Etiqueta: salud

Agenda comunitaria, ecologista y popular ante la expansión piñera

Escrito en 27/05/2017. Publicado en Madre Tierra.

La expansión del agronegocio de la piña tiene características inesperadas para las poblaciones rurales de Costa Rica. El crecimiento de más del 500% en menos de tres quinquenios ha puesto en jaque los sistemas agrícolas campesinos, los sistemas comunitarios de agua potable, la estabilidad económica y las condiciones de salud humana y animal donde quiera que se instalen.

Sólo durante 2015, 2016 y lo que va del 2017, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) aprobó 29 Estudios de Impacto Ambiental, referentes a nuevos proyectos piñeros, los cuales suman 6.258 hectáreas convertidas en nuevos monocultivos de la fruta. Lo que demuestra que la expansión sigue sin ningún tipo de control, planificación, ni fiscalización real. A esto, se suma que muchas fincas piñeras operan sin siquiera tramitar el permiso ambiental.

Como si fuera poco, Costa Rica sigue siendo uno de los países con más consumo de agrotóxicos y solamente en materia de herbicidas, en la última década se han triplicado el volumen de herbicidas importados según datos de PROCOMER. Lo que agrava la contaminación de aguas superficiales muchas usadas para consumo humano que tiene costos en salud pública aún sin cuantificar, pero evidentes.

Gracias a las movilizaciones y a las denuncias del último mes en contra de la expansión piñera, el Gobierno ha tenido que romper el silencio en este tema y ofrecer a la ciudadanía alguna respuesta. Sin embargo ésta se ha sustentado en declaraciones apuradas, a partir de medidas que aún no se pueden poner en práctica y por tanto confunden a la población en general. Hablamos del anunciado decreto de prohibición del herbicida Bromacil, anunciado por el Poder Ejecutivo el mismo día de la movilización en defensa del Humedal Térraba Sierpe, el pasado 15 de mayo de 2017. Esta declaración apresurada no se ha materializado en la redacción ni en la firma del decreto, que se anunció a la prensa sin que fuera un hecho consumado y que sigue sin materializarse una semana después de dicho anuncio.

Por otra parte, el gobierno solicitó a la comisión plenaria de SETENA integrar una comisión que indague la viabilidad ambiental que dicha Secretaría ha otorgado a plantaciones piñeras durante el último año. En realidad lo que corresponde es una auditoría externa que evalúe el cumplimiento legal en cada expediente y corrobore el apego a la legalidad de todas las viabilidades ambientales emitidas por la SETENA para la producción de piña, durante todo el período de gobierno y no solamente durante el año anterior, ya que la medida está dejando por fuera la mayoría de los permisos otorgados por la actual administración. Asimismo esa indagatoria debería contar idealmente con participación comunitaria y de profesionales en auditoría, derecho y gestión ambiental: no avalamos la autorevisión interna de SETENA ni confiamos en que esa Secretaría ponga en evidencia los errores de procedimiento que ella misma ha cometido.

Otra de las medidas anunciadas es la suspensión del proyecto piñero de más de 500 hectáreas que amenaza el Humedal Térraba Sierpe declarado sitio Ramsar en 1995. Esta medida es un distractor ante la indignación que ha generado el caso, pues ya hay suficientes evidencias para permitir al MINAE anular la viabilidad ambiental y abrir el órgano correspondiente para sancionar a los funcionarios y consultores que participaron en la aprobación irregular de este proyecto. Además este no es el único proyecto que amenaza este ecosistema, sino que es parte de un conjunto de proyectos en el área de Potrero Grande cuenca arriba, que en total sumarían 3000 hectáreas sembradas de piña en la zona y que también coinciden con sitios de importancia arqueológica por la presencia de vestigios tan importantes como las esferas de piedra.

Adicionalmente, existe la preocupación de una nueva expansión piñera sustentado en la creación de un acuerdo comercial con China para la venta de piña fresca y enlatada. Esta negociación realizada por Alexander Mora, Ministro de Comercio Exterior, se hace de forma irresponsable ya que no toman en cuenta las advertencias que se han emitido desde Universidades públicas, organizaciones ecologistas y comunitarias sobre los serios impactos en agua, suelo, bosque y salud humana del monocultivo de la piña.

La exportación al país asiático se haría pasándole por encima a la legislación ambiental, a la evidencia de serias violaciones a los derechos laborales y sin ningún tipo de planificación.

Las organizaciones firmantes celebramos los acuerdos alcanzados en el marco de la heroica caminata de Jorge Castro y Mariana Paniagua desde Pavón de Los Chiles hasta San José, que apuntan a fortalecer la presencia y accionar del Estado en las comunidades afectadas por la expansión piñera, y consideramos que son un paso en la dirección correcta. Sin embargo la gravedad de esta situación no puede atenderse solamente garantizando la aplicación de la ley en casos específicos: ante un impacto extraordinario e irreversible es necesario valorar medidas extraordinarias.

