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Etiqueta: Rodrigo Chaves Robles

El sueño de Chaves y Esquivel: la Caja Costarricense de Seguro Social un «Ebaisón»

José Luis Valverde Morales.

José Luis Valverde Morales

El Seguro Social lo acorralan como al cangrejo, marcha atrás defendiéndose con las tenazas al aire.

La situación de los especialistas es un nuevo capítulo de la saga, como a las enfermeras, sale más barato contratar auxiliares de enfermería.

Con la sobreproducción de médicos generales, en un mal entendido ahorro, se la van a jugar con estos profesionales, ávidos de chamba.

La posta de las cirugías complejas, tratamientos especializados, trasplantes, inexorablemente irá a las arcas de lo privado.

La proliferación de centros en toda la geografía nacional, no es casual.

El Seguro Social, si no nos ponemos vivos, será reducido a un gran “EBAISÓN “ para sacar uñas encarnadas, repartir aspirinas por doquier.

¡Estamos notificados!

Movimiento Curling por la Paz y la Seguridad Jurídica de los Afrocostarricenses

Compartido con SURCOS por Movimiento Curling por la Paz y la Seguridad Jurídica de los Afros Costarricenses.

El 13 de marzo de 2024, en Limón, el Movimiento Curling por la Paz y la Seguridad Jurídica de los Afros Costarricenses, envió el oficio AEL-0060-2024 al doctor Rodrigo Chaves Robles (Presidente de la República) y al doctor Ricardo Sossa (comisionado de Inclusión Social), ambos en Casa Presidencial. Este oficio contenía el siguiente mensaje:  

Estimado señor Presidente y señor Comisionado;

Los afrodescendientes como población Tribal ostentamos una serie de derechos humanos que han sido reconocidos a nivel internacional, pero no en nuestro ordenamiento jurídico y como parte de esa falta de reconocimiento de derechos, y en lo tocante al tema del plan regulador costero, (PRC) han surgido en redes sociales muchos cuestionamientos sobre la afectación que dicho plan va a provocar en la población afrodescendiente. 

Como muestra de ello se le cuestionó al Estado la exclusión que se ha dado de los humedales en el PRC, y ya ese tema fue solucionado con la intervención de la Sala Constitucional.

Surgió además el cuestionamiento que se le hizo al Estado por no haber consultado sobre el plan a la Asociación de Desarrollo Indigena Kekoldi, por la situación conflictiva con la comunidad de Cocles, y ese punto también fue corregido por parte de la Sala Constitucional.

Pero también han surgido muchos gritos de impotencia de personas que son afrodescendientes y que gritan de impotencia diciendo “cómo es posible, soy afrodescendiente, soy poseedor de terrenos ancestrales que se van a ver afectados por el plan regulador, y voy a tener que pagar sumas de dinero exorbitantes por el canon para poder hacer uso y seguir viviendo en mi terreno ancestral”  

Además, surgen pedidos de ayuda de poseedores y propietarios, que de manera ancestral han vivido en los terrenos en que sus padres, abuelos, bisabuelos han vivido de generación en generación, y que de un pronto a otro están siendo demandados para ser sacados de tierras que consideran afrodescendientes y que por un acto del Estado fueron trasladadas desde un escritorio al territorio Indígena Kekoldi.

Para dar respuestas a estas interrogantes de porque la Sala Constitucional ordena hacer el trámite de consulta a los pueblos indígenas de Kekoldi y no hace lo mismo con la población Tribal Afrodescendiente, y para saber si el PRC y la delimitación del territorio Kekoldi afectan territorios afrodescendientes ancestrales, necesariamente debemos acudir a la Ley con el fin de establecer cuál es el territorio ancestral afrodescendiente que reconoce el Estado como propiedad de los afrodescendientes, y es ahí donde encontramos un gran vacío legal pues el Estado Costarricense sí ha reconocido a la población afrodescendiente como una población Tribal, la ha declarado como de interés público, y ha reconocido que ocupa territorios ancestrales, pero nunca a demarcado, delimitado y ubicado cuales son los límites de esa población tribal ancestral.

Este punto es transversal pues no puede reconocer el Estado la existencia de una población tribal afrodescendiente sin que tenga un territorio y en este momento de nuestra historia no hay ningún acto emitido por el Estado para delimitar los territorios afrodescendientes.

Con ello evidentemente existe una expropiación de hecho por parte del Estado, que limita todos los derechos de propiedad, propiedad ancestral y por consiguiente también se lesionan el resto de derechos como lo es el de acceso al desarrollo, la paz, autodeterminación, y la seguridad jurídica.  

¿Por qué es importante el reconocimiento de los derechos de los afrodescendientes?

1. No basta con que se declare por parte del Estado una serie de normas superficiales que incentivan al afrocostarricense, pero que no le reconocen derechos, como por ejemplo el día de la cultura negra y afro, o que se reconozca el aporte del afrocostarricense a la cultura en general de Costa Rica, pues hay otra serie de derechos humanos que están siendo cercenados.

