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Etiqueta: pueblos indígenas

Ninguna victoria ecologista es permanente… Sobre nuestra lucha anti-petrolera en Costa Rica

Por: Fabián Pacheco R. – OILWATCH Costa Rica
Agosto 2025

En Costa Rica se ha mantenido una moratoria a la explotación de hidrocarburos (petróleo y gas natural) durante cinco gobiernos consecutivos. Sin embargo, siempre hemos señalado que ninguna victoria del movimiento ecologista es permanente; lo único permanente es la voracidad extractivista, que intenta instalarse una y otra vez sobre nuestros territorios.

Hoy Costa Rica sigue siendo un país libre de explotación petrolera y de gas natural (incluido el fracking), principalmente gracias a la participación y lucha de múltiples sectores de la sociedad civil. Haber sostenido esta moratoria frente a una actividad tan destructiva es, sin duda, una victoria que debemos defender. No debemos olvidar nuestra historia de lucha, especialmente ahora, cuando la campaña electoral rumbo a las elecciones del 2026 está plagada de políticos oportunistas, seducidos por la industria extractivista transnacional.

Podemos disfrutar de un mar Caribe sin derrames de petróleo gracias a la lucha de ecologistas, pueblos indígenas y afrodescendientes, pescadores, académicos y diversos sectores de la sociedad civil, que desde finales de los años noventa se organizaron en la coalición ADELA (Acción de Lucha Antipetrolera). El nombre honra a Adela Pita, una mujer indígena bribri que en los años ochenta enfrentó con valentía a la maquinaria de la petrolera PEMEX.

Nuestro trabajo ha alcanzado importantes victorias en los ámbitos legal, político y administrativo. No obstante, aún persisten quienes anteponen sus intereses privados, amparándose en la demagogia de “cálculos alegres”, para intentar instalar negocios extractivistas sobre la tranquilidad y la ecología de este pequeño país tropical.

La “mula vuelve al trigo”. El actual gobierno de Rodrigo Chaves ha mantenido desde sus inicios un discurso confrontativo hacia el movimiento ecologista, y el tema de hidrocarburos no ha sido la excepción. En la Conferencia de Naciones Unidas sobre los Océanos (Niza, Francia), el mandatario declaró a Radio Francia Internacional:

Yo lo que dije es: ‘midamos esos recursos y basemos el debate sobre si vale la pena o no’. Puede ser que no tengamos suficientes hidrocarburos en nuestro subsuelo. Puede ser que estemos sentados sobre una cantidad enorme de esos recursos. El valorarlos es el primer paso para tener un debate racional al respecto”.
(Fuente:
Semanario Universidad)

En octubre del año pasado, Chaves anunció haber solicitado al gobierno de Noruega apoyo para estudios sobre exploración y explotación de petróleo y gas, bajo el argumento de que ese país “es el campeón del mundo en aprovechar los recursos y conservar el ambiente”. La respuesta diplomática noruega fue una negativa clara, dejando a nuestro gobierno en ridículo. Era previsible: Noruega no arriesgaría su imagen internacional ayudando a un pequeño país megadiverso de Centroamérica a sacrificar su biodiversidad en nombre del petróleo.
(Fuente:
Semanario Universidad)

Además, el Poder Ejecutivo, junto con otras fuerzas políticas conservadoras y el poderoso lobby petrolero en nuestro país, han bloqueado sistemáticamente el proyecto de ley N.° 23.579, que busca declarar a Costa Rica como un territorio libre de exploración y explotación de petróleo y gas. Esto demuestra que el tema sigue muy presente en la agenda de los opacos intereses que defienden el extractivismo.

La moratoria: conquista en disputa. La exploración y explotación de hidrocarburos está prohibida en Costa Rica gracias a una moratoria vigente hasta el 2050, firmada y ratificada por los últimos gobiernos, menos el actual. Sin embargo, esta medida podría ser levantada en cualquier momento desde el Poder Ejecutivo.

