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Etiqueta: pueblos indígenas

Estado mexicano pide disculpas por su responsabilidad en la desaparición forzada de Gregorio Alfonso Alvarado López

En conmemoración del Día del Maestro en México, el 15 de mayo se llevó a cabo el Acto de Reconocimiento de Responsabilidad Internacional y Disculpa Pública del Estado mexicano en el caso de la desaparición forzada del maestro Gregorio Alfonso Alvarado López, ocurrida el 26 de septiembre de 1996 en el estado de Guerrero.

Durante el acto, el Estado mexicano reconoció su responsabilidad internacional por las violaciones a derechos humanos cometidas en perjuicio de Gregorio Alvarado y ofreció una disculpa pública a su familia y a la sociedad, en cumplimiento de las medidas de reparación derivadas del caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Gregorio Alvarado era maestro, poeta, padre y líder social indígena. Su labor comunitaria y educativa lo vinculó con procesos organizativos en la región de la montaña de Guerrero en un contexto de fuerte violencia y persecución contra integrantes de movimientos sociales y comunitarios en la década de los noventa. Tras meses de que Gregorio y su familia enfrentaran vigilancia constante, persecución y hostigamiento, su desaparición forzada ocurrió en septiembre de 1996 y desde entonces su paradero continúa sin conocerse.

En representación del Estado, el Subsecretario de Derechos Humanos reconoció que como Estado “no solo fallamos al no proteger su integridad, con el propósito de prevenir los hechos, sino también en no reaccionar de forma inmediata para dar con su localización y sancionar a las personas responsables”. A casi 30 años de los hechos, este caso permanece en la impunidad.

El Subsecretario reconoció también la labor de defensa de derechos humanos que realizó Gregorio en sus comunidades y que lo enfrentó a la persecución y la desaparición forzada. En particular nombró que hasta la fecha su labor “beneficia a niñas y niños indígenas en Guerrero; debido a que durante su ejercicio promovió instituciones de carácter intercultural y bilingüe, mismas que persisten. Lo cual fue y es un acto de amor, convicción y compromiso para mejorar su entorno social”.

Según reconoció el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la desaparición de Gregorio se dio en el contexto de “una política de terror” implantada por el gobierno mexicano donde “Guerrero fue el epicentro de la contrainsurgencia, siendo el ejército el principal responsable de las graves violaciones de derechos humanos que se consumaron en ese período. (…) años cruentos en los que se castigaba la organización independiente y el pensamiento autónomo, como lo documentó la Comisión de la Verdad que se encargó de investigar los hechos ocurridos durante aquellos años y cuyo informe no ha sido plenamente asumido por el Estado mexicano”.

Así, el caso de Gregorio ha representado no solo una grave violación a sus derechos humanos, sino también una afectación profunda para su comunidad y su familia, que ha sostenido durante casi tres décadas una búsqueda permanente de verdad y justicia, enfrentando impunidad, omisiones institucionales y la ausencia de investigación efectiva.

En el acto, Norma, esposa de Gregorio y quien ha liderado su búsqueda, hizo un llamado a investigar y juzgar a las personas responsables de su desaparición y demandó que la desaparición forzada deje de lacerar a las familias mexicanas. Norma recordó que “pese al paso inexorable del tiempo, Gregorio, “Goyito” sigue siendo referente de las luchas más sensibles que enfrentan nuestros pueblos, su trabajo, su ejemplo sigue vigente, por el y por todos los desaparecidos: ni olvido, ni perdón”.

La ceremonia realizada este día representó un acto de reconocimiento a la lucha por verdad y justicia, así como una medida de dignificación de la memoria de Gregorio Alfonso Alvarado López, cuya vida estuvo dedicada a la educación, la organización comunitaria y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), representantes de la familia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, acompañaron este acto y reiteraron que, si bien constituye un paso importante en el reconocimiento de responsabilidad y en la reparación del daño causado, persiste la obligación del Estado mexicano de garantizar plenamente los derechos a la verdad y la justicia.

