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Etiqueta: sector público

Coronavirus, trabajadores y un mundo en disputa

Por Víctor Báez Mosqueira*

En enero del 2009, formé parte de una delegación sindical internacional de la CSI que fue a Washington a entablar una serie de conversaciones con los directores del FMI y del Banco Mundial. Para ellos, la superación de la crisis del 2008 pasaba por volver a las viejas recetas ortodoxas. No se tomaban en cuenta, ni importaban, las otras dos graves crisis en ascensión, la ambiental y la social, derivadas de la extensión de las políticas salvajes de mercado también a esas esferas.

Nuestra posición sostenía que había que mirar a futuro y apuntar a resolver las tres crisis conjuntamente, con políticas integradas y globales.

No solamente no se hizo nada en ese sentido, sino que las políticas propugnadas por las instituciones financieras internacionales siguieron recetando políticas equivocadas al exigir recortes de gastos y la reducción de la protección social hasta que fuera solo un remedio tímido, tímidamente limitado a los sectores extremadamente pobres, dejando de lado a quienes estaban un poco por encima de la línea de pobreza.

En el ámbito político, sobrevino el ascenso de sectores de extrema derecha a los gobiernos de varios países europeos, de Estados Unidos, algunos (neo) golpes de estado en América Latina, como en Honduras, Paraguay, Brasil y, recientemente, Bolivia. Los culpables de la crisis pasaron a ser los sectores populares, los migrantes, trabajadores y trabajadoras que tenían contratos colectivos o querían hacer valer sus derechos como ciudadanos y ciudadanas.

Si bien, aunque sea en forma simbólica, la creación del G 20 fue una admisión tácita de que era necesaria una conducción más participativa del mundo, porque el divorcio entre el pretendido liderazgo del G 7 y la realidad ya era explícito, del otro lado, las grandes empresas seguían su tarea de minar el multilateralismo, al iniciar una ofensiva dentro de las Naciones Unidas que tiene como colofón, entre otras cosas, la firma de un acuerdo entre la ONU y el Foro Económico Mundial para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que, a nuestro entender, socava aún más los fundamentos del multilateralismo, tan necesario para la gobernanza del mundo.

No se volvió a la “normalidad” previa a la crisis de los subprime de 2008. Mucho menos se resolvieron las crisis preexistentes. Lo que se hizo fue aplicar algunos remiendos que ayudaron a empeorar las cosas. Creció la desigualdad, se continuó depredando la naturaleza (ascenso del número de gobiernos que niegan la propia existencia del calentamiento global) y se multiplicaron los gobiernos (con apetencias autoritarias) enemigos de la inclusión.

Los resultados están a la vista. El coronavirus no viene a caer en el vacío. Llega y se propaga en un mundo dominado por políticas elitistas y excluyentes ya conocidas.

Hace ya varios años se habla de que menos del 10 por ciento de la población retiene la misma cantidad de riqueza que lo que posee el 50 por ciento de la población más pobre del mundo. El 28 de noviembre de 2019, Jeffrey Sachs, uno de los tres principales economistas del planeta en la actualidad, dio cifras estremecedoras en un evento llevado a cabo en la OIT, en Ginebra, sobre financiamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Dijo que el PIB mundial es estimado en 100 billones de dólares, de los cuales 10 billones (10 por ciento del PIB mundial) están en manos de 2.000 personas, los billonarios del planeta.

Por otra parte, un informe de la ONG Global Financial Integrity, de fecha 3 de marzo de 2020, muestra que debido a sobrefacturaciones o subfacturaciones en el comercio internacional, 8,7 billones de dólares (8,7 por ciento del PIB mundial) han dejado de ser recaudados por el fisco de 148 países en vías de desarrollo del mundo, entre 2008 y 2017. ¿Para dónde se han dirigido esos recursos? Probablemente, para los paraísos (guaridas) fiscales. No se toman ahí las otras fugas por otros conceptos. Y pensar que siguen insistiendo en que el sector público es la causa de todos los males del orbe. ¡Caras de piedra!

