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Etiqueta: salud pública

Ante gestión ciudadana municipalidad pide verificar vida útil del relleno El Tomatal y activar medidas urgentes ante crisis de residuos

La gestión de residuos en Limón vuelve a colocarse en el centro del debate público tras la presentación de información técnica que cuestiona la proyección oficial sobre la vida útil del Parque de Tecnología Ambiental (PTA) El Tomatal. Un oficio de la Municipalidad del cantón central solicita al Ministerio de Salud verificar una certificación reciente que estima una vida útil significativamente menor a la previamente considerada, en un contexto que ya es calificado como crítico para la salud pública y el ambiente.

De acuerdo con la certificación emitida por la empresa operadora del sitio, la vida útil del PTA El Tomatal se proyecta en aproximadamente 10 años en promedio, muy por debajo de estimaciones anteriores cercanas a 29 años. Ante una gestión ciudadana, esta diferencia motivó a la Municipalidad de Limón a solicitar una revisión técnica urgente, así como la adopción de medidas para mitigar los impactos derivados del creciente volumen de residuos, incluyendo aquellos trasladados desde otras regiones del país.

Diferencias técnicas y presión creciente sobre el sitio

El documento técnico señala que la vida útil de un relleno sanitario depende de múltiples variables como el diseño de las celdas, la topografía, la densidad de compactación, la composición de los residuos y los procesos de asentamiento y descomposición. Bajo estas condiciones, se advierte que no es posible establecer un plazo exacto, sino un rango que puede variar según el manejo operativo y el ingreso diario de residuos.

En el caso de El Tomatal, el ingreso promedio cercano a 250 toneladas diarias y las condiciones del sitio han llevado a estimar una proyección de vida útil de alrededor de una década, lo que plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del modelo actual de disposición final.

Solicitud de información y transparencia

Ante esta situación, el ciudadano Marco Vinicio Levy Virgo presentó una comunicación dirigida a la alcaldía de Limón en la que solicita aclaraciones sobre la reducción de la vida útil, los factores que la explican y las medidas previstas para enfrentar la situación.

Entre los aspectos planteados destacan la necesidad de conocer los estudios técnicos que sustentaban las proyecciones anteriores, las acciones concretas para mitigar impactos sanitarios y ambientales, y la existencia de planes de contingencia o alternativas de gestión integral de residuos.

Un problema estructural en la gestión de residuos

Este caso se inscribe en una problemática más amplia que SURCOS ha documentado en diversas ocasiones: la presión creciente sobre rellenos sanitarios en el país, el traslado interregional de residuos y la ausencia de soluciones estructurales en materia de reducción, reciclaje y tratamiento.

El uso intensivo de rellenos como solución principal ha generado conflictos socioambientales en distintos territorios, donde comunidades denuncian impactos en la salud, el ambiente y la calidad de vida.

En este contexto, la situación del PTA El Tomatal refleja tanto la urgencia de medidas inmediatas como la necesidad de avanzar hacia una política pública de gestión integral de residuos que reduzca la dependencia de estos sitios y garantice condiciones sostenibles a largo plazo con base en el criterio de calidad de vida para las comunidades.

Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social respalda a SIFREHN y solicita apoyo ante conflicto por teleconsulta

La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social remitió una carta dirigida a la Unión Médica Nacional (UMN), en la que expresa su respaldo al Sindicato del Frente Hospitalario Nacional y Afines (SIFREHN) ante lo que considera una amenaza de suspensión del servicio de teleconsulta brindado por médicos vinculados a ese sindicato. El documento plantea la necesidad de que el movimiento sindical del sector salud valore esta situación y adopte una posición frente a las posibles sanciones. La misma nota alude a otras organizaciones sindicales del sector con el mismo ánimo.

En la comunicación, la Auditoría Ciudadana advierte que la teleconsulta cuenta con respaldo legal en el país y ha sido una herramienta relevante para enfrentar las limitaciones de acceso a citas médicas, especialmente en el primer nivel de atención. Asimismo, señala que restringir este servicio podría afectar tanto el ejercicio profesional de los médicos como el derecho de las personas usuarias a recibir atención oportuna, en un contexto marcado por extensas listas de espera en la seguridad social.

A continuación, publicamos la carta íntegra enviada por la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social a la Unión Médica Nacional:

AUDITORÍA CIUDADANA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

24 de marzo de 2026        ACSS-013-2026

Doctor:
Edwin Solano Alfaro, Secretario General
UNIÓN MEDICA NACIONAL (UMN) Sindicato Médico, Costa Rica
Presente

Asunto: Apoyo y respaldo a la oposición del Sindicato Frente Hospitalario Nacional y Afines (SIFREHN) ante la amenaza ilegal de suspender la prestación del servicio de salud de Teleconsulta a médicos que laboran en Consultorios Médicos subvencionados por el SIFREHN.

