Aclaraciones metodológicas del Instituto de Investigaciones Sociales de la UCR
SURCOS recibió un documento del IIS que explica:
«Nuestro interés en estudiar la riqueza se relaciona directamente con una preocupación más general por la desigualdad de ingresos. Existe un cuerpo de investigaciones consolidado alrededor del mundo que demuestra que la alta desigualdad es dañina para el desarrollo general de los países, y que se vincula con muchos de los malestares en nuestras sociedades, con efectos reales en la salud, la esperanza de vida, el nivel educativo, la participación democrática e incluso con valoresbásicos como la confianza y la cohesión social (Braig et al., 2016; López-Calva y Lustig, 2010; Piketty, 2014; Wilkinson, 2002).
La concentración de poder económico en pocas manos puede conllevar también a una mayor concentración del poder político (Acemoglu y Robinson, 2006; Crabtree y Durand, 2017; Piketty, 2014). DiCarpio (2012) explica que ello ocurre, por ejemplo, a través de las decisiones que se toman en torno a la asignación de recursos, la producción y la tecnología, la información que se genera y la implementación y el diseño de las instituciones y las reglas del juego.
América Latina, Costa Rica incluida, es una de las regiones más desiguales del mundo. Del año 2002 al 2017, la desigualdad de ingresos en América Latina cambió su tendencia de crecimiento para mostrar leves reducciones (CEPAL, 2019). En cambio, para este intervalo de tiempo, Costa Rica mantuvo sus altos niveles de desigualdad (Trejos y Oviedo, 2012; CEPAL, 2019). En este contexto, estudiar la desigualdad, y buscar estrategias para reducirla, son un eje de fundamental importancia para el futuro bienestar de nuestras sociedades y democracias».
Puede descargar el documento completo desde este enlace:
El jurado considerará las capacidades comunitarias desarrolladas para la continuación de los proyectos
Por tercer año consecutivo la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) de la Universidad de Costa Rica (UCR) abrió el periodo para la recepción de postulaciones al Premio de Acción Social María Eugenia Dengo Obregón, galardón creado para destacar el trabajo realizado por el personal que cada día se empeña en el mejoramiento significativo de la calidad de vida en las comunidades costarricenses.
Desde el pasado 26 de julio y hasta el 25 de setiembre, el jurado calificador recibirá propuestas para premiar las mejores en las áreas de Salud e Ingeniería, que sobresalgan por su “compromiso ético y social, la originalidad e innovación y la trascendencia de su labor como aporte a la Acción Social dentro o fuera del país, así como la producción socioeducativa, la tecnológica y la cultural, y el efecto en cualquiera de las esferas de la sociedad”.
Al igual que convocatorias anteriores podrán ser postuladas personas que realizan Acción Social en las unidades académicas, centros e institutos de investigación. Las mismas pueden ser propuestas al jurado calificador por esas mismas instancias universitarias mediante sus Consejos Científicos, Asambleas de escuelas, estudiantes u otras organizaciones. También se permiten las postulaciones a título personal o por grupos comunitarios u organizaciones vinculadas con los proyectos propuestos.
Este premio fue creado mediante la Resolución de la Rectoría de la UCR(R-23-2018) y se designó con el nombre de la primera vicerrectora de Acción Social, María Eugenia Dengo Obregón. Ella fue nombrada en ese cargo luego de el III Congreso Universitario en 1973, en la instancia universitaria que dirigiría el vínculo universidad-sociedad. Gracias a su gestión se organizó el Trabajo Comunal Universitario.
Hasta el momento, en la VAS están inscritos 154 proyectos de las áreas de Salud e Ingeniería, que se vinculan con comunidades u organizaciones bajo diversas modalidades.
Requisitos
Para postular a una persona se debe enviar una carta al jurado calificador con una motivación sobre la misma y detallando la área en la que se desempeña. Además, debe adjuntarse una hoja de vida, un detalle de la labor realizada donde se evidencia la trascendencia de la misma, para lo cual pueden enviarse textos publicados, sistematizaciones de experiencias, material didáctico producido, fotografías, videos u otros.
Además, se requiere una semblanza de la persona candidata en la que se reseñe su trayectoria académica en Acción Social, áreas de trabajo realizadas, logros, distinciones obtenidas e información adicional que se considere para la valoración del jurado.
Una vez recibidas todas las propuestas, el jurado presidido por la Dra. Sandra Araya Umaña, actual vicerrectora de Acción Social, las evaluará de acuerdo a la transdisciplinariedad, articulación intrauniversitaria, articulación interregional, articulación interuniversitaria, coordinación interinstitucional.
También se valorará el compromiso ético y social demostrado, la originalidad e innovación metodológicas y las capacidades comunitarias desarrolladas que le darán continuidad a los proyectos.
Otros criterios serán las áreas geográficas donde se ejecutan los proyectos, su vinculación con los planes institucionales de las unidades académicas y de la UCR, así como la divulgación en actividades docentes, de investigación y de Acción Social.
Para la selección final, la votación del jurado debe ser igual o mayor a dos terceras partes de sus integrantes. En este enlace se detalla ampliamente sobre los requisitos para las postulaciones, el proceso de selección y los criterios de evaluación de propuestas.
En el año 2018 el galardón fue entregado a la docente e investigadora Helga Blanco Metzler, de la sede de Guanacaste. En el año 2019 por las áreas de Ciencias Sociales y Básicas lo recibieron Carlos Rubio Torres y Oscar Herrera Sancho, respectivamente. La convocatoria de 2021 reconocerá las áreas de Agroalimentarias y Artes y Letras.
Las propuestas solo se recibirán vía correo electrónico, a la direcciónpremioaccionsocial@ucr.ac.cr. El Premio María Eugenia Dengo Obregón incluye un incentivo económico y una obra artística conmemorativa.
Este año el Premio de Acción Social María Eugenia Dengo Obregón reconocerá la labor del personal universitario que hace contribuciones significativas en las áreas de Salud e Ingeniería. Foto ilustrativa-Archivo ODI.
Eduardo Muñoz Sequeira Periodista, Vicerrectoría de Acción Social
En el contexto actual nos encontramos sobre-expuestas (os) a noticias, información, crisis y cifras sin nombre. Leemos sobre salud física, el funcionamiento del virus, proyecciones de posibles escenarios. Obsesiones por encontrar respuestas, alimentadas por un deseo cotidiano de que todo esto acabe pronto.
La necesidad de tomar medidas de distanciamiento, la burbuja social como única seguridad, el temor a ser tocados por el otro, y las estrategias de comunicación perversas que nos dicen constantemente que nuestros seres queridos pueden morir, partiendo de que la empatía sólo se mueve si escenificamos la muerte de nuestras redes cercanas. Todo esto nos tiene en un colapso emocional, colectivo y personal que ni siquiera vimos venir.
La salud, recién ahora, empieza a tomar un matiz distinto, ya no sólo es importante alejar el virus de nuestros seres queridos, también hay que luchar todos los días por no desfallecer mentalmente ante la inminente incertidumbre y todo esto, parece que deberíamos hacerlo en soledad, pues hacerse cargo de la salud mental es un tema “individual”, “personal”, al menos esa es la idea culturalmente aprendida.
Veníamos de un tiempo donde la idea de soledad como sanación estaba tomando una fuerza avasalladora al punto de ser tergiversada y recetada como la pastilla que todo lo cura (sigue siendo así). El “autocuido” se mercantilizó lanzando el mensaje de que, para poder ser “mejores” sólo había que tener voluntad. Sabemos que la salud emocional tiene muchos ingredientes, uno de ellos es, sin duda, la responsabilidad por el cuidado de sí, pero existe un componente colectivo que es sumamente contraproducente eliminar.
La idea capitalista de la salud mental como algo privado y ligado exclusivamente a la terapia psicológica individual, profundiza la desigualdad social, en el tanto sólo un pequeño porcentaje de personas puede acceder de manera sostenida a un proceso de este tipo. Si las personas no tienen dinero para pagar y tienen seguro social, no siempre recibirán un apoyo con la temporalidad requerida, lo cual habla de la importancia de fortalecer un sistema de salud social sin el cual muchas personas ni siquiera podrían ser atendidas en situaciones de emergencia, por ejemplo, ante intentos de suicidio.
