Ir al contenido principal

Etiqueta: Segunda República

Costa Rica y su historia. Una, Dos, ¿Tres Repúblicas?

Escrito en . Publicado en Formación.

Marielos Aguilar Hernández
Historiadora

Al concluir la guerra civil de 1948, la junta militar que ascendió al poder se autodenominó Junta Fundadora de la Segunda República. ¿Cuáles serían las razones para asumir ese título tan glorioso, según los vencedores?

Uno de los pasos siguientes, por parte de los dirigentes del Ejército de Liberación Nacional, fue hacer una convocatoria a elecciones para nombrar los diputados que integrarían una Asamblea Constituyente, encargada de redactar una nueva constitución política que le devolviera al país su condición como un Estado de Derecho.

En el seno de aquella histórica Asamblea se discutieron dos propuestas. La primera contenía un nuevo proyecto de constitución elaborado por una minoría de diputados de pensamiento socialdemócrata. Este sería el marco jurídico encargado de darle forma a lo que ellos comenzaban a denominar la Segunda República de Costa Rica. La otra propuesta, impulsada por los sectores políticos más conservadores, especialmente por parte de los seguidores del presidente electo en los comicios de febrero de 1948, don Otilio Ulate Blanco, solamente pretendía retomar la constitución liberal de 1871 para restablecer el orden constitucional y, en última instancia, esta fue la propuesta que en definitiva triunfó. En consecuencia, la Segunda República nunca llegó a plasmarse formalmente en el seno de aquella Asamblea Constitucional.

Desde nuestro punto de vista, el origen de la utopía de una Segunda República en Costa Rica tiene sus raíces fuera de nuestras fronteras, lo cual paso a explicar a continuación. Durante la década del treinta, en los años previos a la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española acaparó gran atención internacional por su relevancia histórica, pues en 1931 se había declarado la creación de la Segunda República Española en la madre tierra. Cincuenta años antes, ya la monarquía española había sufrido un primer golpe de parte del movimiento republicano que quería seguir el ejemplo de los revolucionarios franceses de 1789. En 1873 se había proclamado la abolición de la monarquía borbónica y por un corto período esta había sido desplazada. Aquella fue conocida, por entonces, como la Primera República Española.

Las aspiraciones republicanas de buena parte de la sociedad española sobrevivieron durante la primera mitad del siglo XX. Así, en 1931 y en el marco de una nueva crisis institucional, se proclamó la Segunda República Española, experiencia que se extendió hasta el año de 1939 cuando, definitivamente, triunfó la restauración del viejo régimen por medio de una sangrienta guerra encabezada por el General Francisco Franco. Este general, de pensamiento fascista, se había levantado en 1936 en contra de los sectores republicanos y socialistas, con el apoyo de los dictadores Adolfo Hitler y Benito Musolini.

Según el testimonio del dirigente comunista costarricense Álvaro Montero Vega -cuyas memorias tuvimos el privilegio de recuperarle poco antes de su muerte- en los años treinta, siendo él estudiante del Liceo de Costa Rica junto a muchos otros jóvenes simpatizantes con las nuevas corrientes de pensamiento socialista, entre ellos Eduardo Mora Valverde, fundaron el Comité Pro República Española, en cuyo seno se gestaron muchas actividades en solidaridad con las fuerzas republicanas que se enfrentaban con las tropas del fascismo español dirigidas por el General Franco y apoyadas por sus vecinos nazi-fascistas (*).

De manera que, en el imaginario colectivo nacional de aquella época, la derrota de la Segunda República Española también había quedado como uno de los traumas más profundos de la juventud progresista y revolucionaria de nuestro país.

Tómese en cuenta, además, que José Figueres Ferrer, el líder de las fuerzas de la oposición al caldero-comunismo, era hijo de padres españoles provenientes de Cataluña, una de las regiones más golpeadas por las fuerzas franquistas durante los hechos de aquella sangrienta guerra civil.

Incluso, a un comunista español-costarricense, de grata memoria, el insigne militante Adolfo Braña, le tocó luchar con las fuerzas republicanas en contra del ejército franquista en tierras catalanas. Y, años después, también le tocó luchar durante la guerra civil en Costa Rica al lado de las milicias caldero-comunistas. ¡Coincidencias de la historia!

Todo lo anterior lo traemos a colación para invitar a reflexionar sobre el papel de los mitos en la construcción de nuestra historia. No hay que ahondar mucho más para concluir que en Costa Rica, República solo ha habido una, la que se fundó en 1848 durante la administración de José María Castro Madriz, quien fuera el último jefe de Estado y el primer presidente de la República.

En la realidad nacional de los años cuarenta, la Segunda República tan solo fue una consigna de guerra por parte de las fuerzas de oposición al caldero-comunismo, inspirada en la reciente historia político- militar española. Y por qué no suponerlo, la familia Figueres Ferrer también era de origen español, seguramente identificada con la causa republicana de su patria. En verdad, tenían muchas razones para experimentar aquella nostalgia republicana, la cual se plasmó en la consigna de guerra del Caudillo Figueres Ferrer.

En consecuencia, que al chavismo se le ocurra anunciar una Tercera República en nuestro país, solamente demuestra la falta de estudio y conocimiento de nuestra historia patria. De ahí la importancia de que nuestro sistema educativo se proponga retomar una buena formación cívica para sus estudiantes, inclusive, para sus gobernantes.

No olvidemos, como lo señaló el filósofo español-estadounidense Georges Santayana ¡El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla!

(*). Aguilar H. Marielos (2013) ÁLVARO MONTERO VEGA: MEMORIAS DE UNA VIDA Y UN TIEMPO DE LUCHAS Y ESPERANZAS. Editorial UCR. Pp. 32

Conversatorio abordará las elecciones y la vigencia de la Segunda República

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) convoca a un conversatorio titulado “Las elecciones y la Segunda República”, un espacio de análisis y reflexión política e histórica sobre el proceso electoral reciente y su relación con los principios, transformaciones y desafíos de la Segunda República.

La actividad contará con la participación de José María Villalta Flórez-Estrada, diputado electo, y Marielos Aguilar Hernández, historiadora, quienes dialogarán sobre el significado de los resultados electorales, la representación política y los retos actuales para la democracia costarricense desde una perspectiva histórica y social.

El conversatorio se realizará el jueves 20 de febrero, a las 4:00 p.m., en la Sala de Sesiones Lydia Lacayo Mena, en la sede de la ANEP. Para mayor información, se encuentra disponible el teléfono 2257-8233.

La actividad es organizada por la Escuela Sindical Mario Alberto Blanco Vado, la Secretaría de Juventudes y la Seccional ANEP-JOVEN, como parte de sus esfuerzos de formación política y sindical.

📌 El registro de participación se realiza mediante el código QR incluido en la imagen de la convocatoria.

¿Hacia una Tercera República o una República de Tercera?

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Vladimir de la Cruz

En términos generales la Historia de Costa Rica la podemos dividir en grandes períodos. El primero, el del surgimiento del territorio, su conformación geológica, geomorfológica, el de sus ambientes naturales y ecológicos, el de sus paisajes geográficos, su desarrollo hidrológico, su modelado fluvial, sus tipos de relieves, sus suelos, los paisajes naturales y diversas zonas de vida vegetal, que siguen siendo la base del territorio, y de los factores culturales, sociales, económicos y políticos que en ese territorio se fueron dando. El segundo, el del poblamiento migracional antiguo hasta el establecimiento de sociedades humanas, sencillas y complejas, las tribales y cacicales. El tercero, el del contacto con las exploraciones europeas, españolas, en su período de conquista y el período de la colonia, el de la formación política de Costa Rica como parte del Reino de España, del Virreinato de Nueva España o México, el de la Capitanía General de Guatemala o el Reino de Guatemala y el de la Provincia de Costa Rica en ese contexto. El cuarto, el del período de la Independencia, desde 1808 hasta 1821, con sus particularidades en el contexto de la Independencia de América, con la desintegración del colonialismo español y el surgimiento de las sociedades, regiones o países independientes. El quinto, el del inicio de la vida independiente.

A partir de la Independencia, declarada el 29 de octubre de 1821, tenemos, del mismo modo, un primer periodo, corto, el período de Las Juntas de Gobierno, 1821-1824, un segundo período, el de la incorporación de Costa Rica y del establecimiento del Estado de Costa Rica, 1824-1838, en la República Federal de Centroamérica, 1823, cuando se estableció la Asamblea nacional Constituyente que la originó hasta 1839, el período de la República de Costa Rica, 1848 – 2026.

En términos generales desaparecida la República Federal de Centroamérica se mantuvo su imagen hasta que los Estados que la constituían iban surgiendo como Repúblicas, y desarrollando sus propias relaciones exteriores en la década de 1840-1848.

El período de la República, a su vez puede dividirse en dos grandes períodos. El de la República, desde 1848 hasta 1948 y el de la llamada Segunda República desde 1948 hasta momento actual, 2026.

Las autoridades políticas de Costa Rica, desde esta perspectiva, las podemos considerar, en su conjunto de la siguiente manera: Caciques indígenas, Reyes de España y Virreyes de México, Gobernadores y Autoridades Superiores de la Capitanía General de Guatemala y de Centroamérica, que se proyectaron sobre Costa Rica, Autoridades Superiores de la Provincia de Costa Rica durante la dominación española, la Autoridades Políticas de las Juntas de Gobierno al iniciar la Independencia, los Presidentes de la República Federal de Centroamérica, los Jefes de Estado de Costa Rica cuando pertenecimos como Estado en la República Federal de Centroamérica y los Presidentes de la República, a partir de 1848 hasta nuestros días.

En la Asamblea Legislativa se reconoce como autoridades a los Jefes de Estado y a los Presidentes, con sus retratos o pinturas, del período independiente. Falta allí, por lo menos, la lista de quienes dirigieron el país, bajo las Juntas del Gobierno del período inicial de la Independencia, 1821-1824 y la de los Presidentes de la República Federal, 1823-1839.

Durante la República de Costa Rica tuvimos las Constituciones Políticas de 1848, 1859, 1869, 1871, 1917. La Constitución de 1917 correspondió al período de la Dictadura de Federico Tinoco, 1917-1919.

La de 1871 en ocasiones fue suspendida y restablecida con modificaciones en 1871, en 1882 y en 1919 cuando cayó la dictadura de Tinoco. Fue finalmente suspendida por los acontecimientos de marzo-abril de 1948, la llamada Guerra Civil de 1948, que dieron origen al establecimiento de la Junta de Gobierno, 1948-1949, que se autodenominó Junta Fundadora de la Segunda República.

La Constitución del 10 de febrero de 1847 es del Estado de Costa Rica, mientras que la del 30 de noviembre de 1848 se establece como Constitución de la República de Costa Rica.

La República de Costa Rica fue establecida por el Congreso Legislativo del Estado de Costa Rica, el 30 de agosto de 1848, lo que fue ratificado el 31 de agosto de 1848, fecha a partir de la cual se reconoce la Declaratoria de la República, por el Jefe de Estado en funciones y Primer Presidente José María Castro Madriz, título de Presidente que se consagró constitucionalmente el 30 de noviembre de 1848.

Cuando se aprobó la Constitución Política de 1949, el 7 de noviembre de ese año, no se consignó que la Constitución fuera la Constitución de la Segunda República.

¿En qué descansó el pronunciamiento de Figueres de su Declaratoria de Segunda República? A mi modo de ver, entender y comprender el contexto de la década de 1940-1949 fueron dos factores fundamentales: primero, el centenario de la Declaratoria de la República, en 1948 y segundo, las consideraciones que Figueres y el grupo insurgente hacía de los gobiernos de Rafael Ángel Calderón Guardia y Teodoro Picado, de corruptos, nepóticos, fraudulentos electoralmente, que por sus hechos habían dado al traste con la República, la que había que refundar.