Por estas razones las organizaciones abajo firmantes exigimos una moratoria nacional a la expansión del monocultivo de la piña, misma que está sustentada en la necesidad de contar con estudios e instrumentos técnicos y políticos de carácter nacional y regionales que aseguren una debida planificación territorial, donde se prevengan y se ataquen los impactos negativos de la siembra desordenada y a gran escala del monocultivo de piña. Una decisión de este tipo beneficiaría directamente la gestión local y nacional de los bienes comunes y respondería de manera directa a las demandas de las comunidades afectadas. Asimismo permitiría tener una lectura más objetiva de la situación de violación a los derechos laborales y la toma de acuerdos en la dirección de tutelar los derechos de trabajadores y trabajadoras de la industria piñera. Finalmente, esta medida permitiría la continuidad de la producción y exportación de piña por parte de las empresas que se encuentran a derecho y están cumpliendo con la legislación ambiental y laboral, por lo que no afecta intereses consolidados y sí previene el crecimiento de las problemáticas relacionadas con la poca planificación y fiscalización de la actividad.

Hacemos un llamado a seguir las movilizaciones por una moratoria nacional a la expansión piñera,

La próxima cita es el lunes 5 de junio en todo el territorio nacional.

Alianza de Redes Ambientales (ARA)

Alianza Nacional para la Defensa del Agua (ANDA)

ASADA de Pavón de Los Chiles

ASADA La Gamba, Golfito

Asociación Agro-orgánica Guanacasteca

Asociación de Estudiantes de Sociología, Universidad Nacional

Asociación de Piangueros de la Purruja, Golfito (APIAPU)

Asociación de Productores y Consumidores Orgánicos de Costa RICA (APROCO) – Feria Orgánica El Trueque

Asociación de Protección, Gestión y Fomento de la Producción Agropecuaria de la Huetar Norte

Asociación Pro Cuenca Río Jabonal

Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente (ARCA)

Bloque Verde

Campaña Piña sin Derechos

CoecoCeiba-AT

Colectivo Eco-artístico y de Economía Solidaria

Colectivo de Estudiantes Autónomos El Quilombo, Universidad Nacional

Colectivo Ipís Ecológico

Colectivo Machete

Colectivo Río Urbano

Coordinadora de Lucha Sur Sur

Coordinadora Norte Tierra y Libertad

Ditsö Costa Rica

Diwo Ambientales

Federación para la Conservación de la Naturaleza (FECON)

Frente Ecologista Universitario (FECOU)

Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera (FRENASAPP)

Fundación para el Desarrollo Sostenible de OSA (FUNDAOSA)

Grupo Acción Golfito

GuanaRed

Huertos Urbanos de Costa Rica

Indignados CR

Molinos Verdes de Moringa

Movimiento Patriótico Juanito Mora

Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica

Plataforma de Integración Ciudadana

PROAL-Pacuare

Red Centroamericana de Acción del Agua (FANCA)

Red Costarricense de Agricultura Ecológica (Red CAE)

Red de Coordinación en Biodiversidad

Red de Economía Social Solidaria de Costa Rica

Red de Plantas Medicinales de Costa Rica

Red Internacional de Forestería Análoga

UNOVIDA

¡Ya Basta!

Enviado por Presidencia FECON.

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Los Chiles a la calle contra expansión de la piña

Escrito en 03/05/2017. Publicado en Madre Tierra.

Según una investigación de la UCR la expansión se disparó con nuevas 4.175 hectáreas entre 2014 y 2015 en solo 7 proyectos solicitando viabilidad ambiental de SETENA

La Asociación Cívica de Los Chiles, pequeños ganaderos, maestros y otras organizaciones sociales del cantón convocaron a una manifestación el pasado martes 2 de mayo a las 7 a.m.

En julio del año pasado la Municipalidad de Los Chiles acodó una moratoria a expansión piñera ante la evidencia de impactos ambientales y sobre la salud humana. La moratoria contemplaba el cese por cinco años el otorgamiento de permisos, sin embargo, meses después La Sala Constitucional anuló esta moratoria piñera en Los Chiles lo cual es motivo de conflictos.

Según el Informe del Estado de la Nación 2012 los cultivos de piña “causan problemas directos por su descomposición, e indirectos, por la aplicación de herbicidas quemantes, como paraquat, para desecar el rastrojo. Además, en el rastrojo prolifera la mosca del establo (Stomoxyscalcitrans), que ocasiona graves daños a la ganadería en áreas aledañas a las plantaciones”. En el caso de los Chiles este ha sido una de las razones de mayor conflicto con los pequeños ganaderos y el sector piñero.

