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Etiqueta: represión

¡Fuerza Colombia!

Comunidad Buen Vivir, Costa Rica.

SURCOS comparte la siguiente información:

El pasado 22 de mayo se publicó en el canal de Youtube Buen Vivir Costa Rica un video en el que Daniel Ruiz, Rodolfo Morera Vargas y Edison Valverde Araya mediante expresiones artísticas se posicionan sobre la situación de represión y violencia que se vive actualmente en Colombia. Este video es una muestra de empatía con la población y una forma de expresar apoyo a este país por parte de la sociedad costarricense.

Adjuntamos el video y le invitamos a difundirlo:

 

Enviado a SURCOS por Édison Valverde Araya.

Pronunciamiento frente a la masacre y represión violenta de la protesta social en Colombia

Colectivo CEAAL Colombia

SURCOS comparte la siguiente información:

El día 28 de abril diferentes actores sociales, populares y políticos del país, convocan una marcha como forma de protesta frente a la reforma tributaria propuesta por el gobierno de Iván Duque, que se suma a una cantidad de decisiones y actuaciones que tienen sumida a Colombia en una profunda crisis social, económica y política.

El asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales, la activación de la aspersión con glifosato , la reforma a la salud, el incumplimiento de los acuerdos firmados en la Habana, la desfinanciación de la educación pública, el alto nivel de desempleo y una política fiscal que favoreció los grandes conglomerados financieros en el país, durante los momentos más difíciles de la pandemia, entre otros temas, provocaron la salida masiva de las personas a las calles Colombianas en medio del pico más alto y mortífero de la pandemia con un promedio de 500 muertes diarias.

La respuesta estatal ante la fuerza y el heroísmo presentado sobre todo por los y las jóvenes no se hizo esperar. Diversas organizaciones de derechos humanos denuncian que  la situación  desde las 6am del 28 de abril y hasta la mañana del 4 de mayo del 2021 se tenía un registro de más de 30 muertos,  1181 casos de violencia policial, 142 víctimas de violencia física por parte de la policía, 761 detenciones arbitrarias, 216 intervenciones violentas a manifestaciones, 17 víctimas de agresión en los ojos, 56 casos de disparos con arma de fuego, 319 denuncias por desaparición en el contexto de violencia y 9 casos de violencia sexual por parte de la fuerza pública.

Con base en esto desde el Colectivo Colombiano del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe – CEAAL, hacemos un llamado para que se haga un acompañamiento y denuncia internacional sobre las acciones que el gobierno genocida en complicidad con algunos alcaldes viene realizando a la población colombiana y de una manera particular a los, las y les jóvenes.

Por ello solicitamos que:

  • Desde los diversos movimientos sociales, populares, políticos, culturales, económicos de nuestra región y de otros países del mundo realicen acciones inmediatas de denuncia y solidaridad, así como el rechazo frente a las embajadas colombianas de sus países la situación que se vive hoy en Colombia.
  • Compartan el pronunciamiento con los partidos políticos de izquierda alrededor del mundo con respecto a la situación de violación de derechos humanos en Colombia e invitarlos a hacer las denuncias correspondientes.
  • Invitar a otras redes internacionales a denunciar la grave situación por la que atraviesa nuestro país.

Además de esto el Colectivo CEAAL Colombia:

  • Apoya, promueve y participa en el Paro Nacional.
  • Saluda y apoya las adhesiones al Paro de expresiones sociales y populares organizadas como la Minga Indígena, el sector de camioneros y taxistas.
  • Denuncia y promueve el desmonte del Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD) por considerarla una fuerza desproporcionada y letal de choque frente al legítimo derecho de la población a la protesta social.
  • Nos solidarizamos con las familias de los y las jóvenes que han sido asesinados y asesinadas, que han sido violentados en diferentes formas por las fuerzas del estado.

Reafirmamos nuestro compromiso como educadoras y educadores populares en las fundamentales transformaciones que requiere el país, la fuerza y compromiso de la juventud en las calles nos permiten entender mejor el potencial emancipatorio de la Educación Popular.

Lunes 3 de mayo de 2021)

(Ver más información: http://ceaal.org/v3/pronunciamientoceaal-frente-a-masacre-en-colombia-4mayo2021/)

ADHESIONES AL PRONUNCIAMIENTO:
REDES, ORGANIZACIONES, COLECTIVAS:
Centro Memorial Dr Martín Luther King de Cuba.
Red de Educadoras y Educadores Populares
Red Ecuménicos Fe por Cuba
Colectivo CEAAL Cuba
Colectivo CEAAL Brasil
Colectivo CEAAL México
Colectivo CEAAL Argentina
El Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer – IMU de El Salvador
Grupo de educação gênero Feminismos e interseccionalidade-GEPEGEFI-UFPA
Corporación El Canelo de Nos- Chile
Servicios para una Educación Alternativa AC
Ong Entorno de Chile
PERSONAS:
Marbelis González Mesa – Cuba
Rosa Elva Zúñiga López – México
Víctor Ibarra – México

Adjuntamos el link del formulario para firmar la adhesión al pronunciamiento:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdu99l80EXqja0oVuUK3sRG8Bu8I_O_T2usbK8WpJGr4qus8A/viewform

 

Imagen de cabecera tomada de El País

¿Impeachment contra Bolsonaro?

El “escenario teleológico” sería aquel en el que “la finalidad” de los procesos creativos era planeada por modelos finitos que podían intermodelar o simular varios futuros alternativos y en los que primaba la intención, el propósito y la previsión, pero tras el triunfo de Bolsonaro asistimos a la irrupción del “escenario teleonómico” que vendrá marcado por dosis extremas de volatilidad.