La primera moratoria surgió a inicios de los 2000, gracias a la presión del movimiento ecologista en campaña electoral. En el 2002, durante su toma de posesión, el presidente Abel Pacheco declaró que la verdadera riqueza del país eran sus recursos naturales, no el oro ni el petróleo, comprometiéndose a no facilitar concesiones petroleras ni mineras. Más tarde, bajo el gobierno de Laura Chinchilla, la moratoria se formalizó por decreto, pasando de ser un gesto político a un compromiso escrito en blanco y negro.

Los logros no fueron solo políticos: también se obtuvieron victorias clave en el ámbito judicial y técnica-administrativa, principalmente ante SETENA. En el 2002 se demostró la inviabilidad ambiental de los proyectos de la petrolera Harken, cuyos estudios de impacto incumplían la normativa. Tras la anulación del contrato, la empresa reclamó indemnizaciones millonarias, llegando incluso a exigir en arbitraje internacional $57.000 millones, lo que fue denunciado como un intento de “extorsión”. Finalmente, Costa Rica ganó el litigio.

La mano peluda: corrupción y puertas giratorias. Uno de los impactos más graves del extractivismo en países tropicales es el intervencionismo político. Además de los daños ambientales, la industria hidrocarburífera ha manchado democracias con corrupción, prevaricato y conflictos de interés.

Ejemplo de ello es el caso del exministro de Ambiente Roberto Dobles, quien tras su gestión se vinculó a la UCCAEP proponiendo derogar la moratoria, y posteriormente firmó un contrato con una petrolera para recibir un porcentaje de las ganancias de la explotación. Su carrera como consultor energético ilustra las puertas giratorias entre negocios petroleros y cargos públicos.
(Fuentes:
Semanario Universidad, UCCAEP, SURCOS Digital)

Llamado al 2026. Desde el movimiento ecologista exhortamos a las y los candidatos presidenciales para las elecciones de 2026 a posicionarse de forma transparente ante el electorado: ¿de qué lado estarán?

Desde OILWATCH Costa Rica insistimos en que sostener la moratoria petrolera y evitar la explotación de gas natural no solo es estratégico para la protección de los bienes comunes, sino también fundamental para la defensa de una democracia sana y libre de los vicios del extractivismo.

Pueblo Ngäbe de Sixaola denuncia exclusión y abandono institucional

La lucha del pueblo Ngäbe de Sixaola por el reconocimiento de su territorio y el cumplimiento de sus derechos ha sido documentada en una producción del Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica (UCR). Esta pieza presenta testimonios directos de personas de la comunidad indígena Ngäbe asentada en Sixaola, quienes revelan el abandono institucional, la discriminación y la negación sistemática de sus derechos. Estos relatos fueron recabados durante el conversatorio “Situación actual del pueblo Ngäbe de Sixaola en su lucha por territorio”, que tuvo lugar en la Universidad de Costa Rica el 14 de junio de 2025.

Las y los participantes expusieron con claridad problemáticas críticas que afectan a más de 10.000 personas Ngäbe en la zona sur del Caribe costarricense. Entre los principales desafíos señalados se encuentran los obstáculos para acceder a ayudas sociales y servicios básicos, así como la falta de atención en salud y acceso seguro al agua. También denunciaron las condiciones de explotación laboral en las fincas bananeras y plataneras y la ausencia de un territorio reconocido que garantice su existencia como pueblo. Estas voces no son relatos aislados, sino que evidencian un patrón sostenido de exclusión y racismo estructural.

La producción del Observatorio de Bienes Comunes UCR busca amplificar el llamado de esta comunidad por el reconocimiento, la justicia territorial y el cumplimiento de los compromisos internacionales que el estado costarricense ha firmado, como el Convenio 169 de la OIT. El conversatorio fue organizado por el Proyecto de Acción Social Movimientos socioterritoriales del Caribe Sur: El pueblo Ngäbe de Sixaola, de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social (VAS), con el respaldo del Laboratorio de Geografía Humana de la Escuela de Geografía y la Subcomisión de Coordinación con Pueblos y Territorios Indígenas del CONARE.

