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Etiqueta: reforma constitucional

Si se quiere… se puede

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli
Diputado 1982- 1986

En las elecciones de febrero de 1982, como es bien sabido, el Partido Liberación Nacional ganó las elecciones en forma arrolladora, al extremo de elegir 33 diputados a la Asamblea Legislativa. Al frente éramos solo 24 legisladores repartidos así: Coalición Unidad (luego PUSC) 16, Pueblo Unido 4, Movimiento Nacional 1, Acción Democrática Alajuelense 1 y 2 independientes que, por criterios diferentes sobre quien sería el primer jefe de fracción de la Coalición Unidad, desertaron antes del inicio de las sesiones.

Todo parecía indicar que el PLN con sus 33 diputados arrollaría en aquella Asamblea Legislativa contra una oposición aparentemente muy fraccionada, pero no fue así. Desde un principio la fracción de la Unidad señaló su derrotero para aquellos cuatro años: haríamos una oposición responsable, apoyaríamos sin mezquindad aquellos proyectos que fueran para el bien del país, y nos opondríamos férreamente a los que no lo fueran claramente. El diálogo permanente y TRANSPARENTE con el presidente Luis Alberto Monge y la fracción del PLN, así como con las otras fracciones de la Asamblea Legislativa, incluyendo los disidentes, también sería nuestra forma de proceder, siendo el respeto a la prensa y la comunicación abierta, la manera de dar confianza al país sobre nuestro proceder.

El primer jefe de Fracción fue don Rolando Laclé Castro, que supo implementar la efectividad de un dialogo permanente y, desde el principio, fue evidente que no íbamos a permitir que nos “echaran la maquinaria”, como se decía en la jerga de la Asamblea; me tocó conducir la fracción en el segundo año, luego don Danilo Chaverri y don Juan Rafael Rodríguez Calvo se ocuparon de aquella tarea, los cuatro firmes dentro de la línea de acción que nos habíamos propuesto como un equipo con todos los compañeros de fracción, sólidamente unidos, respetando las diferencias de criterios que, como es lógico, tenían que surgir.

Debo reconocer que en don Luis Alberto Monge encontramos un presidente abierto al diálogo y aceptar las diferencias que podían producir crispaciones innecesarias. Así logramos evitar que se aprobaran proyectos como el SEL (Sector de Economía Laboral) altamente inconveniente para los trabajadores, el Convenio Atunero entreguista de nuestra riqueza pesquera e irrespetuoso de nuestros derechos en las famosas doscientas millas de mar patrimonial que define la zona económica exclusiva (ZEE), la construcción de un oleoducto altamente contaminante y también la ley de minería, estos últimos con una enorme presión de la Embajada de los Estados Unidos; proyectos para la aprobación de nuevos impuestos, denunciamos el desfalco de 450 millones de colones de aquella época ($12 millones aproximadamente) en la Comisión Nacional de Emergencias y promovimos la ley que la reformó. Personalmente acusé al presidente Monge de faltar a su deber de información a la prensa, al ocultar un informe negativo sobre el sector agropecuario y, por primera vez en la Historia, un presidente era llevado con un Recurso de Amparo ante la Corte Plena, que me dio la razón, esto sentó un precedente importantísimo en nuestra vida institucional. Y ni que decir de las denuncias que hicimos por la entrega del territorio nacional a fuerzas militares extranjeras que peleaban contra el sandinismo apoyadas por los marines de Estados Unido; hoy alguien con un ataque de palurdismo servil quiere crear bases militares en Costa Rica, pero quedó demostrado que eso es imposible…pues no tienen los votos suficientes para reformar la Constitución Política.

Mención aparte merece la aprobación de la ley 7035 que, por mociones presentadas por mí, contenía reformas al código penal con severas sanciones para combatir el narcotráfico; esta ley aprobada por unanimidad el 24 de abril de 1986, sufrió el resello presidencial precisamente por esos artículos contra los narcos… el último día de sesiones, lo que nos impidió rechazar el veto; la nueva Asamblea Legislativa lo acogería pocas semanas después.

Pero también contribuimos con nuestros votos para la aprobación de importantes créditos blandos con instituciones internacionales, que vinieran a sofocar la dura situación financiera y presupuestaria que vivía el país; la ley que creó la Universidad EARTH en Guápiles fue promovida por nuestro diputado Rogelio Carazo Paredes y en forma unánime apoyamos la Ley Solidarista que consolida los derechos y rompe los topes de prestaciones laborales, entre otros beneficios. Muchos compañeros de fracción apoyaron la apertura comercial de la Cuenca del Caribe, que implicaba la reforma a una serie de leyes de carácter aduanero especialmente. También promovimos la creación de una Comisión Contra el Narcotráfico, cuando estalló el caso del narcotraficante mexicano Caro Quintero.

Un aspecto que debo mencionar en especial fue la férrea oposición que presentamos ante los intentos de reformar el artículo 132 de la Constitución Política para restablecer la reelección presidencial después de dos periodos, o sea, volver al texto original de la Constitución Política que se había reformado en 1969 para establecer la prohibición absoluta. Los diputados del PLN presentaron la reforma pensando en su gran figura en aquel momento: Daniel Oduber Quirós, a pesar de tener 33 diputados no lograron suman los cinco faltantes. Nuestra oposición fue feroz, y hoy un sicario legislativo del chavismo, presenta un proyecto para que haya reelección indefinida, es decir, dictadura. Pero en aquellos años demostramos que si había la suficiente firmeza honradez y mecanismos legislativos para defender la institucionalidad… y que, si se quiere, se puede.

Así, puede verse como una fracción minoritaria, eso sí con visión país, sólida en su misión y obligación, puede poner su Pica en Flandes y no permitir desmadre alguno, por amplia que sea una mayoría parlamentaria como la del PPSO. Las estrategias parlamentarias son muchas para hacer entender a una mayoría, que no puede hacer lo que le venga en gana, pero que un diálogo efectivo y sobre todo transparente, si hace posible un trabajo serio y honrado en favor del país… si se quiere se puede.

Lo que es inadmisible es que el presidente saliente y, aparentemente ministro entrante, siga con su tesis de quemar puentes en lugar de construir diálogos positivos, al decir que buscará “siete diputados buenos” que se sumen a su gran reforma constitucional que no es, ni más ni menos, que buscar su reelección en el 2030 y que pueda ser continua.

¿Es que nos tenemos que dar por notificados que el ambiente de agresión y crispación que hemos vivido estos cuatro lamentables años, va a continuar? Como hacerle comprender a este individuo que la mayoría de los costarricenses, incluyendo personas que les dieron su voto, estamos hartos de la violencia verbal, del ambiente de pleito prostibulario que ha creado, que defenderemos la Patria y la democracia sin temores ante la influencia casi neofascista que viene de fuera.

Por el momento, acogemos con esperanza la oferta de concordia, diálogo y consenso que ha proclamado doña Laura Fernández que, con ese proceder, encontrará cooperación por Costa Rica; y sepa cortar la cizaña y la mala hierba a tiempo.

Porque está demostrado, que si se quiere… se puede. Si las fracciones del PLN, Frente Amplio y las unipersonales del PUSC y la Coalición actúan con integridad, si todos son buenos costarricenses dispuestos a defender nuestra institucionalidad, no encontrará el rodriguismo los siete malos que ayuden a destruirla… y por ello, estaremos atentos.

Académico advierte que permitir bases militares en el país implicaría cesión de soberanía

Escrito en . Publicado en Seguridad.

Mauricio Ramírez

El académico Mauricio Ramírez Núñez cuestionó públicamente la posibilidad de reformar la Constitución Política para permitir bases militares extranjeras en el país, tras declaraciones atribuidas al nuevo asesor presidencial Fabián Silva Gamboa.

En sus declaraciones, Ramírez Núñez afirmó que la discusión debe plantearse con claridad: “Cooperación internacional, toda la que sea necesaria, bases militares ninguna”. Según indicó, una base militar extranjera no puede entenderse como un mecanismo de cooperación, sino como una cesión de soberanía y una forma de influencia permanente sobre las decisiones nacionales.

El académico sostuvo que la existencia de una base militar implica pérdida de capacidad de decisión real en materia de seguridad y política exterior, y señaló que las grandes potencias no permiten bases extranjeras en su propio territorio, precisamente porque comprenden que limitan la soberanía y condicionan el control territorial.

“No importa la bandera, las bases militares no son acuerdos entre iguales, son instrumentos de poder asimétrico”, expresó, al señalar que el país que alberga una base se convierte en plataforma de disputas geopolíticas ajenas.

Ramírez Núñez recordó que el país abolió su ejército con el propósito de evitar la militarización de la política y no convertirse en pieza de confrontaciones internacionales, defendiendo en cambio una tradición de neutralidad activa.

En ese contexto, hizo un llamado al jefe de fracción de la bancada del Partido Liberación Nacional, en su condición de fracción mayoritaria de oposición, para que no permita que una eventual iniciativa en esa línea avance en el ámbito legislativo.

El planteamiento abre un debate sobre soberanía, política de seguridad y orientación internacional del país, en un escenario global marcado por tensiones geopolíticas y reconfiguración de alianzas estratégicas.

📌 Invitación:
Puede ver el video completo con las declaraciones del académico Mauricio Ramírez Núñez en el enlace adjunto a esta publicación.

Los embarazos políticos hacia la elección el 2030

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

Hace algunos años escribí un artículo, después de un proceso electoral nacional, en el que enfatizaba, que al día siguiente de las elecciones en los partidos políticos tradicionales en particular, pero también los otros, se ponía en marcha hacia el siguiente proceso electoral todo un movimiento con presuntos candidatos electorales que de manera inmediata empezaban a actuar, a movilizarse en el interior de sus partidos, para ir preparando sus postulaciones.

En ese sentido dije que al terminar las elecciones esos partidos ya quedaban embarazados con posibles candidatos. Igualmente, que muchos de los “embarazados” en incubación se conocían desde ese final electoral haciendo la fila.

Dije, de esa manera, que ya estaban en proceso de embarazo los futuros candidatos, y que en algunos partidos esos procesos ya se habían consumado, es decir ya estaban madurando.

