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Etiqueta: reforma tributaria

Aumento de impuestos al tabaco puede retrasar el consumo en jóvenes

Escrito en . Publicado en Salud.

RENATA

Los nuevos estudios sobre impuestos al tabaco y edad de inicio del consumo demuestran que elevar los tributos a los productos de tabaco es una de las herramientas más costo-efectivas para prevenir que niños y adolescentes comiencen a fumar en Costa Rica.

Las investigaciones fueron elaboradas por la Red Nacional Antitabaco (RENATA) con expertos de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional y la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, y plantean evidencia para respaldar reformas tributarias en el país en el marco de política fiscal y salud pública.

Según el Dr. Jeancarlo Córdoba, “el análisis sostiene que el precio de los cigarrillos influye directamente en el momento en que las personas comienzan a fumar. Cuando los productos de tabaco son más caros, la probabilidad de que los jóvenes inicien el consumo disminuye, lo que a su vez reduce el riesgo de desarrollar adicción a lar e go plazo”.

Como alerta el economista chileno, Dr. Guillermo Paraje, el estudio se presenta en un momento clave del debate nacional sobre la actualización de los impuestos al tabaco, ya que en Costa Rica se mantienen prácticamente sin cambios desde 2012, cuando se aprobó la Ley 9028 de control del tabaco: “La importancia de los estudios presentados es, por un lado reconocer un estancamiento en el consumo de tabaco en Costa Rica. Lamentablemente Costa Rica no ha avanzado entre el 2015 y 2023, en bajar el consumo de tabaco y por otro lado se muestra que podría retrasarse el inicio en el consumo de tabaco, y eventualmente, impedir que los niños y niñas comiencen a fumar, subiendo el precio de los impuestos. Lamentablemente en Costa Rica no han cambiado desde el 2012”.

El precio del cigarrillo influye en la edad de inicio

Uno de los principales hallazgos es que el precio de los cigarrillos puede modificar el comportamiento de los jóvenes frente al consumo de tabaco. Cuando los precios aumentan, los adolescentes tienen menos probabilidades de comenzar a fumar y quienes lo hacen tienden a retrasar la edad de inicio.

Esta relación ha sido documentada en múltiples estudios internacionales y es una de las razones por las que organismos como la Organización Mundial de la Salud consideran el aumento de impuestos como la medida más costo-efectiva para reducir el consumo de tabaco.

Costa Rica enfrenta costos sanitarios millonarios

El tabaquismo continúa representando una carga significativa para el sistema de salud costarricense. El país destina más de ¢300.000 millones al año en atención de enfermedades relacionadas con el tabaco, lo que evidencia el impacto económico de esta adicción en el sistema sanitario.

Estas enfermedades incluyen cáncer, enfermedades cardiovasculares, afecciones respiratorias crónicas y otras patologías asociadas al consumo de tabaco.

A nivel individual, los estudios también muestran que el tabaquismo reduce significativamente la esperanza de vida. Las personas fumadoras pueden vivir al menos diez años menos que quienes no consumen tabaco.

Impuestos al tabaco: una política subutilizada

Costa Rica se encuentra rezagada en comparación con las recomendaciones internacionales. Actualmente, los impuestos representan aproximadamente el 55% del precio final de los cigarrillos, una proporción que ha disminuido respecto a años anteriores, mientras que la OMS recomienda que los impuestos representen al menos el 75% del precio final para que la política tenga un impacto significativo en la reducción del consumo.

Ante esta situación, en la Asamblea Legislativa de Costa Rica se discute el proyecto de Ley para la Responsabilidad Social del Consumo de Tabaco (expediente 23.880), que propone aumentar y unificar los impuestos a los productos de tabaco.

La iniciativa busca elevar la carga tributaria hasta cerca del 65% del precio de venta, con el objetivo de desincentivar el consumo y simplificar el sistema de recaudación. Diversos organismos internacionales como el Banco Mundial, la OCDE y la propia Organización Mundial de la Salud, han respaldado el expediente 23.880 para aumentar los impuestos al tabaco como una de las herramientas más efectivas para mejorar la salud pública de Costa Rica.

Impacto en la prevención del tabaquismo juvenil

El nuevo estudio destaca que prevenir el inicio del consumo es una de las estrategias más importantes para reducir el tabaquismo en el largo plazo.

Por ello, retrasar la edad de inicio puede tener efectos significativos en la reducción del consumo a lo largo de la vida.

El estudio señala que el aumento de precio no solo reduce el número de nuevos fumadores, sino que también disminuye la cantidad de cigarrillos consumidos por quienes ya han iniciado el hábito.

Evidencia internacional respalda la medida

La literatura científica internacional coincide en que los impuestos al tabaco generan múltiples beneficios:

  • reducen el consumo total de tabaco,

  • retrasan la edad de inicio en jóvenes,

  • disminuyen los gastos en salud asociados al tabaquismo, y

  • generan ingresos fiscales adicionales que pueden destinarse a programas de salud pública.

Además, estudios económicos muestran que un aumento del 10% en el precio de los cigarrillos puede reducir el consumo entre un 4% y un 5%, especialmente entre jóvenes y personas de menores ingresos.

Una decisión de política pública

El debate sobre los impuestos al tabaco en Costa Rica no solo tiene implicaciones fiscales, sino también sanitarias.

Como aseguró el Dr. Jeancarlo Córdoba, de RENATA, “el aumento de impuestos forma parte de un conjunto de medidas recomendadas por el Convenio Marco para el Control del Tabaco, tratado internacional que busca reducir el consumo y proteger a la población de los efectos del tabaquismo. Entre estas políticas también se incluyen restricciones a la publicidad, espacios libres de humo y advertencias sanitarias en los empaques de los productos de tabaco. Nuestro estudio concluye que fortalecer la política fiscal sobre el tabaco puede convertirse en una herramienta clave para proteger la salud de las nuevas generaciones y reducir la carga económica que el tabaquismo representa para el sistema de salud costarricense”.

Como confirmó la Máster Leonela Artavia, investigadora de la UNA, “estos estudios aportan evidencia científica que busca orientar la toma de decisiones y reforzar el argumento de que los impuestos al tabaco no solo generan ingresos para el Estado, sino que también salvan vidas”.

Acerca de la Red Nacional Antitabaco

La Red Nacional Antitabaco (RENATA) es una organización no gubernamental sin fines de lucro que contribuye con la salud de los habitantes de Costa Rica, en la gestión para reducir el consumo de tabaco y la exposición al humo de este. www.rednacionalantitabaco.com

Una razón para la disconformidad

Escrito en . Publicado en Análisis.

Fernando Rodríguez Garro.

Fernando Rodríguez Garro
Exviceministro de Hacienda
Investigador del Observatorio Económico y Social de la UNA

Si algo dejó claro el resultado de la elección del 1 de febrero, es que las diferencias de desarrollo entre el centro del país y su periferia, no solo son evidentes, sino que también se manifiestan en las preferencias políticas de las personas. No pretende este artículo de opinión sustituir el análisis a más profundidad que un evento de estos requiere, pero busca contribuir con la orientación del mismo al plantear una posible razón para lo que sucedió. Tampoco pretender simplificar todo a una sola explicación, los fenómenos sociales son complejos y muchas veces se explican por la confluencia de muchos factores.

Podemos ir tan atrás como el inicio de la década de los ochenta para encontrar la raíz de las diferencias que vivimos hoy. Luego de que en los setenta el mundo sufriera dos shocks petroleros, que nos afectó a nosotros también, y vaivenes en el precio internacional del café, la década de los ochenta inició con una crisis de impago de deuda externa que vendría a cambiar a la Costa Rica de los años y décadas siguientes. La respuesta del país transformó nuestra economía, se fortaleció la institucionalidad alrededor de algunas actividades económicas, se introdujeron mecanismos de incentivo para exportaciones no tradicionales, se impulsó la actividad turística, se introdujeron mecanismos para incentivar la atracción de inversión e incluso se alineó la política cambiaria para evitar la pérdida de competitividad del sector externo.