Estimado señor:

  1. El Decreto Ejecutivo y del Ministerio de Salud N° 44363-S del 20 de mayo del 2024 “REGLAMENTO PARA EL CONTROL Y REGULACIÓN DE LA TELE-CONSULTA SANITARIA EN COSTA RICA” establece claramente en el artículo 2 del Capítulo 1 y en el artículo 7 de su Capítulo 2, el amplio e incuestionable respaldo legal y su correspondiente regulación, para que los médicos en Costa Rica puedan efectuar, según sus criterios, consulta virtual o “TELECONSULTA” a sus pacientes.
  2. Obviamente como decreto ejecutivo del ente rector de la salud pública del país, al igual que la Ley General de Salud, están jurídicamente por encima de cualquier reglamentación institucional en dicho campo, de acuerdo con la pirámide de Kelsen.
  3. Es reconocida la gran dificultad existente para conseguir una cita médica en el primer nivel de atención de los EBAIS y basta recordar la frase de la propia Defensoría de los Habitantes de que “sacar cita en un EBAIS resulta casi imposible”, con lo que se violenta el derecho fundamental consagrado en el artículo 21 de la Constitución Política: “…el derecho a la vida, a la salud y atención médica oportuna”. Ante tal situación y la premura en algunos casos, el paciente que tiene la posibilidad económica y de ubicación geográfica, podría recurrir a la atención médica privada o en su defecto acudir al servicio de teleconsulta de servicios de salud, el resto se quedaría sin la atención en salud.
  4. Sin embargo y pese a lo indicado en los párrafos anteriores, unos abogados de la Fiscalía del Colegio de Médicos, en contubernio con un ¡“criminólogo”! supuestamente contratado como agente encubierto por dicha fiscalía, informan que “comprobaron”, mediante atención médica por teleconsulta fingida de dicho impostor, que éste fue atendido y no en forma presencial en dos ocasiones, por los médicos que laboran en los dos consultorios establecidos, hace más de cuatro años, por el Sindicato del Frente Hospitalario Nacional y Afines -SIFREHN- para servicio de trabajadores asegurados y pacientes en general, muchos de ellos en delicado estado de salud (por las causas comentadas y de todos conocidas de las listas de espera) de forma gratuita los afiliados y los particulares con un costo mínimo. Así, con la prueba espuria, presuntamente obtenida con dicha farsa, se recomienda imponer, ahora ante el propio Colegio de Médicos “una medida cautelar para no poder volver a ejercer el pleno derecho a la teleconsulta”, intentando además que se les suspenda profesionalmente a cada uno, durante uno, dos o incluso más años, violentando el derecho al trabajo como lo establecen los artículos 39, 41 y 56 de nuestra Carta Magna ya que la subjetiva declaración del criminólogo contratado por la Fiscalía y el obtuso criterio del Licenciado y de una médica asesora, “fue de gran magnitud y amerita tal sanción, al haber cometido con él y su descarada mentira, una criminal teleconsulta” en dos ocasiones diferentes ya que los médicos que atienden los consultorios del SIFREHN, aceptaron sus sentidas e insistentes peticiones telefónicas de ayuda.
  1. El servicio de Teleconsulta que presta desde hace cuatro años el sindicato SIFREHN es público, legal y de muchos interesados conocido, y para información de los afiliados al Sindicato, familiares y otros pacientes, se exhibe una gran manta informativa al público, donde se consigna abierta y claramente el servicio médico gratuito de atención tanto presencial como por teleconsulta, subvencionado por el Sindicato. De tal manera, pareciera que las autoridades de la Caja y del propio Colegio de Médicos, castigan las buenas obras en el tema de salud, obviando el juramento hipocrático que establece las bases morales de la medicina, entre ellas actuar en beneficio del paciente.
  2. Además resulta que también los mandos medios de la CCSS, conjuntamente con los mandos gerenciales, en buena medida responsables de la ineficiente prestación de los servicios médico-asistenciales del Seguro de Salud (SEM) a la población y por lo tanto, de las “listas de espera”, y también de la debacle del IVM, ni siquiera esperan a que “haya un fallo en contra de los galenos en cuestión y arremeten arbitrariamente, sin debido proceso alguno, nuevamente contra uno de los médicos del SIFREHN, emitiendo un comunicado con fecha 23 de enero del 2026, en que se indica a las Comisiones Regionales de Evaluación de Licencias e Incapacidades de las Sedes Regionales del País, “no homologar ningún certificado emitido por él”, violentando su actuación médica legítima, su derecho al trabajo y el derecho de sus pacientes, e irrespetando el Fuero Sindical del sindicato SIFREHN.
  3. La Teleconsulta en Costa Rica se ha consolidado como una herramienta clave para enfrentar las listas de espera y mejorar el acceso en zonas rurales, especialmente bajo la gestión de la Caja Costarricense de Seguro Social. En febrero de 2025, se actualizaron los lineamientos para fortalecer la Telemedicina y Teleservicios en Salud, en parte migrando del concepto de “atención presencial” a la modalidad de Atención Telepresencial (MATP). El seguimiento de datos en la aplicación EDUS permite al médico la atención a distancia, bajar los costos por consulta y acortar grandes distancias que podrían separar al paciente del médico y, entre otros beneficios de la Teleconsulta, la Institución se comprometió a realizar más de 730.000 atenciones para reducir tiempos de espera, mediante diversas modalidades, incluyendo la Telemedicina. Como ejemplo de la prestación virtual de servicios, que no ha resuelto el problema de la justicia pronta y cumplida pero ha paliado un poco la situación, en la Corte Suprema de Justicia se realizan gran cantidad de juicios virtuales diariamente, ya que en muchas ocasiones el testigo se ubica en una provincia determinada y el juicio es en otra provincia lejana, de tal forma que no podemos rechazar una herramienta que está a las puertas del futuro, de una modalidad importante de prestación de servicios de salud, en beneficio de los habitantes de Costa Rica y de la propia Institución de Seguridad Social.
  1. Ante una situación tan delicada, nos solidarizamos con el Sindicato SIFREHN e instamos a las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social: Presidencia Ejecutiva de la CCSS, la Junta Directiva en pleno, a la Dra. Paula Cristina Villalobos Solano, de la Comisión Central Evaluadora de Licencias e Incapacidades, al Colegio de Médicos y Cirujanos y su Tribunal de Ética y Moral; y a las organizaciones sindicales UNDECA, SINAE y ANEP, CEN SIPROCIMECA y UNIÓN MÉDICA NACIONAL; las primeras a reconsiderar los posibles castigos hacia los médicos tergiversados, pues han actuado con gran sentido humanístico en la totalidad de casos actualmente realizados, luego en la prestación de servicios de salud por voluntariado y como colaboradores del SIFREHN e históricamente de la misma manera como funcionarios insignes de la propia Institución C.C.S.S. por más de 40 años de servicios ininterrumpidos y a las citadas organizaciones sociales a pronunciarse al respecto, ya que la pérdida del gran beneficio de la Teleconsulta como derecho del paciente, amenazaría con agravar aún más la existencia de más de un millón doscientos mil pacientes en la zozobra de formar parte de esas desesperantes listas de espera.