Así surgió la Segunda República de Costa Rica, sin asidero constitucional. ¿Qué le dio contenido y fuerza a la Segunda República? Las medidas y políticas que se tomaron por Decretos Leyes durante la Junta de Gobierno y las políticas de los gobiernos iniciales una vez que Otilio Ulate asumió la Presidencia de la República el 7 de noviembre de 1949, con la Constitución vigente a partir de ese momento, que incluía las Garantías Sociales que se habían aprobado en 1943, junto al Código de Trabajo que se mantuvo, a la par de la CCSS y la Universidad de Costa Rica, como los grandes pilares del Estado costarricense. A ello se sumó la nacionalización bancaria, la nacionalización de los recursos hidroenergéticos, la creación del ICE. Constitucionalmente se fortalecieron mecanismos de control de la administración pública, se creó la Contraloría General de la República, se desconcentró el Poder Ejecutivo, se fortalecieron autonomías institucionales, se debilitó el presidencialismo existente, se fortaleció el régimen municipal, se le dio más poder a la Asamblea Legislativa en su control político, se eliminó el Ejército, brazo muy importante para sostener autoritarismos, despotismos, dictaduras y tiranías, se fortaleció el sufragio y se le dio al Tribunal Nacional Electoral, de 1946, bautizado como Tribunal Supremo de Elecciones, por la Junta, rango constitucional igual a los poderes del Estado.

Frente al Estado liberal, que heredábamos del siglo XIX, que fortalecimos en el período liberal de 1882-1888, la Segunda República originó el Estado Social y Democrático de Derecho, con fortalecimiento de libertades y derechos ciudadanos y más de una treintena de instituciones sociales y económicas, junto con el reconocimiento de voto de las mujeres y de los jóvenes a los 18 años.

Se habla de avanzar a una Tercera República. La razón la dio el presidente Rodrigo Chaves cuando afirmó que todos los presidentes de la Segunda República habían sido dictadores y tiranos que gobernaron para ciertos grupos elitistas de poder y de la economía, sin que hubieran gobernado para el pueblo, autodenominándose como el Presidente que le devolvía el poder al Pueblo, al soberano, como el Presidente que queriendo gobernar para el pueblo, esos grupos del pasado incrustados en la administración general del Estado no le dejaban gobernar.

Institucionalmente Rodrigo Chaves no ha hecho nada nuevo que lo distinga, en comparación con las presidencias anteriores, que fundamenten esa Tercera República.

Tampoco hay un planteamiento político orientado en esa dirección. Tan solo se ha señalado la posibilidad de la modificación constitucional para la reelección continua, la eventual convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, quitarle o debilitarle funciones a la Contraloría General de la República, destituir a los Magistrados del Poder Judicial y con ellos destituir a los del Tribunal Supremo de Elecciones, y nombrar nuevos magistrados en armonía con el Poder Ejecutivo, obligar de la misma forma a los diputados con las políticas del Poder Ejecutivo, para que actúen “disciplinadamente”, con el gobierno, como dijo la Presidenta electa, facilitar el establecimiento del estado de excepción suspendiendo libertades y derechos, y garantías constitucionales, como lo han anunciado varias veces.

El gobierno de Laura Fernández, por ahora, solo será un apéndice del gobierno de Rodrigo Chaves. La continuidad que garantiza está amarrada con su reincorporación como ministra de la Presidencia hasta el 7 de mayo, y como eventual ministro de la Presidencia a cargo de Rodrigo Chaves, a partir del 8 de mayo.

La llamada Tercera República apenas asegura el cogobierno de Rodrigo Chaves, considerado como un segundo gobierno del mismo equipo de gobierno y de sus nuevos sectores empresariales, económicos y financieros que están subiendo a las estructuras del poder político nacional, con el entramado mafioso, lavador de dinero, exportador de drogas, que opera a su amparo con bastante libertad en el país.

El objetivo político del actual grupo dominante y el que llega con Laura Fernández al Poder Ejecutivo y con mayoría en el Poder Legislativo es acabar con el Estado Social de Derecho que se ha construido en estos 78 años, desde 1948, desde el período de la Junta de Gobierno, u 83 años desde las Reformas Sociales de 1943.

La Segunda República se justificó con un ideario político, filosófico e ideológico, en el marco de las tesis políticas de la socialdemocracia con algunos ribetes del socialcristianismo.

La Tercera República carece de un ideario político, filosófico, que justifique su instauración. Por ahora, lo que me parece el llamado a la Tercera República es tan solo un canto a La Luna, con agua en las manos, que podría resultar en una República de Tercera.

Costarricenses atacaron “fotocopias” políticas

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Rafael A. Ugalde Q.*

Comienzo aclarando el asunto de ver la “barrida” del oficialismo en las elecciones del pasado 1 de febrero, en seis de las siete provincias del país, como una especie de castigo durísimo contra las “fotocopias” de un ideario “original” de la “derecha” más recalcitrante para Europa y nuestra región, según el experto puertorriqueño en “descolonización” y catedrático universitario, Ramón Grosfoguel.

Él sostiene que ciertas posiciones políticas, consideradas por amplios sectores de votantes en Europa Occidental y Nuestra América como “reformistas”, “socialistas” “progresismo” o simplemente “izquierda”, por carecer de una posición firme frente al fascismo y a favor de los procesos soberanos, terminan contribuyendo con la instalación de gobiernos de mano dura, denominados de “derecha” pura. Constátese en: “Las derechas del Siglo XXI” (https://www.youtube.com/watch?v=L2mUGSadX18) y “Venezuela negocia con el imperio, flexibilidad táctica sin ingenuidad”, ver: (https://www.youtube.com/watch?v=gMJFXNnaW2c).

Grosfoguel, académico de la Universidad de California, respetado tanto en el viejo continente como en Latinoamérica, tiene múltiples conferencias y entrevistas grabadas en la internet, utiliza el símil para distinguir el relato político “original”, puro y sin ambigüedades de la extrema derecha, comparado con quienes dicen adversar esas posiciones, pero terminan coincidiendo dentro capitalismo con estos planteamientos fascistas, como si fuera una mala “fotocopia” de aquel “original”.

Estas “fotocopias” en ocasiones, nos dice el analista, nos pueden parecer de “avanzada”, como parte de un discurso que interpretamos distinto a las opciones conservadoras, pero no es más que la cara de una misma moneda, contra los pueblos que buscan su independencia, frente a un “imperio”, según él, en declive frente a un Nuevo Orden Mundial.

Desde esta perspectiva, él explica como movimientos ondulantes dentro de los ámbitos “progresistas” o de “izquierda” tradicional en Honduras, Ecuador, Bolivia o Argentina, al carecer de una debida articulación de sus trabajadores y no tener, por lo tanto, casi ninguna capacidad táctica para enfrentar las embestidas imperiales, terminan entregando los gobiernos a proyecto políticos y económicos “originales” de la derecha pura y dura.

En el caso costarricense durante las 24 o 48 horas antes de las elecciones del pasado domingo 1 de febrero, no hubo necesidad de la intromisión directa de la Casa Blanca a favor de los defensores de su proyecto para su “patio trasero”, como sí ocurrió en los comicios pasados en Argentina, Bolivia y Honduras, cuando con amenazas dobló las manos a los sufragantes.

Después de 73 años consecutivos desde 1949 que nuestro “oficialismo” o la llamada “oposición” se repartieron los principales cargos políticos, emerge inesperadamente en 2022 un personaje que hace de la confrontación pública su forma de llegar a amplios sectores que se sentían sin voz.

Esto deberían abrumar a nuestra militancia en los sindicatos, partidos a favor de la transformación social, organizaciones estudiantiles etc. Su casi 60 % de popularidad al termino del gobierno, debería ser tema de preocupación para los lideres populares, en cuanto sí ha habido trabajo cualitativo en las bases, o nos hemos conformado como trabajadores, obreros, pensionados etc., con hacer bulla y ruido cada cierto tiempo para que nos tomen como opositores. Perdonen, pero no nos engañemos reduciendo el problema a un simple estereotipo de simple “populismo”.

Cuatro organizaciones tendrán diputados en el congreso 2026-2030. (F. Fabián Hernández Mena, Semanario Universidad).

El abultado triunfo de este oficialismo el pasado 1 de febrero debería además a empujarnos a una crítica a fondo, en relación de cómo sociedad, qué nos dejaron aquellos ajustes estructurales e imposiciones del Fondo Internacional, pues por el contexto de las palabras dichas por la presidenta electa, sus efectos devastadores seguirán vigentes y se profundizarán al menos hasta 2030.

Ya los perdedores aceptaron la derrota. El candidato presidencial del Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramos, aceptó que su organización no pudo frente a la representante del oficialismo ganador en seis de las siete provincias, por amplios márgenes, por sí había dudas.

Ramos, quien logró remontar un 9% en la intención de voto en las encuestas, alcanzó a movilizar a su gente del alicaído partido, alcanzando un 33,4% de los sufragios, una vez escrutadas las mesas receptoras de votos, según el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Así, los verdiblancos, que en estas elecciones se jugaban la vida para no correr la misma suerte de los liberales de Elí Feinzaig, Nueva República de Fabricio Alvarado, el socialcristiano Juan Carlos Hidalgo y el antiguo Partido Acción Ciudadana (PAC), que quiso revivir viejos tiempos camuflado en una coalición, el “oficialismo” terminó con ellos.

Ramos y sus seguidores, sacudidos por divisiones internas y señalado su partido como promotor de la llamada “red de cuido”, a última hora, convence a sus simpatizantes – especialmente empleados estatales de la Gran Área Metropolitana– a revertir la baja intención de voto que daban las encuestadoras a su aspirante. Y lo logra muy parcialmente.

Aunque brincó de un 9% en las intenciones de voto hasta el 33,44% de sufragios escrutados oficialmente, solo mantuvo la provincia de Cartago como bastión histórico del liberacionismo, perdiendo las restantes seis provincias por “goleada”, frente un oficialismo intratable en las mesas receptoras de votos.

Significaría que los verdiblancos tendrán que conformarse con dos diputados menos, pasando de 19 a 17 legisladores, contra una mayoría simple de 31 congresistas, que permitirá a la derecha “original” aprobar importantes leyes ordinarias, ante la ausencia de una unidad real y viable como país alternativo, apuntando a reconquistar articuladamente la verdadera soberanía como nación, tener relaciones con todos los países del orbe, respetar la autodeterminación de los pueblos, el Derecho Internacional como instrumento de paz y dialogo civilizatorio y desarrollar nuestra innovación tecnológica y la robótica, priorizando el conocimiento para servicio de las necesidades nacionales en la agricultura, nuestra oceanografía, ambiente, la ciencia local y la formación humanística, sin imponer la educación exclusiva a disposición de la actividad maquiladora.

Ramos sacó del bache histórico a su franquicia gracias al voto principalmente de empleados públicos del Gran Área Metropolitana, convirtiéndose en la segunda fuerza más votada después de Pueblo Soberano que no supo ni le interesó “desinflar” la campaña del miedo, en torno a una “dictadura” en el país, al estilo de Nicaragua, Venezuela o Cuba.

Tanto la derecha “original”, antisocialista, injerencista y atrincherada en Zapote, así como el grueso de la prensa y las “fotocopias” que dicen adversar el “chavismo”, convencieron a los votantes que peligraba la existencia de la Segunda República, la “democracia”, la libertad, etc., que no es otra cosa que el ejercicio del poder por la minoría conocida desde 76 años.

Es decir, la Segunda República ya es innecesaria, porque después de más de 40 años de golpear parejo a los trabajadores, las amas de casa, los jóvenes, la salud, la educación, oficializar la ausencia de justicia pronta y cumplida, eliminar los salarios dignos etc., la existencia de lo que habían dejado de Estado Social, a la luz de la cruel economía de mercado, estorba.

“Prometo ser oposición constructiva, sin permitir cosas indebidas», afirmó Ramos cuando conoció de primera mano que el conteo del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ya era irreversible y daba a Fernández como ganadora presidencial, sin necesidad de balotaje el próximo mes de abril.

Se diluían así las esperanzas de los tres o cuatro contrincantes mejor colocados en la tabla de clasificación del TSE de jugársela en una segunda vuelta para sacar, según ellos, el “continuismo” del poder.