El proceso de transformación institucional alrededor de los nuevos sectores económicos que se impulsaron se extendió hasta 1996, cuando se le da rango legal al Ministerio de Comercio Exterior, se crea PROCOMER como se conoce hoy y se reforma la Ley de Zonas Francas. Al cabo de ese periodo tres actividades emergen como las grandes ganadoras de ese proceso de reforma: las exportaciones no tradicionales, incluyendo las vinculadas al régimen de zonas francas; el turismo y el sector financiero, con un importante impulso al sector financiero privado. Valga decir que las reformas del sector financiero se extendieron por más tiempo, con la aprobación de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, la Ley de Protección al Trabajador y la apertura del mercado de seguros.

En ese tiempo una serie de beneficios fiscales se introdujeron a fin de impulsar esas actividades, siendo el sector exportador no tradicional el más beneficiado, llegando a recibir hasta el equivalente a 1% del PIB en subsidios directos, mientras un variopinto tipo de incentivos se otorgaban, incluyendo un tratamiento tributario especial a las operaciones de la banca off shore en el país. Esas actividades económicas impulsaron el crecimiento de la economía costarricense, eso es claro, pero sus beneficios no llegaron a todas partes y, dada la política fiscal aplicada en el país, muy cargada de exoneraciones e incentivos, no se pudieron distribuir una parte de esos beneficios a todo el país por medio del presupuesto nacional.

Aunque el turismo se fortaleció en las costas desde los ochenta, no cambió la dinámica económica a lo interno de los territorios, las provincias costeras eran y, siguen siendo, las más empobrecidas del país. La atracción de inversión extranjera, las exportaciones no tradicionales y el fortalecimiento del sector financiero, principalmente el privado, fueron una importante fuente de crecimiento en la GAM, impulsó la creación de empleo calificado en esta región e incluso el desarrollo de actividades inmobiliarias vinculadas a esos sectores. Al cabo de este periodo, los beneficios del desarrollo desde la crisis de los ochenta hasta hoy se han concentrado territorialmente, así como se han concentrado en determinados grupos de población, los asociados al empleo calificado principalmente.

Mientras tanto, ¿qué pasó para el resto del país? Desde los ochenta hemos vivido en un casi constante estado de ajuste económico, primero debido a los programas de ajuste estructural de los ochenta y los noventa, luego por los ajustes fiscales a los que nos hemos visto sometidos de forma constante, pero sin que pudiera fortalecerse la política fiscal para sostener una política pública más amplia y mejor financiada. Pasamos apagando incendios durante varias etapas en las últimas cuatro décadas, con reformas tributarias para controlar los problemas del momento, sin capacidad para sostener una inversión pública acorde con las demandas que el crecimiento del país producía, sin poder sostener con ingresos frescos los esfuerzos por aumentar el gasto en educación, con una inversión en seguridad que por mucho tiempo se quedó a la retaguardia de la región y una política social que no logró incidir de forma permanente en la reducción de la pobreza.

Lo constante en este periodo fue tener un Estado altamente endeudado, con un gasto por intereses elevado, que produjo un efecto redistributivo inverso: tomar recursos del erario público para trasladarlo en rentas por intereses a los tenedores de la deuda, un movimiento que beneficiaba tanto a algunas inversionistas por medio del mercado bursátil, así como a los trabajadores que cotizan a los regímenes de pensiones, cierto, pero con un gasto que finalmente no llevó beneficios a los trabajadores informales, muchos de ellos en condición de pobreza.

El Estado no tuvo capacidad de dirigir recursos a sectores productivos vulnerables, pero de alto valor agregado nacional, como el sector agrícola, incluso cuando aceleró su competencia con productos importados por medio de los tratados de libre comercio. Tampoco pudo resolver el problema del transporte público en todo este tiempo, siendo el llamado a hacerlo como dueño de un servicio que concesiona, lo que llevó a que en la GAM lo solucionásemos con el transporte privado, situación que tiene la movilidad al punto del colapso, mientras en otras partes del país el transporte público desaparece de forma paulatina. Por supuesto estas cosas también tienen un impacto diferenciado, según la zona del país y el grupo de población en que fijemos nuestra mirada.

En poco más de cuatro décadas nuestro modelo de desarrollo produjo ganadores, incluso impulsados con beneficios y exoneraciones de impuestos, mientras la política fiscal intentaba no hundirse bajo las enormes demandas de la sociedad y la pobre financiación vía impuestos. En tres ocasiones se intentó una reforma tributaria estructural, de mayor alcance, pero en las tres se falló. Finalmente, con el agua al cuello, se aprobó una reforma en 2018 que nunca se diseñó como solución final a nuestros problemas fiscales de larga data, y que hoy muestra los problemas de su alcance limitado. Este largo camino de éxitos para unos y tropezones para otros, tuvo un punto álgido en medio de la pandemia, cuando las necesarias medidas sanitarias golpearon a todos, pero a unos los encontró mejor posicionados que otros para enfrentar las consecuencias económicas de esas medidas.

Mientras el desempleo alcanzó el 25%, el trabajo en las costas asociado a la actividad turística desaparecía de un día para otro, y las medidas de cierre golpeaban al sector comercial, el Estado costarricense solo pudo destinar tres meses de ayudas a la población afectada, insuficiente para evitar un deterioro social importante y evitar con eso que problemas sociales empezaran a estallar en las zonas más empobrecidas del país. El sector más dinámico de nuestra economía, por otro lado, no sufrió, de hecho, creció a tasas muy altas, llegando a multiplicar el valor de las exportaciones, por ejemplo, en los años posteriores a la pandemia. Ese dinamismo no se multiplicó para el resto de la economía, ni llegó a alcanzar a otros a través de la política fiscal, la apuesta histórica a que sus beneficios se “derramarían” al resto de la economía no se alcanzó, no llegó a los sectores que en estas décadas no disfrutaron de los beneficios del crecimiento económico centrado en la GAM.

Al concluir el primer cuarto del siglo XXI, seguimos teniendo un Estado altamente endeudado, un alto gasto en intereses, una política pública limitada por una carga impositiva baja para un país de ingreso alto y desarrollo humano alto, y, para terminarla de hacer, seguimos apostando una gran cantidad de recursos en incentivos para un régimen que luego de 35 años de existir sigue insistiendo en que necesita beneficios fiscales para seguir operando.

Los resultados del 1 de febrero son, por lo tanto, también una radiografía de la molestia y la disconformidad que ha producido la desigualdad de nuestro modelo de desarrollo. No responde solo a eso, por supuesto, pero debemos entender el papel de los diferentes resultados alcanzados en más de cuatro décadas de actividad económica en el país, en las decisiones de las personas. El reto futuro sin duda es cómo integrar los buenos resultados de unos sectores económicos con el resto de la economía, y cómo llegan los beneficios del crecimiento económico a todo el territorio nacional. Dejo solo una pista: no va a pasar sin una mayor capacidad de la política fiscal, no podemos esperar resultados distintos haciendo lo mismo que hacemos desde hace más de cuarenta años.

Cuando los superricos no pagan, la sociedad se arruina

Escrito en . Publicado en Análisis.

Welmer Ramos González
Economista

La evidencia desmiente lo que la política repite con fe ciega.

Durante décadas se nos ha vendido, casi como una ley natural, que bajar los impuestos a los muy ricos impulsa el crecimiento y beneficia a toda la sociedad. Se trata de un mantra vacío que resuena en campañas electorales, tertulias televisivas y discursos de “expertos” de ocasión. Esther Duflo y Abhijit V. Banerjee, premios Nobel, lo exponen con claridad en el libro Buena Economía para Tiempos Difíciles: es una idea muerta que sigue caminando porque a muchos les conviene mantenerla viva.

El guion es siempre el mismo: “si los millonarios pagan menos impuestos, invertirán, innovarán y crearán empleo”. Una historia cómoda para quienes ya están arriba, pero incompatible con los hechos. Entre 1936 y 1964, Estados Unidos mantuvo tasas marginales del impuesto sobre la renta entre el 77% y el 90%. ¿El resultado? El país no se hundió; creció, se industrializó, innovó y se consolidó como potencia mundial. Desde entonces, las tasas han caído hacia el 30%, sin que el crecimiento se haya acelerado. Las rebajas fiscales solo enriquecieron a quienes ya lo eran.

