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Etiqueta: seguridad ciudadana

Próximo gobierno afrontará retos que determinarán modelo de desarrollo

UNA Comunica. La lista es extensa y los desafíos también, pero lo cierto es que el futuro hacia un modelo de desarrollo “equilibrado, resiliente y equitativo” en el país pasará por la toma de decisiones estratégicas en materia económica y social, que deberá adoptar la administración de Laura Fernández para el periodo presidencial que arrancará el 8 de mayo.

El Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA) revisó cuáles desafíos económicos enfrentará la próxima administración y enlistó propuestas de políticas públicas que podrían implementarse.

1. Reducir desigualdades, diversificar exportaciones

La realidad económica del país se basa en un sector de empresas en zona franca (régimen especial) que crece de manera acelerada, frente a un régimen definitivo (el resto de las empresas) que no crece a la misma velocidad. De 2019 a 2025 el crecimiento del régimen especial fue de un 116.8%, frente a un 14.6% del resto del parque empresarial en el país.

Ante ello, se propone profundizar los encadenamientos productivos entre compañías de zona franca y proveedores locales y modernizar y brindar más apoyo a las pequeñas y medianas empresas (pymes). También, diversificar la oferta exportadora, dar más atención a los territorios para disminuir las desigualdades y modernizar al sector agrícola, al tiempo que se fomenten las exportaciones de industrias ubicadas fuera del valle central.

2. Desdolarizar y transparentar la política monetaria

Una de las palancas que más mueve la economía es el acceso al crédito. Sin embargo, esto ocurre cuando las decisiones de política monetaria son consecuentes con la realidad del entorno. El OES determinó que en vivienda, consumo, servicios y turismo, las Tasas de Política Monetaria (TPM) del Banco Central de Costa Rica (BCCR) no siempre se trasladan a las tasas de interés que cobran las entidades financieras por ese tipo de préstamos.

Mientras que la TPM se redujo 2,75 puntos porcentuales (p.p.) de enero de 2024 a febrero de 2026, la Tasa Básica Pasiva (que sirve para promediar las tasas de interés por préstamos en entidades financieras) solo bajó un 1,54 p.p. en ese lapso. Al respecto, se propone una mayor competencia en el sistema financiero y mejorar la transparencia en tasas de interés desagregadas por tipo de crédito, moneda e institución. Asimismo, avanzar hacia una “desdolarización” que incentive el ahorro y el crédito en colones.

3. Fortalecer red de cuido y bajar la informalidad laboral femenina

En cuestión de una década, Costa Rica redujo en un 5.4% la tasa neta de participación laboral femenina. Cerrar la brecha existente requiere que el gobierno expanda la red de cuido tanto para la primera infancia como para las personas adultas mayores y dependientes.

El desafío contempla además el desarrollo de políticas de empleo con enfoque de género, incentivar la formalización laboral de las mujeres, promover el acceso al crédito, el emprendimiento y los puestos de liderazgo, así como modalidades de trabajo flexibles. De parte del OES se reiteró la oposición a las jornadas laborales de 12 horas diarias (jornadas 4×3), al catalogarse como una regresión en derechos laborales.

4. Revisar regla fiscal y aumentar ingresos

“La coyuntura fiscal de Costa Rica en el 2025 muestra avances en la contención del gasto y una ligera mejora en el déficit fiscal, pero también evidencia problemas estructurales en la recaudación tributaria y en el nivel de endeudamiento público”, señala el informe del Observatorio en el apartado de sostenibilidad fiscal.

Ante este diagnóstico, la ruta a tomar, de acuerdo con los académicos de la UNA, pasa por fortalecer la capacidad recaudatoria del Estado, sustituir los ingresos provenientes del impuesto a los combustibles que tiende a bajar, aplicar medidas que reduzcan el pago de intereses de deuda y revisar el diseño de la regla fiscal actual, para que empate la estabilidad fiscal del país con la necesidad de financiamiento a programas sociales e infraestructura.