Para profundizar en esta situación y acceder a los testimonios completos sobre la lucha del pueblo Ngäbe, se invita a visitar la página del Observatorio de Bienes Comunes UCR en el siguiente enlace: https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/pueblo-ngabe-de-sixaola-en-su-lucha-por-territorio/

Por el respeto a la integridad y la vida de los pueblos originarios

Como parte de los grupos que respaldan y se solidaricen con la lucha de los pueblos originarios para recuperar sus territorios, su cultura y su espiritualidad, apoyamos los recientes comunicados del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) para denunciar y detener la reciente ola de hostigamiento y amenazas en contra de la vida e integridad de Pablo Sivas.

También la compañera indígena bröran Melissa Garbanzo ha recibido, una vez más, merodeo y estacionamiento sospechoso de motociclistas frente a su vivienda y lanzamiento de piedras contra su casa, tanto ella como sus hijos e hijas se encuentran desprotegidos. Se debe recordar que el testimonio de esta compañera ha sido fundamental durante los dos juicios acerca del asesinato de Jehry Rivera R.

La Coordinadora de Lucha Sur Sur reportó, durante el año 2024, diecinueve amenazas de muerte contra personas indígenas de diferentes pueblos y territorios originarios.

El horror y el terror ejercido por parte de los ocupantes ilegales y las personas allegadas a estos contra la población habitante de los territorios ancestrales son práctica cotidiana a la vista cómplice de las autoridades locales y nacionales.

Por tanto, exigimos que el Estado costarricense cumpla con:

• La Constitución Política de Costa Rica.

• El Convenio 169 de la OIT.

• La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

• La Ley N.º 9038 sobre violencia contra las mujeres.

• La jurisprudencia vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por el respeto a la integridad y la vida de los pueblos originarios

Colectivo de Apoyo a doña Digna Rivera

Asociación de Cooperativas Europeas Longo Mai, Asociación UNAPROA,

Frente Ecologista Universitario-FECOU,

Fundación Pedagógica Nuestramérica,

Movimiento de Trabajadores y Campesinos-MTC,

Movimiento Ríos Vivos

FECON denuncia complicidad estatal en despojo de territorios indígenas

La Federación Ecologista (FECON) denuncia y alerta la reiterada negligencia y complicidad del Estado costarricense frente a las sistemáticas violaciones a los derechos territoriales de los pueblos indígenas, en incumplimiento directo a la Ley Indígena de Costa Rica y al Convenio 169 de la OIT, ambos instrumentos jurídicos que establecen de forma clara que los territorios indígenas son inalienables, intransferibles y son exclusivos para sus pueblos originarios.

El reciente intento de usurpación del terreno en la Finca San Andrés, del mayor bröran Pablo Sibar, ocurrido el pasado domingo 10 de agosto en el territorio Brörán de Térraba, representa un evento más del despojo, hostigamiento e impunidad que enfrentan los pueblos indígenas en nuestro país. A pesar de que Sibar cuenta con un reconocimiento legal de más de 13 años sobre el terreno en cuestión, la Fuerza Pública se negó a desalojar a los usurpadores, respaldándose en una certificación emitida por la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Térraba a favor de personas no indígenas, la cual fue denunciada como fraudulenta por Sibar.

Para los pueblos indígenas, las ADI son espacios impuestos por el Estado costarricense que operan como mecanismos de despojo, legitimando invasiones y sirviendo a intereses ajenos a las comunidades indígenas. La participación activa de la ADI en este acto de usurpación, sumado al respaldo de la Fuerza Pública y la omisión de acción por parte del Ministerio Público, representan complicidad estatal que pone en riesgo a Pablo Sibar y a todos los defensores indígenas que lo acompañan y que defienden su derecho a su territorio.

Recordamos que Sibar cuenta con una medida cautelar otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el 2015 y que ha sido víctima de múltiples agresiones desde 2012, incluso recibiendo amenazas de muerte similares a las que antecedieron los asesinatos impunes de los defensores del territorio Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera Rivera. Estos hechos no pueden seguir tratándose como incidentes aislados, son parte de una política sistemática de abandono estatal y discriminación institucional hacia quienes defienden sus territorios y la vida, la cual no debe de continuar.

