El Equipo Técnico de Apoyo al Sector Agropecuario convoca a la «Vigilia por el sector agropecuario costarricense», que se realizará el miércoles 18 de noviembre en el parque de Pacayas, en Alvarado de Cartago. La actividad busca apoyar y visibilizar la labor de quienes trabajan la tierra, «por la seguridad y soberanía alimentaria de nuestro país».
El programa es el siguiente:
10:00 a. m. a 3:00 p. m.: feria de productos e intercambio de semillas criollas.
4:00 p. m. a 6:30 p. m.: presentaciones sobre el sector agropecuario costarricense.
6:30 p. m.: presentación artística de Gerardo y Los Hicsos.
«¡Acercate y viví esta vigilia con nosotros! Apoyemos lo nuestro», invitan las personas organizadoras.
La Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) dirigió el 2 de noviembre un comunicado interno a sus organizaciones integrantes. En él valora el mensaje que la Conferencia Episcopal de Costa Rica publicó el 29 de octubre: «Que el comercio esté al servicio de la vida de nuestro pueblo». El mensaje de los obispos se emitió después de que la presidenta Laura Fernández Delgado anunciara la decisión de no firmar la adhesión al Acuerdo Transpacífico (CPTPP) y archivar el proceso.
Con el título «Con quienes sostienen la mesa de todos los costarricenses», la Red afirma que reconoce la importancia de esa palabra, porque «pone en el centro a las familias del campo» y pide que el archivo abra caminos. El comunicado cita el numeral 5 del mensaje episcopal, dedicado a la cercanía con los sectores afectados: «Enviamos un saludo fraterno y solidario a los agricultores, ganaderos, productores de leche, arroceros, caficultores, palmicultores, horticultores y pescadores, y a sus familias. Las organizaciones del agro han expresado su preocupación por miles de fincas y productores expuestos a una competencia desigual. Ustedes son parte viva del cuerpo de la Iglesia (1 Cor 12,12-31) y sostienen, con su trabajo silencioso, la mesa de todos los costarricenses».
RENASES explica en cuatro puntos por qué el mensaje importa para la Red.
El primero es que «nombra a quienes más arriesgaban». Los obispos saludan uno por uno a los sectores del agro y reconocen la competencia desigual que enfrentaban. Según la Red, es la misma preocupación que planteó en su pronunciamiento del 29 de setiembre.
El segundo es que «coincide con lo que pedimos». Los obispos solicitan que toda negociación futura cuente con información pública oportuna, estudios de impacto y participación real de los sectores más afectados. RENASES señala que son exigencias que ya había planteado y que siguen vigentes.
El tercero es que «mira hacia adelante». La Red recoge el planteamiento de que archivar el proceso no resuelve por sí solo los problemas del campo. También recoge la petición de que el apoyo anunciado por el Gobierno tenga recursos, plazos y metas verificables y se construya en mesas de diálogo con las organizaciones de productores.
El cuarto es que «nos pide altura». Los obispos llaman a vivir este momento sin polarización ni descalificaciones y a no descuidar a quienes trabajan en los sectores exportadores. «Así lo asumimos: no es la derrota de nadie, es una oportunidad para el campo», afirma la Red.
Bajo el encabezado «Esta cercanía tiene nombre en la Red», el comunicado recuerda que UNAG, MANA, la Unión Ganadera, el Centro Agrícola Cantonal de Mora, el Comité Regional de Ferias del Agricultor de la Región Central y SITRAP forman parte de RENASES. «A ellas, a sus bases y a sus familias les hacemos llegar el mismo saludo fraterno y solidario», indica.
Finalmente, la Coordinación de RENASES pide a cada organización integrante:
difundir el mensaje de los obispos en sus bases, parroquias y comunidades, y citarlo con fidelidad;
acompañar a las organizaciones del agro de la Red en las mesas de diálogo que han solicitado diputaciones de distintas fracciones;
dar seguimiento a la agenda de apoyo al sector, con recursos, plazos y metas que se puedan verificar.