La piña ya es el principal cultivo del cantón según la comparación de datos del Censo Nacional Agropecuario 1984 y 2014, pasó de sembrar yuca, frijol y maíz sobre todo por pequeños o mediados propietarios a convertirse en extensas fincas de piña en manos de grandes empresas. En 2014 el censo registró unas 3000 hectáreas de piña en los Chiles, pero esos datos han sido cuestionados tanto por una investigación de la UCR (Valverde et al., 2016) y por un reciente estudio del PNUD (MOCUPP, 2016).

La investigación de la UCR incluye una cartografía participativa realizada en la zona Norte-Norte (Valverde et al., 2016 Estado de la Nación N° 22) que evidenció la falta de licencias de viabilidad ambiental y la ausencia de seguimiento de los proyectos que sí cuentan con ella, presencia de fincas piñeras dentro de corredores biológicos, fincas dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo y producción de piña dentro de asentamientos campesinos bajo la tutela del INDER.

El análisis de los expedientes de la SETENA y del trabajo de campo en cantones de esta región (Upala, Los Chiles y Guatuso), concluyó que: “i) algunas de las empresas que siembran y procesan piña no cuentan con licencias de viabilidad ambiental, ii) la Setena carece de mecanismos para dar seguimiento en el mediano y largo plazos a los proyectos que sí cuentan con esa autorización, y iii) los datos recopilados en los expedientes no permiten identificar los impactos que tienen estos cultivos sobre el territorio y la biodiversidad”.

Entre 2004 y 2015 se realizaron evaluaciones de impacto ambiental de 47 proyectos en la región Norte-Norte más de la mitad (29) en los Chiles. Las evaluaciones indican del total de proyectos el 65,9% recibió la viabilidad ambiental, un 21,3% fue rechazado, un 10,6% sigue en estudio y para un 2,1% no se registró información.

Desde la perspectiva ambiental, el estudio mapeó la presencia de fincas piñeras dentro de corredores biológicos ruta los Malekus, Medio Queso y Las Camelias, situación que amenaza la conservación de la biodiversidad. También existen plantaciones dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo, las cuales fueron establecidas después de que el Estado declarara ese espacio como área protegida después de 1994. Los refugios de vida silvestre Duaru y Caño Negro están potencialmente amenazados, lo mismo que los cuerpos de agua continental: ríos y humedales.

Contacto en los Chiles: Freddy Arias 8492 3310

Enviado a SURCOS por FECON.

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Salud Sin Paredes: pronunciamiento contra la criminalización de la protesta social y en solidaridad con la ciudadanía comprometida con la defensa de la salud pública y seguridad social

Escrito en 05/04/2017. Publicado en Derechos.

Como Marita Arce Soto y Diego Retana Solano, entonces estudiantes de Trabajo Social; como Dennis Solís, educador de secundaria; como Adrián Jaén España y Manuel Alberto Villalobos Arias, profesores universitarios, multitud de costarricenses marchamos el 8 de noviembre de 2012 en defensa de una de las instituciones públicas de mayor importancia de la historia reciente de Costa Rica: la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Una institución pública creada en los años cuarenta, financiada por la mayoría de la población, que funciona por el principio de la solidaridad social y por la universalidad del servicio, para brindar acceso masivo a la atención de la salud pública y a la seguridad social.

Pero resulta que solo esas cinco personas fueron procesadas judicialmente, de los miles que allí se presentaron a manifestarse, ejerciendo su derecho a la libre expresión y en defensa del derecho a la salud pública. Inicialmente fueron detenidas unas 35 personas y después el Ministerio Público les levantó un juicio penal a cinco de ellas; juicio que se realizará del 3 al 6 de abril de 2017.

¿Por qué enjuiciar a manifestantes? Los derechos a la manifestación y a la libertad de expresión de los ciudadanos están garantizados por los artículos 27 y 28 de la Constitución Política. Y hay una sentencia de la Sala Constitucional (2-03-020, del 14 de abril de 2000) que establece que ante un conflicto entre la libertad de expresión y la libertad de tránsito, prevalece el primero y que, en todo caso, la Policía no puede dispersar a los manifestantes “mediante maltrato físico y detenciones ilegítimas”.

Por eso manifestamos:

Los argumentos del Ministerio Publico no se sostienen en un régimen democrático. Sin duda las personas manifestantes estaban en situación de indefensión ante una policía con escudos antimotines, que los usaron para tratar de disolver la manifestación.

Nos preguntamos ¿qué buscaban con esa acción las autoridades policiales de la administración de la presidenta Laura Chinchilla? Sin duda buscaban dar una vez más una lección al pueblo costarricense: Que no protestemos, y que nos olvidemos de defender nuestros derechos, máxime si ponen en evidencia la corrupción o ineficiencia de quienes socaban las instituciones del pueblo, cuando gobiernan y administran bienes públicos y colocan por encima los intereses privados que se apropian de ellas.