Por esto, nos solidarizamos con Pablo Sibar y quienes se encuentran defendiendo su derecho al territorio. Así también, exigimos al gobierno de Costa Rica, quienes el pasado 9 de agosto, en el día Internacional de los Pueblos Indígenas, emitieron en sus canales oficiales una noticia en donde dijeron “reafirmar su compromiso continuo con las poblaciones indígenas”, que actúen de inmediato ante esta situación de clara violación de los derechos de Pablo Sibar y que garanticen su seguridad e integridad física.

Conversatorio en Talamanca: Mecanismos de compensación de emisiones de carbono bajo la lupa comunitaria

Comunidades indígenas de Talamanca profundizan en el debate sobre los mecanismos de compensación de emisiones de carbono y sus impactos en la autonomía territorial. El Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica (UCR) ha publicado un artículo que recoge el conversatorio realizado a petición de la comunidad de Alto Cohen.

En el conversatorio se analizaron en colectivo el Plan Ambiental Forestal Territorial (PAFT) y el Contrato de Reducción de Emisiones Forestales (CREF), destacando los cuestionamientos sobre consulta previa, soberanía y las condiciones impuestas por estos instrumentos.

La actividad reunió a personas líderes, mayores y vecinas de Alto Cohen, Barrio Escalante y del territorio bribri, con el fin de desmenuzar de manera colectiva los aspectos técnicos, legales y culturales de estos instrumentos, así como sus impactos en la autonomía comunitaria.

El PAFT es un requisito para que los territorios indígenas accedan a fondos internacionales destinados a la conservación de bosques bajo la iniciativa REDD+. Una vez aprobado, abre la posibilidad de suscribir un CREF, que formaliza la venta de servicios ambientales como la captura de carbono a cambio de financiamiento.

En Costa Rica, el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), adscrito al MINAE, administra estos contratos y canaliza los recursos. Sin embargo, las cláusulas del CREF establecen restricciones estrictas sobre los usos del bosque y obligan a las comunidades a vigilar y sancionar actividades contrarias a lo pactado.

Durante el conversatorio se cuestionó la validez de los procesos de consulta que dieron origen a estos instrumentos. Voces comunitarias señalaron que la participación fue limitada, sin acceso pleno a información clara ni condiciones de traducción y contextualización cultural.

Esto ha generado conflictos internos y tensiones con las asociaciones de desarrollo que firmaron los contratos, en detrimento del derecho a la consulta previa, libre e informada, establecido en el Convenio 169 de la OIT.

Las personas participantes coincidieron en que el financiamiento condicionado puede restringir usos tradicionales como la cacería, la agricultura y el aprovechamiento de madera, debilitando las formas históricas de gestión territorial de los pueblos bribríes y cabécares.

Para las comunidades, la conservación no puede desligarse de la soberanía sobre el territorio, ni reducir los bosques a meros “servicios ambientales” mercantilizados.

Otro punto de debate fue el rol de las asociaciones de desarrollo indígena, señaladas por tomar decisiones sin un mandato comunitario claro y por no garantizar transparencia en el manejo de los recursos. Se planteó la urgencia de democratizar la información y asegurar procesos amplios de socialización antes de suscribir cualquier acuerdo que afecte a los territorios.

Finalmente, se alertó sobre la incorporación de los PAFT y CREF en lo que se denomina falsas soluciones climáticas: mecanismos que permiten a empresas y países contaminantes comprar compensaciones, en lugar de reducir sus emisiones, mientras trasladan los costos y riesgos a las comunidades indígenas.

Para acceder a la información completa diríjase al siguiente enlace: https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/conversatorio-en-talamanca-mecanismos-de-compensacion-de-emisiones-de-carbono-bajo-la-lupa-comunitaria/

Movimiento Ríos Vivos: «Pablo no estás solo»

Desde el colectivo del Movimiento Ríos Vivos, hacemos pública nuestra profunda preocupación por las amenazas a la integridad del Pablo Sibar y su familia, quienes están siendo objeto de una invasión en su propiedad ubicada en el Territorio Indígena Térraba, invasión que ha sido animada de forma espuria por un permiso otorgado desde la ADI de Térraba y con el contubernio de autoridades locales, que no actúan pese a la flagrancia de una invasión ilegal a una propiedad dentro de un territorio indígena.

