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Etiqueta: represión

Invitan a concentración en solidaridad con el pueblo peruano y contra el gobierno golpista

SURCOS comparte el siguiente llamado:

Les invitamos a participar este lunes 6 a las 2 pm.

El 7 de diciembre, 2022 el presidente de Perú Pedro Castillo -maestro e hijo del campesinado y elegido por voto popular- sufre un golpe de Estado. A partir de ese día, el gobierno encabezado por Dina Boluarte desata una ola creciente de represión y muerte, en especial, contra estudiantes, campesinado y pueblos indígenas, quienes se manifiestan en contra de dicho golpe y la imposición de un gobierno represor y criminal.

La lucha en defensa de los Derechos Humanos NO TIENE FRONTERAS. Por eso, el MTC se ha unido a diversas ¡ornadas que ha impulsado el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos.

Atisbando El Perú: “Latino América” para los “latinoamericanos”

Edgar Chacón

Edgar Chacón Morales

1 de febrero de 2023

Al sur del Río Bravo. Poder formal y poder real

Los “teóricos” “concepto-funcional-estructuralistas”, parsonianos y mertonianos algunos, apegados a su tradición coopto-populachera, efectista, sofismática, y fantochera, en función de una eficaz gestión de los intereses a los que adscriben, desde hace algún tiempo vienen utilizando dos términos: “Gobernanza”, (no es un concepto teórico), que debe ubicarse en el ámbito del análisis del poder formal y “Estado profundo” (tampoco es un concepto teórico), que debe ubicarse en el ámbito del análisis referido a lo que mejor ilustra lo que otros llamamos, “poder real” y sus expresiones. Ámbitos entrelazados en una relación dialéctica.

Poder formal, poder doméstico

“Derecha achorada”, “izquierda caviar“(Dina Boluarte), “Congreso golpista”, “prensa mermelera y mercenaria” (sirve a ambos poderes), son términos de consumo o análisis local, que se inscriben en el ámbito del poder formal. Acá podemos ubicar todo lo lamentable, que están haciendo los portadores de los poderes “montesquianos”, legislativo, ejecutivo y judicial: represión, matanza, mentira, encubrimiento, populismo, demagogia, entreguismo, ante ese “despertar del pueblo peruano”.

Sin detenerme en análisis previos, a continuación, cito las palabras de varias personas, ante el desenmascarado intento de la congresista Rut Luque Ibarra, en una “olla común”, en la plaza” Túpac Amaru”, de Cusco, haciendo demagogia. Esta congresista, quien votó a favor de la vacancia de Pedro Castillo, prácticamente fue echada y tuvo que “salir huyendo” del lugar:

“…a los provincianos no nos va a convencer con sacos de arroz y fideos…basta ya congresistas y Dina Boluarte, váyanse de una vez”, “…(RLI) ha traicionado la voluntad del pueblo peruano…que no venga a banderearse… yo no soy de izquierda, de derecha, de centro, soy ciudadana…el pueblo se financia…que no venga a aprovecharse… ha recibido sus coimas…” “…(Pedro Castillo) ha sido elegido por la voluntad del pueblo… en honor a la democracia…más de 8 millones votaron por el presidente Pedro Castillo Terrones, que está secuestrado de forma ilegal, por la ultra derecha, por los altos mandos militares, por ese congreso asesino, corrupto, que está vendiendo a nuestro Perú… se le vacó de forma ilegal, sin respetar las normas constitucionales… los repudiamos… el pueblo tiene amor a la patria, que le falta a esos congresistas, que son parte de esta dictadura de ultra derecha, militar… ella es ventrílocua de esos mandos… están persiguiendo a quien piense diferente… dicen que somos terroristas, pero no. Buscamos la democracia el respeto y la vida…los hechos han demostrado que ellos son los terroristas… Dina Boluarte ha superado a Jeanine Añes de Bolivia…”. (“Te cuento todo”).

Es evidente la claridad y decisión de las multitudes de Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Andahuaylas, Juliaca, Ayacucho, Huancabelica, Junín, Lima y demás, frente al poder real y el poder formal, que tiene instalado un remedo de sistema parlamentario y se ha dedicado a ejecutar un recurso ya muy trillado: Criminalizar el descontento, recurriendo a argumentos burdos como el terrorismo y el “narcotráfico”.

Poder real

La realidad y clase de lucha que enfrentamos los latinoamericanos. ¿Neoliberalismo? ¿Soberanía vs. Agenda globalista?

Coincidiendo en algunos aspectos con otras propuestas, El Dr. Máximo Grillo Anunciata, propone que Perú se encuentra en el escenario de una conspiración, un plan racista de la clase dominante, del que se puede decir que está determinado por los planes geopolíticos de las potencias hegemónicas, para exterminar la población.

En octubre de 2019, se llevó a cabo en Estados Unidos el “Evento 201”, financiado por Will Gates, en el que participaron Rockefeller, (algunos judíos sionistas como) Rotchild, Kissinger, Soros, la OMS, el FMI representado por Cristina Lagarde (también judía sionista), el BM. Dijeron que la tierra no estaba en condiciones de darle de comer a toda la población humana, que debe ser reducida al 15%. Eliminar al 85%.

En la reunión de Dabos, en Londres, respaldada por la corona inglesa, se afirmó lo mismo.

Bertrand Rusell, premio nobel, en su libro “La Sociedad Industrial”, ya había dicho lamentar que no se reduzca la población en América Latina y recomienda sembrar virus y bacterias en los ríos y lagunas, para disminuir las poblaciones nativas.

Para el 2,050 habría 11 mil millones de habitantes y los “recursos” no alcanzan para darles de comer. La solución para estos intereses es el exterminio.

En este mismo orden, el gobierno de Fujimori, enmarcado en esta geopolítica, hablaba del “excedente poblacional nocivo”: los provincianos, los serranos, los empobrecidos, población que debía reemplazarse con población japonesa (según planes existentes desde la II guerra mundial).

En el marco de esta situación, la realidad histórica del Perú muestra que están presentes indicadores sociales precarios: Mujeres con anemia crónica que dan a luz niños también con anemia crónica que, desde que nacen están en desventaja permanente. Se trata del 60% de los niños. Además, existen altos índices de tuberculosis, alcoholismo, bajos índices de educación. Todo esto provoca un muy bajo coeficiente de inteligencia.

Esto es causa de ser un país que tiene la salud y la educación pública abandonadas. La alimentación del pueblo está deteriorada.

En Perú, la producción agrícola no está para que los peruanos coman, está para exportar, para que ganen dinero las empresas exportadoras, exonerada de impuestos, y la actual Constitución lo permite. Las mineras no pagan impuestos, y el Estado tiene que reembolsarles sus gastos. También la Constitución lo permite.

Por otro lado, Héctor Béjar, primer canciller del gobierno del presidente Pedro Castillo, quería sacar al Perú del Grupo de Lima, para sacarlo de los planes de invasión a Venezuela. Por eso lo sacaron de la cancillería; habían reconocido a Guaydó y firmado un convenio con la embajadora norteamericana por 321 millones de dólares, para mantener a los inmigrantes venezolanos: aplicación del plan estratégico del Comando Sur de Estados Unidos.

El gran negocio es apoderarse de las enormes reservas del petróleo venezolano y darle un golpe a la economía china (Ya lo hicieron con Japón en la II Guerra mundial, porque los japoneses les habían arrebatado todo el mercado de las costas del Pacífico, impidiendo el desarrollo industrial de la costa oeste de Estados Unidos. Por esa razón, como parte de sus planes geopolíticos, el coronavirus y sus 5 sepas, que está patentado en Estados Unidos, fue transportado a Buján en octubre de 2019, en el marco de las Olimpiadas Militares Internacionales. En esas olimpiadas, el primer puesto lo sacó Rusia, Estados Unidos sacó el puesto 31, porque no mandó un equipo de atletas, sino un equipo de sicarios a sembrar el virus).

La política exterior del Perú, la dirige la embajadora de Estados Unidos, no hay soberanía y así, sabotean los intentos de reforma y mejora para el pueblo. En Perú, hay 14 bases militares norteamericanas: ¿para qué?

