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Etiqueta: seguridad ciudadana

Seguridad y mejora en la red vial deben ser prioridad de próximos gobiernos locales según ciudadanos

  • 7% de encuestados valora como positiva la labor del TSE; un 50% estima que los partidos cantonales gozaron de las mismas condiciones que los partidos nacionales.

  • Un 51,8% de la población manifiesta que nunca o casi nunca conversa acerca de política con personas cercanas.

UNA Comunica. 14 de marzo de 2024. Las autoridades municipales que asumirán funciones a partir del próximo 1º de mayo deberán prestar atención a dos temas prioritarios: una mejora en las condiciones de la red vial cantonal y la atención a los problemas de seguridad ciudadana en sus comunidades. Así lo piensa el 60,4% de la población que participó en la encuesta Percepción sobre la participación y el proceso electoral municipal 2024, a cargo del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo-UNA).

Ante la consulta de cuál es el principal problema que considera que debe enfrentar el próximo gobierno municipal, las opiniones se dividieron entre la atención de la red vial (30,7%) y la seguridad ciudadana (29,7%). Más atrás figuran el desempleo (7,2%), el combate a la corrupción (5,3%) y la mejora de la gestión municipal (4,7%).

Este estudio se llevó a cabo del 9 al 17 de febrero, justamente para analizar las percepciones ciudadanas sobre las elecciones municipales, las motivaciones del voto, el análisis del alto abstencionismo y la participación de actores claves relevantes durante el proceso.

Sobre este último aspecto, destaca que para un 77,2% de la población, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) llevó de manera adecuada el proceso electoral. También los partidos políticos que participaron obtuvieron una buena valoración, al considerar que para un 65,6% de la muestra su actuar fortaleció la democracia del país.

Las opiniones están divididas al responder si estaban de acuerdo con la premisa de que los partidos políticos cantonales o provinciales tuvieron las mismas condiciones que los partidos nacionales, para exponer sus ideas a la ciudadanía. Un 50% opinó que sí.

También existe división al valorar el papel que cumplieron los medios de comunicación. Un 51,6% de la ciudadanía opinó que la cobertura que ofrecieron fue adecuada. Por el contrario, un 39,2% de la población indicó que estaba en desacuerdo con esa percepción.

Razonamiento del voto

Una serie de consultas incluidas en el estudio analizaron en detalle la participación electoral del pasado 4 de febrero.

En un contexto donde el abstencionismo superó el umbral del 68%, se les consultó a los ciudadanos cuáles fueron las principales razones para no ir a votar en estos comicios. Para un 54,4% de la población primó la “imposibilidad material de participar en las elecciones”, donde jugaron en contra razones como una enfermedad, un viaje fuera del país o el propio trabajo, para no acudir a las urnas.

Solo un 13,8% de las personas encuestadas manifestó que no tenía interés en informarse sobre el proceso electoral. Un 12,1% no le gustaba ningún partido político, ni candidato y un 10,2% alegó que votar “no provoca ningún cambio”.

Por el contrario, entre quienes sí fueron a emitir el sufragio, un 97,3% mencionó como factor de motivación el hecho de cumplir con una responsabilidad ciudadana. También, señalaron la preocupación por temas específicos de la comunidad (85,8%), la afinidad con la propuesta política de un partido (64,1%) y la búsqueda de un partido distinto al que gobierna actualmente su cantón (61%).

En una valoración de 1 a 5 (siendo el 5 la nota más alta) el estudio del Idespo-UNA indagó sobre los factores que más influyeron en la decisión final de por quién votar.

El factor más relevante fue el de la información que se tenía sobre las personas candidatas (3,15), seguido por la gestión del actual gobierno municipal (3,08), las noticias sobre la campaña (2,77) y las conversaciones de este tema entre familiares y amigos (2,68).

Con respecto a este último factor, destaca entre los resultados, que un 51,8% de la población nunca o casi nunca conversa sobre política con personas cercanas, mientras que solo un 27,1% lo hace “algunas veces” y un 21,1% lo aborda “siempre o casi siempre”.

“La población encuestada parece mantener un bajo interés hacia la política electoral partidista, ya que un 50% asegura que nunca o casi nunca conversa de política con familiares o personas cercanas”, se lee entre los principales hallazgos del estudio.

Ante la consulta de si la persona fue o no a votar, el 55,7% dijo que sí, mientras que el 44,2% manifestó que no asistió. Este último dato contrasta con el abstencionismo del 68% que finalmente se registró. La razón de esa diferencia se explica, según el estudio, porque es usual que las personas que no asistieron a votar estén menos anuentes a participar en un estudio de opinión post electoral, lo que lleva a este grupo a estar subrepresentado.

Sobre el tipo de partido que eligieron para dirigir su alcaldía por los próximos cuatro años, un 51,6% indicó que lo hizo por un partido cantonal o provincial y un 43,5% por un partido nacional.

Sin embargo, solo 12 de las 84 alcaldías fueron ganadