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Etiqueta: Salim Lamrani

25 verdades sobre la muerte del joven Nahel en Francia

Publicado el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Salim Lamrani

Universidad de La Reunión

Un adolescente de 17 años ha muerto a manos de un agente policía durante un control de carretera, desatando una ola de emoción en la sociedad francesa.

  1. El 27 de junio de 2023, en Nanterre, cerca de París, a los 8 de la mañana, dos agentes de policía dieron el alto a un coche ocupado por tres personas, todas menores, tras una negativa a cumplir la orden de detenerse. El conductor era un adolescente de 17 años llamado Nahel. Cuando el coche arrancó de nuevo, uno de los policías disparó a quemarropa y mató al joven, hijo único de una familia monoparental. El video disponible en las redes sociales muestra claramente que el coche no suponía ningún peligro para los dos policías.
  2. Desconociendo la existencia del video, los dos policías declararon que el coche cargó contra ellos y que se habían visto obligados a usar sus armas de fuego para proteger sus vidas. Esto era claramente mentira. Alain Bauer, profesor de criminología en el Conservatoire des Arts et Métiers y reputado especialista en formación de policías y a gendarmes, insistió en el punto: “La versión falsa, totalmente desmentida por las imágenes, arruina todo el edificio. Es mentira. El coche no los atropelló. El coche no se les vino encima”. También denunció a “los pocos policías podridos, corruptos y ovejas negras de la profesión […] que ponen en entredicho a todos los que respetan la ley, el orden y que son defensores de las libertades”. Sin el video, la falsa versión de los policías habría prevalecido y el responsable de la muerte del adolescente nunca habría comparecido ante la justicia.
  3. Retransmitiendo la falsa versión policial, los medios de comunicación se apresuraron en presentar al adolescente como un peligroso delincuente multirreincidente. En realidad, el joven Nahel no tenía antecedentes penales. La fiscalía de Nanterre incluso abrió una investigación por “resistencia a la autoridad e intento de homicidio de un funcionario público” contra el conductor. Esta decisión fue recibida con una incomprensión generalizada ya que las imágenes desmienten formalmente la versión policial. Además, la muerte del conductor pone fin automáticamente a cualquier procedimiento judicial. La fiscalía también abrió una investigación contra el policía por “homicidio voluntario cometido por una persona en el ejercicio de sus funciones oficiales”. Compareció ante un juez y permaneció en prisión preventiva en la Cárcel de la Santé.
  4. El abogado del agente, Laurent-Franck Liénard, subrayó el carácter excepcional de la detención: “En mis 31 años de carrera defendiendo casos relacionados con el uso de armas, nunca he tenido a un cliente que haya sido puesto bajo custodia después de haber comparecido ante un juez”. Esta declaración ilustra la realidad de la impunidad policial y refuerza el sentimiento generalizado en la sociedad francesa según el cual la justicia protege a los policías que cometen crímenes. Jean-Pierre Mignard, abogado de víctimas de la violencia policial, es categórico al respecto: “Todas las profesiones tienen un código genético: el de la policía es la impunidad”.
  5. Camille Chaize, portavoz del Ministerio de Interior, rechazó las polémicas en torno a los supuestos antecedentes penales de la víctima, esgrimidos por la policía y los medios de comunicación para justificar la actuación del agente. Preguntada al respecto, respondió: “No es el sentido del debate, no tiene sentido pensar así, poco importa si era conocido o no de los servicios de policía. […] Pero es cierto que algunas fuentes policiales […] señalan antecedentes penales, o incluso anotaciones en la barandilla, que es infrajudicial, no antecedentes penales, pero todo eso no tiene sentido, no importa”.
  6. El abogado de la familia de la victima, Yassine Bouzrou, anunció que había presentado una denuncia contra los dos policías, una por homicidio culposo y otra por complicidad de homicidio culposo. Explicó lo siguiente: “No hay ninguna duda sobre su intención de matar ya que la banda sonora del video lo muestra anunciando antes disparar: ‘Voy a meterte una bala en la cabeza’. La denuncia también se presentará contra su colega por complicidad de homicidio voluntario ya que parece ordenar a su colega que dispare diciendo ‘dispárale’ justo antes de que se produzca el disparo”.
  7. El testimonio del pasajero que estaba sentado al lado de Nahel es condenatorio. Relató en detalle lo sucedido: “El primer policía le pidió a Nahel que bajara la ventanilla, cosa que Nahel hizo. Le dijo: ‘Apaga el motor o te disparo’. Le dio un primer golpe con la culata de la pistola. Luego llegó el segundo policía y también le golpeó con la culata de la pistola y se colocó en el parabrisas frente a Nahel. Desde ahí, el primer policía, que estaba a la altura de la ventanilla, lo apuntó con su arma y le dijo: ‘No te muevas o te pego un tiro en la cabeza’. El segundo policía le dijo: ‘Dispárale’. El primer policía lo golpeó de nuevo con la culata de la pistola. El coche tenía caja de cambios automática. El coche no estaba en ‘park’. Cuando recibió el tercer culatazo, su pie abandonó el pedal del freno y el coche avanzó. Y el segundo policía que estaba en el parabrisas disparó. Como resultado, su pie pisó el acelerador. Lo vi agonizando, temblaba. Chocamos contra una barrera. Me asusté y salí del coche. Salí corriendo. Pensé que me podían disparar también. Así que corrí.
  8. El pasajero trasero, de 14 años, también brindó su testimonio. Iba al colegio para pasar el examen del diploma de colegio y se encontró con Nahel, que se ofreció a llevarlo. “Los policías apuntaron con sus armas a Nahel”, que recibió “unos tres golpes” e intentó “protegerse la cabeza”. Un policía afirmó “que iba a meterle un disparo en la cabeza”. Nahel luego “soltó el freno probablemente por pánico, intentando protegerse. El coche arrancó solo. Era automático. Y el policía le dijo a su colega que disparara. Y el arma se disparó”.
  9. El Presidente francés, Emmanuel Macron, condenó la acción del policía en una declaración pública: “Quiero expresar la emoción de toda la nación y decirle a su familia todo el afecto de la nación […]. Tenemos un adolescente que ha sido asesinado, es explicable, inexcusable”. Por su parte, Gérald Darmanin, Ministro de Interior, apuntócon el dedo “imágenes extremadamente chocantes”.