Debe haber soberanía. Hay que cambiar la Constitución, debe haber una reforma impositiva: la derecha no quiere pagar nada, no quiere ceder en nada, desprecia al pueblo.

Perú está siendo saqueado de la forma más cruel. Hay reformas, o hay guerra civil.

Estado de cosas en Perú; golpe de Estado en Bolivia; movimientos de desestabilización en Brasil; atentado contra Cristina Fernández; descontento con el presidente Petro; la soberanía y las democracias nacionales en estado de supervivencia; militares formados en Estados Unidos; derechas burdas; argumentos de financiación por el narcotráfico.

Elon Musk: “Daremos un golpe de Estado a quien queramos. Lidien con eso”. (Tremending-público)

“Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias, en nombre de la libertad”. Simón Bolívar, 5 de agosto de 1829.

Los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica)

Los países BRICS, por ahora se plantean como una opción multi polarista, frente al uni polarismo USA/OTAN.

Se ha dado en llamarlos BRICS/plus, debido a las intenciones de otros países, como Argentina e Irán, de participar en esta propuesta.

La lucha por la vida y por la paz

La paz es opción de sensatos e inteligentes; la guerra es recurso de egoístas, cobardes y opresores. Es hora de tener sabiduría y dignidad para emprender con estatura y firmeza, las luchas que deben darse. Queremos vivir en paz, pero lamentable: otros vendrán a hacernos la guerra.

Independientemente de análisis teóricos sobre derechas “achoradas”, “bolsonaristas”, congreso golpista; agenda globalista, geopolítica, soberanismo, líderes e intereses mundiales; chinos, rusos, estadounidenses; demócratas o republicanos. Es imprescindible tener la claridad: El capital no tiene patria, solidaridad, compromiso con la democracia, sino oficinas, centros de operaciones y grupos serviles locales, a los que más les interesa dónde realizan sus intereses egoístas y no tanto velar por el bienestar del país en el que nacieron.

Más allá de las democracias de unos y las libertades de otros; de la mano invisible del mercado, invento pérfido cubierto bajo un guante, para favorecer a unos y maltratar a otros, el momento demanda una posición crítica, propositiva y constructiva, por la vida y por la paz.

La unidad de sectores y poblaciones es urgente. Además, es pertinente evitar los medios de distracción, desinformación y embrutecimiento colectivo, iniciando con modas, noticias, artes y deportes.

Constitución Política Vs. Directrices del Banco Mundial

Una opción irrenunciable, que debe tomarse y ser fortalecida, es defender y aplicar lo que las Constituciones nacionales establecen en todos los órdenes y oponerse con esta base, al Banco Mundial y sus directrices.

Todo oponente, individual o colectivo, se ve invencible, antes de verlo con claridad y tomar la decisión de enfrentarlo.

Es hora de reconocer nuestros poderes y convocarlos.

Bolivia: justicia por la vía ordinaria para las víctimas de la masacre de Senkata

*Galo Amusquivar

Familiares de asesinados, siendo gasificados por militares y policías, en plena ciudad de La Paz – Bolivia.

Después de argumentar en varias oportunidades que la Ex Presidenta de Facto de Bolivia, Jeanine Añez, debe ser procesada por un Juicio de Ordinario y no por un Juicio de Responsabilidades (o de Privilegio), imaginé que con la Resolución del caso de la Empresa Boliviana de Alimentos – EBA, el debate había concluido, pero nuevamente afloran supuestos intelectuales, políticos de derecha y hasta algunos afines al Proceso de Cambio, señalando que Añez merece ser privilegiada con un Proceso que solo es para Presidentes Constitucionales.

Fíjense que el discurso de la derecha y de algunos afines al Movimiento al Socialismo – MAS (primera fuerza partidaria en Bolivia), responden a una operación ideológica revestida de un formato pseudojurídico, con la utilización de los grandes medios de comunicación, intentando mostrar únicamente el efecto del Golpe suscitado el año 2019; estas personalidades critican únicamente los últimos acontecimientos, sin contar con el contexto histórico y político que llevó a la masacre y matanza en Sacaba, Senkata y El Pedregal; las opiniones que emiten a través de sus cuentas personales en redes sociales, alimentan el discurso de una derecha neoliberal y conservadora. Por lo que voy a argumentar, una vez más, por qué Jeanine Añez tiene y debe ser procesada en Juicios Ordinarios.

Previamente recordemos algunos hechos históricos. En noviembre del 2019, se llevó a cabo un Golpe de Estado en Bolivia, a la cabeza de militares, policías, políticos de derecha, la iglesia católica e “intelectuales”, ocasionando una ruptura constitucional. Todo este plan se inició con diferentes demandas de forma específica en la ciudad de Santa Cruz, el desprestigio en redes sociales del Ex Presidente Evo Morales Ayma, mediante la creación de Fakes News, lo que derivó en la ciudad de Santa Cruz en un paro de 21 días, por un supuesto Fraude Electoral –nunca fue comprobado–, ocasionando un vacío de poder político, un motín policial y una solicitud cohercionada del Alto Mando Militar para que Evo Morales Ayma renuncie como Presidente Constitucional. Una vez ejecutado el plan, un grupo reducido tomó el Palacio y la Casa Grande del Pueblo (sede del Gobierno), atrincherándose por casi un año, con una falsa bandera de democracia, fraude electoral y pacificación, con la utilización de la fuerza policial y militar, asesinando a los ciudadanos movilizados y auto-convocados para defender al gobierno democrático en Sacaba, Senkata y El Pedregal.

El 11 de noviembre de 2019, Jeanine Añez, publicó un vídeo en sus redes sociales, en el que instruía a las Fuerzas Armadas coordinar con la Policía Boliviana Nacional y realizar acciones represivas en contra de los sectores sociales movilizados, que clamaban por nuevas elecciones y el retorno de Evo Morales Ayma; además, Añez llamó criminales y delincuentes a las Organizaciones Sociales; las mismas organizaciones que días más tarde se sentaron con Añez en la mesa de “pacificación”. El 19 de noviembre, policías y militares reprimieron a civiles en la ciudad de El Alto, donde se registraron 10 muertos por proyectiles de arma de fuego y 31 personas heridas; recordarán aquel Ministro de Gobierno de Jeanine Añez, que realizó una conferencia de prensa, declarando que las personas se habían dispararon entre ellos, los golpistas inventaron que querían explotar la Planta de Gas de Senkata, no sabían cómo justificar los delitos que habían cometido y que ahora la justicia los persigue uno por uno. No olvidemos que el 14 de noviembre, Jeanine Añez junto a su gabinete, promulgó el Decreto Supremo N° 4078 (llamado “Decreto de la Muerte”) otorgando impunidad a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Boliviana; precisamente en cumplimiento de este Decreto ocurrieron las masacres en Senkata, Sacaba y el Pedregal.

Ingresando al debate de qué juicio merecería Añez, el mismo se inició al momento de su detención en marzo de 2021; entonces se discutía si la deberían procesar en un Juicio de Responsabilidades (Privilegio) o un Juicio Ordinario, por el último se argumentó que la imputada no tuvo una asunción constitucional; existió una autoproclamación vulnerando la Constitución Política del Estado y el Reglamento de la Cámara de Senadores; no llegó a contar con ninguna credencial que es otorgada por el Tribunal Electoral Plurinacional; no cumplió con el formalismo requerido para la posesión de Presidentes o Presidentas Constitucionales; y por sobre todo, los delitos de lesa humanidad (entre los que se encuentra el genocidio), conforme Jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no deben contar con ningún tipo de privilegio o fuero. Con estos argumentos, Jeanine Añez, está siendo procesada por la Vía Ordinaria en un Juzgado Anticorrupción de La Paz, por la designación irregular de Karina Leiva Añez como Gerente de la Empresa Boliviana de Alimentos – EBA, en mayo de 2020, cuando Añez se encontraba de Presidenta de Facto e Inconstitucional; la Jueza de la causa procesal, se declaró competente y rechazaron todos los incidentes planteados por la defensa de la imputada. Entre los principales argumentos de la competencia de la Jueza señaló que Áñez: “No acreditó de manera documentada” –que en 2019, tras la renuncia de Evo Morales– “hubiera adquirido la investidura presidencial siguiendo los rituales constitucionales previstos”. En ese marco, justificó que: “La asunción de facto deslegitima las prerrogativas para ser sometida a juicio de responsabilidades” y que los juicios de privilegio solo corresponden para los “funcionarios que asumen el cargo de forma constitucional”, en el marco de la Ley N° 044. El Tribunal de Alzada argumentó que: “ninguna persona puede autoproclamarse Presidenta o Presidente y menos atribuirse mandatos para los que no fue designada y/o elegida”, siendo que esto infringe los postulados de la Constitución Política del Estado.

