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Etiqueta: salud pública

SIFREHN y la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social alertan sobre restricciones a la teleconsulta médica en Costa Rica

El Sindicato del Frente Hospitalario Nacional y Afines (SIFREHN) y la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social emitieron un pronunciamiento en el que expresan preocupación por acciones que, a su juicio, amenazan el ejercicio de la teleconsulta médica y afectan tanto a profesionales en ciencias médicas como a personas pacientes.

Según el documento, el Decreto Ejecutivo N.° 44363-S del 20 de mayo de 2024, denominado Reglamento para el control y regulación de la teleconsulta sanitaria en Costa Rica, establece respaldo normativo para que los médicos puedan realizar consulta virtual de acuerdo con su criterio profesional. El texto cita, en particular, el artículo 2 del capítulo I y el artículo 7 del capítulo II como fundamento de esa posibilidad.

El pronunciamiento subraya que la teleconsulta representa una herramienta relevante en el contexto de las dificultades de acceso a citas presenciales en el primer nivel de atención, especialmente en los EBAIS. Desde esa perspectiva, plantea que la atención médica virtual constituye una alternativa importante para resguardar el derecho a la salud de la población.

Cuestionamientos a actuaciones del Colegio de Médicos y de la CCSS

El documento denuncia que la Fiscalía del Colegio de Médicos impulsó actuaciones contra médicos vinculados a dos consultorios establecidos por SIFREHN, a partir de una investigación relacionada con atenciones brindadas por teleconsulta. Según el texto, a raíz de ese proceso se pretende imponer medidas cautelares para impedir que continúe la atención por esta vía, así como eventuales sanciones profesionales.

Además, el pronunciamiento cuestiona un comunicado fechado el 23 de enero de 2026, atribuido a instancias de la CCSS, mediante el cual se habría indicado a las comisiones regionales de evaluación de licencias e incapacidades no homologar certificados emitidos por uno de los médicos del sindicato. El documento sostiene que esa decisión afecta el ejercicio profesional, el derecho al trabajo y la atención de los pacientes.

Teleconsulta y acceso a servicios de salud

SIFREHN y la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social vinculan esta situación con el contexto más amplio de dificultades en la prestación de servicios del seguro de salud, incluyendo los problemas de acceso y las listas de espera. En ese marco, argumentan que limitar la teleconsulta podría agravar las barreras que ya enfrentan muchas personas para recibir atención médica oportuna.

El documento hace un llamado a sindicatos, asociaciones de trabajadores y organizaciones del sector salud para que se pronuncien sobre esta situación y defiendan la teleconsulta como una modalidad legítima de atención médica, en el entendido de que su uso puede contribuir a ampliar el acceso a servicios sanitarios.

El pronunciamiento aparece suscrito:

Dr. Alfredo Ramírez M.
Por Sindicato SIFREHN
Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social

FECTSALUD advierte sobre riesgos para la seguridad social y llama a defender la CCSS

El secretario de Prensa y Propaganda de la Federación Costarricense de Trabajadores de la Salud (FECTSALUD), Juan Carlos Durán Castro, realizó un llamado público a defender la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y a mantener vigilancia ciudadana frente a decisiones que podrían afectar el sistema de seguridad social del país.

En una exposición difundida en las redes sociales de la organización sindical, Durán analizó la situación actual de la seguridad social costarricense y planteó preocupaciones sobre los riesgos que enfrenta la institución.

El dirigente sindical subrayó que la CCSS constituye uno de los pilares del Estado social de derecho y que su sostenibilidad depende del compromiso de la ciudadanía y de las autoridades públicas para proteger sus principios de solidaridad y universalidad.

Defensa de la seguridad social

Durante su intervención, Durán destacó la importancia de fortalecer la seguridad social como un derecho fundamental de la población costarricense.

Según explicó, la CCSS ha sido históricamente una institución clave para garantizar el acceso a la salud y a las prestaciones sociales, lo que ha permitido mejorar las condiciones de vida de amplios sectores de la población.

En ese sentido, señaló que la defensa de la Caja no corresponde únicamente a las personas trabajadoras del sector salud, sino a toda la ciudadanía, ya que el sistema de seguridad social beneficia al conjunto de la sociedad.

Preocupaciones sobre el rumbo institucional

En su exposición, el representante de FECTSALUD expresó inquietudes sobre decisiones y propuestas que podrían debilitar la institución o alterar el modelo solidario que ha caracterizado al sistema de seguridad social costarricense.

Durán enfatizó que cualquier reforma o medida relacionada con la seguridad social debe orientarse a fortalecer la CCSS y garantizar la sostenibilidad del sistema, evitando acciones que puedan comprometer su capacidad de respuesta ante las necesidades de la población.

Asimismo, destacó la necesidad de promover un debate público informado sobre el futuro de la institución y de mantener mecanismos de participación social en las decisiones que afectan al sistema.

Contexto de debate nacional

Las declaraciones del dirigente sindical se producen en un contexto de discusión nacional sobre diversos temas relacionados con la seguridad social, entre ellos la sostenibilidad del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), la gestión institucional de la CCSS y el cumplimiento de las obligaciones con los fondos de la seguridad social.

En los últimos años, distintos sectores sociales, sindicales y académicos han manifestado preocupaciones sobre la necesidad de fortalecer la transparencia, la sostenibilidad financiera y la gobernanza institucional de la Caja.