Cualquier acto contra la integridad física y vida que pueda sufrir el defensor Pablo Sibar y cualquiera de los defensores indígenas que le acompañan será responsabilidad del Estado costarricense.

Presentan informe urgente ante la CIDH para proteger a defensor indígena Brörán Pablo Sibar

Este lunes 11 se presentó ante la Corte una petición urgente para reforzar la protección del defensor indígena Brörán Pablo Sibar Sibar, beneficiario desde 2015 de la Medida Cautelar MC 321/12 otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La solicitud responde a un nuevo episodio de despojo territorial perpetrado con la participación activa de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Térraba y la tolerancia de la Fuerza Pública, lo que configura un riesgo extremo e inminente contra su vida e integridad física.

El pasado 10 de agosto de 2025, dos personas no indígenas invadieron la finca de Sibar —de aproximadamente 10 hectáreas, destinada a conservación ambiental y gestión comunitaria del agua— alegando respaldo de la ADI. Pese a que Sibar posee legítimamente esta tierra desde hace más de 13 años, la Fuerza Pública se negó a desalojar a los usurpadores, amparándose en una certificación emitida el 7 de agosto por la ADI de Térraba, a favor de personas que no forman parte del pueblo Brörán. Este documento ha sido denunciado como fraudulento.

En palabras de Sibar:

Hace más de 13 años adquirí esta tierra y la ADI tenía total conocimiento de esto. Lo único que pedimos, exigimos y merecemos es que se haga justicia y que me dejen en paz, que como adulto mayor pueda vivir bien con mi familia. No voy a permitir que se violenten más mis derechos; llevo más de 40 años defendiendo a mi pueblo y no nos vamos a rendir.” [1].

Este incidente se suma a un patrón sostenido de hostigamiento, amenazas y agresiones contra Sibar, que en años anteriores ha incluido intentos de homicidio, ataques físicos, incendios en su propiedad y campañas de difamación. En 2021, recibió amenazas de muerte similares a las que antecedieron los asesinatos de otros defensores indígenas como Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera Rivera, ambos beneficiarios de medidas cautelares.

La situación actual evidencia el beneplácito estatal ante violaciones de derechos humanos en territorios indígenas y el incumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por Costa Rica. Ante el riesgo de confrontación física y la posibilidad de que se repitan hechos fatales, organizaciones de derechos humanos responsabilizan directamente al Estado costarricense por cualquier daño que sufra Pablo Sibar o las personas defensoras que lo acompañan, quienes se mantienen en vigilia en el lugar de los hechos.

Antecedentes

Pablo Sibar, líder histórico del movimiento indígena Brörán, ha sido objeto de una serie de amenazas y actos de violencia:

  • 2012: sufrió dos ataques físicos. En el primero, fue golpeado, pateado y mordido; en el segundo, una semana después, fue perseguido en carretera, insultado e intentaron herirlo con un cuchillo.

  • 2021: fue amenazado en redes sociales con mensajes como: “Cuando será q les volarán plomo a Pablito sibas y sus secuaces…” y “Hay que eliminar a Pablo Sibar… la muerte lo anda rondando muy cerca” (sic).

  • Ese mismo año, un día antes del asesinato de Jerhy Rivera, Sibar escapó de una turba armada con machetes que le gritaba que lo iban a matar y “tasajear” [2].

  • Pocos días después, personas no identificadas incendiaron su finca. Semanas antes, había recibido amenazas sobre la contratación de sicarios para asesinarlo a él y a otros líderes indígenas. Estas amenazas fueron reiteradas meses después por un desconocido que le aseguró que existía una recompensa por su muerte.

  • Ha sido blanco de campañas de difamación en medios locales y nacionales. Aunque ha interpuesto denuncias oficiales y cuenta con medidas cautelares vigentes, la protección policial es esporádica y su vida sigue en grave riesgo [3].