2. Formamos parte de una población que históricamente ha sido vulnerada en cuanto a nuestros derechos humanos.

3. Costa Rica ha aceptado, con la Firma de Tratados Internacionales, la obligación de crear la normativa necesaria para proteger los derechos humanos de la población Afro. 

4. Además, Costa Rica ha asumido la obligación de cumplir los compromisos políticos de la Declaración y el Programa de Acción de Durban, Decenio Internacional para los Afrodescendientes, y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

5. Porque contribuye al reconocimiento de que los afrodescendientes hemos sido víctimas de la esclavitud, la trata de esclavos, la trata transatlántica de esclavos y el colonialismo, y que, ante la falta de normativa que nos otorgue nuestros derechos humanos sobre territorios ancestrales, autodeterminación y otros, nuestros derechos humanos continuarían sufriendo sus consecuencias como uno de los grupos más pobres y marginados. 

6. La creación de una Ley que proteja a los afrodescendientes eliminaría la discriminación, pues como tal los afros no contamos con una Ley que nos conceda y publicite nuestros derechos como pueblo tribal, sobre la tierra, tierras ancestrales, derecho de consulta previa, autodeterminación y demás derechos humanos.  

7. Es trascendental el reconocimiento legal de los territorios ancestrales afros, y el derecho de los afros a su territorio, demarcando, delimitando, y ubicándolo, pues es un derecho humano como pueblo tribal reconocido por el Estado y no podemos subsistir sin un territorio.  

8. Aprovechamos esta lucha para que se inicie el proceso de reconocimiento de la población afrodescendiente como pueblo, pues como pueblo protegido por el Convenio de la OIT 169, necesariamente debemos tener un territorio, pero por negligencia del Estado no lo tenemos. 

9. En este momento a nivel mundial, la población afrodescendiente de Costa Rica, podría ser el primer pueblo tribal debidamente reconocido en el mundo con protección de convenios internacionales, y en especial del 169 de la OIT que no tiene un territorio. Lo cual deriva en la violación de un sin número de derechos humanos. 

10. La población, afro al ser reconocida como tal por parte del Estado, se vincula en forma prácticamente inescindible a ese concepto de “pueblo” que debe ir unido al “territorio” y también al “derecho de autodeterminación”. Estos conceptos no se pueden separar, pues jurídicamente es imposible la existencia de un pueblo afrodescendiente protegido por el Convenio de la OIT, sin que ese pueblo pueda tener autodeterminación, y tampoco puede existir un pueblo afrodescendiente sin un territorio y nosotros los afros no tenemos ninguna de ellas.

Lo anterior es una síntesis de nuestros objetivos.

Chaves Vs Amador. ¿Qué pasó con el Aeropuerto Daniel Oduber?

El día 21 de marzo del 2024, a las 7pm en DESDE LA OTRA ACERA, APSE realizó una transmisión en vivo donde el tema a tratar fue “Chaves Vs. Amador ¿Qué pasó en el Aeropuerto Daniel Oduber?”

En esta transmisión, se analizó la salida del exministro del MOPT, el posible caso de corrupción que se dio en el Daniel Oduber, y la crisis que vive el Poder Ejecutivo. Además, estuvieron como invitados: Vladimir de la Cruz (politólogo e historiador), Vivian Chaves Chinchilla (presidenta de APSE) y Fernando Chironi (productor y comentarista radiofónico). 

Si se lo perdió, puede visualizarlo en el Facebook y YouTube de APSE Informa.

Facebook: https://www.facebook.com/apseinforma?mibextid=ZbWKwL

YouTube: https://youtube.com/@apseinforma6270?si=UBnzSpWm88ZlSWyA

Asamblea Legislativa no debe permitir el secretismo en la venta del BCR: Óscar Aguilar Bulgarelli

Don Rodrigo Chaves y supuestamente los que nos seudo gobiernan, creen que los costarricenses venimos a vender pericos y se nos maduraron de camino.

“sí, porque creen que nos vamos a tragar sus tarugos.”

Resulta que todo es un secretismo. Hay secretismo para saber cómo, cuándo y en qué forma se va hacer la ciudad gobierno. Lo mismo sucede con la pista de aterrizaje en el Aeropuerto Daniel Oduber, ¿cómo quieren gastar los 700 millones de dólares sin ningún control?, y que están en trámite en la Asamblea Legislativa.

Ahora resulta, que vienen con el cuento, de que nada menos que el Banco de Costa Rica hay que venderlo en secreto.

“oiganlo bien, en secreto.”

Es decir, que nadie podrá saber quienes son los interesados en comprarlo. Cómo lo van a comprar, cuánto van a pagar, quienes son los que se van a encargar de venderlo, como va a ser el trámite, ¿van hacer licitación o no? Nadie puede saber nada ni decir nada.