Los ejemplos abundan. Clinton subió impuestos y la economía se expandió. Bush los bajó y lo único que aumentó fue el déficit fiscal. El estado de Kansas implementó una reducción tributaria radical entre 2012 y 2013: prometieron un boom económico y obtuvieron un colapso fiscal que obligó a cerrar escuelas y a recortar servicios esenciales. Hubo cero crecimiento y un enorme daño social.

La evidencia académica es igualmente contundente. Un estudio citado por Duflo y Banerjee, realizado por la Universidad de Chicago sobre 35 reformas tributarias en Connecticut desde la Segunda Guerra Mundial, demostró que reducir impuestos al 10% más rico no mejora empleo ni ingresos, mientras que aliviar la carga al 90% restante sí impulsa la economía. Es simple: cuando la mayoría tiene poder adquisitivo, la economía se mueve. Cuando se engorda a los superricos, el dinero termina en ahorro o en especulación financiera.

Aun así, la política insiste en defender este dogma sin sustento. La reforma fiscal de Donald Trump en 2017 —que redujo la tasa corporativa del 35% al 21%— es prueba suficiente: no hubo incremento en inversión ni en producción. Sí hubo, en cambio, caída en la recaudación y aumento en la desigualdad. Los datos no mienten; los discursos, sí.

Lo más llamativo es que funcionarios, consultores y opinadores sigan defendiendo estas rebajas como si fueran pociones mágicas. Hablan de “crecimiento potencial” sin una sola cifra que los respalde. Repiten el dogma porque creen en él o porque les conviene creer. Cuando la evidencia los contradice, la descartan como si se tratara de un error metodológico. Así es como la economía se convierte en religión.

Mientras tanto, la realidad grita lo que la ideología se niega a oír: las sociedades más prósperas —Suecia, Finlandia, Dinamarca, Países Bajos— combinan impuestos altos con Estados robustos. Y también combinan bienestar, movilidad social, cohesión, infraestructura, ciencia y estabilidad. No es coincidencia; es causalidad.

Los impuestos no son un castigo: son el precio de vivir en un país que funciona. Sin ellos no hay educación pública, salud, carreteras, seguridad, justicia independiente ni oportunidades reales. La pregunta no es si debemos pagar impuestos, sino qué tipo de país queremos construir.

El caso costarricense: un modelo tributario que premia la elusión

En Costa Rica, se ha consolidado un modelo que favorece a las empresas de mayor tamaño —particularmente al 1% de mayor facturación— mediante menores cargas impositivas y amplias exoneraciones. La existencia de portillos legales permite la elusión mediante el traslado de compañías al Régimen de Zonas Francas, la desviación de utilidades hacia jurisdicciones de baja tributación, el uso de una territorialidad extrema que desvincula el impuesto del verdadero origen de los fondos y la permisividad con estructuras corporativas radicadas en paraísos fiscales.

El resultado es un sistema desigual que expone a las pequeñas y medianas empresas a una competencia desleal devastadora, mientras el país no muestra mejoras significativas en crecimiento económico ni en sofisticación productiva. Se ha premiado la ingeniería fiscal, no la innovación ni la inversión real.

Una estructura tributaria que castiga a la mayoría y privilegia a unos pocos

Hoy en Costa Rica, quienes sostienen el funcionamiento cotidiano del país, son las pymes, las personas trabajadoras por cuenta propia, los asalariados y, en general, la ciudadanía; esos son quienes cargan con la mayor proporción de los impuestos. El problema no es técnico; es ético y político. Mientras la mayoría cumple, ciertos grupos empresariales con facturaciones superiores a los ¢20.000 millones anuales han aprendido a no pagar, aprovechándose de portillos legales y de asesorías diseñadas para erosionar la base tributaria. No contribuyen al país que les permite operar; extraen de él.

Amparados en vacíos normativos y en un ecosistema de consultores sin escrúpulos, han logrado operar como verdaderos parásitos fiscales, disfrutando de una posición de privilegio que —además de esa desigualdad obscena— resulta ofensiva para cualquier noción de justicia económica. Manipulan regímenes fiscales especiales hasta prostituir su propósito original, convirtiéndolos en plataformas de ingeniería contable destinadas a evadir responsabilidades.

El resultado es una competencia desleal brutal: las pymes deben enfrentar el mercado pagando lo que la ley exige, mientras algunos grandes capitales compiten con reglas diseñadas —o toleradas— para favorecerlos. El país premia la elusión sofisticada en lugar del esfuerzo productivo; la contabilidad creativa en vez de la innovación; el privilegio en vez del mérito.

Los datos recientes lo confirman

Las cifras del Ministerio de Hacienda muestran que, mientras en 2024 la producción creció con fuerza y los ingresos tributarios aumentaron en casi todos los rubros, ocurrió un hecho revelador: los impuestos sobre la renta pagados por las personas jurídicas (particularmente los grandes contribuyentes) cayeron.

Esto es consecuencia directa de las reformas legales impulsadas por la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo para reforzar el concepto de territorialidad, que permite trasladar utilidades generadas en Costa Rica hacia el exterior y simular que se obtienen en territorios de baja tributación. Esos privilegios no solo distorsionan la competencia, sino que debilitan la capacidad del Estado para financiar los bienes públicos indispensables para un crecimiento equilibrado y sostenible.

Lo más grave es que —como lo demuestran Duflo y Banerjee— estas rebajas fiscales no producen crecimiento económico, ni en Estados Unidos ni en Costa Rica. Solo generan desigualdad, pérdidas fiscales y una peligrosa ilusión de prosperidad.

Costa Rica necesita valentía política

La idea de que los impuestos bajos para los multimillonarios generan desarrollo es un mito tóxico. Lo sorprendente no es que siga circulando; lo sorprendente es que aún haya quienes lo defiendan con seriedad.

La economía progresa cuando se invierte en la gente, no cuando se subsidia a quienes ya lo tienen todo. La ciencia económica ya dio su veredicto. Lo que falta ahora es que la política —y especialmente quienes aspiran a gobernar Costa Rica— dejen de repetir supersticiones y tengan la valentía de enfrentar el modelo impositivo con seriedad, coherencia y datos.

El país necesita líderes capaces de romper con los dogmas, no de repetirlos.

Hacia una reforma tributaria progresiva: contexto, criterios guía y contenidos fundamentales. Un paso necesario hacia una Costa Rica posneoliberal

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Dr. Luis Paulino Vargas Solís

Ni el sector público de Costa Rica es grande ni la carga de impuestos es elevada. Esos son mitos que es preciso superar. Lo que sí es cierto es que nuestro sistema tributario es muy regresivo e injusto y eso impone límites que afectan negativamente la sostenibilidad del Estado social y de los sistemas de seguridad social de Costa Rica.

Por eso se hace urgente entrar a debatir sobre una reforma realmente progresiva, lo cual es, también, un requisito necesario para combatir la abismal desigualdad que hoy divide a la sociedad costarricense.

Este trabajo, que fue discutido en dos talleres y revisado por varios economistas, aporta una propuesta, seriamente fundamentada, para una posible reforma tributaria progresiva y de amplio alcance. Desde ese punto de vista, es un pequeño esfuerzo procurando contribuir a ese debate nacional tan necesario.

Puede descargar el documento desde este enlace, o bien, hacer clic en la opción siguiente:

Hacia una reforma tributaria progresiva_contexto, criterios guía y contenidosfundamentales_Un paso necesario hacia unaCosta Rica posneolibe – copiaDescarga

Una agenda fiscal para la próxima administración

Escrito en . Publicado en Análisis.

Fernando Rodríguez Garro
Observatorio Económico y Social, Universidad Nacional

Fernando Rodríguez Garro.

Puede sonar prematuro, dado que estamos a varios meses de finalizar el año 2025, empezar a hablar de la agenda fiscal de la siguiente administración, pero es probable que dado el tiempo que queda, el hecho de que la Asamblea Legislativa está metida en una discusión compleja del proyecto de ley de jornadas extraordinarias, que está pendiente en el camino la tramitación del presupuesto ordinario del año 2026 y que las elecciones son en poco más de 6 meses, que el espacio para poder avanzar más en temas de política fiscal se le acabó al presente gobierno o es mínimo lo que puede hacerse en el periodo restante. Está pendiente, dentro de los temas de interés de la actual administración, algunas aprobaciones de créditos internacionales, lo que tendrá que encajar dentro de la compleja agenda legislativa del presente, pero no hay espacio para mucho más.