La provincia de Puntarenas, entre las más deprimidas del país, por falta de empleo, se sumó a la fiesta democrática el pasado domingo, contribuyendo con la presidenta electa con el 63,44% de sus votos (F. BBC News Mundo).

Fernández, en su discurso por la victoria, sostuvo que la llamada Segunda República había llegado a su fin la noche del 1 de febrero y se disponía a seguir adelante el plan económico iniciado por su mentor, Rodrigo Chaves, por lo que abogó a cerrar fila a favor del progreso social y económico del país, dijo.

Sin embargo, para el historiador y analista local, Oscar Barrantes, todo parece indicar que las contradicciones sociales y económicas, así como el proceso de vasallaje nacional, crecerá más que nunca, hasta 2030.

En una apretada reflexión hecha pública el pasado 2 de febrero sobre lo ocurrido el domingo anterior, sostiene que con la elección de Fernández se vecina “una agudización del sometimiento de la oligarquía financiera y el lumpen politiquero”.

Sobre todo -agrega- “de todas las franquicias electoreras, Oenegés, fundaciones por la Paz, centros de estudios, fracciones del barco capital, etc.”, sirviendo al Imperio, el injerencismo y la intervención directa estadounidense.

“Se agravarán las desigualdades sociales y políticas en el país. Se incrementará la persecución política y judicialización de la protesta y la lucha social popular.” Según él, con Fernández como presidenta, habrá mayor presencia militar del Comando Sur en nuestro país y, uso del territorio nacional como plataforma de agresión y guerra híbrida contra los proyectos revolucionarios en el Caribe, Centro y Latinoamérica.

No descarta una escalada de la confrontación social y política. Es posible, puntualiza, un Estado de excepción y maniobras de constituyente hacia un régimen nazi-sionista.

Paradójicamente, un ambiente como el contextualizado por Barrantes, llevaría desde ahora cuatro años de lucha por el empoderamiento horizontal de las bases populares, en busca de su participación todos los días en la vida activa del país y no cada vez que convoque el TSE.

Es pedir mucho. No ignoro que la impresora es nueva.

*Periodista, abogado y notario por la U.C.R.

¿Por quién votar el próximo domingo?

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Vladimir de la Cruz

El próximo domingo iremos todos los costarricenses a una gran fiesta nacional, que tiene las características de una fiesta electoral. Así se le conoce, y así se le dice porque durante todas las semanas que dura el proceso electoral, desde que se convoca hasta que se acaba con el resultado electoral final, la población en general se adhiere, se incorpora, se identifica, se compromete, toma decisión con alguna de las propuestas que existen para escoger partido, candidato a presidente y candidatos a diputados.

Aunque haya abstencionistas en todos los procesos electorales las elecciones tienen ese carácter festivo. Hasta 1998 el promedio del abstencionismo fue del 18%. A partir de allí empezó a subir hasta las del 2018 con un promedio del 32%. La últimas alcanzaron el 40%.

Hace algunos años la elección incluía, de una sola vez, a los candidatos municipales o cantonales, lo cual hacía de la actividad electoral un acto más de masas, donde ese compromiso se hacía vibrar con más fuerza desde los distritos, pasando por los cantones y expresándose en las provincias, todo girando alrededor de un partido y su candidato presidencial.

Se separó la elección de presidente y de diputados para darle mayor fuerza a las poblaciones y ciudadanos de los distritos y de los cantones, que eligen sus gobiernos distritales y cantonales, para fortalecer en cierta forma a esos ciudadanos con sus propios cantones.

Hasta 1998 existieron como funcionarios políticos, nombrados por los presidentes, los Gobernadores provinciales, que poco a poco fueron perdiendo funciones, quienes no eran elegidos popularmente.

Las elecciones en Costa Rica existen desde antes de la Independencia. Fueron evolucionando, mejorándose y perfeccionándose en el transcurso del tiempo, modelando en su resultado, por la conformación de los gobiernos, el Congreso o la Asamblea Legislativa y los gobiernos cantonales, el sistema político y la democracia viva que hoy tenemos, cuyo sombrero y escudo protector son la evolución y fortalecimiento, durante todos estos años, poco más de 200, de las columnas vertebrales de este sistema político que gozamos, los órganos de poder del Estado de Derecho, los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, junto con el conjunto de Libertades y Derechos que se fueron consagrando en las 14 Constituciones Políticas que hemos tenido.

A finales del siglo XIX aparecieron los partidos políticos como las organizaciones por medio de las cuales, y solo a través de ellas, se puede aspirar a puestos de elección popular.

Las reformas electorales importantes que tuvo este proceso electoral se dieron de hecho bajo el manto de la llamada República, cuando en 1913 se estableció el voto directo, y cuando se impulsó la foto en los documentos cedulares existentes.

Igualmente, cuando en 1924 cuando se estableció el voto secreto, permitiendo el voto de conciencia del ciudadano, protegido de la presión que públicamente podía tener de sus patronos o empleadores, o de aquellas personas que podían de una u otra manera ejercer presión para lograr su voto. Así mismo, cuando en 1935 se estableció la norma de que el resultado electoral se definiera a favor de quien obtuviera el 40% de los votos válidamente emitidos.

Con la Segunda República, a partir de 1948, se produjeron las últimas reformas que fortalecieron el proceso electoral y la llamada democracia electoral.

Así se estableció en la vigente Constitución Política de 1949 el reconocimiento de voto de la mujer, ampliándose el universo electoral a los mayores de edad, haciendo que prácticamente dos terceras partes de la población tomaran la decisión de la escogencia de las autoridades supremas de los órganos de gobierno de Costa Rica.

Del mismo modo, en 1973 se tomó la decisión de fortalecer la democracia electoral dándole mayor poder de decisión a la Juventud, cuando se estableció el derecho al sufragio a los mayores de 18 años.

Desde 1951 votaron las mujeres y, desde 1953, empezaron a ser electas en la Asamblea Legislativa, llegando a presidir este Poder de Estado en 1986, con Rose Marie Karpinski de Murillo, posibilitando la elección de la primera mujer Presidenta, Laura Chinchilla Miranda, en el 2010.

En esta etapa republicana en cada proceso electoral fueron participando cada vez más mujeres, lo que se fortaleció electoralmente obligando a los partidos políticos a proponer una representación igualitaria en sus candidaturas.

Más se preocupan hoy los partidos por la representación de las mujeres que por la de los jóvenes, que pueden ser electos a diputados a los 21 años, que constituyen una parte importante del padrón electoral.

En el caso de las mujeres han constituido generalmente una mayoría electoral sobre los hombres, así como los adultos mayores van, poco a poco, obteniendo una franja significativa cada vez más alta, del padrón electoral.

El proceso electoral estableció históricamente restricciones a partidos religiosos católicos y a los comunistas o de izquierda. Así, por ejemplo, a finales del siglo XIX se prohibió el Partido Unión Católica y se estableció la prohibición de usar propaganda y sentimientos religiosos con fines electorales. En 1929 se restringió la participación del Partido Comunista, aún sin haberse fundado, lo que obligó a este partido, surgido en 1931, a participar en las elecciones desde 1934 hasta 1942 con el nombre de Bloque de Obreros y Campesinos. En 1943 cambió de nombre por el de Vanguardia Popular, como actualmente lo mantiene, sin participar en los últimos procesos electorales.

Los triunfadores de la guerra civil de 1948 pusieron fuera de la ley, por el Decreto No. 105 de la Junta de Gobierno de la Segunda República, y por la aplicación del segundo párrafo del Art. 98 de la Constitución Política, al Partido Comunista, Vanguardia Popular, o cualquier nominación que tuviera, situación que duró hasta 1975 cuando se derogó la restricción constitucional fortaleciendo, a partir de ese año, la participación ciudadana en los siguientes procesos electorales, y de esa manera se fortaleció la democracia política nacional. Víctima de esta prohibición fue casi una decena de partidos.

Otra reforma que contribuyó a fortalecer el régimen democrático y electoral fue la de establecer el Referéndum y el Plebiscito como consultas nacionales, dando mayor participación directa a los ciudadanos.

Por un Recurso de Amparo que interpuse en la elección de 1998 se estableció, por la Sala Constitucional, la obligatoriedad de invitar y tomar en cuenta, para los debates de candidatos presidenciales, a todos, condición obligada en debates organizados en instituciones públicas o financiadas por el Estado. Luego se permitió que los debates organizados por sectores privados podían hacerse solo con los que los organizadores invitaran.

Fundamental reforma en este proceso democrático nacional fue la abolición del Ejercito Nacional desde 1948, proceso que se había iniciado desde 1946-1947.

Yo nací en 1946. En la práctica soy hijo de las reformas sociales logradas por la alianza calderocomunista de los años 1943-1948 y de las reformas institucionales, de carácter revolucionario y reformistas, que transformaron y sentaron las bases de la actual Costa Rica, impulsadas desde la Junta Fundadora de la Segunda República.

Nací en un hogar comunista, que la guerra civil fragmentó. Mi padre tuvo que salir para Venezuela por la represión que se dio. Mi madre no pudo seguirlo porque enfermé gravemente. Terminaron en divorcio. Mi padre se volvió a casar en Venezuela y me dio seis hermanos.

Mi madre se mantuvo en su militancia política hasta avanzada su edad, lo que me permitió conocer de cerca a la dirigencia comunista desde niño. Joven me vinculé a la Sociedad de Amigos de la Revolución Cubana, desde que se fundó, 1959-1960, al Partido Vanguardia Popular, del que fuí dirigente juvenil y estudiantil universitario, luego al Partido Socialista Costarricense y finalmente a Fuerza Democrática, 1996-2006.

El partido Vanguardia Popular durante la clandestinidad, 1948-1970 no convocó a la lucha armada para recuperar su legalidad. Hizo todos los esfuerzos políticos posibles por recuperar su derecho político de existencia y de participar en elecciones. Aprendimos quienes nos vinculamos y militamos en Vanguardia Popular a luchar por recuperar esa legalidad, aunque el Partido preparara a sus miembros para luchas más avanzadas. Prueba de ello fue la extraordinaria y heroica participación de la Brigada militar internacionalista en la lucha contra la dictadura de Somoza, en la que participaron militantes de los otros partidos de izquierda que ya existían, y que preparaban a sus militantes para posibles luchas armadas, que habían cobrado importancia en América Latina y en Centroamérica al calor de la Revolución Cubana.

Como niño me vinculé a las elecciones, acompañando a mi madre y mis familiares a votar por Fernando Castro Cervantes, en 1953 contra José Figueres. La fuerza opositora era lo que quedaba de la represión política contra los calderocomunistas del período anterior a 1948. En las elecciones de 1958 participé, como niño de 11 años apoyando la candidatura de Mario Echandi Jiménez, bajo la consigna de la “oposición triunfará”, que llevaba en un cartel amarrado a mi bicicleta. Los 21 años, edad para votar entonces los cumplí en 1967, de manera que mi primer voto fue en 1970, por el Partido Acción Socialista, por Lisímaco Leiva Cubillo para presidente, y por Manuel Mora y Marcial Aguiluz para diputados, que fueron electos.

En la década del 60 aparecieron otras fuerzas políticas de izquierda, el Partido Socialista Costarricense y el Movimiento Revolucionario del Pueblo, que luego evolucionaron en las elecciones de 1978 en la Coalición Pueblo Unido. También de izquierda participaron la Organización Socialista de los Trabajadores y el Frente Popular.

La izquierda marxista leninista se fracturó a mediados de la década de 1980 y con la desintegración del sistema mundial socialista, en 1991, prácticamente colapsó.

Surgieron otras manifestaciones políticas de izquierda como fueron en 1990 el Partido Revolucionario de los Trabajadores en Lucha y el Partido del Progreso. Desde 1994 hasta el 2006 participó el partido Fuerza Democrática.

Desde entonces, evolucionó la izquierda política, con altos y bajos electorales, eligiendo diputados desde 1970 hasta 1998. En el 2002 la izquierda no eligió y de nuevo con el Frente Amplio empezó a elegir diputados a partir del 2006.