Ante la decisión del Gobierno de la República de no suscribir la adhesión de Costa Rica al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP)
San José, 29 de octubre de 2026
Los obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, como pastores que acompañamos la vida cotidiana de las personas y de nuestras comunidades, hemos seguido con atención y oración el debate nacional sobre la eventual adhesión del país al Acuerdo Transpacífico. El 28 de octubre, la señora Presidente de la República, Laura Fernández Delgado, anunció la decisión de no firmar el protocolo de adhesión y de archivar el proceso, cuyas negociaciones habían concluido sustancialmente en mayo de este año.
Acogemos la decisión con serenidad.
2. Recibimos con respeto y esperanza esta decisión, porque responde al clamor de miles de familias productoras que, durante meses, pidieron ser escuchadas y conocer con claridad las condiciones de un acuerdo que podía afectar su sustento y poner en riesgo los medios para asegurar la vida. En nuestra Carta Pastoral Colectiva de abril de este año señalamos que el campo es «un sector cada vez más olvidado por el Estado y su institucionalidad» y pedimos fortalecer el diálogo con los agricultores (Conferencia Episcopal de Costa Rica [CECOR], 2026, nn. 45–47). La transparencia y la participación de los sectores afectados no son un trámite: son una exigencia de la dignidad de las personas y del bien común, como principios éticos para vivir en sociedad.
3. Queremos decirlo con claridad: esta palabra no es un rechazo al comercio internacional ni a quienes, con argumentos legítimos, veían en el acuerdo oportunidades para el país. La Doctrina Social de la Iglesia reconoce al mercado como «instrumento insustituible de regulación dentro del sistema económico», pero recuerda la necesidad de «sujetarlo a finalidades morales» (Pontificio Consejo Justicia y Paz, 2005, n. 349), porque «el libre intercambio sólo es equitativo si está sometido a las exigencias de la justicia social» (n. 366).
La voz del Magisterio latinoamericano.
4. Los obispos de América Latina y el Caribe advirtieron en Aparecida que los tratados de libre comercio «entre países con economías asimétricas» no siempre benefician a los países más pobres, y que los campesinos deben estar atentos a los males que tales tratados puedan ocasionarles (Consejo Episcopal Latinoamericano [CELAM], 2007, nn. 67, 72). Allí mismo se pidió a la Iglesia de cada país «examinar atentamente» estas negociaciones y alertar a los responsables políticos y a la opinión pública sobre sus consecuencias para «los sectores más desprotegidos y vulnerables de la población» (n. 406d). En fidelidad a ese mandato pastoral, y no por interés partidario alguno, hoy alzamos nuestra voz.
Cercanía con los sectores afectados.
5. Enviamos un saludo fraterno y solidario a los agricultores, ganaderos, productores de leche, arroceros, caficultores, palmicultores, horticultores y pescadores, y a sus familias. Las organizaciones del agro han expresado su preocupación por miles de fincas y productores expuestos a una competencia desigual. Ustedes son parte viva del cuerpo de la Iglesia (1 Cor 12,12-31) y sostienen, con su trabajo silencioso, la mesa de todos los costarricenses.
Una decisión que debe abrir caminos.
6. Archivar un proceso no resuelve, por sí solo, las dificultades del campo. Por ello, con espíritu de colaboración, respetuosamente pedimos:
Que la agenda de acompañamiento al sector agropecuario anunciada por el Gobierno se concrete con recursos, plazos y metas verificables, y que se construya en mesas de diálogo con las organizaciones de productores, como también lo han solicitado diputaciones de distintas fracciones.
Que estas políticas no se limiten a ayudas pasajeras. El Compendio de Doctrina Social enseña que la intervención del Estado no debe ser «ni ilimitada, ni insuficiente», y que «la solidaridad sin subsidiaridad puede degenerar fácilmente en asistencialismo» (Pontificio Consejo Justicia y Paz, 2005, n. 351); y pide políticas agrícolas «capaces de superar una cierta concepción residual y asistencial» (n. 299). Crédito accesible, asistencia técnica, infraestructura rural, combate al contrabando y fortalecimiento de cooperativas y otras formas asociativas son caminos para que el productor compita con dignidad.