  10. En febrero de 2017, el gobierno socialista de François Hollande impulsó la Ley de Seguridad Ciudadana que autoriza a la policía a utilizar sus armas de fuego en caso de negativa a cumplir la orden. El apartado 4 establece que los agentes podrán utilizar sus armas “cuando no puedan inmovilizar, salvo mediante el uso de armas, vehículos, embarcaciones u otros medios de transporte cuyos conductores no acaten la orden de detenerse y cuyos ocupantes puedan, en su huida, causar lesiones a sí mismos o a terceros”. La Liga de Derechos Humanos y numerosos diputados denunciaron la ley como una “licencia para matar”, pidiendo su derogación. El propio abogado Liénard se opuso públicamente a la ley: “Si empezamos a decir a los policías que pueden disparar a un coche que huye, tendremos más tiroteos, más heridos y más condenas a policías”.
  11. Desde 2017, el numero de personas que han perdido la vida tras una negativa a cumplir la orden ha aumentado de modo considerable. De 17 personas entre 2002 y 2017, una media de 0,88 por año, se ha pasado a 13 personas para el año 2022, algunas de las cuales eran simples pasajeros. Las víctimas presentan dos características: son en su mayoría jóvenes, o incluso muy jóvenes, y estaban racializadas. A modo de comparación, en Alemania, sólo se ha producido una muerte tras una negativa a cumplir la orden en diez años.
  12. El 30 de junio de 2023, la Oficina del Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció el racismo estructural presente en el seno de la policía y la gendarmería en Francia. Su portavoz Ravina Shamdasani hizo un llamamiento a las autoridades: “Ha llegado el momento de que el país aborde seriamente de los arraigados problemas de racismo y de discriminación racial entre las fuerzas del orden”. Pocos días después, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial denunció “el asesinato de Nahel M., de 17 años, de origen magrebí, a manos de un agente de policía en Francia” y se declaró “profundamente preocupado por la práctica persistente de la elaboración de perfiles raciales, combinada con el uso excesivo de la fuerza en el cumplimiento de la ley, en particular por parte de la policía, contra miembros de grupos minoritarios, en particular de origen africano y árabe, que con frecuencia se traduce en homicidios recurrentes, de manera desproporcionada y prácticamente impune”.
  13. Interrogado al respecto, Laurent Nuñez, Prefecto de la Policía de Paris, nególa realidad de la situación: “No hay racismo en la policía”. No obstante, incluso el Presidente de la Republica Francesa ha reconocido la existencia de practicas discriminatorias persistentes: “Hoy en día, las personas de piel no blanca son objeto de mucho más escrutinio. Se las identifica como un factor problemático y eso es insostenible”.
  14. Según diversos estudios, la mayoría de los agentes del orden votan a la extrema derecha. Así, según el Centro de Investigaciones Políticas de Sciences-Po (Cevipof), el instituto de sondeos Ipsos y la Fundación Jean Jaurès, el 60% de los policías y miembros de las fuerzas armadas votaron a Marine Le Pen en 2022. En 2017, el 67% de los policías activos votaron a la candidata de extrema derecha.
  15. Un estudio realizado en 2017 por Jacques Toubon, Defensor de los Derechos y ex Ministro de Justicia con Jacques Chirac, ilustra los prejuicios racistas presentes en el seno de las fuerzas del orden y el maltrato policial a los jóvenes de los barrios populares. Así, los individuos percibidos como negros o árabes tienen “20 veces más probabilidades que los demás de ser parados” por la policía. El Defensor de los Derechos señala que el 40% de esas personas afirman haber sido tuteadas, el 21% insultadas y el 20% maltratadas durante su última parada. Otro estudio del Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS) subraya que “el comportamiento de la policía francesa […] puede asimilarse a la elaboración de perfiles raciales”. Christian Vigouroux, deontólogo del Ministerio del Interior, llegó a presentar en 2021 un informe de 160 páginas sobre “la lucha contra la discriminación en el seno de las fuerzas de seguridad”, en el que formulaba 54 propuestas que han quedado desatendidas por las autoridades.
  16. Según el Derecho Internacional, “la discriminación racial es una forma particularmente odiosa de discriminación y, en vista de sus consecuencias peligrosas, exige una vigilancia especial y una respuesta enérgica por parte de las autoridades”. El artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que “todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.
  17. Según Amnistía Internacional, “en Francia, la práctica de los controles de identidad está extendida y profundamente arraigada en la actuación policial, hasta el punto que fomenta una discriminación sistémica”. Según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, la discriminación sistémica “puede entenderse como un conjunto de normas jurídicas, políticas, prácticas o actitudes culturales imperantes en el sector público o privado que crean desventajas relativas para algunos grupos y privilegios para otros”. AI agrega que “la práctica de controles de identidad discriminatorios es conocida y está ampliamente documentada”, denuncia su “magnitud” y subraya “sus efectos devastadores sobre las víctimas, incluidos niños que a veces tienen sólo 12 años”.
  18. La Corte Suprema, el más alto tribunal del ordenamiento jurídico francés, reconoció la existencia de esta práctica en una sentencia de 2016 y subrayó que tales controles constituían una falta grave de la que es responsable del Estado.
  19. Jean Hossam Botros Messiha, militante de extrema derecha, nacido en Egipto y nacionalizado francés a los 20 años, que sigue siendo considerado inmigrante por el Instituto Nacional de la Estadística y de Estudios Económicos del Ministerio de Economía, portavoz de Eric Zemmour durante la campaña presidencial de 2022 y partidario de la teoría racista del “gran reemplazo”, que declara que la inmigración – de la cual se benefició a los 8 años – constituye ahora “una amenaza existencial histórica para Francia”, abrió un fondo en línea a favor del policía investigado por homicidio culposo. En pocos días, el “fondo de la vergüenza”, como la han calificado numerosos observadores, recaudó 1,6 millones de euros con más de 76.000 donantes, haciendo millonario a un hombre responsable de la muerte de un adolescente, suscitando la ira legítima de la familia y la indignación de la opinión pública.
