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Etiqueta: salud pública

No se deben reducir los impuestos al tabaco

Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica

Se encuentra en la corriente legislativa el proyecto “Ley para la Eficiencia Fiscal y Combate al Contrabando de Tabaco”, expediente N.° 25.668 (1), que propone reducir la carga tributaria sobre los productos de tabaco como mecanismo para disminuir el comercio ilícito y mejorar la recaudación. La Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica reconoce la importancia de ambos objetivos; sin embargo, se opone a la reducción tributaria propuesta, por el riesgo de debilitar la prevención del tabaquismo y favorecer el consumo. El combate al comercio ilícito requiere fortalecer la fiscalización y el control de la cadena de suministro, preservando el papel de los impuestos como herramienta para la protección de la salud pública.

Costa Rica ha sido un país pionero en el control del consumo del tabaco, mediante legislación visionaria y una serie de medidas que han tenido un impacto positivo en la salud pública del país. La Ley N° 9028 (“Ley General de Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud”), aprobada en el 2012 (2), ha sido fundamental al prohibir de manera general la publicidad, la promoción y el patrocinio de los productos de tabaco, así como el consumo de tabaco en espacios públicos, restaurantes, centros de trabajo, transporte público y centros educativos.

Además, en 2016, mediante la Ley 9403, se aprobó el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (3). En este protocolo se enfatiza que el combate al comercio ilegal de tabaco no pasa por la reducción de la carga impositiva, sino por medidas como el control de la cadena de suministro, los sistemas de trazabilidad, las infracciones y sanciones contra el contrabando y el comercio ilícito, y la cooperación internacional al respecto. Es posible lograr una estructura tributaria más sencilla, algo que el proyecto pretende, sin debilitar el efecto disuasorio de los impuestos elevados.

Esta legislación, y las acciones desarrolladas por las instituciones del país y los grupos de la sociedad civil, como la Red Nacional Antitabaco, han contribuido al control del tabaquismo. No obstante, esta reducción no es suficiente, pues el consumo de tabaco sigue siendo una causa importante de morbilidad y mortalidad en nuestro país; el número de personas atendidas por condiciones asociadas al tabaquismo en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no ha disminuido en los últimos años. A esto se suma la aparición y el uso de los sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEAN) y de los dispositivos de vapeo, cuyo consumo se está incrementando, especialmente en la población adolescente y joven, lo que se refleja en el aumento del número de personas atendidas en la CCSS por problemas asociados al vapeo. Por ende, el país debe continuar implementando legislación y políticas orientadas a reducir el consumo de tabaco y el vapeo.

En este contexto, la Academia Nacional de Ciencias considera que el proyecto actualmente en la corriente legislativa, que plantea, entre otros aspectos, una disminución de los impuestos al tabaco, representa una medida equivocada en los esfuerzos por reducir el impacto del tabaquismo en la salud pública. Documentos del Banco Mundial, tras revisar la experiencia de muchos países, señalan claramente que, contrario a los argumentos esgrimidos por algunos sectores, reducir los impuestos al tabaco no disminuye significativamente el comercio ilícito; más bien, este tipo de medidas se traduce en una reducción de los ingresos fiscales y, al abaratarse el producto legal, se incrementa el consumo de tabaco (4). Por el contrario, se ha demostrado que el incremento de los impuestos al tabaco retrasa la edad de inicio del consumo de tabaco (5), lo cual es relevante porque reduce las probabilidades de desarrollar una adicción a largo plazo. El comercio ilícito debe combatirse mediante medidas de fiscalización y control, complementarias a los impuestos al tabaco como herramienta para reducir el consumo. Por ejemplo, España y el Reino Unido redujeron significativamente el comercio ilícito de tabaco mientras aumentaban los impuestos.

Uno de los puntos críticos de este proyecto es la eliminación del piso tributario del 85%, una regla que obliga a que las marcas de cigarrillos más baratas paguen, como mínimo, el 85% de los impuestos de la categoría más vendida. Mientras el Ministerio de Hacienda sostiene que la medida desincentivará el contrabando, autoridades de salud y organizaciones antitabaco advierten que esto abriría la puerta a una fijación de precios diferenciada. Mediante esta estrategia, las tabacaleras compensarían los impuestos de las marcas más caras para mantener artificialmente baratas las más económicas, lo que facilitaría el acceso a la población joven e incentivaría el consumo.

