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Etiqueta: Región Caribe

Estudio estima un uso intensivo de plaguicidas en los cultivos de Costa Rica (21,9 kg/ha) y no encuentra una mejora consistente en su peligrosidad entre 2010 y 2024

La investigación de la Universidad de Zúrich y la Universidad de California, Davis, integra 15 años de datos de comercio, registro y área sembrada para estimar el uso y la peligrosidad de 275 ingredientes activos por cultivo y provincia.

SURCOS comparte el siguiente comunicado del Bloque Verde:

Un estudio publicado en Environment International, una de las revistas científicas de mayor impacto en ciencias ambientales, analiza, a partir de datos oficiales y públicos del Estado costarricense, el uso de plaguicidas y su peligrosidad entre 2010 y 2024. Los resultados muestran que el uso en cultivos es casi el doble del promedio oficial, que incluye los pastos, y que es más intenso en el cultivo de banano y en la región Caribe. La peligrosidad no muestra una mejora consistente, ya que los indicadores más preocupantes para la salud se mantienen altos y los relacionados con los organismos acuáticos empeoran.

Una herramienta nueva construida con datos públicos

El equipo creó la Base de Datos Integrada de Plaguicidas de Costa Rica (CRIPD por sus siglas en inglés). Combina más de 71.000 registros de importación y exportación del Servicio Fitosanitario del Estado (2010–2024) con el registro nacional de plaguicidas, el área sembrada y 26 indicadores de peligrosidad de 275 ingredientes activos. El estudio fue posible gracias al sistema de datos públicos del Servicio Fitosanitario del Estado, construido a lo largo de décadas con el impulso de instituciones científicas y de la sociedad civil. Ese sistema convierte a Costa Rica en un referente, ya que el mismo método puede aplicarse en otros países que no sintetizan sus propios ingredientes activos, como muchos países de ingresos bajos y medios, siempre que publiquen datos similares.

«Los datos necesitaban depuración: al cruzarlos con las bases de Hacienda corregimos más de 30.000 errores, como cantidades mal digitadas o entradas duplicadas. Sin esa depuración, cualquier análisis de uso habría arrastrado esos errores», explica Santiago Álvarez-Fernández, investigador independiente y coautor del estudio.

Áreas y cultivos

Cuando se considera toda el área agropecuaria, incluidos los pastos, el estudio obtiene un promedio de 11,07 kg/ha, una cifra muy cercana a la reportada por el MAG (11,04 kg/ha). Sin embargo, los pastos ocupan cerca de la mitad de esa superficie y reciben en promedio apenas 1 kg/ha. Por eso, cuando se analizan solo las tierras de cultivo, el uso asciende a 21,9 kg/ha, una cifra que se sitúa entre las dos estimaciones que han dominado el debate nacional: la del Ministerio de Agricultura y la del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (34 kg/ha). Entre los cultivos, el banano presenta la mayor intensidad de uso, que pasó de 61 kg/ha en 2012 a 104 kg/ha en 2024. En términos geográficos, Limón es la provincia con el uso más alto: 57,5 kg/ha cuando se excluyen los pastos.

La mitad de la carga total de plaguicidas corresponde a cuatro ingredientes activos: el fungicida mancozeb, el herbicida glifosato, el insecticida diazinón y el nematicida etoprofos. El diazinón figura desde 2025 en la lista oficial de moléculas que ya no pueden registrarse por homologación, porque no pueden usarse en al menos el 70% de los países de la OCDE. Aun así, a octubre de 2026 mantiene 14 registros vigentes en el país. Además, el estudio muestra que el uso promedio nacional aumentó entre 2010 y 2024, a diferencia de la tendencia a la baja que muestran los datos de la FAO.

La peligrosidad no muestra una mejora consistente

Los 32 ingredientes activos que suman el 90% del uso presentan peligrosidad alta en al menos una categoría. Entre 2010 y 2024, aunque algunos indicadores mejoraron, siete indicadores de peligrosidad se agravaron, sobre todo los acuáticos, y siete no cambiaron. Las peligrosidades más preocupantes para la salud, que son el potencial cancerígeno, la disrupción endocrina y la toxicidad por contacto con la piel, comenzaron altas y se mantienen altas. Como indica el estudio, estos resultados no respaldan el argumento, frecuente en el debate público, de que la agricultura «moderna» conlleva una mejora al sustituir moléculas peligrosas por otras menos peligrosas. Además, el reglamento de registro vigente desde 2023, presentado como una vía para introducir esas moléculas, ha servido sobre todo para volver a registrar moléculas antiguas. Según datos del SFE, más de tres cuartas partes de los 58 ingredientes activos registrados con este reglamento hasta septiembre de 2026 ya contaban con registro previo en el país, entre ellos el mancozeb, el glifosato y el 2,4-D.

