Como parte de la implementación del Plan Ambiental Forestal y Territorial derivado de los Contratos de Reducción de Emisiones Forestales (CREF), varias comunidades del Territorio Indígena de Rey Curré ya empezaron a ver sus beneficios.
A nivel de emprendimientos, se han apoyado a varias familias de las comunidades de Curré Centro, Las Vegas, Progreso, Lagarto, Mamey, Pantera y Dú Túj.
Se ha ejecutado reparaciones en la calle principal a Du Túj, previo a la coordinación interinstitucional, lo que contribuyó a una mejor condición de vida a los pobladores que debían sacar sus productos agrícolas.
Se brindó apoyo al Festival Cultural 2024 y se hicieron reparaciones necesarias en las instalaciones del Rancho Cultural.
Gracias al PAFT, se destinaron fondos para apoyar el Tradicional Juego de los Diablitos 2025, un apoyo económico para cubrir sus gastos y operaciones logísticas.
Se han hechos mejoras en el cementerio local y se han destinado fondos para que el Comité de Reciclaje ampliación su infraestructura y techado.
Para las familias de la comunidad de El Progreso, se han hecho estudios previos para la construcción de un tanque de captación y distribución de agua potable, así como la compra de 4 kilómetros de tubería de polietileno para la distribución del agua potable en este poblado.
Para los vecinos de San Bosco, se han realizado mejoras en la captación de agua potable, así como para la comunidad de Bajos de Mamey.
En la comunidad de Las Vegas de Chánguena, se han invertido en estudios previos para construir del perfil de la construcción del puente sobre el río Chánguena, así como la construcción de una bodega de almacenamiento de materiales y equipos de cocina para la recepción de los técnicos que estarán realizando dichos estudios y capacitaciones.
Esta bodega en la comunidad de Las Vegas cuenta con electrificación y las condiciones adecuadas para su buen funcionamiento.
En este mismo contexto, se han pagado los servicios de técnicos especializados (antropólogos certificado) para que avalen los estudios de los estudiantes en antropología de la UCR, previos a la construcción del puente las Vegas de Chánguena, una obra de vital importancia en esta comunidad.
Del mismo modo, se han destinados fondos para capacitación y reforestación en las nacientes de Cementerio Curré, Dú Tuj, San Bosco y Bajos de Mamey.
Gracias a estos los fondos generados por los Contratos de Reducción de Emisiones Forestales (CREF), se han comprado equipos básicos para la oficina de la Asociación de Desarrollo Indígena de Rey Curré, tales como computadoras y equipo de sonido de actividades especiales.
El PAFT, es una herramienta para establecer los mecanismos de administración y distribución de los beneficios económicos que reciben los territorios por los Contratos de Reducción de Emisiones Forestales (CREF).
Este 1° de mayo de 2025, miles de personas salieron a las calles en Costa Rica para reivindicar derechos, denunciar injusticias y celebrar la lucha histórica del movimiento obrero. Desde ese caminar colectivo nace este collage sonoro, un recorrido que les invitamos a hacer a través de distintas voces, ritmos, pasos… y bombas.
Sí, bombas: esas cuartetas improvisadas que detienen la música para soltar una verdad, una crítica, una chispa que enciende la conciencia. A lo largo de este montaje, las bombas populares se entrelazan con consignas, intervenciones espontáneas y reflexiones de personas que participaron en la manifestación. Juntas nos llevan por las calles de la capital, donde se alzaron denuncias contra la violencia institucional y el abandono de los intereses populares.
Entre las principales demandas, se expresó el rechazo a las políticas del poder ejecutivo y de buena parte del legislativo, acusadas de erosionar derechos y empobrecer a las mayorías. Se cuestionó la criminalización de personas privadas de libertad y sus familias bajo una nueva política carcelaria punitiva y excluyente. También se denunciaron la venta de instituciones públicas, la tecnocratización de la gestión financiera, y el debilitamiento deliberado de los sistemas de salud y educación.
La marcha reunió una pluralidad de voces: pueblos indígenas que alzaron la bandera de la autonomía y la defensa del territorio, trabajadoras domésticas que exigieron condiciones laborales dignas, sindicatos de distintos sectores, colectivos estudiantiles comprometidos con la defensa de lo público, y personas que expresaron su solidaridad con la lucha del pueblo palestino. También se escucharon denuncias contra el proyecto de armonización eléctrica, señalado como parte de la mercantilización de los bienes comunes. Las voces que aquí se entrelazan defienden otra lógica: la del cuidado, la justicia y la dignidad.
Los pueblos originarios han sido guardianes del conocimiento ancestral, la biodiversidad y la identidad cultural costarricense. En esta fecha, se reconoce su legado, sus luchas y sus aportes al desarrollo del país.
Promover el respeto, la inclusión y el acceso a la educación para las comunidades indígenas es una tarea fundamental para una sociedad equitativa. El reconocimiento de sus saberes y tradiciones fortalece la construcción de un futuro más justo y diverso.
Recurso de amparo presentado por Defensoría fue declarado con lugar
Producto de un recurso de amparo presentado por la Defensoría de los Habitantes y declarado con lugar, el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia presidido por la presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) está obligado a que, en un plazo no mayor a 12 meses, lleve a cabo la consulta a niños niñas y adolescentes indígenas en los 24 territorios, para garantizar los derechos de esta población.
La Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, dijo que al excluir las voces de la niñez y la adolescencia indígena de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2024-2036, representó una violación al interés superior del niño y de la niña, sus derechos a la igualdad y no discriminación, sus derechos a la participación, supervivencia y desarrollo, entre otros.
La semana anterior, la Defensora sostuvo diferentes encuentros con población indígena, en La Casona de Coto Brus, Salitre y Cabagra, y el tema de la consulta a los pueblos indígenas fue resorte de preocupación de las personas participantes en los distintos encuentros.
Esta política, que excluyó a las personas menores de edad indígena, fue publicada en abril del 2024. La decisión del Gobierno fue que, la consulta sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes, se hiciera en el marco de la política pública de pueblos indígenas y no en la política nacional de niñez y adolescencia. Esta decisión fue cuestionada por la Defensoría, pues se tomó sin criterios razonables ni objetivos.
Definitivamente la exclusión constituye una discriminación a las personas menores de edad que viven en territorios indígenas, sus inquietudes y sus aspiraciones y, se incumple con la Convención de los Derechos del Niño y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“No hay política pública sin derechos humanos, ni se puede hablar de una garantía de derechos humanos sin una debida política pública, pues su relación es innegable e indisoluble, pues la política pública viene a instrumentalizar el medio a través del cual, el Estado garantiza los derechos, medio que debe tener, además, un contenido presupuestario que torne realista y realizable su ejecución”, sostuvo la Defensora de los Habitantes.
Para la Defensoría es claro que fue producto de la presentación del recurso de amparo -en julio 2024- que las autoridades competentes informaron que, a partir del 25 de octubre de ese año, arrancaría el proceso de consulta en su primera fase y la realización de talleres, sin embargo, la Sala IV indicó que no tiene certeza que se vaya a efectuar debido a que no se aportó un cronograma ni un plan completo el cual se pudiera observar el procedimiento en todos los territorios, tal y como lo establece el artículo 26 del Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas.
La Defensoría ha exigido al Estado un compromiso real de protección de los derechos de la niñez, una adecuada prevención y atención de los casos por violencia escolar, la preocupación por la reducción de la inversión en la educación, entre otros. En la gira por territorio indígenas, se le expresó a la Defensoría también la necesidad que el Estado se involucre activamente en otros temas claves como la limitada conexión a internet y la necesidad de educación inclusiva, la recuperación de tierras con mayor compromiso de las entidades competentes, el acceso efectivo a servicios médicos con información en lengua indígena, reglamentos claros para el manejo forestal, problemas en permisos de construcción y mantenimiento de caminos, la urgente mejora en la infraestructura de agua potable y las deficiencias en la recolección de residuos sólidos.
La Escuela Indígena de Rey Curré de Buenos Aires ha organizado una gran Carrera de Cintas con el objetivo de recaudar fondos en beneficio de esta institución educativa.
Esta actividad se realizará este domingo 13 de abril a partir de la 1pm en el Rancho Las Tres Erres, ubicado en Finca La Vieja.
El costo de la inscripción es de ₡10,000 por participante y esta cuota incluye el almuerzo y una bebida.
Además, habrá transporte que saldrá de la comunidad de Lagarto a las 12:30 pm hasta el rancho ida y regreso.
En el lugar habrá ventas de ricas comidas y bebidas y para los jinetes participantes de la carrera de cintas, tendrán valiosos premios.
Las carreras de cintas es una actividad muy tradicional de los pueblos, que se encuentra en vías de extinción.
Además de rescatar esta costumbre dominguera, la actividad busca recolectar fondos para realizar mejoras en la escuela indígena de Rey Curré.
Reunida la Coordinación del Frente Nacional de los Pueblos Indígenas de Costa Rica, FRENAPI, los días 14 y 15 de marzo, para evaluar y generar Planes de Trabajo 2025, comunicamos a la comunidad nacional e internacional:
Este 18 de marzo, se cumplen ya 6 años, del cobarde asesinato del compañero Sergio Rojas, Bribri del clan Uniwak y miembro coordinador de FRENAPI.
Desde la legislación de 1977, ley 6172, el Estado debió asumir su responsabilidad de garantizar nuestro derecho a la Tierra/Territorio, ya sea indemnizando o desalojando los usurpadores – poseedores de mala fe. El Estado incluye la Comisión Nacional de Asuntos Indígena CONAI, ITCO actualmente INDER por su competencia en materia agrario, las asociaciones presentes en los territorios indígenas ADIs (dependientes de DINADECO), que son estructuras impuestas a los pueblos indígenas, por su negligencia y omisión en el saneamiento territorial, los hace cómplices del asesinato de nuestro hermano.
Después de más de 40 años de espera, (de Ley Indígena) y del desalojo violento en la Asamblea Legislativa, 9 agosto 2010, los Pueblos Indígenas, hemos decidido REAFIRMAR nuestro derecho a la Tierra/Territorio y nuestros Derechos a la espiritualidad, ambiente, educación, salud, y reivindicar de las estructuras propias.
Responsabilizamos al Estado de las agresiones, violaciones, a las personas indígenas y nuestros bienes, pues no ha garantizado ni materializado los derechos consagrados en la Constitución y el Derecho Internacional de los Pueblos Indígenas. De modo que nuestras vidas y subsistencia, se ven en riesgo, vulnerabilidad y enajenado por las complicidades y omisiones del Estado.