5. Modernizar el transporte público

En cada administración siempre se habla de la necesidad de modernizar el transporte público. Pero los datos confirman la necesidad de apuntar con más precisión hacia esa meta. Mientras que la cantidad de personas movilizadas se redujo en un 42.2% entre el 2018 y el 2025 (de acuerdo con el Programa Estado de la Nación), la cantidad de automóviles creció en un 62.1% entre 2013 y 2025.

Renovar la flotilla de buses que utilicen tecnologías limpias, establecer un subsidio al transporte público, mejorar la gobernanza del sector, promover la intermodalidad (con ciclovías y terminales de buses en centros urbanos) y concretar el proyecto del tren eléctrico metropolitano, son parte de las soluciones propuestas.

6. Tren de carga y atención de rutas esenciales

Costa Rica enfrenta un rezago en su infraestructura vial y portuaria, lo que le resta competitividad frente a otros actores. Por ello, la ampliación del puerto de Caldera debe ser una prioridad en el próximo gobierno, además de la concreción del tren de carga, que conecte los principales centros productivos con los puertos del Caribe y el Pacífico.

El mismo impulso debería otorgársele al proyecto de ampliación de la ruta 27 (San José-Caldera) y de la construcción de túneles falsos sobre la ruta 32 (San José-Limón) ante los altos costos recurrentes producto del cierre de esta vía por las condiciones climáticas.

7. Fortalecer pensiones y la inserción laboral

Este gobierno debe proyectar, en sus políticas públicas, que de cara al 2050, la población de 60 años o más representará el 32.5% del total.

El acelerado crecimiento demográfico de las personas adultas mayores requiere atender la sostenibilidad del sistema de pensiones. Además, se debe promover la inserción laboral en personas mayores de 55 años, desarrollar un sistema universal de cuidados que integre servicios públicos, privados y comunitarios e incorporar el impacto del cambio demográfico en la planificación fiscal a largo plazo.

8. La educación y la necesidad de aumentar la inversión pública

La inversión en educación como porcentaje del producto interno bruto (PIB) ha caído desde un 7.2% de 2015 hasta un 5.24% el año anterior. En términos nominales, aunque el presupuesto a educación aumentó un 24% en ese periodo, al descontar el efecto de la inflación, el crecimiento real fue de solo un 4%.

Los desafíos requieren ampliar la inversión pública en educación y aprovechar el cambio demográfico (para aumentar la inversión por estudiante y mejorar la calidad educativa). También, fortalecer los aprendizajes básicos, la educación técnica, la actualización laboral y fortalecer la articulación entre el sistema educativo y el sector productivo.

9. Afectar la rentabilidad del crimen organizado

La semana pasada, una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que visitó el país hizo el vínculo entre seguridad y economía, al advertir que un agravamiento de la criminalidad puede afectar el turismo, al inversión y el comercio.

En un país que en los últimos tres años ha roto los récord de asesinatos, la OES sugiere focalizar territorialmente la política de seguridad, golpear la rentabilidad de los grupos criminales a través de incautación de activos y trazabilidad patrimonial e impulsar programas de prevención, sobre todo en la población joven del país.

“Atender estos desafíos requiere una agenda de política económica integral que combine estabilidad macroeconómica con inversiones estratégicas en capital humano, infraestructura y capacidades productivas. Esto implica impulsar reformas graduales pero sostenidas que fortalezcan la competitividad del país, amplíen la participación y anticipen los cambios tecnológicos y demográficos que marcarán las próximas décadas”, señala el informe elaborado por los académicos Roxana Morales (coordinadora del OES), Fernando Rodríguez y Javier Rodríguez.

Le invitamos a descargar desde SURCOS el documento con el análisis, así como la presentación

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/03/OES-UNA-Desafios-economicos-documento.pdf

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/03/OES-UNA-Desafios-economicos-presentacion.pdf

¿Más soldados que maestros y más cuarteles que museos? ¿Esa es la estrategia?

