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Etiqueta: represión

Honduras – 42 años de la desaparición y muerte de nuestros mártires: nunca más

Honduras, septiembre de 2025 / Comunicado conmemorativo

Este mes de septiembre conmemoramos y honramos a aquellos valientes hondureños y hondureñas, héroes y mártires caídos en Olancho en 1983, quienes entregaron sus vidas en defensa de una Honduras justa, digna y solidaria.

Con respeto y solemnidad, evocamos la memoria de Juan Ramon Dermith, René Bulnes Soleno, Luis Antonio Isaula Oliva, Rafael Alberto Salazar Mugartegui, Padre Guadalupe Carney, José María Reyes Mata, y de todos aquellos que fueron torturados, desaparecidos y asesinados en el departamento de Olancho, en el marco de la brutal represión estatal de la década de los ochenta, producto de la Doctrina de Seguridad Nacional.

Nuestro pueblo sabe que la libertad y la justicia tienen un precio muy alto. Reconocemos el sacrificio de quienes, con su vida, sembraron las semillas de esperanza y transformación en nuestro país. En honor a su memoria, reafirmamos nuestro compromiso de seguir luchando por el derecho a la verdad y la justicia. Esto nos obliga a garantizar que nunca se olvide el pasado, que las verdades sean plenamente conocidas, y que la memoria de las víctimas permanezca viva como un acto de justicia y reparación.

Nos solidarizamos con sus familiares y con toda la comunidad que continúa soñando con un país sin miedo ni opresión. La memoria activa de los mártires nos recuerda que “nunca más” debe repetirse la historia de represión, desapariciones y asesinatos. Solo mediante reformas institucionales, justicia efectiva y una memoria verdadera, podremos construir un país en paz, sin miedo y sin impunidad.

Desde el Grupo Búsqueda de la Verdad y la Justicia, seguimos trabajando por una Honduras que honre a sus víctimas, garantice sus derechos y nunca olvide su pasado. La lucha continúa, y todos estamos llamados a mantener viva su memoria y a perseverar en la búsqueda de una sociedad más justa.

¡Nunca olvidaremos! ¡Nunca nos rendiremos!

Por la memoria, la justicia y la dignidad de Honduras.

Grupo Búsqueda de la Verdad y la Justicia busquedajusticiahn@gmail.com

A 15 años de la masacre de Changuinola. La violencia continúa

Masacre en Changuinola 2010 | Foto: Gerardo Iglesias (archivo Rel UITA)

Gerardo Iglesias

El 8 de julio de 2010 el aparato represor del gobierno del expresidente Ricardo Martinelli −condenado por corrupción y asilado hoy en Colombia− reprimió con saña al pueblo trabajador de la zona bananera de la provincia de Bocas del Toro.

En aquel entonces, José Raúl Mulino −hoy Presidente de la República− era ministro de Interior, por lo tanto, responsable directo de la feroz cacería de ciudadanos indefensos en el feudo de Chiquita Brands.

José Raúl Mulino sufre del trastorno de acumulación de odio contra los trabajadores bananeros y los indígenas. Aquella salvajada −por la cual debería estar preso− dejó un saldo de dos muertos, 78 lisiados de por vida y 700 heridos de bala y perdigones.
La entonces ministra de Trabajo, Alma Cortés, se dignó ir a la zona bananera donde el Sindicato (SITRAIBANA) había convocado a una huelga en todas las fincas.

En la propia sede del Sindicato, la copetuda ministra mostró también su fobia antiindígena: “Ustedes son unos indios borrachos, ignorantes, analfabetos”, les dijo. “Dejen de hacerle el juego a los dirigentes sindicales, que lo único que quieren es seguir viviendo de las cuotas”, añadió.

Aquella señora copetuda fue condenada en mayo del actual a 32 meses de prisión al no justificar gastos de viáticos por 49 mil dólares en reuniones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, Suiza. La muy instruida señorona resultó una vulgar ladrona.

Hace algunas semanas el presidente Mulino ordenó una nueva cacería en Bocas del Toro. El despliegue de las fuerzas de seguridad llevó por nombre “Operación Omega”. El número de muertos crece a diario, junto a las denuncias de torturas y flagrantes violaciones a los derechos humanos.
Ni siquiera la impunidad es eterna. El que las hace las paga. ¡Prohibido olvidar!

Masacre en Changuinola 2010 | Foto: Gerardo Iglesias (archivo Rel UITA)

Derechos humanos en un hilo: la Centroamérica que somos

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

La deriva de una opción autoritaria en Costa Rica ya dejó de ser una imagen proyectada para otros países de la región. Nos alcanzó eso que alguien despectivamente y con cierto tinte de superioridad llamara “la centroamericanización” de Costa Rica.