Considerando el contexto, claramente los retos de la política fiscal nacional no van a poder ser abordados en los siguientes meses, por lo que tendrán que retomarse por las siguientes autoridades del país, razón por la cual poner el tema sobre la mesa para promover su discusión en la próxima campaña parece algo necesario. Para entender el nivel del desafío, analizaré los retos en 3 áreas de la política fiscal: gasto público, ingresos tributarios y deuda pública. Es muy importante que los partidos políticos aborden los detalles de las propuestas que van a plantear y no hagan afirmaciones muy generalistas, como “vamos a impulsar un sistema tributario más progresivo” o “vamos a ejercer un estricto control sobre el gasto”, sin mayores detalles de lo que eso implica, mientras que por otro lado hacen un largo listado de acciones de política pública que quieren promover o insisten en que “no son necesarios nuevos impuestos”.

Gasto público: es la variable más impactada por el proceso de ajuste en los últimos años, propiamente desde la entrada en vigencia de la regla fiscal. Para tener una idea del impacto, entre el año 2018 y el 2024, el gasto sin intereses bajó casi tres puntos porcentuales del PIB, pasando de 16,82% del PIB en el 2018 a 14,03% en el 2024, habiendo variado el gasto dirigido a la atención de rubros claves como el de educación, los recursos dirigidos a programas sociales e incluso el gasto de capital.

En materia de gasto algunas facturas se han ido acumulando a lo largo del tiempo, no solo por el gasto recortado, sino por el gasto evitado que se acumula como necesidades sin atender que se hace cada vez mayor. En ese sentido no estamos midiendo el costo de los recursos no gastados, lo que probablemente implique un mayor gasto en el futuro, cuando los problemas se hagan más complejos y requieran de una mayor inversión para su atención. La seguridad es uno de esos temas, en las que no solo el gasto no ha crecido para hacerle frente a una arremetida mayor del crimen organizado, sino que se ha reducido a lo largo de los últimos años. Por ejemplo: el presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública pasó de ser el 0,69% del PIB en el 2019, a ser el 0,62% del PIB en el 2024.

La administración de justicia es otra área pública afectada por las restricciones de gasto, para el año 2019 se le había asignado un presupuesto equivalente al 1,25%, mientras que ese porcentaje disminuyó a un 1,03% del PIB en el 2024. Y, por supuesto, está la situación del presupuesto de educación, que para el año 2019 significaba un 7% del PIB, mientras lo presupuestado para el 2024 fue de 5,27% del PIB, incluso habiendo sufrido una disminución en términos absolutos en ese presupuesto, pues en el año 2019 era de ₡2.648.412 millones, mientras que para el 2024 fue de ₡2.586.221,85 millones. También ha estado sujeto a recortes el gasto destinado al financiamiento de programas sociales y ayudas a cargo del Estado.

Pero el Estado también tendrá que intervenir en algunas actividades a fin de corregir problemas que se están presentando y que afectan a la población. Un ejemplo de ello es la crisis actual del transporte público, que se vio afectado por la caída de demanda como consecuencia de la pandemia del Covid19 y que al día de hoy no se resuelve, sino más bien el problema se profundiza con el abandono de rutas de buses por parte de los concesionarios y permisionarios. Al 2025 la demanda de servicio de transporte en modalidad bus es un 80% de los números prepandémicos, mientras que para julio de este año 103 rutas de buses habían dejado de operar. Esto sin duda va a requerir de la implementación de un subsidio al transporte público para su funcionamiento, que deberá salir del presupuesto nacional.

En resumidas cuentas, la próxima administración, si desea recuperar áreas de servicio público afectadas por el ajuste fiscal centrado en el gasto, deberá subir la asignación de recursos, devolver el nivel de gasto a los niveles preajuste, aunque sea parcialmente, y buscar una asignación más eficiente de los recursos. Claro, eso deberá hacerse con la restricción de la regla fiscal de por medio, con la cual no podrá mejorarse la asignación de gasto en ningún área, incluyendo dentro de eso al gasto en educación, si la regla sigue vigente en las condiciones en la que está hoy.

Ingresos tributarios: Aunque parte de la reforma del año 2018 se centró en hacer ajuste en la legislación del impuesto sobre la renta y en la creación del impuesto al valor agregado, sobre la base del antiguo impuesto general sobre las ventas, el avance en materia de recaudación es pírrico, muy por debajo de las expectativas creadas durante la reforma fiscal. La explicación de eso, que por supuesto requiere un análisis mucho más amplio, subyace en los ajustes realizados a los proyectos presentados en el proceso de discusión legislativa, al efecto de la pandemia del Covid19 y a otras reformas que se hicieron posteriormente, por parte de los diputados, y que han venido a minar la capacidad recaudatoria del gobierno central.

Los ingresos tributarios en el año 2018 fueron de 12,68% del PIB, mientras que el año 2024 fueron de 13,39% del PIB, un aumento de 0,7% del PIB, que está por debajo de los números esperados en el trámite de las reformas aprobadas en el 2018. Revisando la evolución por impuesto, en el 2018 se había recaudado un 4,13% del PIB por concepto de impuesto general sobre las ventas, mientras que para el año 2024 la recaudación del impuesto al valor agregado fue de 4,93% del PIB. En el caso del impuesto sobre la renta, su recaudación fue de 4,72% del PIB en el 2018, mientras que en el 2024 la recaudación del impuesto sobre la renta fue también de 4,93% del PIB. Si entre ambos impuestos aumentó un 1% del PIB, ¿por qué los ingresos tributarios crecieron solo un 0,7% del PIB?

En ese lapso se redujo la recaudación producto del impuesto a los combustibles, que pasó de 1,42% del PIB en el 2018, a un 1,24% del PIB en el 2024, tendencia que seguirá en los próximos años y se redujo la recaudación del impuesto a la propiedad de vehículos, que pasó de 0,46% del PIB en el 2018 a un 0,34% del PIB en el 2024, en este último caso producto de una decisión legislativa. De esta forma, en los últimos años se perdió un 0,27% del PIB en la recaudación de estos dos impuestos, que restó impulso a una reforma tributaria ya en todo caso modesta, que es hoy insuficiente para atender las necesidades de un gobierno central que necesita retomar muchas actividades golpeadas por casi 6 años de ajuste fiscal.

La próxima administración deberá revertir la pérdida de recursos provocada por la decisión legislativa del 2023, que redujo el impuesto a la propiedad de vehículos, deberá empezar a sustituir los ingresos tributarios perdidos en la recaudación del impuesto único a los combustibles, que seguirá viéndose afectado por el proceso de electrificación del transporte, deberá cerrar los portillos que facilitan la evasión del impuesto al valor agregado, propiamente por medio del uso de la plataforma SINPE-Móvil, y tendrá la tarea de completar la reforma pendiente del impuesto sobre la renta. Todo esto para encontrar un financiamiento apropiado para enfrentar la titánica tarea de revertir los recortes de gasto en áreas clave y permitir que las demandas sociales de servicios públicos sean atendidas de forma correcta.

En ese sentido, el país debe retomar, con la seriedad del caso y con la mira en el largo plazo, una agenda de reformas para fortalecer la gestión de la administración tributaria y procurar mayor eficacia en su gestión de cobro. También es tiempo de que nos sinceremos como sociedad y discutamos el aumento de la tasa del impuesto al valor agregado, introduciendo un mecanismo de compensación vía devolución para las personas de menores ingresos. La magnitud de la tarea que el próximo gobierno, y las subsiguientes administraciones, tienen por delante, para retomar el impulso que el Estado debe dar al desarrollo del país, amerita que pongamos estos temas de la política tributaria en la mesa de discusión.

