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Etiqueta: reforma constitucional

Proceso constitucional chileno: ¿Fracaso de la política o fracaso de la izquierda?

Gilberto Lopes, 22 diciembre 2023

Fracasado el segundo intento de reforma constitucional en Chile, luego de tres años de un proceso que galvanizó a la opinión pública (no solo en Chile, sino también vastos sectores en el resto del continente), abundan las evaluaciones.

Para el presidente Gabriel Boric, «la política ha quedado en deuda con el pueblo de Chile». Otros dicen que los resultados expresan el descontento de la ciudadanía con las élites políticas, o que «nadie gana”, sino que “pierde la política», que se ensancha la distancia entre la clase política y los ciudadanos.

Para el vocero del comando del voto «en contra» en el plebiscito del domingo pasado, el exministro Francisco Vidal, el resultado deja en evidencia que los ciudadanos rechazan «las miradas unidireccionales y de un solo lado político».

Cada uno sacó su propia conclusión, pero la mayor parte apunta en esa misma dirección. Para el exembajador y exsubsecretario de Defensa, Gabriel Gaspar, los chilenos se siguen ubicando en posiciones moderadas en la escala entre izquierda y la derecha. El triunfo del “en contra” –asegura– es una derrota de los extremos, que se suma a la anterior, cuando fue rechazado el primer proyecto, “fruto de una Convención dominada por una diversidad de grupos identitarios que perdieron de vista que se trataba de construir un pacto social de la nación”.

El 4 de septiembre de 2022, casi 62% de los votantes rechazó esa propuesta constituyente. Se convocó entonces un segundo proceso y, en mayo del 2023, una mayoría de derecha fue elegida para integrar un Consejo Constitucional encargado de presentar la nueva propuesta. Es la que fue rechazada el domingo 17 de diciembre, por casi 56% del electorado, el mismo que había rechazado la primera propuesta y que había elegido, por amplia mayoría, un Consejo Constitucional particularmente conservador.

Quizás eso es lo que lleva a los analistas a interpretar los resultados como una “derrota de la política” o una expresión de rechazo de los extremos.

La derecha y la política

Si ni el gobierno, ni la izquierda, tenían mucho que ganar en ese plebiscito, sí tenían algo que perder. Como lo señaló el senador socialista, José Miguel Insulza, “aquí no ganó ningún partido político. El país se salvó fundamentalmente de una catástrofe”. En su opinión, la propuesta constitucional en discusión era peor que la constitución vigente. La de 1980, aprobada durante el gobierno de Pinochet, a la que se hicieron diversas reformas desde el fin de la dictadura, particularmente en el gobierno de Ricardo Lagos.

La derecha, por su parte, se sentía cómoda con la constitución actual. Aunque no desperdició la oportunidad de haber logrado una amplia mayoría en el Consejo Constitucional para presentar una propuesta radical de su visión del mundo, que fue rechazada.

Los resultados del domingo 17 tienen, en todo caso, otras repercusiones para los grupos conservadores. Con sus sectores tradicionales desplazados por una derecha más dura en la conformación del Consejo, el rechazo del proyecto no fue un mal negocio para esos sectores, de cara al escenario electoral, dentro de dos años.

Habrá que ver quien paga la cuenta mayor: si el líder de los Republicanos, José Antonio Kast, que contaba con amplia mayoría en el Consejo, considerado el “padre” de la propuesta que algunos llamaban “Kastitución”; o la alcaldesa de la rica comuna de Providencia, Evelyn Matthey, que al principio no la veía con mucho entusiasmo, pero que terminó jugándose por su aprobación.

No es impensable que entre los dos se defina la candidatura de la derecha para las elecciones presidenciales de noviembre de 2025.

La “izquierda” y la constitución

Si la política ha quedado en deuda con los ciudadanos, habrá que hurgar un poco en la naturaleza de esa deuda. Habrá que ver si es cierto que se ensancha la distancia entre la clase política y los ciudadanos, como dicen algunos.

¡Veamos!

Para Gabriel Gaspar el rechazo a los dos proyectos constitucionales fue una derrota de los extremos. Pero si el proyecto de la derecha fue rechazado el domingo 17, la primera propuesta constituyente, también rechazada, fue otra cosa, como lo sugiere el mismo Gaspar: fue “fruto de una Convención dominada por una diversidad de grupos identitarios que perdieron de vista que se trataba de construir un pacto social de la nación”.

