Ir al contenido principal

Etiqueta: seguridad ciudadana

La paradoja del modelo costarricense: luces macroeconómicas y sombras en la seguridad

Escrito en . Publicado en Seguridad.

JoseSo (José Solano-Saborío)

Costa Rica amanece en 2026 bajo un nuevo mandato que promete continuidad mostrando números que convencen al electorado de una realidad distorsionadamente “buena”. Tras la victoria de Laura Fernández y la mayoría suficiente en el congreso del partido taxi del chavismo tico, el país se enfrenta a un espejo estadístico que devuelve una imagen contradictoria: una economía que brilla en los indicadores de organizaciones financieras internacionales, pero que oculta profundas fracturas en su tejido social y, sobre todo, de seguridad ciudadana.

El “Milagro” de las Cifras

Hoy tuve que sacar un rato para resolver una contradicción interna, una disonancia cognitiva al revisar el folleto digital llamado “Costa Rica en Cifras 2025” del INEC, que me envió por WhatsApp mi querido amigo, Álvaro Villalobos, revela un panorama macroeconómico envidiable. El país cerró el 2024 con un crecimiento del PIB del 4,3% y, según datos recientes del Banco Central, la economía se aceleró hasta un 4,6% en 2025. Esta expansión ha sido impulsada principalmente por el régimen de zonas francas, las exportaciones y una recuperación vigorosa del turismo, que alcanzó los 2,9 millones de visitantes.

Más sorprendente aún es la cifra de pobreza, que se situó en un histórico 15,2%. Este descenso, el más bajo en décadas, se explica no solo por el crecimiento del ingreso per cápita (que aumentó un 10,4% en zonas urbanas), sino también por un fenómeno atípico: la deflación. Con una variación interanual del IPC de -0,4% en noviembre de 2025, el costo de la vida se mantuvo estable, permitiendo que más hogares superaran la línea de pobreza monetaria.

La Deuda Social y la Informalidad

Sin embargo, al profundizar en la letra pequeña, la realidad es más matizada. El desempleo ha bajado al 5,7% – 6,3%, pero la informalidad laboral sigue afectando a casi 4 de cada 10 trabajadores (38,3%). Además, la brecha regional es alarmante: mientras la Región Central prospera, zonas como la Brunca y la Huetar Norte presentan niveles de acceso a tecnología y servicios significativamente inferiores.

Expertos señalan que la reducción de la pobreza es frágil. La disminución en la tasa de participación laboral (personas que dejan de buscar empleo) sugiere que parte de la mejora estadística se debe a un retiro de la fuerza de trabajo, especialmente en mujeres y jóvenes.

El Talón de Aquiles: La Seguridad

El éxito económico se desvanece, en la realidad diaria de muchas personas, ante la crisis de seguridad que el gobierno actual no ha logrado contener. Aunque el compendio estadístico destaca cierto desarrollo humano (exceptuando la materia educativa), la realidad en las calles es distinta. Expertos, gremios y expresidentes han criticado la falta de recursos para la Fuerza Pública y la “pérdida de control” ante el crimen organizado.

La tasa de homicidios, que alcanzó niveles récord en 2023 (17,2 por cada 100.000 habitantes), se mantiene como la principal preocupación ciudadana.

La violencia en centros educativos, con más de 25.000 casos reportados, refleja un deterioro en la convivencia social.

Perspectivas para el Nuevo Gobierno

El gobierno “reelecto” (en términos de línea política) recibe un país con una base fiscal sólida y un déficit contenido, pero con una ciudadanía que demanda resultados más allá de los números del Banco Central.

La política pública debe dar un giro desde la estabilidad macro hacia la seguridad humana. No basta con atraer inversión extranjera si no se traduce en empleo formal en las periferias. La continuidad de Laura Fernández enfrentará el desafío de demostrar que el modelo costarricense puede ser eficiente económicamente sin sacrificar la paz social que históricamente definió a la nación. Sin una estrategia clara contra el narcotráfico y la exclusión regional, las luces del 2025 podrían convertirse en las sombras del mañana.

Por último, durante esta auto obligada reflexión de las cifras del mencionado documento, se me vinieron a la mente varios hechos inexplicables de la presente administración, como el traslado de la Academia de la Policía Naval a una zona sin mar, el cierre de delegaciones de la Policía en puntos navales estratégicos por donde circula mucha droga y el retiro de la Policía de Control de Drogas PCD, en aeropuertos y fronteras; que me condujeron a una obligada pregunta:

¿Este será un reto que el continuismo querrá o podrá asumir?…

Ganar seguridad mediante la convivencia

Escrito en . Publicado en Comunidad.

