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Etiqueta: resistencia comunitaria

Límites ineludibles y emergencia de una nueva conciencia: entre la acumulación y la vida

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

Si algo distingue a la civilización contemporánea no es únicamente su extraordinaria capacidad de producir riqueza, sino su tendencia a expandirse sin reconocer los límites que la hacen posible. Durante décadas —incluso siglos—, este sistema ha logrado desplazar sus contradicciones: lo que no podía resolverse en un ámbito se trasladaba a otro; lo que no estallaba en el presente se difería hacia el futuro.

Pero no todos los límites son desplazables.

Los conflictos políticos pueden diferirse, las tensiones sociales pueden reprimirse y las crisis económicas pueden posponerse. Sin embargo, los límites ecológicos introducen una diferencia decisiva: no responden a la lógica del poder ni a la voluntad humana. No negocian, no se subordinan, no pueden ser contenidos por decretos ni por ejércitos.

En este punto emerge una contradicción de nuevo tipo: aquella entre un sistema que requiere expansión ilimitada y un planeta cuyos equilibrios biofísicos son finitos.

El poder que no puede dominar la Tierra

En su fase actual —marcada por el predominio de los combustibles fósiles— el capitalismo ha alcanzado una capacidad de intervención sobre la naturaleza sin precedentes. Las fracciones dominantes del capital financiero e industrial, apoyadas en la tecnología y en complejas arquitecturas de poder global, han extendido las fronteras de la acumulación hasta los rincones más remotos del planeta.

Y, sin embargo, ese mismo poder revela su impotencia frente a los límites ecológicos.

Ese poder financiero-industrial, puede intervenir gobiernos, condicionar economías, desatar guerras o reconfigurar territorios. Pero no puede alterar a voluntad los ciclos del clima, ni detener el deshielo polar, ni revertir por decreto la acidificación de los océanos.

Se trata de una paradoja histórica: el sistema más poderoso jamás construido por la humanidad se muestra incapaz de controlar las consecuencias de su propia expansión. Tal es en mi opinión, la nueva fase del desarrollo capitalista depredador de la naturaleza y de la vida.

América Latina: territorio de extracción y de resistencia

América Latina es una de las regiones del Planeta en donde esta contradicción se expresa con absoluta claridad.

La región ha sido históricamente integrada al sistema mundial como proveedora de naturaleza: minerales, petróleo, biodiversidad, agua, tierras fértiles y ahora inclusive en una parte del subcontinente, “tierras raras”. En la actualidad, esta función se ha intensificado bajo nuevas formas.

En la Amazonía —particularmente en Brasil— la expansión del agronegocio y la deforestación han llevado a este ecosistema a un punto crítico. Lo que está en juego no es solo un bosque, sino uno de los principales reguladores climáticos del planeta.

En los Andes —en países como Chile, Bolivia y Argentina— la extracción de litio, impulsada por la transición energética global, abre una nueva fase extractiva que tensiona territorios, comunidades y ecosistemas frágiles.

En buena parte de la comunidad andino-amazónica como son Colombia y Perú, la minería a gran escala y la explotación petrolera generan conflictos socioambientales persistentes, donde comunidades locales enfrentan a corporaciones transnacionales y a Estados que, muchas veces, actúan como intermediarios de la acumulación global.

Casos similares se observan en Ecuador y Venezuela. En la Amazonía ecuatoriana, comunidades como los Kichwa de Sarayaku, los pueblos Waorani del Yasuní y poblaciones de Sucumbíos y Orellana han enfrentado la expansión petrolera que vulnera sus territorios, su salud y sus derechos colectivos. En Venezuela, tanto las comunidades del Lago Maracaibo -afectadas por derrames petroleros- como los pueblos indígenas del Arco Minero del Orinoco evidencian los impactos sociales y ecológicos del extractivismo contemporáneo.

Centroamérica tampoco escapa a esta dinámica. En Honduras, Guatemala o El Salvador, la presión sobre los recursos naturales —agua, minería, monocultivos— ha generado resistencias comunitarias que, aunque frecuentemente invisibilizadas, constituyen expresiones de un conflicto más profundo: el choque entre la lógica de la vida y la lógica de la ganancia. En Nicaragua, comunidades campesinas e indígenas han cuestionado proyectos como el canal interoceánico por sus posibles impactos territoriales y ecológicos. En Costa Rica, pese a su imagen internacional de sostenibilidad, han surgido tensiones en torno a proyectos hidroeléctricos, monocultivos como la piña, la gestión del agua que afecta a comunidades locales, así como el conflicto minero por la explotación del Oro de Crucitas. En Panamá, pueblos indígenas han resistido iniciativas mineras e hidroeléctricas en sus territorios, denunciando afectaciones ambientales y falta de consulta sobre los proyectos. Incluso en Belice, la expansión de actividades extractivas y agroindustriales ha generado preocupaciones por la degradación de ecosistemas sensibles y el impacto sobre comunidades rurales.

Así, América Latina aparece simultáneamente como espacio de intensificación de la acumulación y como territorio de emergencia de resistencias que anticipan otras formas de relación con la naturaleza.

Guerra, acumulación y desplazamiento de las contradicciones

En paralelo, el sistema continúa desplazando sus tensiones a través de la geopolítica y la guerra.

Conflictos como el de Rusia y Ucrania, o las tensiones en Medio Oriente que involucran a Los Estados Unidos -ora financiando armamento, ora interviniendo directamente-, Israel, Irán y Palestina, no pueden entenderse al margen de disputas por recursos, territorios y hegemonía global.

La guerra opera, en este sentido, como mecanismo extremo de reorganización del sistema. Es decir, a lo largo de la historia, la guerra ha operado como un mecanismo extremo de reorganización del sistema al desencadenar transformaciones simultáneas en múltiples niveles: en el plano económico, al destruir capital y reactivar ciclos de acumulación mediante la reconstrucción; en el geopolítico, al redefinir jerarquías de poder y dar lugar a nuevos órdenes internacionales, como ocurrió tras la Segunda Guerra Mundial con la emergencia de instituciones como la Organización de las Naciones Unidas y la configuración de la Guerra Fría, en el ámbito político interno, al concentrar poder estatal y reconfigurar regímenes; y en el social y cultural, al movilizar poblaciones enteras, transformar roles y producir narrativas colectivas. Como los relatos compartidos que una sociedad construye para darle “sentido” a la guerra y sus consecuencias: relatos de victoria o derrota, por ejemplo, la idea de “liberación” o “resistencia” tras la Segunda Guerra Mundial, memorias oficiales y conmemoraciones -héroes, mártires, fechas patrias, monumentos-. O también justificaciones del sacrificio, discursos que legitiman pérdidas humanas (“murieron por la patria”, “defensa de la libertad”). Identidades nacionales reforzadas o redefinidas: quiénes somos “después” de la guerra. Finalmente, la reorganización del sistema se refiere a advertencias o traumas colectivos, como cuando se dice “nunca más”, después de haber experimentado conflictos devastadores. En síntesis, son las historias que una sociedad se cuenta a sí misma para explicar la guerra y reorganizar su vida después de ella.

En este sentido, la guerra no aparece como una solución racional ni deseable, sino como una forma límite, profundamente destructiva, mediante la cual sistemas en crisis han sido históricamente reordenados.

Pero incluso aquí se manifiestan límites. Ninguna dominación ha sido absoluta ni definitiva. La historia del siglo XX —desde Adolfo Hitler hasta José Stalin— lo demuestra con claridad. Y en América Latina, las dictaduras de Jorge Ubico, de Anastasio Somoza García (el padre), de Anastasio Somoza Debayle (el hijo), o de Maximiliano Hernández Martínez evidenciaron que el poder puede reprimir, pero no suprimir definitivamente las contradicciones sociales. La lección es clara: la ausencia visible de contradicción no significa su desaparición, sino su desplazamiento.

El límite que no puede desplazarse

Sin embargo, como lo hemos explicado, el cambio climático introduce una ruptura en esta lógica.

A diferencia de las crisis anteriores, no puede ser trasladado geográficamente, ni diferido indefinidamente. No hay un “afuera” al cual exportarlo. No hay periferia que absorba sus efectos sin devolverlos amplificados.

Sequías prolongadas, incendios forestales, huracanes más intensos, pérdida de biodiversidad, desplazamientos humanos, derretimiento de casquetes polares, todos estos fenómenos no son eventos aislados, sino manifestaciones de un sistema que ha comenzado a encontrar un límite infranqueable.

Aquí, el desplazamiento deja de ser posible.

Conciencia, conflicto y posibilidad histórica

Pero este límite no implica una resolución automática.

Nada garantiza que la humanidad responderá de manera racional o solidaria. La historia no avanza por determinismos mecánicos. Lo que se abre es un campo de posibilidad, no una certeza. La clave reside en la conciencia.

En la medida en que la magnitud del peligro se haga cada vez más evidente, puede comenzar a configurarse una convergencia inédita de fuerzas sociales y políticas: trabajadores, comunidades, gestores comunitarios, movimientos ambientales, sectores medios, incluso fracciones disidentes dentro de las propias élites, además de los tradicionales movimientos sindicales, cooperativos y hasta en algunos casos cámaras empresariales que hayan captado que el desarrollo con justicia social y en equilibrio con la naturaleza, no pasa por la extracción y explotación de los combustibles fósiles que han enfermado la tierra acarreando el calentamiento global. Se puede prever incluso una coalición de fuerzas a escala mundial, por el vértice común que poseen los impactos del calentamiento climático global en todo el orbe.

No se trata de una alianza homogénea ni exenta de tensiones, sino de una articulación histórica frente a una amenaza común.

Esta convergencia no necesariamente requiere de la violencia como forma dominante. Puede expresarse en transformaciones políticas, culturales y económicas que desplacen progresivamente la centralidad de la ganancia como principio organizador de la vida social.

Frente a ella, -la centralidad de la ganancia- las élites que hoy concentran el poder económico podrían encontrarse crecientemente aisladas. No porque pierdan de inmediato su capacidad material, sino porque su lógica se vuelve incompatible con la sostenibilidad de la vida.

Hacia un nuevo horizonte civilizatorio

Nos encontramos, entonces, ante una bifurcación histórica. De un lado, la persistencia de una lógica de acumulación que, de no ser contenida, profundizará las condiciones de destrucción ecológica y social.

Del otro, la posibilidad de una reorientación civilizatoria basada en la primacía de la vida, en la reconstrucción de vínculos con la naturaleza y en la redefinición de lo que significa prosperar.

No es necesario que la humanidad alcance un punto de colapso total para emprender este camino. Pero el tiempo histórico disponible para hacerlo no es indefinido; porque determinados impactos ambientales sobre la naturaleza pueden tornarse irreversibles. Un caso muy citado es el del derretimiento de los casquetes polares como consecuencia del calentamiento global, tanto de la atmósfera como de las aguas oceánicas.

La pregunta permanece abierta —y con ella, la responsabilidad colectiva—:

¿será capaz la humanidad de reconfigurar su destino antes de que los límites que ha desbordado se impongan de manera irreversible?

La Amazonía: umbral de irreversibilidad y destino compartido

No todos los procesos de deterioro ambiental avanzan de forma lineal. Algunos sistemas naturales, al ser sometidos a presiones crecientes, pueden alcanzar umbrales críticos a partir de los cuales su transformación se vuelve abrupta e irreversible. La Amazonía constituye uno de los ejemplos más inquietantes de este tipo de dinámica.

Diversos estudios científicos advierten que la selva amazónica —el mayor bosque tropical del planeta— podría aproximarse a un punto de no retorno si se combinan tres factores: la deforestación sostenida, el aumento de las temperaturas y la alteración del régimen de lluvias. En ese escenario, amplias zonas de bosque húmedo podrían degradarse progresivamente hasta convertirse en sabanas, con una pérdida masiva de biodiversidad y una drástica reducción de su capacidad para almacenar carbono, vital, como es obvio, para la supervivencia de la flora universal.

Pero, la Amazonía no es solo un reservorio de especies o un “pulmón del mundo” en sentido metafórico. Es, sobre todo, un regulador climático de escala continental. A través de los llamados “ríos voladores” —corrientes de humedad que se desplazan desde la cuenca amazónica hacia otras regiones de América del Sur—, este ecosistema sostiene ciclos de lluvia fundamentales para la agricultura, el abastecimiento de agua y la vida urbana en países como Brasil, Perú, Bolivia y más allá.

El debilitamiento de este sistema tendría efectos en cascada: sequías más intensas, pérdida de suelos fértiles, inseguridad alimentaria y presiones migratorias. En otras palabras, lo que podría parecer un problema localizado en la selva se convertiría en una crisis civilizatoria extendida.

Aquí se vuelve tangible la tesis central: el tiempo histórico disponible no es indefinido. Si la Amazonía cruza ese umbral, ya no se tratará de mitigar daños graduales, sino de enfrentar una transformación estructural del sistema climático regional con consecuencias imprevisibles.

Sin embargo, también en este caso emerge la posibilidad de una convergencia inédita: Pueblos indígenas, comunidades locales, científicos, movimientos ambientales e incluso sectores económicos comienzan a reconocer que la defensa de la Amazonía no es una causa sectorial, sino una condición de posibilidad para la continuidad de la vida tal como la conocemos en la región.

El agua y la crisis hídrica

América Latina, históricamente rica en recursos hídricos, comienza a experimentar tensiones cada vez más visibles: agotamiento de acuíferos, contaminación de fuentes y desigual acceso. Grandes ciudades enfrentan ya escenarios de estrés hídrico, mientras comunidades rurales ven comprometidas sus formas de vida. El agua deja de ser un bien abundante para convertirse en un eje de conflicto social y territorial.

Migraciones climáticas

A su vez, el deterioro ambiental comienza a traducirse en desplazamientos humanos. Sequías prolongadas, eventos extremos, como los incendios forestales, por un lado, y huracanes indómitos y desbordamientos de ríos, por otro, juntamente con la pérdida de medios de subsistencia, obligan a miles de personas a abandonar sus territorios. Estas migraciones, aun insuficientemente reconocidas en los marcos legales internacionales, anticipan tensiones sociales y políticas que redefinirán las dinámicas regionales.

Estos tres casos —la Amazonía, la crisis hídrica y las migraciones climáticas— serán abordados con mayor detenimiento en una próxima entrega, en la que se examinarán sus dinámicas específicas y sus implicaciones para América Latina y el mundo.

¿Qué está pasando con la incineración de residuos sólidos en Costa Rica?

Cine-foro con participación de especialistas nacionales e internacionales
• Visita internacional busca ampliar la discusión sobre alternativas de manejo de residuos
• Encuentro centroamericano y actividades en la Asamblea Legislativa

En el país han resurgido, en distintos momentos, propuestas para la incineración de residuos sólidos, presentadas como alternativas a los rellenos que resultan cada día una opción más in-sanitaria. Este proceso consiste en un tratamiento térmico que quema los desechos a altas temperaturas, reduciendo su volumen y generando energía. Sin embargo, también produce cenizas peligrosas y emite gases tóxicos que pueden afectar el aire, el suelo y las fuentes de agua, con implicaciones directas para la salud humana y los ecosistemas.

En un contexto donde la gestión de residuos se ha convertido en una problemática cada vez más urgente, diversas empresas han retomado la incineración como una supuesta solución. No obstante, múltiples sectores advierten sobre los riesgos de promover este tipo de tecnologías sin un análisis integral de sus impactos.

Durante el último año, un colectivo de organizaciones sociales y comunales, junto con el Programa Kioscos Socioambientales, ha impulsado espacios de reflexión pública- mediante foros- para visibilizar tanto las problemáticas como las alternativas en el manejo de residuos. En estos espacios se han abordado los impactos de la llamada “basurización” en comunidades como Miramar, Desamparados, Cariari, La Carpio, Mora, Turrúcares y Osa, así como las amenazas que enfrentan distintos territorios ante modelos de gestión insostenibles.

Estos espacios han coincidido en una alerta compartida: la situación actual del manejo de residuos en Costa Rica constituye una “bomba de tiempo” que podría derivar en una crisis ambiental, social y sanitaria de gran magnitud. A pesar de contar con más de siete décadas de legislación en la materia, en la práctica ha predominado un modelo centrado en grandes rellenos in-sanitarios operados por empresas privadas, sin avanzar de manera decidida hacia soluciones integrales y sostenibles.

En este contexto, se han señalado preocupaciones sobre la creciente influencia de intereses corporativos, la fragmentación de la rectoría institucional entre el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y el Ministerio de Salud, y la promoción de soluciones rápidas o “mágicas”, como la incineración, que no abordan las causas estructurales del problema.

