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Etiqueta: seguridad ciudadana

Plata nueva

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Recién en estos días de descanso termino de leer la novela “Era más grande el muerto” (Editorial Seix Barral, 2017) del escritor colombiano Luis Miguel Rivas. Con una pluma magistral en la que intercala humor negro, lenguaje coloquial y análisis crítico acerca de la dureza que produce la guerra del narcotráfico en su país, Rivas logra recrear un escenario en el que ternura, pobreza, poder, violencia se intercalan en una narrativa frenética, casi asfixiante, pero de la que se sale bien librado gracias a esos momentos hilarantes en los que la risa logra salvarnos del dolor y la tristeza por lo leído.

Ambientado en la ciudad de Villalinda, quizá en la Medellín de los años ochenta y noventa, la ficción toma de la realidad aquellos elementos que la vuelven certera: la lucha por el control del territorio entre dos enconados rivales en los negocios y el narcotráfico (Don Efrem y Moncada), antes amigos, que no cesan en su objetivo de acabar con el otro hasta que lo logran.

En medio de este trazo de realidad que flanquea hoy varios de nuestros pueblos latinoamericanos, ese realismo mágico que aún persiste como signo narrativo de los tiempos actuales aparece en la pluma de Rivas para dejarnos una joya de trama: el negocio que produce la ropa de aquellos que son asesinados en el conflicto, el estatus que ganan, por unos cuantos billetes, muchachos jóvenes que acuden al “distribuidor” de la mercancía ( si, en este caso el cuerpo inerte se convierte en valor de cambio en una sociedad que ha perdido la razón) y las consecuencias que derivan de la puesta en escena de un negocio inimaginable, imposible. Eso que hoy llaman outfit encargado a un cadáver.

Uno de los capítulos que me atraparon relata la transformación sociocultural y material que presentan varios de los pobladores de Villalinda, que son incorporados en los negocios del narcotráfico y asuntos comerciales conexos.

Es posible identificar quienes están en “la actividad” porque sus casas, su entorno, ellos mismos, experimentan cambios inmediatos que solo se explican con su participación en el ilícito negocio. Rivas llama a este cambio el producto de la entrada de “plata nueva” a la ciudad.

En un rápido intercambio con el autor a quien tuve el gusto de conocer este 2025 que ya se acaba en un Festival poético en Buenos Aires, Argentina ( Va Poesía 2025) le comentaba que era inevitable para mí no hacer la extrapolación al contexto costarricense, que ha visto transformaciones inmediatas en sus regiones más deprimidas: la disminución de la pobreza, el aumento de ingresos familiares y el rápido cambio del desempleo a ocupaciones “no declaradas” que solo se explican desde el funcionamiento de esa “plata nueva” , tan finamente construida como concepto por Luis Miguel.

Mientras escribo esta columna, por cierto, aparecen más detalles de la masacre en una cena navideña ocurrida en la localidad de Parrita, en el pacífico costarricense, en la que tres hombres fueron asesinados sin contemplaciones mientras disfrutaban con su familia el convivio de la fecha. Dos de ellos fueron víctimas colaterales.

Está claro: en los últimos años todo el aparataje logístico en la lucha contra el narcotráfico ha sido casualmente desmontado y de alguna manera mucho del aumento sin freno de los homicidios en lo que va de la presente administración en Costa Rica, es consecuencia de ajustes de cuentas, una figura literaria con la que Rivas explica la naturalización de la barbarie en esa ciudad paradójicamente llamada “Villalinda”.

Hemos entrado en una era sin retorno en Costa Rica. Tenemos ya muchas Villalindas en funcionamiento. A la vuelta de la esquina tendremos también líderes políticos empleados por estos poderes fácticos (si es que eso no está sucediendo ya) y serán ellos los que designen las políticas sociales y tomen las decisiones más importantes en el país.

¿Qué hacer? Les tengo una noticia para cerrar este 2025. Por primera vez en cinco años que llevo de compartir esta columna, me quedo sin palabras ante esta realidad que parece ficción. No es derrota: es sentido de lo obvio.

Por lo pronto tenemos como sociedad una oportunidad clara para intentar cambiar el rumbo de las cosas a partir de febrero. Que esa “plata nueva” no se nos convierta en ese nuevo contrato social que tanto buscamos recomponer.

Infraestructura, violencia estructural y seguridad: una reflexión necesaria

Carlos Carranza Villalobos
Sociólogo

Entre otros temas, considero que el derecho a la vida y su relación con la seguridad es un asunto vital, que no puede reducirse únicamente a un enfoque carcelario o punitivo. Es necesario analizarlo desde una perspectiva más amplia, que incluya el grado de violencia estructural existente en nuestra sociedad.

Quisiera referirme, en particular, a la problemática de la infraestructura, la cual adolece de un tratamiento adecuado tanto por su rezago histórico como por la deuda acumulada. Si bien se ha avanzado en algunos aspectos durante las dos últimas administraciones, persisten obras de larga duración —algunas de hasta cinco años—, así como proyectos con inconsistencias que parecen originarse desde el diseño básico, o bien con dificultades en áreas sensibles. En otros casos, se recurre a diseños “forzados” con el fin de concluir las obras.

A ello se suma que los periodos de contratación suelen ser excesivamente largos, por diversas razones. Asimismo, los altos costos de las obras, que con frecuencia se incrementan durante su ejecución, evidencian problemas estructurales, sin dejar de lado la escasa competencia en la realización de estos proyectos.

Sin extenderme más, debe señalarse también la desplanificación urbana, claramente visible en amplios sectores de la Gran Área Metropolitana y en distintos cantones, distritos y localidades del país. A esto se añade un sistema de transporte desarticulado, un tema que merece un análisis más detenido y profundo.

Es indispensable que estos asuntos se debatan y se dialoguen de manera amplia y responsable.

El retroceso del Estado y el avance del narco

Welmer Ramos González, economista

Costa Rica enfrenta un momento decisivo. Mientras el crimen organizado se expande con rapidez, el Estado parece avanzar en sentido contrario: repliega capacidades, debilita instituciones clave y reduce su presencia en territorios estratégicos. No son percepciones ni alarmismos; son hechos ocurridos en los últimos tres años que, por acción u omisión, han deteriorado la capacidad del país para enfrentar el narcotráfico en un contexto regional crítico.

Las motivaciones detrás de estas decisiones podrán discutirse, pero sus efectos ya están a la vista. Ninguna se ajusta a la complejidad del crimen organizado moderno ni a las mejores prácticas internacionales. Pueden no responder a un plan deliberado o a vínculos irregulares; simplemente son decisiones incompatibles con el momento histórico y riesgosas para un país cuyo principal patrimonio es su institucionalidad democrática. La seguridad no se sostiene con discursos altisonantes ni con confrontaciones políticas; se sostiene con inteligencia, cooperación, coordinación y presencia efectiva del Estado.

Mientras tanto, la realidad avanza sin pausa. El crecimiento de los homicidios vinculados al sicariato y a disputas territoriales confirma que las organizaciones criminales operan con mayor libertad y recursos. Cuando los grupos delictivos se sienten dueños del territorio, la violencia deja de ser excepción y se convierte en norma. Por eso urge examinar las decisiones recientes que, acumuladas, configuran un patrón preocupante de debilitamiento institucional.

Un Estado que retrocede donde el narco avanza

En junio de 2023, el retiro del Servicio Nacional de Guardacostas de Bahía Drake redujo la vigilancia en un punto históricamente utilizado para desembarcos y transbordos de droga. Un año después ocurrió algo similar en Sixaola, en la frontera Caribe con Panamá, otro corredor sensible para el crimen transfronterizo. Ambas medidas responden al mismo patrón: repliegue operativo justo en zonas donde los grupos criminales buscan expandir rutas marítimas y terrestres.

A esto se sumó, en 2024, el retiro de la Policía de Control de Drogas (PCD) de los puestos fronterizos, aeropuertos y muelles del país. Pocas decisiones afectan tanto la capacidad del Estado como sacar a la policía antidrogas de los principales puntos de ingreso al país. El resultado es evidente: menos interceptación, menor inteligencia en campo y mayor libertad para las redes delictivas que operan hacia el resto del territorio.