En la administración Chaves Robles, igual que las otras administraciones, la represión, las agresiones, impunidad y la discriminación, han ido en forma escalonada, contra los Bienes Comunes, los Derechos Constitucionales y la integridad de los Pueblos Indígenas.
La impunidad desde los Poderes del Estado, promueve y consolida más agresiones, discriminación, racismo y la imposición de las nuevas formas de colonizar nuestras mentes, espiritualidades, estructuras propias y la diversidad cultural.
Desde los pueblos hemos vivido el despojo de los bienes comunes, mediante el clientelismo y la imposición de “agendas del estado”, mediante toda su estructura CONAI-ADIs-INDER-FONAFIFO-MINAET-ESTADO, folclorizando nuestras culturas, con acciones aisladas, evidenciando la continuidad del modelo colonial, de conquista, asesino, usurpador extractivista de nuestros bienes y la VIDA.
Condenamos al Estado que con su accionar nos ha arrebatado la vida, que es un derecho fundamental del ser humano, que después de 5 siglos, sigue la masacre, el crimen y genocidio estructurada y sistemática.
Esta impunidad representa mayor violencia que viven los pueblos indígenas, dichas acciones son ejecutadas a mansalva contra los pueblos y sus derechos.
Repudiamos la impunidad por parte de los poderes del Estado, que sólo manifiesta y ratifica la inoperancia e ineficiencia, del sistema, mediante los operadores de la justicia, sean abogados/as, fiscales, jueces, ministros y presidencias.
Exigimos justicia contra los asesinos materiales e intelectuales de nuestro compañero Sergio, contra la violencia de usurpadores y agresores; así como exigimos atención de la Agenda Indígena, que respeta nuestros Derechos, estructuras y espiritualidades propias.
La garantía y exigencia del Derecho a la Tierra/Territorio, de los Pueblos Indígenas, que seguiremos recuperando y reafirmando, por el bienestar, la salud, la conservación, la biodiversidad, siguen vigentes en todos nuestros Pueblos
Después de casi 30 años de lucha, la comunidad indígena Bribri de Meleruk, también conocida como La Pera, ha conseguido un fallo histórico: la Sala Constitucional ordenó al Estado garantizar su acceso al agua potable, un derecho fundamental que les ha sido negado por décadas.
Un problema que ha persistido por años
Meleruk, hogar de aproximadamente 280 personas, enfrenta una crisis hídrica prolongada. Sin acueducto ni acceso a fuentes seguras de agua, la comunidad ha sobrevivido mediante sistemas artesanales y recolección de lluvia, con enormes sacrificios económicos y riesgos para la salud.
El camino hacia este reconocimiento no ha sido fácil. Aquí un repaso de los momentos clave:
Hace casi 30 años – La comunidad inicia solicitudes para la construcción de un acueducto. 2018 – Un informe oficial confirma que el abastecimiento de agua es insuficiente e inseguro. 2020 (octubre) – El Concejo Municipal de Talamanca declara emergencia social por la falta de agua. 2020 (noviembre) – La municipalidad insta al AyA a intervenir, pero no hay respuesta efectiva. 2023 (julio) – Ingenieros del AyA confirman que las nacientes en la zona no tienen caudal suficiente. 2024 (febrero) – Se realiza una inspección en la escuela de Meleruk, evidenciando que los niños no tienen agua potable. 2025 (enero) – La comunidad reitera sus denuncias ante la Sala Constitucional. 2025 (febrero) – La Sala Constitucional falla a favor del pueblo Bribri y ordena al Estado tomar acción inmediata.
Filidencio Cubillo nos expone la situación que están enfrentando y las acciones que han realizado. Ingrese en este enlace para escuchar el audio.
¿Qué ordena la resolución?
La Sala Constitucional determinó que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) debe: Abastecer de inmediato a la comunidad con camiones cisterna, en un plazo máximo de cinco días. Realizar estudios técnicos en un plazo de 12 meses para determinar una solución definitiva. Implementar un sistema de abastecimiento en un plazo adicional de 12 meses.
Más que agua, es justicia para los pueblos indígenas
Este fallo no solo beneficia a Meleruk, sino que sienta un precedente para la protección de los derechos indígenas en Costa Rica. El acceso al agua potable no es un privilegio, es un derecho humano fundamental reconocido en: El Convenio 169 de la OIT, que obliga a los gobiernos a respetar la autonomía de los pueblos indígenas sobre sus recursos. La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que reconoce su derecho a la autodeterminación y a servicios básicos. La Constitución de Costa Rica, que garantiza el derecho a la vida y la salud.
El pueblo Bribri de Meleruk ha demostrado que la organización y la perseverancia pueden cambiar realidades. Ahora, queda en manos del Estado cumplir con la sentencia y hacer justicia para esta comunidad.
Imagen corresponde a la Escuela de Meleruk 2, 12 de marzo 2025.
¿Por qué esta lucha es crucial para los pueblos indígenas en Costa Rica?
El caso de Meleruk no es solo una historia local, es un reflejo de la realidad que enfrentan muchas comunidades indígenas en el país. Su lucha por el agua simboliza una batalla más amplia por derechos, dignidad y justicia histórica.
