La Asociación Costarricense de Derechos Humanos le invita a participar en los talleres sobre la “Criminalización de la Protesta Social”. Son 5 talleres, los cuales serán de sábado por medio iniciando el sábado 3 de julio del 2021.
Los interesados pueden enviar un correo a: derecho.humanos@acodehu.ddhh.org
Para mayor información sobre el programa del taller se invita a ver el pdf adjunto:
SURCOS comparte la siguiente información:
BOLETIN – 18-06-2021
Para todas y todos los afiliados de SINTRAJAP y pueblo en general:
Esta semana vimos con tristeza, como en la Asamblea Legislativa se cocina uno de los proyectos más aberrantes e inconstitucionales de la historia democrática costarricense. 32 diputados irresponsables lo votaron afirmativamente este jueves en primer debate, sin importarles ni medir consecuencias. Ahora será enviado a consulta de la Sala Constitucional.
Este Proyecto de Ley, es considerado por juristas expertos, como un “Frankenstein” y se basan en las groseras y evidentes inconstitucionalidades que deberían impedir que pasen el filtro de la Sala IV. Entre ellas mencionamos eliminación de la Negociación Colectiva a futuro, la cual esta tutelada por el artículo 62 de la Constitución Política y por los Convenios Internacionales de la OIT que fueron ratificados por Costa Rica y que defienden el derecho de sindicalización, negociación y libertad sindical, los cuales también resultan trasgredidos.
Se violenta también las Independencias Constitucionales del Poder Judicial, las Universidades y las Municipalidades, pero más grave aún se desconocen los principios democráticos e históricos que definen a Costa Rica como un pueblo respetuoso de los Derechos Humanos y las grandes luchas que han costado sangre y hasta vidas del pueblo costarricense para que hoy estén establecidas en nuestra Carta Magna.
Por estas y otras razones legítimas, hoy nos vemos nuevamente convocados a la lucha para defender no solo los derechos que nos fueron heredados por nuestros valientes antepasados, pero también porque tenemos que salir a defender la dignidad y la soberanía de nuestra querida patria y el pueblo trabajador, que no es responsable de la corrupción que carcome hoy a nuestra amada Costa Rica y tampoco lo es de las pésimas administraciones que nos han gobernado y que pretenden seguir cargando la crisis económica creada por ellos, sobra la espalda de los trabajadores.
Debemos estar pendientes a los llamados que nos hagan a la lucha a nivel nacional, para evitar que este adefesio de proyecto de ley sea aprobado por este grupo de enemigos del pueblo, que están sentados en la Asamblea Legislativa y en el Poder Ejecutivo.
Hoy la clase política tiene envuelto al país en el peor de los escándalos, invitamos a los Diputados y a la Casa Presidencial a esclarecer y a no dejar en la impunidad toda la corrupción que nos carcome como nación y detener tanto ataque en contra de los trabajadores, ya de por sí golpeados por el desempleo, la pandemia, malas decisiones en contra de las mayorías y la crisis económica, ¡YA BASTA!
LIC. ANTONIO WELLS MEDINA JAISON BOXX ARIAS
SECRETARIO GENERAL SECRETARIO DE PRENSA
Desde el SINDEU se hace un llamado a toda la población a sumarse a las manifestaciones en contra del proyecto ley marco empleo público; Este proyecto atenta contra las garantías sociales de todos los trabajadores y trabajadoras, además, atenta contra el Estado Social de derecho. “La aprobación de este proyecto acrecentaría la crisis económica de trabajadores públicos y privados indirectamente, creciendo el desempleo”
Es por eso que los días: lunes 14, martes 15 y miércoles 16 se está convocando a manifestarse frente al edificio de la Asamblea Legislativa, a partir de las 2:30 p.m.
Compartido con SURCOS por Trino Barrantes.
El día jueves 6 de mayo del 2021, un representante de CONCEVERDE escribió a una representante del SINAC para presentar una nota en la cual le presentaron su inconformidad con respecto al informe No. SINAC-ACC-OH-1364-2020, el cual coadyuvó para que el Tribunal Ambiental Administrativo desestimara denuncia conocida bajo el Expediente No. 087-19-03-TAA.