Sin embargo, además de la importancia de fortalecer el sistema de salud y aumentar el acceso a los procesos terapéuticos individuales, es necesario conectar estos procesos con la colectividad, no sólo que las personas tengan un apoyo de sus redes más cercanas, sino que se empiece a cuestionar la idea de lo emocional como algo únicamente individual. La salud mental es un tema de interés público y en ese sentido también se trata de algo político.
No sólo es necesario que el Estado intervenga, sino que se construya un concepto de salud mental comunitaria. Entendiendo que sin la comunidad (en el amplio sentido de la palabra), no es posible una sanación que se sostenga en el tiempo. Una persona puede llevar un proceso de años y lograr avances importantes, pero si no cuenta con el apoyo de sus redes, el proceso no se sostenible en el tiempo y la persona puede llegar a depender de la terapia, para poder aguantar la vida cotidiana.
El apoyo, la presencia de la comunidad, la construcción de espacios colectivos, el equilibrio entre el autocuido y el cuido mutuo, son necesarios para construir un concepto de salud mental más integral y conectado con la realidad social que vivimos.
Un ejemplo claro de cómo nos ha afectado la idea del mundo emocional como algo privado y que no corresponde al plano social es cuando le recetamos ir al psicólogo a cada persona que tiene un problema, como si los procesos terapéuticos fueran una solución inmediata, o más aún, como si nos libraran de la responsabilidad vincular. A veces se convierte en una muletilla: “vaya al psicólogo” “vaya a la psicóloga”.
Por una parte el espacio clínico-terapéutico cuenta con una serie de herramientas específicas que aportan al proceso de hacerse cargo de sí (uno de los componentes del proceso inacabable de la sanación), pero este proceso no es un reemplazo del vínculo social, comunitario y de las redes cercanas. No existe salud mental sin responsabilidad emocional-colectiva.
Para ello es necesario que fortalezcamos los espacios comunitarios (aun cuando en este momento la comunidad se viva desde lo virtual), que trabajemos la empatía por el otro (aunque esté fuera de nuestra burbuja), que aprendamos a pedir apoyo y consideremos nuestra salud mental algo tan prioritario como la salud física. Por parte del Estado, es fundamental la apertura de espacios de atención en crisis y, no menos importante, de atención sostenida en procesos psicosociales, donde se involucre a la gente.
En el momento presente se hace indispensable asumir la responsabilidad social de la escucha y el cuido colectivo y que no recaiga sobre la persona lidiar en soledad con sus emociones sino que se trabajen los vínculos recíprocos de apoyo. No es fácil, contrario a que nos plantean los mensajes de “selfcare” que ponen a la salud mental como una cuestión de voluntad y llegan incluso a culpabilizar a las personas que se sienten deprimidas. Tampoco es rápido, requiere de un proceso y (aquí sí aplica), de compromiso colectivo, sin embargo, es en contextos de crisis donde salen a la luz los vacíos que, como sociedad y como sujetos, es necesario atender.
¿Por dónde empezar? No existen recetas, pero un inicio puede ser repensarnos el concepto generalizado de salud mental. Asumir responsabilidades vinculares de escucha recíproca, apoyar en la búsqueda de profesionales en salud mental a personas que así lo requieran, empatizar con las vivencias de los otros sin necesidad de intervenir, acompañar. Limitar la sobre exposición de mensajes, imágenes, informaciones en redes sociales que promuevan la idea de la salud mental como cuestión individual y del autocuido como solución a todas las problemáticas emocionales. Pidiendo apoyo, cuando lo requieran y si solicitarlo les es posible (porque no siempre una persona que necesita apoyo lo puede pedir), estando pendientes de personas cercanas que tienen cambios temperamentales o se ausentan por periodos de tiempo prolongados, compartiendo información sobre servicios de atención en crisis como el 911, o la línea “Aquí estoy” del Colegio de Profesionales en Psicología.
La salud, más que un mandato, es un compromiso que también pasa por lo social.
Luis Felipe Arauz, exministro de Agricultura y Ganadería
Está en el tapete la discusión sobre la posible venta de la Fábrica Nacional de Licores (FANAL). Esa intención parte de la premisa equivocada de que la FANAL deja pérdidas. Todo lo contrario, la FANAL no solo no deja pérdidas, sino que ayuda a programas de apoyo al sector agropecuario, a la seguridad social, y a otros programas estatales. Para entender las consecuencias de dicha venta, es necesario conocer el aporte concreto de FANAL y la naturaleza de sus deudas.
Relación del CNP con la Fábrica Nacional de Licores (FANAL). El CNP recibe la mayor parte de su financiamiento a partir de su propia actividad. Solo en casos excepcionales ha recibido ingresos a partir del presupuesto del Gobierno Central. Una de las fuentes de financiamiento es la transferencia de fondos de la FANAL al CNP, gracias a la cual se están desarrollando diversos programas de semillas, estudios de mercado y capacitación en temas de valor agregado en particular para el sector agroalimentario, y asesoría a las Ferias del Agricultor en temas de mercadeo y manipulación de alimentos entre otros. Estas transferencias de FANAL al CNP fueron del orden de ₡3.500 millones en 2019. Las proyecciones para este 2020 son todavía mayores, pues a la mitad del año ha trasladado ya ₡2.600 millones.
Si bien el principal papel de la FANAL es proveer de recursos al CNP, también hace un aporte muy importante a la salud del país, al proveer al costo el alcohol que utiliza la Caja Costarricense de Seguro Social. El papel estratégico de FANAL como proveedor de alcohol para fines sanitarios quedó patente en la presente pandemia.
Costo de la FANAL para el Estado costarricense. La FANAL no le cuesta nada al Estado costarricense. Por el contrario, la FANAL no solo cubre sus gastos operativos, sino que aporta al fisco en impuestos alrededor de 11 mil millones de colones por año, más de lo que le generaría la venta de sus activos, cuyo valor ha sido estimado en 10 mil millones según el anterior ministro de Hacienda. Claramente, la venta de FANAL no viene a resolver los problemas fiscales, pero, con una facturación anual de 45 millones de dólares, la FANAL resulta un negocio lucrativo y, por ende, codiciado por algunas empresas, las cuales no tendrían interés alguno en el beneficio social de la fábrica. Por eso, parece que más que una necesidad de vender la FANAL, lo que hay es un interés de algún grupo empresarial por comprarla, porque el negocio es sumamente lucrativo: alguna empresa hará negocio, pero no habrá beneficios ni en lo fiscal ni en lo social.
La deuda de FANAL y por qué no se resuelve con la venta. De acuerdo con informaciones que han circulado, la FANAL adeuda 21 mil millones de colones en impuestos, incluyendo lo adeudado a Hacienda, INDER e IFAM. Las deudas tributarias de FANAL no tienen origen en que la FANAL dejara de pagar impuestos (ya dijimos que aporta al fisco 11mil millones de colones al año), sino en diferencias de cálculo sobre las bases imponibles de los impuestos que ya hoy día paga la FANAL. Es por eso por lo que estas diferencias han sido judicializadas a efectos de que sea la jurisdicción contencioso-administrativa la que dilucide la controversia entre instituciones del Estado. Mientras el Ministerio de Hacienda recientemente ha dado la razón a FANAL en cuanto a la metodología del cálculo de los impuestos, el INDER y el IFAM insisten en llevar su cálculo a la vía judicial. Sin embargo, estas diferencias se han acumulado durante aproximadamente 20 años y más de 5 gobiernos que no han logrado poner fin a la controversia tributaria entre FANAL, el INDER y el IFAM. En todo caso, se trata de una deuda de una institución estatal con otras, y su resolución no aporta nada al Estado como un todo.
Por otra parte, quien compre la FANAL debe asumir las deudas, a menos que se pretenda que se venda libre de deudas, y que el Estado las asuma (lo cual sería una tontería, si no un acto de corrupción), o que se condonen, en cuyo caso sería mejor condonarlas a la FANAL actual para que siga cumpliendo con su aporte social y fiscal como lo hace ahora.
Quien compre FANAL dispondrá de mecanismos para eludir impuestos. Uno de los compradores que más se ha mencionado está en la lista de grandes contribuyentes que reportan cero ganancias; obviamente este comprador no aportaría nada al fisco. Otro mecanismo sería exportar los licores, ya que el impuesto se aplica a lo que se venda en el territorio nacional. Estas situaciones tendrían una consecuencia fiscal negativa inmediata, pero también resultaría en un tema sanitario. Recuérdese el problema que hubo el año pasado con aguardientes importados que estaban adulterados con metanol, lo cual resultó en varias intoxicaciones. Eso no ocurrió con los productos de FANAL, los cuales, en su franja comercial de licores corrientes (aguardientes), han sido reconocidos por su pureza y calidad. También la CCSS dejaría de recibir alcohol al costo para sus fines medicinales.
Es necesario fortalecer la FANAL. En resumen, la venta de FANAL solamente dejaría pérdidas al Estado costarricense en lo económico, lo social y lo sanitario. Para que siga generando los beneficios ya descritos, es necesario que FANAL siga siendo parte del Estado costarricense. Deben explorarse formas creativas de resolver sus problemas y mejorar su gestión ante los nuevos desafíos que enfrenta el sistema agroalimentario nacional. Por ejemplo, en el corto plazo podría pensarse en mejorar su gestión para que expanda su negocio manteniendo el mercado local de aguardientes, seguir en la rentable línea de mezclados (tipo Chile Guaro) e incursionar en mercados de exportación. En el mediano plazo, la FANAL debe volver a destilar para agregar valor a la melaza de los productores de caña de zonas aledañas (CoopeVictoria, por ejemplo) y luego a los subproductos de la destilación como las vinazas, bajo un enfoque de biorrefinería para generar energía y otros bioproductos de alto valor que contribuyan al desarrollo sostenible del país.
Terminamos diciendo que este no es un tema ideológico de defender a ultranza instituciones del Estado, como sí parece serlo el trasfondo de su pretendida venta. Es un tema práctico: poner en la balanza un excelente negocio que va en el mejor interés de Costa Rica versus un negocio privado que a casi nadie beneficia.
¡En Brasil hay un genocidio! Al momento de escribir, 16/7, Covid-19, que surgió aquí en febrero de este año, ya ha matado a 76,000 personas. Ya hay casi 2 millones de infectados. Para el domingo 19 de julio, alcanzaremos 80,000 muertes. Es posible que ahora, cuando leas este llamamiento dramático, ya alcances los 100 mil.
Cuando recuerdo que, en la Guerra de Vietnam, durante más de 20 años, se sacrificaron 58,000 vidas del personal militar de EE. UU., tengo el alcance de la seriedad de lo que está sucediendo en mi país. Este horror causa indignación y revuelta. Y todos sabemos que las medidas cautelares y restrictivas, adoptadas en tantos otros países, podrían haber evitado tal número de muertos.
Este genocidio no es el resultado de la indiferencia del gobierno de Bolsonaro. Es intencional. Bolsonaro está satisfecho con la muerte de otros. Cuando un diputado federal, en una entrevista televisiva en 1999, declaró: “¡Al votar no cambiarás nada en este país, nada, absolutamente nada! Desafortunadamente, solo cambiará si un día vamos a una guerra civil aquí, y hacemos el trabajo que el régimen militar no hizo: matar a unos 30 mil”.
Al votar a favor del juicio político del presidente Dilma, ofreció su voto en memoria del torturador más notorio del ejército, el coronel Brilhante Ustra.
Debido a que está tan obsesionado con la muerte, una de sus principales políticas gubernamentales es liberar el comercio de armas y municiones. Cuando se le preguntó en la puerta del palacio presidencial si no le importaban las víctimas de la pandemia, respondió: «No creo en estos números» (27/03, 92 muertes); «Todos moriremos algún día» (29/3, 136 muertes); «¿Y qué? ¿Qué quieres que haga?» (28/4, 5,017 muertes).
¿Por qué esta política necrofílica? Desde el principio, declaró que lo importante no era salvar vidas, sino la economía. De ahí su negativa a declarar un cierre, cumplir con las pautas de la OMS e importar respiradores y equipo de protección personal. La Corte Suprema tuvo que delegar esta responsabilidad a los gobernadores y alcaldes.
Bolsonaro ni siquiera respetó la autoridad de sus propios ministros de salud. Desde febrero, Brasil ha tenido dos, ambos despedidos por negarse a adoptar la misma actitud que el presidente. Ahora, al frente del ministerio, está el general Pazuello, que no entiende nada sobre el tema de la salud; trató de ocultar los datos sobre la evolución del número de víctimas del coronavirus; empleó a 38 militares en funciones clave del ministerio, sin las calificaciones requeridas; y canceló las entrevistas diarias para las cuales la población recibió orientación.
Sería exhaustivo enumerar aquí cuántas medidas para liberar recursos para ayudar a las víctimas y las familias de bajos ingresos (más de 100 millones de brasileños) nunca se han implementado.
Las razones de la intención criminal del gobierno de Bolsonaro son evidentes. Dejar morir a los ancianos para ahorrar recursos de la Seguridad Social. Dejar morir las enfermedades preexistentes para ahorrar recursos del SUS, el sistema nacional de salud. Permitir que los pobres mueran para ahorrar recursos de Bolsa Família y otros programas sociales para los 52.5 millones de brasileños que viven en la pobreza y los 13.5 millones que están en la pobreza extrema. (Datos del gobierno federal).
No satisfecho con tales medidas letales, el presidente ahora vetó, en el proyecto de ley sancionado 3/7, el tramo que requería el uso de máscaras en establecimientos comerciales, templos religiosos e instituciones educativas. También vetó la imposición de multas para quienes infringen las reglas y la obligación del gobierno de distribuir máscaras a los más pobres, principales víctimas de Covid-19, y a los prisioneros (750 mil). Sin embargo, estos vetos no anulan las leyes locales que ya establecen el uso obligatorio de una máscara.
El 7/8, Bolsonaro anuló extractos de la ley aprobada por el Senado que requería que el gobierno proporcionara agua potable y materiales de higiene y limpieza, instalaciones de internet y distribución de canastas básicas, semillas y herramientas agrícolas a las aldeas indígenas. También vetó fondos de emergencia para la salud de los indígenas, y facilitó el acceso de indígenas y quilombolas a ayuda de emergencia de 600 reales (100 euros o 120 dólares) durante tres meses. También vetó la obligación del gobierno de ofrecer más camas de hospital, ventiladores y máquinas de oxigenación de la sangre a los pueblos indígenas y quilombolas.
Los indígenas y los quilombolas han sido diezmados por la creciente devastación socioambiental, especialmente en la Amazonía.
Corra la voz sobre este crimen contra la humanidad tanto como sea posible. Las denuncias de lo que sucede en Brasil deben llegar a los medios de comunicación de su país, las redes digitales, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra y la Corte Internacional de La Haya, así como a los bancos y empresas que albergan a esos codiciados inversores por el gobierno de Bolsonaro.
Mucho antes de que lo hiciera el periódico The Economist, en las redes digitales trato al presidente como BolsoNero, mientras Roma arde, él toca la lira y anuncia cloroquina, una droga sin eficacia científica contra el nuevo coronavirus. Sin embargo, sus fabricantes son aliados políticos del presidente…
Le agradezco su amable interés en difundir esta carta. Solo la presión del exterior podrá detener el genocidio que está afectando a nuestro amado y maravilloso Brasil.
Fraternalmente, Frei Betto Frei Betto es un fraile dominicano y escritor, asesor de la FAO y los movimientos sociales.
Luis Paulino Vargas Solís Economista, Director CICDE-UNED Grupo Economía Pluralista
Tras semanas de parcial confinamiento, el gobierno de Carlos Alvarado inició un proceso así llamado de “apertura” de la economía, con la esperanza de restablecer una relativa “normalidad” que permita reanimar la actividad económica y recuperar empleos. Se comprende que esto se hace bajo un juego múltiple de presiones: en primera instancia por parte de las cámaras del gran empresariado, pero también por la severidad del derrumbe económico, la pérdida de empleos, el deterioro de la situación fiscal e, inclusive, la impaciencia misma de la gente.