En ese marco, organizaciones del sector salud han reiterado que cualquier proceso de reforma debe realizarse mediante diálogo social amplio y con participación de las personas trabajadoras y de la ciudadanía.

Llamado a la participación ciudadana

Finalmente, Durán hizo un llamado a la población a mantenerse informada y participar activamente en la defensa de la seguridad social.

El dirigente sindical señaló que la CCSS representa una conquista histórica del país y que su preservación requiere un compromiso colectivo para garantizar que continúe cumpliendo su misión de proteger la salud y el bienestar de la población.

La exposición completa puede encontrarse en las redes sociales de FECTSALUD.

Aumento de impuestos al tabaco puede retrasar el consumo en jóvenes

RENATA

Los nuevos estudios sobre impuestos al tabaco y edad de inicio del consumo demuestran que elevar los tributos a los productos de tabaco es una de las herramientas más costo-efectivas para prevenir que niños y adolescentes comiencen a fumar en Costa Rica.

Las investigaciones fueron elaboradas por la Red Nacional Antitabaco (RENATA) con expertos de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional y la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, y plantean evidencia para respaldar reformas tributarias en el país en el marco de política fiscal y salud pública.

Según el Dr. Jeancarlo Córdoba, “el análisis sostiene que el precio de los cigarrillos influye directamente en el momento en que las personas comienzan a fumar. Cuando los productos de tabaco son más caros, la probabilidad de que los jóvenes inicien el consumo disminuye, lo que a su vez reduce el riesgo de desarrollar adicción a lar e go plazo”.

Como alerta el economista chileno, Dr. Guillermo Paraje, el estudio se presenta en un momento clave del debate nacional sobre la actualización de los impuestos al tabaco, ya que en Costa Rica se mantienen prácticamente sin cambios desde 2012, cuando se aprobó la Ley 9028 de control del tabaco: “La importancia de los estudios presentados es, por un lado reconocer un estancamiento en el consumo de tabaco en Costa Rica. Lamentablemente Costa Rica no ha avanzado entre el 2015 y 2023, en bajar el consumo de tabaco y por otro lado se muestra que podría retrasarse el inicio en el consumo de tabaco, y eventualmente, impedir que los niños y niñas comiencen a fumar, subiendo el precio de los impuestos. Lamentablemente en Costa Rica no han cambiado desde el 2012”.

El precio del cigarrillo influye en la edad de inicio

Uno de los principales hallazgos es que el precio de los cigarrillos puede modificar el comportamiento de los jóvenes frente al consumo de tabaco. Cuando los precios aumentan, los adolescentes tienen menos probabilidades de comenzar a fumar y quienes lo hacen tienden a retrasar la edad de inicio.

Esta relación ha sido documentada en múltiples estudios internacionales y es una de las razones por las que organismos como la Organización Mundial de la Salud consideran el aumento de impuestos como la medida más costo-efectiva para reducir el consumo de tabaco.

Costa Rica enfrenta costos sanitarios millonarios

El tabaquismo continúa representando una carga significativa para el sistema de salud costarricense. El país destina más de ¢300.000 millones al año en atención de enfermedades relacionadas con el tabaco, lo que evidencia el impacto económico de esta adicción en el sistema sanitario.

Estas enfermedades incluyen cáncer, enfermedades cardiovasculares, afecciones respiratorias crónicas y otras patologías asociadas al consumo de tabaco.

A nivel individual, los estudios también muestran que el tabaquismo reduce significativamente la esperanza de vida. Las personas fumadoras pueden vivir al menos diez años menos que quienes no consumen tabaco.

Impuestos al tabaco: una política subutilizada

Costa Rica se encuentra rezagada en comparación con las recomendaciones internacionales. Actualmente, los impuestos representan aproximadamente el 55% del precio final de los cigarrillos, una proporción que ha disminuido respecto a años anteriores, mientras que la OMS recomienda que los impuestos representen al menos el 75% del precio final para que la política tenga un impacto significativo en la reducción del consumo.

Ante esta situación, en la Asamblea Legislativa de Costa Rica se discute el proyecto de Ley para la Responsabilidad Social del Consumo de Tabaco (expediente 23.880), que propone aumentar y unificar los impuestos a los productos de tabaco.

La iniciativa busca elevar la carga tributaria hasta cerca del 65% del precio de venta, con el objetivo de desincentivar el consumo y simplificar el sistema de recaudación. Diversos organismos internacionales como el Banco Mundial, la OCDE y la propia Organización Mundial de la Salud, han respaldado el expediente 23.880 para aumentar los impuestos al tabaco como una de las herramientas más efectivas para mejorar la salud pública de Costa Rica.

Impacto en la prevención del tabaquismo juvenil

El nuevo estudio destaca que prevenir el inicio del consumo es una de las estrategias más importantes para reducir el tabaquismo en el largo plazo.

Por ello, retrasar la edad de inicio puede tener efectos significativos en la reducción del consumo a lo largo de la vida.

El estudio señala que el aumento de precio no solo reduce el número de nuevos fumadores, sino que también disminuye la cantidad de cigarrillos consumidos por quienes ya han iniciado el hábito.

Evidencia internacional respalda la medida

La literatura científica internacional coincide en que los impuestos al tabaco generan múltiples beneficios:

  • reducen el consumo total de tabaco,

  • retrasan la edad de inicio en jóvenes,

  • disminuyen los gastos en salud asociados al tabaquismo, y

  • generan ingresos fiscales adicionales que pueden destinarse a programas de salud pública.