Acceso al agua como derecho humano: A pesar de que Costa Rica ha ratificado tratados internacionales que garantizan el derecho al agua, muchas comunidades indígenas siguen sin acceso a este recurso esencial.
Autonomía y gestión de recursos: La falta de acceso al agua no es solo un problema de infraestructura, sino de soberanía. Los pueblos indígenas tienen derecho a decidir sobre sus bienes naturales y exigir que el Estado respete sus territorios.
Precedente legal para otras comunidades: Este fallo podría abrir la puerta a que otros pueblos indígenas y sus comunidades exijan al Estado cumplir con sus obligaciones. No se trata solo de Meleruk, sino de todos los territorios indígenas que han sido históricamente excluidos.
El agua como pilar de identidad y supervivencia: Para los pueblos indígenas, el agua no es solo un recurso, es parte de su cultura, su espiritualidad y su conexión con la tierra. Proteger su acceso es proteger su forma de vida.
La sentencia de la Sala Constitucional es un paso adelante, pero la lucha continúa. Ahora, el reto es que se cumpla el fallo y que el derecho al agua deje de ser una deuda pendiente con los pueblos indígenas de Costa Rica
Meleruk y la persistencia del colonialismo en la distribución del agua
El caso de la comunidad indígena Bribri de Meleruk no es solo un problema de infraestructura o gestión pública. Es el reflejo de una historia de exclusión y desigualdad que se remonta al colonialismo y que sigue viva en las instituciones del Estado.
A pesar de los discursos sobre multiculturalidad e inclusión, las comunidades indígenas siguen enfrentando un racismo estructural que normaliza su abandono. La falta de acceso al agua potable en Meleruk no es un hecho aislado, sino parte de un patrón más amplio de inequidad territorial, donde los pueblos indígenas tienen menos acceso a servicios básicos, menos representación en la toma de decisiones y menos recursos asignados para su bienestar.
Las instituciones han justificado su inacción con argumentos de falta de financiamiento, trámites burocráticos o problemas técnicos. Pero ¿se permitiría que una comunidad no indígena en Costa Rica pasara tres décadas sin agua potable? La respuesta evidencia un sistema que sigue marginando a los pueblos originarios y negándoles sus derechos fundamentales.
Este fallo a favor de Meleruk no solo es una victoria jurídica, es un recordatorio de que la deuda histórica con los pueblos indígenas sigue pendiente. Superar el colonialismo no significa solo reconocer sus derechos en papel, sino garantizar en la práctica que tengan acceso a los recursos necesarios para vivir con dignidad y autonomía.
El agua no es solo un recurso, es un derecho, un símbolo de justicia y un reflejo de qué tan incluyente es realmente una sociedad.
Este 24 de febrero es el quinto aniversario del asesinato de Jerhy Rivera Rivera, líder indígena Bröran, Térraba, activista recuperador y defensor de territorios ancestrales de la zona sur de Costa Rica.
Hace cinco años que un asesino confeso, Juan Eduardo Varela Rojas, encontró refugio en la justicia costarricense para gozar de impunidad, alardear de su crimen, ser aplaudido como si fuera una estrella de rock, acosar y amenazar continuamente a las víctimas de sus acciones: doña digna Rivera Navas, su familia y las personas que han atestiguado en contra suyo. Se tratade un alumno destacado de la escuela del horror: fue capaz de asesinar por la espalda de cinco balazos a quien estaba indefenso y decir que fue en defensa propia.
En la sentencia del 1 de febrero del 2023, hay una descripción detallada de la forma en que una turba de no menos de veinte personas atacó al líder indígena, por lo que un tribunal de Pérez Zeledón sentenció a Juan Eduardo Varela a 22 años de prisión por los hechos ocurridos el 24 de febrero de 2020, cuando disparó y mató a Rivera.
Sin embargo, el 17 de julio del 2023, el Tribunal de Apelaciones de Sentencia Penal de Cartago mediante el Voto 2023-263 anuló la sentencia del Tribunal Penal de Pérez Zeledón del 1 de febrero de 2023 y ordenó un nuevo juicio.
El 19 de septiembre de 2024 el Tribunal de Pérez Zeledón absolvió de toda pena y responsabilidad a Juan Eduardo Varela Rojas.
Recientemente, en enero del 2025, se dio a conocer un nuevo pronunciamiento del Tribunal de Apelaciones de Cartago en que avala la resolución del 19 de septiembre y rechaza la apelación de la sentencia interpuesta por la parte querellante.
La complicidad de estos Tribunales con el asesino confeso y con los ocupantes ilegales es una manera de protegerlos y envalentonarlos para continuar las agresiones, los incendios, las amenazas y el atropello en los territorios indígenas. Desde marzo del 2019 y febrero del 2020, fechas en que fueron asesinados Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera Rivera, las mujeres indígenas y la infancia son sus principales víctimas.
El Estado no solo propicia la impunidad, es cómplice indirecto de los asesinatos puesto que no veló por las medidas cautelares que había dictado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Asimismo, viola constantemente los derechos de las mujeres indígenas al negarles el acceso a la justicia, una vida sin violencia en sus territorios y al propiciar y permitir el racismo en las instituciones que deberían velar por la paz en dichos territorios.
