La República entre barrotes: notas del subsuelo costarricense
Por Frank Ulloa Royo
La cárcel, en el siglo XIX francés, fue símbolo de modernidad y exclusión. Eugène Sue, en Los misterios de París (1842–1843), la retrató como destino inevitable de los marginados: “La prisión es el horizonte de los pobres, el lugar donde la miseria se convierte en delito.” Honoré de Balzac, en Esplendores y miserias de las cortesanas (1838–1847), la convirtió en escenario de corrupción y ruina moral, mostrando que los barrotes no eran más que prolongación del poder económico. Los hermanos Goncourt, en La fille Elisa (1877), mostraron la prisión como el último peldaño de la degradación femenina: “La mujer pobre no cae por el crimen, sino por la fatalidad social que convierte su miseria en culpa.” La literatura entendió pronto que la cárcel no era espacio de justicia, sino teatro donde la sociedad exhibía su desigualdad. La ironía histórica es que, mientras Europa se jactaba de haber dejado atrás los suplicios públicos, lo que realmente inauguraba era una maquinaria más sofisticada de control: muros, barrotes y reglamentos que disfrazaban la represión con el lenguaje del progreso.
En el siglo XX, Michel Foucault desmontó esa ilusión humanista con bisturí filosófico. En Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión (1975) escribió: “La prisión no corrige, vigila; no libera, disciplina.” El panóptico, esa metáfora de la mirada invisible, se convirtió en el emblema de una sociedad que controla sin necesidad de látigo. La ironía es que la cárcel, presentada como conquista civilizatoria, era en realidad el laboratorio de la dominación. Y hoy, Costa Rica repite la escena con un guion ya escrito: se levanta un nuevo centro penitenciario como promesa de seguridad, mientras se desmantelan las políticas sociales que prevenían la exclusión. La historia se repite, pero con disfraz tropical: la República que abolió el ejército ahora multiplica cárceles y entrega soberanía, como si la memoria de la paz fuera un lujo que ya no podemos permitirnos.
No es casual que Víctor Hugo, en Los Miserables (1862), mostrara que el destino de los pobres era la muerte prematura o la cárcel. Jean Valjean, condenado por robar un pan, encarna la paradoja de un sistema que castiga la miseria en lugar de combatirla: “El hambre no es delito, pero la justicia lo convierte en crimen.” Esa alegoría sigue vigente: los miserables de hoy no son criminales por naturaleza, sino víctimas de un Estado que recorta derechos y multiplica barrotes.
El presupuesto 2026 desnuda la lógica del subsuelo: se recortan pensiones, becas, comedores escolares, transporte estudiantil, vivienda y cuido infantil, mientras aumentan los gastos en Presidencia, Hacienda y Asamblea Legislativa, con asesores, vehículos y pines de oro. La república se desvanece: menos derechos, más cárceles, más cuchillos en la mano de la patria agraviada.
Defender la independencia judicial no es encubrir la corrupción ni negar la lentitud de la justicia laboral. Es impedir que la justicia se convierta en rehén del poder político. La Sala Constitucional, tantas veces protectora de derechos sindicales y laborales, está bajo amenaza. Si cae, ¿quién defenderá al trabajador despedido injustamente, a la mujer discriminada, al ciudadano frente al abuso del Estado?
Jorge Debravo escribió: “Yo no quiero que la patria tenga cuchillos en la mano.” Ese verso hoy es consigna política. No queremos una republiqueta punitiva al estilo Bukele, sino una patria que se parezca a la dignidad, a la memoria, a la justicia sin miedo.
El subsuelo de Dostoievski es nuestro espejo: alienación y resentimiento marcan la vida pública, diputados que rechazan candidatos, instituciones que callan, magistrados que guardan silencio cómodo. Y en medio de esa penumbra aparece el ministro de Justicia, que un día se arrodilló frente a los reos no para reconocer su humanidad, sino para insultarlos y negarles toda dignidad. Ese gesto, más teatral que político, fue la confesión de un poder que desprecia a los más vulnerables y convierte la justicia en espectáculo de humillación. Hoy ese mismo ministro está siendo investigado, como si la ironía quisiera recordarnos que quien niega humanidad termina negándose a sí mismo. Dostoievski escribió en Notas del subsuelo (1864): “Soy un hombre enfermo… soy un hombre malo.” Esa confesión es hoy la voz de una institucionalidad que se niega a defenderse.
Hoy, proyectos que legitiman la violencia institucional amenazan con destruir esa memoria. Quienes denuncian ante la Sala Constitucional estas políticas infrahumanas, como el Dr. Ricardo Zeledón, serán maltratados en las oficinas presidenciales como enemigos de la sociedad. El subsuelo costarricense nos advierte: pronto las cárceles estarán llenas de opositores políticos a este modelo autoritario, también de mujeres y hombres excluidos por las políticas económicas en nombre de la seguridad colectiva. Sin embargo, como Debravo, repetimos: no queremos cuchillos en la mano de la patria, queremos justicia libre, digna y humana.
Lo irónico es que, como en El Salvador, los votantes podrían quedarse con la última página del libro: la ilusión de haber recuperado las calles, aunque sea de manera temporal, mientras la democracia se reduce a barrotes y decretos punitivos. La historia se repite con disfraz distinto, pero con la misma moraleja: la seguridad que se compra con miedo termina siendo la antesala de la represión.