No necesariamente se daba a conocer de manera inmediata el embarazo, su padre, pero si se sospechaba del “niño”, del posible “candidato” por nacer, y hasta nombre se le daba, para introduciendo al mundo político. Había a veces embarazos múltiples, varios posibles candidatos a la vez.

Las elecciones que acaban de terminar no me presentan ese cuadro ni me dan esa sensación para todos los partidos políticos, exceptuando algunos, con lo cual puedo seguir afirmando que al terminar las elecciones, ya está en marcha ese “nacimiento”, que en este caso es muy divulgado, cacareado, como es en el partido Pueblo Soberano, que se proyecta al actual Rodrigo Chaves como un próximo candidato presidencial en el 2030.

Las elecciones que acaban de pasar afirman, de conocimiento público más claro y contundente esta situación. En ese partido se habla del continuismo del presidente y se ha presentado a Laura Fernández tan solo como un eslabón de ese continuismo. Ella misma se ha visto, “preñada de esa forma”, y se ve a sí misma, como un paso más, para que en su gobierno se hagan las modificaciones constitucionales que permitan que Rodrigo Chaves pueda ser candidato presidencial dentro de cuatro años, y no dentro de ocho, como se permite actualmente.

Igualmente, plantean la posibilidad de que el presidente, pensando en Rodrigo Chaves, pueda ser reelecto de manera inmediata, es decir consecutiva a su mandato presidencial. Es decir, que si se puede llegar a reelegir en el 2030, también pueda hacerlo en 2034, y en el 2038…

En el Partido Pueblo Soberano, hay que reconocer, hay bastante homogeneidad en esa idolatría por el presidente, pero no evita que puedan desarrollarse contradicciones y fisuras importantes.

El Partido Pueblo Soberano se levantó como una organización nueva girando alrededor del Presidente Rodrigo Chaves, de su propuesta discursiva contra todos los partidos políticos existentes, contra los que están y han estado en la Asamblea Legislativa, contra todos los presidentes que han habido desde 1949 calificándolos de dictadores y tiranos que solo gobernaron para ciertos grupos de empresarios, sectores empresariales, banqueros, financieros y productores, y que no gobernaron para el pueblo. Su discurso fue contra los Poderes Públicos haciendo ver ineficacia o atrasos sustantivos en la solución de problemas que eran sensibles a los ciudadanos.

Especialmente, su bandera fue y ha sido la de una Nueva Costa Rica, sin esas ataduras, que “no dejan gobernar para el soberano”, para el pueblo. De allí han levantado levemente la idea de una “Tercera República” dando por sentado que el período de la Segunda República, desde 1948 hasta ahora, se acabó con el ascenso a la presidencia de Rodrigo Chaves, y que a partir de este período o momento histórico hay que iniciar nuevos pasos, con nuevo ropaje hacia una nueva Costa Rica, la de la Tercera República.

Ese discurso ha calado en el electorado que apoyó a Laura Fernández. No le produjo los 40 diputados que necesitaban para gobernar sin limitación alguna, pero tienen los suficientes para permitir que el Gobierno de Laura Fernández pueda salir airoso y se pueda lucir, si sabe conducir bien las acciones del Poder Ejecutivo.

De la acción del gobierno de Laura Fernández va a depender que, en el 2030, el Partido Pueblo Soberano sea una maquinaria organizativa en capacidad de reelegirse como partido de manera sucesiva. Para ello tiene que desarrollar organización y estructuras políticas, que se pondrán a prueba en las elecciones municipales en dos años, que serán el trampolín hacia las elecciones del 2030, para todos los partidos, y para evaluar políticamente los dos primeros años del nuevo gobierno.

Estas elecciones municipales son un reto para todos los partidos políticos nacionales que quieran volver a participar en la elección nacional del 2030.

Hasta ahora, en el discurso de Laura Fernández se luce su solidaridad y lealtad a toda prueba con Rodrigo Chaves. Su oferta de llevarle como ministro de la Presidencia justo es para ayudarle en el camino a la reforma constitucional y su eventual candidatura presidencial. Este podría ser el embarazo que ya tiene el partido Pueblo Soberano del futuro candidato del 2030. ¡Oh!, para decirlo de mejor forma, Laura Fernández ya esté embarazada políticamente por Rodrigo Chaves, y el niño por nacer candidato se llamará Rodrigo Chaves, por su político padre putativo.

Pero veamos la realidad real del futuro gobierno. Pensemos que efectivamente puede darse la reforma constitucional para la reelección presidencial y de manera consecutiva, ¿si no para qué?

Si la reelección presidencial se hace solo para modificar el plazo de años para volver a ser candidato reduciendo de ocho a cuatro, se entenderá que es nada más una reforma para darle oportunidad a Rodrigo Chaves de volver a ser presidente.

Si se va a hacer la reforma constitucional hay que hacerla en debida forma. Se hace para que cualquier presidente en el futuro pueda reelegirse consecutivamente a su mandato.

Aquí viene la otra discusión. “Un solo mandato en reelección o dos seguidos”, podría ser la discusión y la reforma, salvo que la quieran hacer sin límite lo que facilita la llegada de presidentes “casi de por vida”. Ejemplos hay como los presidentes de Argentina, Venezuela o Nicaragua donde no existe límite en el proceso de reelección consecutiva para el mandatario. No entra Cuba aquí porque ya establecieron en Cuba que un presidente no puede gobernar más de ocho años, es decir más de dos gobiernos seguidos.

Ahora bien, si se va a proponer la reelección consecutiva del presidente, entonces también debe proponerse la reelección consecutiva de los diputados, que son además los que tienen que aprobar la reelección del presidente. En ambas reelecciones consecutivas al menos teóricamente yo estaría de acuerdo, porque soy de la idea que cuatro años de gobierno es un plazo corto para impulsar una obra de gobierno que se hace descansar en la imagen de una persona.

Supongamos, que estas reformas se aprueban para que inicien de inmediato en el 2030 y no a partir del 2034, como podría suceder que así lo aprueben.

Si esas reformas son de aplicación inmediata, entonces la presidenta Laura Fernández, en el supuesto de que haga, en percepción pública y en la realidad, un buen gobierno, se convertiría en una muy buena candidata presidencial para el 2030. Quizá la mejor, porque tiene todo el aparato gubernativo bajo su dirección y eso le da ventajas. Si utiliza los mismos mecanismos publicitarios y de comunicación que ha empleado Rodrigo Chaves, llevaría más ventaja. Si a ello suma su inteligencia para una buena relación con los poderes públicos, con las universidades públicas especialmente, con los diversos sectores sociales, empresariales y productivos sería una magnífica candidata para la reelección en el 2030. Entonces, ¿para qué promocionar a Rodrigo Chaves si ella puede resultar mejor que él para seguir en el Gobierno? Aunque desarrollara un gobierno autoritario, siguiendo al de Chaves, si su cacumen le da para hacer de su gestión gubernativa una especie de modelo autoritarista ilustrado, que sepa combinar la razón, el progreso, la educación, la cultura y las artes en general, podría entender mejor para su gestión la confusa y difícil realidad institucional, económica y política social que le tocará administrar y dirigir.

Así, si ella promueve a Chaves como futuro candidato, con todos los apoyos que le pueda brindar, hay que decir que, desde esta elección, durante este breve período, de febrero a abril, en que Chaves la llamó de nuevo al Ministerio de la Presidencia, ya la embarazó con su candidatura, lo que hace valer mi tesis de que al final de cada campaña ya se producen los embarazos de candidatos para la siguiente. ¿cuándo se producirá ese parto? Si es real, en mayo.

Si Rodrigo Chaves no va a ningún ministerio ni cargo público con inmunidad, y si no hay reelección para el 2030, la lucha interna en el Partido Pueblo Soberano se va a desatar para producir embarazos precoces, inmaduros en el seno de esa organización, que puede producirles escisiones, particiones, transfuguismo, fraccionamiento legislativo. En cierta forma ya empezó con decisión impuesta, desde Casa Presidencial, de la integración del primer directorio legislativo de la Primera Legislatura, 2026-2027, del próximo gobierno. Se les producirán así embarazos no deseados, que pueden tener riesgos en la salud de ese partido político. Al menos a la vista están el embarazo ya anunciado de Nogui Acosta, el más fiel representante de Rodrigo Chaves en esa fracción parlamentaria, el de Gonzalo Ramírez y su grupo religioso cristiano no católico, el de José Miguel Villalobos, que por su propia iniciativa egocéntrica procurará escalar puestos visibles en el aparato legislativo, con el beneplácito de los grupos narcos y los deudores de instituciones públicas la candidatura de José Miguel Villalobos, que me recuerda mucho la candidatura a la presidencia legislativa de otro Villalobos, muy ligado a esos grupos, que por cierto terminó muy mal su vida política. Villalobos es el más propenso a hacer casa aparte en cuanto se sienta el más presidenciables para el 20230 de ese partidos y de esa fracción legislativa.

En esta elección, que acaba de pasar, se produjo una situación muy particular, puesto que de esa forma no se había presentado antes, la de que los candidatos posibles por nacer, hacia esa candidatura presidencial, excluía al presidente que, en ejercicio de la presidencia, sabía que si quería aspirar nuevamente a un ejercicio presidencial tenía que esperarse ocho años para volver a ser candidato. Ahora no. El presidente tiene aspiración real de volver a la presidencia. ¡Cuanto antes mejor!

Esa situación sigue siendo válida porque no se ha modificado la Constitución Política para permitir que el presidente, en ejercicio, pueda reelegirse de manera consecutiva a su ejercicio presidencial, por otros cuatro años. Tampoco se ha modificado la Constitución para permitir que el presidente pudiera aspirar, nuevamente, una vez que hubiera transcurrido el período presidencial de cuatro años y no de dos períodos, después de que el gobierno finaliza, esperando de esa manera ocho años, con lo cual prácticamente queda fuera de cualquier aspiración.

Desde que se impuso la restricción de la reelección, en 1969, ninguno de los presidentes desde 1949 hasta 1966, tuvieron ese impedimento, porque afectaba a los nuevos presidentes a partir de 1970. Por eso Otilio Ulate, José Figueres, Mario Echandi, Francisco Orlich o José Joaquín Trejos Fernández tuvieron esa oportunidad de volver a ser presidente de la República, después de 1970, si así hubieren tenido esa oportunidad. Inauguró el período, en 1970, Figueres que quedó electo para su segunda presidencia constitucional. Ya había sido presidente constitucional en 1953.