Germán Gorraiz López*

Triunfo de Bolsonaro

Tras el khaos surgido en una sociedad brasileña corroída por la corrupción y que alcanzó al entonces Presidente Temer, se produjo el triunfo en el balotaje del ultraderechista Jair Bolsonaro quien conformó un Gobierno tutelado por la Administración Trump con el objetivo confeso de convertir a Brasil en el paradigma del nuevo orden geopolítico y económico del establishment neocon de EE.UU en América Latina y el Caribe. Dicho plan se basaría en lo económico en la absorción por la Alianza del Pacífico de las actuales estructuras económicas supranacionales (ALBA y MERCOSUR) y en lo político en sustituir a los Gobiernos refractarios a los dictados de Washington (Nicaragua y Venezuela) por Gobiernos que gravitarán en la órbita de EEUU. Asimismo, la Administración Trump consideraba a Brasil como un potencial aliado en la escena global al que podría apoyar para su ingreso en el Consejo de Seguridad de la ONU tras la asunción por Brasil del papel de «nuevo gendarme neocon” en Sudamérica. Así, se preparaba la entrada de Brasil en la OTAN como “socio global” como ya hiciera en su día Colombia, con lo que se estaba tejiendo la telaraña que intentará la invasión de Venezuela en el horizonte del 2022 y de lo que sería paradigma la apertura conjunta con EEUU, Perú y Colombia de una base militar en pleno corazón del Amazonas, proyecto conocido con el nombre de Amazonlog 17, proyecto que tras la victoria de Joe Biden quedará en el olvido.

Bolsonaro y la herencia trumpiana

El ideario de Bolsonaro incluyó los puntos esenciales del ideario trumpista: Maniqueísmo, uso de las fake news, culto al líder y finiquito de lo “políticamente correcto”. Así, el pensamiento de Bolsonaro sería rígido e incorregible: no tiene en cuenta las razones contrarias, sólo recoge datos o signos que le confirmen el prejuicio para convertirlo en convicción y sufre de un delirio de grandeza que provoca que “el individuo se crea dotado de un talento y un poder extraordinarios debido a que las deidades le han elegido para una alta misión” (Derrotar al Socialismo). Asimismo poseería un ADN dotado de la triple enzima trumpista (autocracia,instauración del paraíso neoliberal y retorno al “pensamiento único heteropatriarcal”) y perseguiría la instauración de un sistema autocrático, forma de gobierno ejercida por una sola persona.

La autocracia, del griego autos (por sí mismo) y kratos (poder o gobierno), sería la forma de Gobierno ejercida por una sola persona con un poder absoluto e ilimitado, especie de parásito endógeno de otros sistemas de gobierno (incluida la llamada democracia formal), que partiendo de la crisálida de una propuesta partidista elegida mediante elecciones libres llegado al poder se metamorfosea en líder Presidencialista con claros tintes autocráticos (inflexible, centralista y autoritario), lo que corrobora la tesis de Lord Acton “El Poder tiende a corromper y el Poder absoluto, corrompe absolutamente”.

Los sistemas autocráticos (gobiernos de facto), serían pues una especie de dictaduras invisibles sustentados en sólidas estrategias de cohesión (manipulación de masas) y represión social (promulgación de Decretos-Leyes que rozarían la constitucionalidad pero que quedarán revestidos por el barniz democratizador del Tribunal Constitucional), síntomas evidentes de la deriva totalitaria del Gobierno de Bolsonaro tutelado por las Fuerzas Armadas. Como en el caso de Trump, la propaganda de Bolsonaro estuvo dirigida no al sujeto individual sino al Grupo en el que la personalidad del individuo unidimensional se diluye y queda envuelta en retazos de falsas expectativas creadas y anhelos comunes que lo sustenta y su estrategia electoral se basó en el lema de Trump (Ley y Orden) y en la defensa a ultranza del neoliberalismo fascista como último reducto de las libertades individuales frente al “Estado Totalitario Socialista de Lula”.

¿Se prepara el impeachment contra Bolsonaro?

Bolsonaro se habría convertido en el vivo reflejo de la incongruencia trumpiana que consigue desarbolar cualquier estrategia opositora que sea mínimamente racional y como en el caso de Trump, sus controvertidas decisiones y manifestaciones rozarían la megalomanía, “entendido como delirio de grandeza que provoca que el individuo se crea dotado de un talento y un poder extraordinarios debido a que las deidades le han elegido para una alta misión” (implementar el paraíso neoliberal fascista en Brasil ). La paranoia de Bolsonaro se habría agravado al verse afectado por el llamado “sindrome de hydris” citado por el médico y político inglés David Owen en su obra “The Hybris Syndrome: Busch, Blair ant the Intoxication of Power”, término que procede de la palabra griega “hybris” y que significa desmesura.