Con el apoyo de la organización internacional Global Alliance for Incinerator Alternatives (GAIA), se busca abrir espacios de discusión informada sobre los impactos de la incineración y promover enfoques basados en el desarrollo humano y la justicia ecológica. GAIA es una red global que trabaja en la promoción de soluciones de “basura cero”, orientadas a transformar los modelos extractivistas de producción y consumo.

Como parte de esta iniciativa, el próximo jueves 23 de abril se realizará el cineforo “¿Qué es la incineración y cómo afecta a nuestras comunidades?”, en el auditorio de la Escuela de Tecnologías en Salud (primer piso), en la sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica, de 3:30 p. m. a 5:00 p. m.

Durante la actividad se proyectará el documental Burning Injustice (2023), que sigue la lucha de activistas latinos en Estados Unidos contra una de las últimas incineradoras de basura en California, evidenciando sus impactos en la salud de las comunidades y las resistencias organizadas para su cierre.

El espacio contará con la participación de personas expertas como Alejandra Parra Muñoz, activista chilena y coordinadora de la Alianza Basura Cero Chile e integrante de GAIA; Mauricio Álvarez, docente de la Escuela de Geografía y Ciencias Políticas e integrante del Programa Kioscos Socioambientales de la UCR y del IDELA-UNA; y Ronald Arrieta Calvo, doctor en Ingeniería en Biotecnología y docente jubilado de la Escuela de Química de la UCR.

La actividad es gratuita y abierta al público. Por motivos de espacio, se solicita completar el formulario de inscripción: https://forms.gle/1mXXgPACLUqnPM7B8

Actividades regionales

La visita internacional forma parte de una gira regional que incluye un Encuentro Centroamericano los días 21 y 22 de abril de 2026 en El Salvador, con el objetivo de fortalecer una alianza regional hacia modelos de “basura cero”.

En Costa Rica, las actividades continuarán el 23 y 24 de abril con espacios de diálogo sobre los impactos de la incineración y alternativas para la gestión de residuos. El viernes 24 de abril se realizará además un encuentro en la Asamblea Legislativa: “Valorización de Residuos Orgánicos en Costa Rica: Realidad, Desafíos y Decisiones, organizado desde el despacho de la diputada Cynthia Córdoba, en conjunto con GAIA y ASOBIOGAS, para discutir la valorización de residuos orgánicos y analizar el proyecto de ley 25.271, relacionado con la generación sostenible y el aprovechamiento energético.

La época del silencio se acabó en Cahuita

Durante años nos dijeron:
“calladitos más bonitos.”

Pero ese silencio no era paz… era control.

Hoy que hablamos, incomodamos.

Y cuando incomodamos, atacan:

“No es de Cahuita”
“Es extranjero”
“Divide”

Pero ya no funciona. Ese silencio acostumbrado – no es ley ni consentimiento – es estrategia para lograr lo deseado.

La realidad cambia todo:
La Sala Constitucional ordenó consulta del PRC al Pueblo Tribal de Cahuita; y ratificó al Foro Tribal Afrocostarricense como órgano por medio del cual debe realizarse la consulta. (Voto 2025-029985)

Pero también reconoció:

El Foro Tribal venció (Voto 2026-010993).

Y eso lo cambia todo:

● Sin organización, no hay representación.
● Sin representación, no hay consulta.
● Y sin consulta… otros deciden por nosotros.

Que no te engañen

No es inclusión.
Es sustitución.

Hoy es definitivo:
El silencio terminó.

Y un pueblo que despierta…
ya no se deja reemplazar.

(English):
Patience is an ancestral virtue—wisdom distilled across generations—captured in a simple truth: “It takes patience to ride a donkey.”

(Español):
La paciencia es una virtud ancestral —sabiduría destilada a lo largo de generaciones—, resumida en una simple verdad: «Se necesita paciencia para montar un burro.»

Uno para todos y todos para uno.

Bernardo Archer Moore
Adulto Mayor — que, con dignidad, decidió no callar más.

¿Casualidad o estrategia?

Bernardo Archer Moore, presidente de ACUDHECA.

Por Bernardo Archer Moore
Cahuita

Durante las últimas tres décadas del siglo XX y la primera del XXI, el cierre de las líneas ferroviarias en el Caribe Centroamericano marcó el inicio de la etapa final de un agresivo proceso de despojo y gentrificación que afectó principalmente a la población afrodescendiente.

En Honduras se clausuró la línea entre San Pedro Sula y Puerto Cortés en 1994; en Costa Rica, la conexión de Puerto Limón a San José dejó de operar en 1995; y en Panamá se cerró el tramo Guabito–Puerto Almirante en 1996.

Esos años constituyen puntos clave: La pérdida de transporte y logística locales fue el detonante económico que precipitó el desempleo masivo y la desarticulación de economías de subsistencia de múltiples pueblos afrodescendientes caribeños.

Es un hecho innegable, que las comunidades mayormente perjudicadas fueron, en su mayoría, afrodescendientes que desde generaciones vivían de la agricultura local, el comercio pequeño y el trabajo en ferrocarriles y puertos.

Con el fin de los trenes desapareció no solo una vía de conexión sino también mercados, empleos y una red social económica que sostenía a familias enteras. El resultado inmediato fue el desarraigo poblacional.

Muchos habitantes abandonaron tierras ancestrales, emigraron en busca de trabajo o vendieron propiedades bajo presión económica; otros quedaron atrapados en situaciones de vulnerabilidad o en formas precarias de ocupación de la tierra, debido a políticas prohibitivas de titulación a principios del siglo.

Paralelamente, la inacción estatal y la complicidad de grandes empresas —bananeras y corporaciones nacionales e internacionales — facilitaron la llegada de inversores con mayor poder financiero.