Margarita Bolaños Arquín

Asumir que al crimen organizado y al narcotráfico solo es posible combatirlo involucrándonos en una guerra continental que demanda desviar los objetivos nacionales de desarrollo sostenible y destinar importantes recursos del erario público para cambiar el modelo “de más maestros que soldados, por más soldados que maestros”, no es opción para Costa Rica ni para ninguna democracia.

La estrategia de seguridad debe involucrar activamente a las comunidades, a las organizaciones, a los sectores privados e instituciones del Estado en todo el territorio nacional. Asignar los recursos necesarios a la educación, a la búsqueda de empleo digno y al desarrollo sostenible y pleno de las capacidades de todas las personas fue y sigue siendo el corazón de la vía costarricense.

Hacer lo contrario implica comprometer a largo plazo nuestros recursos por una estrategia de seguridad que en otros países ha incrementado el deterioro democrático, la violencia, la corrupción, el armamentismo, la destrucción ambiental y la pérdida de la soberanía de su territorio continental e insular. Bien sabemos que la violencia genera más violencia, que las armas solo eliminan, pero no dan verdadera paz ni seguridad.

La paradoja del modelo costarricense: luces macroeconómicas y sombras en la seguridad

JoseSo (José Solano-Saborío)

Costa Rica amanece en 2026 bajo un nuevo mandato que promete continuidad mostrando números que convencen al electorado de una realidad distorsionadamente “buena”. Tras la victoria de Laura Fernández y la mayoría suficiente en el congreso del partido taxi del chavismo tico, el país se enfrenta a un espejo estadístico que devuelve una imagen contradictoria: una economía que brilla en los indicadores de organizaciones financieras internacionales, pero que oculta profundas fracturas en su tejido social y, sobre todo, de seguridad ciudadana.

El “Milagro” de las Cifras

Hoy tuve que sacar un rato para resolver una contradicción interna, una disonancia cognitiva al revisar el folleto digital llamado “Costa Rica en Cifras 2025” del INEC, que me envió por WhatsApp mi querido amigo, Álvaro Villalobos, revela un panorama macroeconómico envidiable. El país cerró el 2024 con un crecimiento del PIB del 4,3% y, según datos recientes del Banco Central, la economía se aceleró hasta un 4,6% en 2025. Esta expansión ha sido impulsada principalmente por el régimen de zonas francas, las exportaciones y una recuperación vigorosa del turismo, que alcanzó los 2,9 millones de visitantes.

Más sorprendente aún es la cifra de pobreza, que se situó en un histórico 15,2%. Este descenso, el más bajo en décadas, se explica no solo por el crecimiento del ingreso per cápita (que aumentó un 10,4% en zonas urbanas), sino también por un fenómeno atípico: la deflación. Con una variación interanual del IPC de -0,4% en noviembre de 2025, el costo de la vida se mantuvo estable, permitiendo que más hogares superaran la línea de pobreza monetaria.

La Deuda Social y la Informalidad

Sin embargo, al profundizar en la letra pequeña, la realidad es más matizada. El desempleo ha bajado al 5,7% – 6,3%, pero la informalidad laboral sigue afectando a casi 4 de cada 10 trabajadores (38,3%). Además, la brecha regional es alarmante: mientras la Región Central prospera, zonas como la Brunca y la Huetar Norte presentan niveles de acceso a tecnología y servicios significativamente inferiores.

Expertos señalan que la reducción de la pobreza es frágil. La disminución en la tasa de participación laboral (personas que dejan de buscar empleo) sugiere que parte de la mejora estadística se debe a un retiro de la fuerza de trabajo, especialmente en mujeres y jóvenes.