Así, la frivolización del coronavirus por parte de Bolsonaro ( el coronavirus es una gripecilla) así como su negativa a adoptar medidas quirúrgicas en los principales focos de transmisión del coronavirus de Brasil, ha derivado en una auténtica pesadilla con sus consiguientes efectos colaterales en forma de reguero de contagios (cerca de los 14 millones); de muertos (más de 360.000 fallecidos), colapso de los servicios médicos, paralización de la actividad productiva y entrada en recesión de la economía, panorama dantesco ante el que Bolsonaro sólo es capaz de exclamar que “Brasil es un barril de pólvora” debido a las restricciones implementadas por Gobernadores locales como el de Sao Paulo, Joao Doria que ha calificado a Bolsonaro como “líder psicópata”. Sin embargo, Joe Biden habría dado por amortizado a Bolsonaro y busca su defenestración política y el primer movimiento sería la ratificación por la Corte Suprema brasileña de la creación de una comisión en el Senado para investigar la actuación de Bolsonaro en la actual pandemia, no siendo descartable un próximo impeachment contra él acusado de “dejación de funciones y no salvaguardar la vida de los brasileños” tras el que Bolsonaro quedará abandonado a su suerte y a merced de los futuros procesos judiciales que le aguardan.

* Analista

 

Foto: https://radio.uchile.cl

Alerta: libertad a jóvenes defensora y defensores de la Madre Tierra – Honduras

Desde Costa Rica, España, Guatemala, Honduras, México, Puerto Rico, Venezuela denunciamos:

ALERTA

LIBERTAD A DEFENSORAS Y DEFENSORES DE LA MADRE TIERRA

MICHAEL AGUILAR, CHRISTOFER CASTILLO, VÍCTOR FERNÁNDEZ,

PATRICIA GODOY, FERNANDO HERNÁNDEZ, JEFFRYEY SUAZO,

MARIA VALLADARES

Honduras, 30 de marzo, 2021

Honduras, junto a Colombia, Filipinas, Brasil y México, se encuentra entre los 5 países de mayor persecución, represión, criminalización y judicialización contra defensoras y defensores ambientalistas, donde las cifras de asesinatos aumentaron de cuatro (2018) a catorce (2019), en un clima de total impunidad. Estos ataques letales de ambientalistas han apuntado en especial contra mujeres, y ha continuado su tendencia ascendente desde el brutal asesinato de la dirigenta Berta Cáceres (2016).

El peligro de ser ambientalista en Honduras

Los abajo firmantes denunciamos, a nivel nacional e internacional, que el día de ayer lunes 29 de Marzo 2021 integrantes de las comunidades de Aldea de Loarque y circunvecinas de este Distrito Central, junto a integrantes de ARCAH (Asociación de Reivindicación Comunitaria Ambientalista de Honduras) fueron víctimas de detenciones arbitrarias mientras ejercían el legítimo derecho humano a la protesta social durante una manifestación pacífica frente a la fábrica avícola El Cortijo, en la Aldea de Germania, que ha instalado una planta procesadora de desechos biológicos tóxicos.  Además, durante la detención sufren brutales agresiones físicas por parte de la Policía Nacional y son trasladados incluso, en vehículo sin logo ni placa, remitidos a la Jefatura CORE 7.

Nos preocupa de sobremanera y a la vez, denunciamos que la Policía Nacional no respetó la integridad del coordinador general de ARCAH, Christopher Castillo, quien tiene medidas de protección por reiteradas amenazas de muerte, ni el estado frágil de salud de una persona de tercera edad, ni la condición de menor de edad de una de las personas detenidas.

Alertamos que Honduras es un país de permanente clima de impunidad, desapariciones y asesinatos de ambientalistas como Berta Cáceres (2016), y en los primeros meses del presente año 2021 la joven enfermera Keyla Martínez fue víctima de asesinato bajo custodia de la Policía Nacional en La Esperanza, Intibucá, sumado a más de 15 feminicidios.

Es claro que el Estado criminal y represor de Honduras protege a la empresa privada y a las grandes corporaciones y megaproyectos extractivistas por encima de la vida del planeta y de los pueblos.

En Honduras es un delito defender a niñas, niños y familias que viven en comunidades aledañas al cauce del río Choluteca, donde la contaminación del río está causando graves problemas de salud a dichas comunidades y a la vida de los diversos ecosistemas.

Nos sumamos sin fronteras a la convocatoria de hoy martes 30 de marzo 2021 por:

¡Libertad a todas y todos los ambientalistas defensorxs del río Choluteca y de las comunidades aledañas!
¡No más represión contra el pueblo hondureño!
¡Alto a la criminalización y judicialización de los Derechos Humanos a la protesta social y protección de la madre Tierra!

Organizaciones, colectivas y colectivos firmantes:

Asociación de Desarrollo Sostenible LGBTI / Costa Rica
Movimiento de los Trabajadores y Campesinos (MTC) / Costa Rica
Bloque de Vivienda/ Costa Rica
Círculo Bolivariano Yamileth López / Costa Rica
Colectivo Bloque Verde/ Costa Rica
Colectivo La Mancha Venezuela / Venezuela
Colectivo Vanguardia Antillana / Puerto Rico
Colectivo San Rafael por el Agua / Costa Rica
Colectivo Smalael A’maletik / México
Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT) / Costa Rica
Movimiento Evita / Argentina
Movimiento Unificado Campesino del Bajo Aguán (MUCA) / Honduras
Organización Política Carmen Lyra / Costa Rica
RedDeVida (Costa Rica/Venezuela
Red de Integración Orgánica-RIO / Guatemala
Red de Solidaridad con Palestina/Costa Rica
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras/Honduras
Sección XXII Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) /Oaxaca, México
Vocesenlucha /España

Firmas responsables
Colectivo La Patria Grande Vencerá

Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU)
Colectivo de Solidaridad con el Pueblo de Honduras

www.acodehu-ddhh.org

derechos.humanos@acodehu-ddhh.org

colectivodesolidaridadhn@gmail.com

Añez en Bolivia, ¿Debe ser Procesada y llevada a Prisión?

Lic. José A. Amesty R.