A la vuelta de la esquina y con amplio apoyo popular, se cuece la construcción de una vergonzosa megacárcel para paliar, según sus impulsores, el aumento de la criminalidad en el país.

Lo que en otros momentos históricos era impensable, hoy está a punto de ser un hecho que contradice a todas luces la larga tradición democrática costarricense, que empieza lentamente a palidecer.

La excepcionalidad que hasta hace algunos años nos mostraba como punto y aparte en el escenario centroamericano, fue pulverizada en pocos lustros por un sistema económico desigual y aniquilador, un escenario político inquietante y algo turbio en sus alianzas con actores poco claros y altamente cuestionados y, como hemos dicho en varias ocasiones, el agotamiento de un contrato social que espera por una nueva edición para reconstruir el proyecto de eso que utópicamente llamamos “ la vía costarricense”.

Por lo pronto, en algunas países centroamericanos esa deriva autoritaria mantiene su dinámica.

Esta semana veíamos con estupor la forma artera en la que Ruth López, jefa de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de la organización social salvadoreña Cristosal, dedicada a defender los derechos humanos de su país, era presentada ante la fiscalía.

La funcionaria había sido detenida el mes pasado luego de hacer serios cuestionamientos al gobierno de Nayib Bukele, como una muestra más de la escalada en la represión a las voces críticas y cuestionadoras a esta gestión. Algo que inquietantemente empieza a mezclarse en el entorno costarricense con la puesta de bozal a la prensa y otros hechos recientes.

Desde diferentes frentes de organismos sociales y civiles salvadoreños se han realizado pronunciamientos para exigir la liberación de López, sin un resultado positivo. Esto se suma a la reciente aprobación de la Ley de Agentes extranjeros, una herramienta que permite al gobierno salvadoreño discrecionalidad sobre qué organizaciones sociales pueden permanecer en su país y si permanecen, “contribuir” con un tributo de renta del 30%.

Una más: tres periodistas del medio de comunicación El Faro dejaron El Salvador en los últimos días ante una inminente amenaza de detención en su contra. Es de sobra conocido el rol cuestionador de este medio a las políticas represivas del gobierno de Bukele que, a fuerza de negociaciones con los líderes de las pandillas, ha bajado la criminalidad, pero han aumentado las detenciones y desapariciones de personas sin ningún nexo con esta actividad.

En Costa Rica la impronta autoritaria está tocando la puerta, asomándose por una rendija a ver si el escenario le es propicio.

Y sí que lo es.

Por ello, no deja de preocupar diagnósticos como el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, al escribir el capítulo para Costa Rica en relación con el estado de los derechos en los distintos países de la región, mencionaba:

La CIDH observa con preocupación la situación de la seguridad ciudadana y los cuestionamientos a la respuesta estatal, así como los señalamientos de afectaciones a la independencia judicial. También preocupa las denuncias de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, especialmente en relación con la consulta previa y la delimitación territorial; así como las brechas significativas en la garantía de derechos económicos, sociales y culturales para grupos en situación de riesgo como personas en movilidad humana, mujeres y personas mayores”.

La respuesta estatal a la que se refiere la CIDH es en realidad una inacción, justificante para el siguiente paso: la constitución de un espacio represivo que alimente las necesidades de la población de vivir sin temor en un país cuyo pacifismo también fue pulverizado por los hechos fácticos del modelo.

Es claro. Hay cosas que se parecen y mucho en estos escenarios. Si la reserva moral e institucional nacional a la que le queda menos de un cuarto de tanque no es suficiente, habremos perdido el proyecto país para siempre.

A esta generación le tocó la hora. No es poca cosa. Es el momento del punto del no retorno. Asumamos cada cual los funciones que nos corresponden para intentar recuperarnos.

Es nuestra tarea.

Urgente nuestra solidaridad con el pueblo panameño – para firmar

SURCOS comparte el siguiente llamado:

El pueblo panameño urge de nuestra solidaridad. Docentes, indígenas, estudiantes, entre muchos sectores, están en pie de lucha en pos de que no les recorten las pensiones, por la defensa del Canal para el pueblo panameño y contra bases militares estadounidenses en Panamá.

El pueblo firme en su legítima lucha es víctima de una brutal represión por parte de cuerpos policiales militarizados. Solicitamos su firma de manera solidaria y urgente.

