Recientemente la Municipalidad de Aserrí, llevó su maquinaria para mejorar los caminos vecinales de la zona de Salitrillos arriba, ubicados en el conocido lugar denominado el “Chiflon”.
Por supuesto que debemos de apoyar esta iniciativa, que se realiza en caminos públicos de mucha necesidad para el tránsito de la localidad.
Lamentablemente, realiza estas intervenciones irrespetando los cauces de los ríos y desapareciéndolos con la invasión de materiales de lastre, lo que provoca que termine cubriendo los rastros de las raquíticas quebradas que quedan aún en la zona, afectadas también por la por el cambio climático, la intervención de sus riberas y por las múltiples tomas clandestinas de agua privadas y del propio acueducto municipal que se realizan con estos recursos hídricos.
La Asociación Ecológica Sustentable de Caraigres, que articula organizaciones ambientalistas y personas ecologistas de Aserrí, Acosta, Los Santos, Desamparados y el distrito de San Sebastián del cantón Central de San José, hacemos la denuncia de este atropello municipal a nuestros recursos hídricos.
Nos preguntamos: ¿Será esta la política ambiental que implementarán en el cantón de Aserrí, ahora que aprobaron el inconsulto cartel para su diseño?
Pasada la charanga de campaña electoral, ¿estaremos permitiendo que se continué con este atropello a los recursos hídricos de la zona?
Invitamos a todos los ciudadanos conscientes a unirnos y continuar nuestra lucha por el rescate y preservación de un ambiente y un desarrollo sustentable que garantice una calidad de vida de los pobladores y para todas las especies vivientes.
Información enviada a SURCOS por Ítalo Fera Fallas.
Este viernes 14 de diciembre a las 2 p.m. se realizará el conversatorio: «Defensa comunitaria de nuestros ríos, nuevas amenazas en Turrialba», en el Auditorio Sede del Atlántico, Turrialba.
Reforma al Código Minero desacatan criterio de Contraloría General de la República
FECON, 13 de agosto 2018. El expediente legislativo 20.540 propone la reforma al Artículo 36 al Código Minero, mismo que trata sobre las concesiones de minería en cauces de dominio público. Esta propuesta de modificación viene a hacer prorrogables de forma indefinida. El periodo de explotación de la concesión es actualmente es de 10 años, con posibilidad de ser prorrogado hasta 5 años más. Con esta reforma las personas diputadas estarían abriendo la posibilidad de que las concesiones de quebradores en ríos se prorroguen por periodos de 5 años cada vez que así lo deseen.
Con esta reforma la explotación de los cauces de los ríos seguirá estando sin ningún tipo de supervisión estatal y además hacen que las mismas empresas mineras sean juez y parte debido a que estas serán las encargadas de emitir los informes técnicos que sustentarán las prórrogas de las explotaciones de piedra y arena.
Esto significa una flexibilización aún mayor de los controles ambientales que rigen la extracción de minerales no metálicos de cauces de ríos. Actividad, que por sus características, la propia Contraloría General de la República solicita en su informe DFOE-AE-IF-09-2016. “Establecer criterios de priorización para el seguimiento de las concesiones de explotación minera no metálica, basados en los riesgos de la actividad según los ámbitos económico, social y ambiental; y con base en ello elaborar la programación de las inspecciones de campo a efectuar en los periodos 2017, 2018 y 2019”.(CGR, 2016)
En dicho informe de la CGR además se evidencia que la propia Dirección de Geología y Minas no realiza las inspecciones necesarias para fiscalizar las 73 concesiones otorgadas en el periodo comprendido entre los años 2002 a 2014. Destacan faltas graves como la presencia de expedientes incompletos. Con esta pretendida reforma del Código Minero.
En el país se extraen anualmente en promedio 12.000.000 metros cúbicos de arena y pierda que salen de cauces de ríos y quebradas (Geología y Minas, 2017). Al mismo tiempo Costa Rica es un país exportador de arena y piedras extraída de ríos. Estos materiales son enviados a países como Nicaragua, Panamá, Colombia, el Salvador y Honduras en un volumen promedio de 30.000 metros cúbicos por año (DGM, 2016).
