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Etiqueta: representación sindical

Movimiento sindical denuncia nueva convocatoria de Roger Rivera a la Junta Directiva de la CCSS pese a dos sentencias de la Sala IV

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Según informaron a la dirección de SURCOS Digital fuentes vinculadas al movimiento sindical, la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) fue convocada a sesión este viernes 13 de noviembre a las 3:00 p. m., y para esa sesión se convocó nuevamente a Roger Rivera Mora como representante del sector sindical, en lugar de Rocío Alfaro Molina, la representante electa por la asamblea del sector.

Rocío Alfaro Molina es juramentada en la asamblea sindical que la eligió como representante del sector en la junta directiva de la CCSS.

El movimiento sindical señala que «esta acción es un acto directo de desobediencia a dos sentencias de la Sala IV que daban la razón al movimiento sindical y ordenaba la juramentación de Rocío Alfaro Molina». Según el movimiento sindical, la Sala Constitucional ordenó además no nombrar ninguna sustitución y, si se había nombrado, dejarla sin efecto.

Consultada por SURCOS, Alfaro Molina afirmó que «siguen las arbitrariedades de este gobierno y la tendencia autoritaria de irrespetar el Estado de derecho».

A inicios de semana, la representante había señalado que la modificación del Reglamento de Elección de las Representaciones de Sectores Sociales ante la Junta Directiva de la CCSS «tenía por objetivo burlar la sentencia constitucional y aplicar de forma ilegal (retroactiva) un reglamento publicado 5 meses después de la elección que pretende normar».

El movimiento sindical espera ahora la respuesta de la Sala Constitucional a una solicitud de medida cautelar interpuesta el 11 de noviembre para impedir esta nueva convocatoria, que considera contraria a las órdenes dadas al Poder Ejecutivo.

Antecedentes

El 9 de junio de 2026, la Asamblea del Movimiento Sindical eligió a Rocío Alfaro Molina como representante propietaria y a Marta Rodríguez González como suplente ante la Junta Directiva de la CCSS para el periodo 2026-2030. El Consejo de Gobierno rechazó la designación, pero la Sala Constitucional anuló esa decisión mediante la resolución 2026-031380, del 13 de agosto, y lo reafirmó en la resolución 2026-038199, del 6 de octubre. Pese a ello, el gobierno nombró a Roger Rivera Mora como representante sindical pro tempore.

El 9 de noviembre se publicó en el Alcance n.º 148 a La Gaceta el decreto ejecutivo n.º 45985-MP, que reforma el reglamento de elección de los sectores sociales. El decreto incorpora nuevos requisitos documentales certificados por notario, condiciona la formalización del nombramiento a la entrega de ese expediente, traslada a las organizaciones proponentes las eventuales responsabilidades civiles, administrativas y penales por la valoración de los requisitos subjetivos, y crea la figura de la prórroga provisional del nombramiento anterior cuando no haya representación nombrada. Para Alfaro, se trata de un instrumento hecho a la medida para impedir su juramentación.

Rocío Alfaro: nuevo reglamento busca burlar dos sentencias de la Sala Constitucional sobre la representación sindical en la CCSS

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Rocío Alfaro Molina, electa por el movimiento sindical como su representante en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), denunció que el nuevo reglamento del Poder Ejecutivo sobre la elección de los sectores sociales en ese órgano «pretende ser la herramienta para burlar las dos sentencias de la Sala Constitucional que ordenaban al Consejo de Gobierno juramentarme».

Según Alfaro, el decreto es «un instrumento ad hoc y retroactivo para impedir la participación del sector sindical y para poder imponer a una persona a gusto del gobierno, Roger Rivera, quien nunca fue electo por el sector».

Rocío Alfaro Molina es juramentada en la asamblea sindical que la eligió como representante del sector en la junta directiva de la CCSS.

Los antecedentes

El 9 de junio de 2026, la Asamblea del Movimiento Sindical eligió a Rocío Alfaro Molina como representante propietaria y a Marta Rodríguez González como suplente para el periodo 2026-2030. El Consejo de Gobierno rechazó la designación, pero la Sala Constitucional anuló esa decisión mediante la resolución 2026-031380, del 13 de agosto, y lo reafirmó en la resolución 2026-038199, del 6 de octubre. Pese a ello, el gobierno nombró a Roger Rivera Mora como representante sindical pro tempore.