Pedro A. Soto Sánchez

Cómo enfrentar la inseguridad ciudadana es una de las preguntas más frecuentes. Las respuestas son diversas, pero en la mayoría de los casos apuntan hacia un mayor control y presencia policial: restricción de derechos individuales, construcción de mega cárceles, instalación de cámaras de seguridad, incremento de patrullajes y detenciones, entre otras medidas. La preocupación es legítima. El aumento de homicidios y delitos es alarmante.

Las acciones represivas son indispensables. También lo son las reformas al Código Penal y a la normativa vinculada con el control y la sanción del delito, así como la asignación de recursos financieros suficientes para la capacitación, la estabilidad laboral y la especialización de los cuerpos policiales.

Sin embargo, estos cambios y acciones deben complementarse con dos tareas fundamentales que, por básicas, parecieran no desarrollarse con la profundidad y determinación necesarias: la inteligencia y la convivencia.

Profundizar y mejorar la calidad de las labores de inteligencia -especialmente en ámbitos como la legitimación de capitales, las actividades económicas sensibles, las rutas delictivas, los flujos financieros y las estructuras jerárquicas de las organizaciones criminales- es crucial. También lo es identificar y debilitar sus capacidades logísticas y económicas. Esto exige altos niveles de especialización, tecnología adecuada y mayores recursos para los cuerpos de seguridad.

Por otra parte, las comunidades más seguras no son necesariamente las que cuentan con más policías, más cárceles o más detenciones. Son aquellas donde existe mayor y mejor convivencia. Hay que fortalecer las relaciones comunitarias, promover acuerdos y reconstruir el tejido social.

La convivencia se construye mediante proyectos de desarrollo social, el mejoramiento de barrios vulnerables, una educación de calidad y programas culturales ambiciosos que potencien la identidad y la cohesión comunitaria. La organización y participación de la gente es un factor crítico de éxito para una intervención de esta naturaleza. Tiene mayor potencial el trabajo que puedan realizar equipos de promoción y activación social junto a las comunidades organizadas, que la labor llevada a cabo por equipos reducidos de policías municipales o eventos con funcionarios de Fuerza Pública organizando “mejenguitas” en los barrios,

Asimismo, se requiere una estrategia amplia de comunicación pública y la articulación de esfuerzos entre los gobiernos municipales, el gobierno central, las instituciones públicas y privadas y las organizaciones representativas de las comunidades.

A través de una acción coordinada, las municipalidades y las instituciones competentes deben impulsar proyectos de infraestructura con impacto directo en la seguridad. Garantizar que parques, salones comunales, áreas de juego infantil y otros espacios públicos sean escenarios de actividades culturales, deportivas y recreativas es otro mecanismo esencial para fortalecer la convivencia. El espacio público debe ser, ante todo, el espacio de la convivencia.

También es indispensable fomentar un mayor conocimiento de nuestros barrios. Las personas deben conocer su entorno inmediato, su geografía física y social, y ser parte activa de su comunidad.

Enfrentar la inseguridad exige firmeza institucional y cohesión social. Necesitamos un Estado más organizado, más sólido e integral, pero también una ciudadanía más participativa, más comprometida y fortalecida en su tejido social.

Les gusta Bad Bunny

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Y se entusiasman con Dua Lipa, pero también con Malpaís, Taylor Swift, Drake, Olivia, Eminem, Maluma, E-hoy, Clean Girl, y más. Siguen el fútbol y se ilusionan (o desilusionan) con la Sele, con el Barcelona, con el Real Madrid, con Messi y con Keylor. Son una generación que nació y se desarrolla en un país donde, para un buen número, el «pura vida» ha sido una marca. Donde los sicarios solo estaban en canciones de Rubén Blades y el narcotráfico letal era solo una noticia originada en Colombia. Donde nunca había que pensarlo dos veces para salir a cualquier hora de la noche o el día, y donde no existe temor de ser vapuleado por un militar con cara de asesino.

Con el respeto ganado, me dirijo a los que fueron mis estudiantes y también estudiantes de tantos miles de docentes de escuelas, colegios y universidades, que han constituido un sistema educativo mayormente gratuito, que valora la libertad y las iniciativas individuales, que sustenta, en fin, una juventud para la cual la cultura está a la mano, y, algunos dirán, en el infaltable celular. A esa juventud que no concibe lo que es prestar un «servicio militar» para un ejército depravado. Que sabe que en su tierra existe un sistema de garantías constitucionales, que respeta sus derechos humanos, su libertad de movimiento y de reunión, su libre expresión, su derecho a servicios de salud, a la educación, a la justicia, a elegir y ser electo, su privilegio a respirar libertad.