Son solamente dos ejemplos de muchos que pueden darse, que vienen al caso porque ahora, con el coronavirus, en la medida en que el epicentro se va desplazando hacia las Américas, surgen sectores liderados por Donald Trump, Jair Bolsonaro y otros que insisten en instalar un debate sobre si se prioriza la salud económica o la salud pública. Dicen que no hay que parar la economía, que hay que seguir trabajando y que es lamentable, pero natural, que se pierdan “algunas” vidas. La extrema derecha está llegando más lejos que en la crisis subprime. Entonces exigían que renunciáramos a nuestros derechos, ahora nos demandan que, además de entregar nuestras conquistas, ofrezcamos nuestras vidas en holocausto para defender “su” economía, la economía que les sirve solamente a ellos.

Ahora todo se centra en volver a la normalidad, o sea, al estado de las cosas previo a la aparición y propagación del Covid-19. Hay esfuerzos loables de encontrar una vacuna, de testar a la mayor cantidad de gente, de que los sistemas de salud sean adaptados, en la medida de lo posible y en forma urgente, para hacer frente a la emergencia.

Debemos hacer notar, como lo propone el José Robles, del Instituto Mundo del Trabajo, de Argentina, que todos estos esfuerzos se dirigen a resolver el enorme problema mundial creado por esta pandemia. Y se pregunta: ¿Qué pasaría si dentro de un tiempo corto surgiera otro virus y otra crisis? ¿Soportaran nuestros países? ¿Aguantará el mundo? Claro que no.

Hay algunos cambios de posición que son positivos. No es común ver al FMI recomendando a los gobiernos gastar más en salud y estimular el consumo interno. Un chiste ronda por América Latina, que dice que el miedo a la muerte convierte a muchos neoliberales en keynesianos. Pero discursos llamativos prometiendo cambios después de estallar la crisis de 2008 también fueron pronunciados. Entre ellos, recuerdo el de Sarkozy. No hubo ulterioridades y hoy estamos como estamos.

Por tanto, queda meridianamente claro que la solución no está solamente en superar esta pandemia asesina y volver, a lo largo de los próximos meses, a nuestra pretendida normalidad diaria. O se supera este modelo neoliberal o perecerá gran parte de la vida del planeta, incluyendo miles de millones de seres humanos. O se recupera el rol de los Estados y se coloca a la política y a la vida por encima del antojo de los grandes capitales o no tendremos sostenibilidad.

O se impone una tasa tipo Tobin a las transacciones financieras y se redistribuye el resultado y se establece “un impuesto al bienestar” a esos dos mil billonarios de los que hablamos o no lograremos financiar los ODS.

O exigimos enérgicamente que el embargo a Venezuela, Cuba y otros países sea levantado o veremos una hecatombe por efecto de las políticas activas de unos gobiernos y la complicidad silenciosa e insolidaria de otros.

O los gobiernos imponen robustas bancas públicas de desarrollo para sostener y promover las pequeñas y medianas empresas, los verdaderos generadores de empleo, y acelerar la necesaria transición hacia un modelo de producción centrado en innovaciones sociales y ambientales o seguiremos siendo rehenes del sector usurero de las finanzas.

La atracción de inversión extranjera directa es importante para los países en desarrollo pero apenas es capaz de promover transformaciones cuando articulada con las pequeñas y medianas empresas locales e integrada a una política industrial centrada en la innovación.

O volvemos a insistir en la integración real en los continentes, en este caso en América Latina, y reactivamos UNASUR y CELAC o seguimos nuestra reciente trayectoria de creciente pérdida de relevancia en las decisiones globales sostenida en un adefesio como PROSUR. El periodista Mariano Vázquez sostiene acertadamente que dicho esperpento debería mejor llamarse PRONORTE porque es totalmente funcional a las políticas de Donald Trump.

O establecemos sistemas fiscales que posibiliten la inclusión social o seguiremos expulsando compatriotas hacia el exterior. Seguimos insistiendo en que la solución no es solamente igualdad de derechos de los/as migrantes en los países de destino, sino igualdad de oportunidades en los países de origen. Derecho a no migrar.

O defendemos y reforzamos el multilateralismo, donde los gobiernos de países pequeños y grandes interactúen o permitiremos que el “multistakeholderismo”, liderado por las grandes empresas, dirija el accionar de las Naciones Unidas.

