La Confederación Unión para la Acción Sindical (UAS) de Costa Rica se sumó a las manifestaciones de solidaridad con los trabajadores y trabajadoras argentinos que se movilizarán masivamente el próximo 24 de enero en protesta a las medidas regresivas del gobierno de Javier Milei.
En la nota, la UAS recuerda que para el mandatario argentino “el Estado es un estorbo para el libre engorde de las corporaciones y que lo único que se debe garantizar son los intereses del sector privado precarizando al extremo las relaciones laborales”.
No es la primera vez que ocurren accidentes laborales en las bananeras, tampoco son casos aislados en las plantaciones de Chiquita Brands en Costa Rica.
Gerardo Iglesias – Gerardo Castillo
Imagen: Mamita Yuani (Blog Carlos B. Gil)
En las fincas propiedad de esta transnacional −que el consorcio brasileño de jugos Cutrale-Safra adquirió en 2014− todo parece indicar que es política de la compañía exprimir al máximo a sus trabajadores (mujeres y hombres), aun cuando se encuentren convalecientes de enfermedades.
El miércoles 20 Javier Espinoza, recientemente operado de la rodilla, fue obligado a efectuar labores de embolsado de banano.
Como era de suponer, Espinoza cayó de la escalera y Chiquita lo mantuvo tirado en el piso frío de la administración hasta que, por acción de dirigentes sindicales, fue trasladado en ambulancia a una clínica de la seguridad social.
Exactamente a una semana de este penoso episodio, Walter Reinoza, de nacionalidad nicaragüense, de 30 años, sufrió un colapso por sobrecarga física.
Reinoza informó al mediodía no sentirse bien. ¿Cuál fue la respuesta de Chiquita? Exigió que continuara trabajando hasta que a las 15 horas se desmayó. ¿Qué hizo Chiquita? Lo llevó a la casa y ahí lo dejó.
El escritor costarricense Carlos Luis Falla “Calufa” publicó en 1941 la novela Mamita Yunai. El infierno de las bananeras, donde denuncia los abusos que sufren quienes trabajan en las plantaciones de banano y la miseria en que habitan.
Han pasado 82 años. La situación descripta por “Calufa” en poco o nada ha cambiado. Los salarios no alcanzan, las jornadas son arbitrarias, la precariedad laboral se tornó permanente. Tampoco se permite a los representantes sindicales entrar a las plantaciones y se irrespeta la dignidad del trabajador.
Rápido y furioso, el gobierno griego no tiene límites en su gestión proempresarial: la última de su larga lista de medidas en esa dirección es pasar la jornada laboral a 13 horas. Las ocho horas legales ya eran cosa del pasado: desde 2021 la jornada era de 10 horas.
Daniel Gatti
Hacia mediados de la primera década de este siglo, hubo quien llamó a Grecia “el Chile europeo” por su condición de laboratorio de experimentación ultraneoliberal.
Los habitantes del pequeño país fueron sometidos entonces por las instituciones financieras y por los sucesivos gobiernos nacionales (los hubo de distinto signo: conservadores y socialdemócratas) a las terapias habitualmente aplicadas a los latinoamericanos. Y lo hicieron sin anestesia alguna.
En sólo cinco años se multiplicó por tres el desempleo, por cuatro la miseria, 30 por ciento de la población griega quedó sin asistencia sanitaria, otro tanto sin vivienda, se desmanteló el ya débil aparato industrial, la deuda externa se disparó hasta casi dos veces el PIB, se privatizaron las joyas y hasta los bibelots de la abuela. Y la riqueza se concentró como nunca.
Exageraron tal vez con el exprimidor, y la reacción social estuvo a la altura de la acción de los gobiernos y las “instituciones”.
Allá por 2015 Grecia fue también escenario de una batalla por momentos épica entre, por un lado, un gobierno emanado del movimiento social que pretendió romper con ese estado de cosas y, por el otro, las fuerzas conjugadas del poder económico, político, social, financiero.
La batalla se perdió, el gobierno capituló en toda la línea y en los últimos años volvieron por sus fueros a Atenas, envalentonadas, las “fuerzas de la regresión social y del más puro oscurantismo capitalista”, como las definió, sobre el final de su casi centenaria vida, el legendario dirigente militante social y político Manolis Glezos.
Innovando
En 2021, cuando en la Europa pospandemia se discutía acerca de la posibilidad de reducir la jornada laboral, el gobierno conservador griego se dirigió en el sentido diametralmente opuesto: la aumentó de ocho a 10 horas, en medio de una reforma laboral que limitaba al extremo el derecho de huelga, preveía penas de prisión para las ocupaciones de lugares de trabajo y prácticamente liquidaba la negociación colectiva.
Ahora dio nuevos pasos, y se podrá trabajar hasta 13 horas diarias y 78 semanales sin que sean pagadas como extras.
Nueva Democracia, el partido en el gobierno, tiene mayoría absoluta en el parlamento, y poco le importan a sus dirigentes las protestas callejeras que están impulsando los sindicatos.
“Vamos en el sentido que va el mundo, sólo que más rápido que otros”, dijo el primer ministro Kyriakos Mitsotakis. “Sí, hacia la esclavitud capitalista”, le respondió un dirigente sindical.
El golpe de Estado contra Salvador Allende debe hacernos entender la verdadera función de los ejércitos. El ascenso al poder de un proyecto socialista y revolucionario por vía electoral fue una enorme cantera de experiencias sociales. El brutal golpe militar significó, en un corto plazo, la diáspora del pueblo chileno.
Frank Ulloa* 11 | 09 | 2023
Imagen: Allan McDonald | Rel UITA
El inventario de estas experiencias está lejos de haber sido terminado: lo que caracterizó este ascenso de las ideas socialistas fue precisamente la irrupción en la historia de nuevas ideas y un nuevo mensaje, que multiplicó las formas de acción, las iniciativas, en la lucha por sociedades democráticas y respetuosas de los derechos humanos.
El golpe de Estado en Chile del 11 de septiembre de 1973 fue una acción militar llevada a cabo por las Fuerzas Armadas de Chile en colaboración con sus similares de Estados Unidos.
A cincuenta años, podemos recordar cómo en la Facultad de Derecho de Costa Rica los estudiantes nos organizamos y nos fuimos a protestar al centro de San José, frente a la emisora de Radio Monumental.
Toda Costa Rica se sentía indignada como si se tratara la muerte de alguien muy cercano, querible y sin excepción no hubo quien manifestara simpatía por los criminales. Esta solidaridad se multiplicaría cuando miles de chilenos migraron a nuestro país y se los recibió como hermanos.
Agazapados
Hoy los ejércitos están en los cuarteles, pero en cualquier momento, si las fuerzas reaccionarias lo requieren, los tienen a su disposición. Sucedió recientemente, en 2009, cuando el golpe de estado en Honduras contra el presidente Manuel Zelaya.
Los derechos humanos son subsidiarios de la ambición de las corporaciones transnacionales y naciones imperialistas que, a toda costa, llegan para apropiarse de nuestras riquezas y recursos.
Un nuevo aniversario del golpe de Estado en Chile debe convertirse en una oportunidad para comprender que “los militares actuaron (actúan) como un ejercito de ocupación en sus propios países, sirviendo de brazo armado” al gran capital, como bien lo supo definir Eduardo Galeano.
Desde la Segunda Internacional (14 de julio de 1889) el rol de los ejércitos en el capitalismo había quedado claro desde la óptica de la teoría política del movimiento obrero.
Pero esta lección nunca fue aprendida. Los trabajadores europeos no fueron capaces de parar las guerras mundiales, y sus pares de otras partes del mundo abandonamos esta importante lucha por acabar con los ejércitos y luchar por el desarme. Muchos sindicatos se forman inclusive en las fábricas de armas de los países desarrollados.
La amenaza continúa
Hoy, más que nunca, desde Rel UITA debemos impulsar un debate profundo en torno a la definición de una nueva estrategia contra la carrera armamentista, la lucha por la paz y el desarme.
En Brasil o el nuevo Chile, el ejército sigue siendo una fuerza política más o menos silenciada pero igualmente peligrosa. Las tropas siguen amenazando al pueblo y sus intereses.
Depende de los dirigentes jóvenes no olvidar y aprender de la historia. Este recordatorio obliga al movimiento sindical, que se había sustraído al debate, a participar en él ante una nueva conmemoración de esta tragedia histórica.
La Regional Latinoamericana de la UITA, realizó en Sao Paulo – Brasil, durante los días 8, 9 y 10 de mayo del 2023, su XVI Conferencia denominada #HOMBROCONHOMBRO. Se contó con la importante participación de representantes de organizaciones afiliadas de toda la región y el acompañamiento de la secretaria general a nivel mundial, la señora Sue Longley.
La delegación de FENTRAGH (Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria, Hotelería y Afines), estuvo compuesta por los dirigentes Dania Obando Castillo y Obeth Morales Barquero, secretaria general adjunta y secretario de finanzas, respectivamente. También acompañó la delegación costarricense, el señor Hugo Lennin Hernández Navas, en representación de la Unidad de Acción Sindical (UAS).
Las grandes dificultades que enfrentan los trabajadores en América Latina, exige mayores niveles de unidad, acción y estrategias a los trabajadores, para poder enfrentar políticas que imponen gobiernos y empresas, que precarizan a diario las condiciones de trabajo, debilitan las democracias, afectan el medio ambiente y empobrecen las comunidades.
XVI Conferencia Regional Latinoamericana de la UITA Resolución sobre Costa Rica
Rel UITA
La política del actual gobierno de Costa Rica abandona su responsabilidad económica con la seguridad social; prohíbe el derecho a la protesta y limita la libertad de prensa.
Ante esta realidad, la XVI Conferencia Regional reunida en São Paulo entre elaboró una resolución que entre otras cosas denunciar ante la OIT la grave situación de incumplimiento del Estado costarricense con los convenios de seguridad social y libertad sindical.
Fuerzas sociales diversas se unieron en defensa de la producción nacional y el rechazo a la integración a la Alianza del Pacífico.
Gerardo Castillo
El miércoles 29 miles de personas marcharon por las calles de San José para mostrar su repudio al proyecto del gobierno de incorporar al país a la alianza integrada por México, Colombia, Perú y Chile.
“La Alianza del Pacífico atenta contra la producción agropecuaria de Costa Rica, menos agricultores, menos comida, más miseria para muchos”. “No a la Alianza, sí a la producción nacional”, se leía en algunos carteles.
Los agricultores recibieron el acompañamiento de partidos políticos, agrupaciones sindicales, estudiantes, la iglesia católica, lo que demuestra que el tema tiene la fuerza necesaria para superar divisiones e intereses.
Altos costos de los insumos; dificultades de financiamiento; tratados de libre comercio que ponen en peligro la sobrevivencia de los pequeños y medianos agricultores son algunos de los puntos que resaltaron los campesinos movilizados.
La denuncia de fondo es que la Alianza del Pacífico arruinará a los productores nacionales que hasta ahora han sobrevivido, más aún en un contexto de crecimiento de la pobreza, que afecta a un tercio de la población.
Esta marcha es un primer aviso y nuevas movilizaciones están en preparación.
La empresa Frutas Selectas del Trópico S.A., subsidiaria del consorcio agroindustrial guatemalteco Grupo Hame, posee dos fincas bananeras (San Gerardo y La Flor) en la provincia de Puntarenas. El Sindicato Nacional de Trabajadores Piñeros y Bananeros de Costa Rica (Sintrapybcr) ha venido denunciando graves violaciones laborales y de seguridad.
Giorgio Trucchi
Luis Arnulfo Gómez Moraga se desempeña como capataz en la planta empacadora. Al ser testigo de tantas violaciones de los derechos de trabajadores y trabajadoras, Gómez decidió acudir al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
Después de varias inspecciones, las autoridades pudieron comprobar la veracidad de las denuncias y actuaron judicialmente en contra de la empresa.
Ante la reacción amenazante de la patronal, Gómez Moraga decidió acudir a la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria, Gastronomía, Hotelería y Afines (Fentragh), que lo remitió al Sintrapybcr.
“Empezamos a trabajar y creamos las condiciones para que varios trabajadores se afiliaran y constituyeran una seccional de nuestra organización. A los dos días de su afiliación, todos estaban despedidos”, manifestó a La Rel, Steve Rodríguez, secretario general del Sintrapybcr.
El dirigente sindical explicó que la empresa adujo motivaciones totalmente falsas para justificar el despido de unas 16 personas, incluyendo a Gómez Moraga.
“La empresa los despide porque no quiere que se siente un precedente y que, a través de la seccional, se sindicalicen más trabajadores. Fue en este momento que comenzaron las amenazas”, explicó Rodríguez.
Según el dirigente sindical, a Gómez Moraga fueron a amenazarlo de muerte hasta su hogar.
“En dos ocasiones fue interceptado por desconocidos en moto que le dijeron que dejara de defender a los trabajadores.