El Talón de Aquiles: La Seguridad

El éxito económico se desvanece, en la realidad diaria de muchas personas, ante la crisis de seguridad que el gobierno actual no ha logrado contener. Aunque el compendio estadístico destaca cierto desarrollo humano (exceptuando la materia educativa), la realidad en las calles es distinta. Expertos, gremios y expresidentes han criticado la falta de recursos para la Fuerza Pública y la “pérdida de control” ante el crimen organizado.

La tasa de homicidios, que alcanzó niveles récord en 2023 (17,2 por cada 100.000 habitantes), se mantiene como la principal preocupación ciudadana.

La violencia en centros educativos, con más de 25.000 casos reportados, refleja un deterioro en la convivencia social.

Perspectivas para el Nuevo Gobierno

El gobierno “reelecto” (en términos de línea política) recibe un país con una base fiscal sólida y un déficit contenido, pero con una ciudadanía que demanda resultados más allá de los números del Banco Central.

La política pública debe dar un giro desde la estabilidad macro hacia la seguridad humana. No basta con atraer inversión extranjera si no se traduce en empleo formal en las periferias. La continuidad de Laura Fernández enfrentará el desafío de demostrar que el modelo costarricense puede ser eficiente económicamente sin sacrificar la paz social que históricamente definió a la nación. Sin una estrategia clara contra el narcotráfico y la exclusión regional, las luces del 2025 podrían convertirse en las sombras del mañana.

Por último, durante esta auto obligada reflexión de las cifras del mencionado documento, se me vinieron a la mente varios hechos inexplicables de la presente administración, como el traslado de la Academia de la Policía Naval a una zona sin mar, el cierre de delegaciones de la Policía en puntos navales estratégicos por donde circula mucha droga y el retiro de la Policía de Control de Drogas PCD, en aeropuertos y fronteras; que me condujeron a una obligada pregunta:

¿Este será un reto que el continuismo querrá o podrá asumir?…

Ganar seguridad mediante la convivencia

Pedro A. Soto Sánchez

Cómo enfrentar la inseguridad ciudadana es una de las preguntas más frecuentes. Las respuestas son diversas, pero en la mayoría de los casos apuntan hacia un mayor control y presencia policial: restricción de derechos individuales, construcción de mega cárceles, instalación de cámaras de seguridad, incremento de patrullajes y detenciones, entre otras medidas. La preocupación es legítima. El aumento de homicidios y delitos es alarmante.

Las acciones represivas son indispensables. También lo son las reformas al Código Penal y a la normativa vinculada con el control y la sanción del delito, así como la asignación de recursos financieros suficientes para la capacitación, la estabilidad laboral y la especialización de los cuerpos policiales.

Sin embargo, estos cambios y acciones deben complementarse con dos tareas fundamentales que, por básicas, parecieran no desarrollarse con la profundidad y determinación necesarias: la inteligencia y la convivencia.

Profundizar y mejorar la calidad de las labores de inteligencia -especialmente en ámbitos como la legitimación de capitales, las actividades económicas sensibles, las rutas delictivas, los flujos financieros y las estructuras jerárquicas de las organizaciones criminales- es crucial. También lo es identificar y debilitar sus capacidades logísticas y económicas. Esto exige altos niveles de especialización, tecnología adecuada y mayores recursos para los cuerpos de seguridad.

Por otra parte, las comunidades más seguras no son necesariamente las que cuentan con más policías, más cárceles o más detenciones. Son aquellas donde existe mayor y mejor convivencia. Hay que fortalecer las relaciones comunitarias, promover acuerdos y reconstruir el tejido social.