La Academia Nacional de Ciencias comprende la importancia de combatir el contrabando de cigarrillos, lo cual es una función del Estado, pero ello no justifica debilitar una herramienta que ha demostrado ser muy eficaz en la prevención del consumo de tabaco, como lo es una alta tasa impositiva sobre estos productos.

Una disminución de los impuestos al tabaco representaría un peligroso retroceso en los esfuerzos nacionales de larga data para reducir el tabaquismo y su enorme impacto en la salud pública y la economía del país. El combate al tabaquismo requiere incrementar, no disminuir, los impuestos a los productos de tabaco, a la par de otras intervenciones y medidas en los ámbitos educativo, cultural, fiscal y de salud pública.

Referencias

  1. Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica (2026). Proyecto de Ley para la Eficiencia Fiscal y Combate al Contrabando de Tabaco (Expediente N° 25.668).
  2. Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica (2012). Ley General de Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud (Ley No. 9028), publicado en El Alcance No. 37 a La Gaceta No. 61 del 26 de marzo del 2012 https://faolex.fao.org/docs/pdf/cos127028.pdf
  3. República de Costa Rica. (2016, 6 de octubre). Ley N.° 9403: Aprobación del Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco. https://extranet.who.int/fctcapps/sites/default/files/2026-06/fctc_annex/CRI-410a45fb-d4c0-46ba-bff0-be4f3a6b9f3e.pdf
  4. Dutta, S. (Ed.). (2019). Confronting illicit tobacco trade: A global review of country experiences. World Bank. https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/677451548260528135
  5. Universidad Nacional. (2026, 23 de junio). Estudio: aumento de impuestos al tabaco puede retrasar hasta 2 años inicio de edad de fumado. UNA Comunica. https://www.unacomunica.una.ac.cr/index.php/junio-2026/6898-estudio-aumento-de-impuestos-al-tabaco-puede-retrasar-hasta-2-anos-inicio-de-edad-de-fumado

Mujeres por Costa Rica convoca a marchar en defensa de la CCSS este domingo 8 de noviembre

El colectivo Mujeres por Costa Rica convoca a la marcha «Por la defensa de la CCSS», que se realizará el domingo 8 de noviembre. La salida será a las 9:00 a. m. desde el parque La Merced, en San José, y la marcha se dirigirá a las oficinas centrales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

«La Caja nos cuida en los momentos más difíciles. Hoy nos toca unirnos para defenderla y exigir que se fortalezca, para que todas las personas reciban la atención que necesitan», señala la organización en su convocatoria, e invita a marchar «por nuestra salud, nuestras familias y nuestro futuro».

La actividad se convoca bajo las consignas «¡Esta dama no se toca!» y «¡La Caja se defiende y se fortalece!».

SURCOS ya publicó la convocatoria a esta movilización, que forma parte de las acciones de distintas organizaciones sociales en defensa de la seguridad social y del fortalecimiento de la CCSS. Puede consultarla en este enlace.

Datos de la actividad

  • Qué: marcha por la defensa de la CCSS
  • Cuándo: domingo 8 de noviembre, salida a las 9:00 a. m.
  • Dónde: del parque La Merced, San José, hacia las oficinas centrales de la CCSS
  • Convoca: Mujeres por Costa Rica

San Sebastián conversará sobre la CCSS y su lucha por EBAIS administrados por la Caja

Desde 2010, la comunidad del distrito de San Sebastián-Paso Ancho lucha para que los 11 EBAIS que atienden a sus 45.000 habitantes sean administrados por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y no por empresas privadas. Según sus organizadores, esa lucha pasa por defender la CCSS.

En ese marco se realizará el conversatorio “¿Cómo se imagina Costa Rica sin la Caja?”, el viernes 30 de octubre a las 5:00 p. m. en el salón comunal La Arboleda, en San Sebastián Sur.

