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Etiqueta: pueblos originarios

Informe de agresiones y violaciones a los derechos humanos contra los pueblos originarios de la Zona Sur de Costa Rica

Escrito en . Publicado en Derechos.

La presentación del «Informe de agresiones y violaciones a los derechos humanos contra los pueblos originarios de la zona sur de costa rica; enero-diciembre del 2020», documento de la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) con el apoyo de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö y la Asociación Voces Nuestras, elaborado por Nery Chaves García.

El informe versa sobre las agresiones y violaciones a los derechos humanos contra Pueblos Originarios de la zona sur que se encuentran en procesos de recuperación de tierras-territorios. Informe, construido desde los Pueblos en resistencia y que participan en la CLSS.

Esta actividad contará con la participación de:
-Lesner Figueroa, clan Tuadiwák. Concejo Ditsö Iríria Ajkönúk Wakpa, Autogobierno de Salitre.
-Doris Ríos. Recuperadora de Sa Keirö Kaska, Territorio Cabécar de China Kichá.
-Robert Morales Villafuerte, recuperador de Crun Shurin, Territorio Brörán de Térraba.
-Xinia Zúñiga, Investigadora en el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo CICDE -UNED/ Proyecto Conflictos interétnicos en el cantón de Buenos Aires. CIAN Fondo UCREA – UCR
-Nery Chaves García. Asociación Voces Nuestras/ Coordinadora de Lucha Sur Sur
-Gustavo Oreamuno Vignet. Asociación de Iniciativas Populares Ditsö / Coordinadora de Lucha Sur Sur

Día: 24 de junio
Hora: 6:00 pm
Vía Facebook Live: Coordinadora de Lucha Sur Sur.

¡JUSTICIA PARA SERGIO, JERHY Y LOS PUEBLOS ORIGINARIOS!

Información compartida con SURCOS por Mauricio Álvarez Mora.

Manifiesto: Contra la parcialización de la Iglesia Católica diocesana de San Isidro de El General, Costa Rica

Escrito en . Publicado en Derechos.

“Cómo no recordar a santo Toribio cuando constataba con gran pesar en el tercer Concilio Limense «que no solamente en tiempos pasados se les hayan hecho a estos pobres tantos agravios y fuerzas con tanto exceso, sino también hoy muchos procuran hacer lo mismo…» (Ses. III, c.3). Por desgracia, después de cinco siglos estas palabras siguen siendo actuales.”
Papa Francisco. Encuentro de los Pueblos Amazónicos, 19 de enero de 2018

Interpelamos al obispo Gabriel Enrique Montero Umaña y a la institucionalidad de la Iglesia Católica costarricense que él representa, para que mire sin simplismos la crisis que sufren los pueblos indígenas costarricenses desde hace siglos y para que cesen de utilizar la retórica religiosa de “pastores” y dejen de exponerse simbólicamente ante un tema de políticas públicas con la vestimenta propia del culto católico, pues el tema del que hablan es de índole secular y no devocional.

El obispo dice que nunca convocó ninguna “Proclama Social y Caravana” para el día lunes 17 de mayo del 2021 y que tampoco ha autorizado la participación de ningún sacerdote en esta u otra manifestación. Sin embargo, el presbítero Luis Mena de Pejibaye de Pérez Zeledón divulgó un video leyendo parte de la Proclama y fundamentando la marcha convocada para el lunes 17 mayo 2021, mostrando así la desinformada, confusa y confrontativa visión de la jerarquía de la iglesia católica de esta diócesis costarricense.

Le recordamos a la Iglesia Católica que la tenencia de la tierra por parte de personas no indígenas dentro de los territorios indígenas, es una problemática muy específica, que no debe mezclarse mezquinamente con otras problemáticas socioeconómicas que enfrentan otros grupos de población en Costa Rica. Pues esta forma de abordarlo confunde y revuelve tópicos de naturaleza distinta. Además, el apoyo directo a la propiedad privada de los poseedores ilegítimos riñe con el principio de la tenencia en común de la tierra que ejercen las poblaciones indígenas y el principio del bien común que beneficia a las comunidades y a la naturaleza que estas cuidan.