En su resolución de agosto, según recoge el propio decreto, la Sala estableció que el Consejo de Gobierno solo puede hacer una verificación «objetiva y formal» de la persona electa por los sindicatos. Esa verificación se limita a constatar prohibiciones, incompatibilidades y requisitos objetivos. La valoración de requisitos subjetivos, como la «máxima honorabilidad» o las «competencias económico-sociales», corresponde al movimiento sindical.

Lo que cambia el reglamento

El decreto ejecutivo n.º 45985-MP, firmado el 5 de noviembre por el primer vicepresidente en ejercicio de la Presidencia, Francisco Gamboa Soto, y por el ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves Robles, se publicó en el Alcance n.º 148 a La Gaceta del 9 de noviembre. Reforma el reglamento de 2024 en tres aspectos centrales:

  • Nuevos requisitos de procedimiento. Las organizaciones deberán enviar al Consejo de Gobierno, dentro de los tres días naturales siguientes a la asamblea, el expediente completo de la designación: atestados, actas, informes sobre la honorabilidad y la competencia de la persona electa, y una explicación firmada de la valoración realizada que identifique a las personas que la hicieron. Toda la documentación debe estar certificada por notario público. El Consejo de Gobierno «no formalizará el nombramiento» hasta recibir ese expediente.
  • Traslado de responsabilidades. El decreto dispone que la valoración de los requisitos subjetivos «traslada de pleno derecho a las organizaciones proponentes y a sus responsables las eventuales responsabilidades civiles, administrativas y penales».
  • Prórroga de representantes anteriores. Un nuevo artículo 6 bis establece que, si no hay representación sectorial nombrada, se prorrogará provisionalmente el «nombramiento válido y eficaz inmediato anterior» hasta que se juramente a la nueva persona. Si esa persona no acepta, el Consejo de Gobierno podrá iniciar un «nombramiento provisional y excepcionalísimo».

En sus considerandos, el Ejecutivo justifica la reforma en la necesidad de dar «certeza, transparencia y seguridad jurídica» al procedimiento y de evitar que las vacantes paralicen la Junta Directiva de un servicio público esencial.

La lectura de Alfaro

Alfaro señala que se sabía que la Junta Directiva sería convocada a sesión ordinaria el jueves 12 de noviembre. Según ella, eso hacía pensar que finalmente se cumpliría lo ordenado y que se juramentaría a la representación electa por los sindicatos, «pues de otra manera tendrían que hacerlo bajo la figura de “funcionario de hecho”, con limitaciones de agenda».

La dirigente sostiene que el gobierno no quiere que la representación sindical participe en debates polémicos de la Junta Directiva, como la pérdida de trazabilidad de recursos por el ERP, las contrataciones con empresas privadas de salud, la paralización de obras de infraestructura o los cambios en la edad de pensión. Afirma, además, que existen presiones de cooperativas relacionadas con el caso Barrenador para que se les adjudiquen áreas de salud.

Alfaro anunció que se valoran «las acciones legales y constitucionales para impedir este nuevo atropello a la autonomía sindical, a la seguridad social, al derecho a la salud pública y, sobre todo, al Estado de derecho y el orden constitucional».

RENASES respalda a Rocío Alfaro Molina y exige su incorporación inmediata a la Junta Directiva de la CCSS

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Pronunciamiento de la Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES)

La Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) expresa su respaldo pleno a la compañera Rocío Alfaro Molina, representante legítima del Movimiento Sindical ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), y rechaza el desacato del Consejo de Gobierno y de la Presidencia Ejecutiva de la Caja frente a las resoluciones de la Sala Constitucional que ordenan su nombramiento.

El respeto al Estado de derecho, las reglas de la representatividad de los sectores y los mecanismos de gobernabilidad de las instituciones públicas no pueden ser de acatamiento opcional.

Lo que exigimos:

  1. Al Consejo de Gobierno: acatar sin más dilación la sentencia de la Sala Constitucional y juramentar de inmediato a Rocío Alfaro Molina como representante propietaria y a Marta Rodríguez González como representante suplente del Movimiento Sindical ante la Junta Directiva de la CCSS, para el periodo 2026-2030.

  2. A la Presidencia Ejecutiva y a la Junta Directiva de la CCSS: no adoptar decisiones de fondo sobre el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, las listas de espera, la infraestructura hospitalaria, la contratación de servicios privados de salud y las condiciones laborales del personal mientras la Junta no esté integrada conforme a la ley.