La convivencia se construye mediante proyectos de desarrollo social, el mejoramiento de barrios vulnerables, una educación de calidad y programas culturales ambiciosos que potencien la identidad y la cohesión comunitaria. La organización y participación de la gente es un factor crítico de éxito para una intervención de esta naturaleza. Tiene mayor potencial el trabajo que puedan realizar equipos de promoción y activación social junto a las comunidades organizadas, que la labor llevada a cabo por equipos reducidos de policías municipales o eventos con funcionarios de Fuerza Pública organizando “mejenguitas” en los barrios,

Asimismo, se requiere una estrategia amplia de comunicación pública y la articulación de esfuerzos entre los gobiernos municipales, el gobierno central, las instituciones públicas y privadas y las organizaciones representativas de las comunidades.

A través de una acción coordinada, las municipalidades y las instituciones competentes deben impulsar proyectos de infraestructura con impacto directo en la seguridad. Garantizar que parques, salones comunales, áreas de juego infantil y otros espacios públicos sean escenarios de actividades culturales, deportivas y recreativas es otro mecanismo esencial para fortalecer la convivencia. El espacio público debe ser, ante todo, el espacio de la convivencia.

También es indispensable fomentar un mayor conocimiento de nuestros barrios. Las personas deben conocer su entorno inmediato, su geografía física y social, y ser parte activa de su comunidad.

Enfrentar la inseguridad exige firmeza institucional y cohesión social. Necesitamos un Estado más organizado, más sólido e integral, pero también una ciudadanía más participativa, más comprometida y fortalecida en su tejido social.

Les gusta Bad Bunny

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Y se entusiasman con Dua Lipa, pero también con Malpaís, Taylor Swift, Drake, Olivia, Eminem, Maluma, E-hoy, Clean Girl, y más. Siguen el fútbol y se ilusionan (o desilusionan) con la Sele, con el Barcelona, con el Real Madrid, con Messi y con Keylor. Son una generación que nació y se desarrolla en un país donde, para un buen número, el «pura vida» ha sido una marca. Donde los sicarios solo estaban en canciones de Rubén Blades y el narcotráfico letal era solo una noticia originada en Colombia. Donde nunca había que pensarlo dos veces para salir a cualquier hora de la noche o el día, y donde no existe temor de ser vapuleado por un militar con cara de asesino.

Con el respeto ganado, me dirijo a los que fueron mis estudiantes y también estudiantes de tantos miles de docentes de escuelas, colegios y universidades, que han constituido un sistema educativo mayormente gratuito, que valora la libertad y las iniciativas individuales, que sustenta, en fin, una juventud para la cual la cultura está a la mano, y, algunos dirán, en el infaltable celular. A esa juventud que no concibe lo que es prestar un «servicio militar» para un ejército depravado. Que sabe que en su tierra existe un sistema de garantías constitucionales, que respeta sus derechos humanos, su libertad de movimiento y de reunión, su libre expresión, su derecho a servicios de salud, a la educación, a la justicia, a elegir y ser electo, su privilegio a respirar libertad.

Ustedes, muchachas y muchachos, que casi nunca han tenido que salir de su juvenil burbuja para enfrentar especiales retos democráticos, por sentir que su independencia personal no está en peligro, les tengo una oportuna advertencia. Porque este profesor amigo conoció lo que era vivir bajo una dictadura como la de Pinochet en Chile, no puedo dejar de pasar por alto, evidentes amenazas que se han anunciado para esta adorada Costa Rica. Les cuento que para un tico es muy difícil describir cuánto se degradan emocionalmente las personas sometidas por un gobierno que, sin ton ni son, se le ocurre derogar, por el tiempo que sea, las sagradas garantías individuales. Y es que, si las normas constitucionales fuesen las responsables del deficiente manejo de la seguridad ciudadana, ¡y no las deplorables condiciones sociales que sufren los que han sido lanzados al barril de la miseria extrema!, la candidata presidencial del oficialismo, propone repetir en nuestra Patria, los abusos perpetrados por los dictadores en Chile, Nicaragua y El Salvador. Regímenes que secuestran de sus íntimas viviendas a «presuntos delincuentes», sin órdenes judiciales pertinentes, y sin dejar rastros formales de sus acciones, ni de los desenlaces de sus violaciones. Para ellos, el “toque de queda”, sinónimo de “suspensión de garantías” es representativo de una nueva legalidad, la legalidad de los sátrapas.