Notificaciones: Al correo acss.junio.2022@gmail.com

Atentamente,

AUDITORÍA CIUDADANA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Dr. Alfredo Ramírez Montero
MBA. Juan Carlos Aguilar Zamora
M.Sc. Rodrigo Arias López
Lic. Jorge García Araya
Lic. Carlos Eduardo González Arroyo
Sr. Edgar Mesén Sánchez

Niñez con depresión: cómo detectarla y qué hacer

UNA Comunica. Se suele asociar la imagen de la niñez con los juegos, las risas y el aprendizaje de un mundo por descubrir. Sin embargo, la realidad esconde una faceta de la cual poco se habla: la depresión en edades infantiles, incluso a partir de los dos años.

El tema resurge ante la crítica situación que experimenta un país como Corea del Sur: en cuestión de cuatro años, los casos de depresión en esta población aumentaron un 70%. En esta nación, la “presión por el éxito” impulsa a personas adultas responsables a mantener a la niñez en jornadas escolares y extracurriculares que superan las 40 horas semanales, lo que ha generado preocupación en personas expertas.

Tradicionalmente, los cuadros depresivos se han asociado con etapas como la adolescencia o la adultez. Sin embargo, la académica Tamara Fuster, de la Escuela de Psicología de la Universidad Nacional (UNA), señala que “la depresión puede suceder en todas las etapas de la vida, lo que ocurre es que va a tener manifestaciones distintas, según la etapa en la que nos encontremos”.

Una de las diferencias más marcadas en la niñez es que los síntomas no siempre se manifiestan como tristeza, sino como irritabilidad. “Son personas menores de edad que, de repente, van a tener rabietas fuertes o que van a explotar por cualquier cosa”, explicó Fuster.

También se debe prestar atención a cambios en el comportamiento, como la pérdida de interés en actividades que antes resultaban atractivas, falta de energía, disminución del deseo de socializar o tendencia al aislamiento.

Otros signos pueden incluir alteraciones en los patrones de sueño y alimentación, como dormir en exceso o muy poco.

Diferencias entre tristeza y depresión

La depresión en la niñez presenta particularidades relacionadas con la capacidad de expresar emociones. Según Fuster, las personas adultas tienen mayores herramientas para comunicar lo que sienten, mientras que en la niñez esta capacidad está en desarrollo.

La especialista subraya la importancia de distinguir entre tristeza y depresión. La tristeza es una emoción básica y pasajera, asociada a situaciones como la pérdida de un ser querido o de una mascota. En cambio, cuando los síntomas se prolongan por más de dos semanas y se acompañan de irritabilidad, enojo o falta de energía, podría tratarse de un cuadro depresivo.

Factores asociados

Las causas de la depresión en la niñez pueden ser diversas. Entre ellas se encuentran predisposiciones genéticas, condiciones de crianza y la ausencia de vínculos seguros con personas adultas responsables.

También influyen factores como la presión académica, cargas excesivas, acoso escolar y entornos sociales que limitan la interacción o el desarrollo emocional.

Asimismo, se mencionan factores externos como la inseguridad ciudadana, que reduce los espacios de recreación, y la exposición a contenidos violentos que pueden afectar la estabilidad emocional de la niñez.

¿Qué hacer ante señales de alerta?

La académica de la UNA recomienda a las personas adultas responsables permitir que la niñez exprese sus emociones sin juicio, así como demostrar afecto mediante el contacto físico y el acompañamiento cercano.