  20. La muerte de Nahel desencadenó una explosión de cólera en toda Francia, cuya dimensión política fue minimizada por las autoridades, que prefirieron ver en estas revueltas urbanas sólo un impulso destructivo. Los sublevados tienen la sensación de que la única manera de hacer oír su voz es la violencia. Numerosos comercios y edificios públicos, principalmente en los barrios populares, fueron saqueados por jóvenes, algunos de tan sólo doce años. Se quemaron cerca de 12.000 coches y se dañaron 2.500 edificios públicos, entre ellos más de 250 comisarías de policía y más de 150 escuelas. La casa personal del alcalde de La Häy-les-Roses fue incluso atacada con un coche ariete mientras su familia estaba dentro.
  21. La respuesta del gobierno a la agitación social ha sido puramente autoritaria y represiva movilizando a 45.000 agentes del orden, incluidas unidades de elite como el GIGN, el RAID y la BRI. En Marsella, un padre 27 años perdió la vida tras recibir “probablemente” un disparo de flash-ball, según la fiscalía. En Meurthe-et-Moselle, un joven veinteañero se encuentra en coma tras recibir un disparo en la cabeza por parte de la policía. Según las autoridades judiciales, no hay indicios de que estas dos personas estuvieran implicadas en los disturbios. Ambas eran de origen magrebí. Además, cerca de 3.500 personas fueron detenidas, y casi el 60% de ellas no tenían antecedentes penales, según Gérard Darmanin. Según el Ministro de Interior, el 90% de los detenidos son franceses. En su comparecencia ante el Senado, descartó la explicación relacionada con la identidad: “Eché un vistazo en las comisarias. Sí, hay gente que aparentemente podría ser de origen inmigrante. Pero había muchos Kevin y Matteo”.
  22. Los tribunales, por su parte, fueron expeditivos y despiadados. A guisa de ejemplo, un hombre de 28 años fue condenado a 10 meses de prisión con orden de ingreso a una cárcel por robar una lata de Red Bull valorada en 1,15 euros. Su abogada Camille Bal declaró: “Los principales autores de la violencia son los que estuvieron ausentes en gran medida de las vistas de ayer. Los que fueron detenidos por la policía eran los que aparecieron después del delito, después de que la tienda hubiera sido blanco de los matones. Mi cliente entró en el Monoprix a oscuras, cogió una lata de Red Bull, salió y lo desplumaron como una rosa”. Para la abogada Camille Vannier, que participó en la defensa colectiva, “la justicia está completamente manipulada” por el poder político. Subraya que los jueces siguen ciegamente los requisitorios: “Es muy preocupante desde el punto de vista de la independencia del poder judicial. Órdenes de ingreso en prisión, órdenes de ingreso en prisión, órdenes de ingreso en prisión por delitos menores”. La abogada Elsa Marcel también expresó su asombro: “Las sentencias son extremadamente duras, los procedimientos son chapuceros, hay muchos escenarios en los que no se no reconocen a las personas, los informes de detención son sumamente vagos, es una justicia política”.
  23. El 30 de junio de 2023, los dos principales sindicatos policiales Alliance Police y UNSA Police publicaron un comunicado de prensa extremadamente violento, confirmando todas las acusaciones de racismo lanzadas contra las fuerzas del orden. Los manifestantes de los barrios populares son animalizados y descritos de “hordas salvajes” y de “pestes” a las que hay que combatir, pidiendo que se utilicen “todos los medios” para ello. El comunicado amenaza también directamente al gobierno con sedición en términos apenas velados, lo que no tiene precedentes para una policía republicana cuya misión es obedecer al ejecutivo y hacer respetar la ley: “Por estas razones, Alliance Police Nationale y UNSA Police asumirán sus responsabilidades y advierten desde ahora al Gobierno que al final, estaremos en la acción y sin medidas concretas de protección jurídica de los Policías, una respuesta penal adecuada, y la puesta a disposición de medios importantes, los Policías juzgaran del nivel de consideración mostrado. Hoy, los Policías están en combate porque estamos en guerra. Mañana, estaremos en resistencia y el Gobierno tendrá que darse cuenta de ello”. En otro movimiento sin precedentes, la UNSA Education condenó públicamente el comunicado, denunciando palabras “preocupantes e insoportables”. En cuanto al gobierno, no ha tomado ninguna medida contra los autores de la declaración.
  24. La muerte de la joven Nahel fue la chispa que encendió un polvorín social en los barrios abandonados por la República. Además del racismo sistémico, que afecta sobre todo a las personas de origen inmigrante (el 47% de los subsaharianos y el 30% de los magrebíes son víctimas), las poblaciones desfavorecidas están siendo desatendidas por los poderes públicos. Las cifras hablan por sí solas: el 7.5% de la población francesa (5,5 millones de habitantes) vive en los suburbios. El desempleo en estas zonas duplica la media nacional. La mitad de los jóvenes están en paro. Cerca del 40% de los habitantes no tienen ningún diploma, frente a una media nacional del 20%. En los barrios obreros hay casi la mitad de bibliotecas y tres veces menos instalaciones deportivas que en el resto del país. La tasa de pobreza es tres veces superior a la del resto del país (42% frente a 14,9%). Como recordatorio, hay 9 millones de pobres en Francia, de los cuales 3 millones son niños. Mientras que la media nacional es de 400 médicos por 100.000 habitantes, sólo hay 250 en los barrios populares. El 40% de los barrios obreros carece de guarderías, mientras que el número de familias monoparentales es el doble que en el resto del país (20%). En contra de la creencia popular, las transferencias sociales son menores en estas zonas: 6.100 euros por año y por habitante frente a los 6.800 euros para la media nacional. Además, estos barrios, lejos de encontrarse con respiración asistida, contribuyen más al esfuerzo nacional que el resto del país. Por ejemplo, Seine-Saint-Denis es el tercer departamento más pobre de Francia (el primero de Francia continental) de un total de 101,  y el que recibe menos protección social per cápita, pese a ser el octavo contribuidor social a las finanzas públicas del país. En Seine-Saint-Denis, por ejemplo, hay 1.100 funcionarios de hospital por cada 100.000 habitantes, frente a una media de 1.800 en el resto de Francia. Los gobiernos prestan poca atención a la difícil situación de estas poblaciones empobrecidas porque tienen muy poco poder político o electoral.De hecho, el 48% de los habitantes de barrios populares no votaron o se abstuvieron en las últimas elecciones presidenciales.
  25. Es necesario que los políticos en general y el Gobierno en particular tomen medidas urgentes:

-La Ley sobre la Seguridad Ciudadana de 2017 debe suspenderse a la espera de su abrogación. Esto protegerá tanto a los ciudadanos como a los agentes de policías al volver al statu quo ante que establece un marco estricto para el uso de armas de fuego.

-Resulta imperativo que cese la negación dentro de las fuerzas del orden, las autoridades gubernamentales y los responsables políticos sobre el racismo estructural presente en el cuerpo policial.

-Hay que poner fin a la impunidad para los policías culpables de crímenes y que sean sancionados de modo ejemplar, a la altura del delito cometido. Los policías racistas, y más generalmente los que no respetan la deontología y el Código de Conducta de la profesión, deben ser excluidos del cuerpo de las fuerzas del orden.

-Los casos de violencia policial deben ser sistemáticamente retirados de las salas de audiencia locales para garantizar la serenidad de los debates – reivindicación del Sindicado de Magistratura – habida cuenta de los estrechos vínculos existentes entre la fiscalía y las fuerzas del orden.

-Una comisión “Verdad y Justicia”, compuesta por miembros independientes, debe crearse para analizar todos los casos de violencia policial y dar una respuesta a las víctimas y sus familias.

-Se debe reformar la Inspección General de la Policía Nacional, que ha perdido toda credibilidad debido a la debilidad de las raras sanciones pronunciadas contra agentes responsables de delitos y crímenes, y componerse de personas independientes, no vinculadas a las fuerzas del orden.

-Los policías y gendarmes deben estar equipados con cámaras peatonales, lo que ofrecerá garantías tanto a los agentes como al público y permitirán mejorar la calidad de los controles.

-Los policías deben emitir un recibo por cada control para reducir la discriminación.

-El Estado debe revisar su doctrina de mantenimiento del orden y sus prácticas y métodos, con un regreso a una política basada en la prevención y no la represión. Por ejemplo, la policía de proximidad, alabada por todos los agentes sociales por su eficacia y su capacidad a establecer vínculos con los jóvenes, debe restablecerse, particularmente en los barrios populares.

-Es indispensable mejorar el salario de los policías y ofrecerles mejores condiciones de trabajo para facilitar su tarea y hacer que la profesión resulte más atractiva.

-Los aspirantes a las oposiciones para convertirse en policías deben pasar por un proceso de selección más riguroso, para descartar a los que no estén hechos para el trabajo. Del mismo modo, la policía debe asegurarse de integrar en sus rangos a personas de orígenes diversos, ofreciéndoles condiciones de trabajo dignas, libres de cualquier forma de discriminación.

-El proceso de formación también debe revisarse de arriba abajo, mejorarse y prolongarse durante mucho más tiempo, tal y como reclama la profesión desde hace tiempo (pruebas psicológicas, prueba de tolerancia al estrés, respeto de los valores de la república, etc.).

-El gobierno debe dar una respuesta política, económica y social a la cuestión de la pobreza, de la exclusión social y de la discriminación, poniendo en marcha acciones positivas ambiciosas para ayudar a las persones de los barrios populares que llevan demasiado tiempo viendo cómo los poderes públicos ignoran su sufrimiento.

 

Salim Lamrani es doctor en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de Sorbonne Université y profesor titular de la Universidad de La Reunión, especialista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.

Imagen: https://www.elmundo.es

Las primeras sanciones económicas de los Estados Unidos contra Cuba

Publicado el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

“Sembrar el hambre [y] la desesperación”

Salim Lamrani

Université de La Réunion

Resumen: En julio de 1960, la Administración de Eisenhower impuso las primeras sanciones económicas contra Cuba con el objetivo de “sembrar el hambre, la desesperación y conseguir el derrocamiento del Gobierno” de Fidel Castro. Washington decidió suspender la cuota de azúcar, privando a Cuba del 80% de los ingresos procedentes de este sector, lo que tuvo como consecuencia radicalizar aún más el curso de la Revolución Cubana. En octubre de 1960, los Estados Unidos agravaron las sanciones y prohibieron todas las exportaciones hacia Cuba, con la excepción de las materias primas alimenticias y los medicamentos, cerrando así las puertas del principal mercado de la isla.