“¿Por qué? porque es secreto.”

Y eso los diputados en la Asamblea Legislativa, no pueden permitirlo, deben tener la valentía de decir “NO”, porque recuerden: 

“que el que trata con el diablo, con llevárselo le paga”

Y a nosotros nos quieren llevar, eso sí, ocultando el tridente.

La lucha presidencial, en Zapote, ha agudizado y limpiado su terreno con la destitución del ministro

Vladimir de la Cruz

Mas allá de cualquier situación anómala, alrededor de la contratación para construir, o arreglar la pista del aeropuerto internacional Daniel Oduber, lo que tendrá que dilucidarse, ojalá con gran trasparencia y conocimiento público, lo que se ha desatado es un escándalo político, cosa que le gusta impulsar al presidente Chaves, como elemento distractor de la realidad política nacional.

Para mí, lo sucedido, con la forma realizada de la destitución del Ministro de Obras Públicas y Trasportes y del Director General de Aviación Civil, estando ellos en viaje oficial en Canadá, viaje con conocimiento y acuerdo del Presidente Chaves, y de las instancias administrativas correspondientes, fue una verdadera cochinada, una asquerosidad de actuación gubernamental, de deslealtad mínima hacia colaboradores, de la presidencia de la República, que mide, ubica y exhibe, una vez más, al Presidente; no a los destituidos.

La destitución del ministro de Obras Públicas y Trasportes y del Director General de Aviación Civil, no obstaculiza ni impide lo que tiene que resolverse en el Aeropuerto Daniel Oduber. La situación hay que atenderla, con la empresa calificada que pueda resolver los arreglos que tengan que hacerse. Esto está ligado a la responsabilidad de manejo de aeropuertos internacionales, que están también regulados y vigilados por la IATA, lo que debe preocuparnos como país, por el papel que hoy tiene el turismo extranjero en Costa Rica, y por la cantidad millonaria de turistas que llegan a Liberia anualmente.

La destitución realizada fue un acto qué, por su naturaleza, envía un mensaje directo a todos los miembros del Consejo de Gobierno, y a todos los funcionarios de nombramiento del Presidente, o del Gabinete ministerial. Ninguno está seguro, en sus actuaciones dirigidas por el presidente, aunque viajen con su autorización oficial. Todos están sujetos a las condiciones hepáticas, biliosas, atrabiliarias del presidente… hasta el país. Todos los ciudadanos, todos los sectores sociales, económicos, políticos y productivos penden y están sujetos a estos estados biológico-patológicos del presidente… ¡cosa muy grave!

Es claro que los ministros son de nombramiento del presidente, y que solo él los puede destituir. Eso no está en discusión. El que nombra destituye. Es la forma lo que ha trascendido como presunto escándalo político y de posible corrupción pública, situación que no era de desconocimiento del presidente, por la forma como se giró instrucciones para las instancias, que no eran las pertinentes, que resolvieron el trámite del arreglo del aeropuerto de Liberia. Por eso, en la destitución del ministro, y su sustitución, inmediatamente el presidente giró instrucciones, al nuevo jerarca de Obras Públicas, para que destituyera al director de Aviación Civil, puesto que sí dependía jerárquicamente del ministro y no del presidente.

La otra parte del mensaje cifrado, que le debe llegar a los miembros del Consejo de Gobierno, y a los funcionarios que el presidente nombra, es que deben tomar precauciones de sus actuaciones institucionales, sobre todo cuando esas actuaciones son directamente diseñadas, vigiladas, en cierta forma interesadas del propio presidente, y por ello ejecutadas indirectamente, o en paralelo, con el funcionario, de manera que ante una situación que luego se presenta en la forma como irregular, a cargo del funcionario, y no del presidente, deben tener a resguardo su espalda y asegurados los pasos de sus actuaciones, donde quede precisa la huella indeleble también del mandatario, sabiendo, sobre todo que el presidente los deja solo, a la intemperie del aguacero, a cielo descubierto, sin resguardo alguno.

Si esas precauciones incluyen grabaciones, como las que realizó, en su momento, la entonces ministra de Comunicación, son válidas; no solo para proteger al funcionario, que puede ser embarcado en una acción, que luego puede presentarse públicamente como dolosa, sino también para proteger la legalidad del acto, de la actuación, de lo realizado por el funcionario cuestionado. Así, se desprende, de lo actuado por el presidente… que todos los funcionarios de su nombramiento deben andar con su grabadorcita o tener su teléfono celular prendido en grabación… Ese puede ser su mejor seguro de vida, tal vez su garantía para no ser pasados a la Fiscalía, ni ser indagados judicialmente, aunque dicen que a todos los funcionarios que se reúnen con el presidente les revisan electrónicamente, no solo para ver si están armados, sino para detectarles cualquier dispositivo electrónico que porten. Si esto que se dice es real, lo que pone en evidencia es la desconfianza que se produce de cualquier conversación presidencial donde se traten asuntos de negocios del Estado o del Gobierno, discútanse o no montos de dineros, donde se trata de evitar que lo que no esté escrito no quede grabado. Esto es lo que públicamente se percibe de lo que sucede en Zapote.