¿Por qué defender la CCSS en 2012 y aún hoy en 2017?

En 2012, los y las manifestantes procedentes de diversos lugares del país como elOccidente del Valle Central, de Puntarenas y Guanacaste plantearon su protesta por el recorte al presupuesto de la institución, que se reflejaba en el deterioro de los servicios de salud en clínicas y hospitales, evidente en largas filas de espera para atenciones de servicios especializados, falta de especialistas en zonas fuera del Área Metropolitana, abandono de la función de promoción de salud y prevención de las enfermedades, entre otras deficiencias.

Es así como sistemáticamente se ha venido erosionando su eficiencia, la evasión en el pago de las cuotas patronales, incluida la del gobierno de la República, sin dejar de lado la entrega al sector privado de servicios muy rentables, en vez de adquirirlos con bienes propios.

Poco se ha resuelto de esas quejas del 2012, a pesar de un cambio de gobierno. Actualmente la situación se complejiza más y hoy nos preocupa a la ciudadanía la crisis del sistema de pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Como Movimiento Salud sin Paredes, de la zona de Occidente el Valle Central, confirmarnos el derecho de la ciudadanía de ser parte de sus instituciones públicas construidas a lo largo de la historia y nos manifestarnos en defensa de uno de los pilares de la democracia costarricense.

Por eso denunciamos la injusticia de un juicio penal contra ciudadanas y ciudadanos, cuyo único “delito” es ser parte de un pueblo que se movilizó en noviembre de 2012 para pedir que la CCSS no perdiera su eficacia en la calidad de la atención de salud.

¡La salud es un derecho del pueblo y su participación un deber!

Movimiento Salud Sin Paredes, Región Occidente

San Ramón de Alajuela, 29 de marzo de 2017.

Enviado a SURCOS por Movimiento Salud Sin Paredes.

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UCR: Facultad de Farmacia previene sobre manipulación y consumo de medicamentos

Escrito en 24/03/2017. Publicado en Derechos, Salud.

Facultad manifiesta su posición ante la comercialización de medicamentos falsificados y adulterados en el país

Medicine pills — Medicamentos deben responder a estrictos controles de calidad y eficacia. Si no se conoce su procedencia, es mejor evitar su consumo. Foto diseñada por Freepik.

La Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica, comprometida, desde hace 120 años, con la salud de la población de Costa Rica por medio de la formación de profesionales farmacéuticos, el aseguramiento de la calidad de los medicamentos y su uso racional mediante actividades de investigación y acción social; manifiesta lo siguiente respecto a la comercialización de medicamentos falsificados y adulterados en el país:

Los medicamentos son diseñados para mejorar la calidad de vida de las personas y requieren ser manipulados correctamente, ya que las condiciones de transporte, almacenamiento y distribución, influyen en su calidad, eficacia y seguridad.

El incumplimiento de las normas mínimas de almacenamiento y distribución de medicamentos puede llevar a la contaminación del producto con elementos físicos, químicos o biológicos que atenten contra la pureza, identidad, eficacia y seguridad de un producto, lo cual aumenta la probabilidad de experimentar efectos indeseados, tóxicos o perjudiciales que pueden afectar tanto la salud individual como colectiva.

Los establecimientos farmacéuticos tales como laboratorios, droguerías y farmacias, mantienen monitoreos de temperatura, humedad y control de plagas, durante el almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de los medicamentos, para asegurar su calidad, seguridad y eficacia.

En la cadena de distribución de medicamentos, desde la fabricación hasta su dispensación, siempre existe un profesional farmacéutico responsable de velar por la calidad de los medicamentos, la gestión eficaz de los tratamientos y la educación sanitaria correspondiente.

De acuerdo con lo anterior, la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica exhorta a la población en general a adquirir medicamentos únicamente en establecimientos farmacéuticos y a utilizarlos racionalmente a través de la información brindada por el profesional en Farmacia. Así mismo, insta a las autoridades correspondientes para que se promulgue la legislación necesaria que considere la comercialización de medicamentos falsificados y adulterados como un grave delito contra la salud pública.

Ante la comercialización de medicamentos falsificados y adulterados en el país, la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica (UCR) insta a la población costarricense a adquirir medicamentos únicamente en establecimientos farmacéuticos, y a utilizarlos racionalmente a través de la información brindada por el profesional en Farmacia, con el fin de evitar efectos indeseados, tóxicos o perjudiciales que pueden afectar tanto la salud individual como colectiva.

Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica

Periodista: Jenniffer Jiménez Córdoba

Imagen tomada de www.ucr.ac.cr

Enviado a SURCOS por Lic. Otto Salas Murillo, Periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR.

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Curso UNA: “Vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmitidas por vectores con énfasis entomología médica”

Escrito en 17/02/2017. Publicado en Derechos, Salud.