Se ha intentado avanzar en la “apertura”, cuando al mismo tiempo se registra un fuerte incremento de los contagios por Covid-19. Esto plantea un gran desafío, y exige un altísimo grado de disciplina. Si el contagio se sale de control –y es lo que pareciera estarse dando– ello tendría consecuencias potencialmente catastróficas. No estoy del todo seguro si el común de las personas ha logrado interiorizar plenamente lo que esto significa. Pero lo que resulta más preocupante es el tipo de mensajes que lanzan algunos de los liderazgos empresariales, en especial la UCCAEP. Sus exabruptos, ofensivos y estridentes, transmiten un desprecio por la vida, que solo es propio de una ideología fascista. Confío, sin embargo, que, en su amplia mayoría, predomina en el empresariado costarricense, un compromiso ciudadano, de protección a la salud y de respeto a la vida, absolutamente indispensable en este momento.
Si la pandemia se desborda, los servicios hospitalarios colapsan y las muertes se disparan, la “apertura” de la economía inevitablemente se frenará. Por decisión de las autoridades o a causa del pánico que ello provocaría. No entender esto es no entender nada, y es obvio que la UCCAEP, incapaz de mirar más allá de la punta de su nariz, no lo entiende.
De ahí que sea un error hablar de establecer un “balance” entre la salud y la economía, lo cual sugiere que salud y economía están en el mismo nivel, tienen la misma importancia y pueden caminar la una a la par de la otra. Incorrecto. Incluso si se opta por “abrir” la economía, ello debe hacerse priorizando siempre la vida y la salud. De otra forma, la propia “apertura” se detendría cuando apenas empiece a caminar, y, al final, la factura que deba pagarse será mucho más cara.
Por otra parte, debemos entender que la “apertura” no tiene más que muy limitadas posibilidades, si de recuperación de la economía y los empleos se trata.
Primero, hay un ambiente de enorme incertidumbre y temor, que inevitablemente frena el consumo de las personas y los hogares, y los proyectos empresariales de inversión. O sea, lo que cabe esperar es un proceso donde, al “abrirse” la economía, la gente retome a lo sumo de forma parcial algunos de sus viejos hábitos de consumo, pero manteniéndose cauta y contenida. En el caso de las empresas ese mismo efecto se daría, pero en grado incrementado, ya que se parte de un altísimo nivel de desocupación de la capacidad instalada. Difícilmente habrá alguna empresa que, bajo tales condiciones, quiera emprender nuevos proyectos de inversión.
O sea, la reapertura tan solo dará un empujón parcial e insuficiente a la economía, y, por ello mismo, tan solo se recuperará una parte de los empleos perdidos. Por lo tanto, mucha gente que se quedó sin trabajo, no podrá recuperarlo, lo que, a su vez, mantendrá en pie poderosas fuerzas contractivas, que harán aún más limitada la recuperación de la demanda de consumo, y deprimirá aún más la disposición empresarial a generar nuevas inversiones.
Los estímulos provenientes del exterior tampoco aportarán gran cosa. La profundidad de la recesión en países ricos, mantendrá deprimidas las exportaciones al menos por el resto de este año, pero seguramente el efecto se prolongará al año venidero. El turismo, por su parte, durará mucho tiempo –posiblemente años– antes de retornar a niveles comparables a los de los tiempos pre-Covid. Hay demasiado miedo circulando en la atmósfera sicológica del mundo entero, para pensar otra cosa, ni siquiera si se adoptasen estrictas medidas sanitarias, y ni siquiera si se descubriese una vacuna eficaz, teniendo presente que aún si ésta estuviese disponible, su aplicación universal llevaría tiempo.
Y aquí es importante aclarar una idea errónea, pero muy popular, inclusive entre economistas: la de que “fondear” los bancos, para que éstos tengan recursos y coloquen créditos, es una herramienta eficaz para dinamizar la economía[i]. La cuestión más bien funciona a la inversa. La economía no se reactiva porque se reactive el crédito; por el contrario, el crédito se reactiva en respuesta a la reactivación de la economía. Una vez la economía gana tracción, el crédito funcionará como lubricante que lo facilite y, eventualmente, contribuya a darle impulso. Pero el crédito no puede gatillar el proceso y ponerlo en marcha. Lo cierto es que no hay colocación de créditos, si no hay demanda de crédito. Y para que esta demanda exista, es necesario que la economía camine.
Ello asimismo demarca los límites de los estímulos monetarios que, vía tasas de interés, puedan ser aportados por el Banco Central. Existe, por un lado, el problema –entretención habitual en las conversaciones entre economistas costarricenses– acerca de la exasperante lentitud con que las tasas de interés en el sistema bancario, responden a las bajas acordadas por el Banco Central en su “tasa de política monetaria”. La razón de lo cual, según creo, hay que buscarla en el característico conservadurismo del propio Banco Central, el cual pareciera creer que basta con anunciar la baja, y por su linda cara los bancos le seguirán obedientes y sumisos. Lo cierto es que si no actúa con un mínimo de agresividad las tasas no bajarán. Y eso es lo que usualmente ocurre: las tasas no bajan. Se necesitaría mayor activismo, algo impensable en nuestro artrítico Banco Central.
Pero esa es una parte de la historia y, en las circunstancias actuales, la menos importante. Porque inclusive si las tasas de interés tuviesen una baja muy significativa, las fuerzas contractivas que mantienen frenados los planes de inversión de las empresas y los planes de consumo de las personas y las familias, seguirán en pie. Por un lado, la enorme capacidad productiva instalada de las empresas, que permanece ociosa. Por otro, la situación de amplísimo desempleo. Y súmele el congelamiento de las exportaciones y el turismo. Y, encima de tales factores objetivos, el ambiente sicológico de terrible incertidumbre y temor. Simplemente el crédito no se reactivaría, ni siquiera si las tasas de interés se aproximasen a cero.
Por su parte, el “libre mercado” carece de mecanismos que permitan desatascar esta maquinaria averiada. En el contexto de oscuridad que la incertidumbre reinante impone, esos mecanismos quedan paralizados. O, si acaso, solo podrían lograrlo después de un largo período y un cúmulo incalculable de sufrimiento humano, cuando, al fin, las empresas empiecen a hacer inversiones para sustituir capital destruido o depreciado, y/o las exportaciones de fuera de zona franca, empiecen a tener una reanimación significativa. Pero el lapso que tendría que transcurrir para ello, podría ser intolerable para la sociedad.
Estamos entrando a una fase donde se hace necesario recuperar, siquiera parcialmente y mínimo por algún tiempo, la noción cepalina de «desarrollo hacia adentro». No por razones ideológicas, sino por imperativo de la realidad. O sea: la economía costarricense tiene que reencontrarse con el mercado interno, y volver a priorizar objetivos de justicia social y mayor igualdad.
Teniendo eso claro y ante el contexto actual, el único agente económico que podría proporcionar el empujón que saque a la economía de ese sopor patológico y rompa la parálisis, es el sector público, y tendría que ser por medio de un amplio programa de inversión pública, planificado para que incorpore un componente de fácil ejecución en el corto plazo, capaz de generar muchos empleos y densos encadenamientos con actividades productivas nacionales. A mediano y largo plazo ese programa debería enfatizar las energías limpias, las tecnologías verdes, la modernización del transporte público, la fibra óptica, los acueductos y sistemas de alcantarillado y tratamientos de aguas residuales, la infraestructura educativa y sanitaria, los espacios públicos, el desarrollo de la ciencia y la tecnología y el acceso a la vivienda para toda la población.
Por ello mismo, resulta un desatino las propuestas de austeridad fiscal, que tan solo vendrían a reforzar las fuerzas contractivas que actualmente están en operación. Lo cierto es que la única forma saludable de volver manejables el déficit y la deuda pública, es a través de la dinamización de la economía.
Y siendo verdad que enfrentamos una severa restricción fiscal, por ello mismo se hace indispensable buscar formas alternativas e innovadoras de financiar ese programa de inversión, de forma que el déficit fiscal mismo no se vea incrementado. Entre las cosas rescatables en el programa de reactivación de la economía que el gobierno de Carlos Alvarado presentó el 4 de mayo pasado, había algunas ideas en este sentido. Los números ofrecidos eran interesantes, pero el planteamiento resultaba vago e impreciso, y lo sigue siendo hasta el día de hoy.
Se trata de poner a caminar la maquinaria económica, en la comprensión de que, una vez puesta en movimiento, el proceso de recuperación se alimentará a sí mismo. Será entonces cuando entre en juego el crédito, cuya demanda se verá incrementada una vez la economía agarre vuelo.