Mezclar la problemática en los territorios indígenas con otras realidades de las poblaciones rurales, es una forma violenta y cómplice de seguir negando los derechos de los pueblos originarios. Además, lo que el obispo Montero Umaña y parte del clero a su cargo dicen, con respecto a la recuperación de tierras indígenas es confuso, contradictorio y ha provocado que personas no indígenas, que creen tener derecho sobre tierras ancestrales, continúen la escalada de violencia verbal, psicológica y física contra familias indígenas recuperantes de las tierras que les corresponden por derecho.

No debe olvidar el clero católico, que la historia de dolor de los pueblos indígenas que han habitado estas tierras desde épocas inmemoriales, inició con el «descubrimiento» de América. Por lo que le solicitamos al obispo y su clero no evadir esta realidad objetiva. Basta con traer a colación lo que anotaba el obispo Bernardo Thiel en su visita pastoral a los indígenas guatusos (Malekus) en 1882, cuando afirma que a los pobladores originarios se “los trataban de monos, animales montaraces y que más de la mitad habían muerto a consecuencia de estos maltratamientos”.

Si hacemos memoria de hechos recientes, podemos decir que muchas personas que habitamos este y otros países, aún recordamos el drama sufrido por un grupo de veintisiete mujeres y hombres indígenas de la mayoría de los ochos pueblos indígenas reconocidos, cuando fueron desalojados violentamente de la Asamblea Legislativa el 10 de Agosto de 2010, sólo porque se quedaron esperando respuesta de los diputados y las diputadas, para que aprobaran o archivaran el Proyecto de Ley sobre la Autonomía Indígena, que tenía dieciocho años de tramitarse en el Congreso de la República, en el cual se establecía un Procedimiento para las Recuperaciones de los Territorios ancestrales establecidos, por las Leyes y los Decretos respectivos.

Fue ese acto de violencia racista, física, espiritual y moral, que llevó a estos pueblos a tomar la decisión de sanear sus territorios del arrebato y la usurpación ilegal. Así se inicia una década de persecuciones, cárcel, agresiones físicas, quema de viviendas y agricultura hasta el asesinato. Tenemos reciente memoria del asesinato del líder bribri de Salitre Uniwak Sergio Rojas Ortiz, Coordinador de FRENAPI (18 marzo 2019) y del asesinato de Jerhy Rivera Rivera, recuperante Brorán de Térraba hace 15 meses.

En estos 11 años de violencia sistémica y sistemática, no ha existido ningún pronunciamiento, nota de duelo, ni siquiera expresiones de pésame para las familias y esos pueblos, por parte del clero de San Isidro de El General. Por lo que es clara la actitud y posición parcializada de esta jerarquía católica, que niega en sí misma su propio mensaje de misericordia y compasión.

Sumado a lo anterior, en este momento crítico de la historia costarricense, vemos lamentablemente como la jerarquía eclesiástica se coloca en medio, con tibieza, para buscar una supuesta “conciliación”, cuando su papel debería ser una opción preferencial y radical por la parte que ha sido discriminada y violentada de manera sistemática a lo largo de los siglos, tal como lo piden los Evangelios de Jesús de Nazaret.

Además, esa búsqueda de conciliación es falaz, pues al afirmar ustedes que la «ley ha de salvaguardar la justicia para todos los actores», cometen un error jurídico grave, ya que en una situación de desigualdad de poder, de dominio de unas personas sobre otras (usurpadores vrs indígenas de China Kichá), la conciliación no cabe y la justicia se logra dando un trato desigual a las partes involucradas. En este caso dando cumplimiento a los convenios internacionales como normas superiores que son o de las leyes especiales con supremacía sobre las leyes generales en favor de los indígenas.