En otra ocasión –continuó Rodríguez– fue uno de los abogados de la empresa que llegó hasta su casa para convencerlo a aceptar el despido, recordándole que debía pensar en el bienestar y la seguridad de él y de su familia”.
Ante esta situación, el sindicato decidió presentar formal denuncia para resguardar la seguridad del trabajador.
Asimismo, fueron presentadas las demandas judiciales para la reinstalación de los trabajadores despedidos, y al menos 17 denuncias por varios incumplimientos cometidos por la empresa.
Una vez más, Dole/Standard Fruit Company se quita la máscara y muestra su verdadero rostro, amenazando con despedir a la totalidad de trabajadores de su subsidiaria Agroindustrial Piñas del Bosque S.A. – Finca Muelle, acabando de esta manera con el sindicato y el conflicto colectivo en curso.
Giorgio Trucchi
Obeth Morales, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (Sinatraa), explicó a La Rel que, a partir de 2018, la transnacional frutera ha venido precarizando las labores.
La conformación, un año después, del sindicato permitió frenar en parte este proceso.
“Desde que nacimos buscamos el diálogo con la empresa para garantizar mejores condiciones laborales y salariales para las y los trabajadores. Lamentablemente, Dole ha negado sistemáticamente cualquier tipo de acercamiento”, dijo Morales.
Después de repetidas denuncias y ante el silencio cómplice de las autoridades del Trabajo, varias decenas de trabajadores del departamento de deshije de piñas acudieron al sindicato.
Después de una atenta evaluación, el Sinatraa propuso la interposición de un conflicto colectivo de carácter económico y social por la vía judicial, medida que encontró el apoyo de la inmensa mayoría del personal.
“Como varios de ellos no eran afiliados, decidimos conformar una coalición temporal de trabajadores para presentar y desarrollar el conflicto colectivo y se eligieron a tres representantes del grupo”, explicó Morales.
El 27 de septiembre del año pasado, la coalición interpuso el pliego de peticiones ante el tribunal y lo presentó a la empresa.
Todos los intentos de Dole/Standard Fruit Company para detener el proceso fracasaron y la jueza fijó para el 28 de febrero la audiencia inicial del conflicto colectivo.
La reacción de la transnacional no se hizo esperar.
Amenazas y coacción
“El 16 de febrero, la empresa convocó a trabajadores y trabajadoras del departamento de deshije y les presentó una propuesta de mejoras salariales, a cambio de que renunciaran al conflicto colectivo.
A pesar de los intentos de la representación patronal de impedir que hablara, alerté a los compañeros sobre los riesgos y la falta de garantías de una negociación extra judicial”, dijo Morales.
Al final, ninguno de los 50 trabajadores firmó el acuerdo.
Cinco días después, el gerente de recursos humanos de Agroindustrial Piñas del Bosque S.A. – Finca Muelle llamó al secretario general del Sinatraa, para comunicar que el comité permanente de trabajadores estaba solicitando el despido y recontratación de la totalidad del personal, es decir de unos 650 trabajadores y trabajadoras.
La medida no aseguraría la recontratación permanente de las y los afiliados al Sinatraa.
Eliminar el sindicato
“Se trata de una maniobra de la empresa, con el apoyo de una organización abiertamente propatronal, para deshacerse de nuestros afiliados y de quienes están apoyando el conflicto colectivo.
Ya en estos días, miembros del comité permanente están visitando los diferentes departamentos de la empresa anunciando el despido masivo”, alertó Morales.
El dirigente sindical agradeció el apoyo solidario y la denuncia internacional que están haciendo tanto la Fentragh como la Rel UITA, e hizo un llamado a estar atentos a lo que pueda ocurrir en las próximas horas.
“Sabemos que, de tener éxito el conflicto colectivo, otros departamentos podrían sumarse a las demandas, generando también un importante crecimiento sindical. Esto es algo que Dole quiere evitar”, concluyó Morales.
Para el próximo 27 de febrero está agendada una reunión tripartita en el Ministerio del Trabajo. El siguiente día está fijada la audiencia del conflicto colectivo.
Por ley, los firmantes de un conflicto colectivo no pueden ser despedidos sin previa autorización del juez.