[1] https://surcosdigital.com/adi-de-terraba-de-nuevo-en-contra-de-los-indigenas-broran/
[2] https://www.fidh.org/es/temas/defensores-de-derechos-humanos/costa-rica-agresiones-y-amenazas-contra-los-defensores-indigenas-jose
[3] https://www.frontlinedefenders.org/es/case/arson-attacks-threats-against-indigenous-peoples%E2%80%99-rights-defender-pablo-sibar

Con apoyo del proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social
Universidad de Costa Rica.

Mujeres Indígenas Mano de Tigre condena violencia contra Pablo Sibar Sibar

Organización de Mujeres Indígenas Mano de Tigre
Comunicado

La Organización de Mujeres Indígenas de Mano de Tigre condena los actos de violencia contra el pueblo Bröran y uno de sus lideres el mayor Pablo Sibar Sibar defensor de los derechos humanos y ambientales del pueblo Bröran.

Esta ves a través de una acción directa de la asociación de desarrollo entregando documento a personas no indígenas de tierras del pueblo y en este caso tierra comprada por el señor Pablo Sibar.

Urgimos al estado de Costa Rica de contener toda forma de violencia en contra de los defensores y defensoras indígenas.

Al compañero Pablo que se le brinde las medidas correspondientes de seguridad adecuadas por su vida.

Costa Rica desde el 30 abril del año 2015 tiene la medida cautelar 321-12. Esta medida busca evitar daños irreparables al pueblo Térraba, el saneamiento territorial, la gobernanza, la buena fe de parte de las instituciones es crucial para que este pueblo goce de seguridad.

Exhortamos al Estado, a través de sus instituciones a buscar de manera armónica la obligación de mantener un clima de paz y seguridad al pueblo Bröran de Térraba y sus defensores.

¿Qué somos?

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

La denuncia publicada en redes sociales no pudo ser más elocuente. Se trata de un estudiante afrodescendiente de la carrera de biología de la Universidad de Costa Rica, que detalló un odioso episodio sucedido durante la Feria Vocacional en ese centro de estudios.

Jay Robleto Quesada manifestó en un video haber sido victima de un acto racista cometido por un grupo de estudiantes de colegio a los cuales les estaba brindando información sobre su carrera.

Entre risas y burlas, algunos de ellos imitaron los sonidos de un mono, en una clara alusión racista a su color de piel. Este hecho no es para nada aislado en una sociedad que históricamente ha basado su pigmentocracia en una profunda actitud discriminatoria contra las poblaciones afrodescendientes e indígenas.

No hace muchos años, allá por la década de los ochenta, recuerdo asistir con mi padre al viejo estadio nacional en San José a ver partidos de la selección nacional contra sus homólogas centroamericanas.

Siempre me llamó la atención el sonido que la gradería emitía cuando salía alguno de estos equipos regionales al campo. La imitación de los supuestos sonidos con que las películas estadounidenses identificaban a los indígenas en sus luchas contra los hombres blancos, era habitual. Y también era racista.

En extremo.

Entonces está en el ADN costarricense aquello de las actitudes racistas, aquello de los sonidos insultantes.

Pensar en una sociedad cuyos parámetros de convivencia siguen estando falseados por una idea de comunidad integrada, es preguntarnos quiénes somos realmente. Algo anda mal si desde la misma institucionalidad se generan acciones de exclusión, que atentan contra los derechos humanos en su integralidad.

¿Quiénes somos realmente?

La Sala Constitucional emitió recientemente un fallo en el que aprobaba un Recurso de Habeas Corpus interpuesto en marzo anterior por el comunicador Mauricio Herrera en contra del Estado costarricense.

Su demanda enfatizaba en la privación de libertad a la que fueron expuestas 200 personas migrantes deportadas por el gobierno de Donald Trump y cuyo destino fue negociado con las actuales autoridades costarricenses.

Resulta vergonzoso señalar este hecho. Indignante y vergonzoso en medio de una carrera estrepitosa hacia la debacle en el juego democrático en el país. A eso vamos. A la debacle política y cultural.

Mientras existan estos actos bochornosos propios de regímenes autoritarios, no podemos vanagloriarnos de lo que alguna fuimos, sin preguntarnos ahora por lo que somos.