Por eso le hablo a usted joven que valora su libertad, sus derechos, su independencia, ¡su vida!, y lo invito a que piense un instante en las consecuencias de esa propuesta arbitraria, nacida en el seno de los que aspiran perpetuarse en el poder para cambiar profundamente la nación que parecen querer destruir.

Cuando se suspenden las garantías constitucionales “por regiones”, como propone Laura Fernández, Nogui Acosta, y otros, específicamente en comunidades miserables de Limón, Puntarenas y el valle central, inevitablemente «pagarían justos por pecadores», pues la «ley de la selva» se aplica a diestra y siniestra, con el pretexto perverso de apresar “a delincuentes”, que por supuesto, no han sido juzgados.

Pienso que quizá otros temas de la campaña electoral no puedan competir con Bad Bunny o Maluma, pues por ahí andan sus gustos, pero jóvenes costarricenses, este asunto si debería merecer de parte de ustedes, momentos de reflexión, pues se estaría dando un paso muy peligroso hacia una Costa Rica mucho menos democrática, y de paso, más violenta.

Por fortuna, su voto es decisivo para evitar que algo semejante pudiese suceder.

Tres razones contra el continuismo

José Manuel Arroyo Gutiérrez

Un conocido nuestro nos preguntó por qué no debe votarse al continuismo chavista, encarnado en Laura Fernández o sus similares camuflados como Natalia Díaz o José Aguilar.

Quien interroga es un hombre de mediana edad y, -si se me permite el argot tico-, es un breteador insigne, de esos que la pellejean día a día y que no puede darse el lujo de pagarle a la Caja un seguro como trabajador independiente, una persona que no puede tampoco permitirse enfermar e incapacitarse porque si no trabaja, no come. Así es la cruda realidad de muchos costarricenses, más de los que debiera permitirse una democracia plena.

Del inmenso océano de razones que se tienen para no seguir padeciendo el flagelo chavista, se me ocurrió responderle con toda espontaneidad:

  1. Hay que volver a colocar en Zapote a una persona decente. Alguien que hable con un mínimo de respeto; que no grite, que no insulte, que no exacerbe el odio y la revancha. Alguien que no engañe, que no haga de la mentira y la exageración su forma de comunicarse. Alguien, por cierto, que no intente ridiculizar a periodistas independientes que le hacen preguntas incómodas y que no los matonee rodeándolos de sus guardaespaldas.Alguien, en fin, que traiga paz, que baje la tensión y polarización en que nos encontramos y que tenga la inteligencia emocional de buscar consensos, es decir, alguien que se responsabilice del gobierno y no se dedique a buscar culpables.
  2. Hay que evitar el continuismo porque lo peor de este desgobierno no ha sido su vulgaridad y pachuquismo. Lo peor ha sido su ineptitud, su evidente incapacidad para contar con ministros y asesores capaces, su demostrada improvisación y charlatanería desde el día primero nombrando personajes sin preparación ni experiencia en puestos claves y dictando decretos y proyectos de ley inviables. Necesitamos alguien con un mínimo de humildad, que no deshaga, por ejemplo en obra pública, todo lo andado en el pasado por pura arrogancia y prepotencia, sin poder mostrar al final ningún logro significativo propio.
  3. Y por último, le contesto a mi amigo, ciudadano breteador, que este país y esta democracia merecen la pena ser rescatados; que no es posible que el crimen organizado y el narcotráfico hayan alcanzado los niveles de penetración de las instituciones y el control de barrios y pueblos que están consolidando. Le digo que como ex juez especializado en derecho penal, veo con alarma cómo, otra vez este desgobierno, desmanteló controles fronterizos y costeros, saboteó recursos económicos para la Fiscalía y el OIJ, y volvió totalmente ineficientes los escáneres portuarios, puesto que constantemente tenemos noticias de cargamentos de drogas descubiertos en puertos europeos provenientes de nuestra pobre Costa Rica. Hay fundamento para concluir que, ya por negligencia, ya por complicidad, hemos dejado que la peor violencia criminal llegue demasiado lejos.