Este 15 de febrero de 2017, se llevó a cabo la firma del convenio entre la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica, República Dominicana (SE-COMISCA) y la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) en el cual se acuerda la realización del curso “Vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmitidas por vectores con énfasis entomología médica”, cuyo propósito de fortalecer las acciones interinstitucionales e implementar la formación del recurso humano en temas de salud.

Con la firma de este instrumento, la Escuela de Medicina Veterinaria iniciará este curso, con el fin de que sus profesionales reciban herramientas para apoyar la toma de decisiones, en cuanto a la vigilancia y manejo de las enfermedades transmitidas por vectores.

El Rector de la UNA Dr. Alberto Salom Echeverría, recalcó que en esta casa de estudio se motivan las prácticas sustantivas en la investigación, extensión y docencia, con el objetivo de dirigirse hacia un dialogo de saberes para beneficio y mejora mutua. Por tanto, reiteró el apoyo y compromiso que se brinda desde la academia para trabajar en el concepto de prevención y calidad profesional en lo concerniente al bienestar de la salud pública.

El Secretario Ejecutivo COMISCA, Dr. Julio Valdés mencionó que desde el marco de la cooperación regional, es posible avanzar en la construcción de procesos que ayuden a mejorar el bienestar de la sociedad. Asimismo, reconoce que en materia de salud existen muchos retos; por ende, es pertinente un proceso formativo que entienda que la salud muchas veces es consecuencia de desigualdades sociales, de ahí, que es necesario contar con herramientas técnicas y humanistas. También, agradeció la disponibilidad de la UNA en sumarse a este curso.

Por último, el Ministro de Salud de Costa Rica, Dr. Fernando Llorca expresó su agradecimiento a la academia y a las instancias regionales por esta iniciativa, pues considera que es de suma importancia la capacitación para el desarrollo de las capacidades técnicas, para una vigilancia de la salud y por consiguiente, el resguardo de la seguridad nacional.

Concluyó diciendo que los beneficios que generan el compromiso de trabajar articuladamente, facilita aprovechar las oportunidades de mejora recordando que “para muchas enfermedades las fronteras no existen”

Actividad realizada en la sala de CONSECO-Edificio Financiero-Campus Omar Dengo.

Colaboración:

Gabriela Corrales Alfaro

Estudiante Sociología UNA

Fotógrafo:

Eliecer Berrocal Sánchez

Oficina de Relaciones Públicas UNA

Enviado a SURCOS Digital por Msc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.

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UCR: Nuevo edificio de Odontología permitirá mantener la calidad en servicios y operaciones que se brindan a la población

Escrito en 08/02/2017. Publicado en Derechos, Salud.

Estructura actual está obsoleta tras 54 años de uso
Actual inmueble dificulta la atención a pacientes en general

El nuevo edifico de la Facultad de Odontología de la UCR permitirá que más de mil pacientes provenientes de poblaciones vulnerables que son atendidos anualmente y exonerados del pago de tratamientos odontológicos, se vean beneficiados con nuevas instalaciones aptas para sus necesidades de salud que el actual edificio es incapaz de subsanar.

A esto se le debe sumar cerca de 500 estudiantes y de personal que labora, quienes también tendrán mejores recursos para responder no solo a las necesidades académicas propias de la Universidad, sino también proveer mejores servicios de salud que demanda el país.

La infraestructura actual carece de la cantidad suficiente de laboratorios, aulas, cubículos de profesores, clínicas, parqueos, espacios para los técnicos en mantenimiento de equipo y bodegas, así como para el resto de funcionarios. Esto hace urgente la construcción del nuevo edificio, que se comenzó a desarrollar en Finca 3 desde el año pasado.

La construcción es una necesidad que se deriva de la falta de espacios adecuados y la vulnerabilidad de sus operaciones ante la ausencia de una planta eléctrica y un tanque de agua, que perjudica a pacientes y estudiantes en caso de que cualquiera de los servicios públicos lleguen a faltar, debido a que implica la reprogramación de citas y la suspensión de tratamientos.

La situación se agrava al considerar que las tuberías de agua están muy deterioradas, tras 54 años de uso, y que la red eléctrica es obsoleta para poner en funcionamiento nuevos equipos de trabajo, lo que retrasa la capacidad de incorporar la tecnología adecuada en los procesos de enseñanza – aprendizaje, así como de investigación y acción social.

El proyecto de un nuevo edificio tiene ya 14 años de proyectarse. Todo esto hace que la Facultad deba invertir para poder cumplir con el protocolo de control de infecciones, continuar generando nuevo conocimiento y servicios, así como graduar a los profesionales que el país necesita.