Por Jimmy Vargas Alvarado del Programa Kioscos Socioambientales
El pasado mes de abril la comisión de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo de la Asamblea Legislativa aprobó el proyecto de ley “Reformas en permisos y concesiones temporales para extracción de materiales de canteras y cauces del dominio público por parte de las municipalidades”, el cual se tramita bajo el expediente No. 20 635.
Actualmente, las municipalidades pueden solicitar ante el Minaet permisos temporales para extraer materiales de río durante un periodo máximo de 120 días. Sin embargo, este proyecto de ley busca modificar el Código de Minería y la Ley de Regulación de la Extracción de Materiales de Canteras y Cauces de Dominio Público por parte de las Municipalidades, a fin de que las concesiones para la explotación de materiales de río se extiendan por un periodo de hasta dos años. Además de permitir que la extracción de los cauces de río aumente hasta cinco veces más, este proyecto de ley eliminaría las pocas regulaciones necesarias para la explotación de materiales de río.
Este proyecto de ley no exige a los gobiernos locales utilizar los materiales extraídos para el desarrollo de la infraestructura vial de las comunidades afectadas por la explotación de sus ríos. Por ello, es válido pensar que los materiales extraídos se utilizarían prioritariamente en los megaproyectos viales desarrollados por concesionarios privados. Esto genera preocupación en el Pacífico Central, donde las Asadas del cantón central de Puntarenas consideran que la extracción de materiales requerida para la ampliación de la carretera Interamericana en el tramo Barranca-Cañas terminaría por agudizar la afectación de los ríos de la zona, los cuales sufren graves daños debido a la presencia de quebradores. De estos ríos dependen los pozos y tomas de agua potable que abastecen a las comunidades costeras, que han visto como año con año aumenta la contaminación y sobre explotación de las cuencas del pacífico.
Con este proyecto de ley, las pocas regulaciones ambientales para la explotación de los ríos se vuelven “prescindibles”, ya que la ampliación de los plazos de explotación en los cauces de río no requeriría de Estudios de Impacto Ambiental (EsIA). Para las Asadas y organizaciones comunales, la eliminación de los EsIA aumenta los riegos sociales por deslave en las cuencas de río. De igual forma, la falta de EsIA para estas concesiones de extracción ignora la alteración de la dinámica hidrológica en los ríos explotados. Para la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua en Puntarenas, la eliminación de los EsIA tiene el objetivo de sacar a todas las comunidades del país del proceso de gestión y protección de sus ríos. A pesar de que los EsIA no garantizan protección ante los riesgos socioambientales de las actividades extractivas, sí han representado un mecanismo mediante el cual las comunidades se enteran, actúan e influyen sobre proyectos de este tipo. Al eliminar los EsIA, los proyectos se enclaustrarían en las municipalidades, lo que haría a un lado a las personas que todos los días defienden sus ríos de la contaminación agroquímica, la tala de árboles, los quebradores informales y las tomas ilegales de agua.
No por su “localía” las municipalidades están dispuestas a defender los ríos; por el contrario, –como lo ha reflejado el caso puntarenense– los gobiernos locales tienden a ignorar las denuncias que las comunidades interponen por la contaminación y explotación de sus ríos. Tal y como lo ha declarado la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua de Puntarenas, proyectos de este tipo deberían garantizar la participación y fiscalización de las organizaciones comunales, así como una serie de beneficios directos para las comunidades que día con día defienden sus ríos y el acceso al agua.
Nota: Este artículo se produce gracias al trabajo de la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua-Puntarenas y el apoyo del TCU-590 del Programa Kioscos Socioambientales.
Este próximo sábado 21 de julio a las 9 a.m. en ECMAR-UNA, Punta Morales de Chomes, se llevara a cabo el Encuentro ecologista para evaluar el modelo de concesiones de agua en Costa Rica.
Puntos de discusión:
¿Por qué se permite explotar el 90 % del agua de ríos y quebradas?