El año pasado redactamos un artículo titulado: “Jeanine Añez: candidata a ser enjuiciada”, en el cual mostramos una serie de actuaciones y acusaciones contra Añez, las cuales deben ser denunciadas, para someterla a juicio y ser privada de libertad. Hoy esto último, se hace realidad, no somos profetas, pero se dio.

Refresquemos la memoria a quienes ahora, salen en apoyo a la “expresidenta” (OEA, evangélicos, figuras políticas de derecha, otros/as), sobre aquellas acusaciones contra ella. Yo soy de la idea que no hay que hacer leña del árbol caído, pero en este caso, no se pueden obviar hechos tan concretos.

  1. Se autoproclamó como presidenta, sin haber sido electa por el pueblo boliviano. Asume la Presidencia, en una sesión parlamentaria sin quorum, que apenas obtuvo un 4% de los votos en la última elección.
  2. La eligió un grupo liderado por la cúpula de la iglesia católica boliviana, partidos políticos minúsculos, la Embajada brasileña, representantes del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos MAS- IPSP, designados para el caso, y la Fundación Jubileo (que confirmó esos hechos), pero fundamentalmente fue apuntalada por la cúpula del Ejército y la Policía y sin duda tuvieron la garantía de EEUU. No se debe olvidar que fue un militar quien le colocó la banda presidencial, hecho inaudito y antidemocrático.
  3. Su gestión presidencial, muestra números rojos, tales como el 6% del Producto Interno Bruto PIB, en la caída de su economía. Lo que equivale a la generación de más de un millón de nuevos pobres (1.059.672); y casi medio millón más si lo medimos por pobreza extrema.
  4. Y si consideramos los efectos de la pandemia, que ha sido mal gestionada por el gobierno de facto, esto ocasionó una pérdida de ingresos de entre 30-50%, entonces tendríamos más de dos millones de nuevos pobres en Bolivia (2.739.826). De estos, 2 millones vivirían en condiciones de extrema pobreza. Mientras tanto, Bolivia ya ha había superado las 8.000 personas fallecidas por el COVID-19 y las exportaciones han disminuido a 4.217 millones de dólares hasta agosto, cifra menor en 1.680 millones de dólares a la registrada en el mismo período de 2019. No se responsabilizó por la crisis humanitaria-sanitaria de Bolivia, ocasionada por la pandemia, generada por su mala gestión de gobierno, ocasionando la muerte, al menos, a 500 bolivianos, tirados en las calles, y el colapso del sistema de salud boliviano.
  5. La corrupción llegó a los niveles más altos, en empresas de hidrocarburos, electricidad, telecomunicaciones, ministerios como el de Salud y Obras, el incremento de la pobreza, y la ilegalidad e ilegitimidad en la política. En diez meses, Jeanine Áñez, juramentó a 36 ministros, y algunos juraron dos veces.
  6. Intentó inhabilitar, la personería jurídica del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos MAS- IPSP, alegando fraude electoral en octubre 2019 y por haber participado en un golpe de Estado institucional. Ha declarado vilmente: “Si se prueba el delito electoral tiene que tener su sanción y una de ellas es que el partido de Evo Morales pierda su personería jurídica”. Ha agregado además, la inhabilitación del MAS-IPSP por: sedición, y por la difusión de una encuesta de intención de voto.
  7. Renunció como candidata a aquellas elecciones, para esquivar los cargos en su contra, por las masacres de Sacaba y Senkata. Se conocen como masacres de Senkata y Sacaba a los hechos sucedidos en dichas localidades bolivianas, durante las intervenciones militares ante las protestas sociales emergidas luego de la asunción de Jeanine Áñez a la presidencia de Bolivia en noviembre de 2019, en el marco de la crisis política y social de 2019.
  8. También por la represión de las fuerzas policiales y militares, durante su gestión, así como por hechos de corrupción en los que se ha visto envuelta. Según el medio Bolivia TV del Pueblo, en noticia verificada, la “senadora demócrata Warren de EE.UU denunció con documentos y pruebas que una lujosa mansión cotizada en $u$ 28.3 millones apareció en agosto a nombre de Carolina Ribera Añez, quien es hija de la presidente interina Jeanine Añez”, cuestionando que esa compra pudo ser con dinero desviado de Bolivia.
  9. Y para no hacer la lista más larga: Cometió nepotismo: trató de favor hacia familiares o amigos, a los que se otorgan cargos o empleos públicos por el mero hecho de serlo, sin tener en cuenta otros méritos; para su propio beneficio y obtener favores.
  10. Perpetró persecución contra grupos sociales, contra la prensa extranjera, partidos políticos, medios de comunicación, entre otros, contrarios a su gestión.
  11. Se develó una lista con nombres de los militares bolivianos en servicio activo y pasivo adictos al Gobierno golpista de Jeanine Añez, que estarían detrás de la organización de situaciones de extrema violencia para impedir que se realizaran las elecciones en Bolivia. Estos escenarios de violencia se registrarán antes, durante y después de las elecciones. Incluso, violación de DDHH.

El Defensor de Derechos de la Madre Tierra y Derechos Humanos desde Abya Yala, Ollantay Itzamná, señala además que los delitos que se le imputan a Añez, y a sus cuatro ex ministros, son: terrorismo, sedición y conspiración. Pero, estos no son todos los delitos, ni están todos los y las que cometieron estos delitos de lesa humanidad.

La pena máxima en Bolivia es de 30 años sin derecho a indulto. Pero, esta máxima pena, por la magnitud de los delitos cometidos por la usurpadora, motivados por el odio a la identidad indígena (confeso) es insignificante.

