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Etiqueta: salud pública

UCR recomienda no aprobar proyecto de ley que permitiría minería de oro a cielo abierto en Crucitas

La Universidad de Costa Rica votó en la sesión N°6967, un acuerdo (CU-160-2025) frente al proyecto de ley denominado Ley para regular la exploración y explotación de minería metálica sostenible a cielo abierto en el Distrito de Cutris de San Carlos, Provincia de Alajuela y Reforma parcial al Código de Minería, Expediente n.º 24.717, actualmente en conocimiento de la Asamblea Legislativa.

Luego de un análisis integral solicitado por la Asamblea Legislativa la Universidad de Costa Rica por medio del Consejo Universitario concluye que la iniciativa presenta debilidades estructurales, riesgos ambientales, sociales, institucionales y jurídicos, y que no constituye una respuesta adecuada ni efectiva al problema de la minería ilegal en la zona de Crucitas.

El proceso de análisis incorporó criterios de diversas instancias universitarias, entre ellas el Programa Kioscos Socioambientales, la Escuela Centroamericana de Geología, el Departamento de Salud Ambiental de la Escuela de Tecnologías en Salud y el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental.

Desde el Programa Kioscos Socioambientales se advierte que el proyecto de ley parte de una base profundamente problemática. En su criterio institucional se señala de forma expresa que existe una “ausencia de diagnóstico serio y contextual”, ya que “el proyecto ignora los antecedentes históricos de minería metálica en Costa Rica, como los casos de Crucitas, Bellavista y Beta Vargas, todos marcados por impactos negativos y fracasos institucionales”. Además, se indica que “no se analiza por qué han fallado sistemáticamente los proyectos mineros en el país, ni se ofrece una evaluación realista de la minería ilegal actual”.

Kioscos Socioambientales también alerta sobre la desproporción territorial que introduce la iniciativa, al señalar que “el proyecto propone abrir más de 849 km² a la exploración y explotación minera, cuando los estudios oficiales indican que el área afectada por minería ilegal representa menos del 1 % del distrito”, lo cual “sugiere que el objetivo no es la remediación ambiental, sino la legalización de una expansión minera a gran escala bajo un régimen de excepción”.

Asimismo, el programa advierte que la propuesta legislativa no enfrenta las causas estructurales de la minería ilegal y, por el contrario, podría agravarlas. En ese sentido, se señala que “legalizar la minería sin una estrategia de seguridad efectiva podría legitimar estructuras delictivas y aumentar la violencia en territorios fronterizos”, en un contexto donde “existen vínculos documentados entre minería ilegal, narcotráfico y crimen organizado”.

Por su parte, la Escuela Centroamericana de Geología realizó observaciones técnicas de fondo al proyecto, señalando que legislar de manera parcial una actividad compleja como la minería constituye un error reiterado. En su análisis se afirma que “legislar parcialmente para una actividad compleja como la minería no es razonable”, y que resulta necesario un abordaje integral del Código de Minería para todo el territorio nacional.

La Escuela también cuestiona el uso del concepto de minería sostenible en el proyecto, indicando que “es extraña esa mezcla conceptual que se contrapone”, ya que la minería implica necesariamente el agotamiento del recurso, y que los posibles beneficios económicos no pueden justificar la ausencia de una regulación robusta y coherente.

En relación con el mecanismo de concesión, la Escuela de Geología es enfática al señalar que “solo tomar el royalty como base de puja no es aceptable”, y que “se debería evaluar la totalidad del proyecto minero propuesto”, incorporando aspectos como la gestión de residuos, los impactos ambientales, las medidas de cierre técnico, la relación con las comunidades y la remediación de los daños existentes.

En ese mismo sentido, se advierte que una lógica puramente económica resulta insuficiente, ya que “el proceso debe valorar también los componentes ambientales y sociales dentro de un estudio de factibilidad integral”. Se señala además que “la experiencia internacional demuestra que es posible diseñar concursos más equilibrados”.

La Escuela también critica que el artículo 9 obligue a entregar toda la información de exploración a la Dirección de Geología y Minas para incluirla en futuras subastas, lo cual refleja un desconocimiento de cómo funciona la industria minera, dado que la exploración constituye una inversión estratégica que no debería ser de acceso público inmediato.

De forma contundente, la Escuela concluye que “el proyecto de ley es otro esfuerzo más que presenta propuestas similares a otros anteriores para regular la minería en Crucitas”, y que no contribuye a frenar la minería ilegal, sino que “incita a la minería ilegal, similar a la existente en la actualidad en Crucitas”.

A estas observaciones se suman los señalamientos del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental, que advierte que la propuesta “no constituye una estrategia efectiva para mitigar los efectos de la minería ilegal” y que “se requiere una reforma sustantiva que priorice la sostenibilidad, la protección ambiental y la salud pública”, en lugar de limitarse a la legalización de la minería a cielo abierto sin controles adecuados. Además, se advierte “la ausencia de un estudio socioeconómico que respalde técnicamente la declaratoria propuesta en el proyecto de ley”.