El 24 de enero de 2023, el Juez de la causa de los asesinatos cometidos en Senkata de la ciudad del El Alto, durante el gobierno de Facto de Jeanine Añez, declaró tener competencia para conocer el proceso y llevarla a Juicio Ordinario por los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves y leves. Se ratificó así el primer Suceso Histórico del caso EBA, marcando nuevamente jurisprudencia nacional e internacional, enviando el mensaje que ninguna persona volverá a autoproclamarse como Presidenta de un Estado y asumir funciones que no le fueron delegadas y/o designadas; y que además quiera gozar de un privilegio (el Juicio de Responsabilidades) que únicamente es para los Presidentes elegidos por la vía democrática y constitucional. Ante esta situación, un Ex Presidente de Bolivia (Eduardo Rodríguez Veltzé), señaló que hay un desconocimiento y vulneración abierta a la Constitución, mencionando que las competencias se encuentran establecidas en la Constitución Política del Estado, dando entender que Jeanine Añez, debería ser juzgada por un Juicio de Responsabilidades. Definitivamente con total desconocimiento de la realidad y de los hechos, el Ex Presidente, no dice nada de los delitos de lesa humanidad y que estos no cuentan con fuero o privilegio para su juzgamiento; asimismo, se olvida que ya existió una Resolución anterior por el Caso de EBA; tampoco menciona qué articulados infringió el Juez que se declaró competente; igualmente señala que existiría un desprecio a las víctimas del 2019. Es que ese desprecio para el Ex Presidente, seguramente es el estancamiento de un proceso de mínimo 10 años, como sucedió con el Juicio de Responsabilidades en contra del dictador Luis García Meza que comenzó en 1984 y culminó en 1993 y que se efectuó con la antigua y vetusta Constitución, por los delitos cometidos en la época de dictadura. Por último, al ex presidente habría que recordarle que Jeanine Añez, no cumplió con los Artículos 166 y 169 de la Constitución Política del Estado, por lo que nunca fue proclamada y posesionada como Presidenta Constitucional.

Coincidiendo con el expresidente de derecha, una ex Diputada del MAS del año 2019, da a entender que Jeanine Añez debería contar con un Juicio de Responsabilidades. A ambos personajes les pregunto: ¿Qué documentos son acreditables para ser Presidente o Presidenta Constitucional? ¿Será que cuenta con estos documentos Jeanine Añez? ¿Será que Jeanine Añez, cumplió con el Reglamento de la Cámara de Senadores? ¿La banda presidencial la colocan en la Asamblea Legislativa o lo puede hacer un militar? ¿Cumplió con lo establecido en la norma suprema? ¿Debería irse a un Juicio de Responsabilidades, al igual que podría irse Carlos D. Mesa o algún otro ex Presidente Constitucional? ¿Por qué le dan la misma categoría de Presidenta de Facto y Presidenta Constitucional?, Lo que si estoy seguro, es que Jeanine Añez no cumplió con lo establecido en la norma suprema y normas conexas como ha definido la Sentencia Constitucional 0052/2021, para determinar que merezca un Juicio de Responsabilidades.

Con la detención y enjuiciamientos de Jeanine Añez y de Luis Fernando Camacho, tenemos que exigir llevar a la justicia a Carlos D. Mesa (Presidente del Partido Político, Comunidad Ciudadana), Samuel Doria Medina (ex aspirante a la Vicepresidencia de Jeanine Añez, por la agrupación Política, JUNTOS), Jorge Quiroga (ex Vicepresidente del dictador fallecido, Hugo Banzer Suarez), Oscar Ortiz (ex candidato a la Presidencia por la Coalición “Bolivia Dijo No”), Ricardo Paz (asesor de Carlos D. Mesa), Waldo Albarracín (ex Rector y candidato a la Alcaldía por la Ciudad de La Paz), Aurelio Pesoa (obispo), Giovani Arana (monseñor) y León de la Torre (ex Embajador de la Unión Europea) y a todos los que directa o indirectamente fueron cómplices y autores de las acciones violentas que suscitaron en quema de casas, 38 asesinatos, miles de heridos y detenidos arbitrariamente.

AHORA TOCA EL TURNO DE ENJUICIAR A LOS RESPONSABLES DE LAS MUERTES DE SACABA Y EL PEDREGAL.

*Galo Amusquivar es analista de la situación y la realidad boliviana.

Perú: crisis, represión y muerte. ¿Hay alternativas?

El Programa Alternativas le invita a sintonizarles este viernes 20 de enero de 2023, a las 18:99 horas (-6 UTC) en el que se abordará el tema “Perú: crisis, represión y muerte. ¿Hay alternativas?”, con el panel invitado conformado por Rosario Grados, politóloga feminista (UNMSM) y Justicia Global (Universidad Kassel); Lucia Alvites, socióloga, MSc Estudios de Género, docente universitaria, militante de Nuevo Perú y Gustavo Espinoza, periodista, escritor y ex parlamentario.

Puede ver el programa mediante la transmisión en su Facebook Live Alternativas | Facebook

O mediante su canal de YouTube youtube.com/channel/UCg7skZFFGsNNy_dGu0PzExQ/videos

Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas: mecanismo de investigación sobre represión en Rusia creado

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)

Este 7 de octubre, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, mediante la adopción de la resolución A/HRC/51/l.13 (véase enlace oficial), decidió crear un mecanismo de investigación para examinar la ola de represión a la que se está procediendo en Rusia desde varias semanas  (véase comunicado oficial de prensa de Naciones Unidas). Se trata de una fuerte represión tanto con relación a la oposición de parte de su población a la denominada oficialmente «operación militar especial» de Rusia en Ucrania como a la resistencia de numerosas familias que cuentan con hombres llamados a combatir y que se oponen a que sean enviados al teatro de operaciones militares en Ucrania: véase comunicado de prensa de la ONG Amnistía Internacional del pasado 22/09/2022.

El contenido de la resolución en breve

En esta resolución adoptada en Ginebra, el Consejo de Derechos Humanos expresa «su profunda preocupación a este respecto por las denuncias de arrestos arbitrarios, detenciones y hostigamiento masivos de representantes de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos, representantes de la oposición política, periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación, en particular mujeres, personas pertenecientes a minorías y a grupos discriminados y marginados y otras personas que ejercen sus derechos humanos, incluidas las personas que protestan pacíficamente y condenan el deterioro del estado de derecho en la Federación de Rusia, así como la agresión de la Federación de Rusia contra Ucrania, y por el uso excesivo de la fuerza contra estas personas, así como por la denegación del derecho a la asistencia jurídica, entre otros casos a personas detenidas, y la denegación de su derecho a un juicio imparcial» (véase texto completo reproducido al final de esta nota).

En el punto resolutivo 3, el Consejo de Derechos Humanos «3. Decide establecer el mandato de Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en la Federación de Rusia por un período de un año, y solicita a su titular que vigile la situación de los derechos humanos en la Federación de Rusia, recopile, examine y evalúe la información pertinente facilitada por todas las partes interesadas, incluida la sociedad civil rusa tanto dentro como fuera del país, teniendo en cuenta dimensiones como la edad, el género y la discapacidad cuando proceda, colabore con otros mecanismos pertinentes de derechos humanos de las Naciones Unidas, formule recomendaciones y presente un informe exhaustivo al Consejo de Derechos Humanos en su 54º período de sesiones y a la Asamblea General en su septuagésimo octavo período de sesiones«.

Detalles de la votación

Como bien se sabe, el Consejo de Derechos Humanos, máxima instancia en el organigrama de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, es un órgano interestatal, y se compone de 47 Estados Miembro.