Añade además, no es venganza, es justicia mínima. Quienes asumen que la justicia por las masacres de Senkata y Huayllani es venganza, externalizan sus profundas convicciones que las y los indígenas en Bolivia y Abya Yala no somos seres humanos. Muchos menos nos consideran sujetos del derecho a la justicia.

¿Qué nos queda? ¡Hacer justicia! Por justicia debemos sacar, expulsar a todos los y las golpistas de Bolivia, devolver a los pueblos los bienes y patrimonios mal habidos que éstos acumularon.

Finalmente, lanza una propuesta fuerte: las y los golpistas, incluyendo sus comunicadores, sus religiosos, sus ONG, quieren conocer lo que es venganza, pues, debemos mostrarles lo que por justicia aritmética les corresponde. No sólo cárcel. Les corresponde el destierro, si no quieren morir en la cárcel.

El sólo hecho de tratar de esconderse en una caja y/o debajo de su cama, evidencia que ella sabe de sus tracalerías y que puede ser encausada por sus delitos y casos de corrupción.

Hoy, la Organización de Estados Americanos OEA, sale en defensa de Añez, tratando de imponer una Comisión Internacional, que investigue su gestión de gobierno, de paso incluyen a Evo Morales, “sin tener velas en ese entierro”.

Ayer, mediante un entramando conformado por hordas fascistas, sectores de la policía y de los militares, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, los medios hegemónicos de comunicación, la Unión Europea (UE), las agencias de inteligencia de Estados Unidos (principalmente la Agencia Central de Inteligencia, CIA) y algunos gobiernos regionales (entre ellos, el argentino de Mauricio Macri y el brasilero de Jair Bolsonaro), en noviembre de 2019, concretaron el golpe de Estado a Evo Morales.

Como teólogo protestante, me da pena y pesar, las declaraciones de César Vidal, evangélico, abogado, periodista y escritor, nacido en España y nacionalizado norteamericano, de gran renombre entre los hispanos de EEUU y en América Latina: la detención de Jeanine Añez es un atentado a la libertad en Bolivia, “La actuación contra Añez y varios exministros, es un ejercicio despótico del poder que afecta a Bolivia y su democracia, y a todo Latinoamérica. La OEA y la Unión Europea deben reaccionar, no espero nada de Biden”.

Finalmente señalamos, Jeanine Áñez fue parte del golpe contra Evo Morales en Bolivia, de la represión que causó decenas de muertes, de las detenciones arbitrarias, de las proscripciones, de la persecución política y de los negociados que se hicieron a costa de la vida de los bolivianos (como la compra de respiradores con sobreprecio en medio de la pandemia. Respiradores que, además, nunca llegaron a Bolivia). Hoy la Justicia le empieza a pedir, que dé cuenta de todos sus crímenes.

Nota Última hora. En febrero pasado 2020, la defensora del Pueblo, Nadia Cruz señaló a Áñez como responsable de estas masacres y recordó que el 15 de noviembre de 2019, la expresidenta de facto firmó un decreto, el 4.078, que autorizaba a las Fuerzas Armadas a reestablecer el orden público, sin que esto generara responsabilidad penal. Dos semanas después, lo derogó.

El régimen de Añez adoptó políticas que buscaban echar por tierra todos los avances de Evo, algo que logró en solo 6 meses.

 

Imagen: http://latlibre.org/

Enviado por el autor.

“Silencio a cualquier costo: Tácticas del Estado para profundizar la represión en Nicaragua”

SURCOS comparte la siguiente publicación:

Amnistía Internacional presenta una nueva publicación a cerca de la situación de represión que se está viviendo en Nicaragua.

Adjuntamos la introducción del texto y extendemos la invitación a leer el artículo completo que se encontrará disponible para descarga al final de la nota.

  1. Introducción:

Cuando las imágenes de la violenta represión contra las protestas masivas que iniciaron en abril de 2018, por una serie de reformas al sistema de seguridad social en Nicaragua, colmaron las portadas de los principales diarios de todo el mundo, parecía que la crisis de derechos humanos en el país había llegado a su punto más álgido.

Para finales de abril de 2018 era difícil pensar que las cosas podían empeorar. El gobierno del presidente Daniel Ortega hacía uso de todo el aparato de seguridad para castigar a quienes se atrevían a manifestarse en las calles exigiendo rendición de cuentas. Dos años después, la realidad continúa superando las peores predicciones.

La evidencia y testimonios contenidos en este informe muestran la forma en la que el gobierno de Nicaragua no solo ha profundizado, sino que ha perfeccionado su aparato represivo, poniendo en práctica una serie de tácticas sofisticadas para silenciar cualquier forma de crítica y demanda social, a cualquier precio.

Las violaciones de derechos humanos, incluida a la libertad de expresión, no son nuevas en Nicaragua. Sin embargo, el uso de nuevas herramientas, como algunas de las que serán presentadas y descritas en este documento, indican el comienzo de un capítulo más sombrío en la historia reciente del país.

Durante abril y mayo de 2018, las autoridades hicieron un uso excesivo, desproporcionado y, con frecuencia, innecesario de la fuerza e implementaron una estrategia en ocasiones deliberadamente letal contra las personas que se manifestaban.1

La negativa del gobierno a cesar la represión, en los meses posteriores, continuó sumando víctimas fatales y heridos a manos de agentes del Estado y grupos parapoliciales armados afines al gobierno, lo que aumentó la indignación social. Numerosas localidades respondieron a la estrategia represiva levantando barricadas y, en ocasiones, utilizando morteros artesanales para defenderse.