«Los ingredientes activos más usados en Costa Rica, como el mancozeb, el glifosato o el diazinón, llevan décadas en el mercado. Esto refleja una tendencia global que hemos analizado en estudios previos: se desarrollan cada vez menos ingredientes activos nuevos y crece el mercado de plaguicidas fuera de patente, o genéricos, que prolongan la vida de moléculas antiguas, muchas registradas hace décadas sin los estándares actuales de evaluación del riesgo», señala Soledad Castro-Vargas, investigadora de la Universidad de Zúrich y autora principal del estudio.

Lo que falta por saber

Para varios indicadores de salud y ecotoxicología, falta información sobre hasta el 31% de la carga utilizada, y para algunos grupos, como los invertebrados acuáticos tropicales, no hay datos suficientes para incluirlos. Muchos parámetros de evaluación se basan en climas templados. La ingesta diaria admisible, por ejemplo, supone un consumo de agua inferior al recomendado en el trópico. Las evaluaciones tampoco consideran mezclas, aunque estudios de laboratorio sugieren que algunas combinaciones, como la de mancozeb y glifosato, pueden tener efectos mayores que los de cada sustancia por separado.

Más allá de Costa Rica: metas globales de reducción de plaguicidas

Los resultados coinciden con un estudio global publicado este año en Science, que también encontró que la toxicidad de los plaguicidas aplicados en Costa Rica va en aumento. El tema llega en un momento clave. Del 19 al 30 de octubre, la COP17 del Convenio sobre la Diversidad Biológica revisa la meta mundial de reducir a la mitad el riesgo de los plaguicidas para 2030.

«Es probable que muchos países de agricultura tropical vivan una situación parecida, pero no podemos saberlo porque no publican datos como los de Costa Rica. Contar con esa información es el primer paso para reducir la peligrosidad de los plaguicidas, y Costa Rica demuestra que es posible tener un buen manejo de los datos públicos», afirma Ryan Galt, profesor de la Universidad de California, Davis, y coautor del estudio.

Implicaciones

Los autores proponen reportar por separado el uso de plaguicidas en cultivos y en pastos, para que las distintas partes del debate nacional discutan sobre la misma base, así como avanzar hacia un registro público de aplicaciones por cultivo y región, como el que existe en California. Los resultados también señalan prioridades para la investigación y la importancia de realizar estudios de monitoreo ambiental y de exposición, especialmente en la región Caribe y en torno a las plantaciones de banano y piña, así como de los ingredientes activos de uso elevado, como el mancozeb y el diazinón, y de sus efectos sobre los organismos acuáticos.

Artículo completo, en acceso abierto: https://doi.org/10.1016/j.envint.2026.110468

¿Vamos a aprovechar esta oportunidad — o a repetir los errores del pasado?

Por Bernardo Archer Moore
Cahuita, 26 de junio de 2025

El éxito o el fracaso de una nación, un pueblo o una familia depende, muchas veces, de la capacidad de sus líderes para reconocer los legados heredados — y actuar con decisión cuando se presentan esas escasas y valiosas ventanas de oportunidad.

Pero cuando el síndrome de “Hombre o Mujer GRANDE “ nos conduce a darlo por sentado, y así olvidar los sacrificios y luchas de quienes nos antecedieron; las oportunidades pierden su sentido y dejamos la puerta abierta: Al abuso, la injusticia e irrespeto de la dignidad de nuestros pueblos.

Y, finalmente cuando llega la cosecha de nuestra negligencia individual y colectiva, caemos en la misma trampa de siempre: Buscar culpables en todas partes (extranjeros, oligarcas nacionales, empresarios o políticos locales corruptos) en todos, menos en nosotros mismos.

A propósito de todo esto: ¿Qué lugar ocupamos los Afro descendientes en C.R.?

“Primeros en la fila del castigo, y últimos cuando reparten el dinero. Un país donde el apellido pesa más que el oro, y el color dicta la medida del respeto”.

“Un país donde el linaje abre puertas que el mérito ni siquiera toca”.

“Quien no entienda esta verdad amarga, no es libre ni rebelde: Solo se miente a sí mismo, con la venda bien atada al alma.”