¿Cuánto cuesta un canon de agua y quiénes se benefician de su costo?
Para esta actividad se tienen planeados dos bloques de trabajo, uno para compartir y discutir la información y otro para generar propuestas de acción conjunta en cuanto a la problemática del agua.
En horas de la mañana se analizará el tema del apropiamiento del agua en manos privadas a través del modelo de permisos de hasta el 90 % de caudales en ríos y quebradas y cómo esto genera injusticias y desigualdad en el acceso al agua.
También se estará compartiendo información sobre la normativa vigente y el caudal ecológico, la cual debería aplicarse para evitar desastres ecológicos y que actualmente Costa Rica no lo está haciendo.
Por la tarde se tendrá una presentación sobre los costos de canon de agua por tipo de uso y se planteará la duda de si la visión económica que lleva a la apropiación el agua llega a afectar su protección pública así como su protección ambiental. Se compartirá los reglamentos que existen sobre este tema.
Para coordinar su participación, comuníquese con Dany Villalobos al 8781 4512 o Angélica Alvarado al 8583 0253.
Se estará contando con la participación ya confirmada de personas de Pérez Zeledón, Longo May, San Rafael, Salitre, Cabagra, Boruca, Térraba, Talamanca, entre otros.
Comunicado de la Alianza de comunidades por la Defensa del Agua de Puntarenas
Ocho comunidades de Puntarenas estamos cuestionando un cambio normativo propuesto para la entrega de concesiones mineras en cauces de ríos.
A través de la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua, varios líderes comunales hemos presentado ante la Asamblea Legislativa una serie de cuestionamientos al proyecto de ley 20 635, que ya afirmó la Comisión Legislativa de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo.
Expusimos nuestros criterios en el Encuentro de ASADAS de la Alianza de Comunidades que realizamos en Punta Morales y decidimos actuar, y oponernos cuestionando los alcances del proyecto. Los cuestionamientos que presentamos a los diputados y al Ministerio de Ambiente son los siguientes:
¿Cómo se controlará para que no haya uso corrupto de esa arena y esa piedra extraída?
¿Cómo le garantizará la Contraloría General de la República al país que el uso de esos recursos es el correcto?
¿Cuál es el beneficio efectivo para las comunidades con esta ley?
¿Cómo se evitará el daño que esas extracciones provocarían en los ecosistemas?
¿Cómo garantizan las municipalidades, la Comisión Nacional de Emergencias, el Ministerio de Salud y la presidencia de la República, que las comunidades aledañas o cercanas no se verán afectadas por la alteración de las dinámicas hidrológicas producida por las extracciones?
¿Por qué cuestionar el proyecto de ley?
Como parte fundamental de la vida del país, las organizaciones comunales tenemos derecho a participar activamente en las decisiones que pueden afectar nuestro ambiente y territorio.
¿Qué tipos de cambios queremos construir: negativos o positivos?
El proyecto básicamente es una reforma al artículo 39 del actual Código de Minería y sus conexiones. Cambia el periodo de explotación para concesiones temporales en cauces públicos y canteras. Estos tiempos se ampliarían súbitamente de 120 días a 24 meses duplicables, es decir, se pasa de 4 meses a 4 años. La propuesta de cambio es notoriamente exagerada, pero nos preguntamos también ¿es realmente necesario cambiar así la ley, cuando ya se permiten explotaciones temporales para obras públicas? ¿y en favor de quiénes realmente es que se impulsa este cambio?
Primero hay que pensar si en verdad cuatro meses no son ya suficientes para obtener materiales que ayuden a resolver urgencias en obras viales. Cuatro meses de aprovechamiento en situaciones excepcionales son aceptables, pero cuatro años NO, pues el volumen de explotación en un periodo así podría traer mayores afectaciones que beneficios públicos reales.
¿Un portillo más para la corrupción?
El proyecto flexibiliza los permisos para Ministerios, Municipalidades y el CONAVI, con el beneficio también para las empresas que subcontraten estas instituciones. Es decir, podría abrirse aquí un modelo de contratación público-privada muy rentable, para que empresas particulares exploten (y deterioren todavía más) los cauces de nuestros ríos.