Se recibió una respuesta de la señora María Elena Fournier Solano, de Yisky, ese mismo día, en la cual indicó que apoyan en todos sus alcances, la disconformidad sobre la situación descrita, y agregó que, con sólo echar un vistazo a las fotos y la denuncia interpuesta, parece de toda lógica que ha habido un daño socioambiental. También indica que parece muy obvio el daño, pero que no se quiere ver la dimensión de este acto al intervenir el cauce natural de un río y que puede significar un problema serio en ese mismo sitio.
María Elena resalto que como señala uno de los 10 principios de la defensa, protección y conservación del agua que propone la activista mundial Dra. Maude Barlow, que lideró el movimiento ante las Naciones Unidas, para que se declarara el acceso, calidad y cantidad del agua como un Derecho Humano (y que, desde la UNED, están promoviendo con el Proyecto “Ambiente y Arte” bajo su propia coordinación) y para el caso que se expone especialmente resaltó los principios No. 2, el No. 5 y en especial el No. 8 y el No. 9.
El día 10 de mayo el señor Rafael Gutiérrez indicó a su vez que este tema fue respondido por la Oficina de Heredia y se indica que las denuncias están presentadas en las instancias judiciales respectivas. José Francisco de CONCEVERDE respondió que él conocía que fue respondido por la Oficina de Heredia, pero recalcó que el objetivo de la protesta es en contra del Informe de Gira ACC-OH-1183-2020, el cual llevó a que el Tribunal Ambiental Administrativo desestimara una denuncia, en tanto ese informe se sustenta en una gira de inspección realizada un año y medio después de haberse denunciado los hechos ante el SINAC Heredia y el Tribunal Ambiental Administrativo, informe del SINAC que no señala e informa sobre todos los hechos, al señalarse que sólo se llevó a cabo una “recava”, y por tanto “ NO PROCEDE REALIZAR NINGUNA PROPUESTA DE VALORACIÓN ECONÓMICA DE DAÑO AMBIENTAL”.
En el informe se omiten hechos como dejar sin agua el río a causa de apresamientos, muros de gaviones, construcción de caminos dentro del río, movimientos de piedras etc.… José Francisco señala que la omisión de las personas que redactaron el informe o del SINAC, no hizo más que ayudar a que el responsable de cometer los hechos saliera librado ante la instancia administrativa (TAA). Añade que es preocupante para los que han denunciado los hechos realizados sobre el Río Tibás y su zona de protección, que sea con base en el INFORME DE GIRA ACC-OH-1183-2020 u otro igual de omiso y complaciente con el responsable de los hechos, que la Fiscalía valla a resolver.
Se propone una reunión con las personas interesadas, para explicar con una línea del tiempo y los insumos correspondientes ambos casos que se atendieron en el Río Tibás. José Francisco de CONCEVERDE agradece por la disposición de tener una reunión. E indica, que en su condición de quien presentó la queja y/o inconformidad con el informe de gira ACC-OH-1183-2020, que se le informe bien cuál sería el objetivo de la reunión y quienes participarían por parte del MINAE/SINAC.
Añade que como uno de los denunciantes ante la oficina de la denuncia por los hechos en el Río Tibás llevados a cabo en la finca de sociedad supuestamente representada por Fabio Rojas, solicitó en caso de existir otro u otros “informes de gira” que no sean el ACC-OH-1183-2020, que se le envíe copia de los mismos por el correo electrónico.
Luego de un tiempo de haber solicitado informe de gira sobre el caso del Río Tibás, derivado de inspección en la finca de en Emeral And Sons Projects S.R.L cuyo representante supuestamente es el señor Fabio Rojas, no recibió ningún informe. No obstante, indica que ha obtenido por otros medios el informe solicitado, el cual es el INFORME DE GIRA SINAC-ACC-OH-310 del 26 de marzo del 2019.