Ustedes, muchachas y muchachos, que casi nunca han tenido que salir de su juvenil burbuja para enfrentar especiales retos democráticos, por sentir que su independencia personal no está en peligro, les tengo una oportuna advertencia. Porque este profesor amigo conoció lo que era vivir bajo una dictadura como la de Pinochet en Chile, no puedo dejar de pasar por alto, evidentes amenazas que se han anunciado para esta adorada Costa Rica. Les cuento que para un tico es muy difícil describir cuánto se degradan emocionalmente las personas sometidas por un gobierno que, sin ton ni son, se le ocurre derogar, por el tiempo que sea, las sagradas garantías individuales. Y es que, si las normas constitucionales fuesen las responsables del deficiente manejo de la seguridad ciudadana, ¡y no las deplorables condiciones sociales que sufren los que han sido lanzados al barril de la miseria extrema!, la candidata presidencial del oficialismo, propone repetir en nuestra Patria, los abusos perpetrados por los dictadores en Chile, Nicaragua y El Salvador. Regímenes que secuestran de sus íntimas viviendas a «presuntos delincuentes», sin órdenes judiciales pertinentes, y sin dejar rastros formales de sus acciones, ni de los desenlaces de sus violaciones. Para ellos, el “toque de queda”, sinónimo de “suspensión de garantías” es representativo de una nueva legalidad, la legalidad de los sátrapas.

Por eso le hablo a usted joven que valora su libertad, sus derechos, su independencia, ¡su vida!, y lo invito a que piense un instante en las consecuencias de esa propuesta arbitraria, nacida en el seno de los que aspiran perpetuarse en el poder para cambiar profundamente la nación que parecen querer destruir.

Cuando se suspenden las garantías constitucionales “por regiones”, como propone Laura Fernández, Nogui Acosta, y otros, específicamente en comunidades miserables de Limón, Puntarenas y el valle central, inevitablemente «pagarían justos por pecadores», pues la «ley de la selva» se aplica a diestra y siniestra, con el pretexto perverso de apresar “a delincuentes”, que por supuesto, no han sido juzgados.

Pienso que quizá otros temas de la campaña electoral no puedan competir con Bad Bunny o Maluma, pues por ahí andan sus gustos, pero jóvenes costarricenses, este asunto si debería merecer de parte de ustedes, momentos de reflexión, pues se estaría dando un paso muy peligroso hacia una Costa Rica mucho menos democrática, y de paso, más violenta.

Por fortuna, su voto es decisivo para evitar que algo semejante pudiese suceder.

Tres razones contra el continuismo

Escrito en . Publicado en Elecciones.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

Un conocido nuestro nos preguntó por qué no debe votarse al continuismo chavista, encarnado en Laura Fernández o sus similares camuflados como Natalia Díaz o José Aguilar.

Quien interroga es un hombre de mediana edad y, -si se me permite el argot tico-, es un breteador insigne, de esos que la pellejean día a día y que no puede darse el lujo de pagarle a la Caja un seguro como trabajador independiente, una persona que no puede tampoco permitirse enfermar e incapacitarse porque si no trabaja, no come. Así es la cruda realidad de muchos costarricenses, más de los que debiera permitirse una democracia plena.

Del inmenso océano de razones que se tienen para no seguir padeciendo el flagelo chavista, se me ocurrió responderle con toda espontaneidad:

  1. Hay que volver a colocar en Zapote a una persona decente. Alguien que hable con un mínimo de respeto; que no grite, que no insulte, que no exacerbe el odio y la revancha. Alguien que no engañe, que no haga de la mentira y la exageración su forma de comunicarse. Alguien, por cierto, que no intente ridiculizar a periodistas independientes que le hacen preguntas incómodas y que no los matonee rodeándolos de sus guardaespaldas.Alguien, en fin, que traiga paz, que baje la tensión y polarización en que nos encontramos y que tenga la inteligencia emocional de buscar consensos, es decir, alguien que se responsabilice del gobierno y no se dedique a buscar culpables.
  2. Hay que evitar el continuismo porque lo peor de este desgobierno no ha sido su vulgaridad y pachuquismo. Lo peor ha sido su ineptitud, su evidente incapacidad para contar con ministros y asesores capaces, su demostrada improvisación y charlatanería desde el día primero nombrando personajes sin preparación ni experiencia en puestos claves y dictando decretos y proyectos de ley inviables. Necesitamos alguien con un mínimo de humildad, que no deshaga, por ejemplo en obra pública, todo lo andado en el pasado por pura arrogancia y prepotencia, sin poder mostrar al final ningún logro significativo propio.
  3. Y por último, le contesto a mi amigo, ciudadano breteador, que este país y esta democracia merecen la pena ser rescatados; que no es posible que el crimen organizado y el narcotráfico hayan alcanzado los niveles de penetración de las instituciones y el control de barrios y pueblos que están consolidando. Le digo que como ex juez especializado en derecho penal, veo con alarma cómo, otra vez este desgobierno, desmanteló controles fronterizos y costeros, saboteó recursos económicos para la Fiscalía y el OIJ, y volvió totalmente ineficientes los escáneres portuarios, puesto que constantemente tenemos noticias de cargamentos de drogas descubiertos en puertos europeos provenientes de nuestra pobre Costa Rica. Hay fundamento para concluir que, ya por negligencia, ya por complicidad, hemos dejado que la peor violencia criminal llegue demasiado lejos.

Termino diciéndole a mi interlocutor: hay que salir a votar, pero en ningún caso por el continuismo de los Fernández, Díaz o Aguilar.

El primer debate de Doña Laura

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Rodrigo Cabezas Moya.

Rodrigo Cabezas Moya

Con mucho interés lo presencié pues hasta ahora solo la había escuchado en intervenciones muy programadas y controladas.

En este debate, donde las preguntas no estaban bajo su control pudimos presenciar la absoluta falta de capacidad, habilidad para evadir responsabilidades y de plano mentir.

Dijo que el desempleo había disminuido durante el presente gobierno cuando la evidencia es todo lo contrario y si no ha subido más es porque quienes solicitan trabajo se cansan de asistir a las ferias de empleo, particularmente los jóvenes.

Dice que la seguridad mejorará en su gobierno con medidas poco claras y con la construcción de una mega cárcel cuya primera piedra será puesta a cuatro semanas de las elecciones, con la presencia del Sr. Bukele. ¿Será verdad que la construye?

No pudo explicar la razón de eliminar el Servicio de Guardacostas de la Bahía de Drake en donde sabe es el sitio por donde entran las drogas ni la razón de eliminar la Policía de Control de Drogas de las fronteras y aeropuertos.

Puso como ejemplo de las obras hechas por su gobierno el Hospital de Puntarenas, construido por el gobierno anterior, donde no tuvo ninguna participación el actual, excepto por su inauguración.

Espero que muchos costarricenses la hayan escuchado y así poder valorar qué dicen y qué no dicen los candidatos.

Plata nueva

Escrito en . Publicado en Cultura.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Recién en estos días de descanso termino de leer la novela “Era más grande el muerto” (Editorial Seix Barral, 2017) del escritor colombiano Luis Miguel Rivas. Con una pluma magistral en la que intercala humor negro, lenguaje coloquial y análisis crítico acerca de la dureza que produce la guerra del narcotráfico en su país, Rivas logra recrear un escenario en el que ternura, pobreza, poder, violencia se intercalan en una narrativa frenética, casi asfixiante, pero de la que se sale bien librado gracias a esos momentos hilarantes en los que la risa logra salvarnos del dolor y la tristeza por lo leído.

Ambientado en la ciudad de Villalinda, quizá en la Medellín de los años ochenta y noventa, la ficción toma de la realidad aquellos elementos que la vuelven certera: la lucha por el control del territorio entre dos enconados rivales en los negocios y el narcotráfico (Don Efrem y Moncada), antes amigos, que no cesan en su objetivo de acabar con el otro hasta que lo logran.

En medio de este trazo de realidad que flanquea hoy varios de nuestros pueblos latinoamericanos, ese realismo mágico que aún persiste como signo narrativo de los tiempos actuales aparece en la pluma de Rivas para dejarnos una joya de trama: el negocio que produce la ropa de aquellos que son asesinados en el conflicto, el estatus que ganan, por unos cuantos billetes, muchachos jóvenes que acuden al “distribuidor” de la mercancía ( si, en este caso el cuerpo inerte se convierte en valor de cambio en una sociedad que ha perdido la razón) y las consecuencias que derivan de la puesta en escena de un negocio inimaginable, imposible. Eso que hoy llaman outfit encargado a un cadáver.