Las administraciones municipales no han sido modelo para la gestión de proyectos. Todo lo contrario. La desconfianza sobre a quién llegarán los beneficios de estas explotaciones es la primera reacción que se puede tener. De acuerdo con las experiencias de varias comunidades puntarenenses participantes en la Alianza, la ampliación de las explotaciones no parece que vaya a traer gran beneficio comunal. Y el CONAVI tampoco es un ejemplo de buenas gestiones.
Si bien el mantenimiento de las vías de comunicación es necesario, cuestionamos que se le puedan abrir canales a más corrupción por haber menos fiscalización. Preferimos la buena planificación en la gestión pública. No apoyamos que se legalice el enriquecimiento privado con recursos públicos, como son los recursos geológicos, al costo de las afectaciones ambientales en nuestras comunidades.
Un retroceso en nuestros derechos ambientales
Nuestros ríos están claramente amenazados de convertirse en minas a cielo abierto por la ampliación próxima de la carretera Cañas-Barranca. El problema no es el aprovechamiento de los materiales, el problema es que se haga sin que los explotadores autorizados tengan que rendir cuentas ambientales, al eximirse de evaluación ambiental. Parece que se piensa ignorar o anular una vez más el principio preventivo.
Aprobar el cambio significaría un gran retroceso en los derechos ambientales de las comunidades costarricenses que valoran y utilizan sus ríos, que son parte del patrimonio público del país. Hemos visto por años el impacto negativo de las concesiones mineras en nuestros ríos, produciéndose efectos como la disminución marcada de los caudales, la sedimentación que altera los flujos y la calidad del agua, e incluso inundaciones por efecto del cambio desmedido de los cauces.
Varias de las comunidades que participan en la Alianza tienen sus pozos a la orilla de los ríos como el Lagarto y Guacimal. Con la eliminación de la evaluación ambiental, desaparece legalmente le posibilidad de oponerse de forma efectiva a las afectaciones que puede provocar la sobreexplotación de los cauces.
Para concluir, les contamos que:
Actualmente vemos claro en Puntarenas los cambios ambientales que van sucediendo por la alteración climática global, que se suma a un pasado de prácticas ambientales inconscientes que dañaron nuestro territorio.
Río Abangares, punto de extracción de materiales. Kioscos Socioambientales visitó las comunidades de Abangaritos, Higuerilla y Manzanillo, donde comprobó las múltiples amenazas para los ríos del Pacífico Central.
La defensa de los ríos del cantón central de Puntarenas ha quedado en manos de las comunidades. Así lo han evidenciado organizaciones de las comunidades de Guacimal, Aranjuez y Abangaritos, quienes han defendido sus ríos frente a las tomas de agua para el riego privado y la extracción ilegal de materiales de río (arena y piedra principalmente) .
Los embates de la época seca es solo una de las amenazas que sufren los ríos del pacífico central. El monocultivo de caña de azúcar, la deforestación desmedida y la ganadería extensiva en las márgenes y cuencas de estos ríos, generan una serie de efectos negativos tanto para las comunidades como para los ecosistemas que en estos espacios conviven.
Los ríos de la comunidad de Abangaritos son de los más afectados por la extracción de materiales. De acuerdo con personas de la comunidad, las extracciones se realizan en fincas privadas, pero destruyen el bien común de todas las personas, el río Abangares. “Esta finca es de Germán Vargas-un terrateniente del lugar-, pero la finca es de él, el río no. De aquí sacan piedra, sacan el agua (…) se roba la arena del río, y la venden en otros lugares, a la Asociación de Desarrollo se le ha denunciado la situación para que hagan algo, y no han querido hacer absolutamente nada”, declaró Sundry Álvarez de la comunidad de Abangaritos.