Introducción

En 1960, la Administración de Eisenhower decidió imponer las primeras sanciones económicas contra Cuba, motivadas en apariencia por la adopción de la Ley de Reforma Agraria de 1959 que había afectado los intereses estadounidenses. En realidad, más allá de las pérdidas materiales que se elevaban a 800 millones de dólares, que debían indemnizarse según las declaraciones fiscales hechas por las multinacionales presentes en la isla, Washington temía sobre todo que el resto de América Latina y del Tercer Mundo, confrontado a problemáticas socioeconómicas similares y que aspiraba a una emancipación mayor, siguiera la vía trazada por La Habana y reivindicara a su vez el derecho a gozar de sus recursos naturales y a decidir su propio destino.

Para evitar semejante trastorno geopolítico, la Administración de Eisenhower decidió aplicar drásticas medidas de retorsión económica para “sembrar el hambre, la desesperación y conseguir el derrocamiento del Gobierno”[1]de Fidel Castro, y mostrar así al resto del continente y del mundo el precio a pagar en caso de puesta en tela de juicio del orden establecido. La Revolución Cubana era percibida como el principal peligro para la hegemonía estadounidense en la región a la vez por su radicalidad, la proximidad geográfica de la isla con los Estados Unidos y su economía modesta, su historia de nación largamente colonizada y su condición de república sometida durante cerca de sesenta años a la influencia estadounidense. Si, a pesar de estos obstáculos objetivos, Cuba lograba llevar a cabo su proyecto destinado a disponer de una independencia mayor, el llamado creado por semejante precedente constituiría indudablemente un peligro para los intereses de los Estados Unidos. Washington estaba lúcido al respecto: “Si la Revolución Cubana es un éxito, otros países en América Latina y quizás en otra parte la tomarán como modelo”.[2]

En 1959, con las primeras menciones de la reforma agraria, la Administración de Eisenhower empezó a contemplar sanciones para frenar el proyecto de distribución de la tierra a los campesinos. Cuando se adoptó, a pesar de las presiones que ejercían los Estados Unidos, el Departamento de Estado, en colaboración con otros servicios, decidió elaborar un proyecto de sanciones económicas que apuntaban a la primera fuente de ingresos de la isla, el azúcar, con el objetivo declarado de derrocar al Gobierno del Primer Ministro Fidel Castro y poner fin al proceso revolucionario de transformación socioeconómica. En julio de 1960, Washington suspendió la cuota de azúcar, privando a Cuba del 80% de los ingresos procedentes de este sector, lo que tuvo como consecuencia radicalizar aún más el curso de la Revolución Cubana. En octubre de 1960, los Estados Unidos agravaron las sanciones y prohibieron todas las exportaciones a Cuba, con la excepción de las materias primas alimenticias y los medicamentos cuyo comercio estaba protegido por la Convención de Ginebra, cerrando así las puertas del principal mercado de la isla.

Artículo completo: https://journals.openedition.org/amerika/16670

[1]Lester D. Mallory, «Memorandum From the Deputy Assistant Secretary of State for Inter-American Affairs (Mallory) to the Assistant Secretary of State for Inter-American Affairs (Rubottom) », 6 de abril de 1960, Department of State, Central Files, 737.00/4-660. Secret. Foreign Relations of the United States, 1958-1960, p. 885-86.

[2]Owen, «Memorandum of a Conversation, Department of State», 18 de septiembre de 1959. Department of State, Central Files, 611.37/9-1959. Confidential. Foreign Relations of the United States, 1958-1960, p. 603.

¿Quién está detrás del intento de golpe de Estado contra la democracia brasileña?

Publicado el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Salim Lamrani
Université de La Réunion

El 8 de enero de 2023 varios miles de partidarios del expresidente Jair Bolsonaro irrumpieron en las tres principales instituciones democráticas de Brasil. El Congreso, el Tribunal Supremo Federal y el Palacio Presidencia en la Plaza de los Tres Poderes de la capital fueron saqueados durante varias horas en un intento de golpe de Estado. El atentado, meticulosamente planificado, provocó indignación en todo el mundo.

El 30 de octubre de 2022, en ocasión de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, los brasileños dieron su voto al candidato del Partido de los Trabajadores, Lula da Silva, con una estrecha ventaja sobre el ultraderechista Jair Bolsonaro. Con un total del 50,9%, Lula consiguió dos millones de votos más que su adversario, de un total de 124 millones de votantes. Después de dos legislaturas consecutivas de éxito entre 2003 y 2010 y el 80% de opinión favorable, el antiguo líder obrero vuelve al poder para un nuevo mandato de cuatro años, hasta 2027.[1]

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El Presidente Lula debería haber vuelto al Palacio Presidencial en enero de 2019 como candidato favorito de las elecciones de 2018. Pero tras una conspiración orquestada por el fiscal Sergio Moro en el marco del caso de corrupción Lava Jatopara impedir su candidatura, Lula fue condenado arbitrariamente en 2017 a nueve años y seis meses de prisión – aumentados a 12 años en apelación – por corrupción pasiva y lavado de dinero, sin que se presentara ninguna prueba material ante el tribunal. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU condenó el juicio contra Lula afirmando que “violó su derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial, su derecho a intimidad y sus derechos políticos”.[2]Lula pasó 580 días en prisión, de abril de 2018 a noviembre de 2019, lo que permitió a Bolsonaro hacerse con el poder sin dificultad. El líder ultraderechista ni siquiera intentó guardar las apariencias y que se apresuró a dar las gracias al fiscal Moro nombrándolo Ministro de Justicia.[3] En 2019, Tribunal Supremo anuló la condena de Lula, denunciando la instrumentalización política del proceso en su contra.[4]