Además, estudios económicos muestran que un aumento del 10% en el precio de los cigarrillos puede reducir el consumo entre un 4% y un 5%, especialmente entre jóvenes y personas de menores ingresos.

Una decisión de política pública

El debate sobre los impuestos al tabaco en Costa Rica no solo tiene implicaciones fiscales, sino también sanitarias.

Como aseguró el Dr. Jeancarlo Córdoba, de RENATA, “el aumento de impuestos forma parte de un conjunto de medidas recomendadas por el Convenio Marco para el Control del Tabaco, tratado internacional que busca reducir el consumo y proteger a la población de los efectos del tabaquismo. Entre estas políticas también se incluyen restricciones a la publicidad, espacios libres de humo y advertencias sanitarias en los empaques de los productos de tabaco. Nuestro estudio concluye que fortalecer la política fiscal sobre el tabaco puede convertirse en una herramienta clave para proteger la salud de las nuevas generaciones y reducir la carga económica que el tabaquismo representa para el sistema de salud costarricense”.

Como confirmó la Máster Leonela Artavia, investigadora de la UNA, “estos estudios aportan evidencia científica que busca orientar la toma de decisiones y reforzar el argumento de que los impuestos al tabaco no solo generan ingresos para el Estado, sino que también salvan vidas”.

Acerca de la Red Nacional Antitabaco

La Red Nacional Antitabaco (RENATA) es una organización no gubernamental sin fines de lucro que contribuye con la salud de los habitantes de Costa Rica, en la gestión para reducir el consumo de tabaco y la exposición al humo de este. www.rednacionalantitabaco.com

Más de 300 personas denuncian impacto ambiental del proyecto inmobiliario SAVIA en Ulloa de Heredia

Vecinos y vecinas de distintas comunidades de Ulloa de Heredia presentaron el pasado 6 de marzo de 2026 una denuncia formal ante varias instituciones públicas por los impactos ambientales y de salud que, según indican, está generando el proyecto inmobiliario SAVIA, desarrollado por PIMSA Portafolio Inmobiliario.

La gestión fue presentada con más de 300 firmas de residentes, quienes solicitan la intervención inmediata de las autoridades para verificar las condiciones del proyecto y adoptar medidas correctivas ante la emisión recurrente de polvo y material particulado asociado a las obras de construcción.

La denuncia fue dirigida a SETENA, el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), la Municipalidad de Heredia y el Ministerio de Salud, instituciones a las que se pide realizar inspecciones y aplicar las medidas preventivas y cautelares correspondientes.

Denuncia por emisiones de polvo y afectación a la salud

De acuerdo con el documento presentado ante las autoridades, las comunidades cercanas al proyecto han experimentado en las últimas semanas emisiones recurrentes y significativas de polvo producto de las actividades constructivas y del movimiento de materiales en el sitio.

Según señalan las personas denunciantes, este material particulado se desplaza hacia zonas residenciales cercanas, afectando comunidades como Condominio Blue, Condominio Vita, Residencial Los Arcos en Cariari y otros sectores aledaños.

La denuncia advierte que la situación genera afectaciones directas a la salud de las personas, particularmente en quienes padecen problemas respiratorios o pertenecen a grupos vulnerables, para quienes la exposición constante a partículas en suspensión representa un riesgo prolongado.

Asimismo, los residentes reportan que el polvo se deposita de forma persistente en viviendas, terrazas, vehículos y otras superficies, alterando la vida cotidiana y el uso normal de los hogares.

Solicitud de inspección y medidas cautelares

En el documento dirigido a la Municipalidad de Heredia, específicamente al Departamento de Control Constructivo, Ingeniería Municipal y Gestión Ambiental, solicitan una inspección urgente del proyecto.

La petición plantea que las autoridades verifiquen la situación denunciada y adopten medidas correctivas, preventivas y cautelares frente a la emisión recurrente de polvo proveniente del proyecto SAVIA.

Según la denuncia, el desarrollo se ubica en Barreal de Heredia, con conexión a la Ruta 1, zona donde anteriormente existían cafetales.

Preocupación por impacto ambiental y fauna silvestre

Además de los efectos en la salud y en la calidad de vida de las comunidades cercanas, las personas firmantes de la denuncia expresan preocupación por impactos ambientales adicionales derivados del desarrollo del proyecto.

En la nota enviada indican que en los últimos meses se ha observado un aumento en la presencia de fauna silvestre desplazada de su hábitat, especialmente animales que habitaban en los antiguos cafetales de la zona.

Entre los casos reportados se mencionan armadillos y garzas atropelladas, lo que, según los denunciantes, evidencia los efectos del cambio en el uso del suelo y del avance de las obras constructivas.

Denuncian abandono institucional

Las personas residentes que impulsan la denuncia manifiestan sentirse abandonadas en su lucha por obtener respuestas institucionales, pese a que —según indican— la situación ha sido persistente y afecta a varias comunidades del sector.

Por esta razón, solicitan a las autoridades competentes actuar con prontitud, verificar las condiciones del proyecto y garantizar la protección de la salud de las personas y del entorno ambiental de la zona.

Concejo Municipal de San José crea comisión especial para analizar servicios de salud en San Sebastián

El Concejo Municipal del Cantón Central de San José aprobó la creación de una Comisión Especial por el derecho a la salud en el distrito de San Sebastián, con el objetivo de investigar, evaluar y formular recomendaciones sobre la prestación de los servicios de salud en esa comunidad.