Digo esto porque, para mí está claro que las actuaciones del ministro de Obras Públicas, y Trasportes y del director general de Aviación Civil, estaban con el aval y apoyo del presidente. Lo demás son discusiones de montos de dinero más, o montos de dinero menos, y de cuál empresa salió favorecida y cuáles perjudicadas, que es como se está presentando el caso del Aeropuerto de Liberia.

La destitución del Ministro de Obras Públicas y Trasportes y del Director General de Aviación, calza con lo que he afirmado en otros artículos, de la estrategia del caos, que el presidente trata de provocar, de desastre nacional, de crisis gubernativa o de gobernanza, que le permita preparar las condiciones para el ejercicio de un gobierno de fuerza, de excepción, o para preparar el intento de una posible convocatoria de un plebiscito o referéndum nacional, lo que se analiza en Zapote, para valorar las posibilidades de extender el mandato presidencial por una vía de excepción política, que no es fácil realizarla en Costa Rica.

La imagen de Bukele, solo falta que se coloque en el despacho del presidente, en apoyo a la idea centroamericanista que comparten, el presidente Chaves y el presidente Bukele, de El Salvador, con la posibilidad, de qué si el presidente Chaves no puede resolver los problemas nacionales, lo haga Bukele, como ya han empezado a proclamar algunos seguidores del actual gobierno. No sé si Bukele interviniendo directamente en la política nacional, cosa que no se podría, o como presidente centroamericano, formando nosotros parte de una nueva República Centroamericana, como la ha anunciado y proyectado Bukele, y como la acaricia Rodrigo Chaves. Sus flirteos con Bukele y el mismo Daniel Ortega tan solo son indicios, según se puede percibir.

La destitución realizada fue una carambola bien tirada del presidente. El presidente constantemente se luce como un buen billarista político. Sabe hacer, y está bien asesorado, en estas jugadas de distracción política en el escenario nacional. Por ahora yo lo veo así. Se presenta ante su audiencia fiel como el combatiente de la corrupción, de los supuestos chorizos y malos manejos de la cosa pública. Sus seguidores le aplauden en el circo que nos presenta.

Cuando en su gobierno, apenas de 22 meses, se han producido 42 cambios, a razón de uno cada quince días, lo que se evidencia es una crisis de gobierno, de conducción, de visión nacional, de no tener equipo de gobierno, de ausencia de un Gran Timonel, cuando el capitán del barco quiere realizar todas las funciones, que no puede dirigir.

La idea central de la crisis no está en las debilidades o falencias del presidente, sino en su mensaje de que no se le deja gobernar, como él quisiera, verticalmente, sin intromisión de organismos o instancias administrativas intermedias de control. Gira en lo que el presidente constantemente señala, que necesita que lo dejen gobernar, cómo él quiere dirigir el país, para lo que hay que eliminar a todos los funcionarios e instancias de control administrativo y político, que le estorban u obstaculizan su gestión autoritaria, como lo ha dicho claramente.

Cuando fui embajador en Venezuela conocí una situación similar de renuncias y cambios gubernamentales. Desde el 2000 hasta el 2009 el Presidente Hugo Chávez, de Venezuela, también tenía una rotación, por destitución o cambios en Gabinete, muy similar al gobierno de Chaves, el costarricense. En Venezuela, 209 cambios en esos diez años. En una conversación que tuve con un alto funcionario de la Cancillería venezolana, le hice ver esa situación y cómo nos afectaba, en las gestiones diplomáticas que teníamos que realizar por medio de la cancillería, de atrasos burocráticos, en los trámites solicitados, y cómo creía yo que también afectaba a la propia obra gubernativa del Presidente Hugo Chávez. El funcionario tan solo me dijo: “Mire Embajador… Ese es el tiempo que da el Presidente Chávez”, frase que me quedó sonando… “tiempo Chávez qué da” … para robar…esa era la esencia. No es la situación de cambios ministeriales e institucionales que hay en el país, pero, ojalá no lleguemos a situaciones como ésa. No hay en Costa Rica los montos presupuestarios que puede generar una economía basada en la producción de petróleo y de gastos públicos, que autorizadamente el presidente puede gestionar casi discrecional y confidencialmente, como sucede en Venezuela. Pero, en grandes contrataciones para ciertos proyectos, pueden suceder “gastos”, “pagos” o “reconocimientos”, “favores”, como se señaló de una importante empresa constructora, en otros negocios de Estado, aún sin concluir sus indagaciones judiciales, en otros gobiernos, como se han conocido que ocurrieron en el país.