  3. A las autoridades competentes: hacer cumplir lo resuelto por la Sala Constitucional y aplicar las responsabilidades que la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece para quien incumple una orden dictada en un recurso de amparo.

  4. A las organizaciones sociales, sindicales, cooperativistas, solidaristas, comunales y productivas del país: sumarse a esta exigencia en defensa de la CCSS y de la institucionalidad democrática.

Los hechos

9 de junio de 2026.
La Asamblea del Movimiento Sindical eligió por mayoría absoluta a Rocío Alfaro Molina como representante propietaria y a Marta Rodríguez González como suplente ante la Junta Directiva de la CCSS.

24 de junio.
El Consejo de Gobierno rechazó el nombramiento, a partir de un informe de la presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor. Alegó falta de formación económico-social, militancia política, vínculos familiares con personal de la institución y opiniones públicas de la compañera Alfaro sobre decisiones de la Caja.

12 de agosto.
El Consejo de Gobierno designó como representante sindical pro tempore a una persona que no fue electa por la Asamblea del Movimiento Sindical.

13 de agosto.
La Sala Constitucional, por unanimidad (sentencia 2026-031380), anuló el rechazo y estableció que el artículo 6 de la Ley Constitutiva de la CCSS impide al Poder Ejecutivo objetar o revisar las designaciones que hacen los sectores.

1º de setiembre.
La Sala suspendió cautelarmente el nombramiento temporal impuesto por el Gobierno.

25 de setiembre.
La Sala anuló en definitiva ese nombramiento y ordenó al Consejo de Gobierno tramitar el de Rocío Alfaro en un plazo máximo de ocho días.

8 de octubre.
El plazo venció sin que el Poder Ejecutivo cumpliera la orden.

Por qué nos pronunciamos

La representación pertenece a los sectores, no al Gobierno.
La Ley Constitutiva de la CCSS establece que la Junta Directiva se integra con representantes del Estado, del sector patronal y del sector laboral, y que estos últimos son electos por sus propias organizaciones. Al Poder Ejecutivo le corresponde formalizar esas designaciones, no escoger a quién le resulta conveniente o políticamente afín. Así lo ha dicho la Sala Constitucional en dos sentencias consecutivas.

Desobedecer a la Sala Constitucional rompe el orden constitucional.
Las resoluciones de la Sala son vinculantes para todas las autoridades públicas. Cuando el Gobierno decide qué sentencias cumple y cuáles no, deja de regir la ley y empieza a regir la voluntad de quien gobierna. Hoy es la representación sindical en la CCSS; mañana puede ser la de cualquier otro sector o institución.

Una Junta Directiva incompleta pone en riesgo a toda la población.
La CCSS enfrenta decisiones que afectan a millones de personas aseguradas y pensionadas: ajustes al régimen de pensiones, atención de las listas de espera, inversión en infraestructura y relaciones con proveedores privados de salud. Estas decisiones no pueden tomarse sin la voz de las personas trabajadoras que, con sus cotizaciones, sostienen la seguridad social.

El diálogo social requiere reglas que se respeten.
RENASES trabaja por un país donde los sectores sociales participen de manera efectiva en las decisiones públicas. La participación de los sectores en la Junta Directiva de la CCSS es uno de los mecanismos de gobernabilidad más importantes del país, y es una garantía establecida por ley, no una concesión del Poder Ejecutivo.

Nuestro compromiso

RENASES acompañará a la compañera Rocío Alfaro y al Movimiento Sindical en todas las acciones legítimas que emprendan para hacer valer su derecho y el de las personas trabajadoras a estar representadas en la conducción de la CCSS. La Caja es patrimonio de todo el pueblo costarricense, y su gobernabilidad se defiende respetando la ley.

Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES)

Diálogo + Democracia + Paz Social + Justicia

Puede descargar el documento original desde SURCOS:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/10/RENASES_Pronunciamiento_Rocio_Alfaro_CCSS.pdf

Ataque soez a la Caja

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Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Desde una perspectiva política y democrática, el desacato sistemático a la Sala IV por parte del Poder Ejecutivo, representado por el Consejo de Gobierno, constituye un peligroso quebrantamiento del Estado de Derecho y de la separación de poderes, que tiene como consecuencia una muy grave crisis institucional. Si esa crisis afecta a su vez el adecuado funcionamiento de la Caja, dicha desobediencia, ¡jamás antes visto en la historia costarricense!, agrede significativamente la atención a la salud y otros derechos de la seguridad social de los más pobres y vulnerables, principalmente, por medio de ese ataque corrosivo a nuestra invaluable democracia. Desconocer las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, mientras se lanza una campaña infame contra el Poder Judicial, es un evidente acto violatorio del orden constitucional, un gran paso hacia el establecimiento de una dictadura ultraderechista, que dolorosamente, algunos ticos engañados ven con buenos ojos, sin pensar en las consecuencias que tendría algo así para ellos y sus seres queridos.

Por ello, como sucediera antes por fuerza mayor y teniendo muy claro que el Poder Judicial como un todo, son la esperanza de un pueblo bueno y pacífico que mayoritariamente valora los logros que sustentan nuestra vilipendiada democracia, éste ha de actuar en defensa del bien común y de los Derechos Humanos.

Ante el caos institucional que el neofascismo chavista quiere seguir profundizando, como sucediera con la muy razonable conformación urgente, extraordinaria y temporal de la Sala Constitucional, para que la misma pudiera seguir vigente, las magistraturas tienen el deber supremo de hacer valer sus resoluciones patrióticas. Como alternativa a no hacer nada y permitir que esa violación directa al principio de legalidad y al orden democrático de Costa Rica, tenga consecuencias muy dolorosas contra un pueblo que ya sufre por la «enfermedad» que padece la jerarquía de la CCSS, la honorable Sala IV ha de actuar conforme a su conciencia, frente a las acciones destructivas que buscan paralizarla, con todo lo que ello significa.

Si Rodrigo Chaves ha ordenado a Laura Fernández y al resto de ministros del Consejo de Gobierno, tomar decisiones inconstitucionales, penalizables, irracionales también, para evitar que una representante de los trabajadores organizados ejerza sus derechos como parte de la junta directiva de la Caja, para cumplir además con la conformación del quórum estructural, la Sala IV debería actuar frente a tales acciones delictivas. Nadie más podría hacerlo pues la situación es inédita, sorpresiva, malintencionada, imprevista en la letra normativa, pero que obliga a reflexionar acerca de las responsabilidades de quienes ejercen la justicia. Está en juego el trámite de pensiones, el buen funcionamiento de las más de mil sedes sanitarias distribuidas por todo el país; el nombramiento de médicos, enfermeros, personal técnico y administrativo; la adquisición de bienes y servicios; la gestión operativa y presupuestaria; la atención de los miles de pacientes incluidos en las inhumanas listas de espera… ¡Eso y mucho más por culpa de un Poder Ejecutivo con ínfulas autoritarias!

Aunque me siento por lo menos incómodo al escribir esta respetuosa petición, pues siento que podría estar irrespetando a los que precisamente veo que están siendo vilipendiados, insto muy respetuosamente a los señores magistrados a fallar a favor de los millones de costarricenses que están viendo amenazado su erosionado bienestar, su relativa tranquilidad, su escurridiza paz.

Si el Poder Ejecutivo anuncia que no revisará siquiera su intolerable actitud rebelde, destructiva, la Sala IV podría sustentar una resolución en que, considerando los hechos conocidos, proceda a avalar el nombramiento de la representante Rocío Alfaro Molina, como miembro de la junta directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, para evitar la amenaza de parálisis que se vislumbra a la vuelta de la esquina. Sería un homenaje al Dr. Calderón Guardia, a monseñor Sanabria y a don Manuel Mora, y a todos los que por 85 años han forjado esa insigne institución solidaria, ejemplo en el mundo.

7 de setiembre del 2026

Tribunal Contencioso Administrativo admite recurso contra el Consejo de Gobierno

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UNDECA informa a las personas trabajadoras de la CCSS y a la opinión pública que el Tribunal Contencioso Administrativo ha admitido para trámite el recurso presentado contra la decisión del Consejo de Gobierno relacionada con la representación sindical ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social.

La admisión del recurso constituye un paso importante en la defensa de la legalidad, el debido proceso, la autonomía sindical y el respeto a la voluntad democráticamente expresada por el movimiento sindical.

Desde UNDECA reiteramos que la representación de las personas trabajadoras no puede quedar sujeta a decisiones políticas que desconozcan los acuerdos legítimamente adoptados por las organizaciones sindicales. La institucionalidad democrática exige que se respeten los procedimientos establecidos y la independencia de la representación de la clase trabajadora.