El irrespeto del derecho humano a la verdad marcó la vida de los dos líderes indígenas asesinados y, como si se tratara de una condena para sus madres, esposas, hijas, familias y sus comunidades, se les sigue negando, ya que el sistema judicial costarricense se ha desentendido y atropellado ese derecho al no investigar adecuadamente los delitos y al no condenar como es debido a los asesinos que se pavonean de sus crímenes en los territorios.
¡Justicia para Jerhy Rivera Rivera y para Sergio Rojas Ortiz!
¡No más impunidad!
¡Si los Tribunales no se cansan de proteger asesinos y ocupantes ilegales, no nos cansaremos de denunciarlo a nivel nacional e internacional y exigir que se cumplan las leyes y los Convenios Internacionales!
Firmas responsables: Colectivo de Apoyo a doña Digna Rivera Navas Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos colectivodeapoyodignarivera@gmail.com
Bolivia:
Feminismo Comunitario Antipatriarcal
Costa Rica:
Adela Bermúdez Zúñiga
Adriana Lacle, Médico pensionada
Alejandra Bonilla Leiva, Asociación Tinamaste
Alejandra Martínez Gamboa
Alessandro Rodríguez Chaves, Asistente legal
Alexander Barquero R.
Alicia Eugenia Vargas Porras, jubilada.
Allen Cordero Ulate, docente jubilado
Álvaro Fernández González, docente jubilado
Amílcar Castañeda, Docente Universidad Estatal a Distancia
Ana Carcedo, jubilada.
Ana Chacón Mora, jubilada.
Ana Franzen, Casa del Migrante
Ana Hidalgo, Jubilada
Ana Leonor Ramírez Montes, Psicóloga
Ana Luisa Cerdas, pensionada
Ana María Arenas Romero, enfermera.
Ana Marín, Docente jubilada
Ana Ruth Bonilla Leiva, química
Anacristina Rossi, Escritora y docente en la Universidad de Costa Rica
Aurelia Trejos, Pensionada
Blanca Arce, antropóloga
Cabeto López Herrera
Carmen Brenes, docente jubilada ANDE
Ciska Raventós Vorst, Socióloga
Club del Exocet, biólogo
Dennis Omar Calix, planificador económico social
E. Ramírez Guier, Biólogo
Efraín Retana Fonseca, jubilado
Esteban Boza Obando, Contador
Eyda María Camacho Cantillano, jubilada
F. Mojica, Antropólogo Instituto Tecnológico de Costa Rica
Leila Marcela Sánchez Cortés, promotora política y sindical
Ligia Barrantes Cartín, Agrónoma
Lilliana Zeledón Cambronero, jubilada
Lorena Moreira, jubilada
Lorenzo Ramírez Cardoza, Asesor
Luisa Castillo, bióloga
Luis Mallma Mejorada, docente jubilado ANDE
M. Natalia Chaves Vargas, Estudiante
Macarena Barahona, Investigadora UCR
Manuel Ardón Morera, empresario
Mara. PRT
Marcelo Valverde, Colectivo Iriria Tsóchok
Marco Fournier, Psicólogo
María del Rocío Carro Salas, jubilada
María Elena Guido Chaves, Estudiante
María José Guillén Araya, docente
María Trejos Montero, docente jubilada y DDHH
Marianela Román Solano, psicóloga
Marilyn Morris Zúñiga, MTC
Maritza Salgado Silva, comunicadora
Mechthild Bors de Barquero, pensionada
Metamoforsis, docente
Miguel Barrios Gutiérrez, PRT
Millaray Villalobos Rojas, antropóloga
Minerva Solano Campos
Mirian Chaves Mora
Mirta González Suárez, psicóloga.
Mónica Alemán Araya, Estudiante
Nancy Castro Arce, Hotel Mager
Noah Alejandro Alfaro Arends, Estudiante
Nora Montero Quirós, jubilada
Nubia, docente jubilada
Orlando Barrantes Cartín, MTC
Pamela Reiman, Médico
Rebeca Alvarado Martín, administradora
Rebeca Vaglio Aguilar
Ricardo Arce, diseñador gráfico.
Roberto A Guido Cháves, agricultor
Ronald Solís Alemán
Rosa Corrales, Psicóloga
Seidy Salas, Periodista
Silva Peralta, jubilada
Stella Chinchilla Mora, comunicadora.
Teresa Ramellini, Psicóloga
Valeria Sofía Ramírez Muñoz,estudiante
Verno, Universidad de Costa Rica
Victoria Montero Zeledón
Victoria, Agenda Viva/ANDE
Yamileth Monterrey López, psicóloga
Zulema Jiménez, nutricionista
Organizaciones de Costa Rica:
APRONEP
Asociación Tinamaste
Casa del Migrante
CEFEMINA
Colectiva Coexistir. Igualdad de género y diversidad
Colectivo Iriria Tsóchok
Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC)
Red de Mujeres Rurales. Defensa de derechos de mujeres indígenas y campesinas.
Partido Izquierda Costarricense
Partido Revolucionario de las y los Trabajadores PRT
Internacional Antifascista capítulo Costa Rica, Red de solidaridad con Palestina.