Deuda pública: en este tema seguirá pendiente una cuestión que hemos advertido desde la Universidad Nacional en el pasado y que sigue sin abordarse, que es el del costo de la deuda pública. En los últimos años la tasa implícita de la deuda del gobierno central, dato que se obtiene de dividir los intereses pagados entre el volumen total de deuda, ha venido creciendo. En el 2018 la tasa implícita de la deuda era un 6,53%, mientras que para el año 2024 la tasa implícita de la deuda era de un 8,1%, lo que sucede, además, en un entorno deflacionario, complicando aún más la gestión de la deuda pública, que está pagando intereses reales muy elevados.

Las políticas impulsadas de reforma fiscal adolecen de propuestas más amplias en este tema, que se ha vuelto vital en la medida en que el gasto en intereses ha seguido creciendo. En el año 2018 se pagaron 3,41% del PIB en intereses, mientras que para el año 2024 esa cifra alcanzó el 4,83% del PIB, recursos que sin duda podrían estarse utilizando en la atención de otras necesidades claves, como el gasto en educación. Es muy importante reducir el gasto en intereses, que reduzca el peso del financiamiento de la deuda dentro del gasto público y que permita más espacios de acción a la política pública, sumado a los ingresos adicionales que se generen en el futuro.

Un tema complejo en este apartado será la solución que se le dé al asunto de la deuda con la CCSS, pues el reconocimiento de esta deuda como parte de la deuda del gobierno central, sumaría varios puntos del PIB al nivel de deuda que existe hoy, que se mantiene por debajo del 60% del PIB, y obligaría al reconocimiento del pago de intereses correspondiente, lo que haría crecer también ese rubro de gasto, de ahí la importancia de contar con ingresos frescos por un lado, y de reducir el pago de los intereses por el otro, que abra un espacio para la incorporación de la deuda con la CCSS y su eventual atención en el largo plazo.

Coincidiendo con Nogui, la impostergable reforma tributaria

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Greivin Hernández González*

Lleva razón el ministro de Hacienda cuando afirma que la reforma fiscal de 2018 ya se agotó, y que los ingresos tributarios han empezado a escasear, son insuficientes para satisfacer las obligaciones estatales, y las aspiraciones de la sociedad costarricense. El ministro está en lo cierto además, cuando afirma que la solución pasa por generar ingresos frescos. En un evento auspiciado por la Academia de Centroamérica sugirió dos posibles fuentes: renta global e impuesto mínimo global.

Sobre renta global coincidimos, este esquema cerraría portillos a la elusión tributaria, y traería más equidad al sistema vigente. Sobre el impuesto mínimo global también, no tanto porque haya muchas empresas de origen costarricense generando rentas masivas en el exterior, sino más bien, porque la falta de una tributación de este tipo, facilita la evasión y elusión, pues no permite que las autoridades tributarias indaguen lo suficiente sobre las operaciones que personas o empresas tienen en otros países, y que en muchas ocasiones obedecen a esquemas de evasión tributaria (recordemos los Papeles de Panamá). La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima que los flujos ilícitos del comercio internacional representan el cerca del 15% de la producción nacional de Costa Rica, tal manipulación de precios reduce severamente los ingresos fiscales.

En ambas propuestas del ministro, se trata de impuestos que no recaen sobre las clases empobrecidas ni medias, por cuanto no tienen capacidad de generar ingresos significativos de múltiples fuentes, ni menos aún de llevar a cabo negocios en otros países.

Una reforma fiscal se aproxima, y es imprescindible que desde ya se tenga claro tres objetivos por cumplir: poner a tributar a los que tienen capacidad en su justa medida, cerrar los portillos para la elusión, y elevar el costo de la evasión; en todas el país está en pañales.

Sobre el primero, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ya había advertido la precariedad tributaria del país, el “Estudio Económico de Costa Rica, 2020” caracterizaba el desempeño tributario en rango mediocre. Concluyó que lo que recauda el Estado costarricense en impuestos por concepto de ingresos, beneficios y ganancias de capital de las personas, es seis veces menor de lo que recaudan por el mismo concepto sus pares de la OCDE, y en el caso de los impuestos sobre la propiedad, nuestro Estado recauda 4,4 veces menos.

Abordando esta tarea de manera moderada, equiparándonos al promedio de la OCDE, sumaría más de nueve puntos porcentuales del PIB en materia de recaudación tributaria, suficiente para atender las obligaciones sociales y la creciente deuda pública costarricenses. Aquí no debe caber duda de que, quienes no están contribuyendo según su capacidad, son las clases más favorecidas, la crítica de la OCDE es sobre la escasa tributación de quienes obtienen rentas del capital y de la propiedad, factores productivos de los que las personas en pobreza y los asalariados carecen.

En el caso de los otros objetivos, los esfuerzos para cerrar los portillos a la evasión y elusión, que deben ser continuos y crecientes, en Costa Rica están estancados; dos hechos lo demuestran, el proyecto más prometedor llamado “Hacienda Digital” se encuentra severamente retrasado, y las autoridades no han anunciado nuevas iniciativas. Adicionalmente, las recomendaciones de expertos que han investigado significativos hechos de evasión tributaria (p.e. los “Papeles de Panamá”) no han sido incorporadas en nuestra legislación.

Dado lo anterior, vemos que se mantienen los riesgos señalados por entes auditores como la Contraloría General de la República, quien señala que casi el 60% de los profesionales liberales declara cero impuesto sobre las utilidades, y la CEPAL, quien estima que la evasión corporativa en el impuesto sobre la renta en el país es superior al 65%, de las más altas de la región latinoamericana.

En la práctica tributaria lo que ocurre es que los individuos que se benefician de altas rentas realizan una “planificación fiscal” agresiva, apoyados por despachos especializados en beneficiar a sus clientes afectando a la sociedad como un todo, encontrar los portillos que tienen las leyes, y las oportunidades de nuevas formas de organización de la producción, para minimizar el pago de impuestos. Es por ello por lo que, en los países desarrollados las reformas tributarias son constantes, mientras que en nuestro medio tardan décadas.

Por otra parte, en los últimos años se han llevado a cabo múltiples esfuerzos por sanear las finanzas públicas desde el lado del gasto, con reformas a los sistemas de pensiones, el empleo público, la regla fiscal y eliminación de destinos específicos. Muchas de estas reformas ciertamente abordaron temas necesarios y urgentes, sin embargo, este espacio parece haberse acabado, y es necesario mirar hacia el lado de los ingresos, en particular de aquellos que llevan décadas sin aportar al fisco lo que les corresponde.

Desde la fundación de la Segunda República, Costa Rica se configuró como un Estado Social de Derecho, una sociedad en la que el Estado “procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza” (Constitución Política art. 50), en el que a sus ciudadanos se les garantiza amplios derechos esenciales como el acceso a la salud, la educación, un ambiente sano, trabajo, vivienda digna, entre otros. A pesar de esta norma visionaria, que ha hecho del país una nación singular y envidiable en el contexto latinoamericano, hay quienes no se ven comprometidos con ella, y la dinamitan desde dentro y fuera del Estado.

El no llevar a cabo los esfuerzos suficientes para dotar al Estado costarricense de los recursos necesarios para ofrecer un nivel de vida digno a los ciudadanos, representa una traición a esta visión inscrita en la Constitución Política. Parafraseando a José Mujica, cuando decimos que no hay suficientes fondos públicos “es porque tenemos la cobardía política de no cobrarles, pedirles y meterles la mano en los bolsillos a los que pueden”.

Entonces sí, coincidiendo Hacienda, la impostergable reforma tributaria, la esperanza es que hagamos una con la valentía de cobrar lo justo a quienes se debe.

* Economista, fue Director de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf) y Ex Director Ejecutivo a.i. del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube).

UCR, Voz experta: A propósito de la inclusión de Costa Rica en la lista gris de la Unión Europea

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Derechos.

Dr. Carlos Araya Leandro.

Por el Dr. Carlos Araya Leandro

El actual ministro de Hacienda y su antecesor mantienen actualmente una disputa con respecto a quién le corresponde la responsabilidad ante la decisión tomada por el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea (ECOFIN), de incluir a Costa Rica en la lista de países no cooperantes en materia fiscal. Ambos tienen una cuota de responsabilidad, pero la mayor parte la tienen algunos gobiernos y diputaciones de las últimas décadas, que no han aceptado la recomendación de eliminar el carácter cedular y territorial de los principios que rigen el impuesto sobre la renta en el país.