En el 2006 también surgió la Coalición Cambio 2000, cuando aparece también electoralmente el Partido Acción Ciudadana. En la elección del 2002 y 2006 también participaron los partidos Rescate Nacional y la Coalición Izquierda Unida. En la elección del 2014 participó el Partido de los Trabajadores. En la elección del 2018 lo hizo el partido de los Trabajadores. En la elección del 2022 participaron Pueblo Unido y el Partido de los Trabajadores. En el actual proceso electoral, 2026, participa el Partido de la Clase Trabajadora.

A nivel de candidaturas a diputados en todos estos procesos electorales ha habido esfuerzos partidarios de izquierda localizados en distintas provincias, con partidos provinciales.

No he pertenecido como militante a ningún otro partido político, pero no he dejado de votar en los procesos electorales.

A partir del 2010 he votado razonando mi voto por lo que he creído es mejor, en cada proceso electoral para dirigir el país. Pude haberme equivocado o no. Esa fue mi responsabilidad.

En las elecciones del 2022 no voté por Rodrigo Chaves. Desde entonces lo consideré un peligro para la democracia nacional y para el desarrollo institucional del país.

En la actual coyuntura política y electoral considero que es un deber y una obligación moral o ética votar.

Los que nos formamos y participamos en la izquierda, que entendemos la evolución social, como grandes etapas históricas de desarrollo, que no acudimos históricamente en Costa Rica a una lucha armada para obtener el poder político, y que históricamente nos formamos en la posibilidad de la lucha pacífica y electoral para alcanzar ese poder, con más razón debemos contribuir para que electoralmente se pueda avanzar a desarrollar más democracia política, económica y social.

Quienes desde la izquierda han luchado por la representación política parlamentaria, para tener diputados de la izquierda, lo han hecho considerando al parlamento, a la Asamblea Legislativa, como una tribuna política de agitación política e ideológica, como una herramienta para la movilización social y como instrumento de organización partidaria y social. Esa es la esencia de la presencia parlamentaria revolucionaria: agitación política, movilización social y organización partidaria. Esa fue la experiencia política que enseñó Manuel Mora Valverde y su partido en el período 1934-1948.

Las dificultades históricas y coyunturales de la Guerra Fría hicieron que la presencia política de la izquierda se proyectara más en la lucha por la paz, el desarme, la coexistencia pacífica, la lucha anticolonial y antiimperialista, en las vías pacíficas de la Revolución.

El momento que vivimos de nuevo nos coloca en la lucha antiimperialista, anti neo colonial, antimilitarista, anti autoritarista y, de nuevo, antifascista.

La tribuna parlamentaria en este momento es un espacio que no debe despreciarse, ante la imposibilidad de alcanzar el poder o gobierno del Poder Ejecutivo. Hay que fortalecerla con diputados de izquierda y diputados demócratas, que permitan dar grandes batallas por la defensa del Estado de Derecho que tenemos, por la defensa del Estado Social de Derecho, por la defensa de las instituciones sociales avanzadas de la sociedad costarricense, por la defensa de los Derechos Sociales, Laborales y Políticos amenazados en Costa Rica por los grupos autoritarios, militaristas, inscritos en el nuevo proyecto político de dominación geopolítica imperialista que campea en el continente, manifestaciones que también tenemos en Costa Rica.

El próximo domingo tenemos las elecciones nacionales para elegir un nuevo presidente y una nueva composición legislativa. Es importante participar con nuestro voto para tratar de asegurar la mayor expresión electoral del progresismo social costarricense.

¿Qué oferta política y electoral tenemos? Separo a todos los candidatos en dos grupos.

En primer lugar, tenemos las fuerzas retrógradas que quieren darle continuidad al nefasto gobierno de Rodrigo Chaves Robles, continuidad a sus políticas antipopulares y anticostarricenses.

Los partidos políticos y los candidatos presidenciales que SE IDENTIFICAN con este proyecto antinacional, a mi manera de ver, y de apreciar por sus planteamientos, por los que no hay que votar, son los siguientes:

Pueblo Soberano, que postula a Laura Fernández Delgado

Nueva República, que postula a Fabricio Alvarado

Avanza, que postula a José Miguel Aguilar

Unidos Podemos, que postula a Natalia Díaz

Integración Nacional, que postula a Luis Amador

Alianza Costa Rica Primero, que postula a Douglas Caamaño

Aquí Costa Rica Manda, que postula a Ronny Castillo

Unión Costarricense Democrática, que postula a Boris Molina

Progreso Social Democrático que postula a Luz Mary Alpízar

Liberal Progresista, que postula a Eliécer Feinzig

Unidad Social Cristiana, que postula a Juan Carlos Hidalgo

Los partidos políticos y los candidatos presidenciales que NO se IDENTIFICAN con este proyecto antinacional, que tratan de preservar el desarrollo democrático nacional y el ejercicio pleno de libertades y derechos, a mi manera de ver, y de apreciar por sus planteamientos, por los que HAY QUE VOTAR, son los siguientes:

Frente Amplio que postula Ariel Robles Barrantes

Coalición Agenda Ciudadana, que postula a Claudia Dobles Camargo

Esperanza Nacional que postula a Claudio Alpízar Otoya,

De la Clase Trabajadora, que postula a David Hernández Brenes

Liberación Nacional, que postula a Alvaro Ramos

Justicia Social Costarricense, que postula a Walter Hernández Juárez

Nueva Generación, que postula a Fernando Zamora

Esperanza y Libertad, que postula a Marco Rodríguez Badilla

Sin embargo, ante la incertidumbre, por la información de encuestas, y los temores y ansiedades que ellas provocan, sintetizo de esta forma las posibilidades para escoger a quien darle el voto para presidente, al día de hoy. Yo escogería entre los siguientes candidatos:

Liberación Nacional, que postula a Álvaro Ramos

Coalición Agenda Ciudadana, que postula a Claudia Dobles Camargo

Frente Amplio que postula Ariel Robles Barrantes

Esperanza Nacional que postula a Claudio Alpízar Otoya,

Centro Democrático y Social que postula a Ana Virginia Calzada

Para diputados el pueblo costarricense ha sido sabio. Desde hace muchos procesos electorales divide el voto, dándole menos diputados al partido ganador. Es el principio de darle fuerza política al control parlamentario sobre el presidente. Así, desde las elecciones del 2010 ningún presidente ni su partido ha tenido más de 12 diputados de los 57 que integran la Asamblea Legislativa.

Los mencionados partidos oficialistas no deben ser votados para la Asamblea Legislativa, mucho menos el Partido Pueblo Soberano que tiene casi el 50% de sus candidatos a diputados acusados en trámites de investigación judicial. Lo que tiene no son candidatos a diputados sino IMPUTADOS como candidatos a diputados.

En este momento que varios partidos se identifican con el presidente Chaves, con continuar sus acciones antinacionales, es más importante que quienes por atracción sientan la necesidad de votar por su principal candidata, partan su voto, para fortalecer la Asamblea Legislativa en su control político parlamentario.

MI opción presidencial la definiré el sábado entre Liberación Nacional, que postula a Álvaro Ramos, la Coalición Agenda Ciudadana, que postula a Claudia Dobles Camargo y el Frente Amplio que postula Ariel Robles Barrantes.

Mi opción para diputado se la daré a Claudio Alpízar, amigo de muchos años, académico, persona preparada para desempeñarse bien en el puesto que se le elija, buena persona, correcta, honesta, clara políticamente para el momento que vivimos, que me parece podrá desempeñarse como un gran diputado, como los necesita el país hoy.

Compartido con SURCOS por el autor.

El que dijo que si, el que dijo que no

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

El título es sugerente. La primera vez que di con esta pieza fue en los años ochenta, al ver un montaje local adaptado de la obra escrita y presentada por el dramaturgo alemán Bertold Brecht en 1930. La trama aborda el tema de las decisiones. En la versión original, Brecht llevaba el desenlace hacia el sufrimiento del protagonista. Al ver las reacciones ante esa propuesta, adiciona un nuevo final que plantea, más que una lectura individual, un planteamiento colectivo.

La historia transcurre como sigue, según el sitio digital www.alternativateatral.com:

Pieza didáctica que promueve la reflexión frente a procesos personales y colectivos que a veces se asumen como inevitables.

El Maestro acude a despedirse de su alumno más querido ante su próxima partida en busca de remedios para erradicar la epidemia que está devastando a su pueblo. La madre del alumno también está contaminada y el alumno, deseoso de salvarla, ruega al maestro que lo sume al grupo de expedición. El maestro acepta, no sin dudar. A mitad del camino, el joven cae enfermo a su vez y no puede continuar con el viaje, ni regresar al pueblo. El grupo tendrá que tomar una decisión ante el dilema que le presenta la situación: dar por terminada la expedición y regresar al joven a su casa (lo que comprometería la vital expedición, única esperanza de una sociedad moribunda), o abandonarlo y seguir adelante en busca del remedio.

En la puesta en escena, los dos desenlaces son desarrollados, para que el público tome una postura de acuerdo con la decisión tomada. No en pocas ocasiones, las decisiones son sometidas a una profunda valoración, porque implican resultados, impactos, posibles desarrollos futuros.

Hoy, a esta hora, en Costa Rica, decir Si es imperativo. No es un Si asincrónico, como el que esta sociedad dijera hace ya casi veinte años cuando decidió aventurarse a firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. No es ese Si que ahora debe asumir la gente con su decisión, con su voto.

Nos enfrentamos, sin lugar a dudas, ante las elecciones más trascendentales de la historia de la Segunda República en el país y lo que se vislumbra debe comprometer reflexiones profundas, reposadas y firmes. Decir No, es confirmar una ruta que, hemos comprobado, nos lleva al deterioro inmediato y a la destrucción del proyecto colectivo que hemos construido a lo largo de la historia. Decir No es condenarnos a un final inmediato, irreversible, irreparable.

El que dijo Si, continuó el camino. Se trazó nuevos objetivos, se apoyó en una nueva marcha histórica, colectiva. Ese es el mensaje. Que la puesta en escena para nuestro país nos traiga nuevos vientos. Un futuro alentador.

Necesidad o no de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Con seguridad personal y colectiva debemos ir hacia la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que redacte la Constitución Política de la Costa Rica del siglo XXI.

(Intervención de Vladimir de la Cruz el 18 de setiembre del 2025, en el panel de Conferencias, organizado por la Comisión de Derecho Constitucional, del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, para tratar el tema de la “Necesidad o no de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente”, junto con los Drs. Fabián Volio Echeverría, Alex Solís Fallas y Oswaldo Samayoa)

Hoy, este es un tema de enorme de relevancia para ser abordado por la comunidad política nacional y, especialmente, para que el Colegio de Abogados se distinga en la generación de una opinión que pueda contribuir a enriquecer el análisis sobre la necesidad o no de una Asamblea Nacional Constituyente.

La comunidad nacional en sus diversos sectores, los políticos, los partidos políticos, los sindicatos, los sectores empresariales y sociales en general, las universidades, los grupos que se agrupan alrededor de centros de pensamiento y gestación de opiniones, deben conscientemente involucrarse en este debate y análisis de su necesidad.

En mi opinión, es el Colegio de Abogados y Abogadas quien debe convertirse en el eje central de este debate, de esta reflexión y análisis, para ir más allá de esta actividad de estos dos días. Es continuar, desde ahora hasta el próximo año, con diversas actividades, como ésta, que permitan crear el ambiente nacional en capacidad de convocar a un Foro Nacional, una vez que hayan pasado las elecciones y antes de que inicie el próximo ciclo electoral, que logre el mayor consenso en la posibilidad de presionar al Poder Ejecutivo, y especialmente a la próxima Asamblea Legislativa, para gestionar la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, habida cuenta que la Sala Constitucional de la República así lo ha establecido, al rechazar la convocatoria del Referéndum que el Tribunal Supremo de Elecciones había aceptado realizar.