Finalmente, la Escuela de Salud Ambiental señala que “La minería es una de las actividades laborales con mayor impacto en la salud de las personas trabajadoras, sus familias y las comunidades. Estos efectos pueden ser de carácter físico, biológico y químico, y en muchos casos se manifiestan a largo plazo, lo que dificulta su comprensión clínica y epidemiológica. Si bien Costa Rica cuenta con un marco normativo e institucional en materia de salud ambiental, persiste una brecha significativa entre la normativa existente y su aplicación práctica”.

Acuerdo final

Con base en el análisis institucional realizado, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica acuerda:“ Comunicar a la Asamblea Legislativa, por medio de la Comisión Especial de la Provincia de Alajuela, que la Universidad de Costa Rica recomienda no aprobar el proyecto denominado Ley para regular la exploración y explotación de minería metálica sostenible a cielo abierto en el Distrito de Cutris de San Carlos, Provincia de Alajuela y Reforma parcial al Código de Minería, Ley n.° 6797 del 4 de octubre de 1982, Expediente n.º 24.717, por las observaciones señaladas en el considerando 5.”

Asimismo, la Universidad de Costa Rica manifiesta que “queda en la mejor disposición de colaborar con el criterio de personas expertas para aportar en este proyecto de ley”.

Ver acuerdo: https://www.youtube.com/live/osFQLvTDv2M?t=7275s

Texto del acuerdo: https://drive.google.com/file/d/1t803LuX2fJ267ZedjoAMJyKhCnU3HYR5/view?usp=drive_link

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

UNDECA: El aumento del gasto en salud es consecuencia del deterioro deliberado de la CCSS

Comunicado

La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) manifiesta su profunda preocupación ante el aumento del gasto en salud que hoy enfrentan los hogares costarricenses. Este incremento no es casual ni responde únicamente a factores económicos, es el resultado directo del deterioro sistemático y provocado de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por parte del gobierno de Rodrigo Chaves, los actos de corrupción como el Caso Barrenador, entre otros, y el fallido sistema informático del ERP-SAP que sigue siendo una fuga permanente de dinero de la Caja que podría invertirse en salvar vidas.

Las crecientes listas de espera, la falta de especialistas y personal, el déficit de equipos e infraestructura, el desabastecimiento de medicamentos, así como el retraso en la construcción de hospitales, clínicas y Ebais, obligan a miles de personas a recurrir a servicios privados y a pagar de su propio bolsillo lo que debería garantizar el sistema público de salud.

UNDECA denuncia que el no pago de la multimillonaria deuda del Estado con la CCSS, que ya supera los ¢5 BILLONES forma parte de una estrategia deliberada de asfixia financiera. Al debilitar la Caja, se busca justificar su desmantelamiento y abrir el camino al negocio privado de la salud, trasladando la carga económica a las familias trabajadoras y profundizando la desigualdad en el acceso a la atención médica.

Este proceso no solo amenaza a la CCSS, sino al derecho humano a la salud, una de las mayores conquistas sociales del pueblo costarricense. La experiencia internacional demuestra que los países que han perdido sus sistemas públicos de salud enfrentan exclusión, altos costos y pérdida de vidas por falta de atención oportuna.

UNDECA hace un llamado al pueblo costarricense a defender la salud pública y la Caja como patrimonio nacional irrenunciable, y convoca a la clase trabajadora a mantenerse alerta, organizada y dispuesta a luchar frente a cualquier intento de debilitamiento o privatización.

Fiel a su historia, UNDECA reafirma su compromiso permanente con la defensa de la CCSS y de la salud pública, hoy más necesaria que nunca.

¡Defender la Caja es defender la vida!

Ciudadano guadalupano no vote por los que quieren destruir y cementar el Parque

Vladimir de la Cruz

La Municipalidad de Guadalupe está integrada con un alcalde del partido Liberación Nacional y por regidores del Frente Amplio, la Unidad Social Cristiana, Cambio Ciudadano, Unidos Podemos. Cambio Ciudadano con integrantes, me dicen, del Partido Acción Ciudadana, y por regidores chavistas.

Todos estos partidos actualmente disputando la Presidencia de la República y luchando por elegir diputados. Todos estos partidos ofreciendo, desde distintos ángulos mejores condiciones de vida a los ciudadanos, a los votantes, a los habitantes de los pueblos, ciudades, distritos, cantones, provincias y del país.

De todos estos partidos y de los que participan en la elección nacional, Liberación Nacional, en sus gobiernos, ha sido el que más apoyo ha dado a preservación de la naturaleza, de los recursos naturales, de la conservación de áreas silvestres, refugios y de impulso a los Parques nacionales, que hoy son visitados por miles de personas, costarricenses, y extranjeros que nos visitan, la mayoría atraídos por nuestra riqueza natural, por las playas, volcanes, por los bosques tropicales, húmedos y secos, por las reservas especiales de animales y aves que tenemos en el país.