Ya para entonces los bancos volverán a funcionar como normalmente lo hacen: creando dinero prácticamente “del aire” para conceder crédito y, así, crear sus propios depósitos.
[i] Esta es una idea que, por ejemplo, desarrolla con amplitud el muy respetado colega, don William Hayden, en un artículo en el medio digital La Revista (4 de julio de 2020): “Las alternativas económicas de nuestro país en el marco del covid-19”.
En este video Rebeca Gu-Navarro y Mauricio Castro-Méndez explican la situación de vulnerabilidad de las personas relacionadas con los monocultivos en la Zona Norte y Caribe. Le invitamos también a leer el pronunciamiento.
Pronunciamiento sobre la situación de vulnerabilidad de las personas relacionadas con los monocultivos en la Zona Norte y Caribe
Las personas y agrupaciones abajo firmantes, todas integrantes de organizaciones sociales y comunidades, así como de proyectos y otras instancias tanto de la Universidad de Costa Rica como de la Universidad Estatal a Distancia y otras Universidades Públicas, comprometidas con el bien común y el bienestar social, hacemos pública nuestra preocupación frente a la situación de emergencia que se vive en las zonas Norte y Caribe de Costa Rica en relación con los contagios de COVID-19.
En las últimas semanas se ha identificado un aumento de casos positivos de Covid-19 en las regiones Norte y Caribe, generando lo que las autoridades denominan una segunda ola de contagios a nivel nacional. Una parte significativa de las personas afectadas por este incremento del contagio trabaja en fincas y plantas empacadoras de productos para la exportación, especialmente la piña, seguida de la yuca y la naranja. Aunque es un hecho que existe un flujo de personas migrantes y transfronterizas en estas zonas relacionado con estas actividades agroindustriales, también es cierto que hay un importante número de personas trabajadoras nacionales que están siendo afectadas.
A pesar de los señalamientos xenofóbicos de muchos sectores, queremos hacer eco en que las personas migrantes no son responsables directas de esta situación. Gran parte de las actividades agrícolas de este país dependen de la mano de obra migrante, y así ha sido durante las últimas décadas. Las empresas se han beneficiado de esta situación al dar precarias condiciones laborales y bajos salarios, muchas veces contraviniendo las normas establecidas. Esto se agrava cuando se trata de personas sin documentos, las cuales entran en situaciones de exclusión y vulnerabilidad más acentuadas. Ignorando esta realidad, sectores empresariales, políticos y medios masivos de información han contribuido a la construcción de discursos de odio y xenofobia que culpabilizan a las personas que están en el último eslabón de la cadena productiva y de las responsabilidades, dada su condición de vulnerabilidad. Estas personas son las más explotadas y aceptan las condiciones precarias que se les dan por motivos de supervivencia.
Frente a la coyuntura de la pandemia y este acelerado aumento de casos de contagio, queremos señalar que el aumento de contagios está directamente relacionado con las condiciones laborales de las personas afectadas dentro de las propias plantaciones o empacadoras, ya que muchas de estas empresas están incumpliendo las disposiciones del Ministerio de Salud y ni siquiera están otorgando los implementos necesarios para la protección personal durante las labores. La vulnerabilidad laboral derivada de la negligencia de las empresas se agrava debido a que las personas viven en condiciones de pobreza, de manera que el sustento diario depende del trabajo que realicen, por lo que no pueden exigir el cumplimiento de las medidas ni ausentarse de sus lugares de trabajo sin arriesgarse a ser sancionadas, o incluso despedidas.
Si advertimos el conjunto de transformaciones estructurales e institucionales con impacto en el agro costarricense promovidas por las autoridades nacionales en las últimas tres décadas, es posible afirmar que el Estado ha tenido una presencia medular en el auge piñero y bananero. Estas empresas reciben un trato diferenciado por parte del gobierno, pues no sólo violentan derechos, generan daños socioambientales y profundizan la pobreza, sino que además, muchas de ellas no pagan impuestos para contribuir con las necesidades del país ni asumen el pago de las cuotas para la seguridad social.
Lo mismo pasa con sus socios en la cadena de valor (proveedores de insumos, contratistas, subcontratistas transportistas, entre otros), quienes sub-contratan trabajadores a veces en condiciones precarias, mal pagados, sin ningún tipo de garantía social, para brindar servicios baratos a las empresas, quienes, sin reparo ético o legal, los acogen para ahorrar costos de producción, a pesar de la clara violación de derechos que comportan estas prácticas. Estas situaciones no pueden seguir siendo toleradas, ni mucho menos seguir atacando a las personas que están siendo directamente afectadas por prácticas que se aprovechan de sus condiciones de pobreza y necesidad, que les obligan a arriesgar su bienestar y el de sus familias.
Llamado a las acciones
En consideración del contexto y las situaciones antes expuestas, a modo de llamado urgente y vehemente a la población general, a las autoridades gubernamentales pertinentes y a las instituciones respectivas, urgimos y exigimos atender las siguientes demandas:
Que se proceda a implementar, en lo inmediato, las acciones necesarias para asegurar el acatamiento de las normas laborales en las empresas vinculadas a la actividad agroexportadora, con el fin de asegurar el respeto y cumplimiento de todos los derechos humanos y laborales.
Que se exija el cumplimiento de las leyes laborales en todos sus alcances y que se proceda, como corresponde en cualquier momento, pero en especial en esta coyuntura, a sancionar de manera significativa a cualquier empresa que no cumpla con las normas sanitarias en general, y en especial las establecidas en el contexto de la crisis del coronavirus.
Que, en el caso particular de las empresas o personas individuales que se identifiquen como potenciales responsables de acciones de encierro, sometimiento, reclusión obligada u ocultamiento de actividades laborales ilegales y violatorias de los derechos humanos fundamentales, o cualquier otra acción similar a la trata de personas con fines de explotación laboral o relaciones de semi-esclavitud, se proceda, tal y como corresponde, con la aplicación de todo el peso de la ley en el ámbito penal.
Que se proceda, en lo inmediato, a eliminar el decreto 41908-MGP-MTSS-MAG, el cual amplía la prórroga de suspensión de la multa a las empresas que incumplan la Ley de Migración en cuanto a la obligación de regularizar a las personas trabajadoras que no cuenten con permisos para laborar, dado que este es un portillo para el incumplimiento de todas las demás normas laborales y el sostenimiento de las condiciones de precariedad laboral. El Decreto ejecutivo N°36769-G, Reglamento de Control Migratorio, estableció sanciones para las contrataciones irregulares después de un período de ajuste que ha sido prorrogado reiteradamente por las administraciones Chinchilla Miranda, Solís Rivera y Alvarado Quesada, por lo que este mecanismo no ha llegado a entrar en vigencia.
Que se apruebe, de la manera más inmediata posible, el expediente legislativo 21.706, que lleva años en la corriente legislativa frenado por el sector empresarial, y en el que se autoriza a las autoridades de la Inspección de Trabajo a establecer sanciones directamente, sin tener que recurrir a largos procesos judiciales, cuando identifique que se ha violado la ley laboral.
Que se establezcan procedimientos efectivos y funcionales de seguimiento para asegurar el cumplimiento de estas normas por parte de las personas o actores sociales involucrados en toda la cadena de producción, pero con especial énfasis en las empresas responsables de estas actividades productivas.
Que se asegure la aplicación de un protocolo que garantice la seguridad en la salud de las personas trabajadoras. Los sindicatos que trabajan por los derechos laborales en estas empresas ya han elaborado propuestas al respecto, las cuales deben servir, al menos, como base para este protocolo. Es necesario que se discuta, con participación de los sindicatos de plantaciones, organizaciones de protección a migrantes, la Defensoría de los Habitantes, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Organización Internacional del Trabajo, representantes de diversas fracciones legislativas y los empleadores de plantaciones, entre otros, sobre la necesaria regulación de las cadenas de valor, para que se evite la utilización de contratistas y subcontratistas, como mecanismo para eludir y evadir los derechos laborales y a la seguridad social. Para tal efecto es necesario establecer mecanismos que responsabilicen a toda la cadena de valor, como los que ya se han aprobado en otros países y vienen siendo impulsados por la OIT.