La Asamblea Nacional Constituyente es un tema que se ha venido tocando, en distintos momentos, con distintas intensidades y pasiones, desde inicios de la primera década de este siglo XXI.

Los actuales presidentes de la República y de la Asamblea Legislativa, también lo han insinuado, en distintos momentos, como necesidad nacional, para poder modernizar el Estado y la Administración Pública.

¿Cómo debemos ver y apreciar la existencia de esta Constitución Política?

¿Cómo entender las circunstancias y sucesos históricos que condujeron al momento histórico que le dieron origen?

¿Qué valor tiene la Constitución Política actual?

¿Por qué es necesaria una Asamblea Nacional Constituyente?

¿Por qué es necesaria una nueva Constitución Política?

Trataré de explicar y dar respuesta a estas y otras interrogantes.

El contexto que produjo la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, de 1949, que dio origen a la actual Constitución Política, fue el resultado de una grave confrontación social y política que se venía dando durante la década de 1940, a mi modo de ver, desde las medidas antinazi, en el contexto de la II Guerra Mundial que vivíamos; de la incorporación de Costa Rica, como país como aliado en esa guerra, rompiendo relaciones diplomáticas y sumándonos a la guerra contra Italia, Alemania y Japón; y por el Pacto producido, en 1943, entre el Gobierno del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, y su Partido Republicano, Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, Jefe de la Iglesia Católica, su Obispo, y Manuel Mora Valverde, Secretario General del Partido Comunista de Costa Rica, que condujo a la aprobación del Capítulo de las Garantías Sociales, que se incorporó a la Constitución Política de 1871, vigente en ese momento, y a la aprobación del Código de Trabajo.

A partir de esas situaciones el cuadro político nacional se alteró profundamente. Un sector político visualizó un peligro comunista en desarrollo y alcance que había que evitar, tanto por el escenario nacional en el cual los comunistas se venían convirtiendo en una fuerza electoral significativa, por su posible influencia, a partir de ese momento en el Gobierno, y, luego, por el surgimiento de una comunidad de países socialistas luego de la II Guerra Mundial, lo que provocó una nueva situación internacional de contención al avance comunista, con el rompimiento del Pacto de los Aliados antinazi y con el surgimiento de lo que se llamó la Guerra Fría; por las medidas de fuerza que se tomaron contra sectores políticos nacionales, la expulsión del país del entonces empresario José Figueres Ferrer; las elecciones de 1944, que llevaron al gobierno al Lic. Teodoro Picado Michalski, que la oposición calificó de fraudulentas; las elecciones de 1948, que fueron anuladas en el resultado presidencial que tuvieron, lo que provocó el alzamiento armado del Ejército de Liberación Nacional, encabezado por José Figueres, para garantizar el resultado electoral a favor de Otilio Ulate Blanco.

Resultado de este proceso fue la imposición de Figueres sobre Ulate, el 1 de mayo de 1948, que llevó a Figueres a recibir el gobierno el 8 de mayo fundando la llamada Segunda República, que alcanza hasta nuestros días, y a Otilio Ulate a esperarse hasta el 7 de noviembre de 1949, cuando le fue entregada la Presidencia ganada en las elecciones de 1948.

En el período de la Segunda República fue ilegalizado el Partido Comunista, llamado Vanguardia Popular desde 1943, ilegalización que duró hasta 1975. limitándose la democracia nacional en su aspecto electoral. Igualmente, se convocó a la Asamblea Nacional Constituyente que el 7 de noviembre de 1949 aprobó la actual Constitución Política.

En la Historia y el desarrollo constitucional de Costa Rica hemos tenido las siguientes 14 Constituciones:

1.- La del 1 de diciembre de 1821, El Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica.

Esta Constitución tuvo una leve reforma el 10 enero de 1822, para adaptar al país, recién independiente, a la situación de anexión al Imperio Mexicano.

2.- La del 19 de marzo de 1823, llamada Primer Estatuto Político de la Provincia de Costa Rica,

3.- La del 19 de mayo de 1823, llamada Segundo Estatuto Político de la Provincia de Costa Rica,

4.- La Constitución Federal de la República de Centroamérica, del 22 de noviembre de 1824,

5.- La Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica, del 21 de enero de 1825,

6.- La Ley de Bases y Garantías, del 8 de marzo de 1841,

7.- La Constitución Política del 9 de abril de 1844,

8- La Constitución Política del 21 de enero de1847,

9.- La Constitución Reformada del 30 noviembre de1848,

10.- Constitución Política del 27 diciembre de1859, resultante del Golpe de Estado del 14 de agosto de 1859, contra el Presidente Juan Rafael Mora Porras.

11.- La Constitución Política del 18 de febrero de 1869,

12.- La Constitución Política del 7 de diciembre de 1871,

13.- La Constitución Política del 8 de junio de 1917, resultante del Golpe de Estado que se le dio al presidente Alfredo González Flores, que estuvo vigente hasta la caída de la dictadura de Federico Tinoco Granados, cuando el 3 de setiembre de 1919, se restableció la Constitución Política de 1871.

El 2 de julio de 1943 fue modificada para incorporarle el Capítulo de las Garantías Sociales.

14.- La Constitución Política del 7 de noviembre de 1949.

La actual Constitución Política ha sufrido, junto con las 17 disposiciones transitorias que fueron derogadas, casi 70 modificaciones o reformas de los 183 artículos que fueron originalmente aprobados.

En la Asamblea Legislativa hay propuestos otro tanto, casi similar de Proyectos de Ley, orientados a realizar alguna reforma o modificación al cuerpo constitucional. Puesto así, casi dos terceras partes de la Constitución Política están tocadas o amenazadas de sufrir algún cambio.

Ante esta situación, quizá es mejor promover una nueva Constitución Política, mejor concebida para atender la realidad política de la Costa Rica actual, en el contexto histórico internacional que hoy vivimos de grandes cambios en las relaciones internacionales, en la geopolítica internacional, en la conformación dinámica de bloques comerciales que existen y están apareciendo, así como en las nuevas tendencias en el campo jurídico que se han venido impulsando, especialmente en el ámbito de Derechos Humanos, Derechos Políticos, Derechos Electorales, Derechos Económico Sociales, muchos de los cuales se amenazan con restringirlos o eliminarlos, como lo hemos estado viendo en el país en las últimas y actual Administración de Gobierno.

Todas las Constituciones constituyeron un Programa político de anhelos y propósitos de la sociedad costarricense, de su convivencia ciudadana. Todas iban expresando particularmente, en el momento en que fueron aprobadas o puestas en vigencia, el desarrollo de la estructura estatal y de la organización político-administrativa del Estado y la sociedad costarricense.

Todas las Constituciones se consideran un Pacto de Convivencia democrática.

En todas las constituciones se fueron configurando los principales valores políticos, ideológicos, espirituales, electorales, ciudadanos y las libertades básicas reconocidas.

En todas las Constituciones se afirmó la Independencia y la Soberanía Popular.

Esto es lo que la sociedad costarricense hoy necesita replantearse para el siglo XXI que vivimos.

Estos valores o los definimos nosotros, o nos lo impone el orden internacional en que nos encontramos.

Institucionalmente no creo que debamos impulsar un sistema bicameral, como lo tuvimos en las Constituciones Políticas de 1844, 1859, 1869 y 1917. Esa experiencia histórica, por breves períodos, no tuvo asidero en el desarrollo político nacional. Se le llamaba Cámara de Representantes, lo que usualmente se conoce como Senado.

En la posibilidad de una nueva Asamblea Constituyente, para lograr un Nueva Constitución, sí podría discutirse la necesidad de un sistema parlamentario o semi parlamentario, que sea más eficaz para la toma de acuerdos políticos gubernamentales o para una mejor gobernanza.

Algunos de los temas insustituibles, que tienen importancia hoy, para el debate, discusión y análisis nacional alrededor de una Nueva Asamblea Constituyente, entre otros están:

1.- Fortalecimiento del Estado de Derecho. ¿Cómo garantizar constitucionalmente la separación de Poderes? ¿Cómo asegurar el respeto a su independencia, su autonomía, su función soberana, su exclusividad, sus funciones propias, particulares, específicas, e indelegables de los Poderes del Estado, que constantemente en este gobierno son cuestionadas, creándose un clima adverso a su existencia y a sus altos funcionarios?

2.- Fortalecimiento o debilitamiento de las funciones de la Contraloría General de la República, que es un tema que se ha traído constantemente a la discusión en este Gobierno. ¿Cómo asegurar a la Contraloría General de la República como el órgano asesor que es de la Asamblea Legislativa? ¿Se debe separar a la Contraloría General de la República de esa condición y convertirla en un ente totalmente independiente de los Poderes públicos, fortaleciéndole su capacidad y función contralora?

3.-En materia judicial, ¿debemos avanzar hacia una Corte Constitucional, dándole esa autonomía y manteniéndoles sus funciones exclusivas a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia? ¿Se debe proceder de igual manera con el Ministerio Público?

4.- ¿Cómo fortalecer el régimen electoral del país? ¿Se deben mantener las elecciones las elecciones nacionales separadas de las municipales? ¿La elección nacional, se debe separar de manera que la elección presidencial, se realice el primer domingo de febrero, como está establecido, y la de diputados se realice el primer domingo de abril, como ya existe esa fecha para una segunda convocatoria nacional, de manera que permita compactar mejor la elección de diputados? En este caso se haría la segunda ronda presidencial y la de diputados conjuntamente. ¿Se debe discutir constitucionalmente la validez del voto de los que votan en blanco o se abstienen en la urna electoral? Esto es garantizar el derecho a no votar, como una forma de protesta ciudadana, de manera que su validez pese para el porcentaje de votos que se requieren para elegir representantes populares, lo cual obligaría a los partidos políticos a fortalecer su convocatoria a sus votantes.

5.- ¿En materia de período de gobierno, se debe prolongar a seis años, con un proceso electoral obligado de consulta popular, a mitad del período en posibilidad de revocatoria de mandato? En la Constitución de 1844 se llegó a establecer un derecho de alterar, cambiar o abolir el gobierno si no llena el objetivo de su institución, siguiendo la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano y de la Declaración de Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, de 1789 y 1793 respectivamente.

¿Se debe avanzar a la reelección consecutiva del presidente, por uno o dos períodos, y la de los Diputados de manera abierta como existía antes de 1949? ¿Se debe establecer la figura del diputado suplente de manera real, válida y eficaz, de modo que pueda sustituir al titular ausente de su partido en la sesión que corresponda, si el diputados propietario no se presenta en los primeros 5 o 10 minutos de iniciada la sesión parlamentaria?

6.- ¿Cómo hacer que la figura del Referéndum y el Plebiscito a nivel nacional se fortalezca, de manera que pueda ser efectiva y más democrática esa convocatoria?

7.- ¿Se debe avanzar hacia un Estado laico? ¿Se debe separar la religión y la educación religiosa de la escuela, los colegios y de la enseñanza en general? Esto se hizo entre 1882 y 1940 y la sociedad costarricense no se hizo menos católica, ni menos religiosa, ni menos creyente, porque la educación religiosa se trasladó con más fuerza donde deber realizarse, en el hogar, en la familia y en las Iglesias.

8.- En el área del Derecho de Familia se debe fortalecer constitucionalmente lo que ya se ha avanzado por las leyes especiales relacionado, entre otros aspectos, a matrimonios del mismo sexo, uniones libres, niños, paternidad y maternidad, alimentos, protección de adultos y personas mayores, y otras obligaciones. ¿Se debe avanzar para establecer la causa de divorcio o disolución del matrimonio por voluntad de una de las partes?

9.- En materia de nacionalidad se debe discutir si el naturalizado puede perder la ciudadanía costarricense por participar en organizaciones y actividades relacionadas con el narcotráfico en general, de manera que la nacionalidad costarricense no sea un escudo de protección para delincuentes internacionales.

10.- ¿Se debe avanzar para establecer la obligatoriedad constitucional de aprobar o ratificar todos los Convenios y Tratados Internacionales que tengan que ver con defensa de los Derechos Humanos, de los Derechos Socioeconómicos y Laborales, con la Paz, contra el militarismo en general y específicamente contra la producción, el comercio de armas, y por el desarme mundial?