El tablero de votación registró 17 votos a favor y 6 votos en contra, al tiempo que optaron por abstenerse 24 Estados. El detalle del voto obtenido se reproduce a continuación:

Como se podrá apreciar, en América Latina, únicamente Argentina y Paraguay votaron a favor, al tiempo que votaron en contra Bolivia, Cuba y Venezuela, mientras que Brasil, México y Honduras optaron por abstenerse en esta votación.

Como se recordará, el pasado 7 de abril, Rusia fue expulsada del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas por una abrumadora mayoría obtenida en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas, debido a la agresión militar que inició el pasado 24 de febrero en Ucrania: remitimos al respecto a nuestros estimables lectores a la nota en la que analizamos esta inédita decisión en contra de uno de los cinco Estados Miembro Permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Con relación al Consejo de Derechos Humanos, cabe indicar que este próximo 11 de octubre, se procederá a la elección de nuevos integrantes (véase nota oficial). Por América Latina, para suplir dos vacantes que dejan Brasil y Venezuela, están inscritos en la contienda tres Estados: Chile, Costa Rica y Venezuela (reelección). Tuvimos hace unos meses la oportunidad de analizar estas postulaciones (véase al respecto nuestra breve nota).  Recientemente, se supo que Cuba apoyaría la candidatura de Chile (véase nota de prensa del 27 de septiembre del 2022). Esta nota publicada en Chile (véase nota de El Mostrador del 8 de octubre del 2022) detalla las expectativas creadas en Chile con su candidatura.

A modo de conclusión

Esta nueva resolución viene a aislar aún más a Rusia en la esfera internacional en momentos en que Ucrania, en el plano estrictamente militar,  logra recuperar importantes porciones de su territorio en el Este ante lo que algunos analistas consideran como una verdadera debacle de las tropas rusas. 

Esta resolución del Consejo de Derechos Humanos se adopta a muy pocos días de otra contienda diplomática que tendrá como escenario esta vez la Asamblea General de Naciones Unidas: el próximo 10 de octubre, se votará una resolución contra la anexión de cuatro territorios ucranianos a Rusia después de supuestas «consultas populares«. Un texto muy similar fue recientemente objeto de un intento de aprobación en el seno del Consejo de Seguridad, y, como era previsible,  fue vetado por Rusia (véase acta S/PV.9143 del 30 de septiembre del 2022): de 15 Estados que integran el Consejo de Seguridad, Rusia votó en contra y cuatro (Brasil, China, Gabón e India) optaron por abstenerse.


Texto de la resolución A/HRC/51/L.13 en español, en inglés así como en ruso reproducido a continuación:

51/… Situación de los derechos humanos en la Federación de Rusia

El Consejo de Derechos Humanos,

Guiado por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, las disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados internacionales de derechos humanos pertinentes, 

Reafirmando que cada Estado tiene la responsabilidad primordial de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos de conformidad con las obligaciones que le incumben en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, 

Reafirmando también su decidido compromiso con la soberanía y la independencia política de la Federación de Rusia dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente,

Recordando todas las declaraciones pertinentes formuladas por el Secretario General, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Alta Comisionada interina, los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos y los órganos de tratados acerca de la situación de los derechos humanos en la Federación de Rusia,

Haciendo notar con preocupación las conclusiones del reciente informe sobre las prácticas jurídicas y administrativas de la Federación de Rusia elaborado por el Mecanismo de Moscú de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, en particular el uso de propaganda, legislación represiva y la violencia por parte de las autoridades rusas con objeto de generar un clima de miedo e intimidación para la sociedad civil y los activistas, y la clara relación existente entre la represión interna y la guerra en el extranjero, y haciendo notar la recomendación formulada en dicho informe al Consejo de Derechos Humanos de que establezca un mandato de relator especial sobre la Federación de Rusia,

Muy preocupado por el importante deterioro de la situación de los derechos humanos en la Federación de Rusia, en particular por las graves restricciones de los derechos a la libertad de opinión y de expresión, de reunión pacífica y de asociación, tanto en línea como en espacios físicos, que se traducen en una represión sistemática de las organizaciones de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos —en especial las defensoras de los derechos humanos, que se enfrentan a amenazas particulares en razón de su género—, los medios de comunicación independientes, los periodistas, los trabajadores de los medios de comunicación, los abogados y la oposición política por parte de las autoridades rusas, y la ejecución extrajudicial de personas que critican al Gobierno,

Expresando su profunda preocupación a este respecto por las denuncias de arrestos arbitrarios, detenciones y hostigamiento masivos de representantes de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos, representantes de la oposición política, periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación, en particular mujeres, personas pertenecientes a minorías y a grupos discriminados y marginados y otras personas que ejercen sus derechos humanos, incluidas las personas que protestan pacíficamente y condenan el deterioro del estado de derecho en la Federación de Rusia, así como la agresión de la Federación de Rusia contra Ucrania, y por el uso excesivo de la fuerza contra estas personas, así como por la denegación del derecho a la asistencia jurídica, entre otros casos a personas detenidas, y la denegación de su derecho a un juicio imparcial,

Expresando preocupación por el cese de actividad impuesto por la fuerza y de forma masiva a organizaciones de la sociedad civil, como el International Human Rights Centre “Memorial” y el Centre for Support of Indigenous Peoples of the North, y a medios de comunicación independientes, como emisoras de radio, canales de televisión, medios de comunicación en línea y periódicos, entre ellos Novaya Gazeta, Eco de Moscú y el canal de televisión Dozhd, las prohibiciones impuestas a los medios de comunicación extranjeros y la expulsión selectiva de organizaciones extranjeras del registro por parte de las autoridades rusas, así como por el acceso limitado de la sociedad civil rusa a la información y a la infraestructura de comunicaciones y la intensificación de la censura y la desinformación,

Haciendo notar con profunda preocupación las medidas legislativas que restringen cada vez más las libertades de reunión pacífica, de asociación y de expresión, incluida la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones, tanto en línea como en espacios físicos, especialmente las leyes sobre los denominados “agentes extranjeros”, el “extremismo” y las “organizaciones indeseables”, en su versión modificada, y la Ley de 4 de marzo de 2022 por la que se modifican el Código de Infracciones Administrativas y el Código Penal, conocida como “ley de noticias falsas sobre la guerra”, que incluye prohibiciones generales de difusión de información basadas en conceptos imprecisos y ambiguos,

Convencido de que la independencia e imparcialidad de la judicatura y la integridad del sistema judicial y la independencia de los profesionales del derecho son un requisito previo indispensable para proteger los derechos humanos, el estado de derecho, la buena gobernanza y la democracia, y para garantizar la no discriminación en la administración de justicia, y de que, por tanto, deben respetarse en cualquier circunstancia,

Lamentando los reiterados aplazamientos por la Federación de Rusia de su examen por parte del Comité de Derechos Humanos en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Observando que la Federación de Rusia dejó de ser Alta Parte Contratante del Convenio Europeo de Derechos Humanos el 16 de septiembre de 2022, y que actualmente están pendientes 17.450 demandas presentadas contra la Federación de Rusia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 

1. Insta encarecidamente a las autoridades rusas a que cumplan todas las obligaciones que incumben al Estado en virtud del derecho internacional de los derechos humanos; 

2. Exhorta a las autoridades rusas a que defiendan las libertades fundamentales de pensamiento, de conciencia, de religión o de creencias, de opinión y de expresión, de reunión pacífica y de asociación, concretamente eliminando las restricciones impuestas a la diversidad de ideas, a la crítica y a la disidencia, así como los derechos conexos a la libertad y a la seguridad de la persona, a un juicio imparcial y a no ser sometido a tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes para las personas que ejercen estas libertades;

3. Decide establecer el mandato de Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en la Federación de Rusia por un período de un año, y solicita a su titular que vigile la situación de los derechos humanos en la Federación de Rusia, recopile, examine y evalúe la información pertinente facilitada por todas las partes interesadas, incluida la sociedad civil rusa tanto dentro como fuera del país, teniendo en cuenta dimensiones como la edad, el género y la discapacidad cuando proceda, colabore con otros mecanismos pertinentes de derechos humanos de las Naciones Unidas, formule recomendaciones y presente un informe exhaustivo al Consejo de Derechos Humanos en su 54º período de sesiones y a la Asamblea General en su septuagésimo octavo período de sesiones;

4. Exhorta a las autoridades rusas a que cooperen plenamente con el o la titular del mandato de Relator Especial, entre otras cosas facilitándole un acceso sin trabas para que pueda visitar el país y reunirse libremente con las partes interesadas pertinentes, incluidos representantes de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos, y proporcionándole la información necesaria para desempeñar adecuadamente su mandato, y exhorta también a las autoridades rusas a que cooperen plenamente con todos los titulares de mandatos de los procedimientos especiales, los órganos de tratados y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y a que se abstengan de recurrir a cualquier forma de intimidación o represalia contra personas o asociaciones por colaborar con estos órganos;

5. Solicita a la Oficina del Alto Comisionado que proporcione al o a la titular del mandato de Relator Especial la asistencia y todos los recursos necesarios para que pueda desempeñar dicho mandato.