Por ello le solicitamos a la Iglesia Católica reconocer que cualquier pretensión eclesial «mediadora» está viciada y debe ser evitada, ya que la iglesia local, a través de un sacerdote, tomó recientemente partido en favor de una de las partes involucradas, perdiendo así imparcialidad y autoridad moral para mediar.

La paz sin justicia es inalcanzable y la caridad sin compromiso auténtico por los que ocupan el último lugar, se convierte en limosna mezquina.

Suscriben el presente manifiesto:

Movimiento Reflexión Acción
Comunidades Cristianas Costarricenses – COCRIC
Servicio Paz y Justicia en Costa Rica – SERPAJ – CR
Departamento Ecuménico de Investigaciones – DEI
Organización Interseccional pro Derechos Humanos Costa Rica – OIDH-CR
Centro de Amigos/as para la Paz – CAP
Justicia y Paz e Integridad de la Creación -JPIC / Claret CR
Red Ecuménica de Lectura Popular de la Biblia
GEMA Observatorio de Medios de Comunicación y Género
Informa-Tico.com
Diásporas Feministas
Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense – IMWC
Colectivo Cristiano CR – CCCR
Universidad Bíblica Latinoamericana – UBL
Colectiva Coexistir de Cartago
Fundación Interartes
SURCOS Digital

 

Imagen ilustrativa, UCR.

Recuperamos nuestra Tierra y trabajamos por la seguridad alimentaria

Escrito en . Publicado en Derechos, Madre Tierra.

Jorge Sibas Vega
Familia recuperadora en Crun Shurin
15 de mayo 2021.

Lo mejor que pasa en las tierras que los pueblos originarios estamos recuperando es la producción de alimentos.

Los suelos y toda la Tierra están reviviendo con la agricultura y también regresaron ya muchos de los animales silvestres que la talas, los monocultivos y el ganado habían espantado.

Todo eso va a ser mejor ahora porque muchas familias, mujeres y hombres, empezamos hace un par de semanas un trabajo junto con el INA para poner en práctica la agricultura orgánica. Estamos sembrando y cuidando la Tierra. Aprendiendo a producir insecticidas, abonos, a usar micro organismos y todo lo que conlleva la agricultura orgánica. Hoy le estamos devolviendo a nuestra Madre Tierra algo de lo mucho que nos ha dado. Queremos compartirles nuestra alegría y nuestros cultivos. Decirles que estamos seguros de que los alimentos que llevamos a las mesas de nuestras familias son limpios y son el resultado de nuestro trabajo ahora que estamos retornando a nuestra propia Tierra.

Esta nueva vida queremos compartirla con todas las personas amigas, conocidas, familias de nuestra zona y de todo el país. Con la gente que pasa por la interamericana y con quienes lleguen a nuestro territorio. Queremos intercambiar alimentos orgánicos, nuestro trabajo y queremos que la gente venga a conocer todo lo que estamos haciendo en las recuperaciones. No somos “indios vagos”. Somos gente trabajando y queremos que nos dejen hacerlo, que nos respeten y dejen de amenazarnos.

Gracias de verdad a toda la gente que nos han apoyado siempre en las recuperaciones de los pueblos originarios.

Recuperamos nuestras tierras porque son nuestras, para dar seguridad alimentaria a nuestras familias y a más personas y para fortalecer nuestro vínculo con la Madre Tierra.

Pedimos a nuestros Ancestros y a todos los animales del bosque que también los protejan a ustedes, que el abuelo sol caliente sus almas y sepan que ustedes también son parte de este gran proceso de saneamiento de nuestras tierras.

Hasta que muera el Sol.

Excepcionalidad en crisis

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

En agosto de 2018 se desarrolló en Costa Rica una de las manifestaciones contemporáneas de odio y nacionalismo más dramáticas que se recuerde. Se trató de una marcha convocada por redes sociales y mensajes de texto que buscaba dirigirse hacia el Parque Braulio Carrillo (conocido como Parque de La merced), ubicado en en centro de la capital. Este espacio es un emblemático lugar de encuentro y socialización de la comunidad nicaragüense radicada en el país.

