Manuel Delgado
Plaza de las Garantías Sociales, 1 de noviembre de 2023
Hace 82 años, en un día como hoy, pero 1941, el presidente de entonces Rafael Ángel Calderón Guardia puso el ejecútese a la ley de creación de la Caja Costarricense del Seguro Social, aprobada días antes por el Congreso Constitucional de la República.
La creación de la Caja fue la primera piedra de una serie de leyes y reformas que dieron como resultado una revolución, no política ni económica, pero sí social. Costa Rica fue revolucionada en su institucionalidad con aquellas reformas.
Aunque como digo, este proceso no representó un revolución política, sí forjó la unidad de las tres fuerzas más importantes de la época: por un lado el presidente Calderón Guardia y su equipo, a los que la oligarquía tenía decidido sacar del poder por la fuerza; segundo lugar, la iglesia católica, jefeada por un pastor inteligente y sensible; y en tercer lugar el Partido Comunista, que ocupaba un espacio político respetable pero que, sobre todo, lideraba un movimiento de masas, social y sindical de enorme fuerza. Porque hay que añadir que esta revolución social no fue un golpe de palacio, es decir, no fue un acuerdo en las alturas, sino que nació producto de la lucha de los trabajadores, en sus sindicatos y en las calles.
La creación de la Caja con sus dos grandes ramas, cuidado de la salud y pensiones, puso a Costa Rica a la vanguardia mundial en materia de seguridad social. En 1952, es decir 11 años después, la Organización Internacional del Trabajo adoptó el Convenio 102, obligatorio para todos los países, que contenía garantías menores que las que ya disfrutaban los costarricenses.
La Caja nació con una filosofía que se había forjado en Alemania en los últimos años del siglo XIX y que se originaba en las experiencias mutualistas europeas anteriores. El mutualismo era que un grupo de personas, de trabajadores, hacían un ahorro común, que cubría los salarios en caso de enfermedad de los afiliados. La diferencia es que esta nueva forma de financiamiento a que me refiero exigía el aporte obligatorio del patrono y del estado. Se creaba así un fondo que era público, pero que no era estatal, que pertenecía a los asegurados. Por eso se llama “caja”, es la caja común de los que contribuyen, obreros y patronos, para proteger a los trabajadores.
Este colocho histórico es muy importante porque hay que dejar claro que el dinero de la Caja, y ahora me refiero a la Caja Costarricense del Seguro Social, su patrimonio, no es del gobierno, es de los trabajadores, y cometen abuso en la letra y el espíritu de la ley, los que quieren disponer de ellos como si fuera un dinero del Ministerio de Hacienda.
En 1942, cuando se fundó, la Caja recibía el 5,5% de los patronos, el 3,5% de los trabajadores y el 3,0% del estado. En 1947 esto había sido modificado, y las tres partes pagan un 2,5% de las planillas.
En 1971, siendo presidente Figueres Ferrer y directivo de la Caja Calderón Fournier, el aporte del estado se disminuyó de 2,5 a 0,25%. Así se mantuvo por muchos años y en los últimos tiempos han tenido una subida, conjuntamente con la subida de los aportes de los patronos y los trabajadores.
La Caja ha sido víctima de toda clase de saqueos en sus presupuestos, y este saqueo explica en parte de la crisis en hoy se encuentra. Pero esta reducción de la cuota estatal fue trágica, pues representa un faltante de 2 % mensuales por 40 años o más. Así no hay empresa que aguante.
Pero hay mucho más que eso. En buena filosofía, la Caja es financiada por los trabajadores y para ello, es decir, para los afiliados, para los asegurados. Pero en los setentas comenzó un costosísimo proceso de universalización del seguro, proceso por el cual se le pasaron a los asegurados las responsabilidades por la salud de toda la población. A ese proceso siguió otro igual, que fue el traslado de todos los hospitales a la CCSS que no estuvo acompañado con el traslado de los dineros necesarios para mantener esos hospitales. Estas dos deudas todavía se cobran, en todo o en parte, hoy.
Pero el estado sigue trasladándole a la Caja responsabilidades que no son suyas. Fue lo que sucedió con la Covid. En momentos en que se produjo una contracción de sus ingresos, la Caja tuvo que utilizar sus recursos, especialmente su personal, para atender una pandemia cuya responsabilidad debió haber sido del estado.