Que se proteja la seguridad y la soberanía alimentaria del país, pues la disponibilidad de alimentos «no puede quedar limitada al mercado internacional» (CECOR, 2026, n. 46). Como recordaba el papa Francisco, «las autoridades tienen el derecho y la responsabilidad de tomar medidas de claro y firme apoyo a los pequeños productores» (Francisco, 2015, n. 129).
Que toda futura negociación comercial se realice con información pública oportuna, estudios de impacto y participación real de quienes podrían resultar más afectados, sin descuidar a las personas trabajadoras de los sectores exportadores ni las buenas relaciones con las naciones hermanas del bloque.
Un llamado a la unidad.
7. Invitamos a todos los actores —Poder Ejecutivo, Asamblea Legislativa, sector productivo, cámaras empresariales, academia y sociedad civil— a vivir este momento sin polarización ni descalificaciones personales. Costa Rica tiene una larga tradición de diálogo que hoy necesitamos honrar para construir juntos un modelo de desarrollo en el que nadie quede atrás.
8. Encomendamos a las familias del campo a la intercesión de Nuestra Señora de los Ángeles, Patrona de Costa Rica, y de san Isidro Labrador, para que el Señor bendiga el trabajo de sus manos y nos conceda a todos la sabiduría de buscar siempre el bien común.
Los Obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica
Organizaciones de pequeños y medianos productores del agro y movimientos afines convocan a una marcha en defensa del sector agropecuario, la producción nacional y la soberanía alimentaria, con el objetivo de posicionar los problemas inmediatos que enfrenta el sector. Entre las organizaciones está el Consejo de Estudiantes de Agroalimentarias de la Universidad de Costa Rica.
La marcha es este martes 3 de noviembre. El punto de reunión es la Fuente de la Hispanidad a las 10 a. m. para avanzar hacia la Plaza de la Democracia.
Las organizaciones exigen que las políticas hacia el sector se definan con la participación del sector productivo, debidamente representado, “no al margen y en detrimento de ellos”.
En su comunicado recuerdan que el reclamo del sector se hizo escuchar por medio de un movimiento plural, liderado principalmente por personas jóvenes vinculadas al agro por profesión o por convicción. Ese movimiento convocó a miles de personas agricultoras, ganaderas y estudiantes, preocupadas por el impacto negativo que el Acuerdo Transpacífico tendría sobre la producción agropecuaria nacional. Agregan que el movimiento recibió el apoyo de los concejos municipales de 38 cantones, que representan el 51% de la población del país.
El texto destaca que el sector agroalimentario contribuye a la seguridad alimentaria, la economía y el empleo, sobre todo en las zonas rurales, y que permitió alimentar a la población durante crisis mundiales como la pandemia y las guerras entre Rusia y Ucrania y entre EUA e Irán. “La dependencia de importaciones de alimentos genera una gran vulnerabilidad”, advierte.
Según las organizaciones, el comercio mundial de alimentos está marcado por grandes disparidades en los costos de producción, sea por bajos estándares sociales y ambientales o por los subsidios y apoyos que otros países dan a su agricultura. Esos países venden alimentos a Costa Rica a precios menores que los costos locales de producción, “sin que esto se traduzca en un beneficio a los consumidores, pero sí en impactos muy negativos en nuestras comunidades rurales”, como ha ocurrido con el arroz, la papa, la cebolla, el frijol y la leche. Recuerdan que los países desarrollados protegen su agricultura por su valor estratégico: “En materia de producción agrícola debemos asumir un comportamiento de país desarrollado”.
El comunicado valora la declaración de la presidenta Laura Fernández de que el Acuerdo Transpacífico “no va” como señal de que “el clamor de los sectores y de los territorios fue escuchado” y como “un paso en la dirección correcta”.