De los presidentes electos a partir de 1970, excluyendo a José Figueres Ferrer, hasta la elección del 2006, no podían aspirar a una reelección. Tenían que satisfacerse con su período gubernamental. Así fue con Daniel Oduber, Rodrigo Carazo, Oscar Arias, Rafael Ángel Calderón Fournier, José María Figueres Olsen, Miguel Ángel Rodríguez y Abel Pacheco.

Para las elecciones del 2006 se había modificado la Constitución Política, permitiendo la reelección de un presidente, tal y como existía antes de 1969, dejando pasar un período de ocho años después que la había ejercido. Eso le permitió a Oscar Arias reelegirse en el 2006.

Desde entonces, 2006, todas los personas que han ejercido la Presidencia pueden hoy reelegirse, si son electos, ocho años después de que dejan su gobierno.

La reforma que permitió la reelección de nuevo, a partir del 2006, se basó, en un Fallo de la Sala Constitucional, que anuló la Reforma Constitucional de 1969, que había establecido la prohibición de la reelección, porque no se podía limitar un derecho constitucional dado por los Constituyentes Originales, como era el de la reelección presidencial.

En Teoría Constitucional los Derechos y las Libertades no se pueden restringir una vez establecidos. Pueden ampliarse positivamente, pero no restringirse o disminuirse.

El otro fundamento, de la Sala Constitucional, fue que el procedimiento parlamentario de la restricción electoral en 1969 estaba mal hecho. Por ello se anuló el artículo de la restricción presidencial y se reestableció el artículo original de la Constitución Política de 1949, que permitía la reelección, en la forma que se hace actualmente, dejando pasar ocho años.

Para entender esto, de otra manera, indico lo siguiente. La Constitución Política de 1949 estableció el segundo párrafo de Artículo 98 que restringía la participación política de aquellos partidos que por sus vinculaciones internacionales podían atentar contra la democracia nacional. No señalaba a ningún partido en particular, ni a ninguna identificación específica. Pero, esa restricción se acompañaba con el Decreto Ley No. 105, de la Junta fundadora de la Segunda República, del 17 de julo de 1948, con el cual se proscribió al Partido Comunista de Costa Rica. Esto hacía que el Tribunal Supremo de Elecciones, con denuncias que se hacían contra la inscripción de un partido político, señalando que había firmas de ciudadanos que habían sido o eran comunistas, con base a ficheros que se tenían y se presentaban, de esa manera en el Tribunal Supremo de Elecciones, permitía el control para indicar que tal o cual partido podía ser “comunista” y sacarlo de la posibilidad de una elección, como sucedió con casi una decena de partidos políticos entre 1949 y 1975, entre ellos el Partido Alianza Popular Socialista, PAPS, del cual mi querida abuelita Ofelia Rodríguez Rodríguez era parte de su Directiva Constituyente.

En 1975, cuando fue eliminado el segundo párrafo del Artículo 98 de la Constitución Política se amplió el derecho ciudadano del sufragio, los comunistas podían votar por los comunistas, por ellos mismos. Se ampliaron en ese sentido los derechos ciudadanos, que estaban restringidos. Eso se podía hacer constitucionalmente, ampliar Derechos.

Lo que no se puede hacer todavía es restringir, debilitar, eliminar o afectar negativamente derechos establecidos y adquiridos por los ciudadanos. Eso es parte esencial de nuestro Estado de Derecho y de nuestro Estado Democrático y Social de Derecho, que vivimos los costarricenses.

Volviendo al tema de las actuales elecciones y del momento actual.

Hay que reconocer que en esta elección hubo mayoría de caras nuevas participando como candidatos. Igualmente, hubo gente más joven participando dentro de los partidos tradicionales. Hay que decir también que la inmensa mayoría de los partidos que participó eran nuevos. De los tradicionales solo Liberación Nacional, que resultó con buen suceso presidencial, a pesar de las pugnas que tuvo ese partido y de las trabas de inscripción que le aparecieron. Su fracción legislativa fue amenazada y advertida por el presidente Chaves de ser fracturada por él, de “comprar” o “presionar” diputados para lograr sumarlos o integrarlos, como hizo en este gobierno con diputados de Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana.

La Unidad Social Cristiana fue un desastre. Sus pugnas y divisiones internas, y el ponerse parlamentariamente de cola del gobierno de Rodrigo Chaves prácticamente lo hundieron. Casi lo desaparecen. Una diputada electa que tiene un gran reto personal, más que político, para hacer sobrevivir ese partido, considerando que probablemente tenga una agenda personal muy cercana a la del gobierno próximo, del partido Pueblo Soberano, de su presidenta Laura Fernández y de su fracción parlamentaria.

El trabajo parlamentario de Abril Gordienko tiene que proyectarse, en su posible candidatura presidencial, hacia el 2030, salvo que Juan Carlos Hidalgo, si él quiere volver a ser candidato, asuma un papel muy destacado como dirigente público del partido, sin ser la cola del partido de gobierno de Laura Fernández como lo fue en muchos aspectos del actual gobierno. De esta forma, en la Unidad Social Cristiana, pueden darse estos dos embarazos, el de Abril y el de Juan Carlos.

A la diputada Abril Gordienko la veo como diputada de oposición política para muy pocas cosas relacionadas con la alteración del Estado de Derecho y las Libertades públicas. Ojalá me equivoque en esto, y sea una defensora de todo el Estado Social de Derecho, que comprende los Derechos sociales y laborales, el presupuesto público de las universidades de manera muy destacada. Pero estos no son temas hoy del partido Unidad Social Cristiana.

La tarea titánica de la oposición democrática parlamentaria la tendrá el Frente Amplio, con sus siete diputados y la diputada de la Coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles.

Por su parte Claudia Dobles debe tener claro que fue electa por una Coalición y no solo por lo que quedaba del Partido Acción Ciudadana. Tiene que hablar en su ejercicio parlamentario a nombre de la Coalición. Si no lo hace debilita la acción y la participación política, pero también se quema ella misma y pierde confianza política. Si mantiene su figura de la Coalición, y hace una buena labor legislativa con ella y su trabajo se fortalecen los dos partidos de la Coalición, y crea las bases para ampliarla hacia las elecciones del 2030, donde ella podría ser de nuevo candidata de la Coalición.

En la perspectiva de este artículo, la Coalición está embarazada desde ahora, si se tiene claro que hay que trabajar desde ya, con esa candidatura presidencial. Si no se opera así, con esa perspectiva, se actúa mezquinamente y con puro oportunismo político, en la “esperanza” que pueda surgir un “mejor” candidato en el futuro, o en vísperas de la próxima elección del 2034.

La labor legislativa es el mejor terreno para forjar ese “mejor” candidato, si se es diputado, y si así se trabaja en los partidos que tienen representación parlamentaria.

En el Frente Amplio no tengo duda de que el mejor candidato que tiene hacia la campaña electoral del 2030 es José María Villalta, ya curtido en tareas parlamentarias, lo que le dará ventaja legislativa. En lo personal lo he visto trabajar de cerca y es muy buen trabajador, diría excelente, de mucha disciplina, ordenado, estudioso de los temas que debe atender. Tiene buen modo, tiene don de gentes, es educado y preparado profesionalmente, con dominio de los temas que le toca abordar o atender.

El Frente Amplio ha cometido el error de no dejar que sus candidatos a la presidencia lleven la doble postulación, lo que les ha retardado en la preparación de ese candidato presidenciable. Ahora tienen la oportunidad hacia el 2030 con Villalta, que no tendrá impedimento para su posible candidatura en esa elección.

Creo que en ese sentido deben elegirlo en las cuatro legislaturas, que vienen, como el jefe de la fracción parlamentaria, para que tenga más presencia pública y forje mejor su candidatura, que dependiendo del próximo gobierno, lo puede hacer visiblemente más presidenciable.

Para todos los partidos hay que señalarles que los candidatos presidenciales no se improvisan, como no se improvisan partidos políticas, para una sola campaña electoral. De allí sus resultados. Hay que desarrollarlos con vida interna de partidos, con vida externa y puestos públicos si es posible. Así se forman los dirigentes y los candidatos. Deben tener presencia pública, tienen que estar en el debate nacional. Tienen que convertirse en fuentes informativas y formativas de opinión pública y de opinión ciudadana.

Los precandidatos legislativos que me he atrevido a formular deben tener claro que no deben andarse con tonterías de negar sus aspiraciones. Al menos deben admitir que esa es una posibilidad resultante de su próximo trabajo político en los siguientes cuatro años. Si se negaran desde ahora, a esa posibilidad, hay que decir que sus candidaturas y elección fueron un verdadero fraude oportunista tan solo para haberse postulado, para ser electas como diputados, por una sola vez, para su hoja de vida, su currículum personal.

Los embarazos políticos hacia la elección el 2030 ya están en marcha.

El Riesgo de un “Cambio” que desmantele el Estado Social de Derecho

Escrito en . Publicado en Análisis.

JoseSo (José Solano-Saborío)

La victoria de Laura Fernández en febrero de 2026 no es un verdadero cambio de mando; representa el clímax de una visión política que busca redefinir los cimientos de la Segunda República. Lo que se presenta como “eficiencia” y “mano dura” contra el crimen oculta, en realidad, una ofensiva contra el sistema de pesos y contrapesos que ha hecho de Costa Rica una excepción democrática en la región.

La venta del BCR: ¿Solución fiscal o liquidación de activos sociales?

La propuesta de vender el Banco de Costa Rica (BCR) se vende bajo la premisa de reducir la deuda pública o salvar el sistema de pensiones de la CCSS. Sin embargo, el análisis riguroso sugiere que el impacto en el stock de deuda o un placebo para la solvencia del sistema de pensiones, que sería marginal —apenas un “vaso de agua para un incendio”— comparado con la pérdida de una herramienta de desarrollo y competencia bancaria. Al privatizar el BCR, el Estado renuncia a utilidades anuales que financian programas de seguridad social e infraestructura, entregando el mercado a un oligopolio privado que rara vez prioriza las zonas rurales o los sectores vulnerables. Igual sucede con la excusa de ayudar al sistema de pensiones de la CCSS, cuando el Gobierno tiene una billonaria deuda que, de pagarla le permitiría a la institución administrar sus propias soluciones estructurales.