Según se conoció, el objetivo de la acción consistía en demostrar que, ante el aumento de la presencia de población nicaragüense como consecuencia del conflicto sociopolítico suscitado en su país desde abril de 2018, los espacios públicos como parques, aceras y calles constituían reductos defendibles y reservados exclusivamente para los nacionales.

La apelación a la defensa del país, la utilización de signos como camisetas y banderas de Costa Rica, así como consignas en contra de las personas extranjeras, derivaron en un ambiente tenso que rápidamente fue disuelto por las autoridades costarricenses.

El evento no fue para nada aislado y debe ser entendido en el marco de una escalada en el descontento generalizado con las medidas económicas, el desempleo y la pobreza imperante en el país. Eran los momentos previos a la coyuntura sanitaria, donde esas dimensiones se afectaron ampliamente.

Para algunos sectores de la población costarricense, su molestia con el sistema político y económico imperante ha encontrado su caldo de cultivo en dos escenarios concretos: el desinterés por la política electoral, que ha sido notable en el abstencionismo producido en los últimos procesos electorales y la identificación de chivos expiatorios en las personas extranjeras, principalmente de origen nicaragüense, como responsables de la crisis y más recientemente, del aumento de los casos positivos de COVID 19.

De hecho, las acciones discursivas contrarias a la población migrante han continuado repitiéndose en tiempos de pandemia. En días recientes una campaña lanzada en redes sociales sobre la universalidad de la vacuna a todos los sectores de población, considerando las poblaciones migrantes, encontró niveles discursivos donde una vez más la defensa nacionalista («primero los de casa)» y el desconocimiento del aporte socioeconómico que las poblaciones migrantes brindan al país (“si no pagan no deberían ser vacunados») afloraron de forma intensa. La campaña impulsada por Amnistía Internacional tenía como objetivo denotar el derecho a la salud de todas las poblaciones, en condiciones de excepcionalidad. Sin embargo, las actitudes de rechazo hacia las poblaciones extranjeras fueron evidentes.

Estas no son las únicas tensiones socioculturales presentadas por la sociedad costarricense, ya que en los últimos años la defensa por el derecho a la tierra por parte de los pueblos originarios y la usurpación y ocupación de personas no indígenas ha generado acciones violentas, generalmente en contra de las comunidades indígenas.

Justamente el día 13 de mayo la coordinadora sur sur ha denunciado públicamente la organización de dos manifestaciones de personas no indígenas dirigdas hacia algunos territorios y cabeceras de ciudad, como una actitud de amedrentamiento contra las recuperaciones que poblaciones indígenas han venido desarrollando.

Esta acción no puede ser vista independientemente de una continua conducta de racismo y discriminación que histórcamente han experimentado estas poblaciones y que se ha acrecentado de forma alarmante en los últimos tiempos.

Al inicio de la pandemia, ese recurrente discurso de excepcionalidad costarricense basado en una robustez institucional, las condiciones de acceso y la calidad de los servicios, blindó las consideraciones respecto a la crisis que luego, meses después, habría de llegar con el aumento de casos, la determinación de la economía sobre la salud y el relajamiento en la conducta social de cuido por buena parte de la población costarricense.

Sin embargo, lo que denotan las percepciones y acciones sociales contra estos grupos es justamente una conducta aprendida sobre una supuesta superioridad biológica que está tras el resguardo de esa pretendida excepcionalidad que le ha hecho tanto daño a una sociedad tan necesitada de materializar la solidaridad, tolerancia y respeto como pollticas para restablecer, de nuevo, la convivencia en todos los niveles.