Del informe de marras, es claro que sólo investigaron movimientos de tierras dentro de la finca, por lo que indica que echaron de menos que no se fuera a investigar todos los hechos denunciados por el suscrito y otras personas, como fueron tala en área de protección del Río Tibás, actividades u obras dentro del mismo río, como apresamientos con tierra y piedras, construcción de caminos dentro del lecho, Consta en el informe (copia textual):
(…)
Dentro de áreas de protección de los ríos no se puede llevar a cabo eliminación de árboles, aun con un certificado de origen, por lo que José Francisco indica que se imagina que al citar tal hecho, se quisieron referir a talas llevadas a cabo fuera de esa área; entonces surge la duda del por qué no se evidenció o sobre la tala en el área de protección, donde era evidente que se había vulnerado esa zona con talas, y que cuando fueron, todavía estaban los troncos dentro de dicha área; y también cuestiona, cuál fue la razón para solicitar al representante de la dueña de la finca, que retiraran los árboles dentro de la zona de protección. También surge la duda del por qué omitieron informar de manera contundente sobre las obras llevadas a cabo dentro del cauce del río, actividades que, por su tamaño, no pudo ser posible que no las vieran, además de estar en la zona que hicieron la inspección.
Adjunto se encuentran una serie de imágenes bajadas de Google Earth donde se aprecia el cambio que tuvo el área de protección del Río Tibás a partir de diciembre del 2018, fecha aproximada donde comenzaron a llevarse a cabo las obras de movimientos de tierra, talas en área de protección del Río Tibás y actividades dentro del lecho del mismo río.
Compartido con SURCOS por CONCEVERDE.
Ecos de Colombia Migración y Refugio, Comité de Solidaridad con las víctimas de la violencia en Colombia convocan al Plantón por Colombia, como muestra de solidaridad con Colombia, ya que actualmente hay más de 70 personas asesinadas, más de 500 desaparecidos, más de 1100 detenciones arbitrarias y demás atropellos a la población. Recuerde utilizar el tapabocas durante toda la actividad.
Día: 10 de junio del 2021
Hora: a partir de las 10:30 a.m.
Lugar: Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los Yoses. San José.
Ante las reiteradas denuncias de violaciones a los Derechos Humanos en Colombia diversas organizaciones sociales, plataformas de derechos humanos, espacios sindicales y eclesiásticos entre otras, solicitaron a la Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos su intervención con el objetivo de constatar in situ la grave situación descripta.
Diferentes organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales y populares, organizaciones gremiales y de la sociedad civil concluyeron que era imperioso contribuir al resguardo de la vida y la dignidad humana, garantizar la justicia y la verdad y el cumplimiento de reglamentos, leyes y tratados internacionales en materia de defensa de los Derechos Humanos.
Los objetivos como Misión:
Luego de este proceso se presenta el Informe Preliminar de los Juristas de México y Argentina, que están en Misión de Observación en Colombia. En el cual la voz de víctimas y/o familiares, de organizaciones y organismos de las distintas regiones de Colombia ha sido la fuente principal.
El informe se compone de:
1- Presentación
2- El despliegue represivo del estado colombiano
3- Las victimas
4- Rol de la institucionalidad
5- Acerca de los delitos cometidos
6- Violaciones de los DDHH en territorios recorridos por la misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos.
a. Departamento del Cauca-Popayán
b. Bogotá
c. Pereira
d. Cali
e. Medellín
Puede leerlo completo en el archivo adjunto.
Además, entre sus conclusiones resalta que el Estado colombiano debe ser investigado porque en el marco del PARO NACIONAL y a través de sus fuerzas de seguridad regulares e irregulares, habría desaparecido, asesinado, torturado, abusado, perseguido, amenazado e intimidado a vastos sectores del pueblo colombiano. La represión desatada impidió, limitó y condicionó la participación política, el derecho de reunión y el derecho a la protesta.
Información compartida con SURCOS por Carlos Meneses.
San José, jueves 3 de junio de 2021
La ACODEHU Y el SINDEU, ante la opinión pública nacional e internacional, lanza un llamado de solidaridad y apoyo al hermano pueblo de Colombia que históricamente se ha expresado en un conjunto de acciones populares, protestas, plantones, contra las medidas fondomonetaristas, las imposiciones del Banco Mundial y el Ministerio de hacienda por medio de una oligárquica nacional, al servicio de los grandes intereses imperialistas.
Trabajadores, taxistas, amas de casa, transportistas, artistas, campesinos, estudiantes y docentes, las mingas indígenas, sacerdotes, han venido desarrollando un gran movimiento social, con un gran contenido popular. Inicialmente la lucha tiene como punto de partida la fecha del 28 de abril y se sostiene por más de un mes.