Otra decisión cuestionable llegó en marzo de 2024: trasladar la Academia Nacional de Guardacostas desde Quepos, un entorno costero ideal para la formación marítima, hacia Pococí, un cantón sin acceso al mar. Formar guardacostas lejos de las costas, y entrenar operaciones marítimas sin mar, contradice la lógica elemental de la profesionalización policial en un país cuya seguridad depende en buena medida del control marítimo.

Las fragilidades tampoco se limitan a fronteras y entrenamiento. Entre 2024 y 2025, más del 73% de la mercancía que entró o salió por Moín no fue escaneada, según lo muestra una evaluación de la Contraloría General de la República. La mayoría de los contenedores se despachó sin revisión adecuada, abriendo una puerta enorme para la contaminación de exportaciones. La consecuencia no tardó en aparecer: varios cargamentos provenientes de Costa Rica fueron incautados en puertos europeos. Una vez que una ruta internacional se consolida, revertirla es extraordinariamente difícil.

Igualmente, en materia de ingreso de mercancías, la Contraloría General de la República advirtió en diciembre de 2024 un “debilitamiento en los controles” aduaneros, situación que incrementa los riesgos de corrupción y contrabando. Los informes señalan además una “disminución del personal de inspección” en puntos estratégicos del país, lo que abre la puerta al internamiento de mercancías ilícitas, al robo y a la evasión de controles que comprometen el resto de los objetivos institucionales. (DFOE-FIP-SGP-00002-2024)

A ello se suma un hecho innegable: los dos últimos ministros de Hacienda han sido férreos opositores a dotar al OIJ, a la Fiscalía y a la Policía Judicial de los recursos necesarios para enfrentar al crimen organizado. Sus esfuerzos reiterados por recortar estos presupuestos, justamente en el periodo de mayor violencia en décadas, contradicen cualquier discurso de fortalecimiento institucional. Como advirtió el director del OIJ, “cada colón recortado es un espaldarazo al crimen organizado”.

Dos corolarios, al menos, se relacionan directamente con lo expuesto. Primero, tal como advierte el Estado de la Nación, se observa una actividad económica de origen incierto que genera transferencias difusas con un impacto relevante sobre la dinámica nacional. Segundo, persiste la asombrosa caída del precio del dólar que, pese a todos los malabares explicativos, sigue acompañada por copiosas entradas de capitales cuya procedencia resulta difícil de esclarecer.

Un rumbo que debe corregirse

El gobierno que asuma en 2026 tendrá la responsabilidad de corregir este rumbo con seriedad y visión de Estado. Para lograrlo, deberá ejercer un acto básico de madurez republicana: reconocer errores, rectificar sin soberbia y permitir que quienes conocen el tema contribuyan con soluciones. Costa Rica no puede seguir gastando energías en confrontaciones estériles con otros Poderes de la República mientras los verdaderos enemigos, las redes criminales que erosionan la seguridad, la economía y la institucionalidad democrática; avanzan con plena claridad estratégica.

La evidencia demuestra que la actual línea de acción es insuficiente y está desalineada con las mejores prácticas internacionales. Persistir en ella sería un riesgo que el país no puede permitirse. Rectificar no es una muestra de debilidad; es un acto de responsabilidad democrática. Y ese es el liderazgo que Costa Rica necesita con urgencia.

Escenario peligroso

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

La deriva a la que se dirige Costa Rica en los próximos meses es tal vez la de mayor riesgo en toda su historia democrática.

La ecuación populismo + inseguridad + efectismo, podría terminar de dar la estocada a ese proyecto sociocultural que se viene clausurando desde hace varios años en que integración horizontal y consenso vertical aseguraron las reglas del juego social e institucional.

La reciente aprobación en segundo debate legislativo, del proyecto de instalación de una megacarcel en el país, plantea un cambio sin retorno hacia una peligrosa transformación en el procesamiento de las demandas sociales.

Este hecho pasó sin mucho análisis, quizá porque es tal la perplejidad y cansancio o tal vez porque se prefiere una respuesta de tal magnitud ante la incontenibilidad de la violencia que no cede. Prefiero pensar en la primera opción.

Un proyecto que le otorga 8.000 millones de su presupuesto ordinario para ofrecer una respuesta represiva al crimen organizado dice mucho de esa sociedad que somos y que ya no podemos obviar. Nos estamos acercando de forma alarmante a ese espejo que nos devolverá una imagen que nunca quisimos ver.

Hace algunas semanas, el valiente equipo periodístico de El Faro, proyecto de comunicación independiente y alternativo de El Salvador, sacó a la luz pública una investigación en la que obtuvieron información sobre lo que había pasado con ciudadanos comunes, detenidos y enviados a la cárcel modelo instalada por el gobierno de Nayib Bukele.

Según cuenta la publicación, las narraciones son atroces: asesinatos perpetrados a golpes por custodios; torturas elaboradas que implican colgar gente, colocarles ladrillos o usar gas lacrimógeno; abortos; enfermedades sin atención y hambre extrema. Todo esto narrado por 27 personas liberadas de este régimen carcelario, que no eran pandilleros y que vivieron en primera persona los horrores extremos a los que fueron sometidos en ese “modelo” al cual Costa Rica acude ahora alegre, rápida y peligrosamente.

Lo de El Faro es otra consideración que debe hacerse notar. Es de sobra conocido que la mayoría de su equipo periodístico tuvo que salir de El Salvador como consecuencia de su enfoque crítico en contra de las acciones gubernamentales.

En Costa Rica hemos estado observando que algunos periodistas empiezan a perder su empleo o son removidos como producto de sus opiniones y enfrentamientos con el poder ejecutivo: una peligrosa tendencia que podría anunciar los refrenos a la libertad de expresión, de la que tanto hemos hablado como reducto de un otrora sistema democrático robusto.

A la vuelta de la equina, dentro de poco, un proceso eleccionario anuncia una bizagra hacia una época de la cual podríamos no salir exitosamente como país. El tema securitario será sin duda la apuesta hacia la continuidad de quienes hoy nos gobiernan, utilizando la megacarcel como proyecto estrella al que estamos seguros la población apoyará luego de un hábil manejo comunicativo.

Seamos críticos y pongamos estos escenarios en perspectiva. Luego podría ser demasiado tarde.

Proyecto busca legalizar comercialización de datos sensibles de las personas

OMERCON

El Proyecto de Ley N.° 24.374 pretende legalizar la comercialización de información sensible de las personas. Esta propuesta busca legitimar el negocio de la venta de datos confidenciales, obtenidos por entidades financieras y comerciales de personas físicas o jurídicas privadas. En esencia, convierte la información personal en una mercancía más, intercambiada por una suma de dinero.

Este peligroso proyecto permitiría que personas y empresas recopilen, gestionen, almacenen, procesen y comercialicen información crediticia relacionada con el historial de pagos de individuos o empresas que figuran como deudores, codeudores o fiadores en operaciones de crédito otorgadas en Costa Rica. Es decir, parte de su historial privado podrá ser vendido y comprado sin su consentimiento, simplemente porque representa un negocio rentable para algunos, aunque eso ponga en riesgo su tranquilidad y seguridad.

Disfrazado como una iniciativa para proteger a los consumidores y facilitar el acceso al crédito, este proyecto propone que entidades privadas puedan acceder y vender información tanto del cumplimiento como del incumplimiento de las obligaciones crediticias, actualmente en poder de los acreedores. Los motivos detrás de esta propuesta son claramente mercantiles, ya que esas bases de datos tienen un valor de cientos de miles de dólares.

El proyecto obligaría a los entes que otorgan crédito a trasladar a empresas privadas tanto la información sobre morosidad como sobre créditos al día, datos que hasta hoy se consideran de carácter sensible.

La información que se maneja es esencialmente información de incumplimiento, por falta de previsión expresa regulatoria. De esta forma, esta información resulta de cierta manera incompleta y no permite un análisis total de las situaciones”, indica el proyecto en su exposición de motivos.

La falta de control oficial sobre los datos de los créditos activos, los montos pagados mensualmente, los ingresos devengados, el efectivo manejado, y la situación de fiadores o codeudores, eleva exponencialmente el riesgo de que esa información personal circule entre terceros privados. Esto no solo vulnera la privacidad de las personas, sino que también puede ser utilizada para fines delictivos, como extorsión, secuestros o incluso asesinatos, en una Costa Rica cada vez más violenta e insegura.

Nada de lo que plantea este proyecto resulta necesario hoy en día, ya que la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), ente estatal, cuenta con una base de datos centralizada sobre toda la población costarricense. Dicha información puede ser consultada individualmente por los entes financieros formales que otorgan crédito, a través del Centro de Información Crediticia (CIC).

De hecho, hace pocos años las cámaras empresariales solicitaron, con acierto, que fuera el Banco Central de Costa Rica el único administrador del registro de accionistas, precisamente por la sensibilidad de esa información y el riesgo de que terminara en manos indebidas.

Resulta inaceptable que, por medio de una ley, se pretenda autorizar a empresas privadas para vender información personal y sensible de la ciudadanía costarricense. Cualquier error en esa información podría generar graves daños reputacionales y personales. Hoy más bien deberíamos eliminar del mercado a ciertas empresas que ya se lucran con parte de estos datos.

Existen compañías que hoy venden información personal obtenida de forma engañosa mediante cláusulas abusivas en contratos de adhesión, o bien comercializada ilegalmente, incluso hackeada de bases de datos. Muchas veces, además, se trata de información falsa. Contra este tipo de prácticas deberíamos actuar como sociedad para eliminar ese negocio ilegal y perjudicial.

Cerca de un millón de costarricenses han visto afectado su historial crediticio por entes financieros que, tras promover créditos de consumo sabiendo que comprometerían en exceso su capacidad de pago, hoy los acosan para cobrar. Con este proyecto, esas personas no solo deberán limpiar su historial ante la SUGEF, sino que también tendrán que lidiar con trámites, pagos y pérdida de tiempo para corregir su información en múltiples entidades privadas que podrían estar manejando sus datos sensibles.

Estamos conscientes del crecimiento de grupos delictivos vinculados al narcotráfico, lavado de dinero y mafias extorsivas, los cuales no dudarán en aprovechar estas brechas para su propio beneficio. Por una suma de dinero, podrían acceder a información sobre cuánto gana una persona, cuándo desembolsa dinero o cuándo paga sus créditos. No solo porque las empresas que negocian con esta información se los vendan, sino porque incluso podrían comprar dichas empresas o crear las suyas propias, todo de manera legal.

Llama la atención que algunos sectores que apoyan este proyecto, se opongan al mismo tiempo a que el Banco Central de Costa Rica pueda cruzar información para identificar riesgos en el manejo del dinero por parte de los intermediarios financieros —dinero que, al final, es de la sociedad. Incluso han propuesto que el BCCR no pueda acceder ni utilizar esa información, que con este nuevo proyecto se pretende dejar en manos privadas y disponibles para la comercialización.

Es fundamental que las organizaciones de la sociedad civil nos manifestemos en contra.

Observatorio del Mercado y Derechos del Consumidor

Educación o cárceles: ¿Qué futuro estamos construyendo?

JoséSo (José Solano-Saborío)

En Costa Rica, el rumbo que está tomando el Estado en materia de inversión pública parece cada vez más desconectado de las verdaderas necesidades de la población. Mientras se destinan recursos millonarios a la construcción de una “Mega Cárcel”, se recortan fondos en áreas clave como la educación pública, la policía judicial, la Fiscalía y el Poder Judicial. Es decir, se debilita tanto la prevención como la atención del delito, y se abandona la inversión social que podría evitar que muchas personas lleguen a delinquir en primer lugar.

La educación pública no es un lujo, es una herramienta esencial para el desarrollo humano. Es el puente que conecta a las personas con oportunidades reales, especialmente a quienes viven en condiciones de vulnerabilidad. Cuando se le quitan recursos, se cierran puertas. Y cuando esas puertas se cierran, el hambre, la desesperanza y la falta de opciones empujan a muchos hacia caminos que terminan en conflicto con la ley.

A esto se suma el abandono de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), con una deuda estatal que no se reconoce ni se paga. Esto deteriora aún más el acceso a salud, otro pilar fundamental para el bienestar y la productividad. Si a eso le agregamos una política económica que favorece la importación y golpea a los productores nacionales, lo que se genera es un cóctel perfecto para el desempleo, la informalidad y la pérdida de empleos dignos.

Sin una educación pública fuerte, sin salud accesible, sin seguridad alimentaria ni apoyo a la economía interna, Costa Rica deja de ser atractiva para la inversión responsable. Y lo que es peor: se convierte en terreno fértil para el crimen organizado, que ofrece una “salida” a quienes el Estado ha dejado atrás.

Invertir en cárceles sin invertir en educación es como tratar de apagar un incendio construyendo más hospitales, pero sin apagar el fuego. Las cárceles no darán abasto si seguimos condenando a nuestros jóvenes a un futuro sin oportunidades. La educación no solo previene el delito, también construye ciudadanía, fortalece la democracia y abre caminos hacia una sociedad más justa.

Hoy más que nunca, necesitamos que la educación sea el eje de todas las decisiones públicas. Porque si seguimos apostando por el castigo en lugar de la prevención, estaremos construyendo cárceles para los hijos de nuestras propias decisiones. Y eso, más que una política de seguridad es una tragedia anunciada.

Narcotráfico y política: una alianza que erosiona la democracia

Gerardo Castillo Hernández

El narcotráfico dejó de ser solo un negocio criminal para convertirse en un actor que penetra las estructuras políticas, económicas y sociales de América. Su poder financiero, sustentado en miles de millones de dólares en circulación, se ha transformado en un factor necesario para economías debilitadas y en un combustible oscuro de campañas políticas.

En Argentina, los informes judiciales y periodísticos han señalado cómo las bandas del narco se infiltran en los barrios populares, no solo controlando territorios sino tejiendo complicidades con autoridades locales y fuerzas policiales. El financiamiento ilícito encuentra rendijas en campañas políticas, lo que convierte al voto en un botín disputado por intereses ilegales.

En Estados Unidos, país que concentra el mayor consumo mundial de drogas, el narcotráfico ha generado una doble paradoja: mientras se promueve la “guerra contra las drogas”, al mismo tiempo la economía bancaria y financiera se ha beneficiado del lavado de capitales. La propia DEA y congresistas han advertido sobre la infiltración del narco en niveles estatales y municipales, especialmente en la frontera con México.

En Ecuador, la situación se volvió explosiva. El asesinato del candidato Fernando Villavicencio en 2023 evidenció que el narcotráfico dejó de ser un problema de seguridad para convertirse en una amenaza directa contra la democracia. El país se ha convertido en un enclave estratégico del crimen organizado, con cárteles que imponen su ley en puertos, cárceles y hasta en las calles de las principales ciudades.

Más allá de fronteras, lo común es el poder económico del narcotráfico: flujos de dinero que se insertan en sistemas financieros, campañas electorales y proyectos de infraestructura, debilitando las bases de los Estados. El narco no solo compra armas o voluntades: compra legitimidad y espacio político.

En Costa Rica, a las puertas de nuevas elecciones, la advertencia se repite en la prensa y en los informes policiales: el narcotráfico no es un fantasma lejano, sino un peligro inminente. Los asesinatos ligados a ajustes de cuentas, el aumento del lavado de dinero y la corrupción en instituciones locales son síntomas de un mal que puede capturar la democracia desde dentro.

El desafío es claro: o se frena esta simbiosis entre política y crimen organizado, o el narcotráfico terminará escribiendo las reglas del juego democrático en la región.