Compromiso histórico

Este 2017, la Facultad de Odontología cumple 75 años de transmitir conocimientos a decenas de generaciones de estudiantes de todas partes del país, que han pasado por sus aulas. Su visión académica incorporó también la acción social, de manera que la sociedad costarricense pudiera beneficiarse de los aprendizajes de los estudiantes y de los resultados de las investigaciones que ahí se producían.

Este compromiso – humanístico y solidario – llevó a aquellos alumnos universitarios a visitar comunidades desde 1954, trabajando con no poca dificultad, debido a la escasez de recursos económicos y logísticos.

Esta proyección social se ha ampliado con el paso del tiempo, como ocurrió con el Programa de Técnicos Especializados en Asistencia Dental (1967), que desde su fundación ha graduado más de 1200 técnicos. Además, su vínculo con las comunidades aumentó con el Programa de Asistencia, Servicio e Investigación (1978) y con la Sección de Servicio e Investigación en Odontología Comunitaria (SIOC).

Otro espacio, nacido con el interés de ir más allá de la salud bucodental en poblaciones socialmente desfavorecidas, fue el proyecto Devuélveme la Sonrisa, que por su carácter inter, trans y multidisciplinario, ha involucrado otras áreas de la institución para llevar conocimiento y formación en diferentes áreas humanísticas principalmente a niños, jóvenes y adultos mayores de escasos recursos.

Lo anterior es un vivo ejemplo del compromiso que adquiere la Facultad de Odontología, no solo con las comunidades que rodean el campus de la Sede Rodrigo Facio, sino más allá, en sitios realmente recónditos de la geografía nacional, atención que se beneficia de las investigaciones, sus publicaciones y de la docencia aplicada en ellas.

Para continuar con dichos aportes al país, se requiere de un nuevo espacio, más apropiado y con mayores facilidades al servicio de la academia y de la salud pública nacional.

Jenniffer Jiménez C.

Periodista

Oficina de Divulgación e Información

Enviado a SURCOS por Lic. Otto Salas Murillo, Periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR.

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Alerta costarricenses, diputados despilfarran fondos del pueblo en edificio absurdo y de costo impredecible

Escrito en 04/02/2017. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Cuatro años ha consumido la Asamblea Legislativa en diseñar una nueva sede que tendremos que pagar los costarricenses, con el desastroso resultado que se ha visto: un gigantesco cajón de concreto de 21 pisos, que parece más una cárcel que lo que se esperaría de un parlamento democrático.

Después de haber contratado un proyecto que fracasó y que nos costó más de 2 millones de dólares perdidos, se realizaron dudosas negociaciones en que se adjudicó a dedo al mismo arquitecto del primer proyecto fracasado, para que diseñara el proyecto del cajón, a un costo de otros 3 millones de dólares.

Una obra que se había estimado en $76 millones ha aumentado a $100 millones, pero se espera que aumente aún más por varias razones, como una excavación gigantesca, una estructura de concreto del cajón nada convencional que consumirá miles de metros cúbicos de concreto reforzado. Ya el mismo Director Ejecutivo de la Asamblea, Antonio Ayales, promotor del proyecto, ha admitido públicamente que el costo aumentará significativamente.

Un edificio de condiciones laborales lesivas para cientos de funcionarios, que tendrían que laborar dentro de la caja de concreto y muchos bajo el nivel del suelo, totalmente aislados visualmente del exterior, lo cual incidiría negativamente en aspectos de salud ocupacional y sicológica.

Hasta dónde llega la irresponsabilidad de nuestros legisladores, que obligarían al pueblo costarricense a pagar por el edificio más absurdo jamás concebido. Se hacen números alegres de ahorros en alquileres, vigilancia y otros por ¢1.500 millones al año, pero no se dice que el pago al Banco de Costa Rica aumentará a ¢7.500 millones al año.

Ya adjudicaron la licitación de movimiento de tierras por ¢3.000 millones, pero hay una apelación que deberá resolver la Contraloría General. Si la Contraloría rechaza la apelación quedará en firme y tendrá una consecuencia funesta: la Asamblea tendría que construir el edificio CUESTE LO QUE CUESTE y tendríamos que pagarlo.

¿Seguiremos tolerando a estos diputados tan irresponsables?

Enviado a SURCOS por Marité Valenzuela.

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¡Paren de fumigarnos!

Escrito en 23/12/2016. Publicado en Comunidad, Madre Tierra.

Día de Acción Global Contra los Plaguicidas

Exigimos al gobierno retirar el llamado que hizo el pasado 25 de noviembre en medio de la emergencia del huracán Otto donde instaba a incrementar las fumigaciones de bananeras y piñeras
Repudiamos la firma del nuevo reglamento de registro de agroquímicos por parte de este gobierno venenero

El pasado 03 de diciembre se cumplieron treinta años desde que una fábrica de plaguicidas explotó en la ciudad de Bhopal, en India, contaminando a toda su población. Más de 16.000 muertos dejó ese incidente y más de medio millón de afectados por una empresa propiedad de Dow Chemicals, transnacional responsable de cientos de contaminantes usados en la agroindustria a nivel global. Lamentablemente, Costa Rica no se encuentra ajena de esto.