El carácter cedular se caracteriza por no gravar la riqueza en forma global, sino que la grava por secciones relativas a tipos específicos de ingresos, lo cual permite fraccionar de forma legítima la renta. En consecuencia, el sistema no tiene como eje el principio de capacidad económica de las personas contribuyentes y, por ende, atenta contra una premisa básica de todo sistema tributario, como lo es la equidad en el pago de impuestos.

Así, por ejemplo, si se cobra una tasa baja para los ingresos por concepto de intereses sobre inversiones y una más alta para los salarios – bajo el supuesto de que las personas con rentas más altas son las que tienen una mayor proporción de ingresos generada por intereses – el pago de los impuestos, como proporción de la renta total, podría ser menor para las familias de mayor poder adquisitivo. De esta manera el sistema resulta regresivo.

Por otra parte, el carácter territorial de este impuesto grava de forma exclusiva la riqueza producida dentro del territorio nacional. Es decir, los ingresos generados por ciudadanos costarricenses en otros países (por ejemplo, por consultorías, intereses o dividendos) están exentos.

Uno de los mayores inconvenientes del principio de territorialidad es que impide a la Administración Tributaria gravar las rentas que perciben en forma recurrente ciudadanos y residentes, en particular profesionales liberales y cuerpos directivos de entidades privadas, a quienes eventualmente se les retribuye una parte de su trabajo en Costa Rica y otra en el extranjero. Como alternativa, existe el principio de universalidad, en el que se gravan los ingresos de los ciudadanos residentes independientemente de si fueron generados o no en el país. Este se aplica en la mayoría de países desarrollados.

La decisión de la Unión Europea (UE) de incluir a Costa Rica en la lista de países no cooperantes en materia tributaria -con un evidente desprestigio para el país- se debe a la ausencia, en el sistema tributario costarricense, de una norma que grave las ganancias obtenidas en el exterior, producto de rentas pasivas, por ejemplo, intereses o dividendos.

Ahora bien, este tema no es nuevo, sino que forma parte de una discusión que se ha dado por más de veinte años. Hasta el momento no ha sido posible echar a andar una enmienda compatible con el principio de universalidad, a pesar de que tanto las reformas fiscales promovidas por las administraciones Pacheco de la Espriella y Chinchilla Miranda persiguieron este fin. En ambos casos, las reformas legales aprobadas por mayoría legislativa, fueron declaradas inconstitucionales por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, debido a errores cometidos en el trámite legislativo.

En abril de 2002 una comisión ad hoc de exministros de Hacienda presentó al expresidente Miguel Ángel Rodríguez Echeverría un informe denominado Agenda de transformación fiscal para el desarrollo, en el que recomendó, en materia de impuesto sobre la renta, entre otros, dos elementos esenciales: por  un lado la adopción de un sistema global de impuesto sobre la renta, en sustitución del actual sistema cedular; y por el otro lado, una base universal o mundial aplicada a todos los ingresos con independencia del territorio donde se generen.

En esta misma línea se expresan los autores del libro El sistema tributario costarricense: contribuciones al debate nacional, publicado en 2002 por la Contraloría General de la República, así como Araya Leandro (2010) en el artículo “El sistema tributario costarricense: análisis y contribuciones para su reforma”. Como señalé anteriormente estas recomendaciones técnicas y académicas fueron incorporadas en proyectos de ley sin un resultado positivo.

La exigencia de la UE en materia tributaria representa una extraordinaria oportunidad para el país, pero en particular para el presidente Rodrigo Chaves Robles, de establecer una reforma legal que produzca equidad en el sistema tributario y que permita reducir las posibilidades de evasión y elusión fiscal, definidas por el presidente – en su anterior calidad de ministro de Hacienda  – como un “deporte nacional”. 

Cabe recordar que, en su primera intervención ante la prensa nacional, el entonces ministro Chaves Robles señaló, entre otros aspectos, que “tenemos que aumentar la recaudación de los tributos que ya son ley de la República, pero especialmente de los evasores que tienen recursos para pagar los impuestos y que tienen la obligación, pero no lo hacen” (La República, 26 de noviembre de 2019).

De igual forma, en la nota en que él le comunica al presidente de la República su renuncia al Ministerio de Hacienda, afirmó: “mantengo las banderas que enarbolé cuando asumí el Ministerio, es decir un compromiso genuino con la lucha contra la evasión fiscal, el comercio ilícito, la corrupción y en favor de la responsabilidad fiscal. Sin duda, estas son áreas que tocan intereses y sensibilidades profundas” (El Observador, 28 de mayo de 2020).

Luego, en su condición de candidato presidencial, el señor Chaves Robles cuestionó al entonces presidente Carlos Alvarado Quesada en estos términos: “¿por qué no ha luchado por eliminar destinos específicos, regalos de las parafiscales, las exoneraciones a los grupos poderosos y reducir la evasión fiscal que nos cuesta casi $5 mil millones al año?” (La República, 21 de setiembre de 2021).

Según la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2023), la recaudación por impuestos en Costa Rica es inferior al de la mayoría de países adscritos a esa organización. El promedio de recaudación en estos países alcanza el 33,5 % del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que en Costa Rica llega al 22,9 %, esto en contraste con Dinamarca, cuya recaudación es del 46,5 % del PIB.  

Si bien es cierto el requerimiento que la UE le hace al país es eliminar el principio de territorialidad para rentas pasivas (intereses y dividendos), el momento es propicio para que la administración Chaves Robles promueva ante la Asamblea Legislativa una reforma integral al impuesto sobre la renta que elimine su carácter cedular y territorial. Esto daría paso a una renta global como sucede en la mayoría de los países del mundo y como lo han sugerido – desde hace más de dos décadas – sectores técnicos, políticos, académicos y el mismo órgano legislativo, en particular a propósito del informe sobre los conocidos “Papeles de Panamá”. 

Una reforma en esta línea generaría un mayor nivel de equidad en el sistema tributario, cerraría portillos a la elusión y evasión fiscal, incrementaría la recaudación tributaria, reduciría el déficit fiscal y disminuiría la relación porcentual de la deuda pública respecto del PIB. Además, fortalecería los postulados y compromisos del presidente de la República de dar una lucha frontal contra la evasión y elusión fiscal y nos permitiría salir de la lista de países no cooperantes en materia tributaria de la UE.

 

Carlos Araya Leandro
Profesor catedrático, UCR

Costa Rica: el virus de la desigualdad

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Jaime Ordóñez

¿Por qué la antigua Suiza de Centroamérica se volvió uno de los países más desiguales del mundo?

En su época de oro, en las décadas de 1980 y 1990, Costa Rica estaba rankeado como el país 37 del mundo en justicia y equidad, y como el mejor de América Latina, junto con Uruguay, al lanzarse la medición mundial del PNUD, el Índice de Desarrollo Humano, en 1991.

Hoy se encuentra en la lista de los 10 países más desiguales del planeta (World Bank Report, Taking on Inequality, 2018), compartiendo esta lamentable lista de la inequidad con Sudáfrica, Haití, Honduras, Panamá, Ruanda, Brasil, México, Colombia, Chile. El problema no empezó con la COVID-19, desde luego. Venía de mucho atrás, y la pandemia solo lo agudizó.

¿Adónde se perdió Costa Rica? ¿Por qué la nación que se ufanaba en llamarse a sí misma la Suiza centroamericana «El país más feliz del mundo» llegó a esta lamentable situación? Las siguientes notas buscan explicar la gravedad del problema, las causas (que son varias) y explorar si hay soluciones para corregir esto.

Uno de cada tres costarricenses es pobre en 2021

Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) para junio de 2020, cuando la COVID-19 apenas empezaba, indicaban que ya la pobreza se había disparado y no era culpa de la pandemia. Del histórico 22% de línea de pobreza que el país tuvo en las últimas décadas, en junio de 2020 ya habíamos llegado a un 30.5%. Para junio de 2020 se habían añadido 321,000 personas, para un total de 1,529,255 personas pobres. Para el cierre del presente año 2021, se proyecta un total 1,850,000 de personas pobres, sumada la pobreza extrema y general.