Entre la espada y la pared… de una cárcel

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Se llama Rudolph, y se apellida Lücke, y es el nuevo ministro de Hacienda, por lo cual, ha de lidiar como novillero, con las chambonadas que le heredara el exministro Nogui Acosta, quien, al tener más de una decena de causas penales bajo investigación en la Fiscalía General del Ministerio Público, ahora anda en busca de una candidatura a diputación, que, de ser elegible, le cubra con la manta de la inmunidad-impunidad con que abusa el gobierno chavista.

Pese a ser un profesional serio, don Rudolph cometió el error, de aceptar la cartera de Hacienda, con los compromisos que, en un apresurado listado de tareas ocurrentes, le entregaron Acosta y el presidente Chaves.

Uno de ellos, es el capricho del ministro de Justicia, señor Gerald Campos, quien, bajo los lineamientos de Chaves, hasta viajó a la tierra del dictador salvadoreño, a que le dieran copia de unos planos de la mega cárcel, construida allí, en el país con menor índice de desarrollo económico del istmo centroamericano.

Pues resulta, que para esa improvisada cárcel bukeliana en suelo tico, proyecto misterioso y confidencial, del que se desconoce hasta el terreno supuestamente reservado para su construcción, a don Rudolph le dieron instrucciones de defender una irracional modificación presupuestaria, que no creemos que le tenga muy contento. Y ha de ser así, pues, entre otros, al descuidado Ministerio de Seguridad Pública, que, por incapacidad de su jerarca, ha contribuido a hundir a Costa Rica en PROFUNDA INSEGURIDAD, que está golpeando la paz de las familias costarricenses, su ministro propone bajarle sustancialmente el presupuesto.

Y lo hace, a pesar de que se vive con miedo, pues la violencia se refleja en un creciente e incontenible número de homicidios, nunca antes sufrida por nuestro pueblo, mientras su jerarca Mario Zamora, parece dispuesto a establecer un récord olímpico en criminalidad. Él, y por supuesto Rodrigo Chaves, le ordenan, irresponsablemente, a don Rudolph, recortar en Seguridad, más de ¢4.100 millones, cual, si no se necesitaran más policías, más patrullas, más armas, más uniformes, más chalecos antibalas, mejores condiciones en infraestructura, mejor alimentación, etc.

Recorte que sí preocupa al ministro de Turismo, pues siente, cotidianamente, que la actividad turística, principal fuente de empleo y divisas de Costa Rica, desciende peligrosamente, en, por ejemplo, Puntarenas, Limón y Guanacaste, cuyos habitantes sufren al interior de sus hogares, el hambre hija de la pobreza por el desempleo, que no se mitiga con promesas demagógicas gubernamentales. Para esos sufridos compatriotas, ese recorte presupuestario es la peor noticia en el peor momento, mientras que, los narcotraficantes y demás delincuentes, que se han apoderado de nuestras otrora pacíficas comunidades, la reciben como la mejor colaboración gubernamental, para seguir cometiendo crímenes.

Don Rudoph, igualmente tiene que lidiar con disminuciones presupuestarias injustificadas, dentro de su mismo ministerio. Ante los impensados zarpazos a sus finanzas, “como quien no quiere la cosa”, dice estar de acuerdo en desechar de su presupuesto, ¢365 millones, que sabe, son esenciales para cubrir el déficit que le heredó su antecesor, que le impide, si quisiera, fortalecer lo que debería ser una lucha frontal contra la evasión de impuestos, que, como sabemos, ¡supera la deuda pública de Costa Rica!

Adicionalmente, al Ministerio de Obras Públicas y Transportes le recortan ¢1.745 millones, para esa versión tica de mega cárcel bukeliana, sin importar la urgencia que tiene el gobierno, por atender las necesidades de infraestructura vial, construcciones y reparaciones de puentes, los túneles falsos en la ruta 32, las deterioradas rutas cantonales y nacionales, más inspectores de tránsito, etcétera.

Como también, la Salud no parece ser prioritaria para la administración Chaves, ¢886,3 millones del Ministerio de Salud, con déficit presupuestario crónico, le son arrebatados, sin importar, igualmente, lo que piense su ministra vicepresidenta, ni las autoridades contraloras responsables de velar por el buen uso de los recursos públicos.

Asimismo, cual, si no hubiere una crisis grave en ciernes en nuestro comercio internacional, se recortan ¢237,8 millones, al ministerio de Comercio Exterior, que ahora tendrá tareas extraordinarias que podrían ser fundamentales.

En fin, se le ha encargado al novel ministro de Hacienda, tomar la tijera y recortar unos ₡8.000 millones para financiar desde este mismo año, una cárcel de la que se desconoce su costo operativo, las características técnicas de la construcción y ni siquiera la finca donde se construiría, que obliga a los señores diputados a no desdeñar la responsabilidad de actuar razonablemente, en busca de los mejores acuerdos para la Patria.

Y, ¡atención a esto!, lo quieren hacer, en momentos de verdadera emergencia nacional, por el error con los fondos del Banco Hipotecario de la Vivienda, procedentes de FODESAF, que obliga a ajustar ₡24.000 millones que han de salir de otros rubros presupuestarios, a ejecutarse en este año 2025. Para enmendarlo, se plantean cambios que también golpean la atención social, pues, nada menos, en la Caja los recursos del Régimen No Contributivo, se encuentra el riesgo de atrasos o interrupciones en el pago de pensiones vigentes, la imposibilidad de incorporar 11.300 nuevos beneficiarios, y hasta el pago del aguinaldo, lo que asimismo, agravaría el déficit financiero que ya enfrenta el régimen, golpeando a los ancianos en situación de pobreza o pobreza extrema, que los requieren para sobrevivir. Y ni hablemos del Instituto Mixto de Ayuda Social, responsable de la atención integral de familias en situación de pobreza y pobreza extrema, limitando la acción sobre áreas críticas como alimentación, vivienda, salud, educación y empleo a 706 beneficiarios de los 55.168 programados a partir de agosto 2025, por lo que estos hogares quedarían desprotegidos, aumentando así su pobreza, y la desigualdad y la exclusión social.

¿Seguirán imperando las acciones destructivas que caracterizan a la administración chavista?

¿Somos ya un Narco Estado? La administración Chaves-Robles en la mira

Por JoseSo
José Solano-Saborío
Analista Político

Por décadas hemos sido testigos de casos de personajes políticos, judiciales y empresariales ligados al narcotráfico internacional y local. Pero nunca habíamos llegado a la dimensión de la actual crisis, pues durante los últimos tres años, en la administración Chaves Robles, se ha asistido a un curioso desmantelamiento de las capacidades de control marítimo y fronterizo en Costa Rica que ha dejado en evidencia una peligrosa desconexión entre las promesas de protección y la realidad de los hechos. A mediados de 2023, el viceministro Manuel Jiménez Steller, quien se especula tiene relación cercana con el extraditable Celso Gamboa, ordenó cerrar de manera verbal las estaciones de Guardacostas en Sixaola y Bahía Drake, contra el criterio de sus propios mandos y sin respaldo escrito, despojando a esas puertas de ingreso de la droga de la presencia de la policía marítima más especializada del país.

Simultáneamente, se emprendió el traslado de la Academia Nacional de Guardacostas de su sede histórica junto al mar en Quepos a las instalaciones de Pococí, a casi 300 kilómetros de la costa, obligando a instructores y cadetes a recorrer más de cinco horas de carretera para capacitarse en ejercicios básicos de navegación y rescate acuático que deberían impartirse al nivel de la brisa marina, no en piscinas lejanas del agua salada.

En paralelo a estas decisiones, durante 2023 y 2024 se instalaron escáneres en la Terminal de Contenedores de Moín como parte de la llamada Operación Soberanía, sin embargo, los decomisos de cocaína siguen en caída libre: en sólo tres años las incautaciones pasaron de 47 a 21 toneladas, una disminución del 55 % que demuestra que la tecnología por sí sola no basta cuando las estructuras policiales se debilitan o se desplazan de los puntos críticos de fiscalización. Quizá por eso, mientras las autoridades locales confirman esa severa contracción, las agencias europeas reportan cifras récord de cocaína originaria de Costa Rica. Sólo en los últimos ocho años, contenedores de fruta llegaron al Viejo Continente con casi 15 toneladas de droga oculta, una señal inequívoca de que las rutas de narcotráfico no han hecho más que multiplicarse y diversificarse pese a las promesas de mayor vigilancia portuaria.