Confederación Unitaria de Trabajadores, Bruno de Jesús Coto Barboza,
Secretario de Prensa y Propaganda
Marta Eugenia Picado Mesén, Jubilada
Asociación Costarricense de Derechos Humanos
Movimiento Patriótico por Costa Rica Soberana
Organización Regenerativa Matzú Insigne. Ente consultivo Comisión Interinstitucional de DDHH
Codepink CR
Asociación Feminista La Corriente
Mujeres Mano de Tigre
Colectivo de Apoyo a Doña Digna Rivera
CR Solidaria
Ecuador:
Sisa Pacari Bacacelo
Organización de Ecuador:
Organización del pueblo Saraguro
El Salvador:
Luis Fernando Sandoval Guzmán, docente
España:
Vicent Maurí Genovés, Mestre
Organizaciones de España:
Cat J. Relaciones Internacionales
Enseyants. Solidaris
Estados Unidos
Jaclyn Rolph
Ivonne Garcia Bueso, Asistente Administrativa
HONDURAS
Hedme Castro
Organizaciones Honduras:
ACI PARTICIPA Defensa y protección de personas defensoras de DDHH
Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras ARCAH
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras
MEXICO
Cecilia Sánchez Cruz. Oaxaca, Sección 22
Guadalupe Ojeda, Empleada
Daniela González López, Coordinadora Internacional, Observatorio Derechos
Humanos de los Pueblos
Gabriela Ojeda Azamar. Ama de casa
Márgara Millan. Docente
Sara Unda, académica UNAM
Yarixia Fernanda Mil Pucheta, Ama de casa y Emprendedora
Organizaciones México:
Totlahtol Yoltok » Nuestra Palabra Vive»
MLS
Mujeres líderes
Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos
Integrantes del Consejo Consultivo:
Argentina Adolfo Pérez Esquivel Premio Nobel de la Paz, Stella Calloni Corresponsal de la Jornada en Buenos Aires; Colombia Rubiel Vargas Secretario Ejecutivo Nacional del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Colombia (CPDH), María Cardona Mejía Defensora de Derechos Humanos, Dr. Mario Hernández ÁlvarezCoordinador Doctorado Interfacultades en Salud Pública Universidad Nacional de Colombia, Víctor Osorio Cadena Presidente del Sindicato Nacional Memoria Viva; España Ana Andrés Ablanedo Defensora de Derechos Humanos de Soldepaz Pachakuti, Ricardo Sánchez Andrés miembro de la junta de la (ACP) Asociación Catalana por la Paz – miembro de la Asamblea de Internacional de (Comunistes de Catalunya) y miembro permanente del consejo de Solidaridad de la Ciudad de Manresa, María Victoria Fernández Molina Candidata a Doctora en Derechos Humanos, Estados Unidos James Patrick Jordan Coordinador Nacional de la Alianza por la Justicia Global y Eduardo García Activista de la Alianza por la Justicia Global e integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Estados Unidos, Suiza José Manuel González López, Gerardo Romero Luna y Mariella Bauer integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Suiza; Venezuela Hugo Alberto Nieves Integrante del Movimiento Político – Social VAMOS, Zuleima Vergel Guerra Vocera Nacional del Movimiento Político – Social VAMOS de Venezuela, Indhira Libertad Rodríguez Red de Colectivos La Araña Feminista, José Miguel Gómez García Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores, Ali José Álvarez Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos – Movimiento Cultural Campesino Los Arangues Venezuela; Ecuador Abg. Franklin Columba Cuji Presidente de la Unión de Organizaciones Sociales Interculturales del Sur de Pichincha UOSISP de Ecuador; Bolivia Rodolfo Machaca Yupanqui Ex Secretario General de Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia – CSUTCB; Palestina Jamal Juma Coordinador STOP The WALL; Guatemala Ana Laura Rojas Padgett integrante de la Red de Integración Orgánica – RIO; Panamá Ligia Arreaga Integrante de la Alianza por un mejor Darién – AMEDAR; Brasil Gizele Martins del Movimiento de Favelas de Rio de Janeiro; Perú Betty Izaguirre Lucano Coordinadora General del Movimiento Alfa y Omega, Percy Katari Integrante de la Comisión de Comunicación del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Director Internacional de ComuniSur, Impulsor del Frente Comunicacional Antiimperialista de Nuestra América, Responsable de la Secretaría de Países Andinos de Conaicop; Chile-Wallmapu – Territorio Mapuche Onesima Lienqueo Fundadora de la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche; Chile Pablo Ruiz integrante del Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile;México Eduardo Correa Senior Profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México – UACM, Dr. José Enrique González Ruiz Profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM, Dr. José Rafael Grijalva Eternod Doctor en Derechos Humanos, Dr. Felix Hoyo Arana Profesor de la Universidad Autónoma de Chapingo; Daniela González López Coordinadora Internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Soledad Ortiz Vásquez Consejera General del Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer – CODEM, Claudia Tapia Nolasco Consejera General del Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer – CODEM, Lic. Hugo Aguilar Promotor y Defensor de Derechos Indígenas, Miguel González Muciño Director del Centro Cultural Las Jarillas, Arturo Díaz González Organización Proletaria Emiliano Zapata – Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas OPEZ – FOSICH, Lic. Jocelyn García Fondón Integrante del Secretariado Técnico del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos; Costa Rica Orlando Barrantes Cartín Coordinador General del Movimiento de Trabajadores y Campesinos MTC – Costa Rica.