Bolsonaro es un líder abiertamente fascista. “Vamos directamente a la dictadura”, dijo en el pasado.[5]Nostálgico del régimen militar brasileño que marcó al país entre 1964 y 1985, enemigo de los principios democráticos, el expresidente calificó en 2019 de “héroe nacional” al coronel Carlo Alberto Ustra, condenado por actos de tortura y barbarie por la justicia brasileña. Dilma Roussef, Presidenta de Brasil de 2011 a 2016, fue torturada por los servicios de Ustra cuando era una joven militante revolucionaria opuesta a la autocracia de los generales.[6]

Tras de cuatro años de gobierno, el balance de Bolsonaro es singularmente negativo, marcado por el ultraconservatismo, el fortalecimiento del poder de la Iglesia Evangélica, el discurso de odio contra las personas de color, las mujeres, la diversidad sexual y la izquierda.[7] Su catastrófica gestión de la pandemia del Covid-19 ha convertido a Brasil en uno de los países del mundo con mayor tasa de letalidad del mundo. Sus políticas antisociales han disparado la tasa de pobreza, con 33 millones de personas que pasan hambre. Bajo su mandato, la deforestación de la Amazonia ha alcanzado niveles sin precedentes, con un aumento del 60%, destruyendo tierras indígenas y causando preocupación en la comunidad mundial. En el plano internacional sus políticas han provocado el debilitamiento de los lazos con muchos países.[8]

A pesar de la transparencia de las elecciones de 2022, Bolsonaro siempre se ha negado a reconocer la victoria de su adversario, difundiendo rumores de fraude y calentando a su electorado, que ha multiplicado las acciones violentas desde 2022, sobre todo bloqueando carreteras. Además, desde entonces, centenas de personas acampaban en frente del cuartel general del ejército en Brasilia coreando el lema “S.O.S. Fuerzas Armadas”, exigiendo explícitamente una intervención militar para romper la legalidad constitucional e impedir el acceso de Lula al poder el 1 de enero de 2023, todo ello con el acuerdo tácito de Bolsonaro.[9] Además, el presidente saliente no dudó en presionar fuertemente al Tribunal Superior Electoral para que anulara las elecciones. Pero el TSE se negó a ceder a las amenazas y validó el escrutinio, denunciando la acción de Bolsonaro y calificando sus acusaciones de “ridículas e ilícitas”, afirmando que eran “ostensiblemente conspirativas al Estado democrático de derecho”. Incluso el Ministerio de Defensa concluyó que no hubo fraude en un informe de noviembre de 2022.[10]

El 30 de diciembre de 2022, dos días antes de la ceremonia de investidura de Lula, Bolsonaro abandonó el país rumbo a Estados Unidos, negándose a cumplir con la tradición republicana de entregar la banda a su sucesor, símbolo de una transición pacífica. Era la primera vez desde el advenimiento de la democracia en 1985 que un presidente saliente se negaba a saludar al nuevo mandatario. Aquel año el general Joao Figueredo, último jefe de la junta militar, se negó a participar en la ceremonia de investidura del Presidente electo José Sarney.[11] La actitud de Bolsonaro fue incluso criticada públicamente por su vicepresidente saliente, el general Hamilton Mourao: “Líderes que deberían tranquilizar y unir a la nación en torno a un proyecto de país han permitido que su silencio o su protagonismo inoportuno y dañino creen un clima de caos y desintegración social”.[12]

El 1ro de enero de 2023, la ceremonia de investidura reunió a numerosas delegaciones oficiales de todo el mundo para presenciar la toma de posesión de Lula como Presidente de la República, lo que ilustró el apoyo internacional al nuevo poder. Cientos de miles de brasileños viajaron a la capital para dar la bienvenida al advenimiento de una era diferente para Brasil, marcado por cuatro años difíciles. Para simbolizar la nueva etapa para el pueblo brasileño, especialmente para las categorías más indigentes, Lula eligió a una mujer de 33 años recolectora de basura, Aline Sousa, para entregarle la banda presidencial.[13]

En su discurso de investidura, Lula recordó la larga y difícil batalla jalonada de obstáculos que lo llevó a la victoria, denunciando el uso de fondos públicos con fines electorales por parte de su adversario. Presentó un requisitorio contra el gobierno saliente por “destruir las políticas públicas que promovían la ciudadanía, los derechos esenciales, la sanidad y la educación”. Prometió a los brasileños una “vida digna, sin hambre, con un acceso al empleo, la sanidad y la educación”.[14]

Una semana después, el 8 de enero de 2023, miles de activistas de extrema derecha se reunieron en la capital, Brasilia, en lo que fue claramente una operación cuidadosamente planificada. Lanzaron un asalto de varias horas contra las tres principales instituciones democráticas del país, el Congreso, el Palacio Presidencial y el Tribunal Supremo, tres joyas de la Plaza de los Tres Poderes, edificadas por el arquitecto Oscar Niemeyer, saqueando los locales y destruyendo obras de arte de un valor incalculable, con el objetivo de quebrantar la legalidad constitucional. Dos años casi exactos después del ataque al Capitolio en Washington por parte de los partidarios de Donald Trump que se negaban a reconocer el resultado de las elecciones, Brasil vivió el mismo dramático episodio. La comunidad internacional condenó unánimemente el atentado contra el Estado de derecho.[15]

El Presidente Lula firmó un decreto que delega la seguridad de la capital en las autoridades federales hasta finales de enero de 2023.[16]Hasta 1.200 personas han sido detenidas y el Tribunal Supremo ha ordenado el desmantelamiento de los campamentos de los golpistas en un plazo de 24 horas.[17]

Las responsabilidades

A pesar de sus negativas, el principal autor intelectual de este intento de golpe de Estado es el mismo presidente saliente.[18] De hecho, Bolsonaro ha cuestionado repetidamente los resultados electorales unánimemente reconocidos, avivando las llamas del resentimiento de sus partidarios y galvanizando a los sectores más radicales tentados por la ilegalidad. Como señala el New York Times, el asalto fue “la violenta culminación de los incesantes ataques retóricos del Sr. Bolsonaro contra el sistema electoral del país”.[19]Por su parte, CNN subrayó que “Bolsonaro ha puesto constantemente en duda la legitimidad de la votación, sin presentar ninguna prueba”.[20]El ex jefe de Estado abrió así la vía a una acción violenta sin precedentes en la historia del Brasil democrático. A través de su abogado, persistió en calificar los acontecimientos de “movimiento social espontaneo dirigido por la población”. El Tribunal Supremo anunció la apertura de una investigación contra él. Según la prensa estadounidense, “no hay duda de que inspiró a las aproximadamente 5 000 personas presentes en la manifestación que se volvió violenta”.[21]Además de la responsabilidad de Bolsonaro, también está la de los grupos que prestaron apoyo material y financiero para la organización de tal operación.