Invitan el Encuentro Ecuménico, La Caja es Nuestra y el Hogar de la Esperanza, con el apoyo de la Comunidad Buen Vivir.

“¡Venga a conversar con nosotros!”, dice la convocatoria.

Organizaciones sociales convocan a gran marcha en defensa de la CCSS y las conquistas sociales

Un conjunto de organizaciones feministas, ecologistas, sindicales y comunales convoca a una gran marcha “en defensa de la CCSS y las conquistas sociales” para el domingo 8 de noviembre a las 9:00 a. m. El recorrido irá del parque de La Merced al edificio de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en San José.

Entre las organizaciones convocantes figuran:

  • la Coalición Feminista;

  • el Movimiento Ríos Vivos;

  • la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON);

  • el Frente Nacional de Lucha;

  • FRENASS

  • Mujeres por Costa Rica
  • Unidos por la Caja;

  • el Sindicato Unitario de la Universidad Estatal a Distancia (SIUNED);

  • la Liga Cívica Nacional, con su campaña Defendamos el ICE;

  • SiUNED

entre otras que se aprecian en el afiche.

La marcha coincide en fecha, hora y recorrido con la convocada por la Red Nacional por la Democracia bajo la consigna “Páguele a la Caja”.

RENASES convoca a celebrar en Cartago los 85 años de la CCSS

La Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) invita a la población a un gran encuentro por la salud, la vida y la seguridad social para celebrar los 85 años de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), fundada en 1941. La actividad será el domingo 1.º de noviembre en Cartago.

RENASES está integrada por 85 organizaciones sociales, comunales, sindicales, agroalimentarias, ambientales, de mujeres, de salud y de educación, universidades y diversos sectores de la sociedad. La organización convoca a toda la población y a las familias trabajadoras a esta “gran celebración popular, social y cultural, en homenaje a nuestra querida Caja”.

Programa

  • 10:00 a. m.: misa conmemorativa en la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles.

  • Después de la misa: concentración y acto de conmemoración en la Plaza Mayor de Cartago, con actividades culturales, música, feria de salud, emprendimientos y otras actividades.

Con esta convocatoria, RENASES expresa su compromiso de defender la seguridad social, fortalecer el derecho a la salud y a la educación pública, proteger la institucionalidad y la democracia, y construir un país más justo y solidario.

“¡La seguridad social es patrimonio de todo el pueblo!”, afirma la Red, que cierra su llamado con la consigna: “¡La Caja es de todos y todas, y entre todos y todas la defendemos!”.

Convocan a conversatorio sobre la realidad de la CCSS en San Sebastián

“¿Cómo se imagina Costa Rica sin la Caja?” Con esa pregunta, el Hogar de la Esperanza y el movimiento La Caja es Nuestra invitan a un conversatorio sobre la realidad de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La actividad será el viernes 30 de octubre a las 5:00 p. m. en el salón comunal La Arboleda, en San Sebastián Sur.

“¡Venga a conversar con nosotros!”, dice la convocatoria, que lleva como lema “La Caja es nuestra”.

Estudio estima un uso intensivo de plaguicidas en los cultivos de Costa Rica (21,9 kg/ha) y no encuentra una mejora consistente en su peligrosidad entre 2010 y 2024

La investigación de la Universidad de Zúrich y la Universidad de California, Davis, integra 15 años de datos de comercio, registro y área sembrada para estimar el uso y la peligrosidad de 275 ingredientes activos por cultivo y provincia.

SURCOS comparte el siguiente comunicado del Bloque Verde:

Un estudio publicado en Environment International, una de las revistas científicas de mayor impacto en ciencias ambientales, analiza, a partir de datos oficiales y públicos del Estado costarricense, el uso de plaguicidas y su peligrosidad entre 2010 y 2024. Los resultados muestran que el uso en cultivos es casi el doble del promedio oficial, que incluye los pastos, y que es más intenso en el cultivo de banano y en la región Caribe. La peligrosidad no muestra una mejora consistente, ya que los indicadores más preocupantes para la salud se mantienen altos y los relacionados con los organismos acuáticos empeoran.