También se sugiere:

  • mantener rutinas adecuadas de sueño y alimentación,

  • promover actividades físicas y recreativas,

  • fomentar el contacto con la naturaleza,

  • aplicar rutinas relajantes antes de dormir.

“El tiempo de contacto con la naturaleza ayuda ante estados de ansiedad o depresión”, indicó Fuster.

En casos donde los síntomas se prolongan o se agravan, se recomienda acudir a atención profesional, especialmente si la persona menor de edad expresa ideas relacionadas con la muerte, se autolesiona o manifiesta conductas de alarma.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Universidad de Costa Rica advierte riesgos socioambientales en proyecto minero de Abangares

La Universidad de Costa Rica, por medio de su Consejo Universitario, analizó el proyecto de ley denominado Ley para la protección de la actividad minera de Abangares (Expediente N.° 24.932), actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa, y acordó recomendar su no aprobación en su forma actual, hasta tanto no se incorporen observaciones sustantivas de carácter técnico, ambiental y social (CU-19-2026).

Este criterio se fundamenta en los aportes de diversas instancias universitarias consultadas, entre ellas el Programa de Kioscos Socioambientales, la Sede Regional de Guanacaste y la Escuela Centroamericana de Geología, las cuales advierten vacíos significativos y riesgos asociados al proyecto.

El Programa de Kioscos Socioambientales señala que la propuesta legislativa “no corrige los problemas estructurales identificados históricamente; por el contrario, profundiza un modelo de gestión excepcional, caracterizado por altos niveles de opacidad, informalidad y riesgo socioambiental”. Asimismo, advierte que “el análisis comparado demuestra el rezago de Costa Rica frente a países latinoamericanos que han implementado sistemas rigurosos de trazabilidad… En contraste, la dependencia de declaraciones juradas perpetúa la opacidad e impide controlar el flujo de oro desde zonas prohibidas hacia circuitos formales”.

Por su parte, la Sede Regional de Guanacaste enfatiza que “la omisión más preocupante del proyecto de ley es la falta de disposiciones orientadas a la salud pública”, subrayando la ausencia de medidas de atención, monitoreo y prevención para las comunidades expuestas a contaminantes como el mercurio. Si bien reconoce la importancia económica de la minería para Abangares, advierte que su continuidad debe estar condicionada a garantías reales de protección ambiental y sanitaria, de lo contrario se podrían profundizar los daños ecológicos y humanos.

Desde la Escuela Centroamericana de Geología se advierte que “el proyecto no aborda la complejidad real de la problemática minera en Abangares”, y se cuestiona la persistencia de un enfoque fragmentado en la legislación minera. Señala además que la sucesiva ampliación de plazos para la formalización de concesiones evidencia un patrón problemático de legislación reactiva, orientada a “apagar incendios”, en lugar de impulsar una reforma integral del Código de Minería. En este sentido, coincide con las demás instancias en la urgencia de implementar mecanismos robustos de trazabilidad.

En conjunto, estos criterios coinciden en que el proyecto, tal como está planteado, podría profundizar las condiciones de informalidad, opacidad y riesgo ambiental, comprometiendo tanto el patrimonio natural del país como la salud y seguridad de las comunidades involucradas.

La representante de Área de Ciencias Sociales del Consejo Universitario, la politóloga Ilka Treminio, señaló que “en las últimas semanas, a partir de las investigaciones recibidas sobre los daños ambientales asociados a la minería ilegal, se cuenta con evidencia de que no se trata únicamente de procesos artesanales o coligalleros independientes, sino de formas de explotación ilegal con características industriales en Costa Rica, acompañadas de una alta importación de mercurio y cianuro, sustancias que contaminan las aguas y afectan gravemente la salud de las personas”. Asimismo, destacó la importancia de que esta situación se convierta en un llamado a fortalecer el debate académico y a profundizar el aporte de la universidad en materia de salud pública y protección ambiental.

En consecuencia, la Universidad de Costa Rica reitera su disposición a contribuir con conocimiento técnico y científico para el fortalecimiento de iniciativas legislativas que garanticen una gestión responsable, transparente y sostenible de la actividad minera en el país, en resguardo del bien común.

Otros sectores. La posición de la Universidad de Costa Rica es coincidente con un pronunciamiento suscrito por más de 50 organizaciones y personas, el cual advierte sobre los riesgos de mantener un modelo que permite la exportación de oro mediante declaraciones juradas sin trazabilidad verificable. Este pronunciamiento señala que la minería ilegal no opera de forma aislada, sino que converge con otras actividades criminales, incluyendo el lavado de dinero, el contrabando de minerales y el uso descontrolado de sustancias tóxicas como el cianuro y el mercurio, así como posibles vínculos con dinámicas del narcotráfico en zonas fronterizas.

Dictamen (CU-19-2026): https://drive.google.com/file/d/1EzqYd_H8r2um28zApqhww15eGjs4h6I9/view?usp=sharing

Denuncian falta de respuesta de SINAC ante crueldad con patos en lago de Alajuela

La ciudadana Roxana Salazar reiteró, mediante un nuevo mensaje dirigido a autoridades del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y otras instancias del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), su preocupación por la crueldad con patos a los cuales se les niega alimento en un lago artificial en San Rafael de Alajuela.