Fecha límite: domingo 8 de junio 2025

https://forms.gle/yQ6oxS4QM4FC31WC8

Carta abierta al Estado de Chile y a la Nación-Pueblo Mapuche – para firmar

Ante el Informe emitido por la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, elaborado por ocho comisionados vinculados a partidos políticos, con el fin de buscar una solución pacífica al conflicto de alta intensidad que mantiene el Estado de Chile contra la Nación Mapuche, los abajo firmantes manifestamos que:

Nos resulta incomprensible que se pueda alcanzar esa paz sin que previamente se haya iniciado un proceso de entendimiento directo con las autoridades ancestrales de la Nación Mapuche.

Por más de 130 años el pueblo nación mapuche ha reivindicado la restitución de sus territorios, el respeto de sus autoridades ancestrales, su autonomía y autodeterminación, el respeto a su cultura y la defensa de su lengua, recogidos en el Tratado de Tapihue firmado con el Estado de Chile hace 200 años.

Ante los continuos abusos de poder de las autoridades políticas, judiciales y policiales del Estado chileno, defensor de los intereses económicos empresariales extractivistas, las comunidades mapuche han desarrollado diversos procesos de recuperación de sus territorios, usando tanto las formas institucionales, como las autónomas. Sin embargo, la respuesta del actual gobierno, ha sido:

  • Decretar el Estado de Excepción Constitucional, por tres años consecutivos, que le permite militarizar, reprimir y encarcelar a comuneros mapuche sin pruebas y crear falsas acusaciones a través de montajes, contando con la complicidad de los Medios de Comunicación.

  • Aprobar leyes para justificar la criminalización de la protesta social mapuche: Ley del “gatillo fácil”; Ley de Usurpación, Ley de seguridad e Inteligencia que favorecen la militarización policial y la ocupación del territorio mapuche, así como la creación de cuerpos de seguridad privado que protegen los intereses de los consorcios forestales, de los usurpadores de los territorios mapuche: colonos latifundistas y terratenientes que tienen tanto poder como policías, militares y jueces.

> Con estas leyes se han incrementado los proyectos extractivistas con capitales extranjeros, los allanamientos, desalojos y usurpación de los territorios de comunidades mapuche, así como la desaparición de Julia Chuñil por más de 6 meses sin investigación hasta el momento; y el desalojo y encarcelación de Francisca Curihuinca por demanda de las forestales;

  • Aumentar la prisión política de comuneros mapuche, dispersándoles en cárceles subvencionadas fuera de su territorio de origen, además de presentarse como parte querellante en las causas judiciales, exigiendo penas ejemplares a jóvenes mapuche entre 30 y 100 años.

Denunciamos que con este Informe queda evidente que se trata de:

  • Un nuevo acuerdo de «pacificación» mientras se mantiene un Estado de Excepción Constitucional permanente, controlador y vigilante en Wallmapu, con el fin de apropiarse ilegalmente del territorio mapuche, desconociendo y criminalizando a sus autoridades ancestrales, su historia, su cultura, vulnerando los derechos de su gente y el derecho del pueblo mapuche a la autodeterminación;

  • Una estrategia para dividir a la Nación Mapuche y manipular a la opinión pública, con recomendaciones que refuerzan el racismo y la represión hacia el pueblo mapuche;

Por todo lo anterior EXIGIMOS AL ESTADO DE CHILE:

  1. – Levantamiento del Estado de Excepción en Wallmapu y retiro inmediato de militares y carabineros en territorio mapuche.

  2. Devolución de los territorios y respeto a la frontera con Chile marcada en el Tratado de Tapihue, que establece los derechos ancestrales de autonomía y autodeterminación como nación mapuche en su territorio ancestral.

  3. Fin de la militarización y represión en territorio mapuche.

  4. Libertad a todos los prisioneros políticos mapuche secuestrados por los Estados de Chile y Argentina.


Complete este
formulario para firmar y adherirte a esta carta.

Imagen: https://www.biodiversidadla.org

Impunidad del asesinato de Sergio Rojas

Comunicado

Reunida la Coordinación del Frente Nacional de los Pueblos Indígenas de Costa Rica, FRENAPI, los días 14 y 15 de marzo, para evaluar y generar Planes de Trabajo 2025, comunicamos a la comunidad nacional e internacional:

Este 18 de marzo, se cumplen ya 6 años, del cobarde asesinato del compañero Sergio Rojas, Bribri del clan Uniwak y miembro coordinador de FRENAPI.