Una herramienta nueva construida con datos públicos

El equipo creó la Base de Datos Integrada de Plaguicidas de Costa Rica (CRIPD por sus siglas en inglés). Combina más de 71.000 registros de importación y exportación del Servicio Fitosanitario del Estado (2010–2024) con el registro nacional de plaguicidas, el área sembrada y 26 indicadores de peligrosidad de 275 ingredientes activos. El estudio fue posible gracias al sistema de datos públicos del Servicio Fitosanitario del Estado, construido a lo largo de décadas con el impulso de instituciones científicas y de la sociedad civil. Ese sistema convierte a Costa Rica en un referente, ya que el mismo método puede aplicarse en otros países que no sintetizan sus propios ingredientes activos, como muchos países de ingresos bajos y medios, siempre que publiquen datos similares.

«Los datos necesitaban depuración: al cruzarlos con las bases de Hacienda corregimos más de 30.000 errores, como cantidades mal digitadas o entradas duplicadas. Sin esa depuración, cualquier análisis de uso habría arrastrado esos errores», explica Santiago Álvarez-Fernández, investigador independiente y coautor del estudio.

Áreas y cultivos

Cuando se considera toda el área agropecuaria, incluidos los pastos, el estudio obtiene un promedio de 11,07 kg/ha, una cifra muy cercana a la reportada por el MAG (11,04 kg/ha). Sin embargo, los pastos ocupan cerca de la mitad de esa superficie y reciben en promedio apenas 1 kg/ha. Por eso, cuando se analizan solo las tierras de cultivo, el uso asciende a 21,9 kg/ha, una cifra que se sitúa entre las dos estimaciones que han dominado el debate nacional: la del Ministerio de Agricultura y la del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (34 kg/ha). Entre los cultivos, el banano presenta la mayor intensidad de uso, que pasó de 61 kg/ha en 2012 a 104 kg/ha en 2024. En términos geográficos, Limón es la provincia con el uso más alto: 57,5 kg/ha cuando se excluyen los pastos.

La mitad de la carga total de plaguicidas corresponde a cuatro ingredientes activos: el fungicida mancozeb, el herbicida glifosato, el insecticida diazinón y el nematicida etoprofos. El diazinón figura desde 2025 en la lista oficial de moléculas que ya no pueden registrarse por homologación, porque no pueden usarse en al menos el 70% de los países de la OCDE. Aun así, a octubre de 2026 mantiene 14 registros vigentes en el país. Además, el estudio muestra que el uso promedio nacional aumentó entre 2010 y 2024, a diferencia de la tendencia a la baja que muestran los datos de la FAO.

La peligrosidad no muestra una mejora consistente

Los 32 ingredientes activos que suman el 90% del uso presentan peligrosidad alta en al menos una categoría. Entre 2010 y 2024, aunque algunos indicadores mejoraron, siete indicadores de peligrosidad se agravaron, sobre todo los acuáticos, y siete no cambiaron. Las peligrosidades más preocupantes para la salud, que son el potencial cancerígeno, la disrupción endocrina y la toxicidad por contacto con la piel, comenzaron altas y se mantienen altas. Como indica el estudio, estos resultados no respaldan el argumento, frecuente en el debate público, de que la agricultura «moderna» conlleva una mejora al sustituir moléculas peligrosas por otras menos peligrosas. Además, el reglamento de registro vigente desde 2023, presentado como una vía para introducir esas moléculas, ha servido sobre todo para volver a registrar moléculas antiguas. Según datos del SFE, más de tres cuartas partes de los 58 ingredientes activos registrados con este reglamento hasta septiembre de 2026 ya contaban con registro previo en el país, entre ellos el mancozeb, el glifosato y el 2,4-D.

«Los ingredientes activos más usados en Costa Rica, como el mancozeb, el glifosato o el diazinón, llevan décadas en el mercado. Esto refleja una tendencia global que hemos analizado en estudios previos: se desarrollan cada vez menos ingredientes activos nuevos y crece el mercado de plaguicidas fuera de patente, o genéricos, que prolongan la vida de moléculas antiguas, muchas registradas hace décadas sin los estándares actuales de evaluación del riesgo», señala Soledad Castro-Vargas, investigadora de la Universidad de Zúrich y autora principal del estudio.