Organizaciones integrantes:
Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos: Soldepaz – Pachakuti de España; Observatorio de Derechos Humanos Capítulo Suiza, de Suiza; Observatorio de Derechos Humanos Capítulo EU, Alianza por la Justicia Global, SOA Watch – Observatorio por el Cierre de las Escuela de la Américas de Estados Unidos; Movimiento Político – Social VAMOS de Venezuela,Red de Colectivos La Araña Feminista, Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores, Movimiento Cultural Campesino Los Arangues de Venezuela; Colombianas y Colombianos por la Paz, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Observatorio de Paz, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Sur Occidente Colombiano Antonieta Mércury; Sindicato Nacional Memoria Viva de Colombia; Comisión Multisectorial del Uruguay; Unión de Organizaciones Sociales Interculturales del Sur de Pichincha (UOSISP) de Ecuador; Comité Impulsor de Sucre – Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Capítulo Bolivia, Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB); Alianza por un mejor Darién – AMEDAR de Panamá; Movimiento Alfa y Omega de Perú; Movimiento de Favelas de Rio Janeiro Brasil, Red por la Defensa de la Infancia Mapuche Chile-Wallmapu – Territorio Mapuche; Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile; Campaña Popular Palestina contra el Muro de Apartheid (Stop the Wall), Coalición de la Defensa de la Tierra Palestina Unión Palestina Campesina (Palestinian Farmers Union) de Palestina; Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH) de Honduras; Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer (CODEM), Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (IMDEC), Centro de Atención en Derechos Humanos a la Mujer y el Menor Indígena (CADHMMI) y Centro Regional Indígena en Derechos Humanos “Ñuu-Savi” (CERIDH), Patronato Pro Defensa y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural de Oaxaca (PRO – OAX), Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en San Salvador Atenco (FPDT-Atenco), Taller del Sur, Colectivo de Mejoramiento Barrial de la Ciudad de México – Centro Cultural Las Jarillas, Colectivo por la Paz en Colombia desde México (COLPAZ), Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas (OPEZ – FOSICH), Colectivo Ocho Trueno, Comité Universitario de Solidaridad con el Pueblo Palestino (CUSPPA), Colectivo Insurrección Visual, Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística (CLETA – UNAM) de México; Costa Rica Movimiento de Trabajadores y Campesinos MTC; Frente Comunicacional Antiimperialista de Nuestra América referente internacional de comunicación popular.
Sobre la reciente Recuperación de Tierras/Territorio en el Territorio Cabécar de Ujarrás, el FRENAPI se dirige a la opinión pública nacional e internacional, DENUNCIA:
El ministro de Seguridad Mario Zamora, en su mensaje falta a la verdad; está mal informado y tuerce la realidad de los hechos, con intereses ocultos: en esa Finca de Ujarrás a la que se refiere, “no hay tal poseedor ‘indígena’ de tercera edad”, con ello miente y encubre a usurpadores no indígenas, antes los Pacheco y ahora Chavarría y sus hijos, matones que han arrebatado nuestras tierras, con la complacencia de la ADI.
Si investiga, se dará cuenta de que tampoco el presidente de la ADI, es una «autoridad» del Territorio de Ujarrás, él está «usurpando» el cargo, ya que NO es Cabécar, no tiene Clan ancestral y “aparentemente” es de Térraba, otra Cultura y otro Territorio. La usurpación de cargo de Nelson Zúñiga en Ujarrás hace sus actos nulos y contra la legislación con la complicidad y respaldo de instituciones del Estado/Gobierno; ejemplo DINADECO.
El incendio de que habla el ministro Zamora, lo provocaron posiblemente entre la policía, “indígenas renegados” y usurpador@s ahí presentes; porque los indígenas no quemamos la piel de la Madre Tierra. Es extraño que los bomberos estuvieran ahí casi de inmediato, cuando nunca acuden a sofocar incendios en Territorios Indígenas.
Las recientes Recuperaciones de Tierras, en tres Territorios Indígenas, son la mejor prueba de que el “conflicto” está latente y que es falsa la propaganda del Estado /Gobierno actual, porque no ha cambiado nada, la usurpación y las agresiones, la injusticia y el abandono están más evidentes que siempre; por más discursos y actos públicos bonitos y folclóricos.
A la Contraloría General de la República y la Defensoría de L@s Habitantes, pedimos investigar los pagos realizados a No indígenas mal llamados “poseedores de Buena fe”, de los que ha informado el Gobierno, ya que en el pasado se hicieron pagos con “estudios sobrevalorados de Fincas, a poseedores que no calificaban” en contubernio con ADIs y CONAI. Son dineros de tod@s l@s costarricenses, que no pueden ser desviados en pagos ilegales.
Al cumplirse 5 años del Asesinato de Jerhy Rivera Rivera (24 febrero 2020), Brörán de Térraba y 6 años del asesinato de Uniwak Sergio Rojas (18 de marzo 2019), Bribri de Salitre; ambos asesinatos impunes, las causas y l@s responsables de esos crímenes siguen vigentes: usurpación de tierras por NO indígenas agresor@s, discriminación, injusticia, violencia y abandono e indiferencia del Estado/Gobierno.
Continúan las campañas de odio y racismo por parte de particulares, funcionari@s, autoridades y medios de comunicación, que promueven más la agresión contra nuestros Pueblos, pacíficos, desarmados y No Violentos.