La decisión fue adoptada mediante el Acuerdo 8, Artículo V de la Sesión Ordinaria N.º 096, celebrada el 3 de marzo de 2026, tras una moción presentada por la regidora Zúñiga Pérez y suscrita por el regidor Guadamuz Villalobos, la cual fue aprobada por unanimidad.

Evaluación de la tercerización de servicios de salud

Según el acuerdo municipal, la comisión tendrá como objetivo principal analizar los procesos de tercerización de los servicios del área de salud del distrito de San Sebastián, tomando en cuenta denuncias ciudadanas y estudios presentados por asociaciones civiles y organizaciones comunitarias.

La instancia también buscará generar propuestas y recomendaciones orientadas al mejoramiento de la prestación de servicios de salud, acompañando a las comunidades en la canalización de sus inquietudes y solicitudes ante las instituciones competentes.

Fundamentos legales y derechos ciudadanos

La creación de la comisión se fundamenta en diversos principios legales y constitucionales vinculados con el derecho a la salud y el bienestar de la población.

Entre ellos se citan el Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado que garantice su salud y bienestar, así como el Artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica, que establece el deber del Estado de procurar el mayor bienestar para todas las personas habitantes del país.

Asimismo, se hace referencia a la Ley General de Salud (N.º 5395), que define la salud de la población como un bien de interés público tutelado por el Estado.

Participación institucional y comunitaria

La comisión estará integrada por cinco personas: cuatro regidurías y la persona síndica del Concejo de Distrito de San Sebastián. Además, se prevé la participación de tres representantes de sectores comunales, quienes podrán intervenir con voz en el proceso de análisis y deliberación.

El Concejo Municipal estableció un plazo de 90 días para que la comisión cumpla sus objetivos y presente los resultados de su trabajo.

Salud y desarrollo local

En el acuerdo también se señala que el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2028 del cantón de San José incluye como uno de sus ejes el fortalecimiento del bienestar de la población mediante la mejora en la calidad y acceso a los servicios de salud.

Las prestaciones de los centros de salud del cantón son consideradas un elemento fundamental para garantizar los derechos humanos de la población y responder a las necesidades reales de las comunidades.

Denuncia por quema de cientos de hectáreas de rastrojos de piña en Buenos Aires

  • Sin aviso previo y hasta altas horas de la noche

  • Viviendas, personas y el planeta pagan la factura de una mala práctica

  • Impactantes registros en video nocturnos y tomas aéreas con dron durante el día

Bloque Verde. Para muchas personas la llegada del verano es la mejor época del año. Sin embargo, para quienes viven cerca de plantaciones piñeras o cañales, esta temporada se convierte en un período crítico debido a la intensificación de las quemas agrícolas, una práctica que antepone las ganancias de la agroindustria a la salud de las comunidades deteriora el ambiente y contribuye al cambio climático.

Esto es lo que experimentan vecinas y vecinos del cantón central de Buenos Aires, donde los piñales se han expandido por prácticamente todos los rincones del territorio, rodeando escuelas, clínicas, urbanizaciones y viviendas. En este contexto, la quema de rastrojos se ha consolidado como una de las formas más agresivas e irresponsables de manejar los desechos de la producción.

Desde aproximadamente las cuatro de la tarde y hasta altas horas de la noche, en ocasiones hasta la medianoche, los piñales arden, afectando el descanso de cientos de personas y agravando de forma directa la salud de quienes padecen asma u otras enfermedades respiratorias. Estas quemas no solo impactan la salud humana, sino que también deterioran el suelo, afectan la calidad del agua, dañan la vegetación y contribuyen al calentamiento global.

En los videos se evidencia que no se respetan las áreas de protección de nacientes, ya que el fuego avanza sin distinción sobre zonas que deberían permanecer intocables, pese a que el Reglamento para Quemas Agrícolas Controladas establece la obligación de respetar estas áreas de protección. Incluso, las quemas se realizan en las cercanías del tanque de captación de agua que abastece a la ciudad de Buenos Aires, lo que representa un riesgo directo para la seguridad hídrica y la salud de la población.

Resulta alarmante que, existiendo múltiples alternativas para el manejo de los residuos de la piña como: el triturado mecánico del rastrojo, su incorporación al suelo como abono orgánico, el uso de microorganismos descomponedores, el compostaje, las coberturas vegetales e incluso su aprovechamiento energético, la empresa PINDECO (Del Monte) continúe recurriendo a la quema, mientras se presenta ante los mercados del norte global como un modelo de “buenas prácticas” y sostenibilidad.

La situación se agrava aún más porque, según denuncian personas de la comunidad, la práctica habitual de la industria piñera consiste en aplicar previamente herbicidas como paraquat o glifosato para acelerar la desecación del rastrojo y posteriormente proceder a la quema. Durante estos procesos pueden generarse dioxinas, sustancias altamente tóxicas, cancerígenas y bioacumulativas, además de humo blanco y partículas en suspensión que contaminan el aire.

Las dioxinas se producen en procesos de combustión donde interviene el cloro. Estas partículas son inhaladas por las personas, afectan la naturaleza y la vida silvestre, y contribuyen al calentamiento global, convirtiendo estas quemas en un grave problema de salud pública y ambiental.