Lo que falta por saber

Para varios indicadores de salud y ecotoxicología, falta información sobre hasta el 31% de la carga utilizada, y para algunos grupos, como los invertebrados acuáticos tropicales, no hay datos suficientes para incluirlos. Muchos parámetros de evaluación se basan en climas templados. La ingesta diaria admisible, por ejemplo, supone un consumo de agua inferior al recomendado en el trópico. Las evaluaciones tampoco consideran mezclas, aunque estudios de laboratorio sugieren que algunas combinaciones, como la de mancozeb y glifosato, pueden tener efectos mayores que los de cada sustancia por separado.

Más allá de Costa Rica: metas globales de reducción de plaguicidas

Los resultados coinciden con un estudio global publicado este año en Science, que también encontró que la toxicidad de los plaguicidas aplicados en Costa Rica va en aumento. El tema llega en un momento clave. Del 19 al 30 de octubre, la COP17 del Convenio sobre la Diversidad Biológica revisa la meta mundial de reducir a la mitad el riesgo de los plaguicidas para 2030.

«Es probable que muchos países de agricultura tropical vivan una situación parecida, pero no podemos saberlo porque no publican datos como los de Costa Rica. Contar con esa información es el primer paso para reducir la peligrosidad de los plaguicidas, y Costa Rica demuestra que es posible tener un buen manejo de los datos públicos», afirma Ryan Galt, profesor de la Universidad de California, Davis, y coautor del estudio.

Implicaciones

Los autores proponen reportar por separado el uso de plaguicidas en cultivos y en pastos, para que las distintas partes del debate nacional discutan sobre la misma base, así como avanzar hacia un registro público de aplicaciones por cultivo y región, como el que existe en California. Los resultados también señalan prioridades para la investigación y la importancia de realizar estudios de monitoreo ambiental y de exposición, especialmente en la región Caribe y en torno a las plantaciones de banano y piña, así como de los ingredientes activos de uso elevado, como el mancozeb y el diazinón, y de sus efectos sobre los organismos acuáticos.

Artículo completo, en acceso abierto: https://doi.org/10.1016/j.envint.2026.110468

Convocan a marcha nacional en defensa de la CCSS y la democracia para el 8 de noviembre

La Red Nacional por la Democracia convoca a una marcha “en defensa de la CCSS y la democracia” para el domingo 8 de noviembre, a las 9 a. m., bajo la consigna “Páguele a la Caja”.

En San José, el recorrido saldrá del parque de La Merced y llegará al edificio central de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La convocatoria tiene alcance nacional. Para las regiones fuera del Valle Central, la organización preparó una segunda versión del afiche, sin punto de reunión definido. La idea es que las organizaciones y las personas de cada localidad definan su propio punto de encuentro y su recorrido, y lo anoten en el afiche para difundir la convocatoria en su comunidad.

El afiche plantea una pregunta sobre el costo de la atención privada: “Un parto normal en promedio cuesta alrededor de 2,5 millones de colones en una clínica privada, ¿tendremos que endeudarnos para tener hijos si no evitamos que privaticen la Caja?”.

Academia Nacional de Ciencias invita al foro virtual “El control del tabaco y la salud pública”

La Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica invita al foro virtual “El control del tabaco y la salud pública”, que se realizará el miércoles 14 de octubre, a las 7:00 p. m. La actividad se transmitirá en vivo por los canales de YouTube y Facebook de la Academia.

En el foro participarán cuatro especialistas del campo de la salud:

  • Roberto Castro Córdoba, médico especialista en salud ocupacional y epidemiólogo, profesor de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica.
  • Marny Ramos Rivas, del Programa de Enfermedades Asociadas al Consumo de Tabaco de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
  • Lydiana Ávila De Benedictis, neumóloga pediatra de la Caja Costarricense de Seguro Social.
  • Nydia Amador Brenes, salubrista y epidemióloga, presidenta de la Red Antitabaco (RENATA) y de la Asociación Costa Rica Saludable.