En torno a la bulla de la destitución del Ministro de Obras Públicas se ha cuestionado lo sucedido por su cercanía con el presidente Chaves, la consideración pública que se hacía de que era su delfín para la próxima campaña presidencial, de que hubiera manifestado públicamente que podría aspirar a una candidatura en esa dirección, que era el funcionario del Gabinete mejor calificado, que tenía mejor percepción pública que el mismo presidente, lo que sí afectaba el estado de ánimo presidencial, porque de las personas que le rodean y trabajan con él, nadie puede estar más arriba de la línea de flotación del presidente. Todo se hacía con conocimiento del presidente Chaves, y la buena imagen solo podía favorecer la imagen del gobierno y del presidente, aunque el presidente no lo entendiera o aceptara. Pero, volvemos a empezar de cero.

Dice mi buen amigo, el biólogo Freddy Pacheco, que el Ministro Amador “estaba en «alitas de cucaracha» por haber engavetado o destruido, proyectos como la autopista Barranca-Limonal, el urgentísimo tren metropolitano, una justa revisión vehicular, el regular ordenamiento vial, las carreteras a Cartago y Limón, el nuevo aeropuerto internacional en Orotina, con nueva carretera hacia el Pacífico (en lugar de la ocurrente ampliación de la ruta 27), el insostenible por ineficiente muelle de Caldera, el costoso espejismo de APM Terminals, el caos vial provocado por el puentecito del bajillo de Los Ledezma, el sueño irreal de la carretera a San Carlos, las decenas de puentes sin intervenir, los abandonados puentes peatonales, el incompetente proceso hacia la frustrada ciudad gobierno”.

Todo esto ocurría y se hacía al amparo y supervisión también del presidente de la República. Si todo esto es cierto, ¿cómo se había ganado tan buena imagen el ministro? Y, si todo eso es cierto, ¿había o no razón para destituirlo?, a pesar de que todo eso se hacía con el aval del presidente, y que “esa buena fama” le ayudaba a la imagen del gobierno. ¿Si todo eso es cierto, la responsabilidad compartida, del Ministro con el Presidente, vale o no para que el Presidente también renuncie, y deje su cargo?

La fresita del postre fue, como se ha dicho y publicado, una licitación para la urgente rehabilitación de la pista del aeropuerto internacional Daniel Oduber, «a la medida» de la empresa MECO, que estaba cobrando cerca de mil millones de colones más, denunciado ante el presidente por sus amigos de las otras dos empresas, Pedregal y Hernán Solís, “como presunto acto de corrupción”, negociación que en alguna parte no se le consultó, participó o no fue atendido por el presidente Chaves, hasta que le advirtieron que estallaría el escándalo.

Alrededor de la destitución del ministro se movieron otras fuerzas, y personajes políticos y empresarios importantes, que sí tenían interés de sacar al ministro del escenario presidencial, por tener ellos ese interés presidencial, y por tener algunos de ellos gran influencia en el aparato de asesoría que gira alrededor del presidente, de quienes manejan hoy su estrategia electoral hacia las elecciones del 2026, y de la postulación del eventual relevo de Chaves. Esos asesores ya se mueven en la dirección de impulsar a un empresario, y financista, con lazos importantes internacionales, por ahora en la discreción pública de su conocimiento, como el natural relevo del presidente Rodrigo Chaves, con la certeza de que él no puede continuar continua o sucesivamente la presidencia como él quisiera.

Por ahora la candidatura de la ministra libertaria Natalia Díaz, no es la del presidente Chaves. La eventual candidatura de Natalia es, por ahora, la de la propia Natalia. Si la ministra llega a enero próximo, veremos si sigue o no en el gobierno por su propia voluntad, o se sale para lanzar su candidatura.

El ministro Amador promocionó su propia candidatura entre la afición chavista, poniéndole así, travesaños y zancadillas, a los deseos de los asesores de Zapote, a la misma ministra de la Presidencia, y a quien por debajo impulsan los asesores y financistas que llevaron a Rodrigo Chaves a la presidencia.

La candidatura que Rodrigo Chaves apoye o impulse la definirán quienes le asesoran fuera de la Casa Presidencial, y quienes le financiaron su campaña.

En este molote político, del escándalo de la destitución de estos funcionarios públicos, no perdamos la perspectiva… El aeropuerto tiene que repararse en lo que corresponda…separemos la paja del grano de la destitución… entendamos que la lucha presidencial en Zapote se ha agudizado y, por ahora, se ha limpiado su terreno con la destitución del ministro… Nuevos nubarrones vendrán que contribuirán a continuar la distracción política que se impulsa desde el despacho y oficinas en Zapote.

No ofende quien quiere… sino quien puede

Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli

Así reza el famoso refrán, pues en la mayoría de las ocasiones en que se intenta provocar una ofensa, no basta con el deseo, sino tener los medios, la razón y la solidez ética para sostener lo que se dice, con el evidente deseo de hacer un daño a alguien: conjugar esos tres factores, es realmente difícil.