La reelección continua: El espejismo de la estabilidad

El debate sobre la reelección continua e indefinida es, quizás, el síntoma más alarmante de un personalismo ascendente. Costa Rica ha evitado el caudillismo precisamente gracias a la alternancia obligatoria. Permitir la reelección inmediata no fortalece la gestión; crea un incentivo perverso para utilizar los recursos del Estado en función de la campaña permanente, erosionando la equidad electoral y concentrando un poder que, históricamente en América Latina, tiende a no querer retirarse.

El asalto a la Judicatura y al TSE

La intención de modificar el sistema de elección de magistrados y jueces para que dependan más directamente de mayorías políticas circunstanciales es un ataque al corazón de la independencia judicial.

Poder Judicial: Si los jueces se eligen por criterios políticos, la justicia deja de ser ciega para volverse servil.

TSE: Cambiar las reglas del Tribunal Supremo de Elecciones es jugar con el árbitro. La legitimidad de nuestras elecciones descansa en un TSE técnico e independiente, no en uno capturado por el oficialismo de turno.

La “mano dura” y el Estado de Excepción

La narrativa de suspender garantías individuales bajo el pretexto de la seguridad ciudadana es una pendiente peligrosa. Aunque el artículo 121, inciso 7 de la Constitución permite la suspensión de garantías en casos de extrema necesidad, su uso como promesa de campaña normaliza la excepcionalidad. El modelo de “seguridad” que ignora los derechos humanos puede ofrecer resultados inmediatos, pero a largo plazo debilita las instituciones y deja al ciudadano común indefenso ante posibles abusos de poder.

¿Qué debe hacer la oposición?

Ante un oficialismo que cuenta con 31 escaños —una mayoría simple sólida pero no calificada (38 votos)—, la oposición tiene el deber histórico de:

Unidad programática: Dejar de lado el fraccionamiento para formar un bloque de contención que proteja la Constitución.

Control político riguroso: No basta con decir “no”; es necesario proponer alternativas estructurales para la inseguridad y la deuda que no impliquen el desmantelamiento del Estado.

Movilización ciudadana: Informar a la población sobre las implicaciones técnicas de estas reformas, rompiendo la burbuja de la retórica populista.

La democracia costarricense no se pierde en un día; se desgasta en cada decreto que ignora un contrapeso y en cada ley que debilita una institución. La vigilancia debe ser absoluta.

¿Hacia una Tercera República o una República de Tercera?

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Vladimir de la Cruz

En términos generales la Historia de Costa Rica la podemos dividir en grandes períodos. El primero, el del surgimiento del territorio, su conformación geológica, geomorfológica, el de sus ambientes naturales y ecológicos, el de sus paisajes geográficos, su desarrollo hidrológico, su modelado fluvial, sus tipos de relieves, sus suelos, los paisajes naturales y diversas zonas de vida vegetal, que siguen siendo la base del territorio, y de los factores culturales, sociales, económicos y políticos que en ese territorio se fueron dando. El segundo, el del poblamiento migracional antiguo hasta el establecimiento de sociedades humanas, sencillas y complejas, las tribales y cacicales. El tercero, el del contacto con las exploraciones europeas, españolas, en su período de conquista y el período de la colonia, el de la formación política de Costa Rica como parte del Reino de España, del Virreinato de Nueva España o México, el de la Capitanía General de Guatemala o el Reino de Guatemala y el de la Provincia de Costa Rica en ese contexto. El cuarto, el del período de la Independencia, desde 1808 hasta 1821, con sus particularidades en el contexto de la Independencia de América, con la desintegración del colonialismo español y el surgimiento de las sociedades, regiones o países independientes. El quinto, el del inicio de la vida independiente.

A partir de la Independencia, declarada el 29 de octubre de 1821, tenemos, del mismo modo, un primer periodo, corto, el período de Las Juntas de Gobierno, 1821-1824, un segundo período, el de la incorporación de Costa Rica y del establecimiento del Estado de Costa Rica, 1824-1838, en la República Federal de Centroamérica, 1823, cuando se estableció la Asamblea nacional Constituyente que la originó hasta 1839, el período de la República de Costa Rica, 1848 – 2026.

En términos generales desaparecida la República Federal de Centroamérica se mantuvo su imagen hasta que los Estados que la constituían iban surgiendo como Repúblicas, y desarrollando sus propias relaciones exteriores en la década de 1840-1848.

El período de la República, a su vez puede dividirse en dos grandes períodos. El de la República, desde 1848 hasta 1948 y el de la llamada Segunda República desde 1948 hasta momento actual, 2026.

Las autoridades políticas de Costa Rica, desde esta perspectiva, las podemos considerar, en su conjunto de la siguiente manera: Caciques indígenas, Reyes de España y Virreyes de México, Gobernadores y Autoridades Superiores de la Capitanía General de Guatemala y de Centroamérica, que se proyectaron sobre Costa Rica, Autoridades Superiores de la Provincia de Costa Rica durante la dominación española, la Autoridades Políticas de las Juntas de Gobierno al iniciar la Independencia, los Presidentes de la República Federal de Centroamérica, los Jefes de Estado de Costa Rica cuando pertenecimos como Estado en la República Federal de Centroamérica y los Presidentes de la República, a partir de 1848 hasta nuestros días.

En la Asamblea Legislativa se reconoce como autoridades a los Jefes de Estado y a los Presidentes, con sus retratos o pinturas, del período independiente. Falta allí, por lo menos, la lista de quienes dirigieron el país, bajo las Juntas del Gobierno del período inicial de la Independencia, 1821-1824 y la de los Presidentes de la República Federal, 1823-1839.

Durante la República de Costa Rica tuvimos las Constituciones Políticas de 1848, 1859, 1869, 1871, 1917. La Constitución de 1917 correspondió al período de la Dictadura de Federico Tinoco, 1917-1919.

La de 1871 en ocasiones fue suspendida y restablecida con modificaciones en 1871, en 1882 y en 1919 cuando cayó la dictadura de Tinoco. Fue finalmente suspendida por los acontecimientos de marzo-abril de 1948, la llamada Guerra Civil de 1948, que dieron origen al establecimiento de la Junta de Gobierno, 1948-1949, que se autodenominó Junta Fundadora de la Segunda República.

La Constitución del 10 de febrero de 1847 es del Estado de Costa Rica, mientras que la del 30 de noviembre de 1848 se establece como Constitución de la República de Costa Rica.

La República de Costa Rica fue establecida por el Congreso Legislativo del Estado de Costa Rica, el 30 de agosto de 1848, lo que fue ratificado el 31 de agosto de 1848, fecha a partir de la cual se reconoce la Declaratoria de la República, por el Jefe de Estado en funciones y Primer Presidente José María Castro Madriz, título de Presidente que se consagró constitucionalmente el 30 de noviembre de 1848.

Cuando se aprobó la Constitución Política de 1949, el 7 de noviembre de ese año, no se consignó que la Constitución fuera la Constitución de la Segunda República.

¿En qué descansó el pronunciamiento de Figueres de su Declaratoria de Segunda República? A mi modo de ver, entender y comprender el contexto de la década de 1940-1949 fueron dos factores fundamentales: primero, el centenario de la Declaratoria de la República, en 1948 y segundo, las consideraciones que Figueres y el grupo insurgente hacía de los gobiernos de Rafael Ángel Calderón Guardia y Teodoro Picado, de corruptos, nepóticos, fraudulentos electoralmente, que por sus hechos habían dado al traste con la República, la que había que refundar.

Así surgió la Segunda República de Costa Rica, sin asidero constitucional. ¿Qué le dio contenido y fuerza a la Segunda República? Las medidas y políticas que se tomaron por Decretos Leyes durante la Junta de Gobierno y las políticas de los gobiernos iniciales una vez que Otilio Ulate asumió la Presidencia de la República el 7 de noviembre de 1949, con la Constitución vigente a partir de ese momento, que incluía las Garantías Sociales que se habían aprobado en 1943, junto al Código de Trabajo que se mantuvo, a la par de la CCSS y la Universidad de Costa Rica, como los grandes pilares del Estado costarricense. A ello se sumó la nacionalización bancaria, la nacionalización de los recursos hidroenergéticos, la creación del ICE. Constitucionalmente se fortalecieron mecanismos de control de la administración pública, se creó la Contraloría General de la República, se desconcentró el Poder Ejecutivo, se fortalecieron autonomías institucionales, se debilitó el presidencialismo existente, se fortaleció el régimen municipal, se le dio más poder a la Asamblea Legislativa en su control político, se eliminó el Ejército, brazo muy importante para sostener autoritarismos, despotismos, dictaduras y tiranías, se fortaleció el sufragio y se le dio al Tribunal Nacional Electoral, de 1946, bautizado como Tribunal Supremo de Elecciones, por la Junta, rango constitucional igual a los poderes del Estado.

Frente al Estado liberal, que heredábamos del siglo XIX, que fortalecimos en el período liberal de 1882-1888, la Segunda República originó el Estado Social y Democrático de Derecho, con fortalecimiento de libertades y derechos ciudadanos y más de una treintena de instituciones sociales y económicas, junto con el reconocimiento de voto de las mujeres y de los jóvenes a los 18 años.

Se habla de avanzar a una Tercera República. La razón la dio el presidente Rodrigo Chaves cuando afirmó que todos los presidentes de la Segunda República habían sido dictadores y tiranos que gobernaron para ciertos grupos elitistas de poder y de la economía, sin que hubieran gobernado para el pueblo, autodenominándose como el Presidente que le devolvía el poder al Pueblo, al soberano, como el Presidente que queriendo gobernar para el pueblo, esos grupos del pasado incrustados en la administración general del Estado no le dejaban gobernar.

Institucionalmente Rodrigo Chaves no ha hecho nada nuevo que lo distinga, en comparación con las presidencias anteriores, que fundamenten esa Tercera República.