En respuesta, en julio de 2018, Ortega anunció la “Operación para la Paz”, que se conoció popularmente como “Operación Limpieza”. Ésta consistió en destruir por la fuerza las barricadas y enviar a grupos combinados de fuerzas parapoliciales armadas y agentes de la Policía Nacional a enfrentar a quienes se manifestaban. 2

En su momento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo que la puesta en marcha de la Operación Limpieza estaba marcando un punto de inflexión en la crisis de derechos humanos en Nicaragua. 3

Pocos meses después, en diciembre de 2018, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para Nicaragua, instalado bajo el auspicio de la CIDH con el fin de coadyuvar en las investigaciones de los hechos violentos ocurridos en el contexto de las protestas, concluyó que la respuesta represiva del Estado se dio en el marco de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. El GIEI afirmó que las autoridades nicaragüenses realizaron “conductas que de acuerdo con el derecho internacional deben considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente asesinatos, privación arbitraria de la libertad y el crimen de persecución”. 4

A pesar del escrutinio internacional, la respuesta represiva contra quienes se manifestaban y promovían el respeto a los derechos humanos continuó durante 2019.

De acuerdo con datos del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), en el 2019 se continuaron reportando casos de homicidios selectivos de personas identificadas como participantes en las protestas o como opositoras al gobierno, incluyendo al menos 40 casos de posibles ejecuciones extrajudiciales, muchas contra personas campesinas.5

Durante ese año el gobierno se cerró al escrutinio internacional y no permitió la entrada de organismos internacionales de derechos humanos, situación que continuaba hasta finales del 2020.

Organizaciones locales actualmente denuncian que las autoridades siguen utilizando al Poder Judicial como uno de los brazos represivos para encarcelar a activistas en procesos arbitrarios.6 A finales de noviembre de 2020, fecha de finalización de este informe, más de 100 personas continuaban tras las rejas de manera arbitraria.7

Dentro de las cárceles, las personas detenidas bajo cargos que podrían esconder una motivación política siguen reportando malos tratos y hostigamiento, como elementos adicionales de castigo por sus actividades. Además, fuera de las cárceles, quienes trabajan en la promoción y defensa de los derechos humanos son víctimas de una campaña de hostigamiento sistemática, diseñada para detener su labor.

Fuera de las prisiones, activistas excarceladas y sus familias denuncian que el acoso tras volver a sus hogares es tal que les impide ejercer cualquier tipo de trabajo relacionado con los derechos humanos, u otras actividades. En algunos casos, el hostigamiento se materializa en actos de intimidación y acoso por parte de la policía, fuerzas parapoliciales o redes de control local vinculadas con las autoridades.

En otros casos, la represión es más directa. Desde 2018, el gobierno ha cancelado el registro legal y confiscado los bienes de al menos 10 organizaciones de derechos humanos. Las autoridades también han criminalizado a periodistas y cerrado medios de comunicación considerados críticos.

Durante la segunda mitad del año 2020, la Asamblea Nacional, controlada en su mayoría por miembros del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido del presidente Daniel Ortega, aprobó una serie de leyes que restringen considerablemente el ejercicio de los derechos humanos. La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros,8 por ejemplo, cuyo aparente objetivo es fiscalizar el dinero que organizaciones reciben para evitar la “injerencia extranjera”, en la práctica podría forzar a las organizaciones a cerrar sus puertas ante los obstáculos para financiar sus actividades legítimas.

La Ley Especial de Ciberdelitos, por su parte, bajo el pretexto de evitar la propagación de “noticias falsas”, define un marco legal que puede ser utilizado para castigar penalmente a quienes expresen opiniones que, a los ojos de las autoridades, “produzcan alarma, temor o zozobra”.9 En la misma línea, se aprobó, en primera lectura, una reforma constitucional que permitiría la pena a perpetuidad. Debido a la vaguedad del texto que se propone reformar, existe el temor fundado de que sea otra herramienta que pueda ser utilizada para criminalizar a personas percibidas como opositoras.

Personas defensoras de derechos humanos temen que lo peor todavía no ha llegado. Afirman que, en el contexto preelectoral de cara a los comicios presidenciales de noviembre 2021, las violaciones a los derechos humanos, que no se han detenido, se recrudecerán mientras el gobierno busca silenciar cualquier forma de oposición, a cualquier costo.

Mientras tanto, la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y sus familiares, quienes han sido objeto de detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, y de otras violaciones de derechos humanos o de crímenes de derecho internacional, continúan siendo una ilusión.

Tras la finalización de este documento, en noviembre de 2020, los reportes sobre el incremento de los actos de hostigamiento contra las personas identificadas como opositoras al gobierno, defensores de los derechos humanos, periodistas, así como víctimas de violaciones de los derechos humanos y sus familias, continuaron sin pausa. Adicionalmente, en diciembre de 2020, la Asamblea Nacional aprobó la “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz”, cuya aprobación fue rechazada por la CIDH, quien además señaló que su contendido limita el ejercicio de los derechos políticos protegidos por las normas internacionales de derechos humanos. 10

 

Enviado por Juan Carlos Cruz Barrientos.

Represión a Vicente Vázquez Ruiz, compañero de la SextaDSL, Colectivo Autónomo Smalael A’maletik

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
4 de noviembre 2020

Acción urgente
Agresión a miembro de Colectivo Adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona.