Lamentablemente Costa Rica tiene casi dos años de soportar, con bastante estoicismo, ser gobernada por una persona y su séquito adulador, que han tomado el insulto y la agresión como su caballo de batalla.

Así vemos cómo instituciones que van desde la misma Constitución Política hasta los otros poderes de la República; la Fiscalía o la Contraloría General, La Defensoría o las Universidades, la Caja del Seguro Social o el ICE: y en lo personal los Magistrados, diputados de casi todos los partidos y sexos, rectores de las universidades públicas, los investigadores del Estado de La Nación y los medios de comunicación incluyendo muchos de sus periodistas, para citar unos pocos ejemplos de una lista que, siguiendo el procaz lenguaje del presidente, está integrada según él por canallas, pues no han doblado totalmente la cerviz a su voluntad autoritaria.

El último ejemplo de este malhadado estilo de gobernar, lo dieron el presidente Chaves y su ministro del MOPT Luis Amador, cuando hace pocos días dijeron dos frases de mala antología: El presidente Rodrigo Chaves nada menos, trató a los diputados de “sicarios de los narcotraficantes” por no aprobar los proyectos de ley claramente inconstitucionales que había enviado a la Asamblea Legislativa; por su parte el ministro Amador, que de ello tiene muy poco, al referirse a las críticas ocurridas en un foro de alto nivel académico y profesional en el Colegio de Ingenieros, para señalar que a su juicio no tenían suficiente información, dijo que…”estaban meando fuera del tarro”, inaceptable y procaz lenguaje de quienes deben ser ejemplo; por lo que al ver su labor y en general la del Gobierno de Chaves, uno se pregunta quiénes son los que desde hace dos años, así lo practican.

No es posible que el presidente Chaves dé ese trato a los miembros de la Asamblea Legislativa, a los que se les pueden achacar muchas cosas, no son perfectos ni mucho menos, pero son los representantes del SOBERANO y obvio que se rechaza de entrada que seamos un pueblo de sicarios.

Es lamentable que el presidente no mida las consecuencias institucionales de las barbaridades que dice, cada vez que se sale del guion, al igual que otros del texto del teleprónter, pues como dijo Federico Cruz (Choreco) su exasesor de campaña y en la presidencia, Chaves es un desbocado; entonces uno de pregunta: ¿quién está choreco? Chaves, Cruz o todo el gobierno.

Dentro de las características de su psicopatía narcisista, es urgente que Rodrigo Chaves venza su peligrosa tendencia a la mentira, la envidia y ausencia de empatía que lo lleva al insulto de los demás que no aceptan convertirse en sus servidores (casi esclavos) en su entorno o no de poder. Urge que en estos dos años que le quedan de gobierno, y esto por el simple hecho que los costarricenses somos respetuosos de la Constitución Política y no tenemos la posibilidad del voto revocatorio de mandato, cambie radicalmente su actitud arrogante y engreída, acepte sus limitaciones que son muchas y permita ser adecuadamente asesorado por personas capaces, no las que le soban la leva en su entorno.

Pero sobre todo debe entender que es el PRESIDENTE DE LA REPUBLICA y que está OBLIGADO a guardar la DIGNIDAD DE SU CARGO, y no tiene libertad alguna para mancillarlo; mal ejemplo el que da desde su digno cargo, que debe ser imitado por el entorno de sus funcionarios; pues ni usted ni ellos pueden seguir con los agravios y los insultos como forma de gobierno confrontativo, DIVIDIENDO EL PAÍS ENTRE LOS BUENOS OBEDIENTES Y LOS MALOS QUE SEÑALAN LOS ERRORES, pues le recuerdo que… no ofende quien quiere, sino el que puede; y usted presidente Chaves, su gabinete y quien sea que lo rodea, simplemente NO PUEDEN NI DEBEN.

Diputada Vanessa Castro Mora destapa estructuras irregulares de financiamiento político

En una jornada histórica para la Asamblea Legislativa, este lunes 26 de febrero, se aprobó con un respaldo contundente de 33 votos a favor y 14 en contra, el informe de mayoría de la comisión investigadora sobre las presuntas estructuras irregulares de financiamiento político durante las elecciones presidenciales del 2022.

En la discusión del informe, la diputada socialcristiana Vanessa Castro Mora arroja las siguientes conclusiones:

Se logró identificar una serie de prácticas irregulares en el financiamiento de la campaña del Partido Progreso Social Democrático, incluyendo el uso cuestionable del fideicomiso Costa Rica Próspera. Más aún, se ha descubierto la operación de al menos dos estructuras paralelas destinadas a financiar la campaña presidencial de Rodrigo Chaves Robles.

Uno de los puntos más controvertidos es el uso del fideicomiso Costa Rica Próspera para cubrir diversos gastos de la campaña del Partido Progreso Social Democrático, desde el pago de personal de Call Center hasta el alquiler de infraestructuras como Casa Progreso, así como viáticos y servicios profesionales.