En Costa Rica, las familias que resistieron vender enfrentaron usurpaciones toleradas por instituciones públicas y la imposición de figuras de protección ambiental (humedales, parques nacionales, refugios), que por un lado “conservaron” territorios, y por otro limitaron la posibilidad de uso tradicional de la tierra.

Esa estrategia —abandono administrativo combinado con marcos regulatorios— exacerbó la expulsión de residentes tradicionales y la transferencia de tierras al sector privado y al Estado.

Lo que siguió fue una regentrificación evidente: La aparición de centros comerciales, tiendas libres de impuestos en Guabito, y empresas controladas por nuevos inversores e inmigrantes que transformaron el tejido urbano y comercial.

Localidades como Guabito y Changuinola de Bocas del Toro, Sixaola, Manzanillo, Punta Uva, Cocles, Puerto Viejo, Estrada, Marina, Siquirres, Tortuguero y Barra del Colorado, hoy exhiben una creciente oferta comercial moderna, pero con una población afrodescendiente reducida y marginada, salvo excepciones muy marcadas.

En contraste, Cahuita ha logrado conservar buena parte de las propiedades familiares de los años setenta; es, hasta ahora, el último bastión que ha resistido parcialmente la política de desplazamiento y transacción total de tierras.

Defender ese legado —las tierras, la memoria y la continuidad comunitaria— es la tarea urgente para evitar que más pueblos se conviertan en ejemplos de desarraigo y regentrificación irreversible.

Defenderse del odio

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Quizá por estas latitudes nuestras hay noticias que pasan desapercibidas. Es que la ocupación y la preocupación por los destinos de un país como Costa Rica nos ha hecho pensar mucho en lo doméstico y restarnos la mirada periférica hacia el contexto internacional.

Este año, no debemos olvidarlo, asumió en su segunda magistratura el republicano Donald Trump. Recordemos que una de las promesas de campaña que a la larga le llevó al poder fue “acabar con el problema de la inmigración hasta volverla 0”.

Para ello, la campaña de persecución, detención y deportaciones masivas debía ser feroz. Y sí que lo ha sido. En la memoria, triste memoria, nos quedará como país haber contribuido a servir como destino de vuelos de deportados que fueron a parar a la zona sur del país en condiciones de hacinamiento y violencia institucional.

En lo que el teatro doméstico se alista para una de las contiendas más importantes de su historia democrática, en algunas ciudades de Estados Unidos se escenifican acciones de resistencia contra la maquinaria migratoria y represiva que Donald Trump ha ordenado lanzar contra los cuerpos de las personas migrantes y sus familias.

Recién la semana pasada un artículo publicado en el sitio digital Revista Crisis, detallaba las estrategias de autodefensa vecinales y comunitarias ensayadas en sitios como Chicago, una de las ciudades con mayor población latina en aquel país.

Las acciones consistían en talleres de formación, entrenamientos colectivos y herramientas de comunicación ingeniosas destinadas a luchar contra las detenciones masivas y las deportaciones.

El poder de la organización está allí, en la gente. Pienso en eso y es inevitable no pensar en la incapacidad que ha mostrado la oposición en Costa Rica para derrotar al oficialismo y su autoritarismo legitimado. Pienso en cierto ADN que se perdió y es necesario recuperar con sentido colectivo y liberador.

Si los migrantes en Estados Unidos están logrando resistir y combatir el odio, pienso que hay un resquicio de esperanza que proponga terminar con esta pesadilla política y dedicarnos de inmediato a reconstruir el proyecto de país que somos. Refundarnos. Salir del fondo.

Soberanía alimentaria de los pueblos contra las transnacionales – Llamado a la acción 16 octubre

Por Carlos Hernández – RedESS Costa Rica

En tiempos donde las grandes corporaciones agroindustriales imponen sus intereses sobre los territorios, las semillas y la vida misma, la soberanía alimentaria emerge como una iniciativa política de los pueblos. Es el derecho de las comunidades a decidir qué producir, cómo alimentarse y de qué manera cuidar la tierra que les sostiene. En Costa Rica, este principio se teje con fuerza desde la Economía Social Solidaria (ESS) y los Circuitos Económicos Solidarios (CES) impulsados por la Red Nacional de Economía Social y Solidaria (RedESS).

La soberanía alimentaria como resistencia

Durante más de tres décadas, el modelo neoliberal ha erosionado los tejidos comunitarios, desplazado a pequeños productores y subordinado la alimentación al mercado global. En contraposición, los movimientos solidarios costarricenses han defendido la producción agroecológica, los saberes ancestrales y la autogestión territorial, construyendo desde abajo alternativas concretas frente al poder corporativo de las transnacionales.

Los mercados solidarios, las canastas agroecológicas y las redes locales de intercambio son ejemplos de cómo la soberanía alimentaria se materializa en prácticas cotidianas. No se trata solo de producir alimentos, sino de recuperar el control sobre los medios de vida y sobre el sentido del trabajo, priorizando el bienestar colectivo sobre el lucro.

Tejiendo redes de esperanza

Entre 2020 y 2024, la RedESS demostró que la organización comunitaria puede sostener la vida en medio de la crisis. Frente al colapso de los mercados globales durante la pandemia, las redes territoriales solidarias distribuyeron alimentos, equipos y apoyo mutuo, canalizando recursos con transparencia y equidad. Así se confirmó que la solidaridad organizada es más eficaz que la caridad vertical, y que la soberanía alimentaria se construye desde la confianza y la cooperación.

Cada mercado solidario, cada semilla intercambiada, cada compra de productos alimentarios campesinos, representa una forma de resistencia frente al dominio de las corporaciones que mercantilizan la comida, privatizan el agua y destruyen los suelos.