El objetivo, una protesta masiva contra el carácter punitivo y regresivo de la Ley Fiscal. Pero eso solo fue el corcho de una champaña social que abrió un profundo cauce, que le fue imposible al gobierno genocida de Iván Duque contener. Aunado a ello, el hambre, la corrupción, el desempleo, la lucha por una salud pública y el derecho a estudiar, van adquiriendo un carácter de rebelión popular.
Pero este despertar de las movilizaciones sociales no ha sido fácil, por el contrario, el pueblo ha tenido que sortear una serie de aspectos absolutamente adversos. Así, por ejemplo, en una actitud cómplice Facebook, según se dice, conjuntamente con las acciones de cortes e interferencias por parte del ejército en Cali y Bogotá, han bloqueado la información alternativa. Pero no solo han sido acciones contra internet, como mecanismo de intimidación, se han dado también cortes de luz, en pleno ejercicio de las acciones militares. Es claro que ya no es posible callar, como tampoco se debe esconder el compadrazgo del gobierno norteamericano con un gobierno fantoche y títere y un narco-estado, incapaz de atender la demanda social de nuestro hermano pueblo colombiano.
Pero no solo en esa línea se ha buscado acallar las informaciones. Toda la táctica del gobierno y sus aparatos represivos en el tratamiento violento al paro nacional, se convierte en la constante, que deja la radiografía de una democracia enferma. Los organismos de Derechos Humanos de Colombia, se han visto compelidos a amenazas violentas por parte de los cuerpos represivos, por tan solo ejercer el derecho a una información veraz. De igual forma, por ejemplo, en la búsqueda de documentación, a fin de corroborar los hechos, por parte de la Comisión Internacional de Derechos Humanos-CIDH, le había sido negada inicialmente su presencia en suelo colombiano.
No se tienen todavía la confirmación de los datos en costos de vida humana a que ha llevado esta gran movilización social. La prensa, sin embargo, con los datos que ofrece a la opinión internacional, permite deducir que hasta el momento van cerca de 62 asesinatos, 780 desaparecidos, los heridos(as) suman miles (cerca de 3082). Los jóvenes de la primera línea han sido las víctimas de este terrorismo de Estado. Pero en la misma línea geométrica, Las Mamás Capuchas, los sacerdotes, maestros, abogados y el pueblo en general reivindica la gesta gloriosa de Jorge Eliécer Gaitán y dicen aquí estamos en la primera línea.
Pese a todo lo anterior y por encima del costo de muchas vidas humanas, hoy también estamos frente a un hecho insólito, acaecido en Cali, gracias al sentido común de sus habitantes, descubrieron en una bodega industrial a 447 personas detenidas, en el barrio San Nicolás. En verdad, en este contexto eso es un centro de detención clandestino.
Muchos de los nombres, de algunas de las personas recluidas de manera infrahumana y arbitraria, en dichas bodegas, coinciden con los datos de las personas desaparecidas.
Es absolutamente claro que en esta coyuntura, la policía no ha podido generar con su silencio jurídico y sus maniobras, esta barbarie del siglo XXI, en el país de Cien años de soledad, el vallenato y la cumbia.
Un nuevo dato que también debemos denunciar internacionalmente es el DECRETO DEL GOBIERNO que estableció: “la asistencia militar en 8 departamentos del país y 14 ciudades”, con el fin exclusivo de imponer la presencia del ejército. El pretexto de este decreto es que con él buscan desactivar los cortes de ruta o “bloqueos”. No obstante, como una nueva estrategia el pueblo ha respondido con nuevos puntos de corte de ruta, pero de manera intermitente, para no afectar ni incidir en la asistencia humanitaria y atención de casos, donde se requiera el servicio de Cruz Roja o asistencia médica.
Para corroborar lo anterior, en el Cauca, por ejemplo, la propia minga indígena, levantó el corte de ruta, pero se mantiene vigilante, para no desactivar la lucha. No se ha podido desmovilizar este paro nacional, que hoy adquiere carácter de “una rebelión popular y cívica”, con mucho apoyo, popular y principalmente en las regiones indígenas y afro-descendientes.
Con todas las voces de la solidaridad internacional apostamos hacia una salida democrática y popular a esta crisis. Creemos que ha llegado la hora de una gran convergencia nacional, que exija el respeto absoluto e integral de los Derechos Humanos Fundamentales.