51/… Situation of human rights in the Russian Federation

The Human Rights Council,

Guided by the purposes and principles of the Charter of the United Nations, the provisions of the Universal Declaration of Human Rights, and relevant international human rights treaties,

Reaffirming that it is the primary responsibility of each State to respect, protect and fulfil human rights in accordance with its obligations under international human rights law,

Reaffirming also its strong commitment to the sovereignty and political independence of the Russian Federation within its internationally recognized borders,

Recalling all relevant statements made by the Secretary-General, the United Nations High Commissioner for Human Rights, the acting High Commissioner, the special procedures of the Human Rights Council and the treaty bodies on the situation of human rights in the Russian Federation,

Noting with concern the findings of the recent report of the Moscow Mechanism of the Organization for Security and Cooperation in Europe on the legal and administrative practices of the Russian Federation, notably the use by the Russian authorities of propaganda, repressive legislation and violence to create a climate of fear and intimidation for civil society and activists, and the clear connection between domestic repression and war abroad, and noting the recommendation made in the report that the Human Rights Council should appoint a special rapporteur on the Russian Federation,

Gravely concerned at the significant deterioration of the situation of human rights in the Russian Federation, in particular the severe restrictions on the rights to freedoms of opinion and expression, peaceful assembly and association, both online and offline, resulting in systematic crackdowns on civil society organizations, human rights defenders, particularly women human rights defenders, who face specific gender-based threats, independent media outlets, journalists, media workers, lawyers and political opposition by the Russian authorities, and the extrajudicial killing of government critics, 

Expressing its deep concern in this respect at the reported mass arbitrary arrests, detentions and harassment of civil society representatives, human rights defenders, political opposition representatives, journalists and other media workers, particularly women, persons belonging to minorities and to groups who are discriminated against and marginalized and other individuals exercising their human rights, including persons peacefully protesting and speaking out against the deterioration of the rule of law in the Russian Federation as well as the aggression of the Russian Federation against Ukraine, and the excessive use of force against these individuals, as well as at the denial of the right to legal assistance, including for those detained, and the denial of their right to a fair trial,

Expressing concern at the mass forced shutdowns of civil society organizations, including the International Human Rights Centre “Memorial” and the Centre for Support of Indigenous Peoples of the North, and independent media outlets, including radio channels, television channels, online media and newspapers, including Novaya Gazeta, Echo of Moscow and the television channel Dozhd, the bans of foreign media and the targeted revocation of registration of foreign organizations by the Russian authorities, and also at the limited access of Russian civil society to information and communications infrastructure and the increase in censorship and disinformation,

Noting with deep concern the legislative measures increasingly restricting the freedoms of peaceful assembly, association and expression, including the freedom to seek, receive and impart information, both online and offline, notably the laws on so-called “foreign agents”, “extremism” and “undesirable organizations”, as amended, the law on “fake war news”, adopted on 4 March 2022, amending the Code on Administrative Offences and the Criminal Code and including general prohibitions on the dissemination of information based on vague and ambiguous notions,

Convinced that the independence and impartiality of the judiciary and the integrity of the judicial system and an independent legal profession are essential prerequisites for the protection of human rights, the rule of law, good governance and democracy, and for ensuring that there is no discrimination in the administration of justice, and that they should therefore be respected in all circumstances,

Regretting the repeated postponement by the Russian Federation of its review by the Human Rights Committee under the International Covenant on Civil and Political Rights, Noting that the Russian Federation ceased to be a high contracting party to the European Convention on Human Rights on 16 September 2022, and that 17,450 applications directed against the Russian Federation are currently pending before the European Court of Human Rights,

1. Strongly urges the Russian authorities to comply with all of the State’s obligations under international human rights law;

2. Calls upon the Russian authorities to uphold the fundamental freedoms of thought, conscience, religion or belief, opinion and expression, peaceful assembly and association, in particular by removing restrictions on diversity in ideas, criticism and dissent, as well as associated rights to liberty and security of person, fair trial, and freedom from torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment for people exercising these freedoms;

3. Decides to appoint a special rapporteur on the situation of human rights in the Russian Federation for a period of one year, and requests the mandate holder to monitor the situation of human rights in the Russian Federation, to collect, examine and assess relevant information from all relevant stakeholders, including Russian civil society both inside and outside the country, taking into account relevant age, gender and disability dimensions, to cooperate with other relevant United Nations human rights mechanisms, to make recommendations, and to present a comprehensive report to the Human Rights Council at its fifty-fourth session and to the General Assembly at its seventy-eighth session;

4. Calls upon the Russian authorities to cooperate fully with the Special Rapporteur, including by allowing the mandate holder unhindered access to visit the country and to meet freely with relevant stakeholders, including civil society and human rights defenders, and providing the mandate holder with the information necessary to properly fulfil the mandate, and also calls upon the Russian authorities to cooperate fully with all special procedure mandate holders, the treaty bodies and the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, and to refrain from all forms of intimidation and reprisals against persons and associations for their cooperation with these bodies;

5. Requests the Office of the High Commissioner to provide the Special Rapporteur with the assistance and all the resources necessary to enable the fulfilment of the mandate.

51/… Положение в области прав человека в Российской Федерации 

Совет по правам человека,

руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций, положениями Всеобщей декларации прав человека и соответствующими международными договорами по правам человека,

вновь подтверждая, что каждое государство несет главную ответственность за соблюдение, защиту и осуществление прав человека в соответствии со своими обязательствами по международному праву прав человека,