Esfuerzos similares, a menor escala, se hacen cuando en las municipalidades se apoya la construcción de espacios públicos, de zonas verdes para disfrute de los ciudadanos, de los adultos mayores, las mujeres y los niños. En todas las urbanizaciones se obliga la construcción de estos espacios, que incluso comprenden espacios para las mascotas y se instruye en su uso para que quienes las lleven también recojan sus desechos orgánicos.

Hoy tenemos cada vez más sólida y fuerte la conciencia de que los parques y las zonas verdes son necesarias, son vitales, para los barrios, las ciudades, para disfrute y deleite de sus ciudadanos. Se les consideran “pulmones urbanos”, que contribuyen a mejorar la calidad de vida, a tener mejor calidad de aire, para refrescar temperaturas, para aliviar la bulla y la contaminación acústica generada por los autos, motos, buses, para proteger la biodiversidad que alrededor de los parques y zonas verdes hacen vida, palomas, pájaros de diversos tipos, ardillas y muchos otros animales. Se les consideran sitios especiales para la salud mental, para el descanso, para reducir la depresión, el estrés o la ansiedad de las personas.

Los parques y las zonas verdes ayudan a fortalecer las relaciones sociales de las personas que allí asisten, impulsan y promueven los sentimientos comunitarios, la cohesión social. En algunos parques las bandas musicales realizan conciertos y en los parques también se organizan actos culturales de diverso tipo. Recuerdo siempre cuando mi madre me llevaba al Parque Central de San José, los domingos al mediodía, para oír en sus conciertos a la Banda de San José, que llegaba marchando desde su local ubicado, en aquellos años, al sur del antiguo edificio del Registro Civil, donde estaba también la Gobernación de San José, a pocos metros de las paradas de buses en la entonces “Cañada” de San José. Igual que yo muchos otros niños con sus padres. Allí estaba, bajo el quiosco del Parque Central una Biblioteca, sitio obligado de visita. El concierto se daba a la salida de la misa de 11 a.m.

Los parques también ayudan a mejorar los ecosistemas y a regular las temperaturas urbanas. Son albergue y refugio para la biodiversidad.

Lamentablemente no se tiene una sólida política pública de impulsar más parques y áreas verdes en las ciudades. Se hace bastante cuando se impulsa el cultivo de árboles y arbustos en las aceras. Algunos de bellas flores que ayudan a embellecer el entorno. En la ciudad de Liberia hay enormes árboles metidos en las calles que se han respetado por su antigüedad y hermosura.

Cuando fui Embajador en Venezuela, alquilé un apartamento en el distrito de Chacao, cerca de la Oficina de la Embajada, a unos 700 metros, que me encantaba recorrerlos, caminarlos y disfrutarlos, por la enorme cantidad de árboles de mango que había en las calles y aceras, árboles en plena producción que se respetaban y admiraban, produciendo unas sombras deliciosas cuando pegaba duro el sol. En la capital de Bulgaria, en Sofía, me tocó ver en 1968 cantidad de árboles de manzana cultivados en la capital, que la gente también respetaba. Sus frutos, que libremente podían ser comidos por las personas, eran recogidos para llevarlos a escuelas, hospitales y sitios de descanso de personas, cuando estaban en pleno las cosechas. Nosotros podríamos hacer algo parecido, de cultivar mangos, naranjas, limones, guayabas, cases… ¿Por qué no? He visto por las rutas que me movilizo matas de bananos, en propiedades, cuyos racimos se salen hacia las aceras…es algo parecido.

Según la Organización Mundial de la Salud, por un análisis que realizaron, en 1000 ciudades, se podrían prevenir más de 50.000 muertes prematuras si se estimularan en esas ciudades los espacios verdes. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, debería haber un espacio verde de media hectárea, en líneas rectas, cada 300 metros en áreas de residencias o domicilios. En el estudio de la Organización Mundial de la Salud el 62% de las personas de Europa vive en áreas urbanas con menos espacios verdes de lo que ellos recomiendan. ¡Ni qué decir Costa Rica!

Los espacios verdes la Organización Mundial de la Salud lo asocia también a beneficios para la salud de las personas, a mejorar la esperanza de vida, para reducir problemas de salud mental. Reducir enfermedades cardiovasculares, especial importancia tienen para los niños en sus funciones cognitivas y lograr niños y bebés más sanos, a la vez que mitiga la contaminación atmosférica.

Lamentablemente, muchos espacios verdes, parques de las ciudades, no todos verdes en su conjunto, puesto que tienen aceras y cemento por todo lado, y a veces se prohíbe pasear o caminar por el césped, están lejos de las casas y residencias. Ya no se construye con patios traseros que servían para tener pequeñas huertas y siembra de algunos árboles y arbustos. Viví esa experiencia de tener y disfrutar esos patios.

Pues bien, en Europa impulsan tener un 30% de cobertura de árboles en cada barrio y los parques deberían promoverse a distancias de 300 metros entre ellos.