La comunidad bonaerense ha manifestado reiteradamente su preocupación por estos “sahumerios tóxicos» que afectan la salud laboral y ambiental, generan malestar inmediato y representan riesgos a largo plazo, por lo que exigen el cese inmediato de esta práctica.

Según relatan vecinas y vecinos, no existe ningún aviso previo: simplemente se prende fuego cuando las personas se disponen a descansar o a aprovechar el fresco de la tarde, después de días extremadamente calurosos característicos del verano en la zona.

Las quemas agrícolas constituyen una mala práctica productiva, aunque actualmente se encuentren permitidas mediante permisos otorgados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con base en la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos y su reglamento, la Ley de Cercas Divisorias y Quemas y el Reglamento para Quemas Agrícolas Controladas. No obstante, esta legalidad está siendo cuestionada mediante una acción de inconstitucionalidad presentada por el abogado ambientalista Álvaro Sagot, fundamentada en la legislación climática y de legislación ambiental vigente.

De acuerdo con la Estrategia Nacional de Manejo Integral del Fuego en Costa Rica 2012–2021, entre 2007 y 2012 las principales causas de incendios forestales fueron las quemas de pastos y actividades agropecuarias, que representaron un 46,06% de los casos. En años recientes, la afectación por incendios ha sido persistente y creciente: 10.724 hectáreas quemadas en 2020, 6.411 hectáreas en 2021, 8.900 hectáreas en 2022 y 8.500 hectáreas en 2023. La temporada de incendios del 2024 fue la más agresiva de los últimos diez años, con 141 emergencias registradas y 27.865 hectáreas afectadas, lo que evidencia la urgencia de revisar, limitar y erradicar prácticas como las quemas agrícolas.

Para el Bloque Verde, la salud pública y el ambiente deben estar por encima de cualquier interés empresarial. Mucho se ha hablado de buenas prácticas, de enfriar el planeta y de enfrentar el cambio climático, pero las quemas agrícolas son una práctica arcaica, sin justificación técnica, en un contexto donde la temperatura global alcanza récords históricos año tras año.

La empresa transnacional PINDECO mantiene presencia exclusiva en la Zona Sur desde hace cerca de 50 años, territorio donde inició la expansión del monocultivo de piña en el país. Esta expansión fue denunciada por la deforestación de 5.568 hectáreas de bosque entre los años 2000 y 2015 en todo el país, cuando la tala ya constituía un delito ambiental. De ese total, 1.789,71 hectáreas corresponden a la región Brunca, según datos del Monitoreo de Cambio de Uso en Paisajes Productivos (MOCUPP)

Le invitamos a ver el video:

UCR recomienda no aprobar proyecto de ley que permitiría minería de oro a cielo abierto en Crucitas

La Universidad de Costa Rica votó en la sesión N°6967, un acuerdo (CU-160-2025) frente al proyecto de ley denominado Ley para regular la exploración y explotación de minería metálica sostenible a cielo abierto en el Distrito de Cutris de San Carlos, Provincia de Alajuela y Reforma parcial al Código de Minería, Expediente n.º 24.717, actualmente en conocimiento de la Asamblea Legislativa.

Luego de un análisis integral solicitado por la Asamblea Legislativa la Universidad de Costa Rica por medio del Consejo Universitario concluye que la iniciativa presenta debilidades estructurales, riesgos ambientales, sociales, institucionales y jurídicos, y que no constituye una respuesta adecuada ni efectiva al problema de la minería ilegal en la zona de Crucitas.

El proceso de análisis incorporó criterios de diversas instancias universitarias, entre ellas el Programa Kioscos Socioambientales, la Escuela Centroamericana de Geología, el Departamento de Salud Ambiental de la Escuela de Tecnologías en Salud y el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental.

Desde el Programa Kioscos Socioambientales se advierte que el proyecto de ley parte de una base profundamente problemática. En su criterio institucional se señala de forma expresa que existe una “ausencia de diagnóstico serio y contextual”, ya que “el proyecto ignora los antecedentes históricos de minería metálica en Costa Rica, como los casos de Crucitas, Bellavista y Beta Vargas, todos marcados por impactos negativos y fracasos institucionales”. Además, se indica que “no se analiza por qué han fallado sistemáticamente los proyectos mineros en el país, ni se ofrece una evaluación realista de la minería ilegal actual”.

Kioscos Socioambientales también alerta sobre la desproporción territorial que introduce la iniciativa, al señalar que “el proyecto propone abrir más de 849 km² a la exploración y explotación minera, cuando los estudios oficiales indican que el área afectada por minería ilegal representa menos del 1 % del distrito”, lo cual “sugiere que el objetivo no es la remediación ambiental, sino la legalización de una expansión minera a gran escala bajo un régimen de excepción”.

Asimismo, el programa advierte que la propuesta legislativa no enfrenta las causas estructurales de la minería ilegal y, por el contrario, podría agravarlas. En ese sentido, se señala que “legalizar la minería sin una estrategia de seguridad efectiva podría legitimar estructuras delictivas y aumentar la violencia en territorios fronterizos”, en un contexto donde “existen vínculos documentados entre minería ilegal, narcotráfico y crimen organizado”.

Por su parte, la Escuela Centroamericana de Geología realizó observaciones técnicas de fondo al proyecto, señalando que legislar de manera parcial una actividad compleja como la minería constituye un error reiterado. En su análisis se afirma que “legislar parcialmente para una actividad compleja como la minería no es razonable”, y que resulta necesario un abordaje integral del Código de Minería para todo el territorio nacional.