Continuaremos utilizando todas las vías legales e institucionales necesarias para defender los derechos de las personas trabajadoras y garantizar que prevalezcan el Estado de Derecho, la seguridad jurídica y la verdadera representatividad sindical.

UNDECA denuncia convocatoria ilegítima y defiende el acuerdo adoptado por el Movimiento Consejo Sindical

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UNDECA informa al movimiento sindical y a la opinión pública que rechaza de forma categórica la recientísima convocatoria firmada por la presidenta ejecutiva de la CCSS para designar y nombrar nuevamente la representación sindical ante la Junta Directiva de esa institución.

Dicha convocatoria resulta ilegítima, por cuanto el proceso democrático de designación de la representación sindical ya fue debidamente concluido, culminando con el acuerdo adoptado por la Asamblea Sindical.

En un Estado de Derecho, los acuerdos válidamente adoptados deben respetarse. Pretender reabrir un proceso concluido, anulando la voluntad expresada por el movimiento sindical carece de sustento jurídico e institucional y atenta contra los principios democráticos, de seguridad jurídica, buena fe y autonomía sindical.

UNDECA advierte que esta nueva convocatoria constituye una deleznable maniobra orientada a debilitar la representación legítimamente acordada y causar división dentro del movimiento sindical.

Hacemos un llamado a todas las organizaciones sindicales a defender la autonomía del movimiento sindical y de la Caja y, además, a no prestarse al espurio juego del Gobierno. La fortaleza del sindicalismo radica en el respeto a la voluntad colectiva, en la unidad de acción y en la observancia de las reglas previamente aceptadas por todos los actores.

Exigimos a la Presidencia Ejecutiva de la CCSS respetar el acuerdo de Asamblea Sindical, abstenerse de impulsar convocatorias carentes de legitimidad y garantizar que las relaciones con las organizaciones sindicales se desarrollen dentro del marco del diálogo, la buena fe y el respeto irrestricto a la autonomía sindical.

UNDECA permanecerá vigilante y ejercerá todas las acciones administrativas, políticas y legales que resulten necesarias para impedir que se desconozcan acuerdos legítimamente adoptados y para salvaguardar la representación democrática del movimiento sindical.

¡La unidad del movimiento sindical no se negocia! ¡Los acuerdos se respetan y la autonomía sindical se defiende!

San José, 21 de julio 2026

FRENASS denuncia injerencia política indebida e inconstitucional en el nombramiento de la representación sindical ante la Junta Directiva de la CCSS

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El Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS) manifestó su rechazo a la actuación del Gobierno en relación con el nombramiento de la representación laboral-sindical ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), al considerar que constituye una injerencia política indebida e inconstitucional.

Mediante un pronunciamiento público, FRENASS sostiene que el Gobierno de Laura Fernández Delgado se extralimita en sus competencias al intervenir en un ámbito que corresponde a la autonomía de las organizaciones sindicales y al marco jurídico que regula la integración de la Junta Directiva de la institución.

La organización afirma que esa actuación violenta la Ley Constitutiva de la CCSS, así como los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relacionados con la libertad sindical y el derecho de sindicación y negociación colectiva.

FRENASS enfatiza que la Caja Costarricense de Seguro Social es una institución autónoma por mandato constitucional y sostiene que esa condición debe ser respetada independientemente de la posición que asuma el Gobierno de turno.

En su comunicado, el Frente considera que la autonomía institucional y el respeto a la representación sindical constituyen elementos fundamentales para preservar el modelo de seguridad social costarricense y la institucionalidad democrática.

Finalmente, FRENASS hace un llamado a la ciudadanía a mantenerse vigilante en defensa de la CCSS y concluye su pronunciamiento con la consigna «¡La Caja no se vende, la Caja se defiende!»

El movimiento sindical rechaza la decisión del consejo de gobierno de desconocer la voluntad democrática de las organizaciones sindicales

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Comunicado

La decisión del Consejo de Gobierno pone en riesgo el normal funcionamiento de la CCSS y el derecho a la salud de la población

El Movimiento Sindical de Costa Rica manifiesta su más enérgico rechazo al acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno, mediante el cual se rechazó el nombramiento de la señora Rocío Alfaro Molina como representante titular y de la señora Martha Elena Rodríguez González como representante suplente ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), poniendo en riesgo el funcionamiento de su Junta Directiva.