Tampoco hay un planteamiento político orientado en esa dirección. Tan solo se ha señalado la posibilidad de la modificación constitucional para la reelección continua, la eventual convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, quitarle o debilitarle funciones a la Contraloría General de la República, destituir a los Magistrados del Poder Judicial y con ellos destituir a los del Tribunal Supremo de Elecciones, y nombrar nuevos magistrados en armonía con el Poder Ejecutivo, obligar de la misma forma a los diputados con las políticas del Poder Ejecutivo, para que actúen “disciplinadamente”, con el gobierno, como dijo la Presidenta electa, facilitar el establecimiento del estado de excepción suspendiendo libertades y derechos, y garantías constitucionales, como lo han anunciado varias veces.

El gobierno de Laura Fernández, por ahora, solo será un apéndice del gobierno de Rodrigo Chaves. La continuidad que garantiza está amarrada con su reincorporación como ministra de la Presidencia hasta el 7 de mayo, y como eventual ministro de la Presidencia a cargo de Rodrigo Chaves, a partir del 8 de mayo.

La llamada Tercera República apenas asegura el cogobierno de Rodrigo Chaves, considerado como un segundo gobierno del mismo equipo de gobierno y de sus nuevos sectores empresariales, económicos y financieros que están subiendo a las estructuras del poder político nacional, con el entramado mafioso, lavador de dinero, exportador de drogas, que opera a su amparo con bastante libertad en el país.

El objetivo político del actual grupo dominante y el que llega con Laura Fernández al Poder Ejecutivo y con mayoría en el Poder Legislativo es acabar con el Estado Social de Derecho que se ha construido en estos 78 años, desde 1948, desde el período de la Junta de Gobierno, u 83 años desde las Reformas Sociales de 1943.

La Segunda República se justificó con un ideario político, filosófico e ideológico, en el marco de las tesis políticas de la socialdemocracia con algunos ribetes del socialcristianismo.

La Tercera República carece de un ideario político, filosófico, que justifique su instauración. Por ahora, lo que me parece el llamado a la Tercera República es tan solo un canto a La Luna, con agua en las manos, que podría resultar en una República de Tercera.

Chaves y las nuevas formas de hacerse con el poder

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Gerardo Fumero Paniagua

Rodrigo Chaves Robles, populista y confrontativo, se caracteriza por un discurso disruptivo -diría que de odio-, que polariza la sociedad entre «el pueblo» y lo que él denomina «las élites» o «las castas» que han gobernado históricamente. Su movimiento utiliza el resentimiento legítimo de sectores olvidados por el Estado, para canalizarlo contra las instituciones que protegen el Estado de Derecho, haciéndoles creer que son las culpables de su pobreza.

Chaves piensa en Costa Rica como un «Estado fallido», secuestrado por grupos de interés. Deslegitima las instituciones, calificándolas como obstáculos a la voluntad popular que él dice representar, en una narrativa que divide el espectro político en «nosotros» contra «ellos».

La conferencia de Prensa de los miércoles es una plataforma de «juicio público», donde se señala a opositores, periodistas o funcionarios específicos, a menudo usando apodos o lenguaje sarcástico y hasta vulgar, utiliza las redes sociales y los troles para atacar voces críticas y desgastar las instituciones, criticar sus fallos y erosionar la confianza pública en ellas. Ataca y estigmatiza la «prensa canalla», reduce el presupuesto para la educación y las universidades públicas, y llega al extremo de pretender acallar los medios, tanto escritos, como la Radio y la TV.

La nefasta y absurda «Ley Jaguar» y el Referéndum, fueron sus peticiones a Santa, para eliminar los órganos de control, y ahora busca 40 diputados para las próximas elecciones, que le facilitarían una nueva Constitución, el delirio de todo dictador.

Para todo ello, ha hecho alianza con el capital privado, el fideicomiso «Costa Rica Próspera» supuestamente funcionó como una estructura paralela para pagar gastos de campaña sin reportarlos al TSE, como debió. Jack Loeb y Calixto Chaves, figuras del empresariado tradicional y vinculados históricamente a otros partidos, se convirtieron en sus principales financistas.

Finalmente, ha logrado crear un ecosistema mediático que amplifica el discurso oficialista y ataca a la prensa crítica, para lo cual ha utilizado la pauta y las compras del Estado, como herramientas para premiar a medios que mantienen una línea editorial estrictamente favorable al Gobierno. Tal es el caso del coordinador de finanzas de Partido Pueblo Soberano, Carlos Valenciano Kamer, a cuyas empresas -Datasys Group- se les ha adjudicado millonarias compras del ICE y Racsa, quien a su vez es dueño de un importante canal de TV -OPA, al servicio de Chaves-, además de otras relaciones con financistas como Stephan Brunner y Douglas Altamirano.

Dichosamente hoy vivimos en una democracia que, aunque imperfecta, ningún dictadorzuelo terminará logrando sus objetivos fácilmente, gracias al equilibrio de poderes en nuestra Democracia Republicana. Pero no era así en nuestros primeros años de vida independiente y prácticamente todos los golpistas impusieron su propia Constitución, tal y como lo pretende también Chaves. Sucedió en 1823 y 1847. Y se repitió después de la guerra de 1856-1857, con el país sumido en una crisis económica y diezmado por el cólera, causante del descontento social, pero que fue aprovechado por la oposición para culpar a la administración de Juanito Mora, de la miseria del pueblo.

Similar a lo que sucede hoy, también en 1856 la oposición comenzó una guerra de desgaste, a través del periódico “La Nueva Era”, cuestionando la legitimidad de las decisiones del gobierno, criticando el gasto militar y promoviendo la idea de que Costa Rica necesitaba una «regeneración institucional”, léase “nueva Constitución”.

Alrededor de ese periódico se aglutinó el movimiento opositor a Mora, que también se coaligó con la oligarquía cafetalera y grandes intereses económicos, como, por ejemplo, los traidores Vicente Aguilar, su antiguo socio comercial, José María Montealegre, quien asumió la presidencia tras el golpe, Lorenzo Montúfar y Bruno Carranza.

El movimiento culminó con la ejecución de Mora en 1860, fusilado en Puntarenas, por orden de los líderes del movimiento «La Nueva Era», “uno de los actos más abominables de nuestra historia patria”, así lo califica Tomás F. Arias Castro, Los asesinatos del Presidente Mora Porras y del general Cañas Escamilla, EUNED, 2016. Entonces se redactó -una vez más- una nueva Constitución Política, la de 1859. Igualmente sucedió en 1869, 1871 y 1917. En 1949 de igual forma, aunque gobernó una Junta de Gobierno.

Sin embargo, a partir del totalitarismo hitleriano, que uso métodos populistas, pero sobre después de las redes sociales, el populismo tiene claro el enorme potencial de las mismas para manipular las masas, y que son las emociones más que las razones, las que influyen en ellas. Entonces las poses, las promesas, la grandilocuencia, las charangas y el hombre fuerte, dispuesto a canalizar la frustración del pueblo contra el statu quo, más que los programas de gobierno, son los elementos que cautivan a las masas. Además, tienen claro que ya tampoco es necesario un golpe de Estado, suficiente es prometer lo que la gente quiere, despotricar contra los supuestos responsables -todos los gobernantes anteriores-, descalificarlo todo para justificar rehacerlo bien y declarase el mesías que esperaba el pueblo para corregir tanta injusticia, para que las masas voten por ellos.

Escribiríamos la página más ingenua de nuestra vida democrática si en febrero del 2026, otorgáramos una mayoría legislativa a quienes ya han demostrado durante 4 años, la más absoluta arrogancia e ineptitud para construir, pero la mejor de las habilidades para crispar, dividir, envenenar y enlutar esta sociedad. Es tal la torpeza e incapacidad de su candidata, que ya OPA anunció que “por esta vez” no hará debates. Ingenuidad digo, porque ahora sí conocemos sus verdaderas intenciones: tomar el país, al mejor estilo de Chávez en Venezuela u Ortega en Nicaragua, pero igualmente, no para nada positivo.

Todo lo contrario, sería para garantizar el “continuismo”, como dice su actual eslogan de campaña y lo grita su candidata a los cuatro vientos. Advertidos estamos entonces, nos esperarían: mayores listas de espera en la CCSS, medicinas y arroz más caros, mayor delincuencia y criminalidad, incluido el sicariato -mientras se maten entre ellos-, apertura de fronteras, puertos, aeropuertos y costas, para el libre tránsito de drogas, menos presupuestos para seguridad y educación, un tipo de cambio para arruinar la industria del turismo y las exportaciones, y chorizos como los del recarpeteo de la pista del aeropuerto de Liberia, la adjudicación de los Ebais de la CCSS, las adjudicaciones de la Red de Internet y 5G, del ICE y Racsa, etc.

Y para ser consecuentes: no habría nuevas obras de infraestructura, nada de hospitales ni escuelas, ni inversiones en seguridad, pero en cambio, se seguiría favoreciendo a sus amigos con Rutas como la del arroz y a sus financistas de campaña con las adjudicaciones del ICE, haciendo alianzas con gobiernos amigos para quitar Visas, replicando cárceles en donde se violan los derechos humanos, envenenando y dividiendo esta sociedad, etc.

El mito de la reelección presidencial sucesiva

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Rubén Hernández Valle

El artículo 132 inciso 1) de la Carta Política autoriza la reelección presidencial con un lapso de espera de 8 años entre uno y otro período. Para reformar este artículo y autorizar la reelección sucesiva se requiere de una reforma a esa norma constitucional.

Según el artículo 195 de la Constitución Política las reformas constitucionales requieren ser aprobadas, en dos legislaturas diferentes, por al menos una mayoría calificada de 38 votos en cada una de ellas.

Para obtener 38 diputados, es decir, dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea Legislativa, se requeriría que el partido vencedor obtuviera al menos el 68% de los votos válidos, como lo demuestra la elección de 1953, en la cual de los 45 diputados que integraban por ese entonces la Asamblea, don José Figueres obtuvo 30. Es decir, exactamente dos tercios del total de miembros del órgano legislativo. El PLN obtuvo el 68% de los votos válidos en esos comicios electorales.

En el 2010, doña Laura Chinchilla, con el 42% de los votos válidos, obtuvo 24 diputados. Por tanto, si su tocaya obtuviere el mismo caudal de votos el l de febrero próximo que señalan las encuestas, obtendría como máximo 24 diputados, los cuales no serían suficientes ni siquiera para tener asegurado el Directorio Legislativo, mucho menos para aprobar reformas constitucionales en la Asamblea.

La reforma tampoco funcionaría por medio del referendo constitucional, pues el último párrafo del numeral 195 de la Constitución establece expresamente que “De conformidad con el artículo 105 de esta Constitución, las reformas constitucionales podrán someterse a referéndum después de ser aprobadas en una legislatura y antes de la siguiente, si así lo acuerdan las dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea Legislativa”.

Adicionalmente, una consulta de la CIDH emitida en el 2021 estableció, tajante y expresamente, que la reelección presidencial sucesiva es contraria al Pacto de San José, es decir, es inconvencional. Por tanto, si aún se aprobare la reforma del artículo 132 inciso a) de la Constitucional por dos tercios del total de los miembros de la Asamblea Legislativa, tal reforma no podría entrar en vigor porque la jurisprudencia vinculante de la CIDH en nuestro ordenamiento, lo impediría.

La única salida sería denunciar la CADH, lo cual sería un precedente funesto en nuestra historia democrática, pues eso significaría que nos alejaríamos del respeto irrestricto a los Derechos Humanos. Sería abdicar de toda nuestra historia y creencias democráticas, profundamente arraigadas en el ser costarricense.

En conclusión, la reelección presidencial sucesiva no sólo no es posible políticamente, pues se requiere que un partido político obtenga al menos el 68% de los votos válidos en una elección para obtener los 38 escaños que se requieren para reformar el artículo 132 inciso 1) de la Constitución, y jurídicamente, porque tal reforma nunca entraría en vigor, pues ya la CIDH estableció que la reelección presidencial sucesiva es contraria a la CADH.

Ni expulsión ni extradición de nacionales

Escrito en . Publicado en Análisis.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

         El día 8 de julio de 1942,  pocos minutos después de las siete de la noche, el ciudadano José Figueres Ferrer, atenido al derecho constitucional de libre expresión,  pronunciaba un discurso en la estación de radio “América Latina”, ubicada en el centro de la ciudad capital, San José.  La disertación del entonces empresario agrario, prácticamente desconocido, consistía en una crítica al Gobierno encabezado por el Dr. Calderón Guardia.  Le acusaba de ineptitud por el desorden público que cundía en relación a los ataques de bienes y propiedades de las colonias alemana e italiana en Costa Rica; lo cuestionaba por la enorme influencia que tenía el Partido Comunista en aquella Administración; le achacaba una desastrosa gestión de la hacienda pública y le reclamaba por la tardía respuesta a una plaga de langostas que tenía en la ruina a gran cantidad de campesinos. En resumen, el empresario demandaba la renuncia del gobierno en pleno.

         Las fuerzas de policía entraron con violencia a la estación radial, interrumpieron el discurso, causaron destrozos en mobiliario y equipos, detuvieron a Figueres, lo condujeron a una mazmorra, lo tuvieron en condiciones denigrantes, incomunicado y humillado. Días después lo pusieron en un avión, lo expulsaron de hecho, sin ningún procedimiento judicial, con rumbo a El Salvador.

         Pocos años después, en marzo-abril de 1948, con unos tres mil costarricenses muertos en lucha fratricida, y precisamente para evitar una mayor matanza ante la eventual batalla por San José, se consumó el desquite. Se acordó la rendición de las fuerzas del segundo gobierno calderonista, encabezado por don Teodoro Picado, ante el triunfo definitivo del Movimiento de Liberación Nacional comandado por Figueres. Los máximos representantes de aquél gobierno y del calderonismo, comenzando por el ex presidente Calderón Guardia, “fueron invitados” a salir, -en buen castellano expulsados  del país- con rumbo a México. Igual destino corrieron algunos de los principales dirigentes comunistas de entonces, que tuvieron que elegir entre el exilio o la cárcel.

         De manera colateral hubo al menos una ejecución extrajudicial de varios líderes sindicalistas en el Codo del Diablo y, en uno de los episodios más inhumanos de esta guerra civil, el gobierno figuerista ignoró la súplica de la destacada escritora Carmen Lyra, gravemente enferma,  para regresar del exilio y morir en suelo patrio.

         La Historia debe conocerse para aprender sus lecciones: la violencia política se sabe dónde comienza, pero nunca dónde acabará; las pasiones y odios desatados engendran reacciones y venganzas desproporcionadas; muchos ciudadanos dignos, desde los tiempos de Sócrates,  prefieren la consumación de una injusticia y hasta la muerte, antes que soportar el destierro; la resistencia y rebelión civil se justifica ante la conculcación de derechos fundamentales;  la tentación de aniquilar a la oposición política o enviarla al exilio, es un claro síntoma de un gobierno débil, con miedo, o en franco estado de pánico.

         Por décadas discutí con mis alumnos el origen del artículo 32 de la Constitución Política. La contundente prohibición de que “Ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional”, se entendió siempre que abarcaba las acciones de hecho, tanto como la utilización del mecanismo legal de la extradición para obligar a un costarricense a abandonar el país.  Precisamente veíamos en clase, que la raíz del problema estuvo en el enfrentamiento Figueres-Calderón y la necesidad de evitar, con prudencia y sabiduría, que aquella historia se repitiera.

         Entonces como ahora, he considerado que es un error grave hacer excepciones a esta prohibición general, la cual, como sabemos, hace pocos meses ha sido relativizada mediante  reforma que autoriza la extradición de ciudadanos costarricenses por casos de narcotráfico internacional o terrorismo. En el primer supuesto (narcotráfico), mi escepticismo radica en que no creo en la supuesta cruzada o guerra universal contra las drogas, fuertemente distorsionada por intereses de control geopolítico y la doble moral de las grandes potencias consumidoras y lavadoras. En el segundo supuesto (terrorismo), porque aún peor, se trata de un concepto jurídico indeterminado que, si bien está delimitado por la ley penal ordinaria, se puede prestar para todo tipo de abusos, sobre todo de naturaleza ideológica o partidaria para perseguir actos o manifestaciones de oposición al régimen imperante en cada época. Aquí mismo, en el Estado de Derecho costarricense, una simple obstrucción de vía pública –que de por sí ya es delito-,  ha derivado en acusaciones de terrorismo por acción de infiltrados policiales que portaban bombas incendiarias o atacaban a otros efectivos de la policía, sin el conocimiento ni consentimiento de los auténtico –e ingenuos- manifestantes.

         Otro derivado peligroso de esta cuestión es que comencemos a ver con normalidad la expulsión de nacionales, hoy por los supuestos ya autorizados legal y constitucionalmente, incluso con amplia aprobación política y popular, dado que vivimos la muy distorsionada época de la justicia en los tiempos del narco,  en la que todo parece justificarse, incluso la pérdida de derechos y libertades,  con tal de que parezca que estamos exorcizando al demonio del narcotráfico. El riesgo es que mañana serán otros los supuestos promovidos y por razones insospechadas.

         Como ocurre cuando se remueve un ladrillo de la represa, las presiones crecen exponencialmente y todo el muro de contención termina arrasado.  Las manifestaciones de un diputado, por lo demás silencioso, correligionario de Pilar Cisneros y Rodrigo Chaves, invitando a hacer las maletas a todos los críticos y opositores de este gobierno, no hay que tomárselas a la ligera. Es lo que esta gente realmente cree que debería pasar, y no les va a temblar la mano para hacerlo si llegaran a tener las mayorías a las que aspiran. No ha sido de ninguna manera un lapsus o una  ocurrencia. Seríamos muy ingenuos si creemos que esta manifestación autocrática, en sede parlamentaria,  está desvinculada de la reforma que acaba de ser introducida al artículo 32 constitucional. Tal parece que algunos han descubierto una vía rápida para minar el estado de derecho.

Necesidad o no de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Con seguridad personal y colectiva debemos ir hacia la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que redacte la Constitución Política de la Costa Rica del siglo XXI.

(Intervención de Vladimir de la Cruz el 18 de setiembre del 2025, en el panel de Conferencias, organizado por la Comisión de Derecho Constitucional, del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, para tratar el tema de la “Necesidad o no de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente”, junto con los Drs. Fabián Volio Echeverría, Alex Solís Fallas y Oswaldo Samayoa)

Hoy, este es un tema de enorme de relevancia para ser abordado por la comunidad política nacional y, especialmente, para que el Colegio de Abogados se distinga en la generación de una opinión que pueda contribuir a enriquecer el análisis sobre la necesidad o no de una Asamblea Nacional Constituyente.

La comunidad nacional en sus diversos sectores, los políticos, los partidos políticos, los sindicatos, los sectores empresariales y sociales en general, las universidades, los grupos que se agrupan alrededor de centros de pensamiento y gestación de opiniones, deben conscientemente involucrarse en este debate y análisis de su necesidad.

En mi opinión, es el Colegio de Abogados y Abogadas quien debe convertirse en el eje central de este debate, de esta reflexión y análisis, para ir más allá de esta actividad de estos dos días. Es continuar, desde ahora hasta el próximo año, con diversas actividades, como ésta, que permitan crear el ambiente nacional en capacidad de convocar a un Foro Nacional, una vez que hayan pasado las elecciones y antes de que inicie el próximo ciclo electoral, que logre el mayor consenso en la posibilidad de presionar al Poder Ejecutivo, y especialmente a la próxima Asamblea Legislativa, para gestionar la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, habida cuenta que la Sala Constitucional de la República así lo ha establecido, al rechazar la convocatoria del Referéndum que el Tribunal Supremo de Elecciones había aceptado realizar.

La Asamblea Nacional Constituyente es un tema que se ha venido tocando, en distintos momentos, con distintas intensidades y pasiones, desde inicios de la primera década de este siglo XXI.

Los actuales presidentes de la República y de la Asamblea Legislativa, también lo han insinuado, en distintos momentos, como necesidad nacional, para poder modernizar el Estado y la Administración Pública.

¿Cómo debemos ver y apreciar la existencia de esta Constitución Política?