Estos recortes operativos no nacen en el vacío presupuestario. Varios diputados han advertido de una rebaja en el financiamiento de la policía y del Organismo de Investigación Judicial y proponen fórmulas de financiamiento sostenible, como el proyecto de ley que crearía un fideicomiso alimentado con el 2 % de las primas de seguros, para dotar de recursos estables al OIJ y al Ministerio Público ante la evidente insuficiencia de partidas en rubros esenciales para la lucha contra la criminalidad organizada.

En la misma línea de desarme estratégico, la Policía de Control de Drogas —la unidad especializada en la investigación de red de narcotráfico—fue retirada de aeropuertos y fronteras internacionales, cediendo esas misiones a otros cuerpos sin la misma experiencia ni adiestramiento, lo que ha motivado un recurso de hábeas corpus ante la Sala Constitucional, por entenderse que se compromete la seguridad ciudadana en zonas críticas de tránsito de estupefacientes.

Mientras tanto, en el remoto Refugio Gandoca-Manzanillo —punto de encuentro entre la selva y el mar Caribe— la Fiscalía Ambiental investiga la aparición de una presunta pista clandestina de aterrizaje que habría sido construida en los últimos dos años para facilitar el envío de cargamentos de droga, un esquema que, de confirmarse, demostraría cuán lejos llegan los tentáculos del narcotráfico frente a una desprotección efectiva de los ecosistemas y la soberanía nacional.

Frente a todo ello, ni la instalación de “gadgets” de alta tecnología ni algunos incrementos puntuales en plazas policiales parecen haber servido para contener el récord de asesinatos por sicariato que ya supera los 2 600 en tres años y sigue creciendo: Costa Rica cerró 2023 con 907 homicidios y 2024 con 880, y lleva más de 260 asesinatos por encargo en lo que va de 2025, un volumen de violencia sin precedentes en nuestra historia moderna que amenaza la paz que tanto hemos valorado como nación.

Todo indica que los vacíos de poder y de presencia estatal en los puertos, aeropuertos y costas no han hecho más que alentar al crimen organizado. La falta de un mando coherente, el debilitamiento de las unidades especializadas y la aparente desconexión entre presupuesto y necesidades operativas han creado la tormenta perfecta para que el narcotráfico encuentre un patio de recreo en territorios que deberían ser custodios de nuestro bienestar.

Camina como Pato, tiene alas de pato, hace cuack…… ¿Será un pato?

Notas sobre el gobierno Chaves Robles (3)

Walter Antillón

Este escrito consta de tres partes: 1) Magia, saber y poder político; 2) El presidente Chaves y su modo de gobernar; y 3) Los delitos del presidente Chaves.

II.- El presidente Chaves y su modo de gobernar

La persona

Paradójicamente, del presidente Chaves tenemos hoy muchas referencias y múltiples, variadas impresiones, recogidas en los últimos cuatro años; pero podríamos decir que todavía lo estamos conociendo, por el simple hecho de que pasó toda su vida adulta fuera del País.

Don Rodrigo Chaves ha repetido una y otra vez que ama al pueblo de Costa Rica y que está gobernando en su beneficio; y en su oratoria de campaña se puso frecuentemente en los zapatos de la “señora de Purral”, es decir, de un prototipo de mujer de pocos recursos, que vive en un barrio modesto de la periferia y soporta como puede los vaivenes de la economía.

Habla sentenciosamente, con acento popular y aparente coherencia: oyéndolo perorar durante la campaña, cualquiera hubiera pensado que es un moderno Cincinato, un Pepe Mujica, contenido y austero: pero más allá de las palabras, lo cierto es que por ningún lado se le ven al señor presidente trazas de ser un creíble luchador con vocación de justicia en favor de los pobres:

  1. ni por su pasado de burócrata internacional, ausente del País durante un treintenio, al servicio de una entidad bancaria que ha sido reiteradamente señalada como culpable (junto al FMI y otros tinglados semejantes) del estancamiento económico del Tercer Mundo;

  2. ni por su conducción como alto funcionario, finalmente condenado y sancionado en el propio Banco Mundial por comportamiento inapropiado;

  3. ni por su presente de millonario, rodeado de lujo y aislado en una residencia de un millón de dólares, no en Purral de Guadalupe, sino en Monterán de Curridabat;

  4. ni por sus opciones y su praxis inequívocamente neoliberales, de cuño banco mundialista;

  5. ni por su entorno: una cúspide de millonarios que fueron los principales financiadores paralelos de su campaña electoral, y son ahora parte del círculo permanente de sus allegados y colaboradores. Entre ellos figuran: Jack Loeb, del Banco Prival; Calixto Chaves, de Pipasa; José Pablo Chaves, de la Sociedad Portuaria de Caldera; Esteban Ramírez, empresario de autobuses; Bernal Jiménez, de Mercadeo de Artículos de Consumo S.A; Arnoldo André, de Ata Trust Co.; Ana Catharina Müller, de las universidades Castro Carazo y Ulacit; etc.

Acompañado el presidente de tan homogénea ‘compaña’, sólo quien cree en milagros puede pensar que de allí surgirá una política a favor de los pobres, de la seguridad social y de la educación pública. Porque ¿cuál de esos señores ha mostrado una tan siquiera tibia militancia al servicio de la justicia social y del Estado social? Por el contrario: lo que hemos podido saber, porque es público y notorio, es que, ya en el poder el presidente Chaves Robles, sendas disposiciones gubernamentales no tardaron en favorecer los intereses de José Pablo Chaves en Caldera, de Bernal Jiménez con el arroz importado; y de Esteban Ramírez Biolley con el régimen de los autobuses (¡pura casualidad! dicen que dijo el presidente).

La popularidad del presidente

Partiendo de que en 2022 el total de votantes del Padrón Electoral era 3.570.807, y habiendo votado poco más de 2 millones en la 2ª vuelta (3 de abril), el presidente Chaves ganó con una cifra por debajo del 36 % del Padrón: poco menos de 1 millón de votos.

Pero lo espectacular fue que en agosto de 2022 el respaldo a su gobierno había crecido hasta alcanzar un 79 % (es decir: ¡2 millones 821 mil personas!); aunque también es verdad que tres meses después (en noviembre) había descendido a 68 %, y nueve meses después (en mayo de 2023) era del 63 %.

En todo caso, el insólito boom es digno de atención ¿Qué había pasado, específicamente, en esos primeros meses de gobierno? Respondo con cierto simplismo: me parece que lo ocurrido fue que una buena parte de los que se abstuvieron de votar en la segunda vuelta, más un grupo que votó resignadamente por Figueres por temor a lo desconocido, se sumaron al millón que le dio el triunfo al presidente Chaves en esa segunda vuelta: ¡ahí tenemos ese espectacular 79 %!

¿Por qué lo hicieron? No olvidemos que suman multitudes los ticos que vienen arrastrando un creciente descontento contra todos los gobiernos anteriores; de modo que, consumado el triunfo del nuevo presidente, se da un movimiento espontáneo de acercamiento que éste sabe aprovechar con gran habilidad: proyecta una figura fuerte, un felino poderoso (el Jaguar); denuncia con claridad y contundencia todo aquello que la gente ha empezado a detestar: las administraciones anteriores, sospechosas de fracaso y corrupción. Y sobre estas montañas de negatividad, un personaje nuevo, incontaminado, ofrece sus promesas con gran poder de seducción.

El programa de intenciones y actividades era rico y variado:

Atender a los niños que están en V año y no saben leer.

Me comprometo a nunca recurrir a la violencia

Construir un mega puerto.

Intervenir el A y A de manera inmediata

Poner a CR en el camino del progreso.

Frenar a los monopolios privados

Dar tutorías de manera urgente

Echar a andar una política sobre desechos sólidos

Utilizar la democracia participativa

Actuar contra la tramitología: la ventanilla única.