En un país como el nuestro se usan anualmente 18.2 kilogramos de ingrediente activo de plaguicida por hectárea. Es así como la expansión piñera explotó como una bomba de toxicidad sobre comunidades enteras. Desde hace nueve años las comunidades de El Cairo, La Francia y Milano, en el Caribe costarricense, no tienen agua potable. Más de 12.000 personas abren el tubo en casa para recibir un cóctel de más de 22 agroquímicos en el agua que se supone para consumo, todos venenos usados en las plantaciones extensivas de piña.

Más recientemente, en junio 2016 se han encontrado también en la zona norte del país casos similares. Por ejemplo, le acueducto comunitario Veracuz de Pital de San Carlos, el cual presenta contaminación con el herbicida Bromacil, usado en las plantaciones piñeras. Es así como se suman unas 3500 personas afectadas por esta industria irresponsable que sigue ganando dinero a costa de la salud humana.

Las empresas piñeras alcanzaron exportaciones anuales superiores a USD$ 1.000 millones de dólares según datos de Procomer De esta millonaria suma son las empresas Dole y Chiquita Brands las que se llevan la gran mayoría de las ganancias con consecuencias muy negativas para comunidades y familias campesinas.

La industria de la piña acapara tierras de campesinos/as. La producción se concentra en grandes fincas. Según el último censo agrícola el 90% de las fincas piñeras tienen extensiones de más de 100 hectáreas. Es decir, esta actividad no beneficia a pequeños campesinos ni a comunidades locales, sino a enclaves empresariales con poco encadenamiento productivo.

Si nos preguntamos ¿a quiénes benefician estas empresas contaminantes? Podemos asegurar que: a empresarios y políticos que les importa poco el agua de la gente; el bosque, la salud del niño/a que recibe clases en una escuela rodeada de monocultivo o las comunidades vecinas a la piñera. Por el contrario están intentando librarse de sus responsabilidades legales, laborales y ambientales.

Señalamos que es un mito que las piñeras son fuente de desarrollo. Las empresa piñeras no pagan impuestos municipales; están exentas del impuesto sobre la renta; sus compras están exoneradas del impuesto sobre las ventas y no pagan impuestos sobre la exportación. Quienes dicen al menos que ofrecen trabajo a cambio nunca han padecido el dolor de ver un hijo o una hija morirse lentamente envenenado por el contacto diario con los plaguicidas a cambio de salarios muy inferiores al mínimo y en condiciones de exploración e inseguridad. Incluso en eventos de emergencia como un huracán se comportan de forma mezquina irrespetando cualquier medida de prevención. Además es muy preocupante que tenga al gobierno como cómplice de todos estos crímenes.

Lamentamos que el Gobierno de La República adopte medidas anti-ecológicas ante el paso del huracán Otto como fue llamar a incrementar las fumigaciones en las plantaciones de banano y piña. Condenando a las poblaciones aledañas a más contaminación, como si perder sus casas y sus modos de vida no fuera suficiente.

Para colmos, en medio de esta crisis agrícola la solución del gobierno de Luis Guillermo Solis es abrir las fronteras a la entrada de más plaguicidas, desmontando controles de registro y evaluación ambiental. Mediante el nuevo reglamento de registro de plaguicidas escrito de puño y letra de las transaccionales químicas como Bayer y Monsanto.

Es necesario incrementar los controles de importación, registro, venta y aplicación de agroquímicos. Cuestión que este nuevo reglamento, firmado el pasado viernes 2 de diciembre, no atiende de forma adecuada. Pedimos la derogación inmediata del nuevo decreto que reglamenta de forma irresponsable el registro de agroquímicos. Es urgente prohibir “La Docena Sucia”1, el Bromacil y el Glifosato.

¡Paren de fumigarnos!

Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera

Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS por FRENASAPP CR.

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Salud recuerda sobre Carreras de Atletismo de Ruta

Escrito en 20/11/2016. Publicado en Derechos, Salud.

Domingo 20 de noviembre del 2016. El Ministerio de Salud recuerda a la opinión pública, que las organizaciones que deseen realizar actividades de concentración masiva, deben cumplir con los requisitos de los Ministerios de Salud, Seguridad Pública y Obras Públicas y Transportes, según el Decreto Ejecutivo 28643-S-MOPT-SP, que está vigente desde el 7 de abril del año 2000.

