De jornadas extenuantes a jornadas esclavistas
Lic. Raúl Blanco Chavarría*
Esta semana se presentó a consulta de la Sala Constitucional el Proyecto de Ley N.º 24.290 para el establecimiento de jornadas laborales excepcionales; bonito título para no decir reforma laboral para el establecimiento de jornadas extenuantes y explotadoras.
El pueblo de Costa Rica no ha dimensionado aún el enorme retroceso que este proyecto podría provocar con su aprobación. Ha pasado ya por dos gobiernos (el de Alvarado Quesada, 2018-2022, y el de Chaves Robles, 2022-2026) que han intentado sin éxito aprobar esta nociva reforma, la cual busca impulsar la normalización de una jornada de 12 horas con la promesa de contar con tres días libres. ¡Menudo caballo de troya que intenta ocultar una evidente violentación a los derechos laborales de todo el pueblo costarricense!
Esta reforma, heredera del PAC, legado del cual reniegan hoy en día los autodenominados “jaguares” y bendecida por las grandes cámaras empresariales, tiene la clara intención de regular la forma en la que se remunerará el salario a los trabajadores. El debate aquí no es si se trabaja o no más de doce horas en la jornada laboral; es más, la ley y nuestra Constitución ya regulan el trabajo más allá de las doce horas. Estamos hablando de que esta reforma eliminaría el 50% del recargo estipulado constitucionalmente para sustituirlo por un mínimo del 17% en las jornadas diurna y mixta y 25,5% en la nocturna sobre el horario correspondiente.
Para la juventud que forma parte de la inmensa masa de trabajadores y trabajadoras que sostienen este país día con día, la entrada en vigor de esta reforma constituirá una enorme barrera para estudiar. El traslado de nuestros centros de trabajo a la universidad o a nuestros hogares no es tomado en cuenta por nuestros legisladores a la hora de pensar qué repercusiones puede tener en la juventud. Miles de jóvenes tendrían cada vez mayores dificultades para ingresar o mantenerse en universidades, colegios nocturnos o procesos de formación profesional, tomando en cuenta también que el 55% de los jóvenes que hoy cuentan con una jornada laboral ganan un salario inferior al mínimo, según un reciente informe del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica (CCECR). Entonces, ¿qué garantía legal tiene la juventud ante este proyecto que pueda asegurar nuestro futuro con el estudio?
¿Qué garantía tendrán las mujeres jefas de hogar con el cuido de sus hijos?
¿Qué garantía tiene la clase trabajadora de que con esta reforma no se abrirá un portillo para que los derechos laborales se vean violentados e irrespetados por la relación de poder entre el patrono y el trabajador?
La actual jornada ordinaria de 8 horas constituye una conquista del pueblo de Costa Rica; el desconocer esta historia de lucha iniciada por los sindicatos en las huelgas bananeras como la de 1934 y posteriores y del liderazgo del Partido Comunista (hoy Partido Vanguardia Popular) en el pacto con la Iglesia Católica y el gobierno de Calderón Guardia para la promulgación de las Garantías Sociales y el Código de Trabajo, es casi un crimen de traición a la memoria histórica de esta patria.
Pretender normalizar jornadas ordinarias de hasta 12 horas (que ya son legales y con pago justo) significa trasladar las necesidades de rentabilidad empresarial sobre la salud, el tiempo y las condiciones de vida de quienes trabajan.
Nuestra Constitución Política contempla en su Artículo 58 un recargo justo al exceder las ocho horas laborales; hoy el pueblo de Costa Rica se encuentra vigilante de la Sala Constitucional, la cual hoy tiene el deber patriótico y constitucional de frenar este retroceso en materia de derechos laborales.
El pueblo los respaldó en un plantón hace dos meses ante los ataques del oficialismo; hoy tienen la oportunidad de demostrar su compromiso con el pueblo. Su juramento es con la patria y por el bienestar del pueblo de Costa Rica. Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, Él, el pueblo y la patria os lo demanden.
*Abogado, sindicalista, secretario general de la Juventud Vanguardista Costarricense y coordinador del movimiento Trabajo Digno.