Según expone, desde febrero de 2026 ha presentado diversas solicitudes para obtener respuestas y soluciones ante lo que califica como una situación de crueldad animal, sin haber recibido contestación ni propuestas concretas por parte de las autoridades.

De acuerdo con el mensaje, el problema se originó en octubre de 2025, cuando funcionarios del SINAC notificaron un apercibimiento que prohibía la alimentación de los patos, bajo el argumento de que se trataba de fauna silvestre.

Sin embargo, la denunciante señala que en ese momento no se aportó documentación que demostrara que los patos, anteriormente considerados domésticos, hubieran adquirido condición de fauna silvestre, ni se ofrecieron alternativas para evitar consecuencias negativas derivadas de la medida.


Señalan ausencia de soluciones

En su comunicación, Salazar indica que a la fecha no se cuenta con:

  • respuestas a las múltiples peticiones presentadas,

  • propuestas para resolver la situación,

  • evidencia técnica sobre el cambio de condición de los animales,

  • información sobre medidas para evitar la muerte de los patos,

  • acciones para prevenir posibles riesgos sanitarios derivados de la posible acumulación de animales muertos.

Afirma que, como resultado de la prohibición de alimentación, los patos y patitos estarían en riesgo de muerte por inanición, situación que, según indica, se mantiene de forma continua desde la emisión de la orden.


Antecedentes del caso

Este tema ha sido abordado en publicaciones previas, en las que se ha señalado que la orden de no alimentar a los patos fue emitida por autoridades del SINAC bajo la consideración de que se trataba de fauna silvestre.

Las denuncias ciudadanas han cuestionado esa clasificación y han advertido sobre las consecuencias que tendría la suspensión de la alimentación sin medidas alternativas, tanto en términos de bienestar animal como de salud pública.


Solicitan respuestas urgentes

La comunicación enviada a diversas autoridades ambientales y de control insiste en la necesidad de respuestas inmediatas y soluciones concretas para detener la situación descrita.

Asimismo, plantea la preocupación por la falta de información oficial sobre el manejo de estos animales y sobre las acciones que se implementarían para evitar mayores afectaciones.

SIFREHN y la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social alertan sobre restricciones a la teleconsulta médica en Costa Rica

El Sindicato del Frente Hospitalario Nacional y Afines (SIFREHN) y la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social emitieron un pronunciamiento en el que expresan preocupación por acciones que, a su juicio, amenazan el ejercicio de la teleconsulta médica y afectan tanto a profesionales en ciencias médicas como a personas pacientes.

Según el documento, el Decreto Ejecutivo N.° 44363-S del 20 de mayo de 2024, denominado Reglamento para el control y regulación de la teleconsulta sanitaria en Costa Rica, establece respaldo normativo para que los médicos puedan realizar consulta virtual de acuerdo con su criterio profesional. El texto cita, en particular, el artículo 2 del capítulo I y el artículo 7 del capítulo II como fundamento de esa posibilidad.

El pronunciamiento subraya que la teleconsulta representa una herramienta relevante en el contexto de las dificultades de acceso a citas presenciales en el primer nivel de atención, especialmente en los EBAIS. Desde esa perspectiva, plantea que la atención médica virtual constituye una alternativa importante para resguardar el derecho a la salud de la población.

Cuestionamientos a actuaciones del Colegio de Médicos y de la CCSS

El documento denuncia que la Fiscalía del Colegio de Médicos impulsó actuaciones contra médicos vinculados a dos consultorios establecidos por SIFREHN, a partir de una investigación relacionada con atenciones brindadas por teleconsulta. Según el texto, a raíz de ese proceso se pretende imponer medidas cautelares para impedir que continúe la atención por esta vía, así como eventuales sanciones profesionales.

Además, el pronunciamiento cuestiona un comunicado fechado el 23 de enero de 2026, atribuido a instancias de la CCSS, mediante el cual se habría indicado a las comisiones regionales de evaluación de licencias e incapacidades no homologar certificados emitidos por uno de los médicos del sindicato. El documento sostiene que esa decisión afecta el ejercicio profesional, el derecho al trabajo y la atención de los pacientes.

Teleconsulta y acceso a servicios de salud

SIFREHN y la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social vinculan esta situación con el contexto más amplio de dificultades en la prestación de servicios del seguro de salud, incluyendo los problemas de acceso y las listas de espera. En ese marco, argumentan que limitar la teleconsulta podría agravar las barreras que ya enfrentan muchas personas para recibir atención médica oportuna.

El documento hace un llamado a sindicatos, asociaciones de trabajadores y organizaciones del sector salud para que se pronuncien sobre esta situación y defiendan la teleconsulta como una modalidad legítima de atención médica, en el entendido de que su uso puede contribuir a ampliar el acceso a servicios sanitarios.

El pronunciamiento aparece suscrito:

Dr. Alfredo Ramírez M.
Por Sindicato SIFREHN
Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social

FECTSALUD advierte sobre riesgos para la seguridad social y llama a defender la CCSS

El secretario de Prensa y Propaganda de la Federación Costarricense de Trabajadores de la Salud (FECTSALUD), Juan Carlos Durán Castro, realizó un llamado público a defender la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y a mantener vigilancia ciudadana frente a decisiones que podrían afectar el sistema de seguridad social del país.