Algunos países por su hacinamiento y formas de desarrollar sus complejos habitacionales motivan para que en las ventanas de sus apartamentos se cultiven flores y frutos.

Pues bien, en la Municipalidad de Goicoechea, de Guadalupe, uno de los centros más poblados del conjunto capitalino, se aprobó por los partidos antes mencionados, un acuerdo para cementar totalmente el Parque Central de Guadalupe. Acordaron eliminar todas las áreas y zonas verdes del parque. Un regidor, seguramente descerebrado y hasta deficiente de salud mental, justificó este acuerdo porque según él un millón de personas cruzan o atraviesan diariamente ese parque, por lo que es necesario cementarlo.

El parque de Guadalupe es un espacio verde, un parque bonito, con cierta belleza escénica, con árboles que le dan vida al sitio y le producen un ambiente agradable, que no debe ser alterado, ni destruido por una plaza de cemento. Los jóvenes, los estudiantes, los padres y madres de niños y los hijos de adultos mayores deben organizarse y protestar para que ese acto criminal de los regidores y del alcalde no pueda ser ejecutado. ¿Quién sabe qué negocio habrá detrás de este cementazo?

En esta campaña electoral, a estos partidos que tienen asiento municipal, con el alcalde y los regidores, que están empeñados en acabar con el Parque, con las pocas zonas verdes que le quedan a la ciudad de Guadalupe, no se les debe dar el voto, no se les debe apoyar.

¡Ciudadano guadalupano no vote por los que quieren destruir y cementar el Parque!

¡Ciudadano guadalupano, pídale cuentas a estos partidos de la barbaridad que quieren hacer sus regidores!

Compartido con SURCOS por el autor.

Comunidades de San Sebastián–Paso Ancho exigen que los EBAIS sean administrados por la CCSS

Comunicado

Desde hace 15 años las comunidades del distrito de San Sebastián-Paso Ancho, hemos venido luchando por la calidad y el mejoramiento de los servicios de salud del distrito, con el objetivo de que sean conducidos por la Caja Costarricense de Seguro Social y no por el sector privado.

En estos quince años, los EBAIS de San Sebastián-Paso Ancho fueron administrados por ASEMECO, quienes brindaron un servicio deficiente, tanto a nivel administrativo como en la atención directa a los usuarios; lesionando derechos humanos y fundamentales de la salud. Durante dicha administración hubo deficiencias en aspectos esenciales del servicio como: atención deshumanizada; mala asignación de citas; lentitud; larga espera y falta de medicamentos en el servicio de farmacia, entre otros.

Desde el primero de julio de 2025, cuando la CCSS asumió la administración de los EBAIS, se dieron mejoras sustanciales en dichos aspectos. Adicionalmente, mejorando en atención especializada, servicio de ambulancia, infraestructura, aumento de consultas médicas, compra de equipo tecnológico de última generación, eficiencia en los servicios de laboratorio, por mencionar algunos.

Ante esta realidad sociopolítica y económica, el Encuentro Ecuménico toma como iniciativa solidarizarse y conjuntar a los siguientes actores sociales en defensa de los derechos de los habitantes del distrito: Comunidad de Vecinos, Movimientos Comunitarios, Iglesias, Gobierno Local, Concejo Municipal, Concejo de Distrito, Juntas de Salud, EBAIS San Sebastián-Paso Ancho, Asociaciones de Desarrollo, Humanitas de Costa Rica-Hogar de la Esperanza, Buen Vivir Costa Rica, Actores Sociales Independientes, Partidos Políticos, Colegios Profesionales e Instituciones Estatales.

Desde el mes de noviembre de 2025 y hemos fiscalizado el servicio que se está brindando y, para ello nos reunido semanalmente y de momento consideramos que el servicio es adecuado y desempeño satisfactorio. De ahí es que hemos asumido responsablemente el reto de que los 11 EBAIS: 8 en San Sebastián y 3 en Colonia Kennedy, sigan ofreciendo el servicio de salud de atención primaria responsable y de calidad, en cumplimiento del deber del Estado de garantizar el acceso a la salud.

Por tanto, Encuentro Ecuménico y sus participantes, demandamos a la Junta Directiva y autoridades de la CCSS, que los servicios de salud del distrito San Sebastián-Paso Ancho sean brindados por la Caja Costarricense de Seguro Social.

FRENASS llama a votar por la defensa de la seguridad social ante uso de reservas del IVM

El Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS) emitió un pronunciamiento público en el que expresa su preocupación por la situación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y su relación con la coyuntura electoral.

Según señala FRENASS, el 21 de enero de 2026 el Semanario Universidad informó que la CCSS se vio obligada a utilizar más de ₡300.000 millones de colones provenientes de intereses del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) para hacer frente al pago de pensiones y aguinaldos en 2025.