Lo que verdaderamente está en crisis y debemos verbalizarlo, es la forma como Costa Rica construyó su especificidad respecto a otros países de la región. Ya ese discurso se agotó. Debe ser sustituído rápidamente por otro en el que la integración y el reconocimiento sean los valores orientadores de esa nueva experiencia comunitaria que debe emerger de todo esto. Confiemos en que así sea.

Por las vidas de personas defensoras ambientales: ¡Acuerdo de Escazú ya!

Escrito en . Publicado en Derechos, Madre Tierra.

Por Mauricio Álvarez Mora (*)

Hoy día de la tierra entra en vigor el Acuerdo de Escazú y mientras en la región celebran en nuestro país están amenazadas de muerte 12 personas de pueblos indígenas: Pablo Sibas Sibas y Robert Morales Villafuerte (Térraba); Maximiliano Torres Torres y Clarita Quiel Torres (Cabagra); Efraín Fernández Zúñiga, Carlos Antonio Zúñiga, Jason Ríos Ríos, Doris Ríos, Ariel Ríos (China Kichá); y Claudio Ortiz Rojas, Daniel Figueroa Morales, Minor Ortiz Delgado, Mariana Delgado Morales y José Enrique Ortiz Figueroa (Salitre). Además, han amenazado a dos defensores de derechos humanos de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö, Gustavo Oreamuno Vignet y Jeffery López Castro[1].

Estas 14 amenazas son producto de una violencia estructural, que han recibido los pueblos originarios y las personas activistas que acompañan el movimiento de recuperación de los territorios que por ley les pertenecen.

Estas intimidaciones son parte de los 88 tipos de agresiones registradas tan solo el año pasado[2], entre las que están: agresiones por parte de turbas, múltiples tipos de amenazas, amedrentamientos, hostigamientos, detonaciones de arma de fuego, incendios, bloqueos de caminos, agresiones con arma, ataques con sustancias químicas y muchas otras formas de violencia, cuyo hecho crucial fue el asesinato del dirigente indígena Jerhy Rivera, en febrero del 2020. Toda una guerra de lenta y cruel intensidad. 

Un contexto similar se dio en el año 2019, antes y después del asesinato del líder indígena Sergio Rojas.

La pandemia ha sido la principal causa de que, tanto el año pasado como este, no se concretaran ninguna de las otras amenazas de muerte, pues la acción del gobierno es “dejar hacer, dejar pasar” al estilo progresista. Es decir, hacer que se hace y darle largas; o sea, legitimar y estar del lado de quien aplica la violencia.

Esa misma ambigüedad raya en cinismo pues se trata de vidas de defensoras y defensores indígenas y activistas. Similar inacción ha demostrado el Estado con la negociación y aprobación del Acuerdo de Escazú. Por un lado está el discurso “verde”, donde en el papel aguanta lo que le pongan; y por otro lado está la realidad, donde el Gobierno lo trata como moneda de cambio y es caja de resonancia de los horrores que han dicho las cámaras empresariales contra dicho Acuerdo. El Gobierno lo ha dejado engavetado y a la suerte del juego legislativo-electoral, donde puede pasar cualquier cosa.

Mientras, se ha perdido un valioso tiempo de vida o muerte. Por ejemplo, este año Pablo Sibas, líder histórico del movimiento indígena, fue amenazado nuevamente. En redes sociales le dijeron: “Cuando será q les volarán plomo a Pablito sibas y sus secuaces para q respeten lo ajeno a todo cerdito le llega su hora”, “Hay que eliminar a Pablo sibar vividor, estafado, ladrón, sinvergüenza muerto de Amber, parásito invivible, pero ya la muerte lo anda Rondando muy SERCA tarde o temprano dejará de joder” (citado textualmente).

Sibas ha recibido múltiples amenazas de muerte y ha sido atacado en diversas ocasiones, de la misma forma en que sucedió con Sergio Rojas Ortiz, Jerhy Rivera Rivera y otras personas indígenas.