La impunidad, no sólo de los últimos asesinatos citados, mantiene en libertad a los asesinos, incluido Juan Eduardo Varela, asesino confeso de Jerhy; sino también la impunidad de todas las agresiones, físicas y verbales, la usurpación de nuestras Tierras/ Territorios que se denuncian ante los Tribunales, no se investigan y se archivan los expedientes, ó es tan “retardada” la acción judicial que se prescriben los casos; no así las denuncias de l@s No indígenas, que si se tramitan en el Poder Judicial, la mayoría con sentencias en contra de nuestr@s herman@s.
Lo mismo ocurre con los desalojos administrativos ya aprobados, NO se ejecutan por el Ministerio de Seguridad, amparando a usurpador@s violentos que roban nuestros recursos.
Sumando el irrespeto y desprecio por nuestros sitios Sagrados, nuestras tradiciones culturales, nuestras Espiritualidades y Autoridades propias; por parte de no indígenas, empresas y funcionari@s del Estado. No quieren aplicar la Ley ni hacerla valer.
Es un conjunto de actuaciones y acciones, que poco a poco producen el exterminio de los Pueblos Indígenas, se convierten en una política pública del Estado Costarricense, por Acción u Omisión, y eso es etnocidio, calificado como Delito Internacional contra los Derechos Humanos; son violación a las Leyes Indígenas y a los Convenios Internacionales, en especial el 169 OIT.
FRENAPI continuará la lucha por la Recuperación total de las Tierras/Territorios de todos los Pueblos Indígenas de Costa Rica, así como por el respeto de nuestras Espiritualidades y Culturas Propias, que incluyen Autoridades, sitios Sagrados y Autonomía.
Presidente Chaves, Minitr@s, funcionari@s de ADI, CONAI y DINADECO y demás funcionarios del Estado, la peor forma de «violencia» es la amenaza, NO tenemos miedo, no vamos a retroceder, son más de 530 años de esta lucha, vamos a defender la herencia de nuestr@s ancestros y ancestras, tenemos derechos humanos, vamos a recuperar nuestras Tierras/Territorios; somos descendientes de l@s Habitantes originari@s de Costa Rica, raíz sagrada de este País, merecemos justicia, respeto y sobre todo, vivir en paz.
26 de febrero 2025.
FRENTE NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS de Costa Rica COMITÉ NACIONAL DE APOYO A LA AUTONOMÍA INDÍGENA ¡SERGIO Y JEHRY VIVEN – LA LUCHA SIGUE Y SIGUE Y SE EXTIENDE!
José Atencio Caballero nos deja esta reflexión en relación con la trágica muerte de una joven madre en Alto Telire. Él es docente de Alto Bley (una comunidad del Territorio de Alto Telire) y es quien tomó la foto que acompaña esta nota.
“Que tristeza, esa foto la tomé ayer a las 5:10 de la tarde, esa y otras más donde se evidencia la mordedura de la serpiente y estoy muy dolido con los miembros que tienen que ver con la salud de esta población de Alto Telire.
Me pregunto para qué tanta inversión millonaria en infraestructura de la CCSS si sólo vienen a atender tres días cada tres meses y se van quedando todo enllavado y no queda ninguna persona que pueda socorrer a las personas cuando tengan una emergencia como la de ayer.
Sí en Alto Telire se dejaran sueros antiofídicos, hoy nuestra escuela no estuviera de luto, esta madre dejó huérfanos tres estudiantes nuestros, sin saber quién va a alistar a esos niños cuando vengan a la escuela, cómo le decimos a nuestros estudiantes que esos Ebais no están siendo de beneficio para la población; lástima la inversión porque solo en estructura se quedó́.
¿Cuántas más personas tendrán que fallecer para que se le dé una verdadera atención a esta zona?
No saben lo impotente que se siente uno sin poder hacer nada ante estos casos.
Como docente de Alto Bley levantaré mi voz e iré́ adonde tenga que ir para que otros niños y niñas no se queden huérfanos. He entendido con esta situación que los docentes no somos solo para enseñar a leer y sumar en un pueblo como estos, aquí́ también viven seres humanos que tienen derecho a todos los beneficios que tienen los costarricense”.
Información compartida con SURCOS por Gerardo Badilla.
Hace casi 30 años – La comunidad inicia solicitudes para la construcción de un acueducto.
Abastecer de inmediato a la comunidad con camiones cisterna, en un plazo máximo de cinco días.
El Convenio 169 de la OIT, que obliga a los gobiernos a respetar la autonomía de los pueblos indígenas sobre sus recursos.
Autonomía y gestión de recursos: La falta de acceso al agua no es solo un problema de infraestructura, sino de soberanía. Los pueblos indígenas tienen derecho a decidir sobre sus bienes naturales y exigir que el Estado respete sus territorios.
Precedente legal para otras comunidades: Este fallo podría abrir la puerta a que otros pueblos indígenas y sus comunidades exijan al Estado cumplir con sus obligaciones. No se trata solo de Meleruk, sino de todos los territorios indígenas que han sido históricamente excluidos.
El agua como pilar de identidad y supervivencia: Para los pueblos indígenas, el agua no es solo un recurso, es parte de su cultura, su espiritualidad y su conexión con la tierra. Proteger su acceso es proteger su forma de vida.