Al escribir estas líneas, uno de cada tres costarricenses es pobre y la situación se sigue agudizando. Ese 33% de pobreza con el cual llegaremos a fines de 2021 tiene, además, un componente explosivo, que nos recuerda mucho de lo que sucedió recientemente en Chile y Colombia (dos países que comparten la nefasta lista de inequidad del Banco Mundial) y es que la pobreza se acelera mucho más en las zonas urbanas que las rurales.

El aumento de la pobreza fue de + 6.5% en zonas urbanas, vs. 2.8% en zonas rurales, lo cual se explica por el destrozo sistemático de la pequeña empresa y el cierre de pequeños negocios. Las zonas rurales tienen pequeños «colchones de bienestar», pequeños fundos, economía rural, etc., de lo cual carecen las zonas urbanas, dependientes de pequeños negocios, alquileres y economía comercial que ha sido destrozada, además de la covid, por errores de política económica, como se indica abajo.

Pero el problema no termina allí. El crecimiento de la pobreza es grave (como ha sido estudiado en teoría del desarrollo), pero es más grave aun cuando crece también la desigualdad. Y Costa Rica es el ejemplo de lo que no se debe hacer por parte de sus políticos y gobernantes: entregarse a los grupos de presión y poder económico y empobrecer a las clases medias y bajas en el proceso.

La desigualdad: de los más justos a uno de más inequitativos del planeta

Para 1986, Costa Rica era uno de los países más equitativos y justos del hemisferio. Poseía un índice de GINI de 0.34 (el mejor de América junto con Uruguay), no muy lejos de Noruega, que posee un histórico 0.23. Pero el país se destrozó en cosa de pocas décadas. Para diciembre de 2020, el GINI llegó a un 0.52 (con un subregistro de 3 o 4 puntos, por subregistro del quintil superior), lo cual lo ranquea hoy dentro de los 10 países más desiguales del planeta.

La desigualdad empezó a crecer a partir del año 2007 y 2008 (ver los indicadores del Banco Mundial y de nuestro propio INEC) y vino en franco deterioro desde entonces. El problema se agudizó entre 2016 y 2018, y tuvo como disparador la Reforma Fiscal de diciembre de 2018, la cual fue absolutamente regresiva: afectó clases medias y bajas, y sobre todo pequeños y medianos empresarios.

Los factores que agudizaron la desigualdad en Costa Rica son varios, pero se pueden sintetizar así: es un país cuyo mercado económico reparte mal, muy mal, pero que, asombrosamente, su sistema tributario, en lugar de corregir, ayuda a agravar esa desigualdad. Los distintos indicadores de la OCDE, del BID y Banco Mundial parecen coincidir en algo absurdo y paradójico: que en los últimos lustros la sociedad se vuelve más desigual en + 1.5 o + 2, después del pago de impuestos. Esto es absurdo. El sistema tributario debe servir para ayudar a quienes menos tienen, y no al contrario: para hacer más ricos a los que reciben más ingresos.

Una reforma fiscal que se ensañó contra las clases medias y bajas

¿Por qué fue tan regresiva la Reforma Fiscal del 2018? Básicamente, porque se ensañó contra clases medias y clases bajas, incluidas PYMES, lo cual hizo cerrar a decenas de miles de empresas. Veamos brevemente las medidas que incluyó:

Se subió un 5% a cada tramo del impuesto de renta. Los tramos quedaron en 20%, 25% y 30% y ello afectó a todas las personas y empresas que sí pagan impuestos en el país.

Se introdujeron reformas al IVA, ampliando la gama de bienes y servicios, que no afectaron a grupos exonerados, y sí a la mayoría de la población que vio encarecida su vida.

Se introdujeron los impuestos de ganancias de capital del 2.5% al 15%, los cuales tampoco afectaron a grupos exonerados, pues se imputan en las exoneraciones de renta, lo cual ha sido aceptado por el Ministerio de Hacienda.

Se subieron los impuestos municipales y las cargas parafiscales.

Se debilitó el rango de la canasta básica.

Y algo fundamental. Se introdujo el impuesto a alquileres, lo cual hizo que se desalojaran miles de locales (vía IVA para el arrendante y renta para el arrendador).

Simultáneamente, para «grupos exentos» (sectores de zonas francas y otros grupos exentos del pago de impuesto de renta) esta Reforma Fiscal de diciembre de 2018 los dejó intocados, otorgándoles aún más beneficios.

No se tocaron regímenes de exención del impuesto de renta en zonas francas y otros regímenes exonerados.

Se reformó ley del IVA y se exoneró adicionalmente del Impuesto de Valor Agregado a las empresas de zonas francas en todas sus compras internas, generando una distorsión adicional.

Y lo más bochornoso: no solo se preservaron todos estos beneficios, sino, adicionalmente, la Asamblea Legislativa exoneró del pago del impuesto de bienes inmuebles (impuesto territorial) a todo el régimen de zonas francas, generando, además, un grave deterioro en la recaudación municipal.

Es decir, mientras hay una Costa Rica que sí paga impuestos (pequeños y medianos negocios nacionales, asalariados del sector público y privado, personas que tiene su base imponible en una planilla de pago, etc.), existe otra Costa Rica que no paga impuestos sistemáticamente desde hace más de dos décadas. Y la Reforma Fiscal del 2018 no solo los dejó intocados, sino que, además, los exoneró tanto del pago de renta como también de otros tributos como el IVA y el impuesto de bienes inmuebles.

¿Y cómo está exactamente distribuida la riqueza en Costa Rica?

Para junio de 2020, de acuerdo con el mismo INEC, el 20% más rico de la población recibía un 51.9% del ingreso, versus apenas 4.49% del 20% más pobre de las personas. El segundo quintil recibía un 8.56% del segundo y el tercero un 13.49%. Es decir, más de 3,300,000 personas reciben apenas el 20% del ingreso de una población.

Sin embargo, la situación es mucho peor. Según la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL) y OXFAM, de Londres, en todo América Latina existe un grosero subregistro en el 5% superior del quintil superior de ingresos, es decir el 20% más rico de la sociedad. Dicho en palabras simples, el 20% más rico esconde gran parte de sus ingresos.

En el caso de Costa Rica, el análisis cruzado con CEPAL y OXFAM nos lleva a plantear este escenario para el cierre de 2020, según el cual el subregistro en el quintil superior es de tal magnitud, que la distribución de ingreso real del país sería la siguiente:

Quintil superior (20% más rico), recibe entre el 75% y el 80% del ingreso.
Cuarto quintil: 12% del ingreso.
Tercer quintil: 7.1%.
Segundo quintil: 5.1% del ingreso.
Primer quintil (20% más pobre): recibe apenas el 3% de la riqueza.

Esa proyección es absolutamente coincidente con la evolución de la desigualdad en América Latina. Para el año 2015, el 10% más rico de América Latina y el Caribe poseía el 71% de la riqueza y tributaba solo el 5.4% de su renta (CEPAL, Informe 2015). De acuerdo con Oxfam, Londres (Informe 2020), para fines del año pasado 2020 el 10% más rico de América Latina y el Caribe posee el 80.2% de la riqueza y tributa solo el 5% de su renta. Todos los números empatan, pues Costa Rica es hoy no solo uno de los países más desiguales de América Latina, sino el octavo en desigualdad en todo el planeta, según el Banco Mundial.

El costo de la evasión fiscal y las exoneraciones

¿Y cuáles son las causas del agravamiento de la distribución en Costa Rica? Se puede sintetizar de la siguiente manera. El mercado distribuye mal, desde luego, pero la mano del Estado (el sistema tributario) agudiza la desigualdad. En la última década y media se agravaron dos tendencias en América Latina, pero con más fuerza en Costa Rica en virtud de la evasión fiscal y el régimen de exoneraciones.

Evasión fiscal: representa 3,200 millones de dólares anuales (5.2% del PIB, según datos del propio Ministerio de Hacienda, año 2020).

Exoneraciones: representan un 5.7% del PIB, según datos del propio Ministerio de Hacienda, Informe 4 de diciembre, año 2017).