En una exposición difundida en las redes sociales de la organización sindical, Durán analizó la situación actual de la seguridad social costarricense y planteó preocupaciones sobre los riesgos que enfrenta la institución.

El dirigente sindical subrayó que la CCSS constituye uno de los pilares del Estado social de derecho y que su sostenibilidad depende del compromiso de la ciudadanía y de las autoridades públicas para proteger sus principios de solidaridad y universalidad.

Defensa de la seguridad social

Durante su intervención, Durán destacó la importancia de fortalecer la seguridad social como un derecho fundamental de la población costarricense.

Según explicó, la CCSS ha sido históricamente una institución clave para garantizar el acceso a la salud y a las prestaciones sociales, lo que ha permitido mejorar las condiciones de vida de amplios sectores de la población.

En ese sentido, señaló que la defensa de la Caja no corresponde únicamente a las personas trabajadoras del sector salud, sino a toda la ciudadanía, ya que el sistema de seguridad social beneficia al conjunto de la sociedad.

Preocupaciones sobre el rumbo institucional

En su exposición, el representante de FECTSALUD expresó inquietudes sobre decisiones y propuestas que podrían debilitar la institución o alterar el modelo solidario que ha caracterizado al sistema de seguridad social costarricense.

Durán enfatizó que cualquier reforma o medida relacionada con la seguridad social debe orientarse a fortalecer la CCSS y garantizar la sostenibilidad del sistema, evitando acciones que puedan comprometer su capacidad de respuesta ante las necesidades de la población.

Asimismo, destacó la necesidad de promover un debate público informado sobre el futuro de la institución y de mantener mecanismos de participación social en las decisiones que afectan al sistema.

Contexto de debate nacional

Las declaraciones del dirigente sindical se producen en un contexto de discusión nacional sobre diversos temas relacionados con la seguridad social, entre ellos la sostenibilidad del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), la gestión institucional de la CCSS y el cumplimiento de las obligaciones con los fondos de la seguridad social.

En los últimos años, distintos sectores sociales, sindicales y académicos han manifestado preocupaciones sobre la necesidad de fortalecer la transparencia, la sostenibilidad financiera y la gobernanza institucional de la Caja.

En ese marco, organizaciones del sector salud han reiterado que cualquier proceso de reforma debe realizarse mediante diálogo social amplio y con participación de las personas trabajadoras y de la ciudadanía.

Llamado a la participación ciudadana

Finalmente, Durán hizo un llamado a la población a mantenerse informada y participar activamente en la defensa de la seguridad social.

El dirigente sindical señaló que la CCSS representa una conquista histórica del país y que su preservación requiere un compromiso colectivo para garantizar que continúe cumpliendo su misión de proteger la salud y el bienestar de la población.

La exposición completa puede encontrarse en las redes sociales de FECTSALUD.

Aumento de impuestos al tabaco puede retrasar el consumo en jóvenes

RENATA

Los nuevos estudios sobre impuestos al tabaco y edad de inicio del consumo demuestran que elevar los tributos a los productos de tabaco es una de las herramientas más costo-efectivas para prevenir que niños y adolescentes comiencen a fumar en Costa Rica.

Las investigaciones fueron elaboradas por la Red Nacional Antitabaco (RENATA) con expertos de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional y la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, y plantean evidencia para respaldar reformas tributarias en el país en el marco de política fiscal y salud pública.

Según el Dr. Jeancarlo Córdoba, “el análisis sostiene que el precio de los cigarrillos influye directamente en el momento en que las personas comienzan a fumar. Cuando los productos de tabaco son más caros, la probabilidad de que los jóvenes inicien el consumo disminuye, lo que a su vez reduce el riesgo de desarrollar adicción a lar e go plazo”.

Como alerta el economista chileno, Dr. Guillermo Paraje, el estudio se presenta en un momento clave del debate nacional sobre la actualización de los impuestos al tabaco, ya que en Costa Rica se mantienen prácticamente sin cambios desde 2012, cuando se aprobó la Ley 9028 de control del tabaco: “La importancia de los estudios presentados es, por un lado reconocer un estancamiento en el consumo de tabaco en Costa Rica. Lamentablemente Costa Rica no ha avanzado entre el 2015 y 2023, en bajar el consumo de tabaco y por otro lado se muestra que podría retrasarse el inicio en el consumo de tabaco, y eventualmente, impedir que los niños y niñas comiencen a fumar, subiendo el precio de los impuestos. Lamentablemente en Costa Rica no han cambiado desde el 2012”.

El precio del cigarrillo influye en la edad de inicio

Uno de los principales hallazgos es que el precio de los cigarrillos puede modificar el comportamiento de los jóvenes frente al consumo de tabaco. Cuando los precios aumentan, los adolescentes tienen menos probabilidades de comenzar a fumar y quienes lo hacen tienden a retrasar la edad de inicio.