En un comentario reciente sobre los resultados electorales en los Países Bajos, en noviembre pasado, el economista español Juan Torres López expresaba la opinión de que la extrema derecha crecía porque las izquierdas desaparecían o perdían el norte. Un comentario que vale también –me parece– para el caso chileno, el argentino y, probablemente, para otros más.

“En lugar de centrarse en las cuestiones socioeconómicas”, decía Torres, la izquierda se divide, “dando prioridad a cuestiones identitarias y territoriales, o a decirle a la sociedad lo que es o no es políticamente correcto”.

En la primera propuesta constituyente chilena, dos grandes temas terminaron ocupando las portadas del debate, como dice la misma presentación del texto: “Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución, acordada en un proceso participativo, paritario y democrático”.

Más que las grandes reivindicaciones socioeconómicas, que condicionan realmente la vida de la gente (como el caso particularmente sensible del sistema privado de pensiones en Chile, pero, en general, el de la privatización de los servicios públicos), el énfasis estaba en la idea de la plurinacionalidad y el carácter paritario del proceso.

El resultado fue que el primer proyecto se alejó más de la política que el segundo. Y recibió un rechazo mayor de la población.

El segundo texto se centró de lleno en la política. Pero desde la perspectiva de una política tan conservadora que no logró contar con el respaldo de la mayoría, pese a los enormes esfuerzos realizados para imponerla.

Me ha parecido que la derecha tuvo, en este proceso chileno, más sentido de la política que una “izquierda” con su insistencia en un proyecto plurinacional (cuya discusión no está madura en el país), o en una propuesta paritaria que la derecha no tenía problemas en apoyar (un dirigente decía que las candidatas podrían ser todas mujeres, siempre que fueran como Margaret Thatcher, la muy conservadora primera ministra británica de los años 80 del siglo pasado). El problema no era la “paridad”, sino la posición política de esas mujeres.

Escribo “izquierda” entre comillas porque, para mí, esas cuestiones no definen a la izquierda. En lo identitario se confunden las posiciones políticas más variadas, que terminan dividiendo la izquierda, desdibujando su carácter político, desorientando su lucha. Lo que no quiere decir que, a la izquierda, en general, no le falte definir con más precisión su política en este tema.

Remezón de la política

La vocera del Comando del “en Contra”, la alcaldesa de Peñalolén Carolina Leitao, demócrata cristiana, calificó los resultados del domingo 17 como “un gran remezón para la política”. Su conclusión es que “Chile nos quiere a todos unidos”, “trabajando por un país que se preocupe de las personas más vulnerables”.

O, como decía Gaspar, “este segundo rechazo también puede ser leído como la incapacidad de las elites políticas y culturales del país para diseñar un pacto social que involucre a la inmensa mayoría de la nación”.

Para el periodista Marcelo Contreras, la inmensa mayoría de los ciudadanos no se siente interpelada por las disputas de los partidos políticos y “no puede entender que no logren acuerdos para resolver sus demandas”.

La derecha reaccionó de forma distinta: –Vamos a impedir que la izquierda insista en refundar Chile, dijo el presidente de la conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), el senador Javier Macaya. El resultado –agregó– no es un respaldo para aprobar las reformas del Ejecutivo.

¿Qué reformas son esas? Las prometidas por el gobierno de Boric en su programa de gobierno. Entre ellas la tributaria, la de pensiones, la de salud. Independientemente del resultado, dijo el presidente, “vamos a seguir trabajando por las prioridades de la gente”.

Para el presidente del senado, Juan Antonio Coloma, también de la UDI, hay que hacerse cargo de las preocupaciones de la gente: la seguridad y la economía.

Las llamadas “preocupaciones de las gentes” son normalmente esas, sobre todo la “economía” (que es la manera de manifestar preocupación por la falta de trabajo, de garantías sociales, por los bajos salarios), o la “seguridad”, tema muy presente en el debate político chileno.

Todos los políticos trabajan en lo que llaman las “prioridades de la gente”. El dilema es cómo enfrentar esas prioridades. La manera de entenderlas y enfrentarlas es lo que distingue las diferentes posiciones políticas.