Las demandas
Las organizaciones exigen tres acciones inmediatas:
Evitar la firma y aprobación de nuevos tratados y acuerdos comerciales que atenten contra la viabilidad de la producción nacional.
Eliminar de inmediato las medidas que están destruyendo la producción local, en particular la de pequeños y medianos productores, como las que permiten importaciones masivas de arroz, papa, cebolla, frijoles y leche, entre otros productos.
Crear una política de fomento de un sector agropecuario innovador, capaz de enfrentar amenazas como el cambio climático, que contribuya a la seguridad alimentaria, al desarrollo económico y social y al mejoramiento ambiental. Esa política debe construirse con el sector productivo, el gobierno, la academia, el sector financiero y la sociedad civil.
El historiador y analista político Óscar Aguilar Bulgarelli envió a SURCOS un video en el que cuestiona las explicaciones del Gobierno sobre el archivo del proceso de adhesión de Costa Rica al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y la destitución de la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos.
Para que “no comamos cuentos”, el historiador repasó la cronología del tratado. Recordó que los gobiernos de Laura Chinchilla y de Luis Guillermo Solís ya se habían manifestado a favor de incorporarse a esa plataforma, y que Costa Rica tenía tratados de libre comercio con varios de sus países miembros, como México, Perú y Singapur. Sin embargo, señaló que los pasos decisivos se dieron durante la administración de Rodrigo Chaves:
Agosto de 2022: el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), dirigido entonces por Manuel Tovar, presentó la solicitud oficial de ingreso, apenas unos meses después de iniciado ese gobierno.
28 de noviembre de 2024: los países del bloque invitaron formalmente a Costa Rica a iniciar el proceso de incorporación.
Enero de 2025: comenzó la revisión de la legislación costarricense frente a las disposiciones del tratado.
Marzo y junio de 2025: se realizaron las dos primeras sesiones del Grupo de Trabajo para la Adhesión de Costa Rica.
5 de mayo de 2026: se anunció oficialmente la conclusión sustancial de las negociaciones, mediante una declaración ministerial conjunta liderada por Perú.
Según Aguilar Bulgarelli, al día siguiente, en una de las conferencias de prensa de los miércoles, el entonces presidente Chaves y el ministro Tovar anunciaron “con bombos y platillos” que todo estaba listo y lo compararon con meter un gol en la final de una Copa Mundial.
“Ahora resulta que el presidente Chaves, en aquel momento, hoy ministro de Hacienda, y hombre todopoderoso, sale diciendo que le parece muy bien que la presidenta Fernández haya mandado a archivar este convenio y que no se vaya a firmar, que ha faltado transparencia. Y eso es lo que a mí me mortifica”, afirmó. “No hubo transparencia los últimos tres meses. No, no hubo transparencia los cuatro años que Rodrigo Chaves fue presidente”, agregó.
El historiador señaló que se presenta a Tovar como “chivo expiatorio”, mientras la ministra Trejos, “expulsada del gobierno” y acusada de no mostrar la documentación a los sectores, sostiene que los sectores y el Gobierno fueron informados. “Ese embrollo, esa falta de transparencia, es lo que a mí me mortifica”, dijo.
Aguilar Bulgarelli advirtió además que no existe un documento que respalde el archivo del tratado, sino solo una declaración de la presidenta, y se preguntó si se trata de “una pantomima”. Planteó que podría servir para ocultar situaciones graves en el país, como la de la CCSS, el intento de privatizar el ICE y los ₡1,9 billones que, según la Contraloría General de la República, Hacienda dejó de recaudar por controles deficientes.
Finalmente, llamó a participar masivamente en la manifestación del 3 de noviembre “para que entiendan que a la gente no se le engaña”. “La credibilidad en este gobierno, por las hartas mentiras que han venido metiéndole al país durante más de cuatro años, ya hizo que perdiera toda credibilidad, toda confianza. Esto hay que pararlo o nos van a destruir el país”, concluyó.