Las organizaciones recordaron que “el caso de Gregorio no es un caso aislado. México enfrenta hoy una crisis humanitaria de proporciones alarmantes: más de 133.000 personas figuran en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y las cifras no dejan de crecer. Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha subrayado que la desaparición forzada en México constituye un fenómeno generalizado y sistemático que demanda una respuesta integral y efectiva por parte del Estado. No solo con mecanismos reactivos, sino políticas de prevención, búsqueda con perspectiva de derechos, verdad, justicia y reparación”.

Y afirmaron que “Gregorio sigue desaparecido. Mientras esto siga así, su memoria es una exigencia viva de justicia. (…) Hoy, en este Día del Maestro, le rendimos homenaje con la certeza de que su lucha continúa —en la voz de Norma, en los pasos de sus hijos, en cada escuela comunitaria que lleva su nombre, y en todos los que seguimos comprometidos con que la desaparición forzada no tenga cabida en ningún rincón de este país”.

Para que las esperanzas tengan larga vida y mañana amanezca más temprano”
Gregorio Alvarado

Personas indígenas y población vulnerable de la Región Brunca podrán estudiar Administración en Coto Brus mediante programa de la UNA

Personas indígenas y población con condición socioeconómica vulnerable de los cantones de Buenos Aires, Corredores, Coto Brus y Golfito podrán acceder a estudios universitarios en Administración mediante una carrera itinerante que ofrecerá la Universidad Nacional (UNA) en Coto Brus. El proceso de admisión se realizará el 13 de mayo de 2026 en el Jardín Botánico Wilson, donde también se impartirán las lecciones a partir de julio.

La iniciativa forma parte de la oferta académica de la Sede Regional Brunca de la UNA y busca ampliar el acceso a la educación superior en comunidades del sur del país que enfrentan barreras económicas y geográficas para ingresar a la universidad.

El programa se desarrollará bajo un modelo de carrera itinerante, que permite llevar la formación universitaria a comunidades fuera de los principales centros educativos.

La convocatoria está dirigida a personas indígenas y a población que cuente con condición socioeconómica vulnerable certificada por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).

Angie Gómez Mora, directora académica del Campus Coto, explicó que la apertura de esta carrera busca ampliar las oportunidades de formación universitaria en el cantón de Coto Brus y responder a las necesidades de desarrollo de la zona.

“Para la Sede Regional Brunca, es satisfactorio contribuir con la apertura de un grupo de Bachillerato en Administración como carrera itinerante en el cantón de Coto Brus. La ubicación geográfica de esta oferta se realiza debido a que esta iniciativa busca brindar oportunidades para poblaciones con condiciones socioeconómicas vulnerables y personas indígenas, en pro de la mejora de los Índices de Desarrollo Humano Cantonal y en concordancia con los objetivos de desarrollo sostenible y el derecho a la educación.

Adicionalmente, esta zona se dedica en gran parte al desarrollo de emprendimientos agrícolas y de agroindustria (como la producción de miel, café o cacao), actualmente, con un impulso hacia el sector de servicios, por lo que la apertura de esta carrera representa una herramienta sólida para el fortalecimiento de diferentes áreas como contabilidad, finanzas, talento humano, mercadeo y gestión de proyectos que permitan escalar operaciones, competir en mercados formales y ser sostenibles a largo plazo” , mencionó.

El proceso de admisión se realizará mediante inscripción presencial, recepción de documentos y entrevistas el miércoles 13 de mayo de 2026. La recepción de documentos se realizará en tres horarios: 9:00 a.m., 11:00 a.m. y 1:00 p.m.

Las personas interesadas deberán presentar:

  • Bachillerato en educación media (original y copia)

  • Certificación de notas de educación diversificada

  • Documento de identidad vigente

  • Constancia del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) firmada por el IMAS

El proceso también exige que las personas aspirantes no sean estudiantes regulares de la UNA ni participen en el proceso de admisión 2026-2027.