En realidad, no creo en la división entre la gente y los políticos. Lo que hay es un rechazo a ciertas posiciones políticas. Las de derecha, por las razones obvias de sus intereses restringidos; la de la “izquierda” por haber abandonado los temas sustantivos de la política.

Hace dos años me decía Fernando Atria, entonces constituyente, que la forma política chilena había caducado, con las protestas de octubre del 2019, que abrieron la puerta al debate constituyente que acaba de fracasar.

“La constitución de 1980 caducó”, me dijo entonces. “La derecha cree que funciona, como si creyera que, si el proceso constituyente fracasa, vamos a volver a vivir en paz, bajo la constitución de 1980”.

Atria pensaba que iba a haber una nueva constitución, pero que también iba a seguir “habiendo política; una derecha y una izquierda con diferentes puntos de vista sobre diversos problemas”. “Es un error pensar que al momento constituyente le corresponde dar (y ganar) todas las batallas”.

Me parece que ahí es donde se abre el espacio para la izquierda (sin comillas), para la recuperación de una agenda perdida…

Importante reforma constitucional se aprobó el lunes

Vladimir de la Cruz

El pasado lunes el presidente Carlos Alvarado Quesada firmó una importante reforma constitucional, que favorecerá la gobernabilidad o gobernanza nacional, y dará mayor impulso a las gestiones que el Poder Ejecutivo proponga al iniciar cada gobierno.

Se trata de la reforma constitucional relacionada con las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de trabajo del Poder Legislativo, de cada Legislatura.

Las Legislaturas son los períodos anuales de trabajo parlamentario que inician cada primero de mayo y terminan todos los 30 de abril. Así la gestión de un Gobierno o de una Administración política se divide en cuatro legislaturas. Por ejemplo, ahora estamos en la tercera Legislatura del Gobierno de Carlos Alvarado Quesada, desde el 1 de mayo del 2020 hasta el 30 de abril del 2021. La cuarta Legislatura es la que inicia el 1 de mayo del 2021 y termina con su gobierno, y da paso a la primera Legislatura del próximo gobierno, que iniciará el 1 de mayo, cuando se instale el nuevo Poder Legislativo, y el 8 de mayo del 2022, cuando asumen los nuevos diputados y el nuevo Gobierno electos en febrero, o abril del 2022.

Estas Legislaturas se dividen en sesiones ordinarias y extraordinarias, de seis meses cada una, pero de meses alternativos, así  en la práctica constitucional venía funcionando que el primero de mayo, de cada año, empezaba un período de tres meses de sesiones ordinarias, que terminaba el 31 de julio, iniciaba uno de sesiones extraordinarias durante todo el mes de agosto, seguía otro de sesiones ordinarias desde el primero de setiembre al 30 de noviembre para cerrar el ciclo, con sesiones extraordinarias desde el 1 de diciembre hasta el 30 de abril.

En las Sesiones Ordinarias son los diputados y sus partidos, incluido el de gobierno, el que tiene la iniciativa de ley. Esto significa que son ellos y solo ellos los que pueden proponer Proyectos de Ley a conocimiento de los diputados, y en las sesiones extraordinarias, son las que la iniciativa de ley le corresponde al Poder Ejecutivo, lo que significa que en estas Sesiones solo el Poder ejecutivo puede proponer Proyectos de Ley, a conocimiento y trámite parlamentario de los diputados.

Si el Poder Ejecutivo no envía Proyectos de Ley la Asamblea Legislativa no funciona, porque para estas Sesiones Extraordinarias, es el Presidente el que las convoca oficialmente con la agenda de proyectos que le interesa se conozcan.

Si en trámite parlamentario de Sesiones Extraordinarias el Poder Ejecutivo retira los proyectos, automáticamente se suspenden las sesiones de trabajo legislativo de los diputados. Dos ejemplos fáciles de recordar asociados a grandes luchas sociales y populares. Cuando el 24 de abril de 1970 la Asamblea Legislativa aprobó el Contrato de la ALCOA, esa misma noche el Presidente Trejos Fernández retiró todos los Proyectos Ley en trámite con la intención de suspender las sesiones y desmovilizar a los estudiantes y pueblo que estábamos en la calle, y quitarle presión popular a la Asamblea Legislativa. El otro fue cuando se produjo la discusión del COMBO del ICE, en la Semana Santa de 2000. Se aprobaron las reformas e inmediatamente se suspendieron los trámites legislativos por retiro de los Proyectos de Ley, esa misma noche, lo que no impidió que la lucha se mantuviera por tres semanas en las calles, hasta, que en este caso, se impuso la voluntad popular y se procedió de deshacer poco a poco lo que se había aprobada ese día Santo.