La Escuela también cuestiona el uso del concepto de minería sostenible en el proyecto, indicando que “es extraña esa mezcla conceptual que se contrapone”, ya que la minería implica necesariamente el agotamiento del recurso, y que los posibles beneficios económicos no pueden justificar la ausencia de una regulación robusta y coherente.

En relación con el mecanismo de concesión, la Escuela de Geología es enfática al señalar que “solo tomar el royalty como base de puja no es aceptable”, y que “se debería evaluar la totalidad del proyecto minero propuesto”, incorporando aspectos como la gestión de residuos, los impactos ambientales, las medidas de cierre técnico, la relación con las comunidades y la remediación de los daños existentes.

En ese mismo sentido, se advierte que una lógica puramente económica resulta insuficiente, ya que “el proceso debe valorar también los componentes ambientales y sociales dentro de un estudio de factibilidad integral”. Se señala además que “la experiencia internacional demuestra que es posible diseñar concursos más equilibrados”.

La Escuela también critica que el artículo 9 obligue a entregar toda la información de exploración a la Dirección de Geología y Minas para incluirla en futuras subastas, lo cual refleja un desconocimiento de cómo funciona la industria minera, dado que la exploración constituye una inversión estratégica que no debería ser de acceso público inmediato.

De forma contundente, la Escuela concluye que “el proyecto de ley es otro esfuerzo más que presenta propuestas similares a otros anteriores para regular la minería en Crucitas”, y que no contribuye a frenar la minería ilegal, sino que “incita a la minería ilegal, similar a la existente en la actualidad en Crucitas”.

A estas observaciones se suman los señalamientos del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental, que advierte que la propuesta “no constituye una estrategia efectiva para mitigar los efectos de la minería ilegal” y que “se requiere una reforma sustantiva que priorice la sostenibilidad, la protección ambiental y la salud pública”, en lugar de limitarse a la legalización de la minería a cielo abierto sin controles adecuados. Además, se advierte “la ausencia de un estudio socioeconómico que respalde técnicamente la declaratoria propuesta en el proyecto de ley”.

Finalmente, la Escuela de Salud Ambiental señala que “La minería es una de las actividades laborales con mayor impacto en la salud de las personas trabajadoras, sus familias y las comunidades. Estos efectos pueden ser de carácter físico, biológico y químico, y en muchos casos se manifiestan a largo plazo, lo que dificulta su comprensión clínica y epidemiológica. Si bien Costa Rica cuenta con un marco normativo e institucional en materia de salud ambiental, persiste una brecha significativa entre la normativa existente y su aplicación práctica”.

Acuerdo final

Con base en el análisis institucional realizado, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica acuerda:“ Comunicar a la Asamblea Legislativa, por medio de la Comisión Especial de la Provincia de Alajuela, que la Universidad de Costa Rica recomienda no aprobar el proyecto denominado Ley para regular la exploración y explotación de minería metálica sostenible a cielo abierto en el Distrito de Cutris de San Carlos, Provincia de Alajuela y Reforma parcial al Código de Minería, Ley n.° 6797 del 4 de octubre de 1982, Expediente n.º 24.717, por las observaciones señaladas en el considerando 5.”

Asimismo, la Universidad de Costa Rica manifiesta que “queda en la mejor disposición de colaborar con el criterio de personas expertas para aportar en este proyecto de ley”.

Ver acuerdo: https://www.youtube.com/live/osFQLvTDv2M?t=7275s

Texto del acuerdo: https://drive.google.com/file/d/1t803LuX2fJ267ZedjoAMJyKhCnU3HYR5/view?usp=drive_link

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

UNDECA: El aumento del gasto en salud es consecuencia del deterioro deliberado de la CCSS

Comunicado

La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) manifiesta su profunda preocupación ante el aumento del gasto en salud que hoy enfrentan los hogares costarricenses. Este incremento no es casual ni responde únicamente a factores económicos, es el resultado directo del deterioro sistemático y provocado de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por parte del gobierno de Rodrigo Chaves, los actos de corrupción como el Caso Barrenador, entre otros, y el fallido sistema informático del ERP-SAP que sigue siendo una fuga permanente de dinero de la Caja que podría invertirse en salvar vidas.

Las crecientes listas de espera, la falta de especialistas y personal, el déficit de equipos e infraestructura, el desabastecimiento de medicamentos, así como el retraso en la construcción de hospitales, clínicas y Ebais, obligan a miles de personas a recurrir a servicios privados y a pagar de su propio bolsillo lo que debería garantizar el sistema público de salud.

UNDECA denuncia que el no pago de la multimillonaria deuda del Estado con la CCSS, que ya supera los ¢5 BILLONES forma parte de una estrategia deliberada de asfixia financiera. Al debilitar la Caja, se busca justificar su desmantelamiento y abrir el camino al negocio privado de la salud, trasladando la carga económica a las familias trabajadoras y profundizando la desigualdad en el acceso a la atención médica.

Este proceso no solo amenaza a la CCSS, sino al derecho humano a la salud, una de las mayores conquistas sociales del pueblo costarricense. La experiencia internacional demuestra que los países que han perdido sus sistemas públicos de salud enfrentan exclusión, altos costos y pérdida de vidas por falta de atención oportuna.

UNDECA hace un llamado al pueblo costarricense a defender la salud pública y la Caja como patrimonio nacional irrenunciable, y convoca a la clase trabajadora a mantenerse alerta, organizada y dispuesta a luchar frente a cualquier intento de debilitamiento o privatización.