En el caso de postulantes provenientes de territorios indígenas, se solicitará además el certificado indígena correspondiente. Las personas que resulten admitidas iniciarán lecciones el 20 de julio de 2026.

Para consultas, pueden comunicarse al número 2562-6322, que también cuenta con servicio de WhatsApp.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica 

1 de Mayo por los derechos de la gente y la naturaleza – Una sola lucha por la justicia ambiental y la justicia social

  • La destrucción de ecosistemas y la crisis climática se profundizará en el nuevo gobierno
  • Más organización es indispensable para proteger la naturaleza y la vida

Desde hace años en Costa Rica se está afianzando un modelo autoritario de gobierno, se están reduciendo los espacios de participación, se siguen debilitando la salud, la educación, los derechos laborales y la seguridad social, se persigue a las personas que discrepan de la creciente concentración del poder, y los ecosistemas están sufriendo una embestida de destrucción como nunca.

La naturaleza es víctima de la expansión de monocultivos, minería, deforestación, uso ilimitado de venenos, turismo de enclave sin ningún beneficio duradero para las comunidades expulsadas, y otras formas de explotación, que impactan directa y negativamente en los territorios y las comunidades, ya que destruyen mares, bosques, suelos, aire y reducen la diversidad genética, debilitan los sistemas locales de protección, conservación y uso de semillas y debilitan los saberes vinculados a la tierra y la soberanía alimentaria. Ese es un modelo económico y social que destruye ecosistemas para fortalecer el libre comercio que únicamente beneficia a empresas transnacionales y sus socios locales.

La administración Chaves inició y terminó con innumerables acciones violentas e irresponsables contra los ecosistemas y las personas que los protegen, y no tenemos ningún indicio de que esto vaya a cambiar con el “continuismo”. Todo indica que el nuevo gobierno nos alejará más del cumplimiento de las leyes que protegen a la naturaleza y que nos distanciará más de una posible transición energética justa, solidaria y equitativa. En resumen, la destrucción de ecosistemas y la crisis climática se profundizarán.

Ante ese panorama, FECON considera que las redes de trabajo entre organizaciones de todo tipo y desde las comunidades y los territorios, es indispensable para protegernos colectivamente y proteger los ecosistemas y los derechos que nos quedan. Por eso, esperamos fortalecer todas las vías posibles de acción colectiva y solidaria con las poblaciones históricamente más atacadas como los pueblos campesinos e indígenas, las mujeres, los sindicatos y otros gremios. Es urgente unirnos con muchísimas comunidades del país que enfrentan todo tipo de amenazas cuando cuidan sus territorios, ríos, agua, cultivos, culturas, turismo, negocios, comercio y otras formas de economías locales para sobrevivir y evitar su expulsión y desaparición.

La protección de los ecosistemas y la Tierra no es posible sin la protección de los derechos humanos, culturales, económicos, sociales y de la vida misma, y por eso nos sumamos a todas las voces que condenan enérgicamente las acciones del gobierno de Costa Rica en favor del genocidio que mantiene el Estado sionista de Israel y rechazamos la firma de un tratado de libre comercio con ese país. Asimismo, rechazamos el trato inhumano y la criminalización de las personas migrantes que ejecuta el gobierno de Estados Unidos con el apoyo indigno de Costa Rica.

Este 1 de Mayo, “Día Internacional del trabajo”, es el día para unificarnos con toda la gente que trabaja para tener una vida digna y feliz. Es el día para fortalecernos, movilizarnos, indignarnos, organizarnos, resistir, ejercer derechos y sostener la esperanza activa que nace con la gente que cuida la naturaleza, la vida y nuestro planeta.

Comiendo del mismo plato

Erika Henchoz Castro

Primer día de mayo: jornada de felices coincidencias —o sospechosamente felices—, tanto políticas como verbales.

Nada más cercano a Un mundo feliz que ese coro de alusiones expresadas libremente o escritas, proclamadas, casi coreografiadas por el nuevo equipo de congresistas en el recinto parlamentario.