La forma como estaba estructurado este sistema de sesiones legislativa no ayudaba mucho al proceso democrático electoral nacional, ni contribuía a su fortalecimiento, debido a que al triunfar un partido político en la campaña electoral en febrero, e iniciar el nuevo gobierno en mayo, se encontraba el nuevo gobierno y el Presidente electo, con que en mayo no podía impulsar ningún Proyecto de Ley asociado su reciente triunfo y a lo que el Presidente y su partido habían agitado en la campaña electoral como parte de sus promesas electorales y de sus planes futuros de gobierno. Y al fallar en este cometido ello contribuía a deslegitimar la elección misma y a perder confianza en el gobernante, y su partido, porque no cumplían con lo ofrecido unas semanas atrás, durante la campaña electoral. Y solo tendrían oportunidad de hacer algo en ese sentido a partir de diciembre, cuando iniciaban las sesiones extraordinarias de cinco meses seguidos, pero ya de manera tardía. ¿Por qué? Porque habían transcurrido desde mayo a diciembre siete meses y la vida política imponía, nuevos temas, nuevos problemas y nueva agenda legislativa, y lo ofrecido en la campaña electoral pasaba a segundo término del Gobierno, y estaba en segundo, tercer o cuarto término del control político que ejercen los diputados sobre la gestión de Gobierno. Si uno sigue el llamado “control político” que hacen los diputados, raras veces, pero excepcionalmente raras, los diputados hacer “control político” sobre lo ofrecido por el partido gobernante el Presidente, ya electo y en funciones, sobre sus incumplimientos de campaña electoral. Lo que se impone es la inmediatez de los asuntos políticos y de gestión pública administrativa. Esto es válido para todos los gobiernos hasta ahora.

En la Comisión de Notables, que instaló la Presidenta Laura Chinchilla, yo sugerí y propuse esta inversión de sesiones parlamentarias, pero agrupándolas en dos grandes períodos de seis meses cada una, empezando por las Extraordinarias. Justo para tratar de resolver parte de estos problemas y darle mayor impulso al gobierno y al Presidente que inicia sus funciones.

El lunes pasado, finalmente, se ha avanzado en este sentido. La Asamblea Legislativa aprobó la Reforma Constitucional, y el Presidente ya la firmó, de invertir las sesiones para que cada mes de mayo se encuentre la Asamblea Legislativa iniciando con Sesiones Extraordinarias, desde el primero de mayo hasta el 31 de julio. Digo se ha avanzado porque no aprobaron los períodos concentrados de seis meses para cada grupo de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias, tan solo invirtieron el proceso, pero ya es algo.

Esta Reforma Constitucional empezará a funcionar el próximo mes de mayo, de manera que en su fase transitoria, habrá Sesiones Extraordinarias desde el 1 de diciembre hasta el 30 de abril, e inicia, por la actual Reforma, el nuevo período de Sesiones Extraordinarias el 1 de mayo hasta 31 de julio. Aquí, como el Gato Pardo, todo cambia para seguir igual, solo que en la transición 2020-2021, el Gobierno tendrá unas Extraordinarias largas desde el 1 de diciembre del 2020 hasta el 31 de julio del 2021, que será su mayor empujón como Gobierno y como partido gobernante hacia la campaña electoral del 2022.

Obviamente, el que se favorecerá en el futuro 2022 es el nuevo Gobierno con lo que pueda impulsar, de inmediato, a la asunción del Gobierno en paralelo con lo que se ofrezca en la campaña electoral.

Aún con la limitación que señalo del mantenimiento fraccionado en 4 partes de las Sesiones Legislativas, celebro y aplaudo la Reforma al Artículo 116 Constitucional. Con esta Reforma será más fácil avanzar después a la de dos grandes períodos sesiones de seis meses cada una. Esa queda pendiente, pero ya es algo positivo.