La revelación de la participación de extranjeros en la compra de bonos electorales del Partido Progreso Social Democrático, a través de intermediarios locales como el caso Sheng Lin Hu, arroja luz sobre prácticas poco éticas que distorsionan el proceso democrático.

En el plano de las recomendaciones, la diputada Castro y la comisión investigadora han sido contundentes: se insta a aprobar el informe elaborado por la comisión y avanzar en iniciativas legislativas que permitan una fiscalización más rigurosa del financiamiento político. Además, se propone remitir todas las actas certificadas al Tribunal Supremo de Elecciones y al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

Acompañando estas recomendaciones, se presentan propuestas de reforma legislativa destinadas a cerrar las brechas que permiten prácticas delictivas en el financiamiento electoral, incluyendo regulaciones más estrictas para el financiamiento de partidos políticos, la prohibición de la cesión de bonos electorales y la regulación de campañas de desinformación.

Información enviada a SURCOS por la fracción del Partido Unidad Social Cristiana.

Grupo PUENTES: Consideraciones sobre la regulación del delito de usura y el “gota a gota”

La carta “Consideraciones sobre la regulación del delito de usura y el “gota a gota”, de parte de la organización  PUENTES: Grupo de Convergencia Multipartidaria, es dirigida hacia el Sr. Rodrigo Chaves Robles, Presidente de la República; Sr. Orlando Aguirre Gómez, Presidente de la Corte Suprema de Justicia; Sr. Rodrigo Arias Sánchez, Presidente de la Asamblea Legislativa; Sra. Angie Cruickshank Lambert, Defensora de los Habitantes y Sra. Natalia Díaz Quintana, Ministra de la Presidencia. 

Resalta la importancia de cumplir con el compromiso internacional de prohibir el delito de usura, en concordancia con los derechos humanos. Se menciona que, a pesar de estar regulado en el Código Penal desde 1970, la efectiva prohibición de la usura no se ha materializado en el país. También se hace referencia a la aprobación de la Ley No. 9859 en 2020, conocida como «Ley contra la Usura», que establece parámetros de razonabilidad para evitar el cobro de intereses desproporcionados y brinda herramientas legales para que los deudores puedan defenderse de créditos usureros.

Destaca que la norma aplica a todos los créditos otorgados en el país, tanto en el sistema bancario nacional como en el sector no regulado, lo que constituye una defensa para los consumidores financieros. Se menciona que la determinación de la razonabilidad de un cobro de interés se realiza a través de parámetros estadísticos como las «medidas de tendencia central», utilizando la Tasa de Interés Activa Negociada del grupo Otras Sociedades de Depósito calculada por el Banco Central de Costa Rica como base.

Además, se plantean sugerencias para abordar el problema del «gota a gota», proponiendo mantener el artículo 243 con una modalidad agravada de usura para sancionar esta práctica y aumentar las penas de los delitos asociados. Se propone también simplificar el delito de usura remitiéndolo al cobro de interés sobre el límite fijado por el BCCR, junto con el aumento de penas para los delitos relacionados. Se adjuntan propuestas de redacción para su revisión por especialistas en Derecho Penal, con la esperanza de que estas sugerencias contribuyan a combatir la usura y proteger a la población vulnerable.

Para acceder a la carta completa, encuentre el PDF que se encuentra adjunto a esta nota, donde  podrá ver la lista de integrantes de la organización PUENTES: Grupo de Convergencia Multipartidaria.

Liberales, parásitos de la sociedad. ¿Hasta dónde quieren llevar a Costa Rica?

Martín Rodríguez Espinoza

He venido publicando varias notas al respecto del narco en Costa Rica, la vinculación de estas mafias con las grandes élites político empresariales, las nocivas «propuestas» que se manejan desde el gobierno para detenerlo y que la solución a esta problemática está en la raíz, en las políticas neoliberales de empobrecimiento y miseria, mientras las mafias empresariales EVADEN, eluden y contrabandean.

Hoy, la SORPRENDENTE noticia de Diario Extra impacta, indigna y provoca el enfado de quien tenga dignidad y lea semejante situación que viven los arroceros, pero que también viven los indígenas, los pescadores artesanales, los micro, pequeños y medianos productores agropecuarios nacionales.

“Estoy arrimado donde mis hijos, pidiéndoles ¢5.000 para un jabón o un cepillo de dientes”, dice uno de los agricultores, y peor aún, ¡he tenido ganas de matarme!, dice otro agricultor, que para tratar de salir a flote recurrió al narcopréstamo de los prestamistas «gota a gota», esos mismos que sacaron a patadas de El Salvador.

Rodrigo Chaves Robles, flamante presidente de la República, entre sus primeros decretos como tal, exoneró del pago de impuestos a los tagarotes importadores de arroz, esos mismos que financiaron su campaña electoral, terminando el trabajo que empezó el Partido Liberación Nacional y el Partido Unidad con el Tratado de Libre Comercio, TLC, y que continuaron los gobierno del Partido Acción Ciudadana, PAC, todos son lo mismo.