Que todas las autoridades y actores implicados en actividades informativas, y muy en especial los medios masivos, en virtud de la enorme responsabilidad que implica el impacto social de su actividad, hagan un manejo respetuoso de la ética y de las exigencias de imparcialidad propios del ejercicio profesional responsable, coherente con el contexto histórico, social y económico de las zonas en las que se suscitan los hechos informativos, y que eviten sesgos basados en intereses particulares o en discursos que promueven el odio en vez de la solidaridad y el respeto a la persona humana.
En una coyuntura tan sensible como la presente, hacemos un llamado vehemente a las autoridades del gobierno y al personal de instituciones públicas, al sector empresarial, a los medios de información y a la población en general para que, en todo momento, las decisiones y acciones que se tomen y las informaciones que se emitan estén orientadas por la consideración y el respeto de los Derechos Humanos de todas las personas, independientemente de su condición social, origen o nacionalidad.
Costa Rica, 1 de julio de 2020
SUSCRIBIMOS
Organizaciones e instituciones
Consejo de Programas Institucionales de Acción Social, UCR Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica. Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, Universidad Estatal a Distancia. Dylanna Rodríguez, TC-590 Fortalecimiento de procesos de articulación con actores sociales y comunitarios en torno a conflictos socio ambientales específicos del territorio nacional, UCR. Lilliana Monge, TC-743 «Agua, lucha y justicia ambiental en el Caribe Norte», Escuela de Trabajo Social, UCR. Rebeca Gu Navarro, TCU-666 Dialogando el presente: recuperando la memoria de organizaciones políticas subalternas, Escuela de Ciencias políticas, UCR. Marvin Amador Guzmán, proyecto «TC-635 – Comunicación y Cambio para el Buen Vivir», Escuela de Comunicación, UCR Mauricio Castro Méndez, “TCU-681: Cumplimiento de los derechos laborales en plantaciones y afines. Alcances de la reforma procesal laboral frente a las necesidades del colectivo laboral”, y Pry01-597-2020-Relaciones laborales en Costa Rica: representación colectiva, organización del trabajo y cadenas de valor» Valeria Montoya, EC-495: Trabajo asalariado en piñeras de la zona norte: acercamiento desde la cotidianidad de las comunidades de Medio Queso, Santa Fe en Los Chiles y La Guaria de Pocosol, del Programa Kioscos Socioambientales, UCR. Freddy Arias, TC-661. Prevención de intoxicaciones en comunidades costarricenses. Freddy Arias Mora. Facultad de Farmacia, UCR. Programa de Economía Social Solidaria de la Universidad de Costa Rica. Proyecto ED-3391: Acompañamiento al desarrollo de prácticas de Economía Social Solidaria, Seguridad Alimentaria y Nutricional y Agricultura Familiar en comunidades de Upala de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica. Proyecto TCU 607 de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica. Alternativa UCR Asociación Cultural Abriendo el Surco CENDEROS CEP Alforja Circulo Bolivariano Yamileth López Clínica de Migración, refugio y protección internacional, UCR (Melissa Salas Brenes) COECOceiba Amigos de la Tierra Costa Rica Consejo de Educación Popular y el Caribe (CEAAL)- Colectivo Costa Rica CR SOLIDARIA Directorio de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR) Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (FENTRAGH) Fundación Laberinto Fundación Pedagógica Nuestramerica Hablemos de Derechos Humanos Handmaids Costa Rica Iniciativa Universitaria por Nicaragua Justicia Paz e Integridad de la Creación JPIC, Claretianos Costa Rica La Cadejos, Comunicación Feminista Programa Institucional para la Persona Adulta y Adulta Mayor de la Universidad de Costa Rica Pry01-65-2021 – Programa permanente de Desarrollo Académico del Programa de Posgrado en Comunicación, Universidad de Costa Rica Red de Coordinación en Biodiversidad Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP) Sindicato de Trabajadores del Sector Privado Sindicato Industrial de Trabajadores de la Palma Africana y Afines SITRAPA Sindicato Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (SINATRAA) Sindicato pro-Trabajadores del Consejo Nacional de Producción y FANAL SIPROCNP
Personas
Adilia Eva Solís, ED 3364 UCR Adrián Jaén España, sociólogo, docente universitario y militante del Partido Revolucionario de las y los Trabajadores Adriano Corrales Arias, Escritor y profesor del Instituto Tecnológico de Costa Rica Alberto Cortés Ramos, Catedrático, escuela de Geografía y de Ciencias Políticas, UCR Alejandra Porras Rozas, Socióloga, ecologista. Alfonso Chacón Mata, Presidente Asocasdeh Allan Chavarría Chang, Extensionista de la UNED Álvaro Fernández González, Profesor universitario jubilado Ana Carcedo, Presidenta de CEFEMINA Ana Cecilia Escalante Herrera, Profesora Emérita – Escuela de Sociología, Universidad de Costa Rica Ana Elena Obando M., Abogada feminista, Derechos Humanos, Concertación Interamericana por los Derechos Humanos de las Mujeres Andrea Cuenca Botey, Psicóloga Camila Ordóñez Laclé, Integrante Mujeres en Acción, investigadora CIEM UCR Carmen Caamaño Morúa, Universidad de Costa Rica Carmen Carro Barrantes, Ciudadana feminista y socióloga Carolina Sánchez Hernández, Escuela de Sociología, Universidad Nacional Ciska Raventos Vorst, socióloga, profesora jubilada UCR, activista Cynthia Ramírez Alvarado Dania Obando Castillo, Secretaria general del Sindicato Industrial de Trabajadores de la Palma Africana y Afines Danilo Saravia, exiliado político, activista social y ambientalista David Alfaro Mata, Miembro de Siprocnp Debbie Salas Ramírez, Docente educación especial MEP Diana Campos Ortiz, Activista e investigadora social Didier Alexander Leitón Valverde, Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP) Elvis Alberto Cornejo Venegas, Educador, investigador y extensionista Esteban Calvo Rodríguez, Abogado con especialidad en Derecho del Trabajo Eugenia Boza Oviedo, ED-3441 Espacios para la promoción, defensa y exigibilidad de derechos en Upala. y ED-3461 Migraciones y derechos humanos, construcciones conjuntas. Universidad de Costa Rica. Eva Carazo Vargas, investigadora y activista ecofeminista. Fabiola Bernal Acevedo, Fundación Pedagógica Nuestramerica Federico Picado Gómez, Ingeniero Civil Gerardo Hernández Naranjo, Docente UCR Gerardo Mora Burgos, Universidad de Costa Rica Grettel Gamboa Fallas, Antropóloga social. Defensa Derechos Humanos. Guadalupe Urbina, Artista costarricense, gestión Gustavo Gatica López , Investigador, Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE), UNED, miembro del Colectivo Bienestar y Migraciones Héctor Ferlini-Salazar, director SURCOS Digital, coordinador proyecto EC-527 Aportes Comunitarios para la Construcción de la Democracia Participativa, Sede del Pacífico, UCR. Henry Picado Cerdas, Red de Coordinación En Biodiversidad Irene Barrantes Jiménez, Especialista en género y artista plástica Isabel Ducca D., Alianza por una Vida Digna Jenyel Conteras Guzmán, Investigadora, evaluadora y docente universitaria Jorge Zeledón Pérez, Director Programa de Posgrado en Comunicación, UCR José Antonio Mora, coordinador del proyecto ED-3526 “Educación Popular y Geografía: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica”, docente del Programa Kioscos Sociambientales, docente de Geografía en Sede de Occidente José Luis Arce Sanabria, Escuela de Ciencias de la Comunicación UCR José Manuel Arroyo Gutiérrez, Profesor universitario José María Gutiérrez Gutiérrez, Profesor Emérito, Universidad de Costa Rica Josué Arévalo Villalobos, Docente, coordinador del TCU-732 de la Escuela de Psicología e investigador del Instituto de Investigación en Educación de la Universidad de Costa Rica Juan Carlos Cruz Barrientos, Comunicador social jubilado, miembro de la Iniciativa Universitaria por Nicaragua Juan Manuel Muñoz Portillo, Profesor, Escuela de Ciencias Políticas, UCR Juliana Martínez Franzoni, Investigadora, Universidad de Costa Rica