Contra el acaparamiento y por el bien común

El avance de las transnacionales agroalimentarias amenaza la diversidad biológica y cultural. Su poder se sostiene sobre la concentración de tierras, el control corporativo de los mercados de productos alimentarios, y la manipulación genética de semillas. Frente a ello, los pueblos deben reivindicar su derecho a cultivar, compartir y decidir. La soberanía alimentaria no puede ser garantizada por el mercado: solo los pueblos organizados pueden protegerla.

Llamado a la acción

Hoy más que nunca, defender la soberanía alimentaria es defender la vida. RedESS hace un llamado a:

  • Fortalecer los circuitos económicos solidarios, que unen productores y consumidores conscientes.

  • Apoyar la producción agroecológica local, libre de agroquímicos y de dependencia corporativa.

  • Exigir políticas públicas que reconozcan a la ESS como pilar del desarrollo territorial sostenible.

  • Promover la educación y comunicación popular, para visibilizar las luchas de las comunidades rurales y urbanas.

  • Construir alianzas latinoamericanas, porque la soberanía alimentaria no tiene fronteras.

La soberanía alimentaria no es una utopía lejana. Es una práctica viva que germina en los huertos comunitarios, en los mercados solidarios y en las manos que siembran con amor y dignidad. Es la respuesta de los pueblos frente a un sistema que pone precio a la vida.

Defendamos la soberanía alimentaria. Resistamos la dominación transnacional. Alimentemos el futuro desde la solidaridad.

Rechazo ciudadano a la “basurización” en Montes de Oro

Presentan recurso de revocatoria contra permiso de construcción

La comunidad de Montes de Oro y los grupos de Miramar alzaron la voz ante la amenaza de que el cantón se convierta en sede de un tercer basurero. Vecinas y vecinos rechazan que su territorio cargue con el triste récord de ser el cantón con mayor número de estos proyectos, sin importar cómo se les denomine: vertederos, rellenos o “parques tecnológicos”. El mensaje es firme y unánime: Montes de Oro no acepta ser un territorio de mayor sacrificio.

En el cantón ya existe un vertedero abandonado por la Municipalidad de Puntarenas, además de un relleno sanitario operado por el Grupo Rabsa. A estos impactos se suman los pasivos ambientales de la mina Bellavista y de la minería subterránea e ilegal que ha generado afectaciones por décadas.

Por ello, desde hace más de quince años la población ha resistido la instalación del Parque de Tecnología Ambiental Galagarza, impulsado por EBI de Costa Rica S.A. El día de ayer se presentó un recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra el permiso de construcción otorgado por la Municipalidad de Montes de Oro el pasado 24 de setiembre. El recurso fue suscrito por 111 habitantes, entre ellos más de 60 residentes de Zagala Vieja, la comunidad más cercana al proyecto según el Estudio de Impacto Ambiental.

El documento cuestiona que el permiso municipal fue emitido sin verificar requisitos obligatorios que resguardan la salud, los ríos y la seguridad de la población:

● La autorización sectorial para instalar y operar el tanque de autoconsumo de combustibles (competencia del MINAE–DGTCC).

● El permiso de vertidos para aguas residuales tratadas (competencia del Ministerio de Salud).

● La verificación del alineamiento del INVU respecto a cuerpos de agua cercanos.

● El uso de un plano catastral desactualizado, con incongruencias de más de 67.000 m² frente a la realidad registral.

Las y los representantes comunales también cuestionaron que el permiso no fue comunicado públicamente por la Municipalidad, a pesar de tratarse de un tema de alto interés local. La comunidad se enteró informalmente dos días después de emitido, lo que obligó a elaborar el recurso y recolectar firmas casa por casa en un plazo muy corto.

Para las personas firmantes, Montes de Oro merece decisiones responsables, transparentes y alineadas con el bien común. Este recurso no es solo un trámite legal: es un acto de defensa colectiva, una exigencia de justicia ambiental y una señal clara de que la comunidad está despierta y organizada.

Este permiso, otorgado por la municipalidad y apelado por la comunidad, se inscribe en un conflicto que ha generado una fuerte oposición ciudadana (ver cronología del caso). Dicha resistencia se fundamenta en los cuestionamientos sobre el proceso de otorgamiento de permisos, los antecedentes de malos manejos en otros rellenos operados por la misma empresa en distintos lugares del país, así como en la débil capacidad de fiscalización de las autoridades locales.

Antecedentes de la “basurización” en Montes de Oro

El relleno sanitario Ecoindustrial Miramar, operado por el Grupo Rabsa, inició en 2017 pese al rechazo de la comunidad. Desde entonces, el cantón recibe miles de toneladas de desechos del Gran Área Metropolitana y de más de 30 municipios y empresas privadas, con fuertes tensiones sociales y ambientales.

En Montes de Oro, la oposición comunitaria ha sido constante: recursos de amparo, apelaciones en SETENA y MINAE, y múltiples acciones legales. Estas luchas fueron lideradas inicialmente por el Comité Oromontano Pro Ambiente y, desde 2024, asumidas por la Asociación Civil Pro Natura, que hoy articula esfuerzos legales, organizativos y de comunicación.

La Asociación Pro Natura insiste en que la verdadera alternativa es el cumplimiento de la Ley 8839 de Gestión Integral de Residuos, junto con procesos de educación, organización y construcción de alternativas sustentables que fortalezcan el tejido social y ambiental del cantón.

Cronología del caso PTA Galagarza

2009 – Proyecto obtiene viabilidad ambiental (Exp. D1-1375-2007).

2021 – Nueva tramitación de viabilidad ambiental (Exp. D1-0635-2021).

Dic. 2022 – SETENA otorga viabilidad ambiental (Res. N° 2032-2022).

Mayo 2023 – Sala Constitucional anula viabilidad y ordena audiencia pública (Sent. N° 2023-11236).