Unos sí, otros también: todos coinciden. Coinciden en la pobreza, en el hambre, en la naturaleza herida, en la delincuencia y en la urgencia de velar y atender la educación con mayúscula y bien tildada. Coinciden, sobre todo, en una agenda que dicen será por y para la Patria.

¡Ese será el norte a seguir! Dicen.

Algunos con buen verbo, otros con buen galillo, y unos pocos —los menos porque siempre sucede— con argumentos sólidos. Todos lanzan sus dardos al tablero de la democracia. Hay quien apunta mejor. Hay quien tiembla menos.

Algunos tendrán mejor pulso, mejor visión de las cosas o mayor pasión y conocimiento de la nuestra historia.

Pero, aun así, ¡cómo se parecen!

Mismo traje. Mismo color. Mismo gesto ensayado en sus teléfonos inteligentes.

Tal vez sea el único día del cuatrienio en que visten idénticos: blanco, azul y rojo, como si la patria pudiera coserse en la tela.

Mucho protocolo.

Y en esas cincuenta y siete curules —incómodas, dicen, pero codiciadas— todos caben en la misma forma, en la misma pose, en la misma promesa.

Yo pienso —y por eso escribo— que algunos miran con más limpieza que otros. Que hay rostros nuevos y otros demasiado conocidos. Que no todos cargan el mismo peso de ideas.

Pero queda la pregunta, terca:

¿a cuántos les incomoda, de verdad, la voz de un campesino?
¿a cuántos les duele el silencio largo de un pueblo indígena que lleva décadas esperando ser visto?

La respuesta no está hoy.

Llegará cuando las fracciones hablen. O callen. Cuando voten. Cuando se levanten. Cuando coincidan… o dejen de coincidir.

Porque al final, todo —todo— se decide en el plenario.

Y ahí, ya no basta con parecer iguales.

Cultiva plantas como terapia para reforzar su rehabilitación de aneurisma

Por Uriel Rojas

En el contexto del Día de la Persona Indígena Costarricense, publicamos la historia de una mujer indígena que ha demostrado su enorme capacidad de resiliencia ante tantas adversidades que ha superado.

Es una historia llena de inspiración a quienes en este momento se encuentran viviendo etapas muy difíciles en su vida.

Ella ha enfrentado una secuencia de tragedias e infortunios extremos, demostrando en todos los casos una capacidad enorme de resiliencia.

Esta heroína se llama María Victoria Lázaro Ortíz y sus estudios de secundaria los hizo sin tener transporte para llegar al colegio y regresar a su casa, situada en Rey Curré de Buenos Aires.

En 1992, a sus 25 años de edad empezó a trabajar como docente en una escuela rural indígena unidocente, donde tenía que caminar hasta tres horas a pie por la montaña, sorteando peligros para llegar a la escuela del lugar.

Por treinta años sirvió a la educación y se pensiona en el 2023, trabajando por 27 años en la Escuela Indígena Curré.

Sin embargo, en el 2014, sufrió la muerte de uno de sus hijos, quien falleció en un accidente de tránsito.

Esto le generó un enorme impacto emocional y el trabajar largas jornadas con grupos de estudiantes le fue desgastando su capacidad física y mental.

En el 2019, los doctores le detectaron que padecía de aneurisma cerebral, el cual es causado por el debilitamiento de la pared de una arteria en el cerebro, formando un abultamiento o «globo», que cuando se rompe, causa una hemorragia, liberando sangre en el espacio alrededor del cerebro, provocando daños en el tejido cerebral.

Tras estar un año internada en rehabilitación en el Hospital Escalante Pradilla de Pérez Zeledón, usó luego un bastón por 8 meses para ayudar a estabilizar sus pasos y es en este contexto donde también surge la idea de cultivar las primeras plantas para estimular su recuperación de la motricidad fina y estimular áreas cerebrales relacionadas con la memoria y la resolución de problemas.