Uno de los capítulos que me atraparon relata la transformación sociocultural y material que presentan varios de los pobladores de Villalinda, que son incorporados en los negocios del narcotráfico y asuntos comerciales conexos.

Es posible identificar quienes están en “la actividad” porque sus casas, su entorno, ellos mismos, experimentan cambios inmediatos que solo se explican con su participación en el ilícito negocio. Rivas llama a este cambio el producto de la entrada de “plata nueva” a la ciudad.

En un rápido intercambio con el autor a quien tuve el gusto de conocer este 2025 que ya se acaba en un Festival poético en Buenos Aires, Argentina ( Va Poesía 2025) le comentaba que era inevitable para mí no hacer la extrapolación al contexto costarricense, que ha visto transformaciones inmediatas en sus regiones más deprimidas: la disminución de la pobreza, el aumento de ingresos familiares y el rápido cambio del desempleo a ocupaciones “no declaradas” que solo se explican desde el funcionamiento de esa “plata nueva” , tan finamente construida como concepto por Luis Miguel.

Mientras escribo esta columna, por cierto, aparecen más detalles de la masacre en una cena navideña ocurrida en la localidad de Parrita, en el pacífico costarricense, en la que tres hombres fueron asesinados sin contemplaciones mientras disfrutaban con su familia el convivio de la fecha. Dos de ellos fueron víctimas colaterales.

Está claro: en los últimos años todo el aparataje logístico en la lucha contra el narcotráfico ha sido casualmente desmontado y de alguna manera mucho del aumento sin freno de los homicidios en lo que va de la presente administración en Costa Rica, es consecuencia de ajustes de cuentas, una figura literaria con la que Rivas explica la naturalización de la barbarie en esa ciudad paradójicamente llamada “Villalinda”.

Hemos entrado en una era sin retorno en Costa Rica. Tenemos ya muchas Villalindas en funcionamiento. A la vuelta de la esquina tendremos también líderes políticos empleados por estos poderes fácticos (si es que eso no está sucediendo ya) y serán ellos los que designen las políticas sociales y tomen las decisiones más importantes en el país.

¿Qué hacer? Les tengo una noticia para cerrar este 2025. Por primera vez en cinco años que llevo de compartir esta columna, me quedo sin palabras ante esta realidad que parece ficción. No es derrota: es sentido de lo obvio.

Por lo pronto tenemos como sociedad una oportunidad clara para intentar cambiar el rumbo de las cosas a partir de febrero. Que esa “plata nueva” no se nos convierta en ese nuevo contrato social que tanto buscamos recomponer.

Infraestructura, violencia estructural y seguridad: una reflexión necesaria

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Carlos Carranza Villalobos
Sociólogo

Entre otros temas, considero que el derecho a la vida y su relación con la seguridad es un asunto vital, que no puede reducirse únicamente a un enfoque carcelario o punitivo. Es necesario analizarlo desde una perspectiva más amplia, que incluya el grado de violencia estructural existente en nuestra sociedad.

Quisiera referirme, en particular, a la problemática de la infraestructura, la cual adolece de un tratamiento adecuado tanto por su rezago histórico como por la deuda acumulada. Si bien se ha avanzado en algunos aspectos durante las dos últimas administraciones, persisten obras de larga duración —algunas de hasta cinco años—, así como proyectos con inconsistencias que parecen originarse desde el diseño básico, o bien con dificultades en áreas sensibles. En otros casos, se recurre a diseños “forzados” con el fin de concluir las obras.

A ello se suma que los periodos de contratación suelen ser excesivamente largos, por diversas razones. Asimismo, los altos costos de las obras, que con frecuencia se incrementan durante su ejecución, evidencian problemas estructurales, sin dejar de lado la escasa competencia en la realización de estos proyectos.

Sin extenderme más, debe señalarse también la desplanificación urbana, claramente visible en amplios sectores de la Gran Área Metropolitana y en distintos cantones, distritos y localidades del país. A esto se añade un sistema de transporte desarticulado, un tema que merece un análisis más detenido y profundo.

Es indispensable que estos asuntos se debatan y se dialoguen de manera amplia y responsable.

El retroceso del Estado y el avance del narco

Escrito en . Publicado en Análisis.

Welmer Ramos González, economista

Costa Rica enfrenta un momento decisivo. Mientras el crimen organizado se expande con rapidez, el Estado parece avanzar en sentido contrario: repliega capacidades, debilita instituciones clave y reduce su presencia en territorios estratégicos. No son percepciones ni alarmismos; son hechos ocurridos en los últimos tres años que, por acción u omisión, han deteriorado la capacidad del país para enfrentar el narcotráfico en un contexto regional crítico.

