Ir al contenido principal

Etiqueta: revictimización

Concejo Municipal de San José rechaza excluir la anticoncepción de emergencia en la atención a víctimas de violación

El Concejo Municipal de San José aprobó por unanimidad una moción en la que rechaza la exclusión de la anticoncepción de emergencia del expediente 23.633, conocido como Protocolo de las 72 horas, que busca garantizar la atención integral de las víctimas de delitos sexuales. La moción fue presentada por la fracción del partido Juntos San José.

La iniciativa surge luego de que, el 21 de octubre, la Comisión Permanente Especial de la Mujer de la Asamblea Legislativa aprobara, con seis votos a favor y uno en contra, un texto sustitutivo que eliminó la anticoncepción de emergencia de las prestaciones garantizadas expresamente a las víctimas de violación sexual.

Durante su intervención en el Concejo, la regidora Mariana Zúñiga Pérez, de Juntos San José, defendió la necesidad de que las autoridades se pronuncien ante decisiones que pueden representar un retroceso en los derechos de las mujeres. “Los derechos de las víctimas no pueden quedar sujetos a prejuicios ni estereotipos de género. Costa Rica debe avanzar en la protección de las mujeres, su dignidad y su derecho a recibir atención oportuna”, expresó.

La moción plantea que la atención de las víctimas de violencia sexual debe fundamentarse en criterios médicos, evidencia científica y estándares internacionales de derechos humanos, evitando cualquier requisito que retrase la atención o genere nuevas situaciones de revictimización. Además, solicita a la Comisión de la Mujer observar las obligaciones internacionales asumidas por Costa Rica mediante la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Zúñiga destacó la urgencia de atender estas situaciones y recordó que la violencia sexual afecta diariamente a mujeres en el país, incluso dentro de sus propios entornos familiares.

Según un comunicado enviado a SURCOS, para Juntos San José, la defensa de los derechos humanos y la dignidad de las mujeres debe trascender las diferencias políticas y las posiciones personales, y colocar siempre en primer lugar la protección de las víctimas.

La moción fue suscrita por las regidoras Mariana Zúñiga Pérez y Andrea Rudín Montes de Oca, de Juntos San José, y por el regidor independiente Rafael González Ovares.

Colegio de Psicología pide incluir la anticoncepción de emergencia sin requisitos en el expediente 23.633

Pronunciamiento:

El Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica (CPPCR), a través de sus comisiones institucionales: Género y Sexualidad, Derechos Humanos y Psicología Perinatal, expresa su profunda preocupación ante las modificaciones realizadas al expediente legislativo N. 23.633, que busca dar rango de ley al Protocolo de las 72 horas y a los Equipos de Respuesta Rápida para la Atención Integral a Víctimas de Delitos Sexuales.

El pasado miércoles 21 de octubre, la Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa aprobó un texto sustitutivo que excluyó la anticoncepción de emergencia de los servicios mínimos contemplados en el proyecto. Posteriormente, el jueves 22 de octubre, se anunció la intención de reincorporar esta medida, pero condicionando su acceso a la realización previa de una prueba de embarazo.

Si bien reconocemos la importancia de reconsiderar su exclusión, advertimos que establecer requisitos que no respondan a una justificación clínica podría generar nuevas barreras en una ruta de atención que debe caracterizarse por la oportunidad, la sensibilidad y el respeto a la dignidad humana.

Desde la Psicología, enfatizamos que la atención a las víctimas de violación sexual debe contribuir a su recuperación y no convertirse en una nueva fuente de sufrimiento.

La violencia sexual constituye una grave vulneración de los derechos humanos y puede generar profundas consecuencias en la salud mental, entre ellas ansiedad, depresión, estrés postraumático y otras afectaciones emocionales. Ante esta realidad, una respuesta institucional oportuna, integral y respetuosa resulta fundamental para favorecer la seguridad, la autonomía y los procesos de recuperación de las personas sobrevivientes.

En este contexto, preocupa especialmente el riesgo de revictimización. Esta no se produce únicamente mediante el cuestionamiento de los testimonios o el trato inadecuado, sino también cuando los procedimientos institucionales imponen obstáculos innecesarios, retrasan la atención o limitan la capacidad de las personas para tomar decisiones informadas sobre su propia salud.

La protección de las víctimas exige evitar que las instituciones, mediante sus decisiones o procedimientos, profundicen el daño ocasionado por la violencia sexual.