Y no es para menos, después de ir superando poco a poco la aneurisma cerebral en el 2021, va a enfrentar otro momento difícil: en diciembre de 2020 muere su madre y eso le vuelve a generar un impacto a su proceso de estabilidad emocional.

Cuando ya parecía volver a recuperarse de este impacto, muere su esposo, en noviembre de 2022 y de nuevo, sufre el dolor de perder a uno de sus seres queridos.

No obstante, su valentía, fe en Dios y resiliencia volvieron a ser los aliados de esta gran mujer para seguir adelante.

Pero la sombra de las tragedias continuó…

En diciembre de 2023, muere su padre y ocho días después fallece su hija menor en un accidente de tránsito.

A pesar de las secuencias de estos sucesos tan fatídicos, ella continuó cultivando más plantas florísticas y ornamentales, y las cuida cada una como si fueran sus propios seres que ha perdido.

En la actualidad posee más de 400 plantas, un jardín que transpira vida y esperanzas.

Cada día, doña María Victoria riega y chinea sus plantas, lo cual sirve como terapia permanente para reducir el estrés, la ansiedad y la depresión, fortaleciendo de paso su proceso de rehabilitación física, emocional y cognitiva.

«La Arrastrada»: 15 años de un quiebre que transformó la lucha indígena por tierra, autonomía y derechos

De Hablemos DDHH

El 19 de abril de 2010, durante el Día de la Persona Indígena en Costa Rica, liderazgos indígenas realizaron una acción pacífica dentro de la Asamblea Legislativa para exigir la votación del Proyecto de Ley de Autonomía de los Pueblos Indígenas, estancado por más de 17 años. La respuesta estatal fue el desalojo violento: sin diálogo, la Fuerza Pública ingresó de madrugada, cortó servicios y sacó a las personas indígenas arrastrándolas hasta la calle. Este hecho se conoce como “La Arrastrada”.

“La Arrastrada” marcó un antes y un después en la relación entre los pueblos indígenas y el Estado. Evidenció racismo estructural, falta de voluntad política y el cierre de las vías institucionales. El proyecto de ley nunca fue aprobado y terminó siendo archivado, pese a haber sido construido con participación indígena.

A partir de ese momento, según el líder brörán Pablo Sibar Sibar, muchas comunidades decidieron no volver a la capital a pedir derechos y optaron por ejercerlos directamente en sus territorios. Así inició una nueva etapa de lucha: las recuperaciones de Tierras Ancestrales desde 2011 en territorios como Salitre, Térraba, Cabagra, Curré y China Kichá, basadas en derechos reconocidos pero enfrentadas con violencia, amenazas y criminalización.

Este proceso ocurre en un contexto de incumplimiento de derechos, como la falta de consulta previa (Convenio 169 de la OIT) y la imposición de estructuras estatales como las ADI, que limitan la autodeterminación. La conflictividad ha sido agravada por la ocupación ilegal de territorios y la inacción estatal.

En este escenario fueron asesinados dos defensores indígenas: Sergio Rojas Ortiz (2019) y Jehry Rivera Rivera (2020), crímenes que permanecen en la impunidad y reflejan la falta de protección efectiva que le corresponde al Estado costarricense.

Por eso, “La Arrastrada” se conmemora no solo como un acto de violencia estatal, sino como el punto de quiebre que impulsó una lucha más directa por la Tierra, autonomía y libertad.

A más de una década, la demanda sigue vigente: respeto a los DDHH, devolución de los Territorios Ancestrales y reconocimiento pleno de la autodeterminación de los pueblos indígenas.

UCR realizará conversatorio sobre personas defensoras del territorio, derechos y resistencias

En el marco de la Semana U 2026, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica invita al conversatorio “Personas Defensoras del Territorio: Derechos, Riesgos y Resistencias”, un espacio orientado a escuchar experiencias, reflexionar sobre las luchas territoriales y reconocer la defensa de la vida desde distintas realidades.