11.- Discutir, ampliamente, en términos constitucionales sobre las jornadas laborales existentes. Fortalecer la jornada máxima de ocho horas diarias. Alrededor de este tema, discutir la posibilidad de rebajar la jornada semanal a un máximo de 40 horas, y de ser posible establecerla como ya se hace en países europeos en 36 horas semanales sin debilitar el salario. Esta jornada está amenazada para llevarla al extremo de jornadas diarias de 12 horas en términos reales, por seis o siete días a la semana. Esa es la verdad del proyecto de ley que está en trámite legislativo.

12.- La materia del Derecho Colectivo de Trabajo debe fortalecerse en materia constitucional.

13.- ¿Se debe llevar el sistema de Defensorías existentes a un rango constitucional, fortaleciéndoles sus funciones y exclusividades?

14.- Es necesario establecer como norma constitucional, lo que se había dispuesto por el gobierno en 1869, que la educación pública es gratuita, obligatoria y costeada por el Estado, y que los gobiernos y el Estado tienen que asegurar los fondos suficientes para su mantenimiento.

15.- En materia legislativa se debe discutir constitucionalmente sobre el quorum de funcionamiento de las sesiones legislativas, de manera que solo sea necesario para abrir las sesiones y para realizar las votaciones. En caso extremo, la posibilidad de que el quorum sea necesario únicamente para abrir el período de sesiones ordinarias o extraordinarias y para las votaciones.

16.- En materia de expropiaciones, para obras públicas, se debe avanzar constitucionalmente para asegurar y agilizar su trámite pagando el valor registral y de pago de impuestos de las propiedades, de manera que cualquier otra diferencia se dirima en Tribunales, para que no se entorpezca el desarrollo y construcción de obras las públicas.

17.- Hay que establecer una norma constitucional que diga que los delitos contra el Estado son imprescriptibles.

18.- Hay que establecer el derecho de los funcionarios públicos de participar activamente en el debate nacional de los temas políticos y de gobierno, sin que ello implique comprometer fondos públicos en esa participación.

19.- En materia de división administrativa del territorio hay que discutir ante una Nueva Constitución una mejor división territorial, que también tenga efectos para la mejor escogencia de los representantes populares

Dejo planteadas estas inquietudes.

Si los grandes problemas del país, de las personas y trabajadores en general, pobreza, desempleo, vivienda, calidad de vida, transporte público, capacidad de consumo vital, salarios, pensiones e ingresos, el asegurar el apoyo estatal para los productores nacionales, especialmente del sector agropecuario, la educación, la deserción escolar, colegial y universitaria, el analfabetismo y el analfabetismo por desuso creciente, entre otros, no se atienden con políticas y ayudas estatales vigorosas, en alianza con los sectores privados, los problemas sociales y su agudización no van a desaparecer, se van a profundizar, la polarización social se va a ir acentuado y no se detendrá con mayor represión policial.

La lucha de clases, y de sus sectores sociales, adquirirá perfiles cada vez más violentos, probablemente asociados a las organizaciones narco traficantes de todo tipo.

El conjunto de Constituciones Políticas que hemos tenido ha tenido que ver también con el desarrollo del Derecho costarricense, con sus propios códigos normativos, y la promulgación de Leyes que se han realizado desde la constitución del Primer Poder Legislativo en el país, en 1825, enriquecido este proceso con la promulgación del Código General de Carrillo, del Código de Comercio de 1852, y los Códigos que resultaron de la Comisión Codificadora de 1882-1888, así como las importantes reformas legislativas que se impulsaron en el legislación nacional en la primera mitad del siglo XX, como las Reformas de 1943, el Código de Trabajo de 1943, el Código Electoral de 1946, y las reformas legales e institucionales que se han impulsado al calos de la Segunda República, a partir de la segunda mitad del siglo XX.

Hoy se discute en el país si los alcances de la Segunda República siguen válidos, si esa Segunda República ya feneció en 1978, en 1982 en 1990 o, en estos años del siglo XXI. Se habla de una Tercera República, desde inicios de la década de 1990. En las elecciones de 1998 el candidato del partido Liberación Nacional, José Miguel Corrales, habló de eso en su campaña electoral.

En los últimos años se ha vuelto a revivir, aunque débilmente, sin hacer un balance histórico de la Segunda República, y de la necesidad de la Tercera República. A veces, incluso, hablan de una Cuarta República, sin haber cerrado el capítulo de la Segunda República.

El Presidente actual ha hablado violentamente contra todo el significado de la Segunda República cuando afirmó, y sigue afirmando, que todos los presidentes y gobernantes de este período histórico han sido tiranos y dictadores que solo han gobernado para ciertos grupos económicos, financieros y políticos y que siempre han gobernado contra el pueblo, haciéndose ver él como el más típico representante de los sectores populares llamando constantemente a que el pueblo asuma su poder real, orientado todo a sustituir a los actuales partidos políticos, en las próximas elecciones, con mayoría ojalá no menor de 38 diputados, para poder impulsar los cambios políticos institucionales que el país necesita para una mejor gobernabilidad.

En esa misma dimensión, el presidente ha pintado a los partidos políticos que han gobernado y a los que han electo diputados como responsables de los males que él acusa constantemente a los funcionarios públicos, tanto en el aspecto administrativo institucional como de la corrupción nacional.

Si no se atiende con rigurosidad, con seriedad y voluntad política la necesidad de discutir una Nueva Constitución que replanteé el quehacer político nacional y normativo, esa nueva Constitución va a resultar de procesos violentos o de una convocatoria que, con mayoría parlamentaria, pueda realizar un gobernante autoritario, despótico, de características dictatoriales que ascienda al Poder Ejecutivo por la vía electoral, como sucedió en El Salvador.

Estamos a las puertas de un proceso electoral que pareciera no va a resultar con un o una gobernante de esas condiciones. Pero, mientras no hay elecciones no hay resultados. Esta es la única encuesta válida sobre candidatos y el gobernante de turno que asumirá el país a partir del 2026.

No le tengo miedo a una Nueva Constitución, por la vía de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.

De ella tiene que resultar la sociedad costarricense que necesitamos, de sólida convivencia democrática.

De ella tiene que resultar un fortalecido Estado Social y Democrático de Derecho, un reflejo de la Costa Rica multicultural que vivimos, que responda a los problemas, necesidades, principios y valores del momento que vivimos y de la sociedad que enfrentamos para el resto del siglo XXI.

El momento electoral que vivimos hasta su culminación presagia tiempos de paz, que es cuando debemos abordar la discusión de la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente para una Nueva Constitución Política y un nuevo desarrollo estructural costarricense.

El año próximo es el tiempo para entrarle a esta discusión, pasadas las elecciones, que permita preparar el ambiente para esa convocatoria, del Referéndum que puede dirigir el camino de su establecimiento.

Con seguridad personal y colectiva debemos ir hacia la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que redacte la Constitución Política de la Costa Rica del siglo XXI.

Miembros de Poder Ejecutivo que renunciaron y algunas notas históricas

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Tamaño alboroto se quiso hacer con la presentación de la carta de renuncia del vicepresidente Stephen Brunner, el pasado 30 de julio.

La carta donde informa que ha puesto su renuncia está dirigida al presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, indicándolo que así lo ha comunicado y puesto “en conocimiento” al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, “renuncia efectiva a partir de 01 de agosto del 2025”.

Con la carta dirigida al presidente legislativo le informa de su renuncia a la Asamblea legislativa, a “efectos de otorgarle su eficacia jurídica” a su decisión.

Copia de esa carta fue entregada al Tribunal Supremo de Elecciones el 31 de julio, fecha límite para dar a conocer su renuncia, y tener la libertad, si así lo quisiera hacer, de participar en el próximo proceso electoral como candidato a una diputación.

En cierta forma, el presidente Chaves le escogió y lo nominó en su fórmula presidencial, por ello le comunica a él su decisión de renunciar a la Vicepresidencia. De esa forma, el vicepresidente, siguió la ruta de que quien nombra es quien tiene la facultad de hacer recibir la renuncia, o de que sea el jerarca a quien, en este caso por cortesía institucional, se le hace ver su disposición de renunciar.

Como el nombramiento surge del proceso de votación, de la voluntad popular, el presidente Chaves no puede destituirlo, como puede hacer con los ministros que él nombra a los cuales puede destituir, o solicitarles su renuncia, como a veces se acostumbra.

Siendo el Tribunal Supremo de Elecciones quien hace la Declaratoria oficial de su condición de vicepresidente, es válida la copia de la carta de su renuncia que envía al Tribunal Supremo de Elecciones, que también había enviado un día antes a la Asamblea Legislativa, por su obligación constitucional de comunicar su renuncia y abandono del cargo a partir del pasado viernes primero de agosto.

Por no funcionar la Asamblea Legislativa ese día, el conocimiento de esa nota se hizo el pasado lunes 4 de agosto, en cuya sesión parlamentaria por la unanimidad de los diputados presentes se conoció y aceptó, como correspondía hacerlo, la renuncia al vicepresidente.

La discusión que se había sostenido, desde que se abrió la posibilidad de que el presidente, y no el vicepresidente, renunciaría antes del 31 de julio fue a favor y en contra de la posibilidad real de que pudiera hacerse tal renuncia. Cuando se determinó que el vicepresidente y no el presidente había renunciado fue como abrir una olla de grillos. El caos y el desorden giró sobre si era o no valida su renuncia, si la jurisprudencia constitucional lo permitía o no, y si no estaba señalado en la Constitución Política o en la legislación electoral no podía hacerlo, como sí se establecía en la Constitución Política de 1871 que estuvo vigente hasta 1948. Sin embargo, para mí, si se le permite en la Constitución a presidente su retiro el 31 de julio anterior a un proceso electoral, con igual razón se le ha de permitir al vicepresidente, aunque de esa forma no esté expresamente señalado constitucionalmente. Tan solo hay que recordar que el vicepresidente únicamente tiene la función de sustituir al presidente en sus salidas temporales o de forma definitiva si así pudiere suceder de conformidad a cómo lo establece la Constitución Política.

La discusión de la renuncia del vicepresidente se asoció a la renuncia de otros vicepresidentes que lo hicieron, donde el trámite legislativo del conocimiento de sus renuncias fue expedito.

Se quiso asociar la fecha del 31, que no sesionó la Asamblea Legislativa, a la situación de que no habiendo sesionado se había perdido la posibilidad de hacer valer su renuncia a partir del primero de agosto. En este sentido, tan solo faltó recordar que el presidente de la Republica tiene la obligación de entregar su Informe sobre el Estado de la Nación el primero de mayo de cada año, y que dicho informe por tradición se hace con gran ceremonia nacional. La presidenta Laura Chinchilla Miranda se presentó, a dicho acto, un primero de mayo, día que en la elección del Directorio Legislativo de esa Legislatura que iniciaba, los diputados se lerdearon tanto que entrada la noche la presidenta optó por entregar, dejar presentado en la Secretaría de la Asamblea Legislativa, su Informe y retirarse. Con eso, ella cumplía. La ceremonia protocolaria no se realizó para que ella lo leyera. Bien pudo suceder que Laura no hubiera ido a leerlo como se reprogramó para día posterior, y le hubiera tocado al secretario de la Asamblea haberlo leído. El plazo de presentación del Informe se había cumplido con la entrega del documento el primero de mayo. La lectura se hizo posterior.

En el caso de la renuncia del vicepresidente Brunner sucedió algo parecido. Presentó su renuncia en tiempo. El conocimiento y la aceptación de ella se hizo posteriormente. La institucionalidad sigue funcionando y el régimen democrático también.

En ese alboroto fui consultado, como historiador, varias veces sobre renuncias de miembros de los supremos poderes, presidentes, vicepresidentes y diputados.

En el período anterior a 1948 estos trámites eran más expeditos y menos complicados.