Asimismo, consideramos indispensable que la discusión legislativa se sustente en evidencia científica y criterios técnicos especializados. La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que las píldoras anticonceptivas de emergencia actúan impidiendo o retrasando la ovulación y no interrumpen un embarazo establecido. Por tanto, es fundamental evitar interpretaciones que confundan la anticoncepción de emergencia con la interrupción del embarazo y que puedan traducirse en restricciones injustificadas para las víctimas.

Debe recordarse, además, que el Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Personas Víctimas de Violación Sexual de 2022 ya contempla la anticoncepción de emergencia como parte de la atención sanitaria, bajo criterios clínicos, información clara y consentimiento informado. En consecuencia, su incorporación expresa en la legislación representa una oportunidad para fortalecer las garantías de protección existentes.

Desde los enfoques de género, derechos humanos, Psicología Clínica y Perinatal, destacamos que las necesidades de las personas sobrevivientes deben abordarse de manera integral, considerando tanto su salud física como su bienestar psicológico, su autonomía y sus circunstancias particulares. Esta protección adquiere especial relevancia cuando se trata de niñas y adolescentes, cuya atención debe orientarse por el interés superior de la persona menor de edad y la prevención de daños adicionales.

Por estas razones, el Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica hace un llamado a la Asamblea Legislativa para que:

  1. Garantice la inclusión expresa de la anticoncepción de emergencia entre los servicios mínimos establecidos en el expediente N.º 23.633, sin incorporar requisitos carentes de justificación científica o clínica que puedan retrasar su acceso.
  2. Asegure que la atención a víctimas de violación sexual se desarrolle bajo principios de oportunidad, confidencialidad, consentimiento informado, autonomía y prevención de la revictimización.
  3. Incorpore criterios técnicos de profesionales en salud sexual y reproductiva, Psicología, trauma, violencia y derechos humanos en la revisión de las disposiciones legislativas.
  4. Fortalezca la coordinación interinstitucional y garantice el acceso oportuno a la atención psicológica, así como la continuidad del acompañamiento durante los procesos de recuperación.

Reiteramos que la responsabilidad del Estado no se limita a reconocer y atender una agresión sexual, sino que comprende también el deber de prevenir daños adicionales derivados de sus propias actuaciones.

El CPPCR reafirma su compromiso con la protección de los derechos humanos, la promoción de la salud mental y el desarrollo de respuestas institucionales fundamentadas en la evidencia científica, la ética profesional y el respeto a la dignidad de todas las personas.

Proteger a las víctimas también significa garantizar que encuentren en las instituciones una respuesta segura, humana y libre de revictimización.

Junta Directiva.

Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica

IEM-UNA: Impunidad y omisión institucional también representan violencia contra las mujeres

Pronunciamiento del Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) en el caso de la denuncia por hostigamiento sexual contra el diputado Fabricio Alvarado

UNA Comunica. OC-116-2026. El Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) de la Universidad Nacional (UNA) expresa su profunda indignación y preocupación ante los hechos recientes relacionados con el caso de denuncia por hostigamiento sexual presentado por la exdiputada Marulin Azofeifa, particularmente, la negativa de la Asamblea Legislativa de conocer y votar la posible sanción ética correspondiente, producto de ausencias deliberadas que impidieron el cuórum requerido.

Este hecho no constituye un simple trámite no realizado. Por el contrario, representa una omisión institucional gravísima que trasciende el caso individual y tiene implicaciones directas sobre la credibilidad de las instituciones democráticas y la garantía de los derechos de las mujeres.

Tal como señalamos en nuestro pronunciamiento anterior, la violencia contra las mujeres en espacios de poder no es un fenómeno aislado, sino estructural e histórico. Lo ocurrido en el cierre del período legislativo evidencia una vez más cómo las dinámicas políticas pueden operar como mecanismos de disuasión o neutralización de las denuncias, particularmente cuando involucran a figuras de poder.

El hecho de que no se haya tomado una decisión, independientemente de su resultado, ya causó un daño institucional y social profundo. El haberse negado a analizar si era necesaria una sanción envió un mensaje a la sociedad, y en particular, a las mujeres: aunque tengan el valor de denunciar, no se garantiza el acceso a la justicia e incluso habrá un precio qué pagar personalmente.

Este tipo de desenlaces contribuye a reforzar la desconfianza en los mecanismos de denuncia y alimenta la denominada “cifra invisible” de la violencia sexual, en la que la mayoría de los casos no llegan a ser denunciados debido a los altos costos personales, sociales y políticos que enfrentan las mujeres.