Aquí pueden faltar muchas cosas y puede ser necesario priorizar los puntos, pero lo cierto es que, si queremos un mundo sostenible, no podemos contentarnos con volver a los meses anteriores al Covid 19. Cada uno de los países y la comunidad internacional deben estar preparados para contener cualquier otro virus y cualquier otro tipo de crisis, porque la inestabilidad es la nueva normalidad en el mundo que se viene.

*Secretario General Adjunto de la Confederación Sindical Internacional (CSI)

Fuente: https://www.alainet.org/es/articulo/205587

Ilustración: https://www.alainet.org/es/articulo/187517

UCR: La mejora de los procesos del Estado inicia con la transparencia

La Defensoría de los Habitantes de la República (DHR) desde el año 2014 inició con un proceso de evaluación de la transparencia del sector público costarricense, que se mide en los sitios web de las instituciones públicas por medio de un total de 95 indicadores en los ámbitos de rendición de cuentas, acceso a la información pública, participación ciudadana y datos abiertos de Gobierno.

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ASDEICE: UCCAEP pide y los diputados obedecen

¿Qué intereses rondarán la prestación del servicio de administración de la plataforma electrónica de factoreo que sería de uso obligatorio para todas las entidades del sector público?

Lea el comunicado en la siguiente imagen:

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de asdeice.

Compartido por Rodolfo Ulloa Bonilla en redes digitales.

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APSE rechaza Proyecto de Ley 21.049 que impondría restricciones en el ejercicio del derecho a huelga

APSE manifiesta su absoluto rechazo al nuevo proyecto de ley número 21.049, “Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos”, presentado por el diputado Carlos Ricardo Benavides y otros, ya que es un proyecto que en la práctica elimina el derecho a huelga en el sector público, establece fuertes limitaciones al derecho a huelga en general y al ejercicio de la libertad sindical.

 

Imagen utilizada con fines ilustrativos.

Compartido por Laura Arias en redes digitales.

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Carta pública a las organizaciones magisteriales

San José de Costa Rica, 3 de diciembre de 2018.

De Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y catedrático de la UNA

A los compañeros de las organizaciones magisteriales (ANDE, APSE, SEC, SINPAE Y OTROS)

La justa y prolongada huelga que ustedes han mantenido, a lo largo de más de ochenta días, contra viento y marea, contra toda clase de amenazas, en medio de un cerco ideológico violento y totalitario, donde los medios de (in)comunicación social mienten y tergiversan lo que está pasando en el país, mientras se preparan para asaltar la institucionalidad del país, buscando que la deuda pública siga creciendo hasta el infinito hasta que se vuelva inmanejable, de tal manera que habiendo llegado a ese punto tengamos que someternos a los dictados del Fondo Monetario Internacional: Entonces liquidarán a precios de baratillo nuestras instituciones más importantes como la Caja del Seguro Social y el ICE dándoselas a sus amigotes, así como ya entregaron el monopolio de los contenedores en Moín a la empresa holandesa a APM Terminals, lo que traerá más hambre y desempleo en nuestro puerto caribeño. Por ahora, los políticos y gobernantes han emprendido una contrarreforma laboral que congela los salarios de los trabajadores del sector público, castiga con impuestos indirectos a los sectores más desfavorecidos, los que aún no logran entender lo que pasará, por lo que algunas de estas gentes nos atacan. Especulando con las tasas de interés de los bonos de la deuda pública y con el valor de la moneda nacional ya depreciaron los salarios reales, es decir ya redujeron su poder de compra mientras los congelan, de manera formal, es por eso que la economía no crecerá al estancarse el PIB, conformado en buena medida por los gastos de los hogares costarricenses. Lo más grave está por venir, sin embargo, con la ley del empleo público, con el saqueo de los fondos de pensiones del Poder Judicial y del Magisterio Nacional, cuyos fondos fueron saqueados en la década de los noventa, perdiéndose alrededor de un billón de colón en un agujero negro, del que nadie quiere hablar, mientras el de la caja es constantemente manipulado y puesto en riesgo, es por eso que hoy debemos estar más unidos que nunca.