A los organismos defensores de los derechos humanos
A los medios de comunicación
Al pueblo en general

El día de hoy, alrededor de las 5 de la tarde, el compañero Vicente Vázquez Ruiz, miembro del Colectivo Autónomo Smalael A’maletik, Adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, del municipio de Altamirano, fue hostigado y agredido por elementos de la policía en un retén en la entrada de San Cristóbal de Las Casas, cuando se dirigía al CIDECI, con prepotencia y abuso de autoridad violentaron sus derechos fundamentales al forzar y obligar a bajar del transporte público en el que viajaba, con tratos crueles y degradantes, revisaron sus pertenencias, le sustrajeron su celular y le obligaron a proporcionar la contraseña para desbloquearlo, invadiendo así su privacidad, actuando con alevosía y ventaja bajo el pretexto de su apariencia física fue retenido por varios minutos para luego dejarlo libre, dicho acto inadmisible evidencia la discriminación y racismo que aún impera, así como la criminalización a la juventud disidente y organizada.

Dicha acción violatoria de los derechos humanos no es un hecho aislado, una revisión de rutina más que pretende ser legal cuando a todas luces raya en la ilegalidad, puesto que en el Estado de Chiapas se criminaliza la protesta social, la lucha organizativa, la defensa por la Autonomía, por la Vida y el Territorio desde las altas esfera de este mal gobierno Morenista: No es más que muestra de la dictadura fascista que estamos viviendo, un cerco policíaco militar disfrazado de seguridad y protección contra la delincuencia y el crimen organizado, que sirve para intimidar al pueblo y sus luchas autónomas, todo para encubrir sus megaproyectos de “izquierda” muerte.

Denunciamos enérgicamente esta agresión a nuestro colectivo, responsabilizamos a los tres niveles del mal gobierno de la integridad física y psicológica de nuestro compañero Vicente Vázquez Ruíz.

¡Condenamos la violación sistemática a los derechos humanos!
Llamamos al apoyo y solidaridad de las organizaciones hermanas y solidarias.
¡Alto a la criminalización de los luchadores sociales!
¡Por verdad y justicia!
Colectivo Autónomo Smalael A’maletik (Montañas de Esperanza)

 

Compartido con SURCOS por María Trejos Montero.

La bofetada del presidente

Marcos Chinchilla Montes

Durante estas últimas dos semanas hemos sido testigos de una serie de acciones policiales que demuestran el grado de violencia y brutalidad policial que ejercen las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública, contra quienes han venido participando de manera legítima contra las medidas económicas neoliberales que el gobierno de Carlos Alvarado desea imponer.

La respuesta policial busca aleccionar y desalentar a como sea, cualquier forma de oposición y organización; y para ello recurre a prácticas de terror como los son las incursiones en barrios o la detención y criminalización de periodistas independientes.

Algunas personas podrían aludir que son excesos puntuales que se escapan del control de las jefaturas y mandos medios; pero desde mi lectura, son acciones que pretenden aleccionar a las comunidades y mandan un mensaje muy claro: ni se atrevan a cuestionarnos, porque esto les va a suceder a ustedes también.

En el Chile de Pinochet, pocos meses después del golpe de Estado, cuando las comunidades comenzaban a manifestarse contra la dictadura, eran convocadas cientos de personas en una plaza barrial, al centro estaban los militares y carabineros con las mascotas de las familias, y una a una las iban matando y de paso alertando: si siguen de necios, a ustedes les pasará lo mismo.

Vale la pena recordar que en Chile fueron asesinadas o desaparecidas más de 3000 personas, justamente por una dictadura de naturaleza neoliberal que comparte nuestro actual gobierno.

Los informes que llegan de la zona norte permiten entrever que el gobierno quería quitarse de una vez por todas el problema de “San Carlos”; tenía que ser una respuesta contundente contra un cantón que le ha plantado cara al gobierno. Y como bien lo dejó claro el Ministro de Seguridad días atrás, el papel de ellos es garantizar que todo esté abierto y que la producción no se detenga.

En particular, deseo destacar la forma cobarde como un policía inmovilizó a una mujer mientras estaba indefensa en el suelo: le recetó una soberana bofetada, al mejor estilo del macho que agrede y somete a una hembra a quien considera loca y fuera de sí; una práctica machista y misógina que lamentablemente corre por las venas de un sector policial y que además de censurable, debe de ser denunciada a la brevedad, llevando a estrados judiciales a la persona responsable y a los mandos a los que obedece. Funcionarios de esa calaña, no merecen ser parte de la institucionalidad pública costarricense.

En esa miserable bofetada, se resume de manera magistral el trato que el gobierno de Carlos Alvarado le ha dado a la sociedad costarricense: el engaño; la traición; la exclusión social; el olvido; la violencia policial, la represión; el plegarse sin consideración alguna a los intereses de un sector del empresariado neoliberal, en menos cabo de los derechos humanos de la población costarricense.

Cuando el policía agrede de manera vil a la mujer que tiene tendida e indefensa sobre el suelo; sabe muy bien que actúa alineado y con la protección de sus jefaturas, es la misma solicitud que el gobierno ha transmitido por la cadena de mando: hay que aleccionar, golpear, generar miedo, humillar y desmovilizar a toda costa a quienes protestan y denuncian. Dichosamente, un video permitió conocer los excesos y cobardía represiva de nuestra policía; ¿qué pasará en aquellos lugares donde el silencio y la impunidad son cómplices de la policía?