вновь подтверждая также свою твердую приверженность суверенитету и политической независимости Российской Федерации в пределах ее международно признанных границ,
ссылаясь на все соответствующие заявления Генерального секретаря, Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, исполняющего обязанности Верховного комиссара, специальных процедур Совета по правам человека и договорных органов о положении в области прав человека в Российской Федерации, 
с озабоченностью отмечая выводы недавнего доклада Московского механизма Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе о правовой и административной практике Российской Федерации, в частности об использовании российскими властями пропаганды, репрессивного законодательства и насилия для создания атмосферы страха и запугивания гражданского общества и активистов, а также о явной связи между внутренними репрессиями и войной за рубежом, и отмечая содержащуюся в докладе рекомендацию Совету по правам человека назначить специального докладчика по Российской Федерации,
будучи глубоко обеспокоен значительным ухудшением положения в области прав человека в Российской Федерации, в частности серьезными ограничениями прав на свободу мнений и их выражения и на свободу мирных собраний и ассоциации, как онлайн, так и офлайн, что приводит к систематическим репрессиям в отношении организаций гражданского общества, правозащитников, особенно правозащитниц, которые сталкиваются с конкретными угрозами по гендерному признаку, независимых СМИ, журналистов, работников СМИ, адвокатов и политической оппозиции со стороны российских властей, а также внесудебным убийствам критиков правительства,
выражая в этой связи свою глубокую обеспокоенность по поводу сообщений о массовых произвольных арестах, задержаниях и преследованиях представителей гражданского общества, правозащитников, представителей политической оппозиции, журналистов и других работников средств массовой информации, особенно женщин, лиц, принадлежащих к меньшинствам и группам, подвергающимся дискриминации и маргинализации, и других лиц, осуществляющих свои права человека, включая лиц, мирно протестующих и выступающих против ухудшения ситуации в области верховенства права в Российской Федерации, а также агрессии Российской Федерации против Украины, и чрезмерного применения силы против этих лиц, а также по поводу отказа в праве на юридическую помощь, в том числе задержанным, и отказа в их праве на справедливое судебное разбирательство,
выражая обеспокоенность массовым принудительным закрытием организаций гражданского общества, включая Международный Мемориал, Правозащитный центр «Мемориал» и Центр содействия коренным народам Севера, и независимых СМИ, включая радиостанции, телеканалы, онлайн-СМИ и газеты, в том числе «Новую газету», «Эхо Москвы» и телеканал «Дождь», запретом иностранных СМИ и целенаправленным отзывом российскими властями регистрации иностранных организаций, а также ограниченным доступом российского гражданского общества к информационно-коммуникационной инфраструктуре и усилением цензуры и дезинформации,
с глубокой озабоченностью отмечая законодательные меры, все более ограничивающие свободу мирных собраний, ассоциации и выражения мнений, включая свободу искать, получать и распространять информацию, как онлайн, так и офлайн, в частности законы о так называемых «иностранных агентах», «экстремизме» и «нежелательных организациях» с поправками, закон о «распространении фейков о действиях Вооруженных Сил», принятый 4 марта 2022 года, вносящий поправки в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс и включающий общие запреты на распространение информации, основанные на неясных и двусмысленных понятиях,
будучи убежден, что независимость и беспристрастность судебной власти, целостность судебной системы и профессиональная независимость юристов являются непременными условиями для защиты прав человека, верховенства права, благого управления и демократии и для недопущения дискриминации при отправлении правосудия и что поэтому их необходимо уважать при любых обстоятельствах,
сожалея о неоднократном переносе Российской Федерацией сроков рассмотрения положения в ее стране Комитетом по правам человека в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах
отмечая, что Российская Федерация перестала быть высокой договаривающейся стороной Европейской конвенции по правам человека 16 сентября 2022 года, и что 17 450 жалоб, направленных против Российской Федерации, в настоящее время находятся на рассмотрении в Европейском суде по правам человека,
1. настоятельно призывает российские власти соблюдать все обязательства государства по международному праву прав человека;
2. призывает российские власти уважать основные свободы мысли, совести, религии или убеждений, мнений и их свободного выражения, мирных собраний и ассоциации, в частности путем устранения ограничений на разнообразиеидей, критику и инакомыслие, а также связанные с ними права на свободу и личную неприкосновенность, справедливое судебное разбирательство и свободу от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания для людей, осуществляющих эти свободы;
3. постановляет назначить специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека в Российской Федерации сроком на один год и просит мандатария следить за положением в области прав человека в Российской Федерации, собирать, изучать и оценивать соответствующую информацию от всех заинтересованных сторон, включая российское гражданское общество как внутри страны, так и за ее пределами, принимая во внимание соответствующие аспекты, касающиеся возраста, гендера и инвалидности, сотрудничать с другими соответствующими правозащитными механизмами Организации Объединенных Наций, предоставлять рекомендации и представить всеобъемлющий доклад Совету по правам человека на его пятьдесят четвертой сессии и Генеральной Ассамблее на ее семьдесят восьмой сессии; 
4. призывает российские власти в полной мере сотрудничать со Специальным докладчиком, в том числе путем предоставления мандатарию возможности беспрепятственно посетить страну и свободно встретиться с соответствующими заинтересованными сторонами, включая гражданское общество и правозащитников, и предоставления мандатарию информации, необходимой для надлежащего выполнения мандата, а также призывает российские власти в полной мере сотрудничать со всеми мандатариями специальных процедур, договорными органами и Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека и воздерживаться от любых форм запугивания и репрессий в отношении лиц и ассоциаций за их сотрудничество с этими органами;
5. просит Управление Верховного комиссара предоставить Специальному докладчику помощь и все ресурсы, необходимые для выполнения мандата
 

 

Enviado a SURCOS por el autor.

Sobre las movilizaciones sociales en Ecuador

Fuente: Rebelion.org

Nosotras y nosotros, profesionales de la historia y las ciencias sociales, frente a la movilización de diversos sectores sociales iniciada el 13 de junio de 2022 en Ecuador, expresamos:

1. Nuestra preocupación por la promulgación de declaratorias de estados de excepción que apuntan a reprimir la legítima protesta social: 

En la declaratoria de Estado de Excepción en el Decreto 455, con fecha del 18 de junio de 2022, se coartan derechos fundamentales de los seres humanos como la libre asociación, reunión, tránsito y la inviolabilidad del domicilio. 

En una versión oficial previa del Decreto 455 se establecía la restricción del derecho a la libertad de información y se facultaba el uso de la fuerza letal frente a las movilizaciones. Aunque esos términos fueron solapados en la versión final del Decreto de Estado de Excepción, preocupa sobremanera la intención y la posibilidad de la violación de derechos en un documento firmado por el Presidente de la República, y que circuló en una primera instancia. 

El Decreto 455 fue reemplazado, el 20 de junio, por el Decreto 459, documento que matiza la suspensión de derechos. Esto da cuenta de una estrategia gubernamental para establecer el estado de excepción como método impositivo para procesar demandas sociales y así responder coercitivamente a la movilización social. Se da cuenta de esto en la militarización de la ciudad de Quito y la pretensión de hacer la capital inexpugnable, cerrar el paso a la ciudadanía y demandas del conjunto nacional. 

En el transcurso de dos días, dos decretos y tres versiones de ellos han circulado, evidenciando que el Gobierno promueve políticas represivas y sólo la presión social le ha inducido a corregir sus exabruptos. A esto se suma las acciones judiciales con las que el alcalde de Quito buscó impedir que el poder legislativo derogue el decreto 455, el día 20 de junio, lo que atizó el escenario de conflicto.

2. Nuestro rechazo a las expresiones racistas formuladas por actores políticos y otros miembros de la sociedad, que no hacen más que profundizar la exclusión, la discriminación y las fracturas internas de una sociedad queaspira a dejar atrás la violencia colonial. Del mismo modo, nuestro rechazo a la campaña de desprestigio que ha enarbolado el gobierno local de Quito a una amplia mayoría de la población, temeraria discriminación encubierta de un discurso de paz.

3. Nuestro rechazo al allanamiento injustificado de las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión (Casa de las Culturas) en el marco del Decreto 455; allanamiento dispuesto por la Fiscalía General del Estado, en el que no se encontró indicio alguno de material explosivo o armamento. Pese a ello, a partir del 19 de junio se ejecutó la requisición de las instalaciones de la Casa de la Cultura; actualmente se encuentra ocupada por fuerzas policiales. Este edificio emblemático alberga colecciones y acervos culturales fundamentales para la investigación, la construcción de la identidad colectiva y el goce de los derechos culturales. Esta es una violación al patrimonio nacional y a los derechos de los miembros de la sociedad ecuatoriana, y evidencia un desconocimiento de la gestión cultural y la preservación de los bienes que construyen las memorias nacionales. Nos preocupa que esta acción haya sido justificada por las autoridades públicas en el campo cultural siendo su mandato la salvaguarda del patrimonio y su deber brindar garantías de acceso ciudadano al patrimonio. Su tardía justificación de hacerlo por cuidar el patrimonio es insostenible, pues la presencia de armas en medio de un conflicto social solo puede poner en peligro este valioso patrimonio común, lo cual se suma a su persistente descuido de la provisión de recursos para las instituciones culturales, el abandono de archivos y notables problemas para gestionar la correcta preservación del Patrimonio Nacional visible desde el 2015 y agravada en los últimos 5 años.

4. La movilización social en Ecuador no es resultado de una coyuntura, sino de factores de carácter estructural. La carestía de la vida, agravada por políticas anti-humanitarias durante la pandemia del COVID 19 y el impacto en el precio de los alimentos que tiene conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, tiene sus orígenes en un Estado y en una sociedad empeñada en políticas excluyentes e insistentemente indolentes ante las demandas de inclusión social. La lucha histórica por la inclusión política, la soberanía alimentaria y el buen vivir se oponen a modelos de acumulación oligárquicos, extractivistas, primario-exportadores y gamonales que producen todo un conjunto de desposesiones contra la sociedad. La mala gestión para disminuir las desigualdades sociales y para acoger sus legítimas demandas políticas en pos de una democracia para el pueblo, ha provocado que los sectores más vulnerables sientan de forma más profunda y excluyente, los impactos de la crisis mundial.