¿Quién se iba a poner en contra de esto?

El verdadero triunfo popular del presidente Chaves no es en abril, sino en agosto de 2022: es entonces cuando una multitud lo adopta, le entrega su confianza, decide apoyarlo y, consecutivamente, lo idealiza. Esta decisión masiva es altamente irracional, porque del misterio sobre la persona de Rodrigo Chaves lo único que sus adversarios se han esforzado en difundir es un hecho negativo: el escándalo sexual en el Banco. Había qué preguntar ¿quién es, realmente, Rodrigo Chaves Robles? ¿Cuáles son sus auténticas creencias, sus propósitos finales, sus vínculos más poderosos? Está comprobado que no le gustan los controles: el control político de la Asamblea; el control financiero-contable de la Contraloría; el control jurídico-constitucional del Poder Judicial. Y este odio a los controles ha determinado su forma de gobernar.

Pero a la gente que ahora lo sigue, que lo ha revestido de grandes virtudes y que le otorga un respaldo tendencialmente incondicional, aquellos temas le han parecido irrelevantes, como tampoco ha dado importancia a otros acontecimientos igualmente trascendentes. Es la apoteosis del pensamiento mágico.

Preámbulo bélico

Hay que entender que las peripecias de la política nacional ya mencionadas, y las que vamos a analizar después, sólo serán comprensibles si se las sitúa en su contexto internacional. Hoy el Mundo atraviesa momentos de máxima crispación, no menos cruciales que la crisis de los misiles soviéticos en tiempos de Kennedy. Ello ha provocado en muchos niveles de relaciones una renovación de lealtades, y nuestro Gobierno ha tomado sin dudarlo el bando de Trump y Netanyahu, junto a Bukele, Milei y Noboa. Pero es una decisión que, a la recíproca, va a terminar de garantizar el éxito crediticio del presidente Chaves con las agencias financieras internacionales que dependen del Departamento de Estado; es decir, en el Continente Americano, prácticamente todas. Y la holgura financiera en la que ya está nadando el Gobierno ha sido pensada para apuntalar oportuísticamente la campaña política del presidente para las próximas elecciones. ¿Nos atropellará de nuevo la geopolítica?

Estamos ante una novedosa modalidad de aquella Guerra Fría que tuvo sus inicios en 1945, al terminar la Segunda Guerra Mundial, y que se prolongó por más de 50 años; porque también en aquellos años vimos a Reagan volcarse en apoyo de Luis Alberto Monge para arrinconar a Nicaragua; y posteriormente, ya en el siglo XXI, vimos a Bush junior, sus diputados y su secretaria de Comercio volcarse en apoyo de Oscar Arias para conseguir la aprobación del TLC.

América Latina está dividida, y Marco Rubio nos hizo el honor de su visita con el fin de afianzar sus alianzas, definir las cosas y repartir los premios y los castigos.

Por un lado están los que pretenden la consolidación de un bloque latinoamericano autónomo, libre del tutelaje imperial (Chile, Bolivia, Uruguay, Brasil, Colombia, Honduras, Venezuela, Cuba, México, etc., con la eventual cercanía de Canadá);

Y por el otro lado están los que apoyan a Trump y sus intentos supremacistas en el Continente (Argentina, Ecuador, Perú, República Dominicana, Surinam, Costa Rica, Panamá, Paraguay, El Salvador, etc.). Estos últimos tendrán, en el futuro cercano, el apoyo total del Gobierno Trump y las agencias financieras de su entorno.

Los hechos de gobierno:
1) Consecuencias de un mal comienzo

No se puede dejar de mencionar una de las primeras ‘ocurrencias’ del presidente: el reclutamiento de sus ministros, viceministros, etc., como si se tratara de la plana mayor de una empresa. Desde Max Weber sabemos que la lógica funcionarial es notablemente diferente de la lógica empresarial. ¿Lo ignoraba nuestro Mandatario, a pesar de su prolongada experiencia burocrática? Creo que no: no se trató de ignorancia, sino de que el presidente Chaves, después de Indonesia, ante el modesto escenario de Costa Rica tuvo la audacia de innovar, según lo que le pareció plausible; pero produjo el gabinete más inestable e ineficaz de la historia del País. Al 3 de febrero de este año, el noticiero ‘Costa Rica Hoy’ contabilizaba 66 movimientos de cambio (despidos, renuncias, traslados); y no sé cuántos más a la fecha: el marcador habrá continuado moviéndose.

Lo que tuvo que haberle causado una cantidad innumerable de pifias e inconvenientes; entre las cuales se destacan las discontinuidades en los proyectos y los repetidos nombramientos de personas que no cumplían con los requisitos del puesto.

2) Objetivos

El presidente Chaves declaró que su gobierno se propondría alcanzar, principalmente, tres metas: empleo, costo de vida y corrupción. Veremos someramente cada uno de esos ítems: pero los dos primeros lo serán en la sección de economía.

El tema de la corrupción es ciertamente recurrente en las declaraciones del presidente Chaves, pues lo esgrime repetidamente contra tirios y troyanos, pero lo que ha hecho varias veces hasta ahora es serruchar la rama en que él mismo está sentado; sin especificar los autores ni los actos concretos que configuran dicho mal. Porque ¿cómo va a perseguir la corrupción, si acusa de corrupción precisamente al Poder Judicial, que es la institución competente para investigarla y condenar a los culpables?

En efecto, el presidente recusa sistemáticamente por corrupción a numerosas fracciones de la Asamblea Legislativa, a la Corte Suprema y demás tribunales, al fiscal general, a la Contraloría General de la República, al Tribunal Supremo de Elecciones, al Organismo de Investigación Judicial, a las universidades públicas y a toda entidad o persona capaz de ejercer control o poner freno a sus actos o contradecir sus opiniones. Y es cierto que han existido y existen focos de corrupción en algunas de esas entidades. Pero el remedio es eliminar uno por uno a los corruptos y corregir una por una las deficiencias normativas y funcionales. El remedio no es abatir las instituciones que ponen freno al arbitrio del poder.

Y ciertamente no es corrupción ni mezquina obstrucción anular o poner coto a los actos arbitrarios o ilegales del Presidente, como han hecho la Sala Cuarta, la Contraloría General y el Tribunal Supremo de Elecciones; o acusar sus frecuentes ilícitos ante los tribunales, como ha hecho el Fiscal General; o allanar oficinas ministeriales en busca de evidencias delictivas, como ha hecho la Policía Judicial; o rechazar sus proyectos de ley perniciosos o inconstitucionales, como ha hecho la Asamblea Legislativa.

En su ataque a las instituciones el presidente ha dejado entrever una patente intolerancia hacia los controles, que no presagia nada bueno.

Economía y sociedad

Neoliberal pragmático, veterano en asesoría financiera internacional, el presidente Chaves adopta visiblemente un modelo orientado hacia el exterior, favoreciendo las zonas francas, promoviendo la liberalización del comercio y propiciando la ayuda financiera del Banco Mundial, que recién ha aprobado un generoso paquete de ayuda para Costa Rica, efectiva para 2025 y 2026.

Después de la crisis motivada por el Covid, se produjo en el Mundo una reactivación económica con una expansión significativa de las exportaciones que, para Costa Rica, fue del 5,8 %; La inversión extranjera directa creció un 14%; la inflación se mantuvo en un 0,84 %, mientras que la deuda del Gobierno descendió por debajo del 60 % del PIB; la pobreza cayó al 18 % y el desempleo al 6,9 %. Todo lo cual beneficia al Gobierno con tasas de crecimiento del PIB del 5,1% en 2023 y del 4,3% en 2024.

Se trata, sin duda, de números muy positivos, y deslumbrados con ellos, los partidarios del presidente han echado las campanas al vuelo.

Pero resulta que en 2021 el PIB creció en Costa Rica un 7,9 %: ¿genialidad de Carlos Alvarado? y en Nicaragua, ese mismo año, el PIB creció un 10,3 %: ¿genialidad de Daniel Ortega?