Esta decisión constituye un grave precedente para la democracia, la libertad sindical y la autonomía de las organizaciones de trabajadores, al desconocer la voluntad soberana expresada por el Movimiento Sindical mediante el procedimiento democrático previsto en el artículo 6 de la Ley Constitutiva de la CCSS.

El Consejo de Gobierno ha sustituido, mediante valoraciones subjetivas y discrecionales, la decisión adoptada por las organizaciones sindicales, arrogándose una facultad que la ley no le confiere. La potestad de verificar el cumplimiento de requisitos legales no autoriza a descalificar a la persona democráticamente electa mediante interpretaciones restrictivas ni a imponer requisitos que el legislador nunca estableció.

El Movimiento Sindical reafirma que la representación de las personas trabajadoras ante la Junta Directiva de la CCSS pertenece a las organizaciones sindicales y debe respetar la decisión adoptada democráticamente por estas, conforme al mandato de la Ley Constitutiva de la institución.

Por ello, anunciamos que agotaremos todas las vías de presión social, administrativas y judiciales nacionales e internacionales que el ordenamiento jurídico reconoce para la defensa de la autonomía sindical, la legalidad y el respeto al Estado Social de Derecho.

Finalmente, hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales, sindicales y a la ciudadanía a mantenerse vigilantes en defensa de su derecho a la salud, a las pensiones, a la vida y de la institucionalidad democrática que garantiza la CCSS.

La defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social también exige defender el respeto a la ley, la democracia y la representación legítima de las personas trabajadoras.

¡No al veto político contra la representación sindical en la Junta Directiva de la CCSS!

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UNDECA- BUSSCO denuncian ante el pueblo costarricense la grave decisión del Consejo de Gobierno de rechazar el nombramiento de las compañeras Rocío Alfaro Molina y Martha Elena Rodríguez González como representantes del movimiento sindical ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), afectando al Estado de Derecho, la autonomía sindical, la representación democrática en la CCCSS y la continuidad del servicio público.

No estamos frente a una simple diferencia administrativa. Estamos frente a un precedente que amenaza el Estado de Derecho, la autonomía sindical, la representación democrática de los sectores sociales y el modelo de gobernanza que ha fortalecido la CCSS durante más de ocho décadas.

La Ley Constitutiva de la CCSS es absolutamente clara: los representantes del sector sindical son electos por sus organizaciones mediante procesos democráticos propios. Esa decisión pertenece al movimiento sindical y no al Poder Ejecutivo. Ningún gobierno tiene autoridad para sustituir la voluntad libremente expresada por las organizaciones de trabajadores.

Lo ocurrido constituye un precedente sumamente peligroso para la institucionalidad democrática del país. Si hoy se pretende desconocer la representación sindical mediante interpretaciones administrativas y reglamentarias que consideramos contrarias a la Ley Constitutiva, mañana podría ponerse en riesgo el modelo solidario de seguridad social para favorecer intereses que históricamente han promovido la privatización de la salud y las pensiones.

Preocupa profundamente que el Consejo de Gobierno haya asumido competencias que la Ley Constitutiva nunca le otorgó. Los reglamentos no pueden modificar la ley, crear nuevas facultades para el Poder Ejecutivo ni convertirse en instrumentos para restringir la representación democrática de los sectores sociales. En un Estado de Derecho, la ley prevalece sobre cualquier decreto ejecutivo.

Resulta igualmente alarmante que altas autoridades del Poder Ejecutivo hayan manifestado públicamente que buscan determinados «perfiles» para integrar la Junta Directiva de la CCSS y que incluso hayan cuestionado el modelo tripartito establecido por la ley. La Junta Directiva de la Caja se integra conforme a la Ley Constitutiva de la CCSS, no conforme a las preferencias políticas del Gobierno de turno.

Durante décadas, el movimiento sindical ha sido uno de los principales defensores de la CCSS. Ha denunciado actos de corrupción, decisiones contrarias al interés público, procesos de privatización, falta de transparencia, debilitamiento institucional y las millonarias deudas del Estado con la seguridad social. Muchas de esas denuncias, inicialmente descalificadas, fueron posteriormente confirmadas por auditorías, investigaciones legislativas y actuaciones de la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, el Ministerio Público y otros órganos de control.