La organización recuerda que, durante la administración Chaves Robles (2022–2026), se exigió al Ministerio de Hacienda el cumplimiento de las obligaciones financieras del Estado con la CCSS. Sin embargo, ante las reiteradas negativas de girar los recursos requeridos, la institución se habría visto forzada, por primera vez, a recurrir a las reservas del régimen de pensiones, una situación que FRENASS califica como alarmante.

En su pronunciamiento, FRENASS considera vergonzosa e irresponsable esta actuación, al advertir que pone en riesgo tanto el acceso a una salud pública de calidad como la sostenibilidad futura del régimen de pensiones del IVM. La organización subraya que el debilitamiento financiero de la seguridad social tiene consecuencias directas sobre los derechos de la población trabajadora y pensionada.

Desde su rol como organización defensora de la seguridad social en un sentido amplio, FRENASS hizo un llamado respetuoso pero vehemente a la ciudadanía, instando a reflexionar y a ejercer el voto por candidaturas a la presidencia y diputaciones comprometidas con un modelo de acceso universal a la seguridad social.

El pronunciamiento enfatiza que el continuismo no es una opción, al considerar que la salud y las pensiones no deben ser tratadas como un negocio, sino como derechos humanos fundamentales. En ese marco, la organización advierte que el futuro de las personas, sus familias y seres queridos está en juego.

Finalmente, FRENASS reafirma su llamado a defender las conquistas históricas del pueblo y concluye con una consigna clara en defensa de la institucionalidad solidaria:
“¡La Caja no se vende, la Caja se defiende!”

La defensa de la CCSS marca diferencias: Solo seis candidaturas asumen un compromiso claro con la salud pública

  • Álvaro Ramos Chaves del Partido Liberación Nacional,

  • Ana Virginia Calzada Miranda del Partido Centro Democrático y Social,

  • Ariel Robles Barrantes del Frente Amplio,

  • Claudia Dobles Camargo de Coalición Ciudadana,

  • Claudio Alpízar Otoya del Partido Esperanza Nacional y

  • Fernando Zamora Castellanos del Partido Nueva Generación

Pronunciamiento

La Caja Costarricense de Seguro Social forma parte de nuestra vida cotidiana. Está presente cuando nacemos, cuando enfermamos, cuando cuidamos a nuestras personas adultas mayores y cuando una familia necesita apoyo en los momentos más difíciles. La CCSS no es una institución lejana: es solidaridad hecha realidad, es uno de los mayores acuerdos sociales de nuestra historia y un pilar de la paz social costarricense.

Hoy, ese acuerdo enfrenta amenazas reales. El debilitamiento institucional, la falta de inversión, la politización de la gestión y las presiones para mercantilizar la salud ponen en riesgo un derecho humano fundamental. Defender la CCSS no es una consigna ideológica: es una responsabilidad con la vida, la dignidad y el bienestar de todas las personas.

Por ello se promovió un Compromiso Público por la Defensa y el Fortalecimiento de la Salud Publica y la CCSS, que no se queda en declaraciones generales, sino que establece obligaciones concretas y verificables: defender la salud pública como patrimonio nacional; garantizar el acceso universal y solidario a los servicios; proteger la autonomía de la CCSS frente a intereses políticos y particulares; asegurar un financiamiento responsable y sostenible; promover liderazgos técnicos, transparentes y éticos; fortalecer la rectoría del Ministerio de Salud; y trabajar activamente por un sistema público de salud fuerte, moderno y de calidad, centrado en las personas y en las comunidades. Este compromiso fue presentado a quienes aspiran a gobernar Costa Rica en el período 2026–2030.

Este hecho marca una diferencia sustantiva. En un momento crítico para la seguridad social costarricense, solo estas seis candidaturas se comprometieron de forma expresa a defender la universalidad, la solidaridad, la equidad, la autonomía institucional y el financiamiento responsable de la CCSS, así como a fortalecer la rectoría del Ministerio de Salud y la calidad del sistema público de salud.

La salud no puede convertirse en botín político ni en privilegio para unos pocos. Es un derecho humano, una política de Estado y una condición indispensable para la equidad, el desarrollo y la convivencia democrática.

Por eso, hacemos un llamado a la ciudadanía a informarse, a valorar los compromisos reales y a salir a votar con conciencia, considerando quiénes han demostrado, con hechos, su voluntad de proteger la salud pública y el legado social de Costa Rica.

Votar también es cuidar la vida.
Defender la CCSS es defender el futuro del país.

Por Equipo en Defensa y Fortalecimiento de la Salud Pública y la CCSS:
Mujeres por CR, la RED por CR y la Caja es Nuestra

“Costa Rica siempre ha sido ejemplo de solidaridad y salud para todos, pero hoy nuestro sistema está en riesgo”

El costarricense Enrique Pérez Gutiérrez, pensionado tras más de 40 años de trabajo en la práctica privada, la academia y organismos internacionales, hizo un llamado público en defensa del sistema de salud costarricense, al advertir que decisiones recientes están debilitando los servicios que protegen a la población.

