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Etiqueta: represión estatal

Un visitante indeseable

José Manuel Arroyo Gutiérrez

El poder siempre ha querido perpetuarse, pasar a la posteridad. Es un rasgo muy común de la condición humana, que en el fondo revela su fragilidad e impotencia frente al paso del tiempo y la muerte inexorable. Faraones y grandes caciques nos legaron sus pirámides-tumbas; reyes y emperadores sus castillos y palacios; cardenales y papas sus catedrales cargadas de oro y arte; y los presidentes de la modernidad han querido ser recordados por sus grandes obras de infraestructura, museos, bibliotecas, universidades, o proezas diplomáticas.

Vivimos sin embargo una época tan degradada –desde el punto de vista civilizatorio- que un tiranillo de cuarto mundo quiere pasar a la posteridad legando una “mega-cárcel”. Y hay quien lo admira y quiere imitar (sin decir nombres).

La humanidad ha tenido, desde siempre, serios problemas de qué hacer con los diferentes, los delincuentes, los locos, los disidentes y rebeldes, los marginados y pobres. Es lo que el criminólogo italiano de última generación –Alessandro De Giorgi-, llama el problema de la “excedencia”, los que en una sociedad salen sobrando, los que no logran sentarse a la mesa del reparto.

Las soluciones humanistas y democráticas han propuesto estrategias de reconocimiento de derechos e integración, de atención e inclusión social para esos sectores. Al contrario, las “soluciones” autocráticas, meramente represivas, han recetado desde hace siglos, el encierro o el abierto exterminio. Ese fue el dilema que enfrentó la camarilla nazi con los campos de concentración primero, y los hornos asesinos casi inmediatamente después. Esta es la “solución” de Donald Trump y otros líderes europeos persiguiendo, expulsando y aniquilando migrantes que buscan mejores condiciones de vida. Este es también el camino elegido por el genocida gobierno israelí para deshacerse del pueblo palestino.

Hoy sabemos, a pesar de la persecución y censura a medios de comunicación y activistas de derechos humanos, que en El Salvador hay más de cincuenta mil presos, la gran mayoría detenidos arbitrariamente, sin juez ni defensa, sin juicio ni sentencia, sin debido proceso. Por desgracia, no podemos saber cuántos están muriendo, porque la maquinaria represora del gobierno ha eliminado todo tipo de vigilancia y control externos. Contemplar a un presidente de Costa Rica (otra vez sin decir nombres), con pose de oficial de las SS haciendo recorrido de reconocimiento a presos semidesnudos y hacinados en la mega-cárcel bukeliana, es de lo más bochornoso y patético que nos ha tocado vivir.

Esta “salida” al problema de la violencia social es una confesión abierta de total fracaso político. Se ha fracasado en la construcción de instituciones democráticas, se ha fracasado en la lucha contra la desigualdad y la pobreza, se ha fracasado en una redistribución justa de la riqueza y se ha fracasado en dar escuela y trabajo a las nuevas generaciones.

Pero además, más temprano que tarde se sabrá el precio que ha pagado Bukele para bajar las tasas de homicidios en el hermano país centroamericano. Sus acuerdos subterráneos con los líderes mareros, sus tratativas con el crimen organizado y las corruptelas personales que lo han enriquecido cada vez más. Cuán sostenible es esta respuesta también lo sabremos muy pronto.

En todo caso, no es válido aprovecharse del miedo legítimo de la gente para imponerle ilusorias salidas a problemas profundos, que atañen al régimen de capitalismo salvaje dominante y sus políticas de exclusión y miseria para amplias mayorías de la población. Mientras esto no se resuelva, en pocos años, habrá otros 100 mil jóvenes salvadoreños en la más absoluta marginalidad y violencia. ¿Qué se le ocurrirá al tiranillo salvadoreño?, ¿tirarlos al mar?, ¿exportarlos como esclavos a Arabia Saudita?

Nayib Bukele es una viva ofensa a la tradición democrática costarricense. Es un sujeto indeseable que sin pudor alguno nos visita para tratar de influir en un proceso electoral en el que se quiere manipular, una vez más, el miedo a la violencia delictiva para tapar los problemas de fondo que siguen esperando auténticas soluciones.

Más de 900 periodistas en Latinoamérica han sido forzados al exilio, revela investigación internacional

El Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI) de la Universidad de Costa Rica, la Cátedra UNESCO de la Universidad Diego Portales de Chile y la organización no gubernamental Fundamedios, dedicada a la defensa de la libertad de expresión, elaboraron el informe Voces Desplazadas: Radiografía del exilio periodístico latinoamericano.

El estudio revela que entre 2018 y 2024, al menos 913 periodistas de 15 países latinoamericanos se vieron forzados a exiliarse debido a la represión, la persecución y el cierre de espacios cívicos en sus países. Además, advierte que el desplazamiento forzado por persecución, censura y amenazas se ha convertido en una grave alerta para la libertad de expresión y la democracia en la región.

Venezuela, Nicaragua y Cuba concentran el 92% de las salidas estimadas de periodistas, aunque también se identifican contextos hostiles en Guatemala, Ecuador, Haití, México, Colombia y El Salvador, donde la criminalización del ejercicio periodístico o la violencia del crimen organizado vulneran a quienes trabajan en medios de comunicación.

Los principales destinos de acogida para estas personas desplazadas son Costa Rica, Estados Unidos, España, Chile, Argentina, Colombia y México, elegidos principalmente por las redes de apoyo disponibles y las posibilidades de regularización migratoria.

El informe destaca que la mayoría de los desplazamientos ocurren de forma abrupta y sin planificación, lo que profundiza situaciones de vulnerabilidad. Las personas desplazadas enfrentan precariedad económica, violencia, discriminación, problemas de salud física y mental, y dificultades para acceder a derechos básicos como salud, vivienda y empleo.

En muchos casos, las personas se ven obligadas a abandonar la práctica profesional, lo que produce vacíos y desiertos informativos que afectan directamente la libertad de prensa y el derecho ciudadano a estar informado.

“Que más de 900 periodistas hayan sido desplazados forzosamente por defender la libertad de expresión es un ataque directo a la democracia y un llamado urgente a los gobiernos para que actúen sin demora”, expresó Óscar Mario Jiménez, coordinador del equipo investigador desde Costa Rica.

Por su parte, Dagmar Thiel, directora de Fundamedios en EE. UU., advirtió que “el periodismo se ha transformado en una actividad de alto riesgo, pues los y las periodistas ponen en juego su integridad física y su propia vida para ejercer un buen periodismo en Latinoamérica”.

Desde Chile, Alejandra Matus, directora de la Cátedra UNESCO en Comunicación y Participación Ciudadana de la Universidad Diego Portales, subrayó: “El periodismo florece y fructifica en contextos de respeto a las normas democráticas y a uno de sus principios fundantes: la libertad de expresión. Cuando las y los periodistas son perseguidos y forzados al destierro, no solo se silencian sus voces, sino que se dañan los derechos de las comunidades a las que esos profesionales servían”.