La representación sindical en la Junta Directiva de la CCSS no existe para guardar silencio ni para convalidar decisiones. Existe para representar a las personas trabajadoras, ejercer control democrático, fiscalizar el manejo de los recursos públicos y señalar, con responsabilidad, aquellas actuaciones que puedan poner en riesgo el patrimonio de la seguridad social.

¡La representación sindical no se negocia, no se condiciona y no es objeto de veto político!

San José, Costa Rica, 30 de junio de 2026

Partido Vanguardia Popular denuncia abuso y arbitrariedad del gobierno

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Partido Vanguardia Popular– PVP
Fundado el 16 de junio de 1931

El Partido Vanguardia Popular, denuncia el abuso y la arbitrariedad del gobierno autoritario del señor Rodrigo Chaves, que, bajo un subterfugio ilegal, que no aplica, y bajo un expediente de más de 200 folios, arguye falazmente un proceso de destitución contra la legítima representante de las y los trabajadores ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. Es claro y así se desprende que el órgano director del procedimiento administrativo, se inventó un despido del cual no le asiste ninguna potestad legal.

Con más de 200 mil votos del movimiento sindical, Martha Rodríguez González, fue nombrada como representante legítima de los trabajadores ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, juramentada el 11 de enero de 2021.

En dos oportunidades este gobierno, el cual se caracteriza por la visión de misoginia, el matonismo, la mofa, autoritarismo y la descalificación, del actual mandatario, ha atacado y perseguido, sin fundamento legal la posición política y de control sobre el papel que debe jugar la CAJA y, lo más importante, es que esta compañera ha sido abanderada de la defensa de nuestra emblemática institución del Seguro Social.

En el mes de diciembre del año 2022, irrespetando la autonomía de la CC.SS., en un acto de violencia extrema, el gobierno se arrogó el derecho ilegítimo de suspender a cinco miembros legalmente nombrados por las instancias correspondientes ante la Junta Directiva.

La persecución, la violencia política, el acoso y la violencia contra Martha Rodríguez, ha llevado visos de todo tipo. Buscaron callarla a como diese lugar. Por cuando un matón gobierna y ha perdido sus ideas, el único recurso que le queda es violentar políticamente a sus adversarios y, si son mujeres, el acoso político se hace aún más evidente.

Excluirla de las deliberaciones, cercarla psicológicamente, de los anteriores miembros, solo sobrevivió la entereza moral y política de la compañera Rodríguez, los demás doblaron su cerviz, para que dolorosamente el gobierno les diera su espaldarazo.

Hemos visto, dichosamente que, el movimiento sindical ha hecho pública su posición a favor de la compañera Rodríguez y a la vez, denunciando la arbitrariedad del gobierno “chavernícola”, que una vez más irrespeta la institucionalidad.

Pero, finalmente, qué es lo que este gobierno le cobra a la representante de la clase obrera costarricense. Digámoslo de manera muy sencilla. Primero, la denuncia sostenida contra privilegios que contravienen los principios institucionales de la Caja, la denuncia de encubrimientos e irregularidades que se hicieron públicas, la denuncia de desmontar la narrativa gubernamental que la Caja está quebrada. En ese marco, Martha fue la voz disidente para denunciar, como se desmantelaba el portafolio de proyectos y lo que la prensa conoció como el Caso Barrenador. También su voz a clamado para que el gobierno asuma la responsabilidad de pagar los cuatro billones de deuda que tiene con la CC.SS. En ese mismo orden, las denuncias sobre los sobreprecios y los brutales recortes a la salud, han sido parte de sus banderas de lucha. Pero no solo su denuncia y transparencia y control político se ha quedado ahí. Martha ha sido también un baluarte en la defensa de construir y mejorar la infraestructura de los hospitales.

Nuestra historia política está estructuralmente ligada al origen de la Caja Costarricense, de igual forma al PVP le asiste moralmente la defensa de la clase trabajadora, principalmente de los sindicatos clasistas y dígase de una vez por todas, Martha llegó con el aval de las centrales sindicales más importantes de este país y por eso su nombramiento debe respetarse.

Repudiamos nacional e internacionalmente esta arbitrariedad contra nuestra democracia y la institucionalidad. No a la violencia política, exigimos respeto la autonomía institucional y reclamamos la restitución de la compañera Rodríguez González ante el órgano de la Junta Directiva, al cual accedió por el voto del movimiento sindical confederado de este país y democráticamente electa.