Sept. 2023 – Audiencia pública sobre el proyecto.

Dic. 2023 – SETENA vuelve a otorgar viabilidad ambiental (Res. N° 2031-2023).

Marzo 2024 – Sala IV ordena acceso al expediente (Amparo N° 24-011161-0007-CO).

Abril 2024 – Se otorga permiso de construcción previo al cambio de administración municipal.

Mayo 2024 – Alcalde acoge recurso de apelación y anula el permiso de construcción.

Ene.–Mayo 2024 – Reuniones con diputaciones y carta pública al Ministro de Ambiente.

Marzo 2025 – Tribunal Contencioso Administrativo emite Sent. N° 2025002232.

Mayo 2025 – Regidores presentan moción para devolver facultades a funcionaria municipal.

Julio 2025 – Resolución N° 09-2025 levanta recusación.

Julio 2025 – Resolución N° 10-2025 aclara que no se puede autorizar el permiso.

Julio 2025 – Encargada de Desarrollo Urbano desconoce orden del alcalde.

Ago. 2025 – 14 municipalidades se pronuncian contra Decreto Ejecutivo N° 44974-S.

Ago. 2025 – Ministra de Salud advierte emergencia nacional por gestión de residuos.

Ago. 2025 – Asociación Pro Natura expone ante el Concejo Municipal el estado del proyecto (ver sesión a partir del minuto 1:19:00 en https://www.youtube.com/live/PyWwJr56fro?si=x-VAuRAHwYKY7iT-)

Con apoyo del proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social, Universidad de Costa Rica.

Comunidades alertan de proyecto de Hidrógeno verde en el Pacífico Central

Comunidades como Punta Morales, Coyolito, Morales, Costa de Pájaros, Lagartos, Judas y Chomes, alertan que desde hace algunos meses han recibido visitas al parecer de la empresa estadounidense DLZ promotora de un proyecto de Hidrógeno Verde en el Pacífico Central del país. En dichas visitas a la zona, vecinas y vecinos señalan que se han realizado mediciones de propiedades desde Finca La Culebra en Abangares hasta las instalaciones de Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA) en Punta Morales.

¿Qué es el Hidrógeno verde (H2)?

Es una fuente de energía producida a partir de agua mediante electrólisis utilizando electricidad de fuentes como la solar o eólica.

La electrólisis es un proceso químico que utiliza electricidad para descomponer una sustancia. En el caso del hidrógeno, la electrólisis se usa para separar el agua (H₂O) en hidrógeno (H₂) y oxígeno (O₂).

¿H2 verde en Costa Rica?

En el 2022 el actual ministro de Ambiente Franz Tattenbach presentó la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde de Costa Rica 2022-2050, según reza el documento oficial:

la presente Estrategia Nacional del Hidrógeno Verde ha sido desarrollada en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo, quien ha sido un aliado de Costa Rica en la exploración del hidrógeno como un energético y que ha financiado estudios como el Análisis del mercado global de hidrógeno verde: el potencial de participación de Costa Rica en dicho mercado y estimaciones asociadas a su impacto macroeconómico, desarrollado en 2021, y que ha servido como fuente de datos para esta Estrategia.” Además, “incluye intervenciones estratégicas, indicadores y metas, además, pretende atender las brechas regulatorias, técnicas, financieras, nuevos talentos y capacidades para el desarrollo de la industria del hidrógeno verde en Costa Rica”

La estrategia plantea que para el 2030, se prevé una capacidad instalada de electrolizadores y proyectos en desarrollo entre 0,15 y 0,50 GW y una serie de hitos en el sector industrial y el transporte, para los cuales será preciso movilizar inversiones potenciales estimadas en 1100 millones de dólares, durante el periodo 2022-2030.

Según señala la Plataforma, en el 2024 se aprobó un proyecto de € 25 000 000, que le permitirá a Costa Rica invertir en el desarrollo del hidrógeno verde.

Queda claro que el desarrollo del proyecto en la zona mencionada forma parte de los planes de esta estrategia.

¿Por qué las comunidades alertan?

Primero, organizaciones locales han visibilizado en reiteras ocasiones, la falta de agua que hay en la zona principalmente en época seca, sobre todo por prácticas extractivistas que se dan en los ríos de la zona como el Guacimal, Lagartos y Abangares, tales como proyectos de riego y quebradores.

Un caso reciente es el de las comunidades Orocú y Santa Juana en Chomes, las cuales, llevan más de 15 días sin agua ante la saturación del pozo por los sedimentos resultantes de otras actividades extractivas como los quebradores y proyectos de riego.

Para el proyecto de hidrógeno mencionado, se requiere la electrólisis, la cual utiliza agua purificada en enormes cantidades, es decir, que requerirán consumos elevados del agua local, la pregunta que resalta es ¿no hay agua para las comunidades, pero sí para las empresas? Estos proyectos extractivistas que se implantan no solo representan un problema ambiental sino de acceso humano al agua como recurso vital.

Segundo, preocupa en gran medida la seguridad de la infraestructura requerida, como: electrolizadores, tanques de almacenamiento, tuberías y sistemas de transporte. Toda esta infraestructura atravesará comunidades con alto nivel de vulnerabilidad pues el hidrógeno al ser el elemento más liviano y difícil de contener puede fugarse fácilmente y es inflamable, así como explosivo. Las fugas de hidrógeno pueden ser invisibles y difíciles de detectar, aumentando el riesgo en entornos industriales.

Las comunidades están claras que el discurso de “más empleo y desarrollo” es solo una patraña más de los enclaves extractivos. Señalan que la etiqueta de verde o greenwashing se usa engañosamente y culpan a las instituciones responsables como el MINAE y la SETENA por seguir permitiendo que proyectos privados se impongan por encima de los intereses y bienestar de la población que habita los territorios.