A este policía poco le importa la violación de los derechos humanos de la mujer que yace boca abajo, agredida, él es el macho, tiene el poder, tiene el dominio de la violencia; para eso fue entrenado. Como poco le importa a Alvarado los derechos humanos de la sociedad costarricense, el viene a realizar el trabajo sucio que el empresariado le ha encomendado; él también nos ha abofeteado.

FECON: Ministro y Director de Fuerza Pública deben renunciar por la agresión en Cañas

FECON (09/10/2020). Tras observar las imágenes transmitidas por el canal virtual TV Live Guanacaste en Cañas y otras denuncias ciudadanas, desde la Federación Ecologista (FECON) repudiamos la intervención policial contra la población de los barrios vecinos del río Cañas y el violento operativo en la zona. La acción desde su inicio no tuvo razón de ser. Fue abiertamente ilegítima y desproporcionada, abusiva y violatoria de los derechos humanos de la población afectada.

Ante estos hechos, consideramos que el Director de la Fuerza Pública, Daniel Calderón, debe ser separado inmediatamente de su cargo, pues corresponde a su persona dar las órdenes y hacerse responsable por el accionar tomado por los oficiales en el lugar. Los antimotines abusaron con sus ataques contra la población sin motivo. Hacemos un llamado a las demás organizaciones sociales del país a unirse a la solicitud de destituir al Director de Fuerza Pública, Daniel Calderón.

Deploramos también las declaraciones inmediatas sobre los hechos (en vivo a Canal 7) de Michael Soto, Ministro de Seguridad, justificando la intervención irracional de la Fuerza Pública culpando a la población bajo la falsa premisa de levantar un bloqueo. Solicitamos al presidente de la República, Carlos Alvarado, pedir la renuncia de Michael Soto como Ministro de Seguridad, por defender el accionar irracional de la policía en una zona donde ni siquiera había bloqueos, dejando dudas sobre el objetivo real de las órdenes de intervención.

Descripción de los hechos:

El jueves 8 de octubre en Cañas, Guanacaste, igual que en todo el país, se realizaban protestas sociales contra las afectaciones que sufren los pueblos, cargado de impuestos indirectos tras la aprobación del Plan Fiscal y amenazado con cargar un nuevo endeudamiento del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

A eso de la 1:30 pm, varias personas se encontraban cerca de la carretera interamericana manifestándose, cuando la Fuerza Pública desplegó un operativo  que incluía decenas de patrullas y un blindado. Según  las imágenes captadas en vivo por TV Live Guanacaste, la carretera no estaba obstaculizada. La gente se encontraba al lado de la vía y había circulación de vehículos.

A pesar de no existir situación vial crítica, ni bloqueo de la ruta, los cuerpos policiales comenzaron a lanzar gases lacrimógenos a la gente que estaba manifestándose pacíficamente en la carretera. Sin mediar ningún tipo de violencia por parte de los vecinos y vecinas que se observaban en el sitio, los antimotines también dispararon gases lacrimógenos hacia las viviendas cercanas al puente sobre el río Cañas y detuvieron arbitrariamente a personas en el lugar.

Luego de ello, sucedió un agresivo operativo en la zona, donde se cometieron todo tipo de abusos por parte de los cuerpos antimotines, quienes lanzaron gases lacrimógenos en caseríos y también piedras contra los manifestantes que huían de los ataques. Con este accionar afectaron a personas de todas las edades que se encontraban en viviendas, afectando a niños, niñas adultos mayores y personas enfermas con su operativo irracional.

Nos solidarizamos con las familias afectadas y rechazamos enérgicamente la criminalización de la protesta social, que es un derecho. Los abusos policiales deben ser erradicados inmediatamente en el país.

FECON, 9 de octubre de 2020

Policías lanzando piedras hacia un barrio de Cañas. Imágenes tomadas por vecinos

Foto de cabecera: Transmisión de TV Live Guanacaste (08/10/2020)

Publicado por FECON en https://feconcr.com/noticias/fecon-ministro-y-director-de-fuerza-publica-deben-renunciar-por-la-agresion-en-canas/ y compartido con SURCOS por esta organización ecologista.

Las cosas van de mal en peor

Juan Carlos Cruz *

El gobierno corporativo empresarial, que no escucha a los sectores sociales, que sólo dialoga con los empresarios y que reprime la protesta social, arremetió tieso y parejo, esta madrugada, contra algunos de los tranques en Pérez Zeledón, San Carlos y Limón. Excusas sobran para justificar la represión ante la opinión pública, pero igual, esos pretextos para legitimar el uso de la violencia no van a resolver en problema de fondo: hay mucha gente desesperada, sin ingresos, comiendo una vez al día, personas enfermas que no están recibiendo atención en los centros de salud…. Y eso es una bomba de tiempo que le va a estallar en la cara al Gobierno, sin que esta vez le puedan echar la culpa a Albino ni a ningún cabecilla de los sectores sociales.

La desesperación de las madres de familia desempleadas y sobrepasadas por las necesidades de sus hijas e hijos, no se acallan con “condenas mediáticas a la violencia” y más bien, provocan reacciones aún más violentas. No creo que ni el más insensato de quienes asesoran al Presidente, estén pensando en que las campañas mediáticas contra los y las manifestantes van a surtir efecto esta vez. Ya no se trata de sindicalistas “defendiendo privilegios”, ni de empleados públicos “que sólo piensan en su bienestar”, esta vez se trata de un pueblo con hambre que clama por un mínimo gesto de empatía presidencial y algo de solidaridad por parte de un empresariado egoísta, mezquino y miope.

 

*Comunicador jubilado.