En todo caso se trataría de una sola de las facetas del poliedro de la economía nacional; hay que ver las otras:

El informe del propio Banco Mundial (2025) dice:

“…A pesar de esta coyuntura sólida, el modelo de desarrollo enfrenta retos importantes. La desigualdad es alta. Con un coeficiente de Gini de 49,2 en 2024, Costa Rica se encuentra entre los países miembros de la OCDE con mayor desigualdad en la distribución del ingreso.”

Jorge Arturo Sáenz, presidente del Colegio de Trabajadores Sociales (La República, junio de 2025, opina:

En Costa Rica, la tasa de pobreza se situó en un 20,61% en febrero de 2024, lo que refleja una leve reducción en términos estadísticos, con respecto al mismo mes de 2023. Sin embargo, este dato es cuestionable y merece un análisis más profundo (…) La realidad cotidiana muestra un agravamiento y precarización de las condiciones de vida de la mayoría de la población. Esto se evidencia en el aumento constante de los precios de los productos de la canasta básica, cuyo crecimiento desproporcionado en relación con los salarios, afecta a quienes aún tienen empleo formal y, de manera más significativa, a quienes ocupan trabajos informales.

El informe sobre el Estado de la Nación para 2024 se refiere a una falla de varios gobiernos, en la que también incurre el actual, con respecto a la Economía. Después de anotar el éxito de las zonas francas en la inserción del País en los mercados internacionales, y sus beneficios en el PIB y en la creación de empleo calificado, el Informe observa:

“…Esta exitosa inserción internacional no estuvo acompañada por la creación de encadenamientos sociales, productivos y fiscales robustos entre la “nueva” y la “vieja economía” (Programa Estado de la Nación, varios años). Esta desconexión impidió generalizar las mejoras en productividad e ingresos al conjunto de la población. En particular, no se vinculó con la generación de empleo, de manera que incluso en años con crecimiento económico moderado, la creación de puestos de trabajo para la población ha sido poca o, incluso, negativa, en especial para la población con menor calificación educativa…” (Informe 2024, pág. 21)

Según la información, en enero de 2024 la Canasta Básica Alimentaria costaba ¢57.833 y en enero de este año había aumentado a ¢61.988” (Informe de INEC, febrero de 2025).

En cuanto a la adopción de una política nacional de beneficio popular, como bien dice el Informe sobre el Estado de la Nación, la apuesta tantas veces formulada y otras tantas preterida, era profundizar la democracia, para lograr gobiernos más comprometidos con los intereses del pueblo;

Por el contrario, la opción por el pago de la deuda externa, apremiado por la exigencia de conseguir nuevos créditos, ha llevado a los países deudores a sacrificar la importancia de bienes y servicios esenciales para la satisfacción de las necesidades actuales y futuras de la comunidad.

También en materia social hubo importantes avances en salud y educación durante los últimos 30 años, nos dice el Informe de 2024 sobre el Estado de la Nación, pero:

“…El mayor esfuerzo social no fue acompañado por políticas de fomento productivo y empleo, que incidieran sobre las oportunidades de la población para generar mayores ingresos. Tampoco se impulsaron políticas de tutela de derechos laborales, lo cual impidió corregir las fallas y las crecientes desigualdades en los mercados de trabajo…”

“…Los principales efectos de estos puntos ciegos de la apuesta social fueron que, durante el período bajo análisis, la desigualdad de ingresos más bien aumentó, pese a la expansión de la inversión social…” (Informe cit., pág. 22).

Considerando todo lo anterior, el Banco Mundial (2025) recomendó: “…Será crucial que Costa Rica adopte medidas para promover un crecimiento inclusivo mientras continúa sus esfuerzos por consolidar una estrategia de gestión fiscal efectiva. El país necesita establecer las condiciones para que el crecimiento sea amplio y alcance plenamente a su fuerza laboral y a todo su territorio…”

El Banco Mundial es neoliberal, pero no hasta la insensatez.

Seguridad

En el tema de la seguridad humana me parece que ha faltado desde hace muchos años una masiva estrategia con los niños y adolescentes más pobres, básicamente a cargo de los Ministerios de Educación, Cultura y Juventud, y una sólida política de justicia social. El presidente Chaves se topó en 2022 con un problema de inseguridad que ya tenía grandes dimensiones y que aumentó dramáticamente en los años siguientes, sobre todo en lo que atañe al delito de homicidio. En este rubro, la tasa de 12,6 homicidios por cada mil habitantes de 2022 se disparó en 2023 a más de 17 homicidios y, con leves variaciones, esas cifras se han mantenido para 2024 y 2025. También ha aumentado ominosamente la tasa de feminicidios, sin que tengamos respuestas convincentes.

Sabemos perfectamente que el grueso de esos crímenes se deriva de los conflictos entre bandas de sicarios al servicio de los carteles de la droga dominantes en el territorio nacional; y que acusan una tendencia a crecer, por la débil capacidad de contención de nuestro cuerpo de Policía Administrativa. Hay diversas iniciativas provenientes tanto del Poder Ejecutivo como de algunos diputados; e incluso hay diez proyectos que tuvieron el consenso de los tres Poderes, pero una respuesta contundente no termina de llegar.

Y a propósito del combate al narcotráfico, entre las medidas gubernamentales que se considera sumamente irresponsables e imprudentes por algunos, o directamente delictuosas por otros, está el traslado de la Escuela Nacional de Guardacostas de su asiento original del puerto de Quepos, en el Pacífico, a un local en Pococí, en tierra firme, a muchos kilómetros del Mar Caribe. Las justificaciones que se han aducido al respecto no se tienen en pie: falta una exhaustiva explicación oficial.

Educación

Decía el entonces candidato Chaves Robles (con toda razón) que el Ministerio de Educación Pública es el ministerio más importante de Costa Rica (Entrevista en No pasa nada, febrero 2022). Y eso sonaba muy alentador, dada la situación de abandono y consiguiente deterioro del sector educativo durante los años anteriores, agudizado por el trienio del Covid.

Era preciso, entonces, reaccionar enérgicamente:

revertir las políticas de austeridad fiscal desconectadas de una perspectiva de desarrollo del país” que venían causando un daño estratégico (Informe sobre el Estado de la Nación para 2022), y agregaba el Informe:

Costa Rica ha entrado a la tercera década del siglo 21 cometiendo el error de realizar una mejora fiscal a costa del deterioro de las oportunidades educativas de la población”.

Porque, en efecto (sigue diciendo el Informe)

en el contexto actual, en todos los escenarios analizados para este Informe, la caída en la inversión en educación experimentada en los últimos años limita seriamente las posibilidades de mejorar la calidad y la equidad educativas, desde la educación preescolar hasta la educación universitaria.” (informe sobre el Estado de la Educación, 2022).

Y concluía recomendando:

  • Revertir la caída de la inversión en educación.

  • Mejorar sustantivamente los aprendizajes de estudiantes y su evaluación.

  • Dignificar a las personas docentes y directoras y mejorar las condiciones de contratación y desarrollo laboral y profesional.

Consecuentemente, en vista de la cruda emergencia que atravesaba el sector, era de esperar que las declaraciones amorosas de Chaves Robles hacia la niñez y la juventud se concretaran en un extenso plan estratégico y una enérgica reversión de la asignación presupuestaria, para llegar, al menos, lo más cerca posible del 8% del PIB (mínimo fijado por la Constitución Política); pero lo que ocurrió fue muy diferente:

  1. En cuanto al plan estratégico, después de una pausa de varios meses, el MEP anunció la preparación de una ‘Ruta de la Educación’ que la ministra Müller presentaría en breve; pero pasaron los años y el documento continuaba en preparación …hasta que finalmente, ya en 2025, se supo, por vía oficial, que el documento no existía; y

  2. Algo similar pasó con la asignación de los recursos. Si para 2022 (último presupuesto aprobado en la administración Alvarado) la asignación para Educación había sido del 6.4 % del PIB, en cambio:

-para el presupuesto de 2023 Chaves bajó al 5,4 %;

-para 2024 bajó aún al 5,2 %;

-para 2025 fijó el 4,92 %; y

-para el 2026 la inversión en educación está en el 4.8 %: la más baja en decenios.