Esta relación ha sido documentada en múltiples estudios internacionales y es una de las razones por las que organismos como la Organización Mundial de la Salud consideran el aumento de impuestos como la medida más costo-efectiva para reducir el consumo de tabaco.

Costa Rica enfrenta costos sanitarios millonarios

El tabaquismo continúa representando una carga significativa para el sistema de salud costarricense. El país destina más de ¢300.000 millones al año en atención de enfermedades relacionadas con el tabaco, lo que evidencia el impacto económico de esta adicción en el sistema sanitario.

Estas enfermedades incluyen cáncer, enfermedades cardiovasculares, afecciones respiratorias crónicas y otras patologías asociadas al consumo de tabaco.

A nivel individual, los estudios también muestran que el tabaquismo reduce significativamente la esperanza de vida. Las personas fumadoras pueden vivir al menos diez años menos que quienes no consumen tabaco.

Impuestos al tabaco: una política subutilizada

Costa Rica se encuentra rezagada en comparación con las recomendaciones internacionales. Actualmente, los impuestos representan aproximadamente el 55% del precio final de los cigarrillos, una proporción que ha disminuido respecto a años anteriores, mientras que la OMS recomienda que los impuestos representen al menos el 75% del precio final para que la política tenga un impacto significativo en la reducción del consumo.

Ante esta situación, en la Asamblea Legislativa de Costa Rica se discute el proyecto de Ley para la Responsabilidad Social del Consumo de Tabaco (expediente 23.880), que propone aumentar y unificar los impuestos a los productos de tabaco.

La iniciativa busca elevar la carga tributaria hasta cerca del 65% del precio de venta, con el objetivo de desincentivar el consumo y simplificar el sistema de recaudación. Diversos organismos internacionales como el Banco Mundial, la OCDE y la propia Organización Mundial de la Salud, han respaldado el expediente 23.880 para aumentar los impuestos al tabaco como una de las herramientas más efectivas para mejorar la salud pública de Costa Rica.

Impacto en la prevención del tabaquismo juvenil

El nuevo estudio destaca que prevenir el inicio del consumo es una de las estrategias más importantes para reducir el tabaquismo en el largo plazo.

Por ello, retrasar la edad de inicio puede tener efectos significativos en la reducción del consumo a lo largo de la vida.

El estudio señala que el aumento de precio no solo reduce el número de nuevos fumadores, sino que también disminuye la cantidad de cigarrillos consumidos por quienes ya han iniciado el hábito.

Evidencia internacional respalda la medida

La literatura científica internacional coincide en que los impuestos al tabaco generan múltiples beneficios:

  • reducen el consumo total de tabaco,

  • retrasan la edad de inicio en jóvenes,

  • disminuyen los gastos en salud asociados al tabaquismo, y

  • generan ingresos fiscales adicionales que pueden destinarse a programas de salud pública.

Además, estudios económicos muestran que un aumento del 10% en el precio de los cigarrillos puede reducir el consumo entre un 4% y un 5%, especialmente entre jóvenes y personas de menores ingresos.

Una decisión de política pública

El debate sobre los impuestos al tabaco en Costa Rica no solo tiene implicaciones fiscales, sino también sanitarias.

Como aseguró el Dr. Jeancarlo Córdoba, de RENATA, “el aumento de impuestos forma parte de un conjunto de medidas recomendadas por el Convenio Marco para el Control del Tabaco, tratado internacional que busca reducir el consumo y proteger a la población de los efectos del tabaquismo. Entre estas políticas también se incluyen restricciones a la publicidad, espacios libres de humo y advertencias sanitarias en los empaques de los productos de tabaco. Nuestro estudio concluye que fortalecer la política fiscal sobre el tabaco puede convertirse en una herramienta clave para proteger la salud de las nuevas generaciones y reducir la carga económica que el tabaquismo representa para el sistema de salud costarricense”.

Como confirmó la Máster Leonela Artavia, investigadora de la UNA, “estos estudios aportan evidencia científica que busca orientar la toma de decisiones y reforzar el argumento de que los impuestos al tabaco no solo generan ingresos para el Estado, sino que también salvan vidas”.

Acerca de la Red Nacional Antitabaco

La Red Nacional Antitabaco (RENATA) es una organización no gubernamental sin fines de lucro que contribuye con la salud de los habitantes de Costa Rica, en la gestión para reducir el consumo de tabaco y la exposición al humo de este. www.rednacionalantitabaco.com

Más de 300 personas denuncian impacto ambiental del proyecto inmobiliario SAVIA en Ulloa de Heredia

Vecinos y vecinas de distintas comunidades de Ulloa de Heredia presentaron el pasado 6 de marzo de 2026 una denuncia formal ante varias instituciones públicas por los impactos ambientales y de salud que, según indican, está generando el proyecto inmobiliario SAVIA, desarrollado por PIMSA Portafolio Inmobiliario.

La gestión fue presentada con más de 300 firmas de residentes, quienes solicitan la intervención inmediata de las autoridades para verificar las condiciones del proyecto y adoptar medidas correctivas ante la emisión recurrente de polvo y material particulado asociado a las obras de construcción.

La denuncia fue dirigida a SETENA, el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), la Municipalidad de Heredia y el Ministerio de Salud, instituciones a las que se pide realizar inspecciones y aplicar las medidas preventivas y cautelares correspondientes.