Manifiesto: la no adhesión al Acuerdo Transpacífico es un triunfo de la movilización social
El Parlamento Cívico Ambiental de Costa Rica celebra el anuncio de la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, sobre la no firma y solicitud de archivo del proceso de adhesión de Costa Rica al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), así como la destitución de la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos.
Esta decisión constituye una importante victoria de los movimientos sociales, populares, ambientales, agrícolas, campesinos, estudiantiles y de las organizaciones ciudadanas que se opusieron al tratado y que, mediante su organización, denuncia y movilización, ejercieron una presión determinante para detener este proceso.
El CPTPP despertó una creciente oposición por sus potenciales consecuencias sobre la producción agropecuaria nacional, la soberanía alimentaria, el ambiente, la biodiversidad y la capacidad del Estado para adoptar políticas públicas en defensa de los intereses nacionales.
A ello se sumaron los cuestionamientos sobre la falta de transparencia, participación ciudadana y suficiente información acerca de sus implicaciones para el país. Este logro demuestra que la organización y la movilización ciudadana son instrumentos fundamentales para la defensa de los derechos, la soberanía nacional y el patrimonio ambiental de Costa Rica.
Sin embargo, el archivo del CPTPP no significa que hayan desaparecido las amenazas que enfrenta la producción nacional ni los problemas estructurales del sector agropecuario, las comunidades rurales y la protección de nuestros ecosistemas. La adopción de otras agendas vinculadas a intereses extranjeros de comercio estratégico y seguridad puede representar amenazas aún mayores.
Por ello, el Parlamento Cívico Ambiental respalda el mantenimiento de la convocatoria a la marcha nacional del próximo 3 de noviembre, promovida por las organizaciones del sector agropecuario y otros movimientos sociales.
Esta movilización debe constituir una oportunidad para reafirmar la unidad de todos los sectores sociales para continuar exigiendo políticas públicas que fortalezcan la producción nacional, garanticen la soberanía alimentaria, protejan el ambiente y promuevan un desarrollo socialmente justo y ambientalmente sostenible.
El Parlamento Cívico Ambiental reafirma su compromiso con la defensa de los intereses nacionales y con una democracia participativa en la que las decisiones fundamentales sobre el futuro del país respondan a las necesidades de su población y no exclusivamente a otros intereses.
Instamos al Gobierno a establecer un mecanismo permanente, transparente, participativo y jurídicamente vinculante de evaluación y seguimiento de los tratados comerciales, con indicadores verificables, informes públicos periódicos y planes de acción para atender las brechas identificadas.
El archivo del CPTPP debe marcar no solo el cierre de un proceso, sino el comienzo de una nueva etapa: una política comercial y diplomática que evalúe sus resultados, corrija sus desequilibrios y ponga las capacidades productivas, las comunidades y el patrimonio natural de Costa Rica en el centro de sus decisiones.
Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) San José, 29 de octubre, 2026
El Pacto Transpacífico se archivó, pero el agro sigue solo
El Gobierno archivó «definitivamente» el proceso de adhesión al CPTPP y removió a la ministra de Comercio Exterior. La razón no fue la defensa del interés nacional. Fue cálculo: lo que sus aliados económicos ganaban era poco y el costo político, demasiado alto. COMEX recibió un golpe en la mesa: estate quieto.
Lo que este Gobierno realmente defiende es otra agenda
Mientras el Pacto Transpacífico concentraba la atención, el Gobierno avanzaba en lo que de verdad le importa: privatizar el sistema eléctrico, imponer jornadas de doce horas, eliminar el tope a las tasas de interés, destruir la Caja Costarricense de Seguro Social por asfixia presupuestaria, desmantelar el sistema de pensiones solidarias, pauperizar la educación y recortar los programas sociales. Todo eso ocurre a plena luz del día.