Actualmente, en el campo ecuatoriano se concentran los mayores índices de pobreza, pobreza extrema y desnutrición infantil crónica. Por eso, es tarea de los gobiernos la adecuada planificación para la atención prioritaria, efectiva y alejada de paternalismos y visiones excluyentes de las necesidades del campo ecuatoriano, conformado en su gran mayoría por pueblos y nacionalidades.

Las reivindicaciones planteadas por varios sectores de la sociedad corresponden a problemas de fondo que afectan a todos los ecuatorianos. Es alarmante el deterioro en los sectores de salud y educación pública por falta de presupuesto, lo que vulnera derechos constitucionales. Por tanto, la protesta social es legítima y el gobierno debe dialogar de forma horizontal y empática para responder a las demandas populares contenidas en el Pliego de Peticiones de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador.

5. Nuestro rechazo al uso instrumental del concepto de democracia. Este ha sido vaciado por el gobierno central y los grandes medios de comunicación a ser sinónimo de votaciones, cuando este implica formas más complejas de manifestación y participación ciudadana. De igual forma, el gobierno central en sus declaraciones ha usado el concepto de democracia para alimentar un clima de represión y conflicto, además de justificar la limitación de libertades.

6. Nuestro llamado a los medios de comunicación para difundir los acontecimientos actuales de forma plural, responsable, sin criminalizar la protesta social y permitiendo que voces diversas alimenten la formación de la opinión pública. Rechazamos la censura y la mordaza pues esta aumenta la posibilidad de que la violencia quede impune. Una opinión pública diversa y pluralista implica abandonar los intereses privados a los que representan. Del mismo modo, hacemos un llamado a las autoridades para que hagan respetar el ejercicio periodístico de los medios independientes amenazado por la violencia de las fuerzas del Estado.

7. Nuestra adhesión a la resolución política del conflicto mediante el establecimiento de vías transparentes de diálogo, respetando la independencia de las diferentes funciones del Estado y garantizando los derechos de los sectores movilizados. Este llamado debe incluir a la pluralidad de la sociedad civil y no solo a sectores adeptos al gobierno central. Creemos que los decretos de excepción expedidos no brindan un contexto adecuado para la obtención de los más profundos intereses de todos los miembros de la sociedad ecuatoriana. Instamos a la conformación de un verdadero diálogo que parta del cumplimiento, de parte del Ejecutivo, de las demandas enunciadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y otras organizaciones sociales.

Por lo expuesto, solicitamos el apoyo de la comunidad académica nacional e internacional a este comunicado en pos de una democracia atenta a las demandas sociales y al reconocimiento político de las mayorías en el Ecuador.

Los firmantes: 

Alejandro López Valarezo Pontificia Universidad Católica del Ecuador / Seminario Permanente de Historia Política

Viviana Velasco Herrera Pontificia Universidad Católica del Ecuador / Seminario Permanente de Historia Política 

Rosa-María Mantilla-Suárez Seminario Permanente de Historia Política

Michelle Alejandra Andrade Paredes FLACSO – Ecuador / Seminario Permanente de Historia Política

Luis Esteban Vizuete Marcillo El Colegio de México / Seminario Permanente de Historia Política

Agatha Rodríguez Bustamante Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Freie Universität Berlin / Seminario Permanente de Historia Política

Fernando A. Muñoz-Miño Seminario Permanente de Historia Política / El Colectivo

Sofía Luzuriaga Jaramillo Pontificia Universidad Católica del Ecuador/ Seminario Permanente de Historia Política

Katiushka Aguirre-Pacheco Pontificia Universidad Católica de Chile / Seminario Permanente de Historia Política

Enma Pilar Chilig Caiza Seminario Permanente de Historia Política

Lorena Rosero Manzano Seminario Permanente de Historia Política

Nicolás Zapata Seminario Permanente de Historia Política / Minga: democracia entre todos

Valeria Coronel FLACSO-Ecuador / Seminario Permanente de Historia Política

Mujeres de nuestra historia: 45 años de la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo

1977 – 30 de abril – 2022

Entre 1976-1983, Argentina fue azotada por una dictadura. El golpe de Estado se dio cuando la Junta Militar (compuesta por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea) derrocó al gobierno constitucional peronista. Se instaló una dictadura autodenominada “proceso de reorganización nacional” en el país. Esta se apoyó en un sistema basado en asesinatos selectivos, atentados, secuestros y torturas.

Mujeres, madres y abuelas del país presenciaron con horror como sus familiares desaparecían. Estas mujeres se pronunciaron en rechazo a la dictadura, y exigían el regreso de sus hijos, hijas, y seres queridos desaparecidos. Su estrategia más prolífica fue ocupar la Plaza de Mayo, en Buenos Aires, originando de ahí su nombre. Empezaron a reunirse en 1977, todos los jueves, y marchaban alrededor de la pirámide al centro de la plaza portando fotos de sus desaparecidos. Salir a las calles a protestar, por la verdad sobre sus hijas e hijos, contra un gobierno capaz de atentar contra sus ciudadanos, fue un acto de profunda valentía.

El segundo símbolo de su lucha fue un pañuelo blanco. Este surgió en 1980, en una marcha hacia la Basílica de Luján, donde utilizaron un pañuelo bordado con el nombre del hijo o hija ausente. Este gesto operó tanto para visibilizarlas como luchadoras, cuanto para habilitar a otras personas a aportar algún dato sobre el paradero de los desaparecidos.

En los años represivos del régimen, cuando desaparecían diariamente cientos de personas, cuando se desarrollaban asesinatos, exilios y con las cárceles llenas de presos políticos; este grupo de mujeres originó un contrapoder. Fue todo un sistema luchador donde era posible recoger pruebas y destinos de sus familiares en los márgenes de la justicia argentina. Su búsqueda ya no fue solo por la verdad, sino también por la justicia.

Pese a la represión que sufrieron, ser madres de desaparecidos transformó su identidad y configuró su pensamiento y su práctica política. Las Madres de Plaza de Mayo enfrentaron una lucha sin descanso contra el régimen militar y le dieron voz a todos los desaparecidos, voces silenciadas por la injusticia. Se volvieron parte de una lucha social que sirvió de inspiración para muchos otros.

En este video se conmemora a estas militantes incansables, que enfrentaron a la dictadura cívico militar. Fueron un ejemplo de lucha en todo el mundo. Mujeres comprometidas con los derechos humanos, la memoria, la verdad y la justicia. 

Referencias:

  • D´Antonio, D. C. (2006). Las Madres de Plaza de Mayo y la apertura de un camino
  • de resistencias. Argentina, última dictadura Militar 1976-1983. Revista Nuestra América n°2, 40, 29-40.
  • Zarco, A. (2011). Maternalismo, identidad colectiva y participación política: las Madres de Plaza de Mayo. Revista Punto Género, 1, 229-247.
  • Zubillaga, P. (2019). Orígenes y consolidación de la Asociación Madres de Plaza de Mayo de Mar del Plata. Estrategias locales y construcción política-identitaria (1976-1989). [Tesis para optar por el grado de Magister en Historia y Memoria]. Universidad Nacional de La Plata, Argentina.

Saludo a cada compañera y cada compañero de ARCAH y de la Aldea Loarque su causa es defender los ríos, la Tierra. ¡No es un delito!

SURCOS comparte el siguiente comunicado de Solidaridad con el Pueblo de Honduras (Costa Rica)

San José, Costa Rica 

20 de abril, 2022

El pueblo de Honduras junto al gobierno de Xiomara Castro Sarmientos: cada día da pasos más sólidos por la justicia

La Asociación Costarricense de Derechos Humanos-ACODEHU y el Colectivo de Solidaridad con el Pueblo de Honduras-en Costa Rica manifiesta una vez más su apoyo a la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras-ARCAH, con quienes hoy celebramos el dictamen de SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO emitido por la Corte Suprema de Justicia, que el dia de hoy 20 de abril a las 10:30 am será oficializado en una Audiencia en los Juzgados de Letras de lo Penal (La Granja), Tegucigalpa, enterrando la condena que desde el nefasto Régimen de Juan Orlando Hernández (JOH) intentaron perpetuar por delito de desplazamiento forzado.