Programa Kioscos Socioambientales
Universidad de Costa Rica

Parque Nacional Cahuita: (Co-manejo en debate)

Por: Bernardo Archer Moore
Presidente de ACUDHECA

El Parque Nacional Cahuita (Sector Playa Blanca) es un símbolo de historia y resistencia. Su modelo de co-manejo, compartido entre el SINAC y la comunidad organizada de Cahuita (ADIC), se formalizó en abril de 2017 mediante un Convenio Marco de Cooperación, bajo el Decreto Ejecutivo N.º 40110-MINAE.

Ese convenio, con plazo de dos años, venció en abril de 2019 y nunca fue renovado. Aquí nace la controversia: ¿Qué pasa con la administración comunitaria sin un convenio vigente?

Lo que sigue vigente:

A.) La ADIC mantiene su lugar como miembro permanente del Consejo Local, con legitimidad en la representación comunitaria.

B.) El modelo de gobernanza compartida continúa reconocido por ley y reglamento.

Lo que caducó:

C.) La habilitación legal para que la ADIC administre donaciones o ejecute proyectos con recursos públicos.

D.) La transferencia de fondos sin convenio vigente carece de sustento legal y puede generar responsabilidades administrativas.

El punto de disputa:

Las donaciones de visitantes:
Tanto la Contraloría General de la República (CGR) como la Procuraduría General de la República (PGR) sostienen que constituyen fondos públicos.

Por su parte, la ADIC considera que no lo son, y ha actuado de acuerdo a su tesis.

Nota: Este tema aún no tiene Resolución Judicial Definitiva.

¿Qué significa esto hoy?

Según los citados órganos estatales, el SINAC puede recibir las donaciones en el Fondo de Parques Nacionales, pero no debería transferirlas a la ADIC, sin un nuevo instrumento reglamentario.

Si la comunidad gestiona esos fondos sin convenio, su actuación podría calificarse como ‘gestión de hecho’, con riesgo de nulidad. Y quizás de allí surgieron los Allanamientos y Demandas Penales en curso.

POSIBLES SOLUCIONES:

1. Un Acuerdo de continuidad del Convenio de Comanejo expirado en febrero 2019, avalado por la Contraloría, que dé cobertura legal mientras se negocia una solución de fondo (Un Nuevo Convenio). Sin ello la disputa y demandas penales continuarán.

2. Un nuevo convenio marco entre SINAC y ADIC, que sea claro en responsabilidades y control de fondos.

3 Una reforma reglamentaria permanente (sin fecha de caducidad), que destine un porcentaje fijo de las donaciones al desarrollo comunitario, en reconocimiento a la naturaleza histórica, ancestral y cultural de esa área costera de Cahuita.

En resumen:

La participación política de la comunidad sigue en pie, pero su capacidad de gestionar recursos financieros está suspendida, por disposición de la CGR y PGR.

Para garantizar legalidad y justicia, urge un nuevo acuerdo que combine transparencia, participación y reconocimiento histórico.

El Consejo de Cahuita no es solo un asunto administrativo: Es una lucha por memoria, derechos y futuro comunitario.

Cahuita 09/09/2025

Luchas por el agua en Hatillo: Cuestionando los racionamientos como problema político y estructural

La presente nota se deriva de una producción del Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica (UCR), que profundiza en las luchas por el agua en Hatillo. Basada en la tesis de Andrés José Romero Méndez, «Territorios urbanos hidrosociales: una crítica a los racionamientos y desabastecimientos de agua en el distrito de Hatillo, San José (2020-2024)», se revela que los cortes de agua no son problemas meramente técnicos, sino el resultado de decisiones políticas, históricas y estructurales que han normalizado los racionamientos en estas comunidades.

La investigación introduce el concepto de territorios hidrosociales para entender el agua más allá de su condición física, como un campo de lucha influenciado por mecanismos biofísicos, jurídicos y decisiones políticas. Históricamente, la urbanización del agua en San José ha sido desigual, priorizando el este y oeste de la capital, mientras que Hatillo, concebido con una planificación deficiente, ha experimentado racionamientos desde los años 80. Estos cortes se han justificado bajo la idea de «escasez de agua» y un supuesto «desperdicio» por parte de los habitantes, a pesar de que la legislación es vaga y permite a los operadores definir la escasez a su conveniencia.

Frente a esta situación, las comunidades de Hatillo han gestado un fuerte movimiento de lucha social por el agua, especialmente a partir de 2020 con el «Movimiento Vecinos del Sur». La conflictividad emerge no del racionamiento en sí, sino del incumplimiento de horarios y la prolongación de los cortes, que afectan profundamente la vida cotidiana. Durante los momentos más tensos, hubo una disputa de narrativas: la comunidad utilizó manifestaciones, cierres estratégicos de calles y monitoreo digital para visibilizar su realidad, mientras que la institucionalidad buscó legitimar los racionamientos y deslegitimar los movimientos sociales, incluso con la represión policial a líderes y lideresas. La tesis de Romero Méndez cuestiona el paradigma hidráulico que despolitiza la gestión del agua y enfatiza la manipulación de datos para justificar acciones sin pruebas contundentes.

Para leer la nota completa: Le invitamos a visitar la página del Observatorio de Bienes Comunes de la UCR para conocer más sobre sus producciones y análisis sobre este y otros temas relevantes para los bienes comunes y las luchas sociales en el siguiente enlace: https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/luchas-por-el-agua-en-hatillo-que-nos-dicen-de-nuestros-territorios/

Le invitamos a ver el siguiente video:

«Luchas por el agua en Hatillo: Qué nos dicen de nuestros territorios».