A los compañeros del SEC les digo que el hecho de que hayan decidido levantar la huelga no los separa del resto de las organizaciones magisteriales, como fundador que fui de ese sindicato (acabamos de despedir a su primer presidente, el compañero Carlos Vargas Solano, fallecido hace apenas un mes, con quien compartimos muchos episodios de lucha) les pido reflexionar y manejarse con mucho cuidado, algunos políticos rondan por ahí y podrían querer confundirnos.

A los compañeros de la ANDE, a quienes acompañé por todo el país después de la huelga de julio-agosto de 1995, a petición de la recordada compañera Lilliam Mora, gran dirigente de aquellos años, para reflexionar sobre las consecuencias y alcances de aquellas jornadas de lucha tan importantes, un saludo fraternal y respetuoso.

A los compañeros de APSE, y de otras organizaciones, que con tenacidad y un valor inmenso han levantado las banderas de lucha sin dejarlas caer un solo momento, va también mi saludo, no desmayen en esta lucha que la semilla que ya sembraron fructificará en suelo fértil, en todas las luchas que vendrán.

Sólo la unidad y la persistencia en los objetivos planteados en este momento histórico nos permitirá alcanzar la victoria. Con todo mi afecto y respeto para ustedes.

 

Imagen con fines ilustrativos tomada de la nota: Experiencias y aprendizajes de la huelga magisterial

Enviado por Rogelio Cedeño Castro.

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Sindicatos piden a Sala IV no entrometerse en derechos laborales

Las organizaciones integrantes del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, consideramos necesario y pertinente dirigir a ustedes la presente misiva para expresarles en ella nuestra preocupación y también nuestra disconformidad, con la postura que mantiene este Tribunal en torno a las acciones de inconstitucionalidad promovidas contra las convenciones colectivas de trabajo del sector público.

Ingrese en el siguiente enlace para leer el comunicado completo.

Colectivo Sindical Patria Justa 13 junio 2018

 

Enviado por Sindicato Pro Trabajadores Consejo Nacional de Producción, SIPROCNP.

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Redess solicita diálogo con las nuevas autoridades de gobierno

Uno de los retos más importantes del nuevo gobierno a los que se enfrenta, es convocar a espacios de diálogo institucional entre el sector de la ESS y el sector público, y así demostrar un compromiso con los desafíos pendientes con la economía Social Solidaria / asociativa, la necesidad de participación, visibilización de un sector de la economía con carácter asociativo históricamente excluido, siendo esta situación una de las principales dificultades para superar una realidad en la que se sufre la injusticia y la vulneración de derechos.

Esta nueva administración y su propuesta de gobierno de unidad nacional con los partidos políticos, tiene también la responsabilidad con los movimientos sociales de generar los espacios que permitan cambiar las causas que han generado pobreza y exclusión.

En nuestro caso un dialogo que permita redefinir y establecer políticas públicas orientadas al fortalecimiento de las organizaciones de la ESS, como sujeto capaz de formular y desarrollar propuestas.

Asumir estos retos y darles respuesta desde la inteligencia colectiva y el trabajo colaborativo es la tarea principal que tiene el movimiento de la ESS si quiere aprovechar las oportunidades que ofrece la coyuntura actual para impulsar el crecimiento de las organizaciones de la economía solidaria. Con ello podemos contribuir significativamente a la construcción de una economía más justa y solidaria que ponga en su centro la sostenibilidad de una vida digna y feliz para todas las personas.

La esperanza de otra economía posible.

 

Carlos Hernández Porras Equipo Dinamizador

Red de Economía Social Solidaria

Sitio web: www.redesscr.org │Correo electrónico: ess.redcr@gmail.com │Cel: 8950-9945

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por Carlos Alberto Hernández Porras.