Denuncia por emisiones de polvo y afectación a la salud

De acuerdo con el documento presentado ante las autoridades, las comunidades cercanas al proyecto han experimentado en las últimas semanas emisiones recurrentes y significativas de polvo producto de las actividades constructivas y del movimiento de materiales en el sitio.

Según señalan las personas denunciantes, este material particulado se desplaza hacia zonas residenciales cercanas, afectando comunidades como Condominio Blue, Condominio Vita, Residencial Los Arcos en Cariari y otros sectores aledaños.

La denuncia advierte que la situación genera afectaciones directas a la salud de las personas, particularmente en quienes padecen problemas respiratorios o pertenecen a grupos vulnerables, para quienes la exposición constante a partículas en suspensión representa un riesgo prolongado.

Asimismo, los residentes reportan que el polvo se deposita de forma persistente en viviendas, terrazas, vehículos y otras superficies, alterando la vida cotidiana y el uso normal de los hogares.

Solicitud de inspección y medidas cautelares

En el documento dirigido a la Municipalidad de Heredia, específicamente al Departamento de Control Constructivo, Ingeniería Municipal y Gestión Ambiental, solicitan una inspección urgente del proyecto.

La petición plantea que las autoridades verifiquen la situación denunciada y adopten medidas correctivas, preventivas y cautelares frente a la emisión recurrente de polvo proveniente del proyecto SAVIA.

Según la denuncia, el desarrollo se ubica en Barreal de Heredia, con conexión a la Ruta 1, zona donde anteriormente existían cafetales.

Preocupación por impacto ambiental y fauna silvestre

Además de los efectos en la salud y en la calidad de vida de las comunidades cercanas, las personas firmantes de la denuncia expresan preocupación por impactos ambientales adicionales derivados del desarrollo del proyecto.

En la nota enviada indican que en los últimos meses se ha observado un aumento en la presencia de fauna silvestre desplazada de su hábitat, especialmente animales que habitaban en los antiguos cafetales de la zona.

Entre los casos reportados se mencionan armadillos y garzas atropelladas, lo que, según los denunciantes, evidencia los efectos del cambio en el uso del suelo y del avance de las obras constructivas.

Denuncian abandono institucional

Las personas residentes que impulsan la denuncia manifiestan sentirse abandonadas en su lucha por obtener respuestas institucionales, pese a que —según indican— la situación ha sido persistente y afecta a varias comunidades del sector.

Por esta razón, solicitan a las autoridades competentes actuar con prontitud, verificar las condiciones del proyecto y garantizar la protección de la salud de las personas y del entorno ambiental de la zona.

Concejo Municipal de San José crea comisión especial para analizar servicios de salud en San Sebastián

El Concejo Municipal del Cantón Central de San José aprobó la creación de una Comisión Especial por el derecho a la salud en el distrito de San Sebastián, con el objetivo de investigar, evaluar y formular recomendaciones sobre la prestación de los servicios de salud en esa comunidad.

La decisión fue adoptada mediante el Acuerdo 8, Artículo V de la Sesión Ordinaria N.º 096, celebrada el 3 de marzo de 2026, tras una moción presentada por la regidora Zúñiga Pérez y suscrita por el regidor Guadamuz Villalobos, la cual fue aprobada por unanimidad.

Evaluación de la tercerización de servicios de salud

Según el acuerdo municipal, la comisión tendrá como objetivo principal analizar los procesos de tercerización de los servicios del área de salud del distrito de San Sebastián, tomando en cuenta denuncias ciudadanas y estudios presentados por asociaciones civiles y organizaciones comunitarias.

La instancia también buscará generar propuestas y recomendaciones orientadas al mejoramiento de la prestación de servicios de salud, acompañando a las comunidades en la canalización de sus inquietudes y solicitudes ante las instituciones competentes.

Fundamentos legales y derechos ciudadanos

La creación de la comisión se fundamenta en diversos principios legales y constitucionales vinculados con el derecho a la salud y el bienestar de la población.

Entre ellos se citan el Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado que garantice su salud y bienestar, así como el Artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica, que establece el deber del Estado de procurar el mayor bienestar para todas las personas habitantes del país.

Asimismo, se hace referencia a la Ley General de Salud (N.º 5395), que define la salud de la población como un bien de interés público tutelado por el Estado.

Participación institucional y comunitaria

La comisión estará integrada por cinco personas: cuatro regidurías y la persona síndica del Concejo de Distrito de San Sebastián. Además, se prevé la participación de tres representantes de sectores comunales, quienes podrán intervenir con voz en el proceso de análisis y deliberación.

El Concejo Municipal estableció un plazo de 90 días para que la comisión cumpla sus objetivos y presente los resultados de su trabajo.

Salud y desarrollo local

En el acuerdo también se señala que el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2028 del cantón de San José incluye como uno de sus ejes el fortalecimiento del bienestar de la población mediante la mejora en la calidad y acceso a los servicios de salud.

Las prestaciones de los centros de salud del cantón son consideradas un elemento fundamental para garantizar los derechos humanos de la población y responder a las necesidades reales de las comunidades.