“Si a Sergio lo hubieran protegido, por lo menos les hubiera costado más matarlo. Nosotros sabemos que estamos en peligro, que nuestras familias están en peligro, que en nuestras propias tierras y casas estamos en peligro, y eso no lo quiere asumir el Gobierno”, dijo Sibas.

En mayo de 2012, Sibas sufrió dos ataques físicos: uno donde recibió golpes, patadas y hasta mordiscos; y otro una semana después, en el que lo persiguieron por la carretera, lo insultaron y lo intentaron herir con un cuchillo.

El año pasado, en los hechos que culminaron con el lamentable asesinato de Jehry Rivera, el día antes del crimen Sibas se salvó de ser la víctima de la misma turba, que con machetes “le gritaban que lo iban a matar, que lo iban a tasajear”[3].

“Fue por suerte que logró escapar y resguardar su vida ante la inacción policial. Uno días después, personas no identificadas incendiaron la finca de Sibas. Semanas antes del ataque, había recibido varias amenazas de muerte en las redes sociales. Se le informó de que se habían contratado sicarios para matarlo a él y a varios otros líderes indígenas. Esa misma amenaza fue reiterada meses después por un individuo desconocido, quien le dijo que tenía garantizada una recompensa por su asesinato También ha sido objeto de una campaña de difamación por medios de comunicación local y nacional, si bien debería gozar con medidas de protección y ha interpuesto las denuncias oficiales, la protección policial es esporádica y su vida corre mucho peligro”[4].

En este contexto, donde hay claramente un modus operandi de la violencia y sus perpetradores, de las formas, de las estrategias utilizadas, de los mecanismos, no existen leyes ni fuero en la legislación actual de nuestro país para resguardar la vida de las personas defensoras. A las personas indígenas el sistema solo les ofrece utilizar el programa de protección de testigos, teniendo que abandonar su hogar y su territorio, mientras los perpetradores frescos y libres dentro de los territorios indígenas.

Está claro que el acuerdo de Escazú crea jurisprudencia, reconocimiento y condiciones para personar defensoras pues en su artículo 9 dice que se “garantizará un entorno seguro y propicio”, “medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover derechos” y “medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones”.

El gobierno es responsable de este manejo vacilante del Acuerdo de Escazú, que ha generado el espacio para que el lobby empresarial y transnacional, que ha retomado los argumentos más retorcidos de las derechas latinoamericanas, donde resucitaron y maquillaron los manuales de la guerra fría, rayando en el ridículo.

Ahora, en medio del peor ambiente electoral y después de secuestrar ocho meses la agenda legislativa para hipotecar al Fondo Monetario Internacional (FMI) la división de poderes, la Constitución Política y la institucionalidad democrática, veremos el destino de este importante Acuerdo. Le corresponde el turno a la Asamblea legislativa, de donde brotaron tantos precandidatos como moho después de la lluvia. Esperemos que todos quieran figurar y, aunque sea por oportunismo se pongan a favor del necesario Acuerdo.

[1] Coordinadora de Lucha Sur- Sur, 2021. https://surcosdigital.com/pueblos-originarios-de-costa-rica-continuan-luchando-y-exigiendo-justicia-a-dos-anos-del-asesinato-de-sergio-rojas-ortiz/

[2]     Coordinadora de Lucha Sur- Sur, 2021, Disponible en http://www.kioscosambientales.ucr.ac.cr/docs/Recuentoagresiones2020.pdf

[3]https://www.fidh.org/es/temas/defensores-de-derechos-humanos/costa-rica-agresiones-y-amenazas-contra-los-defensores-indigenas-jose

[4]https://www.frontlinedefenders.org/es/case/arson-attacks-threats-against-indigenous-peoples%E2%80%99-rights-defender-pablo-sibar

 

Imagen ilustrativa.

(*) Proyecto ED-3526 Diálogo de Saberes y Geografía, docente Escuela de Geografía, Ciencias Políticas, Programa Kioscos Socio ambientales UCR y IDELA-UNA.