Hoy, la región Caribe de Costa Rica —incluido mi propio pueblo, Cahuita, Talamanca— atraviesa uno de esos momentos escasos y reales de oportunidad: La posibilidad de recuperar el derecho legítimo a la propiedad privada en zonas costeras, tanto de lo que se encuentra en la superficie de la tierra como en el subsuelo; incluyendo los restos de nuestros antepasados, enterrados con confianza y luego confiscados y profanados por el irrespeto e indiferencia del estado – (nuestro primer cementerio ancestral en Punta CAHUITA).

Si no reaccionamos ahora, esta oportunidad desaparecerá — como tantas otras que dejamos perder en el pasado: El control sobre los ferrocarriles y Puertos Caribeños, dónde los ingresos de ambas actividades económicas, por ley, estaban destinados para el desarrollo socio-económico de la región; los cuales alimentaban nuestras economías locales, y las instituciones que construimos pero no defendimos.

Y ahora que la puerta de la migración hacia Estados Unidos está cerrada (excepto para unos pocos acusados de supuesto narcotráfico internacional), y que la capital de nuestra propia nación se ha vuelto hostil — plagada de crimen, desempleo y la continuidad de un racismo histórico hacia los afrocaribeños — ¿qué nos queda como comunidades sino levantarnos y defender lo que legítimamente nos pertenece?

Mi pregunta es simple y directa:

¿Vas a quedarte de brazos cruzados viendo cómo se esfuma esta oportunidad, como tantas otras?

¿O estás listo para levantarte — como pueblo, como comunidad — y reclamar lo que por derecho nos corresponde?

Como comunidad, tenemos la responsabilidad moral de defender las tierras que aún poseemos, sino también la legitimidad de lo que nuestros antepasados vendieron para poner alimento sobre nuestras mesas, guiados por el profundo principio cultural de “no morder la mano que nos dio de comer«, cuando el Estado nos abandonó por completo.

El ascenso y la caída de la región Caribe de Costa Rica

Por Bernardo Archer Moore
Cahuita

Durante la primera mitad del siglo pasado (1900 – 1950), sin ningún apoyo gubernamental, los habitantes del Caribe, principalmente de ascendencia africana, lograron ascender de la pobreza extrema a la riqueza; esto como resultado del trabajo duro, la disciplina, la unidad y una firme determinación de triunfar siendo autosuficientes en todo el sentido de la palabra.

Alcanzar tales niveles de éxito en un país extranjero no fue una tarea fácil, que podría describirse como pasar literalmente de harapos a la riqueza u solvencia financiera.

Es de resaltar, que durante un período político tumultuoso (1916 – 1924) que abarcó desde la dictadura de Tinoco hasta la transición al mandato del presidente Acosta García (1920 – 1924) se logró llevar a cabo la reubicación forzada del pueblo de Cahuita Point a Cahuita Bluff y la implementación de la Ley 35 de 1915.

Por cierto, las familias León, Harriet, Maduro Lindo, Tabash, Palmer, Plummer, Escocia, Castillo, De la Peña y Berrocal fueron algunas de las primeras diez familias en formalizar sus escrituras en el nuevo poblado de Cahuita Bluff.

Esto último, por sí solo, puso esas tierras fuera del alcance del patrimonio del Estado (ZMT), hoy día bajo administración municipal – indistintamente de quiénes sean sus actuales ocupantes. (Artículos 6 y 8 de la Ley 6043 de 1977). Cualquier discrepancia que existiera entre el dueño registral y poseedor actual, es arena de otro costal.

Aunado a lo anterior, es importante tener presente que la participación de los obreros afrodescendientes en huelgas bananeras de la década de 1920 marcó un hito en la historia de la República, al lograr reducir la jornada laboral a 8 horas. Igualmente fue fundamental para el éxito de la gran huelga bananera de 1934, liderada por «Calufa Fallas» con respaldo del Partido Comunista, lo cual marcó un punto de inflexión.

Por su parte, La United Fruit Company no demoró en mostrar su enfado, al obtener un contrato con el Estado para establecer nuevas plantaciones en el litoral Pacífico, cerrando las del Caribe y con acuerdo entre partes de “no emplear negros del atlantico en las nuevas fincas del pacifico, lo que generó una emigración masiva de la población afrodescendiente a Panamá en busca de trabajo.

Esa draconiana legislación contractual se dio lugar bajo la Tercera Administración Presidencial del Abogado Ricardo Jiménez Oreamuno (1910 – 1914; 1924 – 1928; 1932 – 1936).