Asimismo, resulta necesario advertir que la exposición pública de este caso ha reproducido patrones ampliamente documentados: la puesta en duda del relato de la denunciante, la politización de la denuncia y el desplazamiento del foco desde la conducta denunciada hacia la persona denunciante, generando procesos de revictimización y desgaste que afectan no solo a quien denuncia, sino a todas las mujeres que observan estos procesos.

El argumento de que debe “esperarse la resolución judicial” no es de recibo porque el proceso penal es independiente del administrativo. Las denuncias de violencia sexual en espacios de poder requieren respuestas institucionales contundentes e inmediatas, orientadas a garantizar todos los espacios como libres de violencia.

El Estado costarricense, así como las instituciones públicas, tienen la obligación de actuar conforme al principio de debida diligencia reforzada, lo que implica no solo investigar y sancionar, sino también prevenir, proteger, reparar el daño a las denunciantes y evitar la repetición de estos hechos.

La falta de acción oportuna no es neutral. La omisión también produce efectos concretos: valida la violencia, debilita los mecanismos de protección y envía un mensaje de permisividad frente a conductas de hostigamiento sexual.

Desde el Instituto de Estudios de la Mujer reiteramos que la forma en que las instituciones responden a este tipo de denuncias constituye una prueba del compromiso real con los derechos humanos, la igualdad de género y la democracia.

Costa Rica no puede permitirse normalizar la impunidad en casos de violencia sexual, particularmente cuando involucran a personas en posiciones de poder. La democracia se debilita cuando las instituciones fallan en garantizar condiciones básicas de justicia, protección y dignidad para las mujeres.

El IEM reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos de las mujeres y hace un llamado a cumplir la normativa vigente y fortalecer los mecanismos institucionales para garantizar que ninguna denuncia de violencia sexual quede sin respuesta.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Nueva sentencia contra expsicólogo reaviva llamado a justicia para sobrevivientes

Diversos sectores celebraron la nueva sentencia dictada este 15 de abril contra Carlos Garita, expsicólogo del Hospital Roberto Chacón Paut, en un caso presentado como símbolo de la lucha contra la violencia y la impunidad dentro de instituciones públicas. El pronunciamiento destaca que la resolución judicial representa un paso importante para las sobrevivientes, luego de un proceso calificado como largo, doloroso y revictimizante.

Según el texto difundido, las denunciantes debieron enfrentar nuevamente el proceso tras la anulación de una sentencia previa en 2024 por errores técnicos. Esa decisión obligó a repetir declaraciones y prolongó durante años el desgaste emocional provocado por el caso, además de exponer fallas estructurales del sistema judicial en la atención a personas sobrevivientes.

El mensaje reconoce especialmente la valentía de Melissa y Karen, señaladas como ejemplo de dignidad y perseverancia por sostener sus testimonios a pesar de los obstáculos enfrentados. También subraya que su búsqueda de justicia trascendió el ámbito personal, al contribuir a la protección de otras personas usuarias del sistema de salud.

La consigna final del comunicado, “¡Hasta que la dignidad sea costumbre!”, resume el reclamo por una justicia más sensible, eficaz y libre de revictimización para quienes denuncian violencia.

Nuevo juicio, mismo trauma: “Exigimos justicia para sobrevivientes de violencia sexual” – con firmas

SURCOS comparte el siguiente pronunciamiento sobre el nuevo juicio contra psicólogo condenado por violencia sexual a pacientes del Hospital Psiquiátrico Dr. Roberto Chacón Paut. En el enlace puede ver las firmas que apoyan el siguiente texto:

  • Inicia nuevo juicio contra psicólogo condenado por violencia sexual a pacientes del Hospital Psiquiátrico Dr. Roberto Chacón Paut. 

  • Sobrevivientes deben volver a declarar tras anulación de sentencia.

El próximo martes 03 de marzo a las 8:00am en los Tribunales de Cartago, dará inicio un nuevo juicio contra el psicólogo, exfuncionario de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y exdocente universitario, que en marzo de 2024 fue condenado a 111 años de prisión (pena ajustada a 36 años) por múltiples delitos de violación y violencia sexual en perjuicio de tres mujeres pacientes del Hospital Nacional Psiquiátrico Dr. Roberto Chacón Paut.