Desde la legislación de 1977, ley 6172, el Estado debió asumir su responsabilidad de garantizar nuestro derecho a la Tierra/Territorio, ya sea indemnizando o desalojando los usurpadores – poseedores de mala fe. El Estado incluye la Comisión Nacional de Asuntos Indígena CONAI, ITCO actualmente INDER por su competencia en materia agrario, las asociaciones presentes en los territorios indígenas ADIs (dependientes de DINADECO), que son estructuras impuestas a los pueblos indígenas, por su negligencia y omisión en el saneamiento territorial, los hace cómplices del asesinato de nuestro hermano.

Después de más de 40 años de espera, (de Ley Indígena) y del desalojo violento en la Asamblea Legislativa, 9 agosto 2010, los Pueblos Indígenas, hemos decidido REAFIRMAR nuestro derecho a la Tierra/Territorio y nuestros Derechos a la espiritualidad, ambiente, educación, salud, y reivindicar de las estructuras propias.

Responsabilizamos al Estado de las agresiones, violaciones, a las personas indígenas y nuestros bienes, pues no ha garantizado ni materializado los derechos consagrados en la Constitución y el Derecho Internacional de los Pueblos Indígenas. De modo que nuestras vidas y subsistencia, se ven en riesgo, vulnerabilidad y enajenado por las complicidades y omisiones del Estado.

En la administración Chaves Robles, igual que las otras administraciones, la represión, las agresiones, impunidad y la discriminación, han ido en forma escalonada, contra los Bienes Comunes, los Derechos Constitucionales y la integridad de los Pueblos Indígenas.

La impunidad desde los Poderes del Estado, promueve y consolida más agresiones, discriminación, racismo y la imposición de las nuevas formas de colonizar nuestras mentes, espiritualidades, estructuras propias y la diversidad cultural.

Desde los pueblos hemos vivido el despojo de los bienes comunes, mediante el clientelismo y la imposición de “agendas del estado”, mediante toda su estructura CONAI-ADIs-INDER-FONAFIFO-MINAET-ESTADO, folclorizando nuestras culturas, con acciones aisladas, evidenciando la continuidad del modelo colonial, de conquista, asesino, usurpador extractivista de nuestros bienes y la VIDA.

Condenamos al Estado que con su accionar nos ha arrebatado la vida, que es un derecho fundamental del ser humano, que después de 5 siglos, sigue la masacre, el crimen y genocidio estructurada y sistemática.

Esta impunidad representa mayor violencia que viven los pueblos indígenas, dichas acciones son ejecutadas a mansalva contra los pueblos y sus derechos.

Repudiamos la impunidad por parte de los poderes del Estado, que sólo manifiesta y ratifica la inoperancia e ineficiencia, del sistema, mediante los operadores de la justicia, sean abogados/as, fiscales, jueces, ministros y presidencias.

Exigimos justicia contra los asesinos materiales e intelectuales de nuestro compañero Sergio, contra la violencia de usurpadores y agresores; así como exigimos atención de la Agenda Indígena, que respeta nuestros Derechos, estructuras y espiritualidades propias.

La garantía y exigencia del Derecho a la Tierra/Territorio, de los Pueblos Indígenas, que seguiremos recuperando y reafirmando, por el bienestar, la salud, la conservación, la biodiversidad, siguen vigentes en todos nuestros Pueblos

Generado el día 18 de marzo 2025.

#SergioRojasVIVE

#JerhyRiveraVIVE

¡LA LUCHA SIGUE Y SE EXTIENDE!

SERPAJ denuncia represión durante manifestación de personas jubiladas en Argentina

El Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) emitió un comunicado en el que repudia la represión ejercida por fuerzas de seguridad durante una manifestación de personas jubiladas en Argentina.

En el documento, SERPAJ exige al presidente Javier Milei y a la ministra Patricia Bullrich que respeten el derecho a la protesta y les recuerda que «los Estados tienen la obligación de garantizar derechos, no violarlos».

Según la organización, cada miércoles la población jubilada sufre violencia durante sus manifestaciones. El comunicado señala que, en esta ocasión, al contar con el acompañamiento solidario de diversos sectores e hinchadas de varios clubes de fútbol, se desplegó un operativo policial de gran magnitud que dejó como resultado numerosas personas golpeadas, gravemente heridas y detenidas.

SERPAJ manifiesta que esta situación genera dudas sobre la existencia de un Estado de derecho y de un sistema democrático representativo en el país. La organización exige que el Estado nacional disponga los medios necesarios para encarcelar y enjuiciar a quienes considera responsables materiales y políticos de lo que califican como una grave violación a los Derechos Humanos.