¿Cómo entender las circunstancias y sucesos históricos que condujeron al momento histórico que le dieron origen?

¿Qué valor tiene la Constitución Política actual?

¿Por qué es necesaria una Asamblea Nacional Constituyente?

¿Por qué es necesaria una nueva Constitución Política?

Trataré de explicar y dar respuesta a estas y otras interrogantes.

El contexto que produjo la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, de 1949, que dio origen a la actual Constitución Política, fue el resultado de una grave confrontación social y política que se venía dando durante la década de 1940, a mi modo de ver, desde las medidas antinazi, en el contexto de la II Guerra Mundial que vivíamos; de la incorporación de Costa Rica, como país como aliado en esa guerra, rompiendo relaciones diplomáticas y sumándonos a la guerra contra Italia, Alemania y Japón; y por el Pacto producido, en 1943, entre el Gobierno del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, y su Partido Republicano, Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, Jefe de la Iglesia Católica, su Obispo, y Manuel Mora Valverde, Secretario General del Partido Comunista de Costa Rica, que condujo a la aprobación del Capítulo de las Garantías Sociales, que se incorporó a la Constitución Política de 1871, vigente en ese momento, y a la aprobación del Código de Trabajo.

A partir de esas situaciones el cuadro político nacional se alteró profundamente. Un sector político visualizó un peligro comunista en desarrollo y alcance que había que evitar, tanto por el escenario nacional en el cual los comunistas se venían convirtiendo en una fuerza electoral significativa, por su posible influencia, a partir de ese momento en el Gobierno, y, luego, por el surgimiento de una comunidad de países socialistas luego de la II Guerra Mundial, lo que provocó una nueva situación internacional de contención al avance comunista, con el rompimiento del Pacto de los Aliados antinazi y con el surgimiento de lo que se llamó la Guerra Fría; por las medidas de fuerza que se tomaron contra sectores políticos nacionales, la expulsión del país del entonces empresario José Figueres Ferrer; las elecciones de 1944, que llevaron al gobierno al Lic. Teodoro Picado Michalski, que la oposición calificó de fraudulentas; las elecciones de 1948, que fueron anuladas en el resultado presidencial que tuvieron, lo que provocó el alzamiento armado del Ejército de Liberación Nacional, encabezado por José Figueres, para garantizar el resultado electoral a favor de Otilio Ulate Blanco.

Resultado de este proceso fue la imposición de Figueres sobre Ulate, el 1 de mayo de 1948, que llevó a Figueres a recibir el gobierno el 8 de mayo fundando la llamada Segunda República, que alcanza hasta nuestros días, y a Otilio Ulate a esperarse hasta el 7 de noviembre de 1949, cuando le fue entregada la Presidencia ganada en las elecciones de 1948.

En el período de la Segunda República fue ilegalizado el Partido Comunista, llamado Vanguardia Popular desde 1943, ilegalización que duró hasta 1975. limitándose la democracia nacional en su aspecto electoral. Igualmente, se convocó a la Asamblea Nacional Constituyente que el 7 de noviembre de 1949 aprobó la actual Constitución Política.

En la Historia y el desarrollo constitucional de Costa Rica hemos tenido las siguientes 14 Constituciones:

1.- La del 1 de diciembre de 1821, El Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica.

Esta Constitución tuvo una leve reforma el 10 enero de 1822, para adaptar al país, recién independiente, a la situación de anexión al Imperio Mexicano.

2.- La del 19 de marzo de 1823, llamada Primer Estatuto Político de la Provincia de Costa Rica,

3.- La del 19 de mayo de 1823, llamada Segundo Estatuto Político de la Provincia de Costa Rica,

4.- La Constitución Federal de la República de Centroamérica, del 22 de noviembre de 1824,

5.- La Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica, del 21 de enero de 1825,

6.- La Ley de Bases y Garantías, del 8 de marzo de 1841,

7.- La Constitución Política del 9 de abril de 1844,

8- La Constitución Política del 21 de enero de1847,

9.- La Constitución Reformada del 30 noviembre de1848,

10.- Constitución Política del 27 diciembre de1859, resultante del Golpe de Estado del 14 de agosto de 1859, contra el Presidente Juan Rafael Mora Porras.

11.- La Constitución Política del 18 de febrero de 1869,

12.- La Constitución Política del 7 de diciembre de 1871,

13.- La Constitución Política del 8 de junio de 1917, resultante del Golpe de Estado que se le dio al presidente Alfredo González Flores, que estuvo vigente hasta la caída de la dictadura de Federico Tinoco Granados, cuando el 3 de setiembre de 1919, se restableció la Constitución Política de 1871.

El 2 de julio de 1943 fue modificada para incorporarle el Capítulo de las Garantías Sociales.

14.- La Constitución Política del 7 de noviembre de 1949.

La actual Constitución Política ha sufrido, junto con las 17 disposiciones transitorias que fueron derogadas, casi 70 modificaciones o reformas de los 183 artículos que fueron originalmente aprobados.

En la Asamblea Legislativa hay propuestos otro tanto, casi similar de Proyectos de Ley, orientados a realizar alguna reforma o modificación al cuerpo constitucional. Puesto así, casi dos terceras partes de la Constitución Política están tocadas o amenazadas de sufrir algún cambio.

Ante esta situación, quizá es mejor promover una nueva Constitución Política, mejor concebida para atender la realidad política de la Costa Rica actual, en el contexto histórico internacional que hoy vivimos de grandes cambios en las relaciones internacionales, en la geopolítica internacional, en la conformación dinámica de bloques comerciales que existen y están apareciendo, así como en las nuevas tendencias en el campo jurídico que se han venido impulsando, especialmente en el ámbito de Derechos Humanos, Derechos Políticos, Derechos Electorales, Derechos Económico Sociales, muchos de los cuales se amenazan con restringirlos o eliminarlos, como lo hemos estado viendo en el país en las últimas y actual Administración de Gobierno.

Todas las Constituciones constituyeron un Programa político de anhelos y propósitos de la sociedad costarricense, de su convivencia ciudadana. Todas iban expresando particularmente, en el momento en que fueron aprobadas o puestas en vigencia, el desarrollo de la estructura estatal y de la organización político-administrativa del Estado y la sociedad costarricense.

Todas las Constituciones se consideran un Pacto de Convivencia democrática.

En todas las constituciones se fueron configurando los principales valores políticos, ideológicos, espirituales, electorales, ciudadanos y las libertades básicas reconocidas.

En todas las Constituciones se afirmó la Independencia y la Soberanía Popular.

Esto es lo que la sociedad costarricense hoy necesita replantearse para el siglo XXI que vivimos.

Estos valores o los definimos nosotros, o nos lo impone el orden internacional en que nos encontramos.

Institucionalmente no creo que debamos impulsar un sistema bicameral, como lo tuvimos en las Constituciones Políticas de 1844, 1859, 1869 y 1917. Esa experiencia histórica, por breves períodos, no tuvo asidero en el desarrollo político nacional. Se le llamaba Cámara de Representantes, lo que usualmente se conoce como Senado.

En la posibilidad de una nueva Asamblea Constituyente, para lograr un Nueva Constitución, sí podría discutirse la necesidad de un sistema parlamentario o semi parlamentario, que sea más eficaz para la toma de acuerdos políticos gubernamentales o para una mejor gobernanza.

Algunos de los temas insustituibles, que tienen importancia hoy, para el debate, discusión y análisis nacional alrededor de una Nueva Asamblea Constituyente, entre otros están:

1.- Fortalecimiento del Estado de Derecho. ¿Cómo garantizar constitucionalmente la separación de Poderes? ¿Cómo asegurar el respeto a su independencia, su autonomía, su función soberana, su exclusividad, sus funciones propias, particulares, específicas, e indelegables de los Poderes del Estado, que constantemente en este gobierno son cuestionadas, creándose un clima adverso a su existencia y a sus altos funcionarios?

2.- Fortalecimiento o debilitamiento de las funciones de la Contraloría General de la República, que es un tema que se ha traído constantemente a la discusión en este Gobierno. ¿Cómo asegurar a la Contraloría General de la República como el órgano asesor que es de la Asamblea Legislativa? ¿Se debe separar a la Contraloría General de la República de esa condición y convertirla en un ente totalmente independiente de los Poderes públicos, fortaleciéndole su capacidad y función contralora?

3.-En materia judicial, ¿debemos avanzar hacia una Corte Constitucional, dándole esa autonomía y manteniéndoles sus funciones exclusivas a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia? ¿Se debe proceder de igual manera con el Ministerio Público?

4.- ¿Cómo fortalecer el régimen electoral del país? ¿Se deben mantener las elecciones las elecciones nacionales separadas de las municipales? ¿La elección nacional, se debe separar de manera que la elección presidencial, se realice el primer domingo de febrero, como está establecido, y la de diputados se realice el primer domingo de abril, como ya existe esa fecha para una segunda convocatoria nacional, de manera que permita compactar mejor la elección de diputados? En este caso se haría la segunda ronda presidencial y la de diputados conjuntamente. ¿Se debe discutir constitucionalmente la validez del voto de los que votan en blanco o se abstienen en la urna electoral? Esto es garantizar el derecho a no votar, como una forma de protesta ciudadana, de manera que su validez pese para el porcentaje de votos que se requieren para elegir representantes populares, lo cual obligaría a los partidos políticos a fortalecer su convocatoria a sus votantes.

5.- ¿En materia de período de gobierno, se debe prolongar a seis años, con un proceso electoral obligado de consulta popular, a mitad del período en posibilidad de revocatoria de mandato? En la Constitución de 1844 se llegó a establecer un derecho de alterar, cambiar o abolir el gobierno si no llena el objetivo de su institución, siguiendo la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano y de la Declaración de Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, de 1789 y 1793 respectivamente.

¿Se debe avanzar a la reelección consecutiva del presidente, por uno o dos períodos, y la de los Diputados de manera abierta como existía antes de 1949? ¿Se debe establecer la figura del diputado suplente de manera real, válida y eficaz, de modo que pueda sustituir al titular ausente de su partido en la sesión que corresponda, si el diputados propietario no se presenta en los primeros 5 o 10 minutos de iniciada la sesión parlamentaria?