Consejo de mayores y mayoras IRIRIA JÉTCHO WAKPA DEL TERRITORIO IRIRIA BRIBRI SÁ KÁ «CABAGRA» presenta denuncia pública contra el Estado costarricense

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

SURCOS comparte la siguiente información:

DENUNCIA PÚBLICA
Domingo 18 de abril de 2021

  • Turba de aproximadamente 30 personas atacan y agreden a familia recuperadora SuiDikolr (Quebrada de Armadillos) en el sector de Las Juntas.

  • La agresión ocurre a pesar de las alertas realizadas al Ministerio de Seguridad Pública, ante lo cual responsabilizamos al Estado costarricense por su inacción.

Al ser las 7:00 pm la familia recuperadora de Sui Dikolr (Quebrada de Armadillos) en el sector de Las Juntas, fue agredida por una turba de aproximadamente 30 personas no indígenas, alentada por el usurpador Enrique Jiménez Valverde. quien en horas de la tarde celebró una fiesta para motivar el ataque. Producto de este hecho resultaron gravemente heridas las personas: Evangelista Mayorga Badilla, Heiner Torres Rojas, Jordy Granados Rojas, Junior Granados Rojas, Cristina Rojas Figueroa, fueron atendidas por la Cruz Roja.

Denunciamos públicamente que este ataque ocurre a pesar de las alertas interpuestas previamente por este Consejo ante el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de la Presidencia, la Defensoría de los Habitantes y las Naciones Unidas (oficina de Costa Rica). Responsabilizamos al Estado de Costa Rica por no hacer efectivo el derecho al territorio de los pueblos originarios y permitir este tipo de violaciones a nuestros Derechos Humanos.

Para mayor información:

Maximiliano Torres Torres Teléfono:87783833 Coordinador

Adjuntamos la imagen oficial del comunicado:

 

Consejo de Mayores y Mayoras lriria Jtécho Wakpa del Territorio lriria BribriSá Ká ªCabagra

Imagen del header tomada de Ditso, Costa Rica

Conversatorio: ¿Qué está pasando en los territorios indígenas del Sur de Costa Rica?

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Catedra José Martí de la Universidad de Costa Rica invita a participar del conversatorio: ¿Qué está pasando en los territorios indígenas del sur de Costa Rica?

El espacio contará con la participación de Pablo Sibar, Líder indígena y defensor de pueblos originarios. Además, Daniel Camacho, profesor emérito de la Universidad de Costa Rica y activista por los derechos humanos y la Lideresa Bribri, Roxana Figueroa, defensora de los pueblos originarios.

La actividad será este lunes 19 de abril 2021, a las 4pm y se transmitirá vía zoom.

Información de acceso:

Id:837 5071 6462

Código:835212

Resolución a favor de indígenas de Kono Ju les permitiría quedarse en sus tierras

Escrito en . Publicado en Derechos.

SURCOS comparte la siguiente información enviada por Elides Rivera:

La resolución adjunta “que llegó ayer del caso de Kono Ju en China Kichá. El Juez aceptó el escrito que presentamos para modificar la medida cautelar de desalojo por pérdida de interés (buscaba proteger el ganado pero ya no había ganado), por lo que ya no tendrán que salir las personas indígenas de Kono Ju.

En la resolución se lee, POR TANTO:

“En mérito de lo expuesto se acoge la solicitud de modificación de medida cautelar. Al existir cambio de circunstancias se modifica la medida cautelar ordenada mediante voto número 288-F-2020 y en su lugar se ordena la siguiente medida cautelar: Se prohíbe a ADONAY SEGURA MORALES… introducir mejoras, accesiones y transformar más la naturaleza del inmueble… Todo bajo el entendido que en caso de desobediencia se les seguirá causa por el delito de desobediencia a la autoridad… Lic. Jean Carlos Céspedes Mora. – Juez(a).”

hacienda-La-China-cambi-medida-cautelarDescarga

Rompiendo el cerco neoliberal

Escrito en . Publicado en Derechos.