Concluimos haciendo nuestras las palabras de los grandes colectivos de Colombia, el bloque de fuerzas alternativas requiere decisión y acierto en la coyuntura, porque un proyecto de cambio democrático real también tiene la opción de comprometer e incluir una base social profundamente interesada en el logro de transformaciones en favor de la igualdad, la superación de la crisis en beneficio colectivo y el pleno ejercicio de la libertad política.
Pero también hacemos nuestras las palabras de La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuando expresa su preocupación “…por la grave crisis que enfrenta Colombia y condena las graves violaciones de derechos humanos registradas durante las protestas sociales. En ese sentido, urge al Estado a respetar los más altos estándares en cuanto a la libertad de expresión, uso de la fuerza y debida diligencia “/…/ así como cuando “expresa su extrema preocupación por la pérdida de vidas en el marco de las protestas”. “
Por todo lo anterior la ACODEHU, como el SINDEU, exigen al presidente Iván Duque que pare los asesinatos y la escalada de violencia sexual contra las mujeres manifestantes.
La vida humana y la protesta social son Derechos Humanos esenciales.
¡¡¡ Señor Iván Duque, basta ya de muertes inocentes, viva Colombia soberna, viva su pueblo combativo!!!
Imagen cabecera tomada de Semanario Universidad
Compartido con SURCOS por Trino Barrantes
Washington, D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por la grave crisis que enfrenta Colombia y condena las graves violaciones de derechos humanos registradas durante las protestas sociales. En ese sentido, urge al Estado a respetar los más altos estándares en cuanto a la libertad de expresión, uso de la fuerza y debida diligencia, así como a permitir que la CIDH realice una visita de observación al país, honrando su tradición con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
El Estado colombiano informó que, a la fecha, se han llevado a cabo al menos 9.623 protestas en 794 municipios del territorio colombiano, con la participación aproximada de 1.493.791 personas. Del mismo modo, comunicó que, del total de protestas, 7,801 no han presentado incidentes. Sin embargo, la Comisión resalta que en al menos 1,038 manifestaciones se habrían presentado casos de fallecimientos, desapariciones, personas heridas y agresiones sexuales como consecuencia del uso desproporcionado e ilegítimo de la fuerza. Estos hechos se han registrado, especialmente, en ciudades como Bogotá, Cali, Pereira, Popayán y Yumbo, y han tenido afectaciones particulares en los pueblos indígenas, las mujeres y las personas afrodescendientes.
La CIDH expresa su extrema preocupación por la pérdida de vidas en el marco de las protestas. Según el reporte de la Fiscalía General de la Nación, desde el inicio de las protestas 43 personas han perdido la vida, de las cuales 17 tendrían relación directa con manifestaciones. Por su lado, organizaciones de la sociedad civil han registrado 51 muertes en el contexto de las protestas. Al respecto, la Comisión Interamericana destaca especialmente los casos de Lucas Villa, quien perdió la vida el 5 de mayo en Pereira después de recibir ocho disparos durante su participación en una protesta pacífica, el de Sebastián Quintero, quien falleció el pasado 15 de mayo en Popayán, tras recibir el impacto de una granada aturdidora presuntamente lanzada por integrantes de las fuerza pública, así como de Jhon Erik Larrahondo, quien murió en Cali el 23 de mayo por el accionar de un arma de fuego.
Además, la Comisión Interamericana encuentra extremadamente grave las denuncias sobre 132 personas que permanecen desaparecidas y respecto de las cuales la Fiscalía General de la Nación mantiene activado el mecanismo de búsqueda urgente. Resulta alarmante que con el correr de los días estas personas continúan desaparecidas, máxime cuando algunas de las 276 que habrían sido reportadas como desaparecidas aparecieron sin vida, como el líder Cristian Torres, el 14 de mayo en la ciudad de Leiva, Nariño.
A su vez, la CIDH expresa su alarma por la denuncia de al menos 87 actos de violencia sexual cometidos presuntamente por agentes de la fuerza pública en contra de mujeres manifestantes, como el caso de la adolescente que denunció haber sido agredida sexualmente por varios agentes de la fuerza pública en la ciudad de Popayán y que posteriormente se habría suicidado el día 12 de mayo. Igualmente, condena el hecho de violencia sexual que habría sufrido una agente de la fuerza pública dentro de una estación de policía vandalizada en la ciudad de Cali el 29 de abril.