Esta resolución es un nuevo paso en firme en que en Honduras, en el marco del gobierno de Xiomara Castro Sarmientos, se hacen permanentes esfuerzos por dejar atrás prácticas institucionalizadas desde el Régimen narcodictatorial de JOH. Así, reconocemos la determinación de borrar de la vida del pueblo toda traza de persecución política, de criminalización y judicialización de la protesta social y todo mecanismo de represión contra personas ambientalistas defensoras de los Derechos Humanos en Honduras. 

Reconocemos las diferentes articulaciones a nivel nacional e internacional que confluimos para que fuera una realidad el desistimiento del Ministerio Público de la República de Honduras expresado en SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO. 

Hoy ARCAH junto a la Aldea Loarque que se han sumado en la defensa de los ríos, de la tierra y contra las ZEDEs, demuestran que no tiene ningún asidero jurídico la causa seguida en su contra a partir de la detención del día lunes 29 de marzo de 2021 por defender río Choluteca y las comunidades aledañas frente a la destrucción ambiental arremetida por la Empresa Avicola El Cortijo.

Christopher Castillo, Jefry Suazo, Michael Aguilar, Patricia Godoy, Victor Hernández, Maria Valladares y Fernando Hernández, 

GRACIAS por ser un ejemplo para su pueblo y para el mundo, demostrando que la lucha ambientalista debe ser una tarea permanente para quienes nos suscribimos a una vida digna para todos los habitantes de la madre Tierra.

Nos sumamos sin fronteras a esta alegría y cuentan con nosotras, nosotros y nosotres siempre.

Colectivo de Solidaridad con el Pueblo de Honduras (Costa Rica)

Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU)

www.acodehu-ddhh.org  

derechos.humanos@acodebu-ddhh.org   

colectivodesolidaridadhn@gmail.com

Sobreseimiento definitivo para Carlos Andrés Pérez Sánchez

Surcos comparte la siguiente información:

La Protesta Social es un Derecho Humano

La Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU), el Bloque de Vivienda Nacional, la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT), la Coordinadora Campesina y el Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC) solicitamos de forma vehemente al Estado costarricense la cesación de la persecución política en contra de personas defensoras de derechos humanos. Así, exigimos EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO para el joven trabajador y sindicalista de 28 años Carlos Andrés Pérez Sánchez, obrero de la Refinería Costarricense de Petróleo (RECOPE) quien ha sido acusado de manera ilegítima de supuestos delitos que jamás ocurrieron.

Carlos Andrés es una víctima más de la persecución política, administrativa y judicial ejecutada por el estado a través del Poder Ejecutivo, RECOPE y la Fiscalía General de la República. Una persecución sistemática que ha sido alimentada a través de los medios de comunicación hegemónicos que ejercen una dictadura mediática complaciente de los intereses de las élites económicas.

Carlos Andrés fue detenido injustamente el 11 de septiembre del año 2018 cuando, en ejercicio de su derecho fundamental a la manifestación pacífica reconocido en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, suscritos y debidamente aprobados por Costa Rica, se le acusó de causar daños a bienes propiedad de RECOPE, institución para la cual trabajaba. Carlos Andrés en un acto heroico acudió a atender una emergencia de una posible fuga de gas en las instalaciones de su trabajo, acción para la cuál ha sido preparado como parte de las medidas de atención de riesgos ante eventuales peligros. Hecho que se da durante el período de huelga acontecido durante el año 2018 en contra del combo fiscal (Proyecto Ley 20.580. Ley de Modernización de las Finanzas Públicas) promovido por el gobierno central y la Asamblea Legislativa; huelga que él apoyaba dentro de los límites del ordenamiento jurídico, esta es la verdadera razón del por la cual es acusado.

Este joven trabajador y padre de familia, fue sometido a un juicio mediático a nivel nacional, siendo catalogado por los medios de comunicación más poderosos como un terrorista, inclusive fue acusado por el presidente de la república, Carlos Alvarado Quesada, sin antes tener un juicio en el cual se demostrara su culpabilidad, violentando así el principio constitucional y penal de inocencia.

Posteriormente fue sometido a un amañado juicio penal de flagrancia donde es declarado culpable, juicio que luego fue anulado por el Tribunal de Sentencia Penal del II Circuito Judicial de San José al demostrarse vicios de nulidad en el fallo condenatorio emitido por el juez Sergio Céspedes Rivera (Tribunal del Flagrancia de Limón, causa 18-000244-1130-PE), quien en primera instancia fue amonestado, ordenando la liberación de Carlos (26 de febrero, 2019).

Carlos Andrés Pérez Sánchez ha tenido que sufrir el injustificable peso de atravesar un proceso penal donde estuvo detenido en prisión durante 100 días, como preso político, condenado en un juicio con serios vicios procesales. Todo esto a pesar de que el material probatorio, el análisis fáctico y jurídico del caso, señalan claramente su inocencia. Además, a nivel de derechos laborales, fue despedido de su trabajo arbitrariamente sin responsabilidad laboral, causando un impacto en la estabilidad emocional y económica a nivel personal y familiar.

Por todo lo anterior, como organizaciones del movimiento social defensoras de los Derechos Humanos solicitamos se declare el sobreseimiento definitivo a Carlos Andrés Pérez Sánchez, con fundamento en el inciso a) del artículo 311 del Código Penal, que dicta que procederá el sobreseimiento cuando el hecho denunciado no se realizó o no fue cometido por el imputado.

Hacemos un llamado a las personas comprometidas con la justicia social, a las organizaciones sociales nacionales y a la comunidad internacional para que se solidaricen con Carlos Andrés, denuncien la violación sistemática de derechos fundamentales que sucede en Costa Rica y se unan para denunciar la represión y persecución penal, civil y política contra quienes ejercen el legítimo derecho a la protesta social. A la vez, convocamos a hacernos presentes los días 24 y 25 de febrero a los Tribunales de Limón, para recuperar la confianza en los tribunales de justicia y se dicte el SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO A CARLOS ANDRÉS PÉREZ SÁNCHEZ.

PROTESTAR NO ES UN DELITO, ES UN DERECHO HUMANO
Firmas responsables:

ACODEHU, CUT, MTC

Bloque de Vivienda Nacional,

Coordinadora Campesina

Costa Rica

Por lo que le solicitamos adscribirse como persona o como organización a Petición  del SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO para compañero Carlos Andrés Pérez Sánchez, joven obrero de Costa Rica víctima de persecución penal y política desde la huelga 2018.

https://forms.gle/M6DnYU17m19CZ9b8A

Gracias de antemano.

El gobierno de Carlos Alvarado y la contrarrevolución neoliberal en Costa Rica

Ya se encuentra a la venta y para descarga gratuita el libro: “El gobierno de Carlos Alvarado y la contrarrevolución neoliberal en Costa Rica”, de Iván Molina Jiménez y David Díaz Arias. 

El ejemplar electrónico es gratuito, lo puede descargar en: https://ciliac.fcs.ucr.ac.cr/e-books/ (a partir del 8 de diciembre).  El ejemplar impreso tiene un costo de 5.000 colones, y está a la venta en el CIHAC (10:00 am a 2:00 pm). 

En ese libro se menciona como en el 2018, las oligarquías empresariales costarricenses alcanzaron una posición de poder sin precedente desde el período anterior a la dictadura de Tomás Guardia Gutiérrez (1870-1882). Su intervención directa en las políticas públicas se materializó en una regresiva reforma tributaria, una estratégica legislación antisindical y otros cambios institucionales que debilitan o desmantelan la institucionalidad democrática, profundizan las desigualdades y acrecientan el descontento social. Todavía en curso, esta contrarrevolución neoliberal distancia a Costa Rica de los estilos de desarrollo que en el pasado la diferenciaron del resto de Centroamérica y la aproximan a la experiencia de Chile, antes de la revuelta popular de 2019.