Termino diciéndole a mi interlocutor: hay que salir a votar, pero en ningún caso por el continuismo de los Fernández, Díaz o Aguilar.

El primer debate de Doña Laura

Rodrigo Cabezas Moya.

Rodrigo Cabezas Moya

Con mucho interés lo presencié pues hasta ahora solo la había escuchado en intervenciones muy programadas y controladas.

En este debate, donde las preguntas no estaban bajo su control pudimos presenciar la absoluta falta de capacidad, habilidad para evadir responsabilidades y de plano mentir.

Dijo que el desempleo había disminuido durante el presente gobierno cuando la evidencia es todo lo contrario y si no ha subido más es porque quienes solicitan trabajo se cansan de asistir a las ferias de empleo, particularmente los jóvenes.

Dice que la seguridad mejorará en su gobierno con medidas poco claras y con la construcción de una mega cárcel cuya primera piedra será puesta a cuatro semanas de las elecciones, con la presencia del Sr. Bukele. ¿Será verdad que la construye?

No pudo explicar la razón de eliminar el Servicio de Guardacostas de la Bahía de Drake en donde sabe es el sitio por donde entran las drogas ni la razón de eliminar la Policía de Control de Drogas de las fronteras y aeropuertos.

Puso como ejemplo de las obras hechas por su gobierno el Hospital de Puntarenas, construido por el gobierno anterior, donde no tuvo ninguna participación el actual, excepto por su inauguración.

Espero que muchos costarricenses la hayan escuchado y así poder valorar qué dicen y qué no dicen los candidatos.

Plata nueva

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Recién en estos días de descanso termino de leer la novela “Era más grande el muerto” (Editorial Seix Barral, 2017) del escritor colombiano Luis Miguel Rivas. Con una pluma magistral en la que intercala humor negro, lenguaje coloquial y análisis crítico acerca de la dureza que produce la guerra del narcotráfico en su país, Rivas logra recrear un escenario en el que ternura, pobreza, poder, violencia se intercalan en una narrativa frenética, casi asfixiante, pero de la que se sale bien librado gracias a esos momentos hilarantes en los que la risa logra salvarnos del dolor y la tristeza por lo leído.

Ambientado en la ciudad de Villalinda, quizá en la Medellín de los años ochenta y noventa, la ficción toma de la realidad aquellos elementos que la vuelven certera: la lucha por el control del territorio entre dos enconados rivales en los negocios y el narcotráfico (Don Efrem y Moncada), antes amigos, que no cesan en su objetivo de acabar con el otro hasta que lo logran.

En medio de este trazo de realidad que flanquea hoy varios de nuestros pueblos latinoamericanos, ese realismo mágico que aún persiste como signo narrativo de los tiempos actuales aparece en la pluma de Rivas para dejarnos una joya de trama: el negocio que produce la ropa de aquellos que son asesinados en el conflicto, el estatus que ganan, por unos cuantos billetes, muchachos jóvenes que acuden al “distribuidor” de la mercancía ( si, en este caso el cuerpo inerte se convierte en valor de cambio en una sociedad que ha perdido la razón) y las consecuencias que derivan de la puesta en escena de un negocio inimaginable, imposible. Eso que hoy llaman outfit encargado a un cadáver.

Uno de los capítulos que me atraparon relata la transformación sociocultural y material que presentan varios de los pobladores de Villalinda, que son incorporados en los negocios del narcotráfico y asuntos comerciales conexos.