Por otro lado, según información pública, se conoce la existencia de aproximadamente 979 civiles heridos en el contexto de las protestas, entre ellos por lo menos 33 con traumas oculares, los cuales se concentran mayoritariamente en Bogotá, Neiva, Cali, Yumbo, Medellín, Popayán, Pasto, y otros municipios de Risaralda y Valle del Cauca. De acuerdo a lo informado, se estarían utilizando armamentos antidisturbios por parte de la policía que generan impactos indiscriminados en contra de las protestas mayoritariamente pacíficas, como es el caso del lanzacohetes Venom. Asimismo, en Bogotá, en el contexto de las protestas del 22 mayo, según información preliminar, al menos 2 personas manifestantes habrían sido heridas, incluyendo reportes de lesión ocular por proyectil policial.
Según la información enviada por el Estado a la Comisión información que da cuenta de la apertura de 144 investigaciones por presuntas faltas disciplinarias por parte de funcionarios de la Policía Nacional, dos de ellas por presuntos actos de violencia sexual.
La Comisión Interamericana rechaza que, durante las protestas, se hayan identificado diversas expresiones públicas que estigmatizan la protesta social y, especialmente, a las personas manifestantes de pueblos étnicos e integrantes de la Minga Indígena. En particular, la CIDH tuvo noticia sobre grupos de civiles armados que dispararon indiscriminadamente contra una manifestación compuesta por personas indígenas el 9 de mayo en la ciudad de Cali. La CIDH encuentra extremadamente grave la participación de civiles en actos de represión y ataques con armas de fuego en contra de las personas manifestantes.
En adición, la CIDH y su RELE han observado un clima de creciente hostilidad y violencia hacia la prensa en el contexto de las manifestaciones sociales, documentando agresiones, amenazas e intimidaciones, además de ataques a instalaciones de medios de comunicación.
La Comisión Interamericana condena que, en determinadas circunstancias, presuntos grupos de manifestantes hayan provocado graves desmanes durante algunas manifestaciones, arrojando objetos contundentes contra efectivos de las fuerzas del orden, destruyendo equipamiento público, y provocando afectaciones a la propiedad privada, entre otros actos injustificables de vandalismo. Según información suministrada por el Estado, estos hechos darían cuenta de 108 acciones contra infraestructura pública y del gobierno, entre ellas: cámaras afectadas; semáforos destruidos; señales de tránsito; y 1136 vehículos de transporte público afectados.
En este contexto, la CIDH manifiesta su extrema preocupación por el fallecimiento al menos 2 policías, 966 resultaron lesionados, y que 25 estaciones de policía, una instancia de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) y una sede de medicina legal han sido atacadas o vandalizadas. Además, tomó conocimiento de la muerte del patrullero Juan Sebastián Briñez, y las lesiones provocadas a por lo menos 2 agentes de policía el 22 de mayo, incluyendo graves quemaduras faciales por una bomba incendiaria que habría sido dirigida contra su unidad. Sobre este punto, la Comisión recuerda que la protesta social es legítima en tanto se desarrolla en forma pacífica y que las fuerzas de seguridad tienen la obligación de permitir el desarrollo de las manifestaciones y de aislar a los manifestantes que recurren a la violencia.
El Estado informó a la Comisión Interamericana sobre las múltiples afectaciones que generarían los bloqueos sobre los derechos de las y los colombianos, como la producción y distribución de alimentos, lo cual impacta en particular a niñas y niños en el plan de alimentación escolar.
Al respecto, la Comisión Interamericana recuerda que el derecho de reunión reviste gran importancia para el funcionamiento de la democracia y resalta que el hecho de que algunos grupos o personas ejerzan violencia en una manifestación no vuelve, per se, violenta toda la protesta ni autoriza a las fuerzas de seguridad a disolver la protesta mediante uso de la fuerza ni a practicar detenciones indiscriminadas.
Asimismo, recuerda que toda restricción al derecho de reunión debe estar prevista en la ley, debe perseguir un objetivo legítimo y debe ser necesaria en una sociedad democrática bajo los criterios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad. A su vez, la Comisión reitera lo indicado en su informe sobre Protesta y Derechos Humanos, en el sentido de que es preciso tolerar que las manifestaciones generen cierto nivel de perturbación de la vida cotidiana, por ejemplo, con relación al tráfico y las actividades comerciales, a fin de no privar de su esencia al derecho de reunión pacífica.