Tampoco el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAET), por medio del Área de Conservación del Pacífico Central (ACOPAC), ha dado respuesta a las múltiples denuncias interpuestas por la tala ilegal de árboles en las cercanías de los pozos de agua de las comunidades. Según las denuncias, “los dueños de las fincas enferman los árboles maderables para luego alegar la necesidad de talar dichos árboles por riesgo de caída”. Así se comprobó mediante una visita a los pozos de agua de Abangaritos, donde a escasos metros se halló un árbol señalizado con un número y con incrustación de clavos.
Abangaritos, Puntarenas. Tala de árboles en las cercanías de los pozos de agua.
Estas actividades extractivas, las cuales atentan contra los ríos y el acceso al agua de las comunidades, se desarrollan sin ningún tipo de regulación o concesión estatal, a pesar de las informaciones que han recibido el Ministerio de Ambiente y Energía y la Asociación de Desarrollo de la comunidad.
Problemáticas ambientales como la extracción de material que afecta el cauce de los ríos, así como la deforestación en las fincas donde se encuentran los pozos y nacientes de agua no son problemas menores, máxime en una zona catalogada de alto riesgo por su propensión a las sequías y desabastecimiento de agua. Este es el caso de Higuerilla, una de las comunidades que se hallan sobre la cuenca del río Abangares, y en la que el acceso al agua potable depende del paso por la zona de los camiones cisterna del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
Abangaritos, Puntarenas. Una muestra de los cultivos extensivos en la zona del río Abangares, producción de sandía.
La tala ilegal de árboles, la extracción de materiales, así como los monocultivos extensivos y la ganadería a gran escala, son las principales problemáticas que ocasionan la sequía y contaminación de los ríos, teniendo un efecto directo sobre las formas de vida de las comunidades costeras, ya que la disminución en el nivel de agua de los ríos, así como la afectación por agroquímicos, genera contaminación en los manglares y por ende un impacto sobre las distintas especies marinas, así como en los modos de vida de las comunidades que dependen de la pesca y la “saca” de piangüa.
Abangaritos, Coyolito, Guacimal, Punta Morales, Manzanillo, Orocú, Malinche, Judas, Chomes, todas ellas de Puntarenas, son parte de las comunidades que pertenecen a la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua de Puntarenas, organización que tiene como propósito la defensa de los ríos frente a los proyectos de privatización, ya que se reconoce la importancia del agua para la vida y el derecho de las personas al acceso de dicho bien común.
Para más información con Dylanna Rodríguez tel. 8886 6291, docente del Programa Kioscos Socioambientales
FB: Kioscos Socioambientales Ucr
FB: Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua de Puntarenas.
Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica
Representantes de las comunidades de Abangaritos, Malinche, Manzanillo y Guacimal, agrupadas en la Alianza de las comunidades por la defensa del Agua – Puntarenas, fueron las protagonistas del conversatorio: “Por la defensa de los Ríos del Pacífico Central”. Esta actividad sirvió para denunciar la destrucción de los modos de vida de las poblaciones en la costa, siendo uno de los efectos de la ganadería extensiva, el monocultivo de caña de azúcar, algodón transgénico, piña, palma africana y la tala indiscriminada en los alrededores de los ríos que desembocan en el Golfo de Nicoya.
Para estas comunidades, la contaminación por agroquímicos que generan los monocultivos del cantón central de Puntarenas, llega finalmente a los manglares de río, lo cual genera la muerte de un gran número de especies, acabando así con los modos de vida de las personas que viven de la pesca y “la saca” de piangüa y moluscos en estas comunidades.
Sin embargo, según las representantes de estas comunidades, la problemática por el agua no deviene únicamente de las actividades extractivas presentes en los ríos de la zona, sino que también es una problemática que pasa por la falta de acceso al agua para uso doméstico, en muchas comunidades de Puntarenas. Sundry Álvarez de la comunidad de Abangaritos, expuso la situación que se vive en la “Higuerilla”, donde el agua de la comunidad depende del reparto del AyA en camiones cisternas, situación que se repite en otras comunidades del país, especialmente durante la época seca.