Pérez Gutiérrez señaló que durante 22 años de su trayectoria laboral formó parte de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, experiencia que —afirma— le permite hablar con conocimiento de causa sobre el valor histórico del sistema de salud de Costa Rica.

Según expresó, el país ha sido reconocido internacionalmente como ejemplo de solidaridad y de acceso a la salud para todas las personas, pero actualmente ese modelo se encuentra amenazado. En su mensaje, advirtió que las decisiones que se están tomando desde el ámbito político y administrativo están debilitando los servicios públicos de salud, afectando directamente a la población.

“El momento exige alzar la voz, informarnos y defender lo que tanto nos ha costado construir”, afirmó, subrayando que fortalecer la salud pública no es solo una discusión técnica, sino una decisión que incide en el futuro de las familias y del país en su conjunto.

Pérez Gutiérrez remarcó que cuidar la salud de Costa Rica es una responsabilidad colectiva, y llamó a la ciudadanía a ejercer un voto consciente en el próximo proceso electoral, optando por propuestas que no continúen debilitando el sistema de salud, sino que lo fortalezcan y lo protejan como un bien público esencial.

El mensaje concluye con un llamado directo a la acción ciudadana, destacando que la defensa del sistema de salud no puede postergarse y requiere compromiso social e informativo.

🎧 Le invitamos a escuchar el video completo con el mensaje de Enrique Pérez Gutiérrez, donde desarrolla estas reflexiones sobre el presente y el futuro de la salud pública en Costa Rica.

SIFREHN: mayoría del personal de la CCSS no tiene capacidad resolutiva y hay una megaburocracia administrativa

Durante un reciente coloquio del Sindicato Frente Hospitalario Nacional y Afines (SIFREHN), el médico Alfredo Ramírez Montero expuso una serie de datos que, según indicó, permiten comprender mejor la profundidad de la crisis que atraviesa la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), tanto en la prestación de servicios como en su situación financiera.

De acuerdo con información oficial de la Auditoría Interna de la CCSS, correspondiente a la planilla de diciembre del año anterior, la institución cuenta con 63.650 funcionarios. Sin embargo, solo una octava parte de ese total tendría capacidad resolutiva directa para atender los problemas médico-asistenciales de la población.

Según los datos presentados, únicamente 2.870 médicos generales y 3.900 médicos especialistas tienen capacidad directa para resolver listas de espera, atención de emergencias y consultas médicas. A este grupo se suman aproximadamente 660 odontólogos y 345 psicólogos, así como profesionales en microbiología, farmacia y enfermería, para un total cercano a 15.000 profesionales en ciencias médicas.

A estos se añaden cerca de 30.000 funcionarios que desempeñan labores esenciales de apoyo, como auxiliares de enfermería, asistentes de pacientes, personal de nutrición, misceláneos y técnicos, quienes —según se señaló— sostienen gran parte de la atención directa a pacientes hospitalizados y en condiciones críticas.

No obstante, el resto del personal, alrededor de 33.000 funcionarios, corresponde al núcleo administrativo, lo que, según Ramírez Montero, evidencia que la CCSS cuenta actualmente con más personal administrativo que personal operativo asistencial, convirtiéndose en una “megaburocracia administrativa” que no contribuye a mejorar la atención médica.

El expositor recordó que entre los años 2006 y 2007 se contrataron aproximadamente 11.000 funcionarios adicionales, sin que ello generara mejoras en la prestación de los servicios, situación que posteriormente fue confirmada por estudios de la Organización Panamericana de la Salud.

En materia financiera, se señaló que el Estado cubre apenas cerca del 66 % del costo real de la atención en salud brindada a personas en condición de pobreza, lo que, según se indicó, violenta disposiciones legales vigentes. Asimismo, se afirmó que el Estado paga menos del 4 % del costo real del primer nivel de atención en salud, hoy a cargo de los EBAIS, cuyo costo anual supera los 700.000 millones de colones, mientras que la CCSS cobra apenas unos 25.000 millones, monto que además no es cancelado.

Otro punto crítico señalado fue el traslado anual de recursos del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) hacia el Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM), estimado en alrededor de un billón de colones por año, lo que habría provocado el severo debilitamiento del fondo de reserva del IVM. Dicho fondo, que debería rondar los 55 billones de colones, cuenta actualmente con apenas 3,5 billones.

Finalmente, se indicó que en los últimos años se habrían dejado de cobrar al Estado aproximadamente 1,6 billones de colones de deuda con la CCSS, profundizando el desfinanciamiento institucional.

Ante este panorama, Ramírez Montero afirmó que la crisis en la atención médica, las listas de espera y la sobrecarga del personal asistencial no deben normalizarse, y llamó a las altas autoridades del país, en particular a la Asamblea Legislativa de Costa Rica, a asumir su responsabilidad en la defensa del financiamiento y la función social de la seguridad social costarricense.