ANEP: empleo público, revivir expediente 19.506 es revivir el escenario confrontativo abierto

  • La clase trabajadora no es responsable de los problemas de liquidez del Gobierno
  • La clase trabajadora no es responsable del déficit fiscal
  • La clase trabajadora no es responsable de la deuda pública ni del astronómico pago de intereses de la misma

 

Una vez más tenemos que condenar, enérgicamente, la reedición de la enfermiza tesis neoliberal de que el salario que devengan las personas trabajadoras asalariadas del sector Público (específicamente sus pluses y sus anualidades), que pretende culpabilizar, satanizándoles ante la sociedad, a quienes laboran para el sector Público, de los problemas de liquidez que enfrenta el Gobierno, del grave problema del déficit fiscal, del no menos grave del problema de la deuda pública y de espantoso nivel altísimo del pago de sus intereses.

Tampoco es culpable la clase trabajadora asalariada del sector Público, como tampoco lo es la del sector privado, por la injusta estructura tributaria costarricense, perversamente regresiva, la cual hace que quienes ganan menos, proporcionalmente hablando, pagan más; mientras que los que ganan más, pagan menos o no pagan del todo, eludiendo y/o evadiendo sus reales obligaciones tributarias.

Hacemos un vehemente llamado a todas las conciencias laborales del sector Público, así como a los diversos grupos y gremios que les representan, para que nos pronunciemos con energía y procedamos a rechazar con vehemencia, la resucitación política del detestado Expediente Legislativo No. 19.506, cargado de un odio visceral contra todos los derechos conquistados por la clase trabajadora del sector Público a lo largo de muchas décadas.

Lo que corresponde es dar los primeros pasos de corte estratégico para que esa injusta estructura tributaria nacional pase a ser progresiva: que paguen más los que más tienen.

Lo que corresponde es un proceso nacional de diálogo político-social para evitar que nuestro país caiga en el precipicio de la quiebra del Estado y que pasemos a vivir dolorosas e irreconciliables experiencias tipo Grecia, tipo Portugal.

Lo que corresponde es abandonar el fundamentalismo neoliberal cargado de odio patológico contra el sector Público, contra los empleados públicos y contra las empleadas públicas, contra sus organizaciones sindicales; y, por el contrario, establecer una fuerte estrategia nacional para combatir el robo de impuestos en todas sus manifestaciones, superior a los 8 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB); y/o, entrarle a los 6 puntos PIB de exenciones-exoneraciones determinando la derogatoria de, al menos, la mitad de la mismas.

Lo que corresponde es auscultar la naturaleza del endeudamiento nacional y una reingeniería de la deuda para atenuar, en alguna medida, el abultado y exorbitante pago anual de intereses que supera ya los 3 puntos porcentuales PIB.

Reiteramos con contundente vehemencia: quienes laboran para el sector Público, no son los responsables de los problemas de liquidez que enfrenta el Gobierno, no son los responsables del grave problema del déficit fiscal, no son responsables del no menos grave del problema de la deuda pública y de espantoso nivel altísimo del pago de sus intereses.

Hacemos un vehemente llamado a todas las personas trabajadoras asalariadas del sector Público, así como a todas las organizaciones sindicales, gremiales, profesionales que les representan, para que unamos esfuerzos y procedamos a la movilización necesaria en aras de cerrarle, nuevamente, el paso al expediente 19.506 y similares, y, por otra parte; exigir las legislaciones necesarias del cambio estructural tributario hacia la progresividad.

 

San José, lunes 7 de agosto de 2017.

 

Albino Vargas Barrantes

Secretario General ANEP

Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de www.anep.or.cr

Enviado por ANEP.

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Concentración-manifestación de ANEP contra rebaja salarial del 1%

  • Contra la rebaja salarial generalizada del 1 % pensiones IVM-CCSS y contra el abusivo sistema de las pensiones de lujo: 367 pensiones de más 5 millones con cargo al Presupuesto Nacional
  • IVM-CCSS: Existen alternativas para no golpear a la clase trabajadora

 

Tal y como había sido anunciado, el pasado lunes 22 de mayo la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), realizó la concentración-manifestación que había convocado frente a la sede central de la Caja en la Avenida Segunda, con dos propósitos fundamentales:

PRIMERO: Rechazar la inminente rebaja salarial generalizada del 1 % impuesta por la Caja y que afectará a todos los salarios de todas las personas trabajadoras del país, tanto del sector público como del privado. Y hasta las aseguradas de manera independiente pues a éstas se les aumentará la cotización en un 1 %. Rechazamos que se le cobre a la clase trabajadora una especie de mala praxis financiera en el régimen IVM que podría alcanzar la espantosa cantidad, conservadoramente hablando, de 1 billón de colones (un millón de millones de colones).