Y debajo de todo eso, el cáncer que pudre las finanzas públicas: la evasión tributaria y las elevadísimas tasas de interés que pagamos por la deuda pública. La Contraloría General de la República lo documenta con evidencia en la mano: por controles deficientes, Hacienda dejó de recaudar más de ₡1,9 billones en impuestos sobre la renta entre 2023 y 2026. Las acciones de control cayeron de 1.767 casos en 2023 a apenas dos en 2025. Eso es negligencia, impericia o complicidad. Tributación y Aduanas, un mamarracho de sistema que lleva años en caos total. Mientras el Estado le recorta al niño del CEN-CINAI y al adulto mayor sin pensión, ciertos grupos económicos evaden sin consecuencias. Eso no es un problema fiscal. Es una decisión política.
El Pacto Transpacífico era la batalla visible. Las otras se libran con menos ruido, y se están perdiendo
El sector agro no ganó. Solo sobrevivió un día más
Celebrar que el posible acuerdo comercial Transpacífico se archivó sin exigir nada a cambio es conformarse con no perder. Y no perder no es ganar.
El frente que destruye al agro avanza todos los días:
Sin seguros agrarios en pleno cambio climático,
sin mejores condiciones de crédito,
sin compras del Estado que privilegien al productor nacional,
sin defensa comercial contra importaciones a precios ruinosos,
sin solución para la quiebra de 350 productores de arroz,
sin agua para Guanacaste,
sin respuesta ante los aranceles de Estados Unidos que violan el TLC,
sin alivio en insumos ni en registro de moléculas,
sin avances en la distribución de la riqueza que genera el campo entre quienes producen y quienes comercializan.
Que el CPTPP se haya archivado no resuelve ni uno solo de esos problemas. Solo significa que este año no se sumó uno más a la lista
Las promesas no alimentan. Los hechos, sí
El Gobierno anunció reforzar las compras públicas a productores locales y combatir el contrabando de alimentos. Bien dicho. Ahora el sector agro debe tomar la iniciativa: redactar un documento público con los compromisos concretos, los plazos y los responsables. Proponer al Gobierno en concreto y, si no cumple, que quede escrito quién falló y cuándo. No más mesas sin resultado. No más anuncios que se evaporan.
El agro costarricense tiene razones, tiene historia y tiene gente con las manos curtidas de trabajar la tierra, que merece algo mejor que sobrevivir de milagro en milagro. Ese mérito obliga. Obliga a organizarse más, a exigir, a no bajar la guardia nunca. Las injusticias no se corrigen solas: se corrigen cuando quienes las sufren deciden que ya fue suficiente.
José Oviedo Chaves Coordinador, RENASES
Agradecemos la asesoría del economista Welmer Ramos González.
El Colectivo Causa Sur organiza una marcha local desde la Sede Brunca de la UNA y una buseta hacia el encuentro nacional en la Plaza de la Democracia.
“¡Costa Rica se levanta!”. Con esa consigna, el Colectivo Causa Sur anunció que la Zona Sur se suma a la Gran Marcha Nacional convocada para este martes 20 de octubre, “a todos los sectores de este país para manifestarnos por la educación, el agro, la cultura y los derechos sociales”.
El colectivo propone dos formas de participar.
Marcha en Pérez Zeledón
Fecha: martes 20 de octubre.
Hora: 9:00 a. m.
Salida: Sede Regional Brunca de la Universidad Nacional (UNA).
Destino y plantón: parque de Pérez Zeledón, en San Isidro de El General.
Transporte a la marcha en San José
Para quienes deseen sumarse al encuentro nacional en la capital, Causa Sur dispone de una buseta:
Salida: 5:30 a. m., frente al Banco Nacional, en San Isidro de Pérez Zeledón.
Encuentro nacional: 11:00 a. m., en la Plaza de la Democracia, San José.
Regreso: 6:30 p. m., desde la Plaza de la Democracia.
Los espacios son limitados. Las personas interesadas pueden reservar escribiendo al colectivo por mensaje directo en sus redes sociales.
El colectivo invita a llevar carteles y banderas.