Los servicios de inteligencia tenían sin duda toda la información necesaria sobre los proyectos violentos de los militantes bolsonaristas. Por ejemplo, numerosos mensajes que circulaban por Telegramy WhatsApp llamaban a “atacar infraestructuras estratégicas, como refinerías de petróleo y a levantar barricadas”. No cabe duda de que los grupos de manifestantes estaban infiltrados por agentes de los servicios de inteligencia, como ocurre en cualquier país del mundo. Así, según una nota de la policía militar de Brasilia, no menos de 100 autobuses con más de 4.000 personas llegaron a la capital entre el viernes 6 de enero y el domingo 8 de enero de 2023.[22]No obstante, no se tomaron medidas para detener a los organizadores e impedir la agresión.

Además, la responsabilidad del ejército está claramente comprometida, ya que aceptó la presencia del bando golpista, que pedía la ruptura del orden constitucional, durante más de diez semanas en una zona de seguridad nacional. Además, el día de los disturbios, el batallón de la guardia presidencial estacionado permanentemente en el Palacio del Jefe del Estado no consideró oportuno intervenir para impedir la invasión. Estos soldados “incluso impidieron, en varias ocasiones, que la policía detuviera a los alborotadores”, según Le Monde.[23]

Del mismo modo, no cabe duda de la responsabilidad de las fuerzas de seguridad que debían proteger la capital. El contingente de policías presentes en Brasilia era mucho menor que el necesario para custodiar las diferentes instituciones de la democracia brasileña. El riesgo de incidentes era muy alto dada la presencia masiva y beligerante de los extremistas de Bolsonaro. El 6 de enero se había celebrado una reunión entre Flavio Dino, nuevo ministro de Justicia, y las autoridades locales, entre ellas el gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, y el jefe de la seguridad de Brasilia, Anderson Torres, y se había llegado a un acuerdo sobre el número de agentes que se desplegarían para proteger las instituciones en previsión de la manifestación del domingo. Ahora bien, contra todo pronóstico, el contingente presente fue mucho menor de lo acordado. El Ministro Dino denunció un cambio de ultima hora, sin explicación alguna por parte de las autoridades de Brasilia.[24]Así, mientras la explanada debía estar cerrada a los manifestantes, el gobernador Rocha decidió en el último momento abrirla. El Ministro de Justicia sólo se enteró por la prensa.[25]En lugar de cumplir su misión de proteger la zona, la policía se distinguió por su inacción e incluso complicidad con los golpistas. El New York Times expresó su asombro: “Han circulado por Internet vídeos en los que se ve cómo los agentes presentes parecen escoltar a los manifestantes hacia los edificios federales y se detienen para hacerse selfies con ellos”.[26]El Presidente Lula denunció “la connivencia explícita de la policía con los manifestantes”. La justicia brasileña ya ha empezado a actuar arrestando al responsable de la seguridad de la capital.[27]

Inicialmente, el Tribunal Supremo suspendió por 90 días al gobernador Torres de Brasilia, firme partidario de Bolsonaro y exministro de Justicia.[28]Pero la policía descubrió en su domicilio un proyecto de decreto presidencial destinado a anular la elección de Lula mediante una toma de control del Tribunal Superior Electoral por el gobierno federal, lo que provocó un escándalo sin precedentes en Brasil. El documento, sin fecha, llevaba el nombre de Bolsonaro al final con un espacio reservado para su firma. Torres, en un torpe intento de defensa, pidió que no se juzgara el documento “fuera de contexto”, reconociendo así la autoría del proyecto y la autenticidad del documento destinado a preparar un golpe de Estado. Fue detenido inmediatamente por las autoridades, a la espera de un juicio.[29]

El Código Penal francés

En cualquier democracia occidental, los acontecimientos del 8 de enero se castigarían con duras penas de prisión. Por ejemplo, según el Articulo 412-1 del Código Penal francés, “cometer uno o varios actos de violencia susceptibles de poner en peligro las instituciones de la República” está “castigado con treinta años de reclusión criminal y 450.000 euros de multa”. Además, las penas se elevan a cadena perpetua y multa de 750.000 euros si los hechos son “cometidos por una persona que ostente autoridad pública”. El artículo 412-4 impone una pena de “quince años de prisión y 225.000 euros de multa por participar en un movimiento insurreccional”. Este último última se define: “ocupar por la fuerza o mediante engaño o destruir cualquier edificio o instalación; proporcionar transporte, sustento o comunicaciones a los insurgentes; hacer que los insurgentes se reúnan por cualquier medio”.[30]

El intento de golpe de Estado que orquestaron los partidarios de Bolsonaro ilustra la verdadera cara de la extrema derecha, incapaz de respetar los principios democráticos cuando el voto popular está en su contra. En un país que aún arrastra las dolorosas cicatrices de dos décadas de dictadura militar, fracturado y polarizado por el gobierno saliente, la misión del Presidente Lula es recuperar la necesaria cohesión nacional y recordar a todos los brasileños, independientemente de su tendencia política, que la nación es de todos y que tiene el deber moral de velar por las categorías más frágiles. “Orden y Progreso”, es el lema republicano de Brasil.