SEGUNDO: Protestar, enérgicamente, contra el abusivo sistema de pensiones privilegiadas, las de lujo, que dramatizan los dolorosos niveles a los que ha llegado la desigualdad en Costa Rica. La clase trabajadora está muy golpeada y muy herida en su sensibilidad obrera al enterarse de:

UNO: La concesión de una pensión de, prácticamente, 10 millones de colones en el Poder Judicial;

DOS: De constatar la rebeldía jurídica (vía interposición de recursos en la Sala Cuarta) contra una disposición legislativa que obliga a los pensiones de lujo del sistema “Hacienda-diputados”, con pensiones de casi 8 millones de colones, a aportar 2 millones como “contribución solidaria”, quedándoles una de 6 millones. ¡Cómo si esta cifra no fuera ya de por sí sumamente alta para una pensión!

Los datos que manejamos en ANEP nos indican que si hacemos un listado de las pensiones más altas con cargo al Presupuesto Nacional de la República y juntamos ese listado con las más altas tramitadas vía Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema), tendremos lo siguiente: 3 pensiones superan los 11 millones de colones; 7 casos superan los 10 millones de colones; 5 están por encima de los 9 millones de colones mensuales; 20 pensiones de más de 8 millones al mes; 29 de más de 7 millones mensuales; y 113 superan la cifra de 6 millones de colones al mes; y, 190 por encima de los 5 millones de colones. En total, 367 pensiones de más de 5 millones de colones con cargo al Presupuesto Nacional.

Definitivamente, este es un retrato cruel de la desigualdad en materia de pensiones en Costa Rica.

Por otra parte, la ANEP maneja un listado de unos 140 casos de altas pensiones con cargo al Presupuesto Nacional cuyos beneficiarios presentaron recursos de amparo contra la nueva legislación que les pone límites pues pretenden que les sigan aumentando 30 % al año, haya o no inflación, heredar la pensión a hijas solteras y cuando faltan su cónyuge siga recibiendo 100 % de pensión.

La ANEP estima que a como van las cosas en la Caja (subir la cotización para la pensión, elevar la edad para la jubilación y reducir el monto a recibir), pensionarse por IVM es ¡empobrecerse! Por el contrario, con las pensiones de lujo, es… ¡enriquecerse!

Efectivamente, si la Caja logra consolidar su abusiva decisión de imponer esa rebaja salarial del 1 %, será esta la primera medida que le abre paso a las otras dos que están pensadas para empobrecer más a la gente trabajadora, vía IVM: subir la edad hasta los 70 años; y, reducir el monto a percibir a un 40 %.

La ANEP entregará este lunes un documento que contiene una propuesta de ámbitos de intervención político-técnica para considerar medidas alternativas a la rebaja salarial generalizada del 1 % que todo el mundo rechaza.

Además, ANEP enfatiza en el razonamiento que, junto con el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, le llevó a negarse a estar en la mesa de diálogo que sobre el futuro de IVM-CCSS ha impuesto la Caja. Y en ese documento se explican las razones por las cuales se confronta tan fuertemente la decisión de esa rebaja salarial del 1 %.

La ANEP es consciente de que se requiere una gran unidad sindical en la acción, conjuntando todos los esfuerzos de la diversidad sindical existe en el país, para hacer cambiar esa soberbia decisión de la Caja. Se aprovechará la concentración para realizar un llamado en tal sentido.

 

Albino Vargas Barrantes

Secretario General ANEP

Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS por Secretará General ANEP.

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¿Vía rápida para el empleo público? ¡Vía rápida para la Huelga General!

Aunque no podemos hablar por la totalidad del Movimiento Sindical representante de la clase trabajadora asalariada del sector Público pues apenas somos una corriente parte del mismo, sí podemos afirmar que hay claridad en cuanto a que la única posibilidad de enterrar, definitivamente, el proyecto de Empleo Público es la HUELGA GENERAL y con carácter indefinido según diversos criterios que se vienen manifestando dentro de la dirigencia sindical nacional.