Comunidades del cantón central de Puntarenas se reunieron el pasado 3 de mayo en la Universidad de Costa Rica con el fin de compartir su experiencia de organización, así como exponer las problemáticas ambientales que viven algunas comunidades por la sobreexplotación de los ríos del pacífico central.
Mientras Ana Cecilia Ugalde de la ASADA de Manzanillo que vive en una comunidad costera asegura que “antes teníamos moluscos y peces en nuestro patio que esta prácticamente en el mar, pero ahora la contaminación que llega al Golfo hace que tengamos que alejarse cada vez más para pescar”.
La Alianza ha denunciado la falta de política en el tema de las concesiones de agua, señalando a la Dirección de Aguas y al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y a las empresas agroindustriales de la condición crítica actual de las cuencas.
“Empresas agroindustriales acaparan los mayores volúmenes de agua en las cuencas de todo el Pacífico costarricense. En nuestra zona, sociedades ganaderas acaparan hasta el 80% del agua de un solo río”, afirma la Alianza (ver más en http://kioscosambientales.ucr.ac.cr/docs/publicaciones/alianzapacifico.pdf).
Las Asadas y comunidades son los principales afectados de esta problemática, pues tienen que hacer constantes racionamientos para el pueblo entero; por lo cual piden a las instituciones públicas debates sobre este tema, para poner un alto a esta crisis del recurso hídrico.
Para más información con Dylanna Rodríguez tel. 8886 6291, docente del Programa Kioscos Socioambientales y Danny Villalobos tel. 8781 4512 de la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua – Puntarenas.
Foto del río Guacimal el pasado 6 mayo del 2018 a unos 5 kilómetros de llegar al mar su cause se seca por la sobre explotación poniendo en riesgo el agua de la ASADAS de Chomes y otras comunidades costeñas cuyos pozos están a la orilla del río.
La Fiesta del Agua Longo Mai nació hace cuatro años, como una forma de celebrar el Agua y los Ríos para la Vida, en plena lucha de las comunidades por la defensa de los Ríos Convento y Sonador, de la construcción proyectos hidroeléctricos PH Monteverde I y PH Monteverde II, para la generación de electricidad por parte de una empresa privada.
“Hace ya dos años que las ganas de festejar se nos multiplicó, cuando logramos archivar estos dos proyectos en la SETENA y sumar dos victorias más para la gente y la Naturaleza” aseguro Angélica Alvarado de la Comisión Defensora de los Ríos Convento y Sonador (ver memoria).
Así que le invitamos este próximo sábado 12 de mayo para que venga y celebremos en comunidad la Cuarta Fiesta del Agua Longo Mai, a partir de las 9:00 a.m. en el Rancho de UNAPROA, en Longo Mai de Volcán de Buenos Aires. Este día estaremos vecinos y vecinas de los Ríos Convento y Sonador, con el apoyo del programa Kioskos Socioambientales y estudiantes de TCU de la Universidad de Costa Rica, de la Federación Ecologista (FECON), así como de personas de diferentes partes del país, realizaremos juegos para niños y niñas, talleres y charlas, así como una grandiosa noche cultural con varios artistas, cerrando con el Circo Fantazzticoy la cantante Guadalupe Urbina. Tendremos un conversatorio con invitados muy especiales que nos acompañaran de la Comisión Pro Defensa del Río San Rafael y de la Alianza de las Comunidades por la Defensa del Agua, que compartirán un poco sobre su experiencia y sobre la situación de la lucha por la defensa del agua en el país.
Según Angélica Alvarado. “También se realizará un intercambio de semillas y feria de agricultura durante todo el día. Nuestra meta es la de activar la economía local y la de continuar la tradición del intercambio, especialmente el de las semillas, que es, junto con el agua, la base de nuestro sustento. ¡Queremos Ríos y Semillas libres, para seguir sembrando!”