Las motivaciones detrás de estas decisiones podrán discutirse, pero sus efectos ya están a la vista. Ninguna se ajusta a la complejidad del crimen organizado moderno ni a las mejores prácticas internacionales. Pueden no responder a un plan deliberado o a vínculos irregulares; simplemente son decisiones incompatibles con el momento histórico y riesgosas para un país cuyo principal patrimonio es su institucionalidad democrática. La seguridad no se sostiene con discursos altisonantes ni con confrontaciones políticas; se sostiene con inteligencia, cooperación, coordinación y presencia efectiva del Estado.

Mientras tanto, la realidad avanza sin pausa. El crecimiento de los homicidios vinculados al sicariato y a disputas territoriales confirma que las organizaciones criminales operan con mayor libertad y recursos. Cuando los grupos delictivos se sienten dueños del territorio, la violencia deja de ser excepción y se convierte en norma. Por eso urge examinar las decisiones recientes que, acumuladas, configuran un patrón preocupante de debilitamiento institucional.

Un Estado que retrocede donde el narco avanza

En junio de 2023, el retiro del Servicio Nacional de Guardacostas de Bahía Drake redujo la vigilancia en un punto históricamente utilizado para desembarcos y transbordos de droga. Un año después ocurrió algo similar en Sixaola, en la frontera Caribe con Panamá, otro corredor sensible para el crimen transfronterizo. Ambas medidas responden al mismo patrón: repliegue operativo justo en zonas donde los grupos criminales buscan expandir rutas marítimas y terrestres.

A esto se sumó, en 2024, el retiro de la Policía de Control de Drogas (PCD) de los puestos fronterizos, aeropuertos y muelles del país. Pocas decisiones afectan tanto la capacidad del Estado como sacar a la policía antidrogas de los principales puntos de ingreso al país. El resultado es evidente: menos interceptación, menor inteligencia en campo y mayor libertad para las redes delictivas que operan hacia el resto del territorio.

Otra decisión cuestionable llegó en marzo de 2024: trasladar la Academia Nacional de Guardacostas desde Quepos, un entorno costero ideal para la formación marítima, hacia Pococí, un cantón sin acceso al mar. Formar guardacostas lejos de las costas, y entrenar operaciones marítimas sin mar, contradice la lógica elemental de la profesionalización policial en un país cuya seguridad depende en buena medida del control marítimo.

Las fragilidades tampoco se limitan a fronteras y entrenamiento. Entre 2024 y 2025, más del 73% de la mercancía que entró o salió por Moín no fue escaneada, según lo muestra una evaluación de la Contraloría General de la República. La mayoría de los contenedores se despachó sin revisión adecuada, abriendo una puerta enorme para la contaminación de exportaciones. La consecuencia no tardó en aparecer: varios cargamentos provenientes de Costa Rica fueron incautados en puertos europeos. Una vez que una ruta internacional se consolida, revertirla es extraordinariamente difícil.

Igualmente, en materia de ingreso de mercancías, la Contraloría General de la República advirtió en diciembre de 2024 un “debilitamiento en los controles” aduaneros, situación que incrementa los riesgos de corrupción y contrabando. Los informes señalan además una “disminución del personal de inspección” en puntos estratégicos del país, lo que abre la puerta al internamiento de mercancías ilícitas, al robo y a la evasión de controles que comprometen el resto de los objetivos institucionales. (DFOE-FIP-SGP-00002-2024)

A ello se suma un hecho innegable: los dos últimos ministros de Hacienda han sido férreos opositores a dotar al OIJ, a la Fiscalía y a la Policía Judicial de los recursos necesarios para enfrentar al crimen organizado. Sus esfuerzos reiterados por recortar estos presupuestos, justamente en el periodo de mayor violencia en décadas, contradicen cualquier discurso de fortalecimiento institucional. Como advirtió el director del OIJ, “cada colón recortado es un espaldarazo al crimen organizado”.

Dos corolarios, al menos, se relacionan directamente con lo expuesto. Primero, tal como advierte el Estado de la Nación, se observa una actividad económica de origen incierto que genera transferencias difusas con un impacto relevante sobre la dinámica nacional. Segundo, persiste la asombrosa caída del precio del dólar que, pese a todos los malabares explicativos, sigue acompañada por copiosas entradas de capitales cuya procedencia resulta difícil de esclarecer.