📺 Puede ver el video con la exposición en el siguiente enlace:

https://m.youtube.com/watch?v=8eLBNpSBRQ4

Compromiso de candidaturas con la Defensa y Fortalecimiento de la Salud Pública y la CCSS

Este miércoles 7 se presentó públicamente el Compromiso por la Defensa y Fortalecimiento de la Salud Pública y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), una declaración impulsada desde la sociedad civil que reafirma la salud como derecho humano, política de Estado y pilar de la convivencia democrática, la equidad y la paz social en Costa Rica.

La iniciativa es promovida por los colectivos Mujeres por Costa Rica, La Red por Costa Rica y La Caja es Nuestra, quienes convocaron a las candidaturas presidenciales a asumir compromisos claros, verificables y de largo plazo para proteger el sistema público de salud en su conjunto, fortalecer la seguridad social y garantizar el acceso universal, oportuno y de calidad para toda la población.

A la fecha, el documento cuenta con el respaldo de 30 organizaciones e instituciones de diversos sectores sociales, académicos, sindicales y comunitarios del país.

Mediante invitación formal, se convocó a las 20 candidaturas a la Presidencia de la República para el período 2026–2030. Aceptaron suscribir el compromiso las siguientes personas candidatas: Álvaro Ramos Chaves, Ana Virginia Calzada Miranda, Ariel Robles Barrantes, Claudia Dobles Camargo, Claudio Alpízar Otoya y Fernando Zamora Castellanos.

Salud pública y CCSS: pilares complementarios

El Compromiso subraya que la salud pública y la CCSS son pilares complementarios e inseparables del modelo social costarricense. Mientras el Ministerio de Salud debe ejercer una rectoría técnica, fuerte y articuladora, la CCSS garantiza la prestación solidaria y universal de los servicios de salud, desde el primer nivel de atención hasta los hospitales especializados.

Gracias a este modelo, Costa Rica ha alcanzado indicadores de salud destacados, como alta esperanza de vida, baja mortalidad materna y una cobertura amplia de atención. Sin embargo, el documento advierte que hoy el sistema enfrenta amenazas y retos estructurales que requieren respuestas urgentes y coordinadas.

Entre ellos se señalan las listas de espera, la escasez y mala distribución de especialistas, el crecimiento de la informalidad laboral, las brechas territoriales en el acceso a servicios y el aumento reciente de la mortalidad infantil, que en 2024 alcanzó la tasa más alta de los últimos 16 años, según datos oficiales.

Asimismo, se alerta sobre intentos de privatización de servicios, debilitamiento de la inversión pública y presiones políticas que ponen en riesgo la sostenibilidad del sistema solidario y el derecho humano a la salud.

“Defender la salud pública es defender la vida, la dignidad y la equidad. La CCSS no es solo una institución: es una conquista histórica que sostiene el bienestar y la paz social del país”, señala el Compromiso.

Cinco ejes de compromiso

En caso de asumir la Presidencia de la República para el período 2026–2030, las personas firmantes se comprometen a actuar en cinco áreas estratégicas:

  1. Principios del sistema de salud y la seguridad social
  • Defender y fortalecer la salud pública y la CCSS como patrimonio de toda la población.
  • Garantizar la universalidad, la solidaridad y la equidad en el acceso y financiamiento del sistema.
  • No promover iniciativas que atenten contra la autonomía o los principios rectores de la seguridad social.
  1. Gobernanza técnica y autonomía institucional
  • Nombrar liderazgos técnicos, íntegros y con idoneidad comprobada.
  • Blindar a la CCSS frente a intereses políticos o particulares.
  • Fortalecer la participación del personal de salud, las comunidades y los territorios.
  1. Financiamiento adecuado y responsabilidad fiscal
  • Garantizar el pago oportuno y progresivo de la deuda del Estado con la CCSS.
  • Fortalecer la corresponsabilidad tripartita.
  • Combatir la evasión y la morosidad patronal y excluir a la CCSS de la regla fiscal, asegurando transparencia.
  1. Modernización y calidad del sistema de salud
  • Impulsar infraestructura adecuada, tecnología de vanguardia y trabajo en red.
  • Fortalecer la rectoría del Ministerio de Salud en coordinación con la CCSS y otras instituciones.
  • Reforzar la prevención, la promoción de la salud y el abordaje de los determinantes sociales desde los territorios.
  1. Condiciones laborales y desarrollo profesional
  • Garantizar condiciones laborales justas, estables y seguras para el personal de salud.
  • Fortalecer la formación continua, el desarrollo profesional y el bienestar laboral.

Un llamado a la responsabilidad colectiva

El Compromiso concluye que proteger la salud pública y fortalecer la CCSS es una responsabilidad de toda la sociedad, ya que su solidez impacta directamente en la calidad de vida, la equidad social, la productividad, la respuesta ante emergencias y la dignidad de las generaciones presentes y futuras.