Sé que la respuesta no será de nuestro agrado.

ADI de Térraba, de nuevo en contra de los indígenas Bröran

Por Pablo Sivar Sivar
Indígena Bröran, Recuperador Crun Shurín

Hace apenas unos años yo igual que muchísimas más personas indígenas no teníamos tierra ni para poner una mata de guineo. Pero gracias a las recuperaciones que empezamos hace ya más de una década hoy tenemos tierra para vivir, sembrar y en muchas partes ver nacer y crecer indígenas en su propia tierra y con más identidad y cultura propia.

Nadie nos está regalando nada ni el gobierno, ni las Asociaciones de Desarrollo de los territorios como la de Térraba que nunca en la vida ni nos defendió ni movió un dedo para sacar a todos los usurpadores que nos habían robado la tierra. Hemos recuperado la tierra con la determinación de que es nuestro derecho tenerla y repito, esa ADI de Térraba, en vez de ayudarnos nos ataca y está empeñada en sacarnos de las tierras que antes siempre permitió que la explotaran los blancos invasores, aunque nosotros anduviéramos como pordioseros sin nada.

Resulta que ahora cumpliendo 15 años de la arrastrada cuando nos tiraron a la calle de la Asamblea Legislativa, me llevo la sorpresa de que con un papel firmado por el presidente de la Asociación de Desarrollo de Térraba Genaro Gutiérrez, ayer me invaden mi parcela en San Andrés sobre la interamericana que hace más de 13 años tengo con todo derecho porque en ese momento hicimos un cambio de tierra con el señor Leitano Nájera. Hicimos un trato legítimo entre indígenas de acuerdo con la Ley indígena y ahora la Junta directiva que dirige el señor Gutiérrez le da una certificación de entrega de derechos de uso de mi tierra a una persona no indígena. Entonces estamos de nuevo con indígenas y con ADIs entregando nuestra tierra a no indígenas.

Es lamentable, aunque nada nuevo que Genaro Gutiérrez se confirme otra vez como defensor de los no indígenas y siga totalmente en contra de los recuperadores y causando estos daños a los verdaderos Bröran. Yo aprovecho esta nueva agresión para pedirle a las autoridades correspondientes que se abra un proceso de investigación porque el ADI de Térraba en sus 50 años de existir no ha hecho ni un solo proceso administrativo ni agrario para devolvernos la tierra a las personas indígenas que somos las legítimas por derecho propio que debemos vivir en esta tierra.

Darle certificaciones de derechos como poseedores a no indígenas por parte de esta ADI es violentar descaradamente los derechos que tenemos sobre nuestro territorio. Pero Genaro Gutiérrez no está solo porque ahí está otro gran culpable que es DINADECO que mantiene la ADI de Térraba y a su presidente reelegido una y otra vez en Asambleas que como dicen y cuentan los mismos que van son manipuladas. Yo no puedo ir porque Genaro me expulsó y por eso estoy peleando en la Sala IV poder afiliarme de nuevo y dar las luchas que sea necesario también desde adentro, aunque me persigan porque soy un defensor de los derechos indígenas. Entonces no sólo nos persiguen los usurpadores sino también el mismo indígena que controla la ADI de Térraba. Sin estar adentro es muy difícil defenderse.

Como dije, hace más de 13 años adquirí está tierra y la ADI tenía total conocimiento de esto y soy peticionario de la medida cautelar que tiene Costa Rica por violentar nuestros derechos. Lo que está pasando es muy preocupante porque teniendo esta medida cautelar fueron asesinados Sergio Rojas Ortiz y Yehry Rivera Rivera. No es que esté pidiendo favores ni nada especial, lo único que pedimos, exigimos y merecemos es que se haga justicia y que me dejen en paz a mi que soy un adulto mayor tratando de vivir bien con mi familia como todas las demás familias que recuperamos y sólo por eso tenemos donde vivir. Ya no voy a permitir que se violenten más mis derechos, tengo más de 40 años de llevar esta carga de defensa de nuestros derechos y aunque sea tan cansado y desgastante no nos vamos a rendir.

Territorio Bröran, 10 de agosto 2025.