Los vicejefes de Estado funcionaron hasta 1848. Con la constitución de la República de Costa Rica, desde 1848 hasta 1948, los vicejefes fueron llamado Designados a la Presidencia. A todos estos los nombraba el Poder Legislativo, los congresistas o diputados. En la elección de 1913-1914 no habiendo un resultado favorable para elegir un presidente entre los tres candidatos que se disputaron la presidencia, y no habiendo acuerdo entre ellos para hacerlo, el Congreso, en uso de sus facultades nombró los Designados a la Presidencia, y una vez nombrados, llamó a uno de ellos a ejercer la Presidencia. Así llegó Alfredo González Flores a la Presidencia de la República.

Si no hubiera habido Guerra Civil en 1948, y no hubiera habido acuerdo en el Congreso para decidir entre Otilio Ulate Blanco y Rafael Ángel Calderón Guardia, probablemente ese hubiera sido el camino de solución al conflicto de la nulidad de la elección presidencial, acuerdo en nombrar los Designados a la Presidencia, y haber llamado a uno de ellos a ejercer la Presidencia. Para esa posibilidad se tomaron en cuenta algunos nombres. No sucedió porque el alzamiento armado de José Figueres impuso otro camino, sin alterar la conclusión del período presidencial de Teodoro Picado, que terminó, las últimas tres semanas de su gobierno en manos de su Designado Santos León herrera, quien le entregó el poder a José Figueres, y no a Otilio Ulate, por cuanto Figueres se impuso sobre Otilio Ulate, por el pacto del 1 de mayo de 1948, con el cual se comprometía a entregarle la presidencia 18 meses después, puesto que él iba a gobernar por ese breve período, en el cual fundo la llamada Segunda República, etapa republicana que todavía estamos viviendo al amparo de la Constitución Política de 1949, que sigue vigente aunque maltrecha por la cantidad de reformas que se le han hecho.

Durante el período del Estado, 1824-1848 hubo algunos que cayeron o subieron en ese cargo, de jefes de Estado, por golpes de estado, como José Rafael Gallegos Alvarado, Braulio Carrillo Colina, Manuel Aguilar Chacón, francisco Morazán Quesada, José María Alfaro Zamora.

En este período por renuncia lo hizo Francisco María Oreamuno Bonilla.

Durante el período de la República, 1848-1948 hubo algunos que cayeron o subieron en ese cargo de presidentes de la República por golpes de estado, Juan Rafael Mora Porras, José María Castro Madriz, Jesús Jiménez Zamora, Bruno Carranza Ramírez, Tomás Guardia Gutiérrez, Aniceto Esquivel Saénz, Vicente Herrera Zeledón, Alfredo González Flores, Federico Tinoco Granados subió por golpe de Estado.

En este período abandonó el poder Bernardo Soto Alfaro, y se lo entregó por un breve período al Dr. Carlos Durán. Por su parte, Federico Tinoco Granados renunció a la presidencia como resultado de la lucha popular en contra de su dictadura el 12 de agosto de 1919.

Fueron encargados del Poder Ejecutivo, por breves períodos, las siguientes personas, en el período del Estado de Costa Rica, 1824-1848: Agustín Gutiérrez Lizaurzabal, Juan José Lara Arias, Antonio Pinto Suarez, Rafael Moya Murillo, Manuel Fernández Chacón, Joaquín Mora Fernández, Manuel Antonio Bonilla Nava, Manuel José Carazo Bonilla.

Fueron encargados del Poder Ejecutivo, por breves períodos, las siguientes personas, en el período de la República de Costa Rica, 1848-1948: Manuel José Carazo Bonilla, Miguel Mora Porras, Rafael G. Escalante Nava, Eusebio Figueroa Oreamuno, José Antonio Pinto Castro, Salvador González Ramírez, Rafael Barroeta Baca, José Joaquín Lizano Gutiérrez, Salvador Lara Zamora, Saturnino Lizano Gutiérrez, Apolinar de Jesús Soto Quesada, Carlos Durán Cartín, Demetrio Iglesias Llorente, Juan Bautista Quirós Segura, Francisco Calderón Guardia, Rafael Calderón Muñoz, Jorge Hine Saborío, René Picado Michalski, Santos León Herrera y José Figueres Ferrer, como presidente de la Junta Fundadora de la Segunda República.

Durante la Segunda República, desde 1949 hasta hoy no ha habido Golpes de Estado que hayan provocado cambios en la Presidencia de la República ni renuncias de presidentes.

Encargados de gobierno han estado los vicepresidentes, de los distintos gobiernos, en las ausencias de los presidentes por viajes al exterior por cumplimiento de compromisos oficiales. Se acostumbra que en su sustitución alternen, a discreción de presidente, que los llama a ejercer la Presidencia, el primer y el segundo vicepresidente. No es obligatorio que en sus ausencias temporales siempre sea el primer vicepresidente quien sustituya al presidente.

Durante toda la historia institucional, solamente Francisco Antonio Pacheco Fernández, en su condición de presidente de la Asamblea Legislativa, ha sustituido brevemente, en varias ocasiones, al presidente Oscar Arias Sánchez, en la cuarta Legislatura de su segunda administración, en el 2009-2010, por ausencias oficiales del Primer Mandatario, al haberse quedado sin sus dos vicepresidencias por renuncias al cargo que ellos hicieron.

Compartido con SURCOS por el autor.

La Guarida de Zapote sigue sin verse, sin encontrarse. ¿Hacia dónde vamos?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

La reelección continua presidencial funcionó en el pasado histórico costarricense. Se prohibió en 1949. Actualmente se permite alternativa luego de 8 años de haberla ejercido.

Es una práctica que sigue existiendo en la mayoría de los países, limitada a una elección adicional continua. En los sistemas parlamentarios se permite más. En los gobiernos autoritarios como los de Venezuela o Nicaragua se permite la reelección sin límite.

Los períodos presidenciales o de gobierno de 4 años resultan cortos para quienes lo ejercen, porque al iniciar su gobierno el presidente encuentra un Presupuesto Nacional en el que él no participó en su definición ni en la política que lo estructura, que fue aprobado en noviembre anterior a su ascenso presidencial, que solo puede administrar por el resto sus primeros meses de gobierno. A partir del inicio de su presidencia, en noviembre de sus primeros meses de gobierno, se aprueba el Presupuesto Nacional, para el siguiente año, a partir de enero, que es la primera propuesta del Presiente, con su visión, con sus compromisos de campaña electoral que puede trazar el camino que quiere darle a los principales ejes del desarrollo nacional.

Lo usual es que, en los primeros meses de gobierno, de mayo a julio, el presidente pueda presentar alguna modificación presupuestaria, pero no le permite modificar todas las partidas del Presupuesto Nacional.

Esta situación ha colaborado en mucho para los ciudadanos se desinflen de los gobiernos que inician, de sus partidos políticos gobernantes y obviamente de sus presidentes, porque no pueden percibir ni sentir reformas o políticas concretas asociadas al entusiasmo con el votaron por ese nuevo gobierno y ese presidente.

Esta situación era más grave hasta los gobiernos que terminaron en el 2022. Ese año, 2022, con el actual presidente Rodrigo Chaves Robles, empezó a funcionar la reforma constitucional con la que se invirtió las sesiones parlamentarias, que empezaban en mayo en Sesiones Ordinarias, que son las que los diputados y sus partidos tienen la iniciativa parlamentaria, mientras en las Sesiones Extraordinarias, es el presidente el que tiene la iniciativa de ley. En el período anterior al 2022 el presidente se obligaba a acatar el presupuesto nacional y cumplirlo como se había aprobado en noviembre anterior a su ascenso presidencial. Ahora no. En el 2022, el presidente Rodrigo Chaves inició con las Sesiones Extraordinarias Legislativas, pero no tenía nada preparado para impulsar como proyectos de su iniciativa, en correspondencia con lo que había hablado en su campaña electoral, que fue un discurso vacío de contenidos relacionados con el desarrollo nacional e institucional. Sus primeros días de gobierno fueron un desastre legislativo. De hecho la Asamblea Legislativa se paralizó uno días.

Antes del 2022 los problemas y dinámica política del país, de mayo a noviembre, obligaban a postergar o ignorar las promesas electorales, porque toda la gestión gubernamental se anclaba en el presupuesto aprobado en noviembre del 2021.

Es en el Presupuesto Nacional, que elabora el presidente con su gabinete, montado sobre la estructura existente de presupuestos nacionales que se presentan para su aprobación, para su siguiente año, donde el presidente puede trazar o fijar sus intenciones novedosas frente a lo que el gobierno quiere impulsar.

En los Presupuestos de noviembre del 2022, noviembre del 2023 y noviembre del 2024 no se destacó nada relevante en este sentido. Ha sido un gobierno sin nueva visión de país. Ha sido de continuismo, pero destruyendo lo que pueda del andamiaje institucional existente.

El presupuesto del próximo año, 2026, ya se está proyectando en las instancias técnicas, para ser presentando en los próximos meses ante la Asamblea Legislativa, para su trámite de aprobación, que sería el Presupuesto Nacional del 2026, con el que arrancará sus tareas y labores el gobierno que se elija en febrero o abril del 2026.

El presidente Chaves ha venido insistiendo en la necesidad de proyectar su gobierno, sus “políticas” y sus “directrices”, que solo él conoce para el próximo ejercicio presidencial. Ha insistido que para ello se necesita tener por lo menos 38 diputados, que es lo que él impulsa en sus arengas de los miércoles para poder, en el nuevo gobierno, o desde la Asamblea Legislativa con esa mayoría de diputados poder iniciar o realizar los cambios institucionales que cree son necesarios para el desarrollo futuro de Costa Rica.

Desde la primera experiencia que tuvimos, en mayo del 2022, cuando inició este gobierno, del Jaguar de Zapote, se produjo una desinflada. El Jaguar no ofreció nada a la Asamblea Legislativa, por lo que en esos días la Asamblea quedó entrabada en su funcionamiento. Sigue entrabada en la iniciativa presidencial. Lo hemos visto estos días cuando propone una vía rápida para la discusión del proyecto de ley de las jornadas esclavistas, y cuando inicia su discusión retira de la vía rápida ese proyecto, e introduce otro, relacionado con el préstamo de $500 millones del BIRF. Ojo, la introducción de este proyecto es la discusión ordinaria legislativa.

Este proyecto de aprobación de los $500 millones no puede tramitarse por la vía rápida que se había establecido específicamente para el proyecto de las jornadas esclavistas. Eso sería un fraude de ley en el procedimiento parlamentario, sería meter gato por liebre en la discusión parlamentaria.

El presidente al haber retirado el Proyecto de Ley de las Jornadas esclavistas de 12 horas diarias sacó ese proyecto de esa discusión y anuló la vía rápida que se habían aprobado de manera específica para la discusión de ese proyecto. Automáticamente, no significa que la vía rápida que se había aprobado funcionara para todos los proyectos que están en la discusión parlamentaria. La vía rápida, si se aprueba, se hace para el proyecto de ley particular y específico que se quiere acelerar en su aprobación mediante ese mecanismo legislativo de aprobación de proyectos de ley.

Los trastornos político-mentales del Jaguar pueden afectar su capacidad para funcionar en su vida política diaria de gobernante, mantener e impulsar relaciones políticas ilusorias, que le impiden proponer Proyectos de Ley que indiquen y proyecten el modelo ideal de país, y de nueva República, que quiere impulsar. Esto es ir al garete, a la deriva, sin control, ni dirección, prácticamente sin gobierno, dejándose ir por la acción del viento y corrientes de los otros actores políticos nacionales.

En sencillo, el pequeño gobierno, de la Ínsula de Barataria, de la Guarida de Zapote a lo tico, sigue sin verse, sin encontrarse.

El Jaguar de Zapote, por lo que leyó en inglés, en el foro mundial de Francia, parecía no saber leer o entender lo que leía. Si lee algo será libros de caballerías en los cuales puede imaginarse como el Caballero, en este caso el Jaguar, que ejerce su gobierno en su Ínsula.