El comunicado concluye con la frase «Nunca Más es Nunca Más», emblema de la organización fundada por Adolfo Pérez Esquivel, -Premio Nobel de la Paz 1980-, y que este año cumple 45 años de existencia.

Megaproyectos, represión y memoria: la otra cara de El Salvador

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

En esta entrevista, Ángel Flores, coordinador de la filial Oriente del Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales, y Rafael Moreira, miembro del Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora, expusieron la difícil situación que enfrenta El Salvador. Más allá de su imagen turística, el país vive un proceso de represión, criminalización de defensores de derechos humanos y despojo territorial debido a megaproyectos y políticas neoliberales.

Ambos líderes destacan la creciente persecución contra sindicalistas, ambientalistas y trabajadores del arte y la cultura, muchos de los cuales han sido detenidos arbitrariamente. Además, alertan sobre la eliminación de espacios democráticos y el control de los poderes del Estado, lo que ha generado un debilitamiento de la participación ciudadana.

En este contexto, Flores y Moreira subrayan la importancia de la memoria histórica y la resistencia comunitaria como pilares fundamentales en la lucha por la justicia social, la protección del medio ambiente y los derechos laborales. Su llamado es claro: visibilizar las realidades que enfrentan las comunidades y fortalecer la articulación regional e internacional para frenar la opresión y defender los territorios ancestrales.

Les compartimos el Informe Informe de la situación de defensoras y defensores de derechos humanos en El Salvador.

*Imagen de Nayib Bukele y Marco Rubio tomada de Facebook Presidencia de la República de El Salvador
*Imagen de protestas tomada de Human Rights Watch

Bloque Verde denuncia represión a manifestación pacífica

Intentan silenciarnos: represión contra la manifestación pacífica frente a Casa Presidencial

  • El presidente de la República no toleró la presencia del tumbacocos ecologista en la manifestación del movimiento estudiantil.
  • En un acto de represión, las autoridades multaron y persiguieron al conductor del tumbacocos que nos acompañaba, en un claro intento por silenciar nuestra protesta legítima.

Bloque Verde. San José, 4 de febrero de 2025. Este miércoles, sectores ecologistas llevaron su acción directa no violenta frente a Casa Presidencial, con el fin de unirse en apoyo a la manifestación pacífica convocada por el movimiento estudiantil contra las más recientes políticas del Chavismo costarricense.

Amparados en el derecho a la manifestación y la libertad de expresión, el sector ecologista sumó a la marcha un perifoneo contra el ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra, y las políticas de destrucción ambiental que ha impulsado como jerarca de esta importante cartera.

Pocos minutos después de iniciada la acción, oficiales de tránsito y de la fuerza pública se acercaron al conductor del tumbacocos y, sin justificación alguna, le exigieron abandonar la manifestación de inmediato. Ante este amedrentamiento, los manifestantes se agruparon en un círculo alrededor del vehículo para impedir que se lo retiraran sin razón alguna.

Acto seguido, los oficiales entregaron una multa al conductor, quien contaba con todos los permisos requeridos para realizar su labor comercial de perifoneo y para circular por las calles de San José. El motivo de la multa fue “irrespetar las instrucciones del oficial de tránsito”, quien le exigía al conductor mover el vehículo, a pesar de que el camino estaba completamente bloqueado por los manifestantes, lo que hacía imposible que pudiera hacerlo.

No conforme con esta acción, al finalizar la manifestación, oficiales de tránsito esperaban al conductor con grúas, aparentemente con el interés de quitarle el vehículo y dejarlo sin su herramienta de trabajo. Ante esta situación, valientemente, los estudiantes rodearon el tumbacocos y lo acompañaron hasta las instalaciones de la Universidad, evitando que el vehículo fuera retirado.

No contentos con el amedrentamiento, oficiales del Poder Ejecutivo ingresaron al recinto universitario con la intención de perseguir el tumbacocos. Sin embargo, poco después fueron obligados a salir de la Universidad. No obstante, los reportes desde la Sede de la UCR en San Pedro indican que la policía permaneció en las salidas de la universidad, esperando presumiblemente la salida del vehículo y su conductor, en clara actitud intimidatoria.

Denunciamos el claro amedrentamiento y la persecución ciudadana por parte del Poder Ejecutivo. No cederemos ante la intimidación. Continuaremos defendiendo el derecho a la protesta y exigiendo acciones reales para proteger el medio ambiente y el futuro del país.

Cabe destacar que esta acción de perifoneo se viene realizando desde el viernes pasado, cuando un grupo de manifestantes del Bloque Verde recorrió las principales calles de la capital (3-2-25, Bloqueverde).

¡No nos callarán!