Fiel a su historia, UNDECA reafirma su compromiso permanente con la defensa de la CCSS y de la salud pública, hoy más necesaria que nunca.

¡Defender la Caja es defender la vida!

Ciudadano guadalupano no vote por los que quieren destruir y cementar el Parque

Vladimir de la Cruz

La Municipalidad de Guadalupe está integrada con un alcalde del partido Liberación Nacional y por regidores del Frente Amplio, la Unidad Social Cristiana, Cambio Ciudadano, Unidos Podemos. Cambio Ciudadano con integrantes, me dicen, del Partido Acción Ciudadana, y por regidores chavistas.

Todos estos partidos actualmente disputando la Presidencia de la República y luchando por elegir diputados. Todos estos partidos ofreciendo, desde distintos ángulos mejores condiciones de vida a los ciudadanos, a los votantes, a los habitantes de los pueblos, ciudades, distritos, cantones, provincias y del país.

De todos estos partidos y de los que participan en la elección nacional, Liberación Nacional, en sus gobiernos, ha sido el que más apoyo ha dado a preservación de la naturaleza, de los recursos naturales, de la conservación de áreas silvestres, refugios y de impulso a los Parques nacionales, que hoy son visitados por miles de personas, costarricenses, y extranjeros que nos visitan, la mayoría atraídos por nuestra riqueza natural, por las playas, volcanes, por los bosques tropicales, húmedos y secos, por las reservas especiales de animales y aves que tenemos en el país.

Esfuerzos similares, a menor escala, se hacen cuando en las municipalidades se apoya la construcción de espacios públicos, de zonas verdes para disfrute de los ciudadanos, de los adultos mayores, las mujeres y los niños. En todas las urbanizaciones se obliga la construcción de estos espacios, que incluso comprenden espacios para las mascotas y se instruye en su uso para que quienes las lleven también recojan sus desechos orgánicos.

Hoy tenemos cada vez más sólida y fuerte la conciencia de que los parques y las zonas verdes son necesarias, son vitales, para los barrios, las ciudades, para disfrute y deleite de sus ciudadanos. Se les consideran “pulmones urbanos”, que contribuyen a mejorar la calidad de vida, a tener mejor calidad de aire, para refrescar temperaturas, para aliviar la bulla y la contaminación acústica generada por los autos, motos, buses, para proteger la biodiversidad que alrededor de los parques y zonas verdes hacen vida, palomas, pájaros de diversos tipos, ardillas y muchos otros animales. Se les consideran sitios especiales para la salud mental, para el descanso, para reducir la depresión, el estrés o la ansiedad de las personas.

Los parques y las zonas verdes ayudan a fortalecer las relaciones sociales de las personas que allí asisten, impulsan y promueven los sentimientos comunitarios, la cohesión social. En algunos parques las bandas musicales realizan conciertos y en los parques también se organizan actos culturales de diverso tipo. Recuerdo siempre cuando mi madre me llevaba al Parque Central de San José, los domingos al mediodía, para oír en sus conciertos a la Banda de San José, que llegaba marchando desde su local ubicado, en aquellos años, al sur del antiguo edificio del Registro Civil, donde estaba también la Gobernación de San José, a pocos metros de las paradas de buses en la entonces “Cañada” de San José. Igual que yo muchos otros niños con sus padres. Allí estaba, bajo el quiosco del Parque Central una Biblioteca, sitio obligado de visita. El concierto se daba a la salida de la misa de 11 a.m.

Los parques también ayudan a mejorar los ecosistemas y a regular las temperaturas urbanas. Son albergue y refugio para la biodiversidad.

Lamentablemente no se tiene una sólida política pública de impulsar más parques y áreas verdes en las ciudades. Se hace bastante cuando se impulsa el cultivo de árboles y arbustos en las aceras. Algunos de bellas flores que ayudan a embellecer el entorno. En la ciudad de Liberia hay enormes árboles metidos en las calles que se han respetado por su antigüedad y hermosura.

Cuando fui Embajador en Venezuela, alquilé un apartamento en el distrito de Chacao, cerca de la Oficina de la Embajada, a unos 700 metros, que me encantaba recorrerlos, caminarlos y disfrutarlos, por la enorme cantidad de árboles de mango que había en las calles y aceras, árboles en plena producción que se respetaban y admiraban, produciendo unas sombras deliciosas cuando pegaba duro el sol. En la capital de Bulgaria, en Sofía, me tocó ver en 1968 cantidad de árboles de manzana cultivados en la capital, que la gente también respetaba. Sus frutos, que libremente podían ser comidos por las personas, eran recogidos para llevarlos a escuelas, hospitales y sitios de descanso de personas, cuando estaban en pleno las cosechas. Nosotros podríamos hacer algo parecido, de cultivar mangos, naranjas, limones, guayabas, cases… ¿Por qué no? He visto por las rutas que me movilizo matas de bananos, en propiedades, cuyos racimos se salen hacia las aceras…es algo parecido.

Según la Organización Mundial de la Salud, por un análisis que realizaron, en 1000 ciudades, se podrían prevenir más de 50.000 muertes prematuras si se estimularan en esas ciudades los espacios verdes. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, debería haber un espacio verde de media hectárea, en líneas rectas, cada 300 metros en áreas de residencias o domicilios. En el estudio de la Organización Mundial de la Salud el 62% de las personas de Europa vive en áreas urbanas con menos espacios verdes de lo que ellos recomiendan. ¡Ni qué decir Costa Rica!