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A la fecha, este esfuerzo cuenta con el respaldo de 30 organizaciones e instituciones, que han avalado formalmente el documento:

  1. Asociación Costarricense de Directores Médicos (ACOD MED)
  2. Asociación de Estudiantes de la Escuela de Salud Pública (ADESAP)
  3. Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE)
  4. Asociación Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad (ALAMUD)
  5. Asociación Sindical Costarricense de Telecomunicaciones y Electricidad (ACOTEL)
  6. Asociación Síndrome de Down Costa Rica (ASIDOWN)
  7. Avance Isidreño
  8. Cámara Nacional de Meliponicultores de Costa Rica (CANAMEL)
  9. Causa Sur
  10. Costa Rica por la Caja
  11. El Observatorio de Genero y Medios (GEMA)
  12. Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica (FCS-UCR)
  13. Federación Unión Sindical del Grupo ICE (FUS ICE)
  14. Foro de Mujeres Políticas
  15. Frente de Lucha del Hospital de Cartago
  16. Junta de Salud del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología
  17. La Caja es Nuestra
  18. La Red por Costa Rica
  19. Movimiento Asambleas Populares (MAP)
  20. Movimiento Ríos Vivos Costa Rica
  21. Mujeres por Costa Rica
  22. Palabras Viajeras
  23. Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres
  24. Sindicato de Enfermería (SINAE AFINES)
  25. Sindicato Nacional de Administradores de Servicios de Salud y Afines del Seguro Social (SINASSASS)
  26. Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (SINAME)
  27. Somos Río Chirripó
  28. Universidad de Costa Rica (UCR)
  29. Universidad Nacional (UNA)
  30. Verde Verdad Escuela Nómade

Puede descargar el documento completo desde la página de SURCOS mediante este enlace:

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Ciudadano exige informe técnico urgente por traslado de residuos al relleno sanitario de Limón

Un ciudadano limonense presentó una exigencia formal y urgente ante el Concejo Municipal de Limón, la Alcaldía y el Ministerio de Salud, solicitando un informe técnico exhaustivo y coordinado que justifique el traslado de desechos sólidos desde la meseta central al relleno sanitario ubicado en el cantón central de Limón.

La gestión fue realizada por Marco Levy Virgo, quien advierte que esta práctica podría acelerar el agotamiento de un recurso estratégico para la provincia, con consecuencias graves para la salud pública, el ambiente y la economía local.

Principios legales y constitucionales invocados

El documento fundamenta la exigencia en la Ley General de Salud, la Ley para la Gestión Integral de Residuos y en los principios precautorio y preventivo del derecho ambiental, señalando que las autoridades están obligadas a actuar aun cuando exista incertidumbre científica sobre posibles daños.

Asimismo, se invoca el artículo 50 de la Constitución Política, que reconoce el derecho colectivo e intergeneracional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como jurisprudencia reiterada de la Sala Constitucional que exige una tutela efectiva de los llamados intereses difusos.

Riesgos ambientales, sanitarios y económicos

Según se expone en el documento, el traslado de residuos desde otras regiones al relleno sanitario de Limón incrementa de forma desproporcionada la carga ambiental sobre una provincia históricamente marginada, sin que exista evidencia pública de una evaluación rigurosa de impactos.

Se recuerda además que el relleno sanitario se ubica en una zona de recarga acuífera, condición que en el pasado ya generó controversias ambientales, y se advierte que su eventual colapso podría provocar una crisis de residuos sólidos similar a la vivida antes de su construcción.

El texto subraya que Limón es una región con alta visitación turística, vinculada a cruceros y actividades ecoturísticas, por lo que una crisis sanitaria o ambiental tendría impactos directos sobre el empleo y los ingresos locales. También se advierte que, de agotarse el relleno, el traslado de residuos limonenses a otras provincias implicaría costos económicos insostenibles para los gobiernos locales.

Exigencia concreta a las autoridades

La solicitud plantea un plazo de diez días hábiles para que la Municipalidad de Limón, el Ministerio de Salud y el Concejo Municipal presenten un informe que detalle:

  • Los fundamentos técnicos, legales y fácticos que sustentan el traslado de residuos desde la meseta central.
  • La vida útil real del relleno sanitario, con proyecciones basadas en datos científicos actualizados.
  • Las medidas previstas para evitar el agotamiento del sitio, considerando que la construcción de un nuevo relleno sanitario requiere varios años.

El documento concluye advirtiendo que, de no obtener una respuesta adecuada, se valorará acudir a instancias superiores y acciones judiciales para la defensa de los derechos colectivos, en resguardo del ambiente, la salud pública y el interés intergeneracional de la provincia de Limón.

Antecedentes

SURCOS ha dado seguimiento en distintas ocasiones a conflictos socioambientales vinculados con la gestión de residuos sólidos, el uso de rellenos sanitarios y los impactos desiguales que estas decisiones generan en distintos territorios.

Estas publicaciones han advertido sobre la necesidad de criterios técnicos transparentes, participación ciudadana efectiva y una distribución equitativa de las cargas ambientales entre regiones del país.

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Imagen de cabecera con fines ilustrativos.