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Etiqueta: regulación financiera

Fraude digital en Costa Rica: un problema estructural que recae sobre la ciudadanía

El Observatorio del Mercado y Derechos del Consumidor (OMERCON) advierte que el fraude electrónico en Costa Rica ha dejado de ser un fenómeno aislado para convertirse en un problema masivo, sistemático y en expansión, en un contexto donde la digitalización del sistema financiero ha avanzado más rápido que las medidas de protección al usuario.

Según expone el artículo, la migración hacia la banca digital, los pagos electrónicos y las transacciones en línea ha colocado a miles de personas en un entorno que no siempre comprenden plenamente, pero en el que deben participar obligatoriamente, lo que aumenta su vulnerabilidad frente a prácticas fraudulentas.

Un sistema desigual frente al fraude

El análisis señala que el fraude digital ocurre en condiciones profundamente desiguales: por un lado, personas usuarias con conocimientos limitados sobre herramientas tecnológicas; por otro, redes delictivas altamente especializadas que utilizan técnicas avanzadas de suplantación y manipulación.

En este contexto, se critica que durante años el sistema ha operado bajo una lógica en la que la persona afectada debía demostrar fallas del banco, sin contar con los conocimientos técnicos para hacerlo, lo que ha dejado numerosos casos sin resolución y ha trasladado el costo del fraude a las víctimas.

Aprobación del proyecto 23.908: un cambio en la responsabilidad

El artículo destaca la aprobación del proyecto de ley 23.908, impulsado por la ciudadanía organizada y respaldado por el diputado Óscar Izquierdo Sandí, como un punto de inflexión en la protección de las personas usuarias del sistema financiero.

De acuerdo con el análisis, esta normativa introduce cambios relevantes:


  • Invierte la carga de la prueba



  • Establece responsabilidad para las entidades financieras



  • Obliga a mejorar los estándares de seguridad


El enfoque central es que el dinero depositado en el sistema bancario debe entenderse como custodia de las entidades financieras y no como un riesgo que deba asumir la persona usuaria.

Un problema que va más allá del sistema bancario

OMERCON advierte que el fraude digital no puede reducirse a la relación entre bancos y clientes, ya que involucra un ecosistema más amplio que incluye:


  • empresas de telecomunicaciones,



  • plataformas digitales,



  • redes sociales,



  • infraestructura tecnológica que facilita la suplantación.


Sin una regulación integral, señala el texto, el problema tiende a trasladarse entre distintos actores sin resolverse de fondo.

Persisten vacíos en la protección

El artículo identifica varios vacíos estructurales en el país:


  • falta de control sobre telecomunicaciones,



  • débil regulación de plataformas digitales,



  • limitada capacidad institucional para investigar fraude tecnológico,



  • ausencia de una ley integral de protección al consumidor financiero.


En este último punto, se señala la necesidad de avanzar hacia una normativa alineada con estándares internacionales, particularmente en el marco de los compromisos asumidos ante la OCDE.

Una decisión de país

El análisis concluye que el fraude electrónico no es únicamente un problema técnico, sino una decisión política sobre el modelo de sistema financiero que se desea construir.

Plantea que el país debe decidir entre un sistema donde la rapidez de las transacciones se impone sobre la seguridad, o uno donde la confianza y la protección de las personas usuarias sean parte central del funcionamiento financiero.

El artículo original se puede leer en el sitio de OMERCON:
https://omerconcr.com/blog/

Usura: el crimen que se indigna cuando lo regulan

Welmer Ramos González
Economista

Culpar a la ley contra la usura del gota a gota no es ignorancia: es mala fe. Es una mentira fabricada para proteger privilegios. El gota a gota existe desde los años 90; la ley contra la usura es de 2020. No lo creó: lo desenmascaró. Gracias a esa ley hoy se puede perseguir penalmente a quienes cobran intereses criminales. Antes, actuaban con total impunidad.

Decir que para prestarle a una persona pobre hay que cobrarle 70% u 80% no es inclusión financiera: es extorsión pura, es robo con contrato. Ninguna persona sin capacidad de pago debería recibir crédito, porque eso solo la empuja a la morosidad, le mancha el récord y la expulsa del sistema financiero. Eso lo sabe cualquier economista serio.

La prueba es brutal y está a la vista: más de 715 mil cobros judiciales. Personas a las que el propio sistema financiero les prestó a tasas tan abusivas que las cuotas se volvieron impagables. Primero los exprimen, luego los manchan y después tienen el cinismo de decir que el problema es la ley. No: el problema es la usura.

Esos ciudadanos excluidos no llegan al sistema informal por gusto; los empujaron. El orden es claro: usura legal → quiebra personal → mancha crediticia → gota a gota. No al revés.

En Europa, Japón y países serios, las tasas máximas rondan el 24% y no hay exclusión financiera. Aquí al trabajador le pagan 4,5% por sus fondos de pensiones y con esa misma plata le prestan al 51%, y todavía reclaman el derecho de cobrar 70%. Eso no es riesgo, no es mercado. Eso es saqueo. Y el que lo defiende no defiende a los pobres: defiende su cruel negocio. Hasta la derecha de Estados Unidos ha reaccionado contra la estafa de la usura.