Un rumbo que debe corregirse

El gobierno que asuma en 2026 tendrá la responsabilidad de corregir este rumbo con seriedad y visión de Estado. Para lograrlo, deberá ejercer un acto básico de madurez republicana: reconocer errores, rectificar sin soberbia y permitir que quienes conocen el tema contribuyan con soluciones. Costa Rica no puede seguir gastando energías en confrontaciones estériles con otros Poderes de la República mientras los verdaderos enemigos, las redes criminales que erosionan la seguridad, la economía y la institucionalidad democrática; avanzan con plena claridad estratégica.

La evidencia demuestra que la actual línea de acción es insuficiente y está desalineada con las mejores prácticas internacionales. Persistir en ella sería un riesgo que el país no puede permitirse. Rectificar no es una muestra de debilidad; es un acto de responsabilidad democrática. Y ese es el liderazgo que Costa Rica necesita con urgencia.

Escenario peligroso

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

La deriva a la que se dirige Costa Rica en los próximos meses es tal vez la de mayor riesgo en toda su historia democrática.

La ecuación populismo + inseguridad + efectismo, podría terminar de dar la estocada a ese proyecto sociocultural que se viene clausurando desde hace varios años en que integración horizontal y consenso vertical aseguraron las reglas del juego social e institucional.

La reciente aprobación en segundo debate legislativo, del proyecto de instalación de una megacarcel en el país, plantea un cambio sin retorno hacia una peligrosa transformación en el procesamiento de las demandas sociales.

Este hecho pasó sin mucho análisis, quizá porque es tal la perplejidad y cansancio o tal vez porque se prefiere una respuesta de tal magnitud ante la incontenibilidad de la violencia que no cede. Prefiero pensar en la primera opción.

Un proyecto que le otorga 8.000 millones de su presupuesto ordinario para ofrecer una respuesta represiva al crimen organizado dice mucho de esa sociedad que somos y que ya no podemos obviar. Nos estamos acercando de forma alarmante a ese espejo que nos devolverá una imagen que nunca quisimos ver.

Hace algunas semanas, el valiente equipo periodístico de El Faro, proyecto de comunicación independiente y alternativo de El Salvador, sacó a la luz pública una investigación en la que obtuvieron información sobre lo que había pasado con ciudadanos comunes, detenidos y enviados a la cárcel modelo instalada por el gobierno de Nayib Bukele.

Según cuenta la publicación, las narraciones son atroces: asesinatos perpetrados a golpes por custodios; torturas elaboradas que implican colgar gente, colocarles ladrillos o usar gas lacrimógeno; abortos; enfermedades sin atención y hambre extrema. Todo esto narrado por 27 personas liberadas de este régimen carcelario, que no eran pandilleros y que vivieron en primera persona los horrores extremos a los que fueron sometidos en ese “modelo” al cual Costa Rica acude ahora alegre, rápida y peligrosamente.

Lo de El Faro es otra consideración que debe hacerse notar. Es de sobra conocido que la mayoría de su equipo periodístico tuvo que salir de El Salvador como consecuencia de su enfoque crítico en contra de las acciones gubernamentales.

En Costa Rica hemos estado observando que algunos periodistas empiezan a perder su empleo o son removidos como producto de sus opiniones y enfrentamientos con el poder ejecutivo: una peligrosa tendencia que podría anunciar los refrenos a la libertad de expresión, de la que tanto hemos hablado como reducto de un otrora sistema democrático robusto.

A la vuelta de la equina, dentro de poco, un proceso eleccionario anuncia una bizagra hacia una época de la cual podríamos no salir exitosamente como país. El tema securitario será sin duda la apuesta hacia la continuidad de quienes hoy nos gobiernan, utilizando la megacarcel como proyecto estrella al que estamos seguros la población apoyará luego de un hábil manejo comunicativo.

Seamos críticos y pongamos estos escenarios en perspectiva. Luego podría ser demasiado tarde.

Proyecto busca legalizar comercialización de datos sensibles de las personas

Escrito en . Publicado en Derechos.

OMERCON

El Proyecto de Ley N.° 24.374 pretende legalizar la comercialización de información sensible de las personas. Esta propuesta busca legitimar el negocio de la venta de datos confidenciales, obtenidos por entidades financieras y comerciales de personas físicas o jurídicas privadas. En esencia, convierte la información personal en una mercancía más, intercambiada por una suma de dinero.