En su Informe Protesta y Derechos Humanos, la CIDH señaló que la dispersión o desconcentración de las manifestaciones de forma legal y legítima sólo puede permitirse en casos muy excepcionales, mediante una orden expresa y fundamentada en un riesgo grave para la vida o la integridad física de las personas, cuando se haya intentado el diálogo y no fueran posibles otras medidas menos lesivas para proteger esos derechos. Asimismo, la decisión de dispersar una protesta por parte del Estado debe ser comunicada y explicada de manera clara, de modo tal que permita su comprensión y cumplimiento por parte de los manifestantes, ofreciéndoles tiempo suficiente para dispersarse sin acudir al uso de la fuerza.
Cuando la eventual perturbación a la vida cotidiana en el seno de las protestas se extienda en el tiempo y escale a punto de comprometer la garantía de otros derechos como el aprovisionamiento de alimentos y el derecho a la salud, se acentúa el deber del Estado de facilitar todos los mecanismos de diálogo posibles, teniendo el uso de la fuerza como último recurso, y a su vez atendiendo al principio de interdependencia de los derechos humanos. Asimismo, la Comisión destaca la importancia de que las personas manifestantes permitan la circulación de insumos y provisiones esenciales.
En este sentido, la Comisión condena categóricamente que en el contexto de las protestas se hayan presentado decenas de ataques a ambulancias y misiones médicas, dificultando el traslado de pacientes. En particular, la CIDH deplora el fallecimiento de una bebé intubada como consecuencia de que no pudo ser trasladada oportunamente el 23 de mayo en la ciudad de Buenaventura. En ese sentido, la Comisión llama al Estado a concertar con los manifestantes la creación de corredores que garanticen el ejercicio simultáneo de derechos involucrados. Particularmente, en el para la situación de Colombia hoy, el acceso a alimentos, las garantías del derecho a la salud, así como el aprovisionamiento y despliegue de personal e insumos médicos
Frente a las graves violaciones a los derechos humanos denunciadas, la CIDH condena el alto número de fallecidos y heridos, al tiempo que reitera la importancia de respetar el carácter excepcional del uso de la fuerza y observar los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad. Adicionalmente, insta a las autoridades a investigar con debida diligencia todos los casos, a identificar y sancionar a los responsables, así como a reparar integralmente a las víctimas y sus familiares. En los casos de violencia sexual, la investigación deberá llevarse a cabo con debida diligencia reforzada y garantizando el enfoque de género.
La Comisión Interamericana reitera que, siempre que haya se sospecha de la desaparición de una persona, debe iniciarse la investigación automáticamente, sin dilación, de forma seria, imparcial y efectiva y orientada a la determinación de la verdad, ello debe incluir la conformación de unidades o comisiones especializadas que cuente con los recursos humanos, técnicos y científicos adecuados e idóneos a la localización e identificación de las víctimas desaparecidas.
Asimismo, la Comisión recuerda que las y los periodistas cumplen una función crucial al recabar y difundir información de lo que sucede en protestas sociales, incluyendo la actuación de las fuerzas de seguridad, por lo que las autoridades deben brindarles el más alto grado de protección para que puedan realizar su trabajo libremente y mantener a la sociedad informada sobre asuntos de elevado interés público.
La Comisión observa que muchas de las demandas de las protestas sociales guardan estrecha relación con los desafíos estructurales que subyacen a la profunda desigualdad social y la violencia histórica en el país, con especial afectación en las personas pertenecientes a los grupos étnico-raciales. En ese sentido, reafirma que la consolidación de la paz es un requisito indispensable para el ejercicio libre y el respeto pleno de los derechos humanos. La CIDH recuerda y hace un llamado a atender las causas de las protestas sociales y a respetar los derechos humanos de las personas manifestantes, e insta a que todas las violaciones a los derechos humanos sean investigadas diligentemente y juzgadas por la jurisdicción ordinaria, según los estándares internacionales.
Por último, la CIDH reitera la importancia de realizar una visita de trabajo para contar con todos los elementos que le permitan valorar la situación de derechos humanos de manera objetiva con el fin de formular recomendaciones al Estado.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
El comunicado de prensa se puede encontrar en el siguiente enlace: https://mailchi.mp/dist/cidh-condena-graves-violaciones-de-ddhh-en-las-protestas-en-colombia-rechaza-violencia-y-reitera-al-estado-honrar-sus-obligaciones-internacionales?e=7f19d5fd29
Compartido con SURCOS por Arturo Fournier.