Queda todavía una tercera cuestión, que atañe sobre todo a los regímenes de pensión pero que afecta también a los regímenes de salud. Y es que la Caja nació en momentos en que el número de personas jóvenes, de afiliados activos, era mayor, y en momentos que las expectativas de vida eran también menores. Eran también momentos en que los servicios eran relativamente más simples y baratos.
Pero en 80 años la vida ha cambiado. Hoy los regímenes de salud y menos aún los de pensión no pueden sostenerse solo con el aporte de los trabajadores y sus patronos. Si queremos un sistema de seguridad social moderno y sostenible ya no basta con pagarle a la Caja las deudas y evitar la sustracción de sus recursos, es necesario inyectarle enormes recursos desde el fisco, es decir, desde el Estado. Pero es lo contrario de lo que ocurre en la realidad.
Este país está gastando en salud una cifra de su PIB inferior a los de El Salvador, Nicaragua, Panamá y Honduras (que van del 7,3 al 8,4%) y apenas un poquito superior a las de Guatemala y Belice.
La cifra del país (7,2) está muy lejos del promedio de la OCDE, que es del 8,8% y apenas supera el promedio de América Latina y el Caribe. Así lo hace notar el estudio “Health at a Glance: Latin America and the Caribbean 2023” de la ODCE.
Así estamos de mal y, además, peleando por cada cinco que el gobierno le niega a la Caja del dinero que no es del gobierno, sino de la Caja, es decir, de todos los asegurados.
El país que mayor porcentaje de su PIB le dedica a la salud es Cuba, con un 9,7%. Cuba es además el país que tiene más médicos por habitante, 6,7 por cada 1.000 habitantes. El promedio latinoamericano es de dos médicos. El promedio de la OEDC es de 3,5. Un informe de la BBC se pregunta de dónde saca Cuba tantos médicos. Una razón es que existe una convicción nacional en favor de la salud y de la unión entre salud y educación, es decir, la formación de médicos juega un rol fundamental en la sociedad. Ese país tiene 24 facultades de medicina y 52 escuelas de enfermería.
Costa Rica, por su parte, ocupa el quinto lugar con peor proporción de médicos y enfermeros por cada mil habitantes en la OECD. Por una parte, hay una terca oposición a abrir matrícula en las universidades, en especial con relación a los de especialistas. Pero al mismo tiempo no hay una voluntad de abrir plazas de trabajo y el sector sufre como pocos el flagelo del desempleo.
El Colegio de Odontólogos afirma que un 23% de sus profesionales no tienen trabajo. También se señalan cifras altas entre farmacéuticos y enfermeros. El Colegio de Médicos no conoce la situación de sus agremiados, pero señalan que muchos de ellos posiblemente laboran en otros campos distintos de la medicina propiamente dicha.
A esto hay que añadir una monstruosa carencia de infraestructura, con hospitales obsoletos y espacio físico insuficiente, sin salas de operación y recuperación necesarias.
Nuestra diferencia es que no tenemos esa convicción-país de apostar en serio por la salud, no la tenemos o la perdimos. Los ataques constantes a la CCSS son muestra de ello. Pero también lo son los recortes a los gastos en el rubro.
Los gastos de salud respecto al PIB descendieron en la década pasada (2010-2019) en un 0,53%. Su descenso respecto al gasto público es el más alto de América Latina: -7,6%.
Como respuesta a esto, hay un ascenso de los costos de la salud por la vía del uso de atención privada. En este rubro el país está por encima de la media de la OECD: 22,3% contra 19,9%. ¡Increíble! Los gastos de salud privada son superiores a la media de los países más desarrollados.
Según el mismo estudio, el pago de servicio privados de salud lanza a la pobreza al 1,7% de la población de manera directa, pero empuja a la pobreza a largo plazo a una cantidad mucho mayor, en el caso de nuestro país, al 10% de la población.
Hoy, en esta celebración, hay que reconocer que la lucha del pueblo ha detenido este año las arremetidas del ejecutivo, pero debemos redoblar esfuerzos no solo para salvar lo que tenemos, sino para relanzar nuestro sistema de seguridad social y apostar por una nueva revolución social, similar a la de hace 80 años.