Datos de la actividad:

  • Fecha: miércoles 14 de octubre
  • Hora: 7:00 p. m.
  • Modalidad: virtual
  • Transmisión: YouTube y Facebook Live de la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica

Más de 400 personas, organizaciones, colectivos, redes, comunidades e instituciones exigen proteger a las comunidades de las fumigaciones agrícolas

Alertan sobre intención del oficialismo de archivar proyecto de ley

Bloque Verde. Más de 400 personas, organizaciones, colectivos, redes, comunidades e instituciones suscribieron un comunicado en el que solicitan a las diputadas y los diputados no archivar el expediente N.º 25.391, iniciativa que busca prevenir intoxicaciones, proteger las fuentes de agua y fortalecer la responsabilidad por los daños derivados de las fumigaciones agrícolas.

Entre las personas y organizaciones firmantes se encuentran representantes de organizaciones ambientales, agroecológicas, campesinas, comunitarias, indígenas, feministas, sociales, académicas, culturales, estudiantiles, políticas, turísticas y productivas, así como personas de comunidades de Cartago, San Ramón, Guanacaste, Talamanca, Puntarenas, Osa, Pérez Zeledón y otras zonas afectadas por las fumigaciones y el uso de agroquímicos.

Dada la pretensión de la bancada oficial de archivar el proyecto, las personas y organizaciones señalaron: “Ante la intención del oficialismo de archivar el proyecto de ley para la protección de las comunidades contra las intoxicaciones por actividad agrícola, se hace un llamado a las diputadas y los diputados a mantener abierta su discusión y priorizar la salud de la población y la protección del agua.”

El comunicado agrega: “El expediente N.º 25.391 aborda un problema que requiere una respuesta legislativa: los riesgos de que los agroquímicos utilizados en fumigaciones alcancen viviendas, lugares de trabajo, fuentes de abastecimiento de agua y otras zonas sensibles. Su objetivo es fortalecer las medidas de prevención y los mecanismos de atención y reparación cuando se produzcan daños.”

Las personas y organizaciones firmantes también advierten sobre las implicaciones de archivar la iniciativa: “Archivar el proyecto significaría cerrar la discusión sobre cómo mejorar la protección de las comunidades expuestas a estas actividades. Las observaciones técnicas formuladas durante su estudio deben servir para mejorar la iniciativa y construir acuerdos que permitan responder a los riesgos identificados”.

El expediente recoge criterios favorables de instituciones como el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la Defensoría de los Habitantes y la Dirección General de Aviación Civil, así como del Centro Científico Tropical. Según el comunicado, estos criterios reconocen la importancia de proteger la salud, el recurso hídrico y el ambiente frente a los riesgos asociados a la aplicación de agroquímicos.

En particular, las personas y organizaciones destacan: “La Defensoría vincula la iniciativa con el principio precautorio: la protección de las personas y del ambiente exige adoptar medidas preventivas ante riesgos potenciales, incluso cuando exista incertidumbre científica sobre la magnitud del daño”.

Sobre los alcances de la iniciativa, el comunicado señala: “El proyecto también busca fortalecer la responsabilidad por los daños ocasionados durante las fumigaciones aéreas, facilitar la atención médica de las personas afectadas y contemplar la reparación de los sistemas de abastecimiento de agua potable que resulten perjudicados.”

El comunicado señala: “La discusión legislativa ofrece una oportunidad para atender las preocupaciones técnicas y productivas junto con las necesidades de las comunidades. Esa tarea requiere diálogo, respaldo científico y un compromiso efectivo con la prevención de intoxicaciones y de la contaminación del agua.”

Finalmente, hicieron un llamado ‘al oficialismo a reconsiderar su intención de archivo y a las demás fracciones legislativas a impulsar la continuidad del expediente N.° 25.391. La salud de las comunidades y la seguridad de sus fuentes de agua merecen una respuesta concreta de la Asamblea Legislativa”.

Comunicado completo con adhesiones: https://docs.google.com/document/d/1oVRypfsWvdxee06iSHJN4THnCpKXizMD/edit?usp=sharing&ouid=118278187804590108810&rtpof=true&sd=true