Desde el pasado 28 de abril el pueblo colombiano salió a las calles a protestar contra una reforma tributaria que el presidente Iván Duque pretendía imponer, asimismo han alzado la voz en contra de dicho gobierno, ante las multitudinarias movilizaciones el gobierno ha respondido con violencia, costando la vida de muchas personas y dejando a miles de heridos/as.
Ante estos hechos de violencia miles de organizaciones han realizado un llamado de solidaridad con esta lucha, pidiendo un alto a la represión, y enviando mensajes de fuerza a todo/as los/as luchadores/as. Desde la organización buen vivir Costa Rica se envía un mensaje de solidaridad a toto el pueblo colombiano, el cantautor Oscar Espinoza, Ileana Sagot comparten de su arte en solidaridad con la lucha del pueblo colombiano.
Compartimos el video.
Compartido con SURCOS por Movimiento Buen Vivir.
SURCOS comparte el siguiente comunicado:
Las organizaciones, movimientos, entidades, pueblos y comunidades que nos articulamos en el Foro Social Panamazónico, FOSPA, ante los hechos de masacre y represión violenta de la protesta social en Colombia expresamos lo siguiente:
Rechazo y condena a la brutalidad y el uso desproporcionado de la fuerza pública por parte del gobierno de Iván Duque contra diferentes actores sociales, populares y políticos del país, que en el ejercicio de su derecho a la protesta expresan en las calles su inconformidad a la reforma tributaria, ya retirada temporalmente por el gobierno, cuyos alcances están destinados a agravar la difícil condición de vida por la que atraviesa el pueblo colombiano en un contexto de pandemia.
La manifestación popular que se deja sentir en todos los rincones del país, muestra también su desacuerdo contra la profundización de un modelo neoliberal que ha elevado el nivel de pobreza y desempleo, ha desfinanciado la educación pública, y pretende otras reformas en la salud, lo laboral y lo pensional. La protesta expresa también la indignación nacional frente al asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales, el incumplimiento de los acuerdos de paz firmados en la Habana, la reactivación de la aspersión aérea del glifosato, entre otras problemáticas acumuladas y agrandadas durante esta pandemia.
El rechazo a estas políticas que favorecen a los grupos de poder nacional y las grandes corporaciones transnacionales con presencia en el país, ha dejado como resultado hasta este 5 de mayo, 31 personas fallecidas, 381 heridas, 87 desaparecidas y 15 víctimas de violencias basadas en género. Los datos proporcionados por la organización Defender la Libertad refieren, además, la detención arbitraria de 1180 personas y 8 allanamientos que fueron declarados ilegales. Todos estos casos se les atribuye como principales responsables a la Policía Nacional y en particular el ESMAD. No contento con ello, el gobierno de Duque emplea ahora al Ejército en franca continuidad de su política represora.
Ante esta situación, el Foro Social Panamazónico, FOSPA, consciente que el ejercicio de la protesta social es un derecho garantizado en la normativa nacional e internacional, hace suya las demandas del pueblo colombiano y se solidariza con las víctimas y el dolor de sus familias cuya lucha no tiene otra motivación subalterna que la de aspirar a una vida digna y justa.
EL FOSPA demanda, a la vez, al gobierno del presidente Iván Duque el retiro inmediato de la fuerza policial-militar y le insta a asumir una actitud de escucha de los justos reclamos del pueblo colombiano.
Hacemos también un llamado a los poderes e instituciones del Estado a actuar en derecho y sin fomento de la impunidad. Los graves hechos que han devenido en asesinatos y demás abusos deben ser investigados con celeridad, exhaustividad e independencia. Los responsables deben ser sancionados.
Finalmente, el FOSPA hace un llamado a la comunidad internacional a mantenernos vigilantes y actuar en salvaguarda de la libertad, la integridad física, moral y sexual de nuestros hermanos colombianos y colombianas que reclaman su derecho a vivir en paz y dignidad.
Amazonía, 05 de mayo 2021
Comité Internacional Foro Social Panamazónico – FOSPA-
Enviado a SURCOS por Carlos Tamez.