En el pueblo de Longo Mai se promueve el turismo rural comunitario, por lo que contamos con hospedajes económicos en las casas de los vecinos y vecinas, para que quien quiera pueda pasar la noche en el lugar y disfrutar de todo el Festival con tranquilidad. La zona, además, cuenta con varios atractivos como lo son el bello Rio Convento, por supuesto, con sus deliciosas pozas, petroglifos dentro y fuera de la comunidad, senderos por el bosque, la famosa piedra de Convento y para los más aventureros, la grandiosa poza la Perica.
¡Venga a resistir, recordar y celebrar con nosotros y nosotras cuatro años de Fiesta por el Agua y por la Vida!
¿Cómo llegar? Desde San José hasta Longo Mai puede tomar en bus de la empresa TRACOPA, desde San Isidro son unos 45 minutos (ver más en http://www.sonador.info/es/index.html)
Para más información con Angélica Alvarado al 8583-0253.
Promesas de campaña ponen en riesgo ríos y cuencas del país
Datos del Informe del Estado del Ambiente presentado por el Ministerio de Ambiente y Energía revelan que la extracción de agua superficial para uso hidráulico ha crecido en los últimos 10 años 535% (MINAE, 2018). Eso quiere decir que captamos cinco veces más agua de los ríos para producción hidroeléctrica que en la década pasada de los ríos. Para el año 2015 se contabilizan 14.258.200 metros cúbicos captados, lo que representa el 88% del total de líquido sacado de los ríos es usado para producir electricidad. El otro 10% lo usamos para todo lo demás: consumo humano, agricultura, industria, turismo, comercio, entre otros.
Este crecimiento de la explotación de los ríos hace que comunidades de todo el país estén muy preocupadas porque ahora muchos afluentes ni siquiera llegan al mar en verano, o incluso vemos el Río Grande de Térraba se esté secando. Sólo en la Zona Sur se reportan más de 110 concesiones de agua para riego en las fincas de la compañía piñera PINDECO.
Pero además en la Federación Ecologista estamos sumamente preocupados por los compromisos que el Candidato del Partido Restauración Nacional ha asumido en los últimos días ante la Cámara de Industrias. Preocupa que en la campaña electoral, y propiamente en la segunda vuelta, se hable de aumentar el tope de cogeneración eléctrica privada del 15% actual hasta un 40% (Monumental, 5-3-2018). Es decir mayor cantidad de empresas privadas represarían más ríos según los planes del candidato fundamentalista-cristiano. Consideramos esta propuesta es una clara amenaza para la vida de los ríos de nuestro país y para la naturaleza en general.
Por otro lado, el candidato del Partido Acción Ciudadana, Carlos Alvarado, asume compromisos con una parte del sector empresarial que está empujando proyectos tan cuestionados como el acueducto Coco-Ocotal y el proyecto de Ley Expediente Nº 20465 Lomas de Barbudal, que pretende represar el Río Piedras y el uso de los ríos para las ganancias de unos pocos. Hablamos del nombramiento del señor Andre Garnier como futuro Ministro de Coordinación con el Sector Privado.
En este 14 de marzo se conmemora el Día Internacional en Defensa de los Ríos y Contra las Represas y hacemos un llamado a la opinión pública par que demos un debate en torno a nuestro recurso hídrico de forma responsable e informada, ya que, en general, un tema tan transcendental como lo es el ambiental ha estado desdibujado y ausente en esta campaña.
Al mismo tiempo celebramos la valiente lucha de todas las comunidades en defensa de sus ríos, en particular la lucha por la defensa del Río San Rafael, donde la comunidad se enfrentó a la mega empresa H. Solís S.A. que pretendía represar dicho río y reducir su caudal a un 5%.
Las comunidades aledañas a este río y el Movimiento Ríos Vivos han resistido y evitado hasta el momento que el gobierno emita decreto de conveniencia nacional que requiere dicho proyecto. Han apelado además la Viabilidad Ambiental en SETENA,y la autorización que emitió la ARESEP, y la legalidad de los usos de suelo de la Municipalidad de Peréz Zeledón.
En este día saludamos a los pueblos libres que defienden sus ríos. ¡Ríos para la vida, no para la muerte!
Federación para la Conservación de la Naturaleza. FECON-14 de marzo 2017.