La organización de carreras de atletismo de ruta, requieren de autorización sanitaria, misma que se tramita ante las Áreas Rectoras y tienen como objetivo primordial, prevenir situaciones de riesgo, fundamentalmente que cuenten con un plan de emergencias que contemple la oportuna atención pre-hospitalaria de participantes que así lo requieran, pólizas de seguro para los participantes, croquis del recorrido, inocuidad de alimentos, estructuras seguras cuando se necesitan, adecuado manejo de residuos, entre otros que lo que buscan es proteger la salud, seguridad y la integridad de los participantes.

Al mismo tiempo, se le recuerda a la población en general, que deben contar con la preparación física y la condición de salud necesaria para hacerle frente a estas actividades deportivas de forma segura y responsable. Si existe alguna condición de salud importante previa, conocida deben contar con un examen médico reciente que avale su participación.

Lamentablemente la carrera realizada hoy domingo por la empresa Lindora Run en Santa Ana, no contaba con los permisos correspondientes del Ministerio de Salud.

Imagen con fines ilustrativos tomada de www.buenasalud.net

Enviado a SURCOS Digital por Angélica López Eras.

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Organizaciones académicas y ecologistas exigen transparencia en tecnología sintética

Escrito en 18/11/2016. Publicado en Madre Tierra.

Comunicado de Prensa

Gobierno rechaza participación en comisión para analizar el tema

Diversas organizaciones ecologistas y académicas exigieron que antes “de que se abran mayoritariamente al mercado o se liberen al ambiente las distintas tecnologías, productos y procesos de Biología Sintética, estas deben ser puestas al conocimiento, discusión y decisión amplia de las personas y grupos afectados, en nuestro caso, campesinos, campesinas e indígenas así como grupos ecologistas y universitarios para que todos y todas valoremos sus consecuencias socio-políticas, ecológicas y éticas”.

La biología sintética se encarga del diseño y creación de componentes biológicos y sistemas que no existen en la naturaleza y el re-diseño de los elementos biológicos que ya existen (Comisión Europea, Dirección General de Investigación -2005). Los productos de la biología sintética tienen la característica de que una vez creados son “auto replicables”, es decir, se siguen reproduciendo saliéndose del control de quienes los originaron afectando los ecosistemas y las características de la vida en general. Estos productos abarcan hasta el momento las áreas de la salud, la alimentación, la agricultura, la ganadería y los biocombustibles.

La difusión del conocimiento sobre la biología sintética y sus diferentes tecnologías, así como la comercialización de algunos productos se ha limitado a esferas de científicos y empresarios, dándose a conocer limitadamente en algunos “publi-reportajes” poco analíticos, cuyas implicaciones están lejos del acceso a la opinión y debate público.

Las organizaciones aseguran que “en el campo que nos es cercano, como es la diversidad agrícola y ganadera, ya se han introducido productos de plantas de escaso volumen, pero altísimo precio como el azafrán, la vainilla, el cacao, la stevia, así como colorantes y fragancias; y que últimamente amenazan con introducirse en otros productos agrícolas y ganaderos de amplia difusión, como el maíz, el ganado vacuno y la eliminación total de las llamadas “malezas”.

Afirman que “estas tecnologías se están desarrollando e implementando sin comunicárnoslo, y que estas afectan los saberes y conocimiento tradicionales, así como la soberanía alimentaria, que defiende el derecho de los pueblos a consumir alimentos nutritivos, culturalmente adecuados y producidos de forma sostenible y ecológica, así como su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Además “afectarían igualmente el esfuerzo que Costa Rica ha realizado para ser reconocida en el ámbito internacional por sus logros en conservación y uso sostenible de la biodiversidad”.

Estas y muchas otras preocupaciones (ver documentos de posición y anexos) fueron entregadas a los representantes a las autoridades del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y MINAE para que se tome en cuenta estos planteamientos y podamos participar dentro de una Comisión Inter institucional en la elaboración de la posición del país sobre este tema de cara a la próxima Conferencia de las Partes 13 (COP-13), del Convenio de Diversidad Biológica por 194 países que la conforman el próximo mes de diciembre en Cancún, México. La solicitud de participación para garantizar que estos argumentos se reconozcan fue rechazada por la viceministra del MINAE Patricia Madrigal.

Entre las organizaciones firmantes están: Red de Coordinación en Biodiversidad, El Programa de Kioskos Socio ambientales de la Universidad de Costa Rica, Red de Mujeres Rurales, Federación para la Conservación del Ambiente (FECON) y COECOCEIBA – Amigos de la Tierra Costa Rica.

Informes con: Mariana Porra tel. 8302 2360 de COECOCEIBA – Amigos de la Tierra Costa Rica o Zuiri Méndez tel. 8706 1865 del Programa de Kioskos Socio ambientales de la Universidad de Costa Rica

Ver posición en Biología Sintética, adenda http://www.feconcr.org/doc/biologiasintetica/ y Declaración completa en: http://www.feconcr.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2586&Itemid=73

Imagen de portada tomada de TICbeat.

Enviado a SURCOS Digital por FECON.

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