Karen Carvajal Loaiza, Asesora sindical y Docente UCR Kattia Isabel Castro Flores, Docente de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la UNA Krissia Rodríguez Muñoz Larissa Arroyo Navarrete, Abogada especialista en Derechos Humanos Laura Arias Cabrera, Docente y activista Laura Rivera Alfaro, Investigadora y consultora independiente, docente UCR Leonardo Vargas Ramírez, Ciudadano Libre y pensante Licda Ileana Vega Montero , Asesora Legal APSE Ligia Solís Solís, ANEP Lorenzo Cambronero Méndez, Asociación Cultural Abriendo el Surco Lucía Rescia, Psicóloga Luis Andrés Sanabria Zaniboni, Proyecto EC-518 Observatorio de Bienes Comunes: Agua y Tierra Maikol Hernández Arias, Secretaría general de la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (FENTRAGH) Maikol Hernández Arias, Secretaría general de la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (FENTRAGH). Manuel Rodríguez, Secretario General SITRAPEQUIA Marcos Guevara Berger, Escuela de Antropología, UCR María José Chaves Groh, Socióloga, feminista, docente e investigadora María José Masís Méndez, Docente de la Universidad de Costa Rica María Laura Sánchez Rojas, Sindicalista y socióloga Mariano Sáenz Vega, Investigador del Centro de investigaciones Antropológicas ( CIAN ) Marielos Aguilar Hernández, Profesora jubilada UCR Marta Rojas Porras, Catedrática UCR jubilada Mauricio Álvarez Mora, EC-496: Programa de Radio Voces y Política Miguel Ángel Zúñiga Chávez, dirigente sindical en el Sindicato Pro-Trabajadores del Consejo Nacional Producción y FANAL (SIPROCNP), Central Social Juanito Mora Porras – ANEP (CSJMP-ANEP), Colectivo Sindical Patria Justa (PJ) y parte del Encuentro Social Multisectorial (ESM) Miguel Regueyra Edelman, docente de la Universidad de Costa Rica Millaray Villalobos Rojas, Antropóloga Milton Ariel Brenes, Programa PRIDENA Nilson Oviedo Valerio, Cooperativa Sulá Batsú. Óscar Jara, Educador Popular y sociólogo Osvaldo Durán-Castro, Sociólogo. Prof. ITCR. Percy Marín Méndez, Presidente SIPROCNP Priscilla Echeverría Alvarado, Universidad de Costa Rica Roberto Zeledón Arias, Asesor Legislativo ANEP Rotsay Rosales-Valladares, Catedrático e investigador UCR Roxana Hidalgo Xirinachs, Investigadora y profesora catedrática, Universidad de Costa Rica, psicoanalista y feminista Santiago Ramírez Jiménez, Asesor Sindical (ANEP) Sebastián Fournier Artavia, Presidente, Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa (RedMICA) Seidy Salas Víquez, Comunicadora social. Sergio Salazar Araya, Proyecto ED 3461 Migraciones y Derechos Humanos: construcciones conjuntas, Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica Shi Alarcón-Zamora, Socióloga Feminista Silvia Rodríguez Cervantes, Ecologista, miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad y la Alianza Biodiversidad Soledad Hernández Carrillo, TC-723 «Migra-acciones acompañando a población migrante y refugiada más allá de las fronteras”. Escuela de Psicología, UCR. Tania Rodríguez Echavarría, Docente Universidad de Costa Rica Teodoro Willink Castro, Programa Institucional Osa-Golfo Dulce, UCR Valeria Rodríguez Quesada, Representante estudiantil en el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica Vilma Leandro Zúñiga, Universidad de Costa Rica Yasy Morales Chacón, docente universitaria y activista en temas de Economía Social Solidaria. Zuiri Méndez, ED-3437 Campamento Audiovisual de Mujeres y Territorios del Programa Kioscos Socioambientales, Facultad de Ciencias Sociales, UCR.
Dramáticas condiciones de trabajo y salud en monocultivos Con Frank Ulloa
La noticia del cierre por graves incumplimientos de 92 empresas agroindustriales (fincas y empacadoras) en los cantones fronterizos con Nicaragua, sumado a 57 órdenes sanitarias y decenas de sanciones por violar el código laboral, está causando un enorme revuelo en Costa Rica(1). Frank Ulloa, asesor de la Rel UITA, conversó sobre esta situación.
Giorgio Trucchi
La confusión que se ha apoderado de las autoridades costarricenses en esta última semana testimonia el estado de abandono en el que se encuentran estas zonas.
Mientras la vicepresidenta del país asegura que “el 80 por ciento de empresas visitadas cumple con protocolos sanitarios”, el ministro de seguridad anuncia que 92 empresas (62 por ciento) fueron clausuradas y el ministerio de salud habla de 22 empresas cerradas por incumplimientos sanitarios.
-¿Qué está pasando en el norte del país? -A raíz de la emergencia sanitaria por coronavirus se puso en evidencia la negligencia gubernamental ante las condiciones de trabajo inhumanas y la explotación que sufren miles de trabajadores, que en su mayoría son inmigrantes nicaragüenses.
Todas estas personas soportan extensas jornadas de trabajo, no reciben ni siquiera el salario mínimo, ni cuentan con el seguro social. Es mano de obra tercerizada y a las empresas no les importa las condiciones que imponen los intermediarios (contratistas).
Además viven en barracas donde se hacinan o alquilan cuartos de dos metros por tres donde habitan dos personas. Una situación que convierte estos lugares en posibles focos de epidemia.
Son condiciones propias del feudalismo, y el gobierno es corresponsable de esta situación por no controlar y hacer caso omiso de las denuncias que, tanto desde el movimiento ecologista como de la Rel UITA, hemos hecho.
-La semana pasada, varios ministerios iniciaron las inspecciones en estas zonas. -Tuvieron que hacerlo por la gravedad de la pandemia. Ahora se rasgan las vestiduras como que estuvieran descubriendo el agua tibia.
El problema viene arrastrándose desde hace años y las autoridades nunca hicieron un control efectivo de la migración laboral, ni ha dado apoyo a los inmigrantes laborales para que se garantizara el respeto de sus derechos fundamentales.
Imagínate que hasta aparecieron empresas que tienen años exportando productos y que ni siquiera tienen permisos sanitarios para operar, ni patentes municipales. Es una vergüenza lo que por fin está saliendo a la luz pública.
Una situación indignante
-¿De qué empresas estamos hablando? -Hasta el momento se han inspeccionado pequeñas y medianas empresas, casi siempre subsidiarias del capital transnacional. Ahora habrá que ver si el gobierno tendrá el valor de hacer lo mismo con las grandes fincas propiedad de las trasnacionales.
Hay mucha confusión y ya hay empresarios que se están quejando, y que hablan de ‘prepotencia de los funcionarios’ al momento de realizar las inspecciones. Sin lugar a dudas todo esto va a tener consecuencias políticas en el país.
-En fin, una situación muy grave… -Es terrible, indignante. Son zonas que han estado viviendo un apartheid de hecho, a la par de una ausencia irresponsable de las autoridades. Allá las transnacionales mandan y establecen las condiciones de labor y de vida para miles de personas.
El gobierno ha cerrado los ojos ante la ausencia de derechos humanos en estas zonas y el desarrollo desigual que hay en el país. Es una situación que hay que revertir rápidamente.
Confianza en las autoridades sanitarias, solides del sistema de salud, desigualdad social, desmejoramiento y lenta recuperación económica en Costa Rica pos pandemia destacan en estudio.
Bajo la premisa: ¿cuáles son los escenarios más probables para Costa Rica en el corto plazo 2021-2023?, la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional, EPPS-UNA concluyó la segunda fase del proyecto: “La Nueva Normalidad-Escenarios Costa Rica”.
Le invitamos a leer el texto completo en el siguiente enlace:
En esta nota nos referimos a la carta que, con fecha 5 de junio de 2020, es dirigida al presidente Carlos Alvarado, por el señor Álvaro Sáenz Saborío, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), así como al documento que adjunta, titulado “Un pacto por el empleo.”
Nuestro propósito, al referirnos aquí a esa carta y ese documento, es ofrecer algunos criterios de discernimiento, que procuran contribuir a alimentar un análisis crítico en relación con las propuestas que tan importante organización formula.