Contexto
La Gran Marcha Nacional, con el lema “¡Distintas luchas, un mismo país!”, es una jornada multisectorial que reúne demandas de educación y universidades, agro y producción nacional, cultura, salud pública, trabajo digno, ambiente, pueblos indígenas y desarrollo de las regiones, entre otras. También coincide con la marcha en defensa de la educación universitaria pública convocada por el CONARE. Ese mismo día vence el plazo de la Comisión de Asuntos Hacendarios para votar las mociones de recorte, entre ellas las que afectan a las sedes regionales de las universidades públicas.
“¡Distintas luchas, un mismo país!”: la jornada incluye marchas desde diversos puntos del país, un encuentro nacional en la Plaza de la Democracia y una vigilia de cierre.
Para el martes 20 de octubre se convoca a una Gran Marcha Nacional por la Educación, el Agro, la Cultura y los Derechos Sociales, con el lema “¡Distintas luchas, un mismo país!”. La convocatoria llama a frenar “los recortes que afectan nuestro presente y futuro” y a trabajar “por una Costa Rica más justa, solidaria y democrática”.
Programa de la jornada
9:00 a. m.: salida de las marchas desde diversos puntos del país.
11:00 a. m.: gran encuentro nacional en la Plaza de la Democracia, en San José.
Hasta las 6:00 p. m.: jornada de participación con expresiones culturales y cierre con una gran vigilia.
Las luchas que convergen
La convocatoria reúne las demandas de distintos sectores:
educación pública y universidades;
agro y producción nacional;
derechos sociales y protección de la niñez;
personas con discapacidad, personas adultas mayores y cuidados;
trabajo y empleo digno;
ambiente y territorios sostenibles;
salud pública;
cultura y patrimonio;
pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes;
desarrollo de las regiones;
soberanía frente al acuerdo transpacífico;
todos los sectores de la sociedad.
Contexto
La convocatoria coincide con la Marcha en Defensa de la Educación Universitaria Pública que el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) convocó para ese mismo día. Esa marcha saldrá a las 9:00 a. m. desde la Fuente de la Hispanidad, en San Pedro de Montes de Oca, hacia la Asamblea Legislativa, en las inmediaciones de la Plaza de la Democracia. Las dos se enmarcan en la discusión legislativa de los recortes presupuestarios.
En los últimos días, distintas instancias se han pronunciado contra esos recortes:
La Federación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Superior (FESITRAES) llamó a una movilización unitaria y a articular esfuerzos con otros sectores en defensa de lo público.
El Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) advirtió que su Centro Académico de Limón podría cerrar si se aprueba la reducción de ₡492,9 millones.
El Consejo de Área de Sedes Regionales de la Universidad de Costa Rica rechazó la moción 104-1, que eliminaría el presupuesto del Recinto de Paraíso.
Organizaciones del sector agropecuario y de otros sectores sociales también se han movilizado contra la adhesión de Costa Rica al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), que es otra de las causas de la convocatoria.
“Aquí no hay nada que negociar”: productoras y productores rechazan el Tratado Transpacífico frente a Casa Presidencial
Movilización contra el Tratado Transpacífico: advierten por la soberanía alimentaria y el empleo rural
Este viernes 9 de octubre, organizaciones y personas productoras del sector agropecuario se movilizaron frente a Casa Presidencial, en San José, para rechazar la adhesión de Costa Rica al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), conocido como Tratado Transpacífico. Mientras tanto, un grupo de dirigentes se reunía dentro de Casa Presidencial.
José Oviedo, dirigente del sector agro y coordinador de RENASES.Marco Ortiz, productor de leche.
SURCOS recibió las declaraciones de dos participantes en la movilización: José Oviedo, dirigente del sector agropecuario y coordinador de la Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES), y Marco Antonio Ortiz, productor de leche.