6.- ¿Cómo hacer que la figura del Referéndum y el Plebiscito a nivel nacional se fortalezca, de manera que pueda ser efectiva y más democrática esa convocatoria?

7.- ¿Se debe avanzar hacia un Estado laico? ¿Se debe separar la religión y la educación religiosa de la escuela, los colegios y de la enseñanza en general? Esto se hizo entre 1882 y 1940 y la sociedad costarricense no se hizo menos católica, ni menos religiosa, ni menos creyente, porque la educación religiosa se trasladó con más fuerza donde deber realizarse, en el hogar, en la familia y en las Iglesias.

8.- En el área del Derecho de Familia se debe fortalecer constitucionalmente lo que ya se ha avanzado por las leyes especiales relacionado, entre otros aspectos, a matrimonios del mismo sexo, uniones libres, niños, paternidad y maternidad, alimentos, protección de adultos y personas mayores, y otras obligaciones. ¿Se debe avanzar para establecer la causa de divorcio o disolución del matrimonio por voluntad de una de las partes?

9.- En materia de nacionalidad se debe discutir si el naturalizado puede perder la ciudadanía costarricense por participar en organizaciones y actividades relacionadas con el narcotráfico en general, de manera que la nacionalidad costarricense no sea un escudo de protección para delincuentes internacionales.

10.- ¿Se debe avanzar para establecer la obligatoriedad constitucional de aprobar o ratificar todos los Convenios y Tratados Internacionales que tengan que ver con defensa de los Derechos Humanos, de los Derechos Socioeconómicos y Laborales, con la Paz, contra el militarismo en general y específicamente contra la producción, el comercio de armas, y por el desarme mundial?

11.- Discutir, ampliamente, en términos constitucionales sobre las jornadas laborales existentes. Fortalecer la jornada máxima de ocho horas diarias. Alrededor de este tema, discutir la posibilidad de rebajar la jornada semanal a un máximo de 40 horas, y de ser posible establecerla como ya se hace en países europeos en 36 horas semanales sin debilitar el salario. Esta jornada está amenazada para llevarla al extremo de jornadas diarias de 12 horas en términos reales, por seis o siete días a la semana. Esa es la verdad del proyecto de ley que está en trámite legislativo.

12.- La materia del Derecho Colectivo de Trabajo debe fortalecerse en materia constitucional.

13.- ¿Se debe llevar el sistema de Defensorías existentes a un rango constitucional, fortaleciéndoles sus funciones y exclusividades?

14.- Es necesario establecer como norma constitucional, lo que se había dispuesto por el gobierno en 1869, que la educación pública es gratuita, obligatoria y costeada por el Estado, y que los gobiernos y el Estado tienen que asegurar los fondos suficientes para su mantenimiento.

15.- En materia legislativa se debe discutir constitucionalmente sobre el quorum de funcionamiento de las sesiones legislativas, de manera que solo sea necesario para abrir las sesiones y para realizar las votaciones. En caso extremo, la posibilidad de que el quorum sea necesario únicamente para abrir el período de sesiones ordinarias o extraordinarias y para las votaciones.

16.- En materia de expropiaciones, para obras públicas, se debe avanzar constitucionalmente para asegurar y agilizar su trámite pagando el valor registral y de pago de impuestos de las propiedades, de manera que cualquier otra diferencia se dirima en Tribunales, para que no se entorpezca el desarrollo y construcción de obras las públicas.

17.- Hay que establecer una norma constitucional que diga que los delitos contra el Estado son imprescriptibles.

18.- Hay que establecer el derecho de los funcionarios públicos de participar activamente en el debate nacional de los temas políticos y de gobierno, sin que ello implique comprometer fondos públicos en esa participación.

19.- En materia de división administrativa del territorio hay que discutir ante una Nueva Constitución una mejor división territorial, que también tenga efectos para la mejor escogencia de los representantes populares

Dejo planteadas estas inquietudes.

Si los grandes problemas del país, de las personas y trabajadores en general, pobreza, desempleo, vivienda, calidad de vida, transporte público, capacidad de consumo vital, salarios, pensiones e ingresos, el asegurar el apoyo estatal para los productores nacionales, especialmente del sector agropecuario, la educación, la deserción escolar, colegial y universitaria, el analfabetismo y el analfabetismo por desuso creciente, entre otros, no se atienden con políticas y ayudas estatales vigorosas, en alianza con los sectores privados, los problemas sociales y su agudización no van a desaparecer, se van a profundizar, la polarización social se va a ir acentuado y no se detendrá con mayor represión policial.

La lucha de clases, y de sus sectores sociales, adquirirá perfiles cada vez más violentos, probablemente asociados a las organizaciones narco traficantes de todo tipo.

El conjunto de Constituciones Políticas que hemos tenido ha tenido que ver también con el desarrollo del Derecho costarricense, con sus propios códigos normativos, y la promulgación de Leyes que se han realizado desde la constitución del Primer Poder Legislativo en el país, en 1825, enriquecido este proceso con la promulgación del Código General de Carrillo, del Código de Comercio de 1852, y los Códigos que resultaron de la Comisión Codificadora de 1882-1888, así como las importantes reformas legislativas que se impulsaron en el legislación nacional en la primera mitad del siglo XX, como las Reformas de 1943, el Código de Trabajo de 1943, el Código Electoral de 1946, y las reformas legales e institucionales que se han impulsado al calos de la Segunda República, a partir de la segunda mitad del siglo XX.

Hoy se discute en el país si los alcances de la Segunda República siguen válidos, si esa Segunda República ya feneció en 1978, en 1982 en 1990 o, en estos años del siglo XXI. Se habla de una Tercera República, desde inicios de la década de 1990. En las elecciones de 1998 el candidato del partido Liberación Nacional, José Miguel Corrales, habló de eso en su campaña electoral.

En los últimos años se ha vuelto a revivir, aunque débilmente, sin hacer un balance histórico de la Segunda República, y de la necesidad de la Tercera República. A veces, incluso, hablan de una Cuarta República, sin haber cerrado el capítulo de la Segunda República.

El Presidente actual ha hablado violentamente contra todo el significado de la Segunda República cuando afirmó, y sigue afirmando, que todos los presidentes y gobernantes de este período histórico han sido tiranos y dictadores que solo han gobernado para ciertos grupos económicos, financieros y políticos y que siempre han gobernado contra el pueblo, haciéndose ver él como el más típico representante de los sectores populares llamando constantemente a que el pueblo asuma su poder real, orientado todo a sustituir a los actuales partidos políticos, en las próximas elecciones, con mayoría ojalá no menor de 38 diputados, para poder impulsar los cambios políticos institucionales que el país necesita para una mejor gobernabilidad.

En esa misma dimensión, el presidente ha pintado a los partidos políticos que han gobernado y a los que han electo diputados como responsables de los males que él acusa constantemente a los funcionarios públicos, tanto en el aspecto administrativo institucional como de la corrupción nacional.

Si no se atiende con rigurosidad, con seriedad y voluntad política la necesidad de discutir una Nueva Constitución que replanteé el quehacer político nacional y normativo, esa nueva Constitución va a resultar de procesos violentos o de una convocatoria que, con mayoría parlamentaria, pueda realizar un gobernante autoritario, despótico, de características dictatoriales que ascienda al Poder Ejecutivo por la vía electoral, como sucedió en El Salvador.

Estamos a las puertas de un proceso electoral que pareciera no va a resultar con un o una gobernante de esas condiciones. Pero, mientras no hay elecciones no hay resultados. Esta es la única encuesta válida sobre candidatos y el gobernante de turno que asumirá el país a partir del 2026.

No le tengo miedo a una Nueva Constitución, por la vía de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.

De ella tiene que resultar la sociedad costarricense que necesitamos, de sólida convivencia democrática.

De ella tiene que resultar un fortalecido Estado Social y Democrático de Derecho, un reflejo de la Costa Rica multicultural que vivimos, que responda a los problemas, necesidades, principios y valores del momento que vivimos y de la sociedad que enfrentamos para el resto del siglo XXI.

El momento electoral que vivimos hasta su culminación presagia tiempos de paz, que es cuando debemos abordar la discusión de la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente para una Nueva Constitución Política y un nuevo desarrollo estructural costarricense.

El año próximo es el tiempo para entrarle a esta discusión, pasadas las elecciones, que permita preparar el ambiente para esa convocatoria, del Referéndum que puede dirigir el camino de su establecimiento.

Con seguridad personal y colectiva debemos ir hacia la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que redacte la Constitución Política de la Costa Rica del siglo XXI.

Movimientos y personas declaran non grata a diputada que impulsa reforma para quitar autonomía a la CCSS

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

Ante la propuesta de ley N.° 25181, “Reforma al artículo 73 de la Constitución Política”, que busca modificar la Carta Magna para arrebatarle la autonomía a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), organizaciones sociales y sindicales anunciaron una declaratoria de non grata contra la diputada Daniela Rojas Salas, promotora de la iniciativa.

En la carta pública, los movimientos convocantes señalan que la CCSS ha sido una de las instituciones más emblemáticas en la construcción de derechos sociales y en la garantía del acceso a la salud en Costa Rica. Resaltan que la propuesta de reforma constitucional representa un grave retroceso y una amenaza directa al principio de seguridad social, reconocido en el país como un derecho humano fundamental.

Las organizaciones denuncian que este proyecto responde a intereses privatizadores y atenta contra la institucionalidad costarricense. Subrayan que la defensa de la autonomía de la CCSS es una causa histórica y un compromiso ciudadano que no puede cederse a presiones políticas coyunturales.

En ese marco, expresan:

“Ante la propuesta de ley N.° 25181 Reforma al artículo 73 de la Constitución Política, que implica una reforma constitucional para arrebatarle la autonomía a la CCSS, impulsada por diputada Daniela Rojas Salas, diferentes movimientos sociales y sindicales decidimos impulsar una declaratoria de non grata contra esta diputada, les invitamos a leer la carta y darnos el apoyo en este rotundo señalamiento: formulario de adhesión.”

Las firmas de respaldo, así como los logos de las organizaciones que impulsan esta gestión, pueden consultarse descargando el documento completo en formato PDF desde este enlace: Declaratoria non grata PUSC