Es posible identificar quienes están en “la actividad” porque sus casas, su entorno, ellos mismos, experimentan cambios inmediatos que solo se explican con su participación en el ilícito negocio. Rivas llama a este cambio el producto de la entrada de “plata nueva” a la ciudad.

En un rápido intercambio con el autor a quien tuve el gusto de conocer este 2025 que ya se acaba en un Festival poético en Buenos Aires, Argentina ( Va Poesía 2025) le comentaba que era inevitable para mí no hacer la extrapolación al contexto costarricense, que ha visto transformaciones inmediatas en sus regiones más deprimidas: la disminución de la pobreza, el aumento de ingresos familiares y el rápido cambio del desempleo a ocupaciones “no declaradas” que solo se explican desde el funcionamiento de esa “plata nueva” , tan finamente construida como concepto por Luis Miguel.

Mientras escribo esta columna, por cierto, aparecen más detalles de la masacre en una cena navideña ocurrida en la localidad de Parrita, en el pacífico costarricense, en la que tres hombres fueron asesinados sin contemplaciones mientras disfrutaban con su familia el convivio de la fecha. Dos de ellos fueron víctimas colaterales.

Está claro: en los últimos años todo el aparataje logístico en la lucha contra el narcotráfico ha sido casualmente desmontado y de alguna manera mucho del aumento sin freno de los homicidios en lo que va de la presente administración en Costa Rica, es consecuencia de ajustes de cuentas, una figura literaria con la que Rivas explica la naturalización de la barbarie en esa ciudad paradójicamente llamada “Villalinda”.

Hemos entrado en una era sin retorno en Costa Rica. Tenemos ya muchas Villalindas en funcionamiento. A la vuelta de la esquina tendremos también líderes políticos empleados por estos poderes fácticos (si es que eso no está sucediendo ya) y serán ellos los que designen las políticas sociales y tomen las decisiones más importantes en el país.

¿Qué hacer? Les tengo una noticia para cerrar este 2025. Por primera vez en cinco años que llevo de compartir esta columna, me quedo sin palabras ante esta realidad que parece ficción. No es derrota: es sentido de lo obvio.

Por lo pronto tenemos como sociedad una oportunidad clara para intentar cambiar el rumbo de las cosas a partir de febrero. Que esa “plata nueva” no se nos convierta en ese nuevo contrato social que tanto buscamos recomponer.

Infraestructura, violencia estructural y seguridad: una reflexión necesaria

Carlos Carranza Villalobos
Sociólogo

Entre otros temas, considero que el derecho a la vida y su relación con la seguridad es un asunto vital, que no puede reducirse únicamente a un enfoque carcelario o punitivo. Es necesario analizarlo desde una perspectiva más amplia, que incluya el grado de violencia estructural existente en nuestra sociedad.

Quisiera referirme, en particular, a la problemática de la infraestructura, la cual adolece de un tratamiento adecuado tanto por su rezago histórico como por la deuda acumulada. Si bien se ha avanzado en algunos aspectos durante las dos últimas administraciones, persisten obras de larga duración —algunas de hasta cinco años—, así como proyectos con inconsistencias que parecen originarse desde el diseño básico, o bien con dificultades en áreas sensibles. En otros casos, se recurre a diseños “forzados” con el fin de concluir las obras.

A ello se suma que los periodos de contratación suelen ser excesivamente largos, por diversas razones. Asimismo, los altos costos de las obras, que con frecuencia se incrementan durante su ejecución, evidencian problemas estructurales, sin dejar de lado la escasa competencia en la realización de estos proyectos.

Sin extenderme más, debe señalarse también la desplanificación urbana, claramente visible en amplios sectores de la Gran Área Metropolitana y en distintos cantones, distritos y localidades del país. A esto se añade un sistema de transporte desarticulado, un tema que merece un análisis más detenido y profundo.

Es indispensable que estos asuntos se debatan y se dialoguen de manera amplia y responsable.