Ese 11% del PIB combinado de no pago de impuestos, por evasión o por exoneraciones, se concentra básicamente en el 5% del quintil superior (lo cual lleva al GINI general de una concentración del 52% en el quintil superior a casi un 75%-80%). Corresponde con el análisis de CEPAL y Oxfam en el índice general de desigual distribución de la riqueza para América Latina.

El resultado es un escenario de grandes ganadores y grandes perdedores. Son las dos caras de la moneda. Por un lado, está una Costa Rica que no goza de exoneraciones y no evade fiscalmente; una Costa Rica a la que las altas cargas tributarias, el alto costo de los precios del país y la pandemia, para rematar, ha puesto en una situación grave. Los números de las PYMES (pequeñas y medianas empresas) de Costa Rica son los siguientes:

Un proceso acelerado de quiebra y cierre entre 3 y 5 pequeñas empresas por día en los últimos 18 meses.

Una carga tributaria compuesta de entre el 45% y el 55%, incluyendo renta, IVA, contribución CCSS, otras cargas parafiscales nacionales.

Casi 500,000 personas más pobres en 24 meses (quizá 1.8 millones para fin del 2021).

Las PYMES representan a más de 1,500, 000 personas; es decir, más del 80% de los trabajadores del país.

¿Y cuál es la otra cara de la moneda?

Las empresas privilegiadas con zonas francas y regímenes de excepción crecieron un 10% ininterrumpidamente durante los últimos 5 años.

Representa una PEA de 120,000 personas, menos del 10% de la totalidad del país.

Hay aproximadamente 380 empresas, de las cuales el porcentaje mayor no son empresas de pie suelto (no son transnacionales) y muchas de ellas son empresas de capital nacional disfrazado.

¿El cambio vendrá de fuera?

¿Cómo cambiar esta grave situación de un país que reparte mal su riqueza y que —pasmosamente— tiene un sistema tributario que, más bien, agudiza aún más la desigualdad en el ingreso? Curiosamente, parece ser que el cambio vendrá de fuera, del exterior.

El pasado 5 de junio de 2021 los países del G-7 (Japón, Alemania, Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia y Canadá) anunciaron la imposición de una tasa global del 15% para todas las empresas y corporaciones del planeta, buscando eliminar todos los regímenes de exenciones y paraísos fiscales del mundo. Lo que busca esa reforma, desde luego, es acercar ingresos a las administraciones tributarias de los grandes países industrializados. Pero, de paso, ayudará a la equidad interna de los propios países de América Latina, Asia y otros lugares, donde se tienen tales regímenes de exención y de paraísos fiscales que generan inequidades nocivas, como acaba de demostrarse en Colombia y Chile.

Costa Rica debería dar un paso adelante y no esperar que, del exterior, se imponga la reforma en forma draconiana. Se trata de preservar regímenes o zonas de atracción de inversiones, pero con otros incentivos y requiriendoles solidaridad tributaria, optando por el modelo de Irlanda que, en determinando momento adoptó el single digit: un 9% para las zonas francas por un período de 5 años, después llevándolos al 15% y dejándolos allí, tal y como propone ahora el G-7.

Es urgente hacerlo. Que los que hoy no pagan, paguen impuestos y quizá bajen la recaudación para las clases medias y bajas, las que hoy soportan sobre sus hombros mucho del esfuerzo tributario del país. Otras reformas serán necesarias sobre empleo, reforma del Estado y diferentes áreas, y a eso dedicaré el próximo artículo.

 

Fuente: Pressenza International Press Agency

Canción solidaria con el pueblo colombiano

Escrito en . Publicado en Derechos.

La canción COLOMBIA, escrita y compuesta por el cantor costarricense Wilson Arroyo salió a la luz la semana del 17 de junio de 2021 en plataformas digitales. Es un canto de apoyo a las reivindicaciones de justicia social del pueblo colombiano que ya suma un mes de protestas en contra de una reforma tributaria promovida por el gobierno del presidente Iván Duque.

Las desigualdades históricas de esta nación, agudizadas por la crisis global del covid-19 han hecho estallar el clamor de las juventudes, que aún frente a la agresión policial se mantienen en pie.

La canción fue grabada por el cantautor, con apoyo de Barux Tellez en el clarinete, Jonathan Araya en el bajo, Jeannette Oconitrillo en los coros y Gabriel Arroyo en la percusión. Habla de la larga espera del pueblo colombiano y la esperanza de que la resistencia actual llegue a un buen puerto.

En el intermedio cuenta con un fragmento del discurso del escritor colombiano Gabriel García Márquez, cuando recibió el premio Nobel de Literatura. Con la frase «Nuestra respuesta es la vida» abre paso a la esperanza de los pueblos latinoamericanos, en un momento de reconfiguración social de la región.

La canción se puede escuchar por medio de los siguientes enlaces:
Spotify: https://open.spotify.com/track/77Y0Wsz8LtzcvjlQJ0r77M
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=DmfBz22CCfk
Bandcamp: https://wilsonarroyoco.bandcamp.com/track/colombia

 

Compartido con SURCOS por Wilson Arroyo.

Comunicado público: En defensa de la vida del pueblo colombiano y contra la masacre y represión de la protesta social

Escrito en . Publicado en Derechos.

SURCOS comparte el siguiente comunicado:

Las organizaciones, movimientos, entidades, pueblos y comunidades que nos articulamos en el Foro Social Panamazónico, FOSPA, ante los hechos de masacre y represión violenta de la protesta social en Colombia expresamos lo siguiente:

Rechazo y condena a la brutalidad y el uso desproporcionado de la fuerza pública por parte del gobierno de Iván Duque contra diferentes actores sociales, populares y políticos del país, que en el ejercicio de su derecho a la protesta expresan en las calles su inconformidad a la reforma tributaria, ya retirada temporalmente por el gobierno, cuyos alcances están destinados a agravar la difícil condición de vida por la que atraviesa el pueblo colombiano en un contexto de pandemia.

La manifestación popular que se deja sentir en todos los rincones del país, muestra también su desacuerdo contra la profundización de un modelo neoliberal que ha elevado el nivel de pobreza y desempleo, ha desfinanciado la educación pública, y pretende otras reformas en la salud, lo laboral y lo pensional. La protesta expresa también la indignación nacional frente al asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales, el incumplimiento de los acuerdos de paz firmados en la Habana, la reactivación de la aspersión aérea del glifosato, entre otras problemáticas acumuladas y agrandadas durante esta pandemia.

El rechazo a estas políticas que favorecen a los grupos de poder nacional y las grandes corporaciones transnacionales con presencia en el país, ha dejado como resultado hasta este 5 de mayo, 31 personas fallecidas, 381 heridas, 87 desaparecidas y 15 víctimas de violencias basadas en género. Los datos proporcionados por la organización Defender la Libertad refieren, además, la detención arbitraria de 1180 personas y 8 allanamientos que fueron declarados ilegales. Todos estos casos se les atribuye como principales responsables a la Policía Nacional y en particular el ESMAD. No contento con ello, el gobierno de Duque emplea ahora al Ejército en franca continuidad de su política represora.

Ante esta situación, el Foro Social Panamazónico, FOSPA, consciente que el ejercicio de la protesta social es un derecho garantizado en la normativa nacional e internacional, hace suya las demandas del pueblo colombiano y se solidariza con las víctimas y el dolor de sus familias cuya lucha no tiene otra motivación subalterna que la de aspirar a una vida digna y justa.

EL FOSPA demanda, a la vez, al gobierno del presidente Iván Duque el retiro inmediato de la fuerza policial-militar y le insta a asumir una actitud de escucha de los justos reclamos del pueblo colombiano.

Hacemos también un llamado a los poderes e instituciones del Estado a actuar en derecho y sin fomento de la impunidad. Los graves hechos que han devenido en asesinatos y demás abusos deben ser investigados con celeridad, exhaustividad e independencia. Los responsables deben ser sancionados.

Finalmente, el FOSPA hace un llamado a la comunidad internacional a mantenernos vigilantes y actuar en salvaguarda de la libertad, la integridad física, moral y sexual de nuestros hermanos colombianos y colombianas que reclaman su derecho a vivir en paz y dignidad.

Amazonía, 05 de mayo 2021

Comité Internacional Foro Social Panamazónico – FOSPA-

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Enviado a SURCOS por Carlos Tamez.