de abril se realizará la audiencia de juicio del proceso penal contra cinco personas que participaron en dicha manifestación: Luz Marita Arce Soto y Luis Diego Retana Solano; quienes eran estudiantes universitarios en el momento en el que ocurrieron los hechos; Adrián Jaén España, profesor universitario y miembro del Partico Revolucionario de las y los Trabajadores; Denis Solís Cruz, profesor de educación secundaria y miembro de la Asociación Nacional de Segunda Enseñanza (APSE) y Mario Alb. Villalobos Arias, profesor universitario, miembro del Sindicato de Empleados Universidad de Costa Rica (SINDEU), de la Asociación Costarricense de Derechos Humanos y del Centro de Amigos para la Paz.
El 08 de noviembre de 2012 cientos de personas de distintas comunidades de Guanacaste y de Occidente del Valle Central en Costa Rica, junto con diversas organizaciones y activistas costarricenses preocupadas y preocupados por el futuro de la seguridad social en este país, se movilizaron para exigir que se detuviera los recortes en los servicios de salud en sus comunidades.
La democracia contemporánea se ha mostrado incapaz de resolver las demandas de la sociedad civil y particularmente de los sectores más vulnerables debido a la primicia de los intereses de las grandes corporaciones sobre los bienes comunes y los derechos sociales. Ante ello, el derecho a cuestionar el derecho se vuelve ineludible. Cuando el Estado ejerce represión entre actores y movimientos sociales que cuestionan el derecho, acomete dos actos de violencia: por un lado desatiende las problemáticas denunciadas por la protesta social y por otro lado criminaliza, encarcela, desaparece y enjuicia a las voces más críticas de la sociedad.
Desde el año 2003, el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) en un trabajo conjunto con el programa Estado de la Nación inició con un proceso de discusión, diseño y elaboración de insumos para el seguimiento y análisis de la protesta social, en el cual se incluían la construcción de una base de datos de noticias sobre acciones colectivas, un manual de codificación de categorías sobre las distintas acciones colectivas, y ponencias para el capítulo sobre “Fortalecimiento de la Democracia” de los informes del programa. Posteriormente, en el año 2008, se constituyó, en el IIS, en colaboración con el OSAL-CLACSO1, el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de Costa Rica, bajo la cual se prepararon las cronologías del conflicto social y los informes de coyuntura, como un insumo tanto para el seguimiento como para el análisis de la protesta social en Costa Rica. Desde finales de 2012, el IIS continuó con la producción de las cronologías mensuales, como una línea institucional en miras de propiciar el estudio de los conflictos sociales en el territorio costarricense. En esta dirección, las cronologías del conflicto social se producen usando como fuentes de registro de acciones colectivas, distintos medios de comunicación de prensa escrita. Por medio de resúmenes de las distintas expresiones de la protesta social, estas pretenden contribuir en el análisis, reflexión y debate entre círculos académicos, organizaciones sociales y políticas y movimientos sociales en general.
Tabla Resumen de la Protesta Social
Se incluye como insumo para el seguimiento y análisis de la protesta social en el país, un conjunto de tablas resumen sobre el comportamiento de las acciones colectivas cada mes. Se registra información resumida sobre los principales tipos de acción colectiva, actores colectivos y demandas registradas por los medios de comunicación consultados. Para la construcción de las categorías hemos tomado como punto de partida el manual de codificación elaborado en el IIS-UCR para la clasificación de las acciones colectivas. De esta manera, se presenta un panorama general, en números, de la protesta social costarricense mes a mes, como material complementario de la cronología de la protesta social.
La Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU) y el Centro de Amigos para la Paz (CAP), convocan al taller de capacitación sobre el derecho humano a la protesta social
En conmemoración a la manifestación social del 8 de noviembre del año 2012, fecha en la que el movimiento social marchó pacíficamente en San José, en defensa de la Caja Costarricense del Seguro Social, manifestación que fuese fuertemente reprimida, con un saldo de varias personas golpeadas y 35 ciudadanos arrestados, y por el deterioro que experimenta el pueblo costarricense actualmente, en sus condiciones de vida, se invita a las personas interesadas a participar de esta actividad.
Según los ACODEHU y CAP, es conveniente tener presente que el pueblo costarricense, conquistó en el siglo pasado, el capítulo de las Garantías Sociales, un nuevo capítulo de la Constitución Política, además de la universalización de los Seguros Sociales, la nacionalización de la Banca, la creación de la Universidad de Costa Rica, y otras instituciones emblemáticas como el ICE, EL INVU y otras más. Este capítulo de las conquistas sociales fue un triunfo histórico que no se puede perder, por lo que este pueblo debe de luchar hoy y siempre.
El Taller se realizará el día, martes 8 de noviembre del año 2016, en las instalaciones del Centro de Amigos para la Paz.
Dará inicio a las 5 p.m. y se espera que concluya conociendo medidas de protección y con la confección de un recurso de hábeas corpus.
Esta actividad está abierta a toda clase de público interesado en el tema.
Solamente se solicita como requisito, la inscripción de los participantes a las 4.30 p.m.
Para mayor información, puede llamar a los teléfonos 8705-6934 / 2222-1400.
Ana Cecilia Jiménez Arce, Presidenta, ACODEHU.
Fernando Madriz Herrera, Presidente, CAP.
*Imagen con fines ilustrativos tomada de Partido Revolucionario de las y los Trabajadores.