[1]Agence France-Presse, « Congratulations Pour In for Brazil President-Elect Lula », 31 de octubre de 2022.

[2]United Nations Human Right Office of the Hight Commissionner, « Brazil : Criminal proceedings against former President Lula da Silva violated due process guarantees, UN Human Rights Committee finds », United Nations, 28 de abril de 2022. https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/04/brazil-criminal-proceedings-against-former-president-lula-da-silva-violated(sitio consultado el 18 de enero de 2023).

[3]Glenn Greenwald & Victor Poury, « Hidden Plot. Exclusive: Brazil’s Top Prosecutors Who Indicted Lula Schemed in Secret Messages to Prevent His Party From Winning 2018 Election », The Intercept, 9 de enero de 2019. https://theintercept.com/2019/06/09/brazil-car-wash-prosecutors-workers-party-lula/(sitio consultado el 16 de enero de 2023).

[4]Reuters, « Brazil judge orders ex-president Lula released from prison », 8 de noviembre de 2019.

[5]Jack Nicas & Carly Olson, « Who is Jair Bolsonaro », The New York Times, 8 de enero de 2023.

[6]Reuters, « Brazil’s Bolsonaro extols convicted torturer as a ‘national hero’ », 8 de agosto de 2019.

[7]Jack Nicas & Carly Olson, « Who is Jair Bolsonaro », The New York Times, 8 de enero de 2023.

[8]Heriberto Araujo, « For Lula and the World, the Tough Job of Saving the Amazon Begins », The New York Times, 31 de diciembre de 2022 ;Ecole de Politique Appliquée, « Election présidentielle au Brésil : le retour historique de Lula », Faculté de Lettres et Sciences Humaines, Université de Sherbrook, 8 de noviembre de 2022. https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMAnalyse/3324(sitio consultado el 16 de enero de 2023).

[9]Vanessa Barbara, « The ‘Trump of the Tropics’ Goes Bust », The New York Times, 9 de enero de 2023.

[10]Rob Picheta, « The violent attack on Brazil’s government was months in the making. Here’s what you need to know », CNN, 9 de enero de 2023.

[11]AFP/Le Point, « Brésil : Bolsonaro s’envole pour les Etats-Unis avant la fin de son mandat », 31 de diciembre de 2022.

[12]Jack Nicas & André Spigariol, « Lula Becomes Brazil’s President, With Bolsonaro in Florida », The New York Times, 1de enero de 2023.

[13]Jack Nicas & André Spigariol, « Lula Becomes Brazil’s President, With Bolsonaro in Florida », The New York Times, 1de enero de 2023.

[14]Lula da Silva, « Discurso de posse do presidente Lula no Congresso Nacional », 1de enero de 2023. https://lula.com.br/discurso-de-posse-lula-2023/(sitio consultado el 16 de enero de 2023).

[15]The New York Times, « Governments Condemn Brazil Protests », 8 de enero de 2023 ; Jack Nicas & André Spigariol, « Bolsonaro Supporters Lay Siege to Brazil’s Capital », The New York Times, 8 de enero de 2023.

[16]David Biller, « Authorities probe who was behind uprising in Brazil capital », Associated Press, 9 de enero de 2023.

[17]Ana Ionova & Jack Nicas, « Here’s the latest on the riot in the Brazilian capital », The New York Times, 9 de enero de 2023.

[18]Jack Nicas, « Bolsonaro has been holed up thousands of miles away in Florida », The New York Times, 8 de enero de 2023.

[19]Jack Nicas & André Spigariol, « Her’s what to know about the protest fueled by false claims of electoral fraud », The New York Times, 8 de enero de 2023.

[20]Rob Picheta, « The violent attack on Brazil’s government was months in the making. Here’s what you need to know », CNN, 9 de enero de 2023.

[21]Jack Nicas & André Spigariol, « Bolsonaro Faces Investigation for Inspiring Brazil’s Capital Riot », The New York Times, 13 de enero de 2023.

[22]Alan Yuhas, « What We Know About the Investigations Into the Brazil Protests », The New York Times, 9 de enero de 2023.

[23]Bruno Meyerfeld, « Au Brésil, les limites de la purge de Lula dans l’armée, après les émeutes du 8 janvier », Le Monde, 21 de enero de 2023.

[24]Jack Nicas, « What Drove a Mass Attack on Brazil’s Capital ? Mass Delusion », The New York Times, 9 de enero de 2023.

[25]Jack Nicas & Simon Romero, « ‘We Wille Die for Brazil’ : How a Far-Right Mob Tried to Oust Lula », The New York Times, 13 de enero de 2023.

[26]Amanda Taud, « A Vital Question for Brazil’s Democracy : Where Were the Police ? », The New York Times, 11 de enero de 2023.

[27]Tara John Rodrigo Pedroso & Kareem El Damanhoury, « Brazilian President Lula criticizes police for protesters’ breach of government buildings », CNN, 10 de enero de 2023.

[28]Reuters, « Brazil’s Top Court Removes Brasilia Governor Over pro-Bolsonaro Riots », 8 de enero de 2023.

[29]Agence France-Presse, « Election au Brésil : révelations compromettantes dans l’entourage de Bolsonaro », 13 de enero de 2023 ; Le Monde, « Au Brésil, Anderson Torres, ancien ministre de la justice de Jair Bolsonaro, a été arrêté », 14 de enero de 2023.

[30]Code pénal français, « Article 412-1 & 412-4 ». https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006136044/#LEGISCTA000006136044

(sitio consultado el 18 de enero de 2023).

 

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Imagen: Manifestaciones en Brasilia el 8 de enero de 2023. Scarlett Rocha/AGIF/Sipa USA / Legion-Media