Los espacios verdes la Organización Mundial de la Salud lo asocia también a beneficios para la salud de las personas, a mejorar la esperanza de vida, para reducir problemas de salud mental. Reducir enfermedades cardiovasculares, especial importancia tienen para los niños en sus funciones cognitivas y lograr niños y bebés más sanos, a la vez que mitiga la contaminación atmosférica.

Lamentablemente, muchos espacios verdes, parques de las ciudades, no todos verdes en su conjunto, puesto que tienen aceras y cemento por todo lado, y a veces se prohíbe pasear o caminar por el césped, están lejos de las casas y residencias. Ya no se construye con patios traseros que servían para tener pequeñas huertas y siembra de algunos árboles y arbustos. Viví esa experiencia de tener y disfrutar esos patios.

Pues bien, en Europa impulsan tener un 30% de cobertura de árboles en cada barrio y los parques deberían promoverse a distancias de 300 metros entre ellos.

Algunos países por su hacinamiento y formas de desarrollar sus complejos habitacionales motivan para que en las ventanas de sus apartamentos se cultiven flores y frutos.

Pues bien, en la Municipalidad de Goicoechea, de Guadalupe, uno de los centros más poblados del conjunto capitalino, se aprobó por los partidos antes mencionados, un acuerdo para cementar totalmente el Parque Central de Guadalupe. Acordaron eliminar todas las áreas y zonas verdes del parque. Un regidor, seguramente descerebrado y hasta deficiente de salud mental, justificó este acuerdo porque según él un millón de personas cruzan o atraviesan diariamente ese parque, por lo que es necesario cementarlo.

El parque de Guadalupe es un espacio verde, un parque bonito, con cierta belleza escénica, con árboles que le dan vida al sitio y le producen un ambiente agradable, que no debe ser alterado, ni destruido por una plaza de cemento. Los jóvenes, los estudiantes, los padres y madres de niños y los hijos de adultos mayores deben organizarse y protestar para que ese acto criminal de los regidores y del alcalde no pueda ser ejecutado. ¿Quién sabe qué negocio habrá detrás de este cementazo?

En esta campaña electoral, a estos partidos que tienen asiento municipal, con el alcalde y los regidores, que están empeñados en acabar con el Parque, con las pocas zonas verdes que le quedan a la ciudad de Guadalupe, no se les debe dar el voto, no se les debe apoyar.

¡Ciudadano guadalupano no vote por los que quieren destruir y cementar el Parque!

¡Ciudadano guadalupano, pídale cuentas a estos partidos de la barbaridad que quieren hacer sus regidores!

Compartido con SURCOS por el autor.

Comunidades de San Sebastián–Paso Ancho exigen que los EBAIS sean administrados por la CCSS

Comunicado

Desde hace 15 años las comunidades del distrito de San Sebastián-Paso Ancho, hemos venido luchando por la calidad y el mejoramiento de los servicios de salud del distrito, con el objetivo de que sean conducidos por la Caja Costarricense de Seguro Social y no por el sector privado.

En estos quince años, los EBAIS de San Sebastián-Paso Ancho fueron administrados por ASEMECO, quienes brindaron un servicio deficiente, tanto a nivel administrativo como en la atención directa a los usuarios; lesionando derechos humanos y fundamentales de la salud. Durante dicha administración hubo deficiencias en aspectos esenciales del servicio como: atención deshumanizada; mala asignación de citas; lentitud; larga espera y falta de medicamentos en el servicio de farmacia, entre otros.

Desde el primero de julio de 2025, cuando la CCSS asumió la administración de los EBAIS, se dieron mejoras sustanciales en dichos aspectos. Adicionalmente, mejorando en atención especializada, servicio de ambulancia, infraestructura, aumento de consultas médicas, compra de equipo tecnológico de última generación, eficiencia en los servicios de laboratorio, por mencionar algunos.

Ante esta realidad sociopolítica y económica, el Encuentro Ecuménico toma como iniciativa solidarizarse y conjuntar a los siguientes actores sociales en defensa de los derechos de los habitantes del distrito: Comunidad de Vecinos, Movimientos Comunitarios, Iglesias, Gobierno Local, Concejo Municipal, Concejo de Distrito, Juntas de Salud, EBAIS San Sebastián-Paso Ancho, Asociaciones de Desarrollo, Humanitas de Costa Rica-Hogar de la Esperanza, Buen Vivir Costa Rica, Actores Sociales Independientes, Partidos Políticos, Colegios Profesionales e Instituciones Estatales.

Desde el mes de noviembre de 2025 y hemos fiscalizado el servicio que se está brindando y, para ello nos reunido semanalmente y de momento consideramos que el servicio es adecuado y desempeño satisfactorio. De ahí es que hemos asumido responsablemente el reto de que los 11 EBAIS: 8 en San Sebastián y 3 en Colonia Kennedy, sigan ofreciendo el servicio de salud de atención primaria responsable y de calidad, en cumplimiento del deber del Estado de garantizar el acceso a la salud.

Por tanto, Encuentro Ecuménico y sus participantes, demandamos a la Junta Directiva y autoridades de la CCSS, que los servicios de salud del distrito San Sebastián-Paso Ancho sean brindados por la Caja Costarricense de Seguro Social.