“Aquí no hay nada que negociar”
José Oviedo dijo que las personas movilizadas tienen un “criterio reservado” sobre los resultados de la reunión, aunque esperan que la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, anuncie que el país no se adherirá al tratado:
“Nos encontramos aquí, al frente de Casa Presidencial, sabemos que hay unos dirigentes adentro en Casa Presidencial, esperemos que les vaya bien, aunque sinceramente nosotros tenemos un criterio reservado, que lo que va a haber ahí adentro es un show, pero ojalá que estemos equivocados y que hoy la presidenta de la República, doña Laura, diga que simplemente el Transpacífico no va. Eso es, no va. Y que no nos venga diciendo que va a negociar y otro y el otro, porque aquí no hay nada que negociar”.
Agregó que la lucha continuará y llamó al conjunto de la sociedad a sumarse, porque, según dijo, los efectos del tratado no se limitan al agro: “Esto no afecta solo a nosotros los agricultores, esto afecta absolutamente a todos con el libre tránsito de personas, la libre contratación de servicios, el libre tránsito de dinero. Lo que esperamos es un desempleo del costarricense tremendo”.
Soberanía alimentaria y economía rural
Marco Antonio Ortiz, productor de leche, afirmó que el tratado “va a afectar al 100 % la soberanía alimentaria del país”, construida durante “siglo y medio” de producción de calidad para la población costarricense.
Según Ortiz, el impacto alcanzaría “la mano de obra rural, la paz social rural, la economía rural”, porque el sector agropecuario es “un encadenamiento muy importante que da trabajo a cientos de miles de costarricenses en zonas en donde solo la agricultura y la ganadería se pueden tener”.
El productor comparó lo que aportaría el tratado, que estimó en 0,36 % del producto interno bruto (PIB), con el aporte del sector agropecuario, que ubicó en más del 11 % del PIB. “De manera que yo espero que la señora presidenta reconsidere la posición. Aquí somos patriotas y hay que demostrarlo”, dijo.
Ortiz advirtió que con el tratado llegarían “productos de países altamente desarrollados, de países que tienen tecnologías mucho más fuertes, y además, con producción subsidiada”, y puso como ejemplo el arroz: “Esto lo que va a hacer es más negocio para los importadores y la ruina para todos los productores nacionales”.
Antecedentes
Días antes de la movilización, RENASES dio a conocer su posición ante la adhesión al CPTPP. En ella pide al Poder Ejecutivo no firmar el protocolo, a la Asamblea Legislativa votar en contra y al Gobierno publicar el texto íntegro, que aún no se conoce en el país. El documento cita la simulación del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), según la cual el PIB sería alrededor de 0,34 % mayor al final de toda la desgravación, y el mismo estudio reconoce caídas de 3,3 % en la producción láctea y de 3,7 % en el empleo lechero. La organización señala también que Uruguay, gran exportador de arroz, carne y lácteos, negocia su ingreso al bloque. SURCOS publica por aparte una nota con los elementos centrales de ese pronunciamiento.
El 6 de octubre, el Frente Agroalimentario Nacional de Costa Rica realizó un foro sobre las implicaciones del Tratado Transpacífico para el sector agropecuario, del que SURCOS publicó una síntesis. La exposición estuvo a cargo de Renzo Céspedes, consultor en comercio internacional, y la moderación, de Luis Felipe Arauz, exministro de Agricultura y Ganadería.
En ese foro se planteó que la adhesión no representaría un “nuevo mercado” de gran escala, porque Costa Rica ya tiene tratados de libre comercio con la mitad de los países miembros y sus exportaciones a los mercados asiáticos del bloque son marginales. Se señaló además que, al entrar como país adherente, Costa Rica no podría renegociar el texto ni pedir protecciones especiales.
Entre los sectores más expuestos se mencionaron:
los lácteos, frente a la producción de Nueva Zelanda;
la carne bovina, frente a Australia;
el arroz y el café, frente a Vietnam;
el aceite de palma, frente a Malasia;
la papa y la cebolla.
El foro concluyó con un llamado a evaluar la adhesión con datos técnicos, a defender el empleo rural y a contar con una política de Estado que reduzca los costos de producción antes de asumir nuevos compromisos comerciales.
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