La misma familia Jiménez que formó parte del Consorcio Empresarial que había solicitado la frustrada concesión de toda la Franja Costera del Caribe Sur en 1908 (3,000 ha. desde la desembocadura del río Estrella hasta la desembocadura del río Sixaola).

Paralelo a estos acontecimientos, el gobierno de la República aprobó la Ley número 166 de 1935 para establecer un poblado (ciudad) en la playa de Old Harbour, supuestamente, para la población negra desempleada en razón de la prohibición de trabajar en las nuevas plantaciones de banano en el Pacífico; lo cual perturbó la economía de las comunidades negras, provocando la susodicha migración masiva.

A lo largo de las cuatro décadas comprendidas entre 1974 y 2014, enfrentamos una serie de adversidades significativas, entre las cuales destacan las siguientes:

En la década de 1970, la llegada del hongo monilia devastó las plantaciones de cacao.

Además, se llevó a cabo la reubicación de las Aduanas Centrales de Limón a San José, lo que se consideró como una «reubicación de funciones» que perjudicó tanto a esta dependencia como a la fuente de empleo local.

Posteriormente, se procedió con la reestructuración y traslado de las oficinas principales de RECOPE de Limón a San José. También se cerró por completo la administración y operación ferroviaria.

Para empeorar las cosas, en 2012 se firmó el Contrato de Concesión de APM, lo que resultó en el cierre parcial de Japdeva, afectando aún más la economía de la región.

Además, se implementaron leyes que favorecen la actividad precaria y la apropiación gubernamental de tierras (ITCO/IDA/INDER), así como la Ley sobre Zona Marítima Terrestre 6043 de 1977. Más recientemente, se publicó el Manual del ICT para la Elaboración de Planes Reguladores Costeros de 2013, en complemento a la Ley número 9242 de 2014 que obliga a las municipalidades a elaborar y poner en vigencia un Plan Regulador Costero.

Estas acciones han dejado a nuestras comunidades costeras en una situación precaria una vez más, sin tierras agrícolas y costeras, completamente devastadas.

Ignorar estas sombrías realidades históricas al formular políticas de desarrollo para las comunidades tribales de la región del Caribe sería exponer a las generaciones futuras a sufrir injusticias similares a las de sus antepasados.

UCR: IYOKE permite la apropiación de conceptos y acciones en materia ambiental

  • Juego de mesa creado por la UCR para estudiantes se presentó en la Región Caribe

El pasado 26 de junio en el Recinto de Guápiles de la Universidad de Costa Rica, se presentó e hizo la entrega oficial del juego de mesa Iyoke. Este juego fue creado como un recurso gamificado, es decir con modelos, dinámicas, mecánicas y elementos propios de los juegos, con el propósito de transmitir un mensaje o unos contenidos o de cambiar un comportamiento, a través de una experiencia lúdica que propicie la motivación, para la enseñanza en temas de educación ambiental en niños y jóvenes estudiantes de la región Huetar Caribe.

IYOKE está diseñado para repensar las actividades cotidianas del día a día, con lo que se pretende generar en estas poblaciones consciencia sobre la importancia que tiene lograr un equilibrio en la convivenciaentre la naturaleza y los seres humanos.

El juego IYOKE fue creado por la Dra. Vanessa Fonseca González, catedrática de la Escuela Ciencias de Comunicación Colectiva de la UCR, quien hace unos años finalizó un proyecto de investigación sobre educación ambiental, cuya última etapa buscaba originar un producto perdurable como lo es un juego de mesa, el cual no necesita actores en vivo, recursos tecnológicos o inclusive electricidad para poder ser utilizado.

Es allí donde nace IYOKE, un juego de mesa con nombre proveniente de la unión de palabras de origen Bribrí cuya traducción más próxima sería Tierra limpia. El juego propicia la recuperación de la figura delDueño del Monte, un personaje que cuida el bosque y debe otorgar su permiso para tomar algo del mismo. El bosque es representado como un laberinto con escenarios de la fauna y flora de la Región Caribe, la cual reviste una muy variada diversidad.

Este juego de mesa educativo e innovador busca desarrollar la conciencia ambiental por medio de un laberinto donde convergen diferentes ambientes naturales en presencia de la temática de las cuatro R’s: reducir, reciclar, reutilizar y responsabilizarse.