Las noticias suelen relatarse siguiendo un orden cronológico inverso: desde el final hacia el principio, esto es, desde lo más reciente de los hechos hacia sus antecedentes y su contexto. Pero esta vez quizás deberíamos iniciar así: “El 12 de octubre de 1492 Cristóbal Colón llegó a América con tres naves; tras este ‘descubrimiento’ se desató la invasión europea, y con ella el genocidio más grande en la historia de la humanidad”. Pero, tal vez lo hagamos en otra oportunidad, porque ahora urge informar sobre las durísimas condiciones de supervivencia del pueblo Yanomami en los estados de Roraima y Amazonia, Brasil.
Carlos Amorín
El pasado viernes 20 de enero la plataforma digital Sumaúma, con sede en Altamira, Pará, publicó un artículo cuyo título fue “Diario de guerra. No estamos pudiendo contar los cuerpos1” , ilustrado con desoladoras fotografías de niños y niñas Yanomami desnutridos y enfermos. Las periodistas Ana Maria Machado, Talita Bedinelli y Eliane Brum iniciaron su texto así: “La criatura Yanomami ya había vivido 1.095 días, pero pesaba lo mismo que un bebé recién nacido. Con 3 años apenas alcanzaba los 3,6 kilos”.
Una imagen puede más que mil palabras
Las fotografías son de una crudeza extrema, y evocan testimonios gráficos de hambrunas en otras latitudes, o de los campos de concentración nazis. Este horror generó repercusiones primero a nivel local, y rápidamente las imágenes se viralizaron a nivel global.
Esa misma tarde el presidente Lula anunció que estaría viajando al día siguiente a Boa Vista, capital del estado de Roraima, y el Ministerio de Salud Pública declaró el “estado de emergencia sanitaria” en todo el territorio Yanomami.
Lula llegó a esa ciudad acompañado por diversas autoridades gubernamentales, especialmente por Sonia Guajajara2, ministra de Pueblos Indígenas, y la presidenta de la Fundación de los Pueblos Indígenas, Joênia Wapichana3, ambas recientemente designadas en sus funciones por el nuevo presidente.
En el precario centro de salud local especializado en la atención a los Yanonami, Lula declaró a la prensa que “Más que una crisis humanitaria, lo que vi en Roraima fue un genocidio: un crimen premeditado contra los Yanomami, cometido por un gobierno insensible al sufrimiento«.
Cuando más es más
Las cifras oficiales del MSP establecen 99 infantes de entre 1 y 4 años fallecidos en 2022 como consecuencia de desnutrición, neumonía, diarrea, malaria, contaminación con mercurio provocada por la minería ilegal y otras enfermedades evitables.
No obstante, datos obtenidos por la plataforma Sumaúma mediante la Ley de Acceso a la Información, registran la muerte de 570 niños y niñas Yanomami por esas mismas razones en los últimos cuatro años, periodo en el cual Jair Bolsonaro ocupó la Presidencia.
El Ministerio de Justicia, por su parte, informó que se inició una investigación a cargo de la Policía Federal por posible delito de “genocidio”, al constatarse graves omisiones por parte de funcionarios públicos responsables de la asistencia sanitaria y humanitaria a los Yanomami, así como posible corrupción a gran escala implicando desvío y reventa de medicamentos y alimentos destinados a los indígenas.
“Ordené ayer la apertura de una investigación policial para averiguar si hubo genocidio. Consideramos que hay indicios muy fuertes de negativa a la asistencia nutricional y de salud de esas poblaciones indígenas. Hubo intención», dijo el ministro de Justicia Flavio Dino.
La investigación abarcaría no solo posibles delitos de jerarcas de Salud regionales y nacionales, sino también crímenes de contaminación ambiental y desvío de fondos.
El “otro” ejército de Bolsonaro
Asimismo, Lula da Silva advirtió que se perseguirá a los “garimpeiros4” ilegales que, según estimaciones, serían unos 20 mil en los estados de Roraima y Amazonas, más de dos tercios del total de Yanomami habitando en la región. También anunció “medidas enérgicas” contra la deforestación que se multiplicó enormemente con la protección de Bolsonaro.
El informe “Yanomami Under Attack”, publicado en abril de 2022 por Hutukara Associação Yanomami y Associação Wanasseduume Ye’kwana, con asistencia técnica del Instituto Socioambiental (ISA), hace un balance de la extracción ilegal de oro y otros minerales en esa región.