Álvaro Vega Sánchez. Sociólogo.

Hoy, como en tiempos de la conquista, son los valientes pueblos originarios quienes están abriendo horizontes de esperanza, con su lucha justa por afirmar su identidad/dignidad y defender sus derechos, particularmente la recuperación de sus tierras.

Se trata de una lucha digna, patriótica y ejemplar de más de 500 años y que también significa, en nuestros días, romper el cerco neoliberal que les ha negado el verdadero derecho de ciudadanía, que va más allá de portar una cédula de identidad o de un principio constitucional que afirma la identidad pluricultural de un país.

En nuestro país, se han visto obligados a tomar acciones de hecho para recuperar sus tierras ante la desidia del Estado para proteger y defender sus derechos. Les ha costado caro. Pero están dispuestos a no claudicar.

Se han convertido, así, sin proponérselo, en la punta de lanza de la gran batalla que está librando el pueblo costarricense para romper este cerco que ha creado dos Costa Rica, como acostumbraba a decir, ya en los aciagos años de 1980, el insigne filósofo don Oscar Barahona, y que no solo ha negado y violentado derechos a nuestros conciudadanos indígenas, sino también a las trabajadoras y trabajadores del sector público y privado del país.

 El cerco neoliberal que se venía fortaleciendo con la triple alianza entre el Partido Acción Ciudadana, el bipartidismo PLUSC y los partidos religiosos fundamentalistas PRN y PNR, conforme se acercan las elecciones del 2022, se muestra cada vez más debilitado, y no se vislumbra ninguna señal de repunte de ninguno de estos partidos que podrían darle un nuevo aire.

La decadencia del cerco neoliberal es una tendencia dominante en América Latina y, a raíz de la pandemia, el impacto cada vez más devastador del cambio climático y los desesperados y masivos flujos migratorios, entre otros fenómenos asociados a esta “jaula de hierro”, adquiere alcance global.

Este cerco, que pretendió reconquistar Bolivia con la biblia fundamentalista desplazando a la bandera wiphala, símbolo sagrado de los pueblos indígenas del altiplano, perdió la batalla. Y en Brasil es cada vez más inminente su fracaso, de cara al vergonzante papel del presidente Jair Bolsonaro, apoyado también por el fundamentalismo religioso. En Argentina se desplomó y en Ecuador, al parecer, va por el mismo camino.

El binomio entre partidos de derecha política con rasgos neofascistas y el fundamentalismo religioso pierde credibilidad y fuerza política. Ha quedado expuesto su rostro antidemocrático, intolerante y violento, tanto en el golpe de Estado en Bolivia como en los actos en la Casa Blanca que buscaban deslegitimar la elección del presidente Biden.

Sin embargo, hay nuevos intentos de recuperar espacio político en países como Perú, con la candidatura de Rafael López Aliaga que emula el comportamiento del bolsonarismo, tal y como lo argumenta, el sociólogo de la religión, Pablo Barrera (ver aquí).

También, en nuestro país, el liderazgo político-religioso fundamentalista se apresta a una recuperación de su fuerza política, capitalizando el descontento mayoritario con el actual gobierno de perfil más laico. Pero, no le será fácil por su complicidad con la política neoliberal prevaleciente. Asimismo, ya no tendrá el mismo efecto electoral levantar la bandera del mesianismo para “salvar” al país, cuando han sido evidentes y escandalosas las disputas por repartirse el botín de la deuda política, que los ha conducido a dividirse. Una vez más, se muestran como partidos que van tras los panes y los peces.

Se están dando las condiciones para romper el cerco hegemónico neoliberal en Costa Rica. Es la única vía para defender y fortalecer el régimen democrático y garantizar el respeto a los derechos de los indígenas y de las trabajadoras y trabajadores hoy vilmente pisoteados.