A modo de introducción, hacemos ver dos detalles que, a estos efectos, son clave. Primero, debe entenderse que en economía no existe ni un único enfoque ni, en consecuencia, tampoco un único camino que pueda seguirse o una única propuesta de políticas que deba considerarse. Esto debe tenerse muy en cuenta, para evitar caer en la trampa de creer que los planteamientos de la UCCAEP agotan, ni mucho menos, las posibilidades disponibles. Segundo, subrayamos que Costa Rica es una sociedad pluralista y diversa, y que las voces, intereses y necesidades de los diversos sectores de la sociedad, tienen el mismo derecho a ser atendidas y están investidas de la misma legitimidad, que puedan tener las voces de las organizaciones empresariales como la UCCAEP. La arrogante y antidemocrática pretensión de esta organización, al insinuar, como claramente lo hace, que su voz es la única que deba ser escuchada, no es de recibo, y merece ser rechazada ad portas. Tener esto en cuenta refuerza lo que apuntamos más arriba: las perspectivas y opciones que se abren frente a la crisis son necesariamente diversas.
La carta que Sáenz remite al presidente, ofrece interpretaciones de la historia costarricense sumamente anacrónicas y arbitrarias, cuyo propósito es, claramente, afirmar que Costa Rica debe su existencia entera al empresariado. Es una idea absurda e insostenible, la cual, sin embargo, ha echado profundas raíces en el imaginario de la UCCAEP y otras organizaciones empresariales costarricenses, las cuales parece que, en efecto, se la toman en serio. El propósito ideológico detrás de esto, es obvio: se apela a tan disparatada hipótesis para exigir que todas las políticas públicas giren alrededor de los intereses empresariales. Y aunque en este documento se pretende hacer creer que, de forma equitativa, se habla a nombre de todas las empresas, desde las micro hasta las más grandes, ello tan solo agranda la falsificación ideológica en la que se incurre. En este coro hay voces del todo inaudibles, y voces que cuentan con amplificadores poderosísimos. Estas últimas son, al cabo, las que realmente pesan en la narrativa que se nos ofrece.
Compartimos el llamado que se formula, a la responsabilidad y el compromiso por parte de funcionarios, funcionarias e instituciones del sector público. Diferimos en la pretensión de que esa responsabilidad tiene como único destinatario el sector empresarial, cuando, en realidad, es el deber de la institucionalidad pública para con la ciudadanía en general, pero, muy en especial, los sectores más vulnerables y carenciados de nuestra sociedad. Es más que notorio que la UCCAEP exige responsabilidades pero no asume ninguna responsabilidad. El mensaje implícito que transmiten es el de que se consideran una clase social aparte y superior, una especie de estamento aristocrático al que Costa Rica entera ha de rendirle tributo y pleitesía.
En términos generales, la valoración de conjunto que hacemos de las medidas que formula la UCCAEP, es que éstas proponen recurrir al “dumping social”, como mecanismo para recuperar la maltrecha competitividad empresarial. Es lo que, en general, se desprende de las propuestas en materia de flexibilización laboral, debilitamiento financiero de las instituciones de seguridad social, debilitamiento de la normativa ambiental y de los esfuerzos de control de la evasión y elusión tributaria. Si bien algunos elementos en el documento difieren de ese énfasis, el tono general está claramente centrado en ese aspecto. Es decir, en vez de una propuesta progresiva destinada a elevar la productividad, se opta por un camino de tono predominantemente regresivo, que busca “aplanar” los costos para hacerlos compatibles con una economía ineficiente y de baja productividad. Lograr construir una economía de alta productividad, exige al sector público, asumir sus responsabilidades para el logro de mayor eficiencia y capacidad de respuesta. Pero ello también exige un compromiso paralelo y equivalente del sector privado. Sin embargo, y como ya hemos indicado, la UCCAEP elude cualquier posible compromiso o responsabilidad. Exige todo y no ofrece nada.
Hay razones teóricas, tanto como evidencia empírica, que permiten poner en duda que ese mecanismo del “dumping social”, pueda tener efectos positivos en términos de reactivación de la economía, particularmente en el contexto de la crisis económica, nacional y mundial, desatada a partir de la crisis sanitarias del Covid-19. Pero aún en la hipótesis, sumamente optimista, de que ello pudiese propiciar una reactivación económica en el corto plazo, sus implicaciones en el mediano y largo plazo serían muy negativas, tanto desde el punto de vista económico, como social, político y ambiental. Lamentamos la falta de visión estratégica que la UCCAEP pone así de manifiesto.
Nos resulta alarmante lo que se plantea en los puntos 1.1. a 1.6 (pp. 9-11), lo cual pareciera proclamar la renuncia explícita, por parte de esta organización, a cualquier compromiso, democráticamente formulado y acordado, en materia laboral, tributaria, ambiental, de protección a las personas consumidoras y a la salud de la población. Aducir que propuestas legislativas o disposiciones de política pública, destinadas a proteger el medio ambiente y la salud de la población, vigilar el cumplimiento de las obligaciones tributarias o el respeto a los derechos humanos, son “acoso” contra el empresariado, constituye una exigencia de impunidad, y un total despego a las más elementales normas de convivencia en democracia.
Es llamativo que en distintas partes del documento, se exija facilitar la participación privada en mercados (por ejemplo seguros, p. 29) donde hay una importante presencia estatal, pero que explícitamente se demande limitar la participación del ICE en construcción de obra pública (p. 28), un sector que, como es conocido, ha sido dominado ampliamente por un grupo muy pequeño de grandes empresas privadas, cuya eficiencia es por lo menos dudosa. Estas inconsistencias ideológicas, aportan mucho material para la reflexión.
Reconocemos que se plantean aspectos positivos. Si la UCCAEP fuese una organización respetuosa de los principios democráticos más básicos, reconocería –pero no lo hace– que inclusive esas ideas, aun siendo susceptibles de un acuerdo más amplio, deben necesariamente pasar por un proceso de estudio y discusión. Hay otros planteamientos –lamentablemente los que marcan la tonalidad dominante de la propuesta– de signo muy regresivo, y por ello mismo sumamente polémicos. Una democracia que se respete a sí misma, no podría decidir acerca de tales asuntos, si no es con base en un debate público amplio y equitativo. Para la UCCAEP eso está totalmente descartado: su tono, autoritario e imperativo, niega cualquier posibilidad de diálogo y de construcción democrática de acuerdos . Ello se hace evidente, con singular estridencia, en relación con la cuestión de la venta de activos públicos. No obstante ser una problemática que suscita grandes desacuerdos, para la UCCAEP es un “fait accompli”. Nada hay que discutir al respecto, tan solo corresponde “definir -en un plazo perentorio- un plan de venta de activos del Estado” (p. 16).
Deploramos el grado de descomposición moral que todo esto pone de manifiesto. Una poderosa organización empresarial que no asume compromisos ni responsabilidades, que exige todo pero no ofrece nada, y que abiertamente opta por desconocer los mecanismos propios de la democracia, no puede ser una buena representante del empresariado costarricense, ni mucho menos ejercer ninguna forma de liderazgo ante el país. Confiamos, sin embargo, que esto sea tan solo un fenómeno que afecta a un pequeño sector de ese empresariado, y que éste, en su mayor parte, sí asume un posicionamiento político, ético y moral, digno de respeto.
Exhortamos al presidente Carlos Alvarado para que mantenga un mínimo de distancia crítica e independencia de decisión, frente a las presiones que, de forma tan abierta y desembozada, ejerce sobre él esta organización, siendo repudiable que se quiera aprovechar la crisis generada por la emergencia del Covid-19, para imponer, a espaldas de la democracia y la ciudadanía, una agenda de estrecho interés gremial-corporativo. Confiamos asimismo que el presidente sabrá interpretar el desafío que esto plantea a la democracia, y, por lo tanto, la necesidad de promover un debate nacional, amplio y pluralista, en relación con asuntos tan polémicos como las privatizaciones o la flexibilidad laboral, entre otros. Reiteramos nuestra disposición de diálogo con el presidente, en el tanto éste mantenga el interés por escuchar otras voces y considerar otras perspectivas, y, sobre todo, lo que es más importante, tenerlas efectivamente en cuenta.
[i] El grupo Economía Pluralista reúne a 25 economistas que provienen de diversos ámbitos de la academia y del ejercicio profesional de la economía, tanto en el sector público como en el privado.