El Jaguar no tiene posibilidad real de reelegirse en el 2026. En el 2034…si sigue en política activa. Para seguir en política activa solo si renuncia a la presidencia, el 31 de julio, y se presenta como candidato a diputado…, o eventualmente se espera al nuevo gobierno anhelando que algún partido jaguar gane las elecciones y lo nombre ministro, para tener alguna presencia pública.

En toda la gestión política administrativa que lleva el actual gobierno, y el Jaguar de Zapote, a pesar de sus rugidos, por más explosivos y profundos que parezcan, salidos forzadamente a través de su boca abierta, ¿hocico, por ser un jaguar?, como los hace, no se ha presentado un solo proyecto, uno solo, que refleje una visión de país, un modelo de país, una meta a la que se quiere llevar al país, que indique que avanzamos hacia una nueva república, hacia la cuarta o quinta república como a veces ilusoriamente, o con mente trastornada, dice el Jaguar que quiere construir.

En la teoría y práctica histórica vivimos la II República. El período histórico de la Segunda República inició el 8 de mayo de 1948. Todavía no hemos cerrado oficialmente ese período. No se ha establecido una tercera republica, ni una cuarta república. La Constitución Política que cubre esa Segunda República todavía está vigente, vivita y coleando.

Ha habido esfuerzos teóricos de ver que la II República está superada. Algunos políticos, incluso en campañas electorales hablaron de una III República. Hay quienes hablan de una IV República y hasta de una V República, sin hacer los balances históricos de esas etapas, que pueden definirse como II, III, IV o V República.

Generalmente, en la actualidad estas Repúblicas descansan también en nuevas constituciones políticas. En Costa Rica en diversos momentos el péndulo de la convocatoria de una Asamblea Constituyente se mueve en la dirección de convocarla, pero el temor y la incertidumbre alrededor de lo que puede salir lo frena. Para el mes de setiembre próximo el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica desarrollará un ciclo de jornadas de reflexión en torno a una nueva Asamblea Nacional Constituyente, que puede ser un buen insumo para preparar el ambiente hacia esa convocatoria nacional.

En la Historia de Costa Rica, después de 1821 tuvimos un Estado de Costa Rica, entre 1824 y 1838, cuando fuimos parte de la República Federal de Centroamérica, prolongado ese nombre hasta 1848, cuando el Dr. José María Castro firmó el 31 de agosto de 1848 el nombre aprobado por el Congreso el día anterior, de República de Costa Rica.

Cien años después en 1947, estaba terminando el gobierno de Teodoro Picado Michalski, 1944-1948 y había elecciones en las cuales el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, aspiraba a un nuevo período presidencial, a partir de 1948. Las elecciones fueron muy violentas y finalmente su resultado favorable a Otilio Ulate Blanco, fue anulado por el Congreso, lo que dio origen al levantamiento armado de José Figueres Ferrer, para garantizar ese triunfo.

De paso, Figueres y su grupo consideraban que los ocho años de gobiernos de Rafael Ángel Calderón Guardia, 1940-1944, y el de Teodoro Picado Michalski, 1944-1948, habían sido de gran corrupción, nepotismo y de fraudes, que habían acabado con el espíritu de la República, que hasta entonces se estaba viviendo. De allí surgió el planteamiento de Figueres de fundar la II República, considerando el centenario de la fundación de la República y la necesidad de fundar una nueva República, que el 8 de mayo, cuando asumió el gobierno transitorio de 1948-1949, llamó a la fundación de la Segunda República. Esta Segunda República la acompañó de una nueva Constitución Política, para lo cual llamó a elecciones de una Asamblea Nacional Constituyente que funcionó en el año 1949, promulgando la actual Constitución Política.

Así, vivimos desde 1948 el período histórico de la Segunda República. Este ciclo oficialmente no se ha cerrado. No se ha enterrado oficialmente la Segunda República.

Tampoco ha nacido una Tercera, ni una Cuarta República, que dé origen a una posible nueva República, como algunos la sueñan, ni se ha asociado esta nueva República a una Nueva Constitución.

Para ello se necesita una opiomanía constitucional nacional, que todos soñemos con una Nueva Constitución Política, como marco político institucional de esa Nueva República que es necesario refundar, con reelección o sin reelección continua de diputados y presidente, al menos por un período gubernativo

¿Estaremos preparados para esto? ¿O seguiremos en la improvisación de gobiernos jaguares o similares? ¿Zapote seguirá como guarida de jaguares o de otros animales políticos?

El proceso electoral en marcha sigue sin claras definiciones partidarias y de candidatos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Estaremos en capacidad de enfrentar este desafío histórico a partir del 2026, hacia una Nueva Costa Rica, hacia una nueva etapa histórica?

Compartido con SURCOS por el autor.

Un Monumento a la Dignidad para los Trabajadores de la Educación y la Salud

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Álvaro Vega Sánchez
Sociólogo

Se dice que en Gran Bretaña hay muchos monumentos de la guerra, pero solo uno en homenaje a los doctores y enfermeras que combatieron en el frente luchando contra la “gripe del Juicio Final”, como se le llamó a la “Gripe Española”. Participaron en el frente de guerra 11.000 médicos de los 22.000 que había, 22.000 enfermeras y 120.000 mujeres en alguna función de enfermería.

Cabe traer a colación la obra La guerra no tiene rostro de mujer de la Premio Nobel de Literatura (2015) Svetlana Alexiévich, donde destaca la diferencia sustantiva entre los relatos de los hombres y de las mujeres sobre la guerra: “La guerra femenina tiene sus colores, sus olores, su iluminación y su espacio. Tiene sus propias palabras. En esta guerra no hay héroes ni hazañas increíbles, tan solo hay seres humanos involucrados en una tarea inhumana. En esta guerra no solo sufren las personas, sino la tierra, los pájaros, los árboles. Todos los que habitan este planeta junto a nosotros. Y sufren en silencio, lo cual es aún más terrible”.

Es posible que, si hubiese prevalecido la mirada, la vivencia y el sentir femeninos, atendiendo a lo señalado por Svetlana, la labor de los trabajadores de la salud, con rostro de mujer, no hubiese pasado desapercibida; tampoco la de los educadores que le indujeron a leer a Dostoievski, como suele suceder, aún en nuestros tiempos. Efectivamente, si de algo adolecemos es de un justo reconocimiento de estos dos apostolados, el de los trabajadores de la salud y la educación, que salvan vidas. Los primeros, promoviendo, previniendo y curando las muchas enfermedades y dolencias del cuerpo y la mente, y los segundos alimentando el espíritu y el intelecto para abrir nuevos y mejores horizontes para alcanzar el bienestar social y humano a través de la ciencia, el arte y la cultura. Se trata de la abnegada tarea de los educadores para forjar una cultura de seres humanos libres, solidarios, justos y pacíficos, así como de los trabajadores de la salud para forjar una sociedad física y emocionalmente saludable, que merecen el más alto reconocimiento, sin mezquindades. Ambos son los pilares sobre los que se construyen sociedades social y ecológicamente sostenibles.

Si algo nos hizo enfrentar, como país, con dignidad el azote de la pandemia producida por el coronavirus Sars-Cov-2 fue, precisamente, haber contado con casas de estudios superiores que formaron al más alto nivel técnico y humanista a nuestros trabajadores de la salud, y con una institución pública como la Caja del Seguro Social, ejemplo insigne de solidaridad y orgullo de todos los costarricenses. Contamos con personal especializado, que supo responder, con profesionalismo, gran sensibilidad y compromiso, ejemplo de solidaridad humana, en tiempos donde la pandemia se convirtió en sindemia: la trágica combinación de crisis sanitaria y precariedad económica y social.

Sin duda, la apuesta por educación para la salud y salud para la educación ha sido la combinación virtuosa y visionaria, especialmente impulsada por quienes forjaron la Reforma Social y la Segunda República a mediados del siglo pasado, atendiendo y acogiendo las voces que clamaron por más justicia social. Una apuesta que ha venido sufriendo el embate letal por parte de fuerzas políticas que dejaron de pensar y actuar solidariamente.

No somos un país de grandes y ostentosos monumentos, y en buena hora. El diminutivo es nuestro favorito en el lenguaje cotidiano; sin embargo, algunas veces nos excedemos en su uso y tendemos a disminuir nuestros mismos logros, cuya grandeza debería ser motivo para celebrar. Más aún, lo peor es la tendencia que prevalece hasta hoy, a saber, la que promueve desde altas esferas bajar el perfil de nuestra valiosa y ejemplar institucionalidad social, y sus principales agentes: los trabajadores de la educación y la salud.

Efectivamente, ambos se han convertido en víctimas de un discurso populista y politiquero por parte de quienes, en lugar de abrirse horizontes propios con dignidad, inteligencia y valentía, buscan elevarse pisoteando los méritos y la dignidad de los demás. Y no se trata solo del comportamiento de algunos de los que nos gobiernan hoy, sino también de quienes desde hace rato vienen orquestando una campaña persecutoria y de mentiras, para desprestigiarlos. Particularmente, aduciendo que los derechos adquiridos son privilegios, obtenidos, según se dice, por prebendas clientelistas o por concesiones gratuitas. Donde hay desviaciones y errores que corregir, sólo ven desorden e ilegalidades intolerables, para llevar agua a sus molinos, polarizando a la sociedad e induciendo al odio y la violencia, instrumentos predilectos de quienes sí buscan actuar al margen de la ley y la institucionalidad, antidemocráticamente.

El cinismo se ha puesto a la orden del día: un diputado o diputada levanta la bandera en contra de los catedráticos “pensionados de lujo”, cuando ese mismo diputado o diputada empieza su labor parlamentaria recibiendo un salario por un monto superior al de un catedrático jubilado con treinta años de servicio, y sin deducciones por contribuciones solidarias. Asimismo, resulta inexplicable la reticencia a reconocer los justos salarios a los trabajadores de la salud, particularmente a los especialistas. Bajo estas condiciones, ¿quiénes van a querer trabajar en educación y salud públicas, exponiéndose además a ser considerados ante la opinión pública como injustamente privilegiados? Sin duda, esta es la fórmula mágica que se viene utilizando para desmantelar el Estado Social de Derecho y privatizar las instituciones más rentables. Parafraseando una pancarta del movimiento social francés: cuando la educación y la salud sean privadas nos privamos de todos sus servicios. El país ha sabido también lograr una combinación virtuosa entre una fuerte institucionalidad de salud pública y una importante institucionalidad privada; ambas de calidad y competitivas, incluso para ofrecer servicios de alcance internacional. Sin embargo, venimos aceleradamente rompiendo este círculo virtuoso al pretender reducir al mínimo el servicio público.

Es tiempo de aprestarnos a corregir errores institucionales sin devaluar y desprestigiar. No tiremos al niño con el agua sucia de la bañera. Asimismo, dejar de levantarse y ganar credibilidad, exaltando los errores de los demás. Sin ser gratuitos, disculpando lo que no debe disculparse, aprendamos a hacer la diferencia con menos aspavientos, sin atizar el fuego del odio, y reconstruyamos la patria sobre los cimientos de la dignificación de todos los trabajadores de este país. Sobre todo, sin mezquindad, reconociendo y valorando el esfuerzo y dedicación de quienes asumen como apostolado su función de servicio público y privado, pensando en el bienestar de todos los costarricenses.

Es tiempo de dignificar la encomiable labor de los trabajadores de la salud y la educación, para garantizar el bienestar en nuestra patria. Hoy más que nunca, hay que renovar el pacto de la educación para la salud y la salud para la educación. Este pacto es la garantía para volver a alcanzar los primeros lugares en desarrollo humano en América Latina, y dejar atrás los que hoy nos colocan entre los más desiguales del mundo.

Una meta encomiable que no se podrá lograr si se continúa pisoteando la dignidad de ambos sectores, algo que se ha convertido en consigna de las principales fuerzas políticas hasta nuestros días, secundadas por los grandes medios de comunicación, al servicio de mezquinos intereses electoralistas y de una élite económica insaciable, que se acostumbró a no pagar impuestos. Necesitamos volver a pensar y sentir como ciudadanos y ciudadanas dignos de una patria digna.