La actividad forma parte del eje “Voces que defienden la vida y la libertad de expresión” y reunirá a personas representantes de territorios indígenas, organismos internacionales y programas universitarios vinculados a los derechos humanos y la acción socioambiental.

El conversatorio se realizará el miércoles 22 de abril a las 5:00 p. m. en la Sala de Audiovisuales, primer piso de la Facultad de Ciencias Sociales. La organización informó que la actividad será válida por horas conferencia de la ECCC.

Entre las personas participantes estarán:

  • Doris Ríos Ríos, del Territorio Indígena China Kichá.

  • Pablo Sibar Sibar, del Territorio Indígena Brörán.

  • William Vega Murillo, oficial nacional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

La moderación estará a cargo de Dylanna Rodríguez Muñoz, coordinadora del Programa Kioscos Socioambientales.

La convocatoria busca promover el diálogo en torno a los desafíos que enfrentan las personas defensoras del territorio, así como las diversas formas de resistencia comunitaria en defensa de los derechos humanos, la tierra y la vida.

Participan en la organización la Facultad de Ciencias Sociales, la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC), la Escuela de Sociología, Kioscos Socioambientales y PROLEDI.

Filomena Navas Salazar: legado vivo de lucha y dignidad en el pueblo Bröran

El Colectivo de apoyo a doña Digna Rivera Navas felicita al pueblo Bröran de Térraba y, en particular, a la familia Rivera Navas por el benemeritazgo concedido a Filomena Navas Salazar; madre de nuestra querida doña Digna Rivera y abuela de Jerhy Rivera Rivera.

Esta figura encarna la historia viva de las comunidades indígenas que han resistido, organizado y transformado sus territorios desde la base.

Su legado, como señalan diversas organizaciones, no solo pertenece al pasado: sigue presente en las luchas actuales por la tierra, la cultura, los derechos y la dignidad.

Su ejemplo ha sido una luz para sus hijas e hijos y también para su nieto Jerhy, quien supo enaltecer con su lucha y su vida el legado recibido de esta gran mujer.

Personas Gestoras Locales en Acción – Fressy Sánchez Sánchez del Territorio Indígena Huetar de Quitirrisí

Cápsula #2

Elaborado por: Michelle P. Castro Marchena y Rafael E. López Alfaro

El Territorio Indígena Huetar de Quitirrisí es un espacio vivo de memoria, identidad y organización comunitaria, donde el vínculo entre cultura, territorio y acción colectiva sostiene procesos orientados al buen vivir y a la defensa de los derechos de los pueblos originarios. En este contexto, el Programa de Gestión Local de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), desde su quehacer en extensión universitaria, acompaña el fortalecimiento de liderazgos comunitarios que inciden activamente en el desarrollo local con identidad cultural.

Uno de estos liderazgos es el de Fressy Sánchez Sánchez, gestora local, egresada del Técnico en Gestión Local para Pueblos Originarios (TGL‑PO), generación 2025, y habitante del Territorio Indígena Huetar de Quitirrisí. Fressy participa activamente en el grupo Mujeres Huetares de Quitirrisí y en la Unidad Nacional de Mujeres Indígenas Ditsä+, organización sin fines de lucro que articula a mujeres de múltiples territorios indígenas de Costa Rica y Mesoamérica.

Desde estos espacios, se promueven procesos construidos por mujeres y para mujeres, orientados a la recuperación y valoración de saberes ancestrales, el fortalecimiento del tejido organizativo y la visibilización de prácticas culturales como expresiones vigentes de identidad, continuidad histórica y autonomía comunitaria.

El recorrido formativo y comunitario de Fressy se encuentra profundamente ligado a su historia familiar y territorial. Hija de padres Huetares y líderes comunales, desde temprana edad recibió una formación basada en el compromiso colectivo y la defensa de la identidad indígena. A los 40 años retomó su formación académica y encontró en la UNED una oportunidad para ampliar sus capacidades y proyectar su liderazgo comunitario. Además de ser egresada del TGL‑PO en su versión Huetar, actualmente es estudiante regular de la carrera de Gestión Turística Sostenible.