Se sabe que el problema de la minería ilegal no es nuevo en la Tierra Indígena Yanomami (TIY). Sin embargo, su escala e intensidad crecieron de manera impresionante en los últimos cinco años. Datos de MapBiomas indican que a partir de 2016 la curva de destrucción minera tomó una trayectoria ascendente y, desde entonces, ha ido acumulando tasas cada vez mayores. En los cálculos de la plataforma, de 2016 a 2020 la minería en TIY creció nada menos que un 3.350%, señala el texto.
Dicho informe muestra que en 2018, el área total afectada por los garimpos ilegales era de 1.200 hectáreas. Relevamientos efectuados en diciembre de 2021 comprobaban que esa superficie había crecido a 3.272 hectáreas.
La voz de las víctimas
Para las asociaciones indígenas, el estado de salud crítico que muestran las imágenes compartidas en los últimos días con niños, adultos y ancianos desnutridos, es consecuencia de la combinación de tres factores desencadenados por el garimpo: aumento de los casos de paludismo, falta de acceso a alimentos o agua potable y reducción de los servicios sanitarios.
Según el informe “Yanomami Under Attack”, en el centro de de salud Yanomami de Arathau, cerca del río Parima, “en 2020 se prestaron 11.200 servicios de atención sanitaria, pero en 2021 el número se redujo a 2.800.
Como consecuencia −continúa el informe−, varios pacientes con enfermedades tratables vieron empeorar su estado, y algunos incluso murieron. Es el caso de un chamán de 50 años que murió en la comunidad Macuxi Yano en octubre por no poder recibir atención médica. Y también la situación de dos niños de la casa Xaruna que murieron de malaria en octubre, y un tercer niño de la misma comunidad víctima de malaria y neumonía, en noviembre”.
La plataforma Sumaúma, a través de la Ley de Acceso a la Información (LAI), obtuvo otros datos alarmantes: “Los casos de malaria, enfermedad que se propaga en el territorio con los mineros, pasaron de 2.928 en 2014 a 20.394 en 2021; 46 niños menores de 5 años habían perdido la vida solo en los 5 primeros meses de 2022 por lo que las estadísticas denominan ‘causas evitables’ (falta de tratamiento médico y prevención) y el 52,7% de los niños yanomami menores de 5 años estaban desnutridos”.
La información obtenida por Sumaúma también mostró que desde julio de 2020, los centros de salud que operan dentro del territorio yanomami fueron cerrados 13 veces debido a las acciones de los mineros, dejando a los indígenas sin atención médica.
“La falta de asistencia a los pueblos indígenas es la forma más eficaz de matar sin dejar huellas”, concluye Sumaúma.
Como dijimos al inicio, deberíamos comenzar este desarrollo informativo empezando en 1492, pero eso ya lo han hecho otras personas y, algunas, de manera excelente.
No obstante, es necesario debatir hasta qué punto las sociedades no originarias de nuestra querida América han adquirido conciencia de las razones profundas por las cuales las (ahora) minorías étnicas continúan siendo diezmadas por doquier mediante el genocidio5 y el etnocidio6.
Algunos realizaron esta advertencia hace ya muchos años, como por ejemplo la célebre cantante Elis Regina, que en su versión de la mundialmente famosa Aquarela do Brasil contrapone un coro representando un canto indígena como fondo de la idílica imagen que presenta la canción7.
La Rel UITA se compromete a seguir muy de cerca esta situación, y a aportar la mayor información al respecto.
Imagen: Allan McDonald
Foto: Samaúra.com
(Con información de: Sumaúma.com, AFP, France24.com, EFE, Larepublica.co, BBC.com, Nwesletter.ihu, Federico.Tatter Substack, www.ihu.unisinos.br y fuentes propias)Nota del Editor: Agradecemos la valiosa colaboración de Jair Krischke en la elaboración de este informe.
Notas:
1 – https://sumauma.com/nao-estamos-conseguindo-contar-os-corpos/ 2 – Originaria de las Tierras Indígenas Arariboia. El término Guajajara hace referencia a su pueblo nativo. 3 – Oriunda del estado de Roraima. El término Wapichana hace referencia a su pueblo nativo. 4 – Mineros, principalmente de oro, en los ríos selváticos que constituyen verdaderas mafias de las florestas. 5- Eliminación física de un pueblo. 6 – Eliminación del “alma” de un pueblo, su arte, su cultura, su lengua, creencias, instituciones, etc. 7 – https://www.youtube.com/watch?v=rvxmF4KS9O4