Los hechos ocurrieron en 2013, cuando las mujeres se encontraban internadas en condición de alta vulnerabilidad. Según quedó acreditado en el primer juicio, el imputado se aprovechó de su posición de poder y de la condición médica y emocional de las pacientes para agredirlas sexualmente en el contexto de supuestas sesiones terapéuticas.

Aunque el Tribunal Penal dictó sentencia condenatoria en 2024, el fallo fue posteriormente anulado por errores en la fundamentación jurídica de la sentencia. No se trató de falta de pruebas ni de descrédito de los testimonios, sino de aspectos técnicos en la redacción de la argumentación judicial.

Esto implica que el proceso debe iniciar nuevamente desde cero y al menos dos de las sobrevivientes vinculadas al caso tendrán que declarar de nuevo.

Volver a declarar: Cuando el sistema obliga a revivir el trauma

La anulación de la sentencia obliga a las sobrevivientes a volver a declarar, y con ello narrar con detalle hechos profundamente dolorosos que ya fueron probados ante un tribunal.

Una de las sobrevivientes, lo explica con claridad:

“Lo que más duele es que cuando tengo que volver a contar todo lo que pasó, con lujo de detalles, mi cerebro lo revive. Mi cerebro no entiende que estoy contándolo porque estoy en un juicio. Empiezan las pesadillas, los flashbacks, empieza todo otra vez. Estoy muy molesta y frustrada de tener que volver a contar lo que ese tipo me hizo. No fue porque no nos creyeron, fue por algo técnico… y yo tengo que regresar a contar mi historia otra vez.”

Desde la neurociencia del trauma sabemos que en casos de violencia sexual el cerebro no distingue con facilidad entre el recuerdo narrado y el evento vivido. Las memorias traumáticas se almacenan con una carga sensorial y emocional tan fuerte, que activan la amígdala, el sistema límbico y las respuestas fisiológicas del estrés. Cuando una persona sobreviviente es obligada a relatar repetidamente los hechos en contextos adversos, puede experimentar reactivación traumática, síntomas de estrés postraumático, alteraciones del sueño, ansiedad intensa y desregulación emocional. Esto tiene nombre: victimización secundaria. Y ocurre cuando el propio sistema que debería garantizar justicia reproduce la violencia, generando aún más daño.

¡Exigimos Justicia!

Este caso evidencia una falla estructural en el sistema judicial costarricense: procesos excesivamente largos, errores técnicos que derivan en nulidades y una carga desproporcionada para quienes denuncian.

Han pasado más de diez años. Las agresiones ocurrieron en 2013. La primera denuncia formal se presentó en 2017. La sentencia condenatoria llegó en 2024. Y ahora, en 2026, las sobrevivientes deberán enfrentar nuevamente un juicio completo.

La justicia que llega tarde, No es justicia.
La justicia que revive el trauma, Tampoco.

Por eso hacemos un llamado respetuoso pero firme a jueces y juezas a emitir sentencias sólidamente fundamentadas, con ética, perspectiva de género, empatía y enfoque en derechos humanos, colocando en el centro la vida, la dignidad y la integridad de las personas sobrevivientes.

Los errores técnicos no pueden seguir traduciéndose en nuevas formas de violencia institucional.

Un llamado a acuerpar y a movilizarnos

Estamos a las puertas del 8 de marzo, fecha emblemática de lucha, reivindicación y memoria colectiva. Pero la defensa de la vida y la dignidad de las mujeres no puede limitarse a una fecha en el calendario. La lucha se sostiene todos los días. Especialmente cuando alguna necesita que la acuerpemos.

Por eso convocamos a los movimientos de mujeres, organizaciones feministas, colectivas, redes comunitarias y ciudadanía comprometida a acompañar este juicio, a mantenerse vigilantes y a exigir una sentencia firme y justicia efectiva.

Porque si tocan a una, respondemos todas.
Porque la justicia no puede seguir siendo un camino desgarrador, para quienes ya hemos sobrevivido a tanto.
Porque la ternura radical también es presencia.

Hoy alzamos la voz y el corazón al lado de nuestras compañeras valientes. 

Exigimos justicia en firme y que la dignidad de las personas sobrevivientes sea el centro del sistema judicial.

Documento con firmas y adhesiones: https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/02/COMUNICADO-DE-PRENSA-NUEVO-JUICIO-CONTRA-PSICOLOGO-Y-EX-DOCENTE-CONDENADO-POR-VIOLACIONES-2.pdf