Gestión comunitaria y liderazgo territorial

Fressy cumple un rol estratégico en los procesos organizativos del Territorio Indígena de Quitirrisí. Su liderazgo se caracteriza por el conocimiento profundo de las dinámicas territoriales, la capacidad de escucha y la construcción de consensos orientados a objetivos comunes como la protección del territorio, el fortalecimiento de la organización comunitaria y la preservación de las prácticas culturales.

Su quehacer se distingue por valores como la empatía, la responsabilidad colectiva y la resiliencia, cualidades fundamentales para sostener procesos comunitarios en contextos de cambio y desafío.

Fondos concursables: Puntos Cultura – Ministerio de Cultura

Actualmente, Fressy se desempeña como vicepresidenta de la Junta Administrativa del proyecto “Altar Ceremonial del Campo Sagrado El Güaco”, iniciativa ubicada en el territorio de Quitirrisí y seleccionada para recibir fondos concursables del programa Puntos Cultura del Ministerio de Cultura.

Este proyecto representa una oportunidad significativa para la revitalización cultural, el fortalecimiento de la participación comunitaria y la puesta en valor de prácticas ceremoniales propias del pueblo Huetar, contribuyendo a la transmisión intergeneracional de saberes y al reconocimiento de la espiritualidad indígena como parte esencial del territorio.

Planificación territorial y fondos PAFT – PNUD

Asimismo, Fressy forma parte del comité fiscalizador de los fondos concursables asignados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) al Territorio Indígena de Quitirrisí, en el marco del Plan Ambiental, Forestal y Territorial (PAFT). Su responsabilidad es velar por el uso transparente y adecuado de los recursos y por el cumplimiento de la hoja de ruta definida colectivamente por la comunidad y su Asociación de Desarrollo.

El PAFT constituye un instrumento clave de planificación territorial creado por los propios pueblos indígenas para definir prioridades de desarrollo desde su cosmovisión, garantizar la protección de los recursos naturales y acceder a mecanismos de financiamiento climático. En marzo, el Territorio Indígena de Quitirrisí aprobó su PAFT mediante asamblea comunitaria, tras un proceso de diálogo, reflexión y construcción colectiva.

Este plan prioriza la inversión en infraestructura local, el fortalecimiento de emprendimientos comunitarios y el desarrollo de capacidades en juventudes, personas adultas mayores y mujeres, así como la protección y manejo sostenible de los bosques y recursos naturales del territorio.

Ley en papel, derechos negados: la deuda histórica del Estado con los pueblos indígenas

SURCOS. En Costa Rica existe una ley que, en el papel, reconoce los derechos de los pueblos indígenas. Se trata de la Ley Indígena N.° 6172, aprobada en 1977, que establece principios contundentes: la propiedad colectiva de los territorios, la exclusividad de su uso por parte de las comunidades indígenas y la obligación del Estado de garantizar su protección.

Sin embargo, casi medio siglo después, la realidad en los territorios indígenas muestra una profunda contradicción: lo que la ley reconoce, en la práctica se incumple de manera sistemática.

Un marco legal preciso… que no se cumple

La Ley Indígena no deja espacio para ambigüedades. Desde su inicio define a los pueblos indígenas como sujetos colectivos con identidad propia y reconoce sus territorios como propiedad exclusiva de las comunidades. Además, establece que estas tierras son inalienables, imprescriptibles y no transferibles, y prohíbe expresamente que personas no indígenas puedan adquirirlas o utilizarlas.

Asimismo, la ley dispone que el Estado debe reubicar o expropiar a las personas no indígenas que ocupen tierras dentro de los territorios, y actuar de inmediato ante nuevas invasiones. También declara el cumplimiento de esta legislación como una prioridad nacional, obligando a todas las instituciones públicas a colaborar en su ejecución.