Entre el 8 % del PIB que la Constitución prescribe como mínimo para educación, y el 4.8 % destinado por el Gobierno en el Presupuesto para 2026, la diferencia dineraria es alrededor de 1 billón 300 mil millones de colones.

Y ¿cuáles han sido los resultados materiales de semejante desgobierno?

En lo que atañe a la calidad educativa de los jóvenes de nuestro País, la OCDE informa que, según los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA), de los 87 países valorados, en 2022 Costa Rica descendió al puesto 57. ¿Preocupante? No para el señor Chaves, quien, como ya vimos, en los tres años siguientes de su gobierno fue asignando a educación porcentajes cada vez menores; con lo cual, de paso, consiguió (¿también casualidad?) que las universidades públicas tuvieran menos recursos.

Si nos referimos a los edificios escolares y estructuras anexas, tenemos que a inicios de 2023 había 722 establecimientos afectadas con sendas órdenes sanitarias prohibiendo total o parcialmente su ocupación; y el curso lectivo del presente año se inició con 849 centros educativos bajo órdenes sanitarias (CR HOY, 6 de mayo de 2025); lo cual es obvio que afecta duramente a decenas de miles de estudiantes en todo el País.

La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo contra el Ministerio de Educación Pública (MEP) y ordenó intervenir, de manera inmediata, una escuela ubicada en territorio indígena en Buenos Aires de Puntarenas, debido a las «deplorables» condiciones de infraestructura que ponen en riesgo a la comunidad estudiantil.

Según consta en la resolución, desde el 9 de junio de 2015 está vigente una orden sanitaria, y en abril de 2020 la Sala había emitido una sentencia en la que se instruía al MEP presentar un plan remedial para atender la situación; sin embargo, ambas disposiciones fueron incumplidas.

Ante la omisión reiterada, la Sala ordenó a las autoridades del MEP que realicen todas las gestiones necesarias para solucionar de forma integral y definitiva los problemas de infraestructura en un plazo máximo de 24 meses a partir de la notificación de la sentencia.”

Frente a semejante deterioro, que es claramente escandaloso ¿por qué el presidente Chaves insiste, año tras año, en escatimar los recursos financieros al MEP?

Consultada por el noticiero CR HOY, Lourdes Suárez, directora de Infraestructura Educativa del MEP, se refiere al problema con los términos de una capitulación:

“…Nosotros no vamos a poder atender el 100% (de las 849 órdenes sanitarias) en lo que resta del periodo, eso es así, pero podemos establecer prioridades. -…Aunque es algo que no es políticamente correcto, hay que decir que quedan unos en lista de espera, no los podemos trabajar, quedan en un grado de madurez (sic) y esperamos que quien continúe pueda darle atención que se requiere…”

Es decir, finalmente doña Lourdes confiesa que la solución del problema de los edificios escolares inutilizables será trasladada, con harto poca elegancia y mucho descaro, al próximo Gobierno.

Y entonces ¿cómo era aquello de que el presidente Chaves ama a los estudiantes, y que para él, el MEP es el ministerio más importante de Costa Rica?

Ambiente

Una muestra de la frivolidad con la que el presidente Chaves aborda un tema vital como el ambiente son los superficiales y deleznables motivos aducidos para descartar la promoción del Acuerdo de Escazú para su aprobación por la Asamblea legislativa. «El sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno», dijo el Mandatario, haciéndole un guiño a UCAEP.

Pero el Acuerdo de Escazú no es una bicoca: se trata de un tratado interamericano que Costa Rica y Chile promovieron y defendieron apasionadamente durante años, hasta culminarlo en la ciudad de Escazú, en 2018, junto con otros Estados de la Región.

Ha sido aprobado por 18 países y, junto a su modelo europeo, el Convenio de Aahrus, presenta notables elementos dinamizadores de la toma de conciencia popular, y de movilización de las comunidades en defensa del ambiente.

Chaves afirma, erróneamente, sin intentar demostrarlo, que el contenido normativo del Acuerdo de Escazú ya se encuentra vigente en otros textos del ordenamiento costarricense; y esa actitud negatoria es reafirmada por la decisión de desfinancia el sector ‘ambiente’, tal como lo ilustra el informe sobre el Estado de la Nación (2024):

La desmejora de las capacidades técnicas y financieras de la institucionalidad pública con responsabilidades en el campo de la conservación de la biodiversidad es, quizás, la principal amenaza que enfrenta el país. Por tercer año consecutivo se registró una reducción en el presupuesto designado al Sinac, Minae y Fonafifo” (Informe 2024, pág. 195)

En consecuencia, el País experimenta un retroceso en importantes sectores ambientales, como el suministro de agua potable, reducción del área sembrada de granos básicos, aumento de la contaminación por energía térmica e hidrocarburos, aumento de la congestión vial y los accidentes, pérdida de la cobertura arbórea, etc.

Y el daño es percibido por doquier a nivel de comunidad.

Un ejemplo: el ciudadano Sergio Mora, geólogo (en Delfino, 2024) reprocha al presidente Chaves su inacción y la del Minae con respecto el desastre en Crucitas; el horror de los botaderos de basura; la contaminación crónica del río Virilla; la tragedia de los basureros; el impacto ambiental de los embotellamientos viales; y las muertes crecientes en accidentes de tránsito.

Final de fiesta

Creo que, a lo largo de estos 4 años casi cumplidos, el gobierno del Presidente Chaves ha conseguido importantes logros macroeconómicos, particularmente en el terreno crediticio y de la inversión, debidos en buena medida a su imagen neoliberal ‘amigable con el clima de los negocios’, a sus contactos personales y al apoyo del Departamento de Estado; pero ha fracasado en los campos laboral, educacional, ambiental: le ha fallado al componente más humilde de ese numeroso grupo que, deslumbrado por la personalidad y la parafernalia del Presidente, continúa dándole su apoyo.

En todo caso, parece que el propósito principal de las presentaciones públicas del presidente Chaves es exacerbar el odio contra sus críticos y la admiración por sus logros, a fin de aumentar el número de sus seguidores y alcanzar un triunfo rotundo en las próximas elecciones. Con ello, el nuevo gobierno y la nueva fracción legislativa, guiados por él, realizarán la reforma constitucional que elimine los supuestos obstáculos que, según su opinión, impiden hoy realizar un buen gobierno, privatizando, de pasada, el ICE, la Caja, el Banco de Costa Rica y cualquier otro vestigio de un Estado de Bienestar.

Y doy por descontado que, para los últimos meses de su gestión, el señor presidente y su equipo querrán deslumbrarnos a todos, empleando ostentosamente los recursos financieros que el Banco Mundial y el Fondo Monetario le han procurado en el momento oportuno. En efecto:

A) Desde el año pasado el Banco Mundial ha puesto a disposición del Gobierno Chaves Robles:

-$300 millones para apoyar la recuperación económica tras la pandemia;

-$120 millones para impulsar la agricultura sostenible, mejorar la competitividad y la participación económica de pequeños y medianos productores;

$350 millones para financiar infraestructura y servicios resilientes al clima;

$160 millones para acceso a financiamiento en caso de emergencias y desastres naturales;

-$200 millones para fortalecer la lectoescritura, las competencias digitales y la empleabilidad de los estudiantes;

-Además, sendos préstamo para fortalecer la gestión del riesgo social y focalizar los programas sociales; y para modernizar el Ministerio de Hacienda.

B) Y como resultado de la visita del secretario de Estado Marco Rubio, en enero de este año, cinco meses después el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó una línea de crédito flexible de dos años por $1.500 millones para el Gobierno de Costa Rica.

En la coyuntura de guerra en que nos hallamos, los Estados Unidos premia a sus fieles. Quiero pensar que todo ese dinero, que hoy sirve al propósito de posibilitar el triunfo electoral del partido del presidente, alcance también para traer provecho a nuestro pueblo.

En todo caso, lo que nos queda es resistir, conformando un frente de lucha para la preservación de la democracia y la defensa del Estado de Derecho.