Se ha venido planteando que el mejor momento para el arranque de esa HUELGA GENERAL y que podría tener un carácter indefinido, es que sea al día siguiente de que en la Asamblea Legislativa le dieran vía rápida a la tramitación del expediente legislativo 19.506.

Al ser así las cosas, el gran desafío para el Movimiento Sindical en la presente coyuntura, que es la más difícil de toda la historia del Empleo Público de nuestro país, es articularse en el marco de la diversidad que le caracteriza para desarrollar ese desafío de la HUELGA GENERAL con una gran unidad sindical en la acción, más allá de las divergencias entre los dirigentes.

En tal sentido, desde el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA y desde el Sindicato de Trabajadores y de Trabajadoras de la Educación Costarricense (SEC), reiteramos el más transparente, vehemente y respetuoso llamado a la unidad sindical en la acción a todos los colegas dirigentes de las otras corrientes sindicales que, de una manera u otra, también han venido levantando activa y militantemente las banderas de la defensa obrera en el marco de la feroz campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico en contra de quienes laboran para el Estado.

Pero, además, este enorme desafío para la más amplia unidad sindical en la acción es doble en esta delicada coyuntura.

El pacto entre el Gobierno-PAC y el Partido Liberación Nacional (PLN) para atacar derechos salariales y laborales de los empleados públicos, agrede también a toda la clase trabajadora sin excepción, al imponerle a la misma un aumento de 2 puntos en el impuesto sobre las ventas, transformándolo en impuesto al valor agregado (IVA), pasándolo del 13 al 15 %.

Esto constituye una severa y condenable agresión económico-social no solamente para quienes están como asalariados en el sector privado bajo la “dictadura” del salario mínimo (que por cierto, ni siquiera se aplica a casi la tercera parte de este segmento laboral), sino para ese gran conglomerado obrero de la economía informal que está ya acercándose al 50 % de la Población Económicamente Activa (PEA).

En definitiva, el proyecto de Empleo Público, expediente legislativo 19.506 y aumentar del 13 al 15 % el impuesto sobre las ventas, son dos injustas medidas para profundizar la peligrosa senda de la desigualdad, la de la concentración de la riqueza, la de la exclusión y la de la violencia social.

Este pacto Gobierno-PAC con el Partido Liberación Nacional (PLN), empleo público a cambio de IVA sirve como elemento para explicarse las razones por las cuales entre un 50 y un 70 por ciento de la población electoral nacional se siente estafada, políticamente hablando.

En el caso del sector Público, con unas 300 mil personas trabajadoras asalariadas, se puede hablar de cerca de 1 millón de votos que estarían buscando una seguridad laboral, social y laborar que no parece que vendría ni del propio PAC, ni mucho menos del PLN y sus turecas del parlamento.

Tenemos fe de que el Movimiento Sindical en su conjunto estará a la altura de semejante desafío histórico, considerando que todas las bases laborales y sociales que representamos ya están unidas, ansiando y demandando que los dirigentes nos unamos y nos sentemos a trabajador en la planificación de esa HUELGA GENERAL.

San José, viernes 6 enero de 2017.

Sindicato de Trabajadores y de Trabajadoras de la Educación Costarricense (SEC)

Colectivo Sindical PATRIA JUSTA

PATRIA JUSTA:

Colectivo Sindical integrado por:

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE)

Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE)

Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA y Afines Portuarios (SINTRAJAP)

Sindicato de Trabajadores Agrícolas y de Plantaciones (SITRAP)

Sindicato de Trabajadores Petroleros, Químicos y Afines (SITRAPEQUIA

Sindicato Pro Trabajadores del Consejo Nacional de Producción y de la Fábrica Nacional de Licores (SIPRO-CNP)

Unión del Personal del Instituto Nacional de Seguros (UPINS)

Firmas responsables:

Gilberth Díaz Vásquez

Albino Vargas Barrantes

 

Enviado a SURCOS Digital por ANEP.

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