Comisiones de tarjetas: cómo Costa Rica frenó un abuso silencioso

Welmer Ramos González
Economista

Durante décadas, el mercado de pagos con tarjeta en Costa Rica operó como una caja negra. Los comercios, especialmente las pequeñas y medianas empresas, pagaban comisiones excesivas, sin transparencia ni capacidad real de negociación. El argumento era siempre el mismo: no se debe regular, el mercado se autorregula. Cinco años después de la entrada en vigencia de la Ley 9831, los datos oficiales del Banco Central de Costa Rica (BCCR) demuestran exactamente lo contrario. Regular fue necesario. Y regular dio resultados.

Antes de la Ley 9831, las comisiones que los bancos cobraban a los comercios permanecieron prácticamente intactas por más de 30 años. Esto ocurrió a pesar de una transformación tecnológica profunda: pagos electrónicos masivos, automatización, reducción de costos operativos y un crecimiento exponencial del número de transacciones.

El Estudio Técnico del BCCR 2025 es claro: en 2019 muchas pymes en Costa Rica pagaban comisiones hasta del 12%, una de las cifras más altas del mundo. No había justificación técnica ni económica. Era, simplemente, el reflejo de un mercado altamente concentrado y con prácticas oligopólicas. Cuando no hay competencia real, hay abuso.

Uno de los hallazgos más contundentes del estudio del BCCR es el impacto económico agregado de la regulación. Entre 2020 y 2025, la reducción de comisiones significó un ahorro acumulado equivalente a cerca de 2,5 puntos del Producto Interno Bruto, distribuido entre comercios y consumidores.

Ese dinero no desapareció:

– se tradujo en precios más bajos,

– mayor liquidez para pymes,

– más inversión,

– y mayor inclusión financiera.

Regular no destruyó valor: lo devolvió a la economía real.

El estudio también confirma que, si bien aún existe dispersión en las comisiones, el rango se ha reducido de manera significativa. Hoy, los comercios pagan comisiones que van aproximadamente del 0,1% al 1,95%. En 2019, ese rango iba del 0,1% hasta el 12%.

Esto importa —y mucho— porque esa dispersión extrema generaba competencia desleal: pequeños comercios pagando varias veces más que grandes cadenas por exactamente el mismo servicio. Aún queda mucho por hacer en este aspecto. La cancha todavía no está completamente nivelada, pero ya no está inclinada de forma escandalosa.

La regulación no eliminó la competencia: eliminó el abuso.

Contrario a los augurios catastrofistas, el estudio del BCCR muestra que hoy hay más competencia de los oferentes de datáfonos y mayor dinamismo en el mercado.

Además, los datos reflejan que:

– el volumen de transacciones electrónicas crece a tasas anuales cercanas al 10%, reflejando un uso cada vez más intensivo de tarjetas en la vida cotidiana;

– el monto total transado aumenta año a año a ritmos del 8% al 12%, incluso en un contexto de desaceleración económica, lo que evidencia mayor confianza y penetración del sistema;

– y los pagos electrónicos continúan ganando terreno frente al efectivo, cuyo uso relativo se reduce de forma sostenida, especialmente en comercios formales y servicios masivos.

La disputa por nuevos nichos —como el transporte público, plataformas digitales y pagos masivos— evidencia una mayor penetración de los medios electrónicos de pago en la vida cotidiana de la población.

Cuando bajar precios abre mercado, todos ganan.

El mensaje de fondo del estudio es contundente: los mercados oligopólicos y altamente concentrados no se autorregulan en favor del bienestar general. El mercado de tarjetas —dominado por pocos entes financieros y grandes marcas internacionales— requiere límites claros para evitar abusos y proteger la sanidad del sistema. Los oligopolios no se autorregulan

La fijación anual de tarifas máximas, lejos de ser contraproducente, ha sido —en palabras del propio estudio del BCCR— una medida técnica, efectiva y positiva, que no frenó la innovación ni la inversión. Poner topes no destruyó el mercado: lo hizo funcionar mejor.

Costa Rica no está sola en la regulación del oligopolio.

El estudio recuerda que muchos países de la OCDE regulan las comisiones de tarjetas, precisamente porque reconocen las fallas estructurales de estos mercados. Europa, Australia y otras 20 economías avanzadas aplican límites para proteger comercios, consumidores y la competencia. Regular no es una rareza. Es una buena práctica internacional.

Lo que falta por hacer

El propio BCCR señala que Costa Rica aún tiene espacio para mejorar. Las tarifas promedio siguen siendo más altas que las que enfrentan los grandes comercios en mercados más competitivos. El desafío ahora es seguir reduciendo brechas, fortalecer la transparencia y garantizar que las pymes accedan a condiciones similares.

Cinco estudios, una conclusión

Durante la discusión de la Ley 9831, bancos, marcas internacionales de tarjetas y algunos economistas sostuvieron que la regulación de comisiones sería ineficiente y contraproducente. No obstante, la teoría económica reconoce desde hace décadas que en mercados con estructuras oligopólicas o monopólicas, donde existen fallas persistentes de competencia, altos costos de cambio y poder de mercado, la intervención regulatoria es necesaria para corregir precios, evitar rentas excesivas y proteger el bienestar social.

Cinco estudios técnicos elaborados por el Banco Central de Costa Rica confirman empíricamente este principio: la regulación de comisiones no debilitó el sistema, sino que contribuyó a mejorar la eficiencia, fortalecer la competencia y reducir distorsiones regresivas que recaían desproporcionadamente sobre comercios y consumidores. Defender esta ley implicó ir contra intereses consolidados, pero la evidencia es concluyente. Cuando el análisis empírico es consistente, los argumentos ideológicos pierden sustento técnico.