Ya golpeados con el TLC, Rodrigo Chaves terminó de poner los «clavos en el ataúd» de los agricultores con su famosa «ruta del arroz», ruta que consistía en favorecer sus amigos, vagabundos que NO trabajan la tierra y se dedican a la importación. Estos tagarotes dejaron de pagar ₡7.600 millones de impuestos en sólo seis meses de entrada en vigencia del decreto de la Ruta del Arroz que bajó los aranceles de un 36% a un 5% y llevó a la ruina de los agricultores nacionales que SÍ trabajan la tierra. Con esto, el farsante de Rodrigo Chaves Robles dijo que nos beneficiaríamos con rebajo de precios para los consumidores… ¡¡MINTIÓ!!!

En el Semanario Universidad se indica que «Los importadores de arroz pilado dejaron de pagar ₡2.536 millones, entre ellos el financista de Chaves, Bernal Jiménez, que dejó de pagar ₡268 millones. Todos los importadores de arroz juntos suman una pérdida de ingresos al erario público de ₡10.400 millones.», mientras tanto, a los productores nacionales les «deberían recibir un saco de arroz a ¢27.375, no obstante, acusan que les compran el grano entre los ¢14.000 a ¢19.000. Además, los costos de producción por hectárea ascienden a ¢1.500.000 y, en el mejor de los casos, los agricultores recuperan un 20% de utilidad.» informa Diario Extra, esto a Rodrigo Chaves, el PLN, el PUSC, el PLP y NR no les importa.

¿Estamos ante un Narcoestado?

La definición más cercana define que el término narcoestado o narcoeconomía es un neologismo económico y político que se aplica a aquellos países cuyas instituciones políticas se encuentran influenciadas de manera importante por el poder y las riquezas del narcotráfico, cuyos dirigentes desempeñan simultáneamente cargos como funcionarios gubernamentales y miembros de las redes del tráfico de drogas narcóticas ilegales, amparados por sus potestades legales.

Veamos cómo está Costa Rica y saquen sus conclusiones.

19 de febrero 2024

Contralora responde solicitud del presidente Chaves y puntualiza rechazo a insinuaciones negativas

SURCOS comparte el texto de la carta enviada por la contralora Marta E. Acosta Zúñiga al presidente de la República Rodrigo Chaves Robles.

“Estimado Señor Presidente :

He recibido su nota PR-P-0007-2024 del 16 de enero 2024, en la que solicita reunirse conmigo para “…para discutir proyectos de interés nacional. Me parece importante entender, de primera mano, la posición de la Contraloría General de la República sobre esos proyectos”.

En primer lugar, quiero manifestarle que las múltiples insinuaciones negativas y constantes señalamientos irrespetuosos de su parte y de otros funcionarios de su equipo, a la institución que dirijo y hacia mi como Contralora General no son de recibo y, por el contrario, las rechazo de forma contundente. Ello constituye en nuestro criterio, una falta de respeto a la institucionalidad pública, a la función constitucional de la Contraloría, órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa, y un mal precedente para la sana relación entre los sujetos de fiscalización con el órgano fiscalizador. La diferencia de criterio técnico es por supuesto válida y necesaria; así ha sido a lo largo de la vida institucional de esta Contraloría con diferentes administraciones, no así el comportamiento ofensivo hacia nuestra labor. Comprenderá entonces la importancia de manifestar que esta reunión, como requisito, deberá ser en el marco de exigido respeto.

Para proceder con la reunión, también es imprescindible que nos haga saber cuáles son los proyectos específicos sobre los que desea conversar; así como los funcionarios queleacompañarán,para asegurarentonces,queelequipotécnicodelaCGReselque corresponde a la atención de su solicitud, entendiendo que no se abordarán temas relacionados con investigaciones en curso en la Contraloría o asuntos cuyas decisiones sean responsabilidad exclusiva de la Administración.

Asimismo, por transparencia y resguardo de la verdad, grabaríamos en audio la reunión completa y estaría disponible al público en la página web de la Contraloría. Esto se fundamenta en el antecedente que tuvimos en torno a la sesión realizada en Casa Presidencial sobre Ciudad de Gobierno en marzo del 2023, de donde derivaron afirmaciones absolutamente falsas que fueron atribuidas a mi persona.

Le confirmo el día 25 de enero y las 3:30 pm, señalando respetuosamente que le recibiremos para dicha reunión en la Contraloría General, piso 13, dado que se trata de una sesión de naturaleza eminentemente técnica, y requiero contar con todos los funcionarios y recursos que estimo pertinentes para atender el propósito del encuentro. Seguros también estamos de que Usted no tendrá inconveniente en que se realice la reunión en nuestra sede, dado el interés manifestado.

Quedo a la espera de su confirmación. Atentamente,

Marta E. Acosta Zúñiga
Contralora General