Este peligroso proyecto permitiría que personas y empresas recopilen, gestionen, almacenen, procesen y comercialicen información crediticia relacionada con el historial de pagos de individuos o empresas que figuran como deudores, codeudores o fiadores en operaciones de crédito otorgadas en Costa Rica. Es decir, parte de su historial privado podrá ser vendido y comprado sin su consentimiento, simplemente porque representa un negocio rentable para algunos, aunque eso ponga en riesgo su tranquilidad y seguridad.

Disfrazado como una iniciativa para proteger a los consumidores y facilitar el acceso al crédito, este proyecto propone que entidades privadas puedan acceder y vender información tanto del cumplimiento como del incumplimiento de las obligaciones crediticias, actualmente en poder de los acreedores. Los motivos detrás de esta propuesta son claramente mercantiles, ya que esas bases de datos tienen un valor de cientos de miles de dólares.

El proyecto obligaría a los entes que otorgan crédito a trasladar a empresas privadas tanto la información sobre morosidad como sobre créditos al día, datos que hasta hoy se consideran de carácter sensible.

“La información que se maneja es esencialmente información de incumplimiento, por falta de previsión expresa regulatoria. De esta forma, esta información resulta de cierta manera incompleta y no permite un análisis total de las situaciones”, indica el proyecto en su exposición de motivos.

La falta de control oficial sobre los datos de los créditos activos, los montos pagados mensualmente, los ingresos devengados, el efectivo manejado, y la situación de fiadores o codeudores, eleva exponencialmente el riesgo de que esa información personal circule entre terceros privados. Esto no solo vulnera la privacidad de las personas, sino que también puede ser utilizada para fines delictivos, como extorsión, secuestros o incluso asesinatos, en una Costa Rica cada vez más violenta e insegura.

Nada de lo que plantea este proyecto resulta necesario hoy en día, ya que la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), ente estatal, cuenta con una base de datos centralizada sobre toda la población costarricense. Dicha información puede ser consultada individualmente por los entes financieros formales que otorgan crédito, a través del Centro de Información Crediticia (CIC).

De hecho, hace pocos años las cámaras empresariales solicitaron, con acierto, que fuera el Banco Central de Costa Rica el único administrador del registro de accionistas, precisamente por la sensibilidad de esa información y el riesgo de que terminara en manos indebidas.

Resulta inaceptable que, por medio de una ley, se pretenda autorizar a empresas privadas para vender información personal y sensible de la ciudadanía costarricense. Cualquier error en esa información podría generar graves daños reputacionales y personales. Hoy más bien deberíamos eliminar del mercado a ciertas empresas que ya se lucran con parte de estos datos.

Existen compañías que hoy venden información personal obtenida de forma engañosa mediante cláusulas abusivas en contratos de adhesión, o bien comercializada ilegalmente, incluso hackeada de bases de datos. Muchas veces, además, se trata de información falsa. Contra este tipo de prácticas deberíamos actuar como sociedad para eliminar ese negocio ilegal y perjudicial.

Cerca de un millón de costarricenses han visto afectado su historial crediticio por entes financieros que, tras promover créditos de consumo sabiendo que comprometerían en exceso su capacidad de pago, hoy los acosan para cobrar. Con este proyecto, esas personas no solo deberán limpiar su historial ante la SUGEF, sino que también tendrán que lidiar con trámites, pagos y pérdida de tiempo para corregir su información en múltiples entidades privadas que podrían estar manejando sus datos sensibles.

Estamos conscientes del crecimiento de grupos delictivos vinculados al narcotráfico, lavado de dinero y mafias extorsivas, los cuales no dudarán en aprovechar estas brechas para su propio beneficio. Por una suma de dinero, podrían acceder a información sobre cuánto gana una persona, cuándo desembolsa dinero o cuándo paga sus créditos. No solo porque las empresas que negocian con esta información se los vendan, sino porque incluso podrían comprar dichas empresas o crear las suyas propias, todo de manera legal.

Llama la atención que algunos sectores que apoyan este proyecto, se opongan al mismo tiempo a que el Banco Central de Costa Rica pueda cruzar información para identificar riesgos en el manejo del dinero por parte de los intermediarios financieros —dinero que, al final, es de la sociedad. Incluso han propuesto que el BCCR no pueda acceder ni utilizar esa información, que con este nuevo proyecto se pretende dejar en manos privadas y disponibles para la comercialización.

Es fundamental que las organizaciones de la sociedad civil nos manifestemos en contra.

Observatorio del Mercado y Derechos del Consumidor