El reglamento complementa este marco, señalando mecanismos organizativos, representación jurídica y coordinación institucional para hacer efectivos esos derechos.

En otras palabras: la ley existe, es precisa y otorga herramientas suficientes para garantizar los derechos territoriales indígenas.

La realidad: territorios invadidos y derechos vulnerados

Pese a este marco jurídico, múltiples denuncias —como las que hemos venido documentando en SURCOS— evidencian una realidad muy distinta:

  • Territorios indígenas ocupados por personas no indígenas.
  • Procesos de recuperación de tierras enfrentados con violencia.
  • Ausencia de acciones efectivas del Estado para cumplir la ley.
  • Condiciones de vida marcadas por exclusión social, pobreza estructural y falta de acceso a servicios básicos.

Esta brecha entre ley y realidad no es accidental. Responde a una debilidad estructural del Estado para garantizar derechos cuando se trata de poblaciones históricamente marginadas.

Una ley nacida en un contexto limitado

El análisis de la historiadora Alejandra Boza Villarreal aporta claves importantes para entender esta situación. La Ley Indígena surge en un contexto en el que el Estado costarricense buscaba reconocer la existencia de los pueblos indígenas, pero lo hacía desde una visión todavía limitada, marcada por enfoques asistencialistas e integracionistas.

Si bien la ley representó un avance significativo para su época —al reconocer la propiedad colectiva y la autonomía territorial—, no rompió completamente con las estructuras de poder que históricamente han subordinado a los pueblos indígenas.

Esto explica, en parte, por qué la ley ha sido más declarativa que efectiva: reconoce derechos, pero no transforma las condiciones estructurales que impiden su cumplimiento.

El problema de fondo: voluntad política y modelo de desarrollo

El incumplimiento de la Ley Indígena no puede explicarse únicamente como una falla administrativa. Se trata de un problema más profundo:

  • Falta de voluntad política sostenida para ejecutar desalojos y procesos de recuperación territorial.
  • Conflictos con intereses económicos, especialmente en zonas donde hay presión sobre la tierra.
  • Un modelo de desarrollo que no prioriza los derechos de los pueblos indígenas, pese a lo que establece la ley.

Incluso cuando la legislación establece que solo las comunidades indígenas pueden explotar los recursos dentro de sus territorios, en la práctica se han documentado situaciones de uso indebido, extracción de recursos y afectaciones ambientales que contradicen ese mandato.

Organización comunitaria frente a la ausencia estatal

Ante este escenario, muchas comunidades han impulsado procesos de organización y recuperación territorial. La propia ley reconoce la importancia de las estructuras comunitarias y formas organizativas indígenas, así como su derecho a administrar sus territorios.

Sin embargo, estas iniciativas han debido avanzar, en muchos casos, sin el respaldo efectivo del Estado, e incluso enfrentando criminalización o violencia, con asesinatos y amenazas como expresión de ese clima.

Esto plantea una pregunta central: ¿hasta qué punto el Estado está dispuesto a cumplir su propia ley?

Más que una deuda legal, una deuda histórica

El problema no es que falten normas. El problema es que no se cumplen.

La situación de los pueblos indígenas en Costa Rica revela una contradicción profunda entre el discurso de país respetuoso de los derechos humanos y la realidad en los territorios.

Cumplir la Ley Indígena no es solo una obligación jurídica. Es una condición mínima para avanzar hacia una sociedad que respete la diversidad, la dignidad y los derechos colectivos.

Una tarea pendiente

A casi 50 años de su aprobación, la Ley Indígena sigue siendo una promesa incumplida.

Garantizar su aplicación efectiva implica:

  • Recuperar territorios ocupados ilegalmente.
  • Fortalecer la autonomía de las comunidades.
  • Asegurar condiciones de vida dignas.
  • Reconocer plenamente a los pueblos indígenas como sujetos de derechos.

Mientras esto no ocurra, la ley seguirá siendo un texto avanzado… pero insuficiente frente a una realidad que continúa negando derechos fundamentales.

Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.