El desarrollo de IYOKE y de su estrategia de distribución y aplicación es un trabajo que se enmarca dentro de los esfuerzos de la Universidad de Costa Rica para promover la innovación social.

Desde la Unidad de Gestión y Transferencia del Conocimiento para a Innovación (Proinnova-UCR) se apoya este proyecto que destaca por su carácter innovador a nivel regional y se constituye como un recurso gamificado en educación ambiental.

La innovación social está centrada en las personas e involucra a la ciudadanía. En este caso el juego llegará a la provincia de Limón, en un esfuerzo conjunto con el Recinto de Guápiles de la UCR y un proyecto de Trabajo Comunal Universitario (TCU).

Del papel al juego

Al haber terminado toda la parte de investigación y diseño del juego, así como las dos fases anteriores, las cuales involucraron portales en Internet sobre ambiente y marionetas animatrónicas, la Dra. Fonseca se vinculó con PROINNOVA-UCR para lograr que el proyecto saliera del papel, fuera perdurable y norequiriera tantos recursos.

El juego de mesa Iyoke es una invención de la docente e investigadora de Ciencias de la Comunicación la Dra. Vanessa Fonseca, en la fotografía.

Así, esta oficina de gestión de la innovación fue el aliado perfecto, debido a su vasta experiencia en la ejecución, así como en el acompañamiento de proyectos, fungiendo como un intermediario para crear alianzas claves, la búsqueda de actores y los recursos para poder llevarlo a cabo.

Los dos aliados estratégicos reconocieron la necesidad de crear un insumo (el juego IYOKE) fácil de manipular y con gran interactividad para quienes lo utilicen. Tras una serie de prototipos y pruebas, se elaboró un juego de mesa capaz de enseñar a niños y jóvenes sobre la importancia de preservar el ambiente y dar el correcto procesamiento a los residuos del hogar y lugar de estudio, representado a través de un laberinto con varios escenarios.

Una vez finalizado el proceso de diseño, era necesario encontrar ese aliado clave para la obtención de financiamiento y promoción de la herramienta, proceso a cargo de Cynthia Céspedes, gestora de innovación de PROINNOVA-UCR y quien durante muchos años ha realizado estudios relacionados con el área ambiental y la mitigación del impacto que tiene la población.

Debido a que IYOKE fue pensado desde un inicio para la Región Caribe se hizo el vínculo con el TC-663 del Recinto de Guápiles, “Acompañamiento y fortalecimiento a las instituciones públicas, organizaciones comunales y comunidades frente a los retos socio-ambientales en el Cantón de Pococí” para un seguimiento y evaluación de los resultados.

El juego se repartió a una selección de treinta centros educativos, que van desde el Cantón de Pococí hasta Siquirres.

Desde la oficina de PROINNOVA se buscó alianzas público-privado y se encontró el Programa Concursable de Responsabilidad Social de CoopeAnde. IYOKE participó y obtuvo el primer lugar, esto gracias a que se logró demostrar el potencial e importancia de este juego, siendo este único en el país.

Los señores, Roberto Cascante y Giancarlo Arroyo, de CoopeAnde destacaron que el juego por su metodología ayuda a romper paradigmas, crea impacto en las comunidades y transmite conocimiento, siendo esto parte de los principios del cooperativismo.

El juego y los estudiantes

Con el juego listo y todo el apoyo del financiamiento, se hizo un proceso de selección de treinta centros educativos, que van desde el Cantón de Pococí hasta Siquirres. A estos centros educativos se les dará una serie de juegos para que sus estudiantes pueden aprender durante los 45 minutos que lleva jugarlo con 5 jugadores simultáneos.

Además, parte del proceso es evaluar los impactos que tiene IYOKE en los estudiantes antes y después dejugarlo. Estos impactos serán plasmados en evaluaciones posteriores que van desde el grado de aceptación, hasta el aprendizaje de los estudiantes por medio de esta herramienta.

Iyoke demuestra que sí se puede innovar, investigar y crear vínculos entre diversos actores, al mismo tiempo involucrar a las comunidades, instituciones públicas y empresas privadas, alcanzando resultados tangibles con productos que generan impacto y consciencia desde lo ambiental hasta lo intrapersonal; reflexionando de manera gamificada todas las acciones que como seres humanos realizamos y así generar un impacto positivo en nuestra sociedad.

 

María Encarnación Peña Bonilla

Periodista Oficina de Divulgación e Información.

Arelys Oreamuno Meza

Estudiante de Dirección de empresas Universidad de Costa Rica, Recinto de Guápiles

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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