En una jornada histórica para la Asamblea Legislativa, este lunes 26 de febrero, se aprobó con un respaldo contundente de 33 votos a favor y 14 en contra, el informe de mayoría de la comisión investigadora sobre las presuntas estructuras irregulares de financiamiento político durante las elecciones presidenciales del 2022.
En la discusión del informe, la diputada socialcristiana Vanessa Castro Mora arroja las siguientes conclusiones:
Se logró identificar una serie de prácticas irregulares en el financiamiento de la campaña del Partido Progreso Social Democrático, incluyendo el uso cuestionable del fideicomiso Costa Rica Próspera. Más aún, se ha descubierto la operación de al menos dos estructuras paralelas destinadas a financiar la campaña presidencial de Rodrigo Chaves Robles.
Uno de los puntos más controvertidos es el uso del fideicomiso Costa Rica Próspera para cubrir diversos gastos de la campaña del Partido Progreso Social Democrático, desde el pago de personal de Call Center hasta el alquiler de infraestructuras como Casa Progreso, así como viáticos y servicios profesionales.
La revelación de la participación de extranjeros en la compra de bonos electorales del Partido Progreso Social Democrático, a través de intermediarios locales como el caso Sheng Lin Hu, arroja luz sobre prácticas poco éticas que distorsionan el proceso democrático.
En el plano de las recomendaciones, la diputada Castro y la comisión investigadora han sido contundentes: se insta a aprobar el informe elaborado por la comisión y avanzar en iniciativas legislativas que permitan una fiscalización más rigurosa del financiamiento político. Además, se propone remitir todas las actas certificadas al Tribunal Supremo de Elecciones y al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.
Acompañando estas recomendaciones, se presentan propuestas de reforma legislativa destinadas a cerrar las brechas que permiten prácticas delictivas en el financiamiento electoral, incluyendo regulaciones más estrictas para el financiamiento de partidos políticos, la prohibición de la cesión de bonos electorales y la regulación de campañas de desinformación.
Información enviada a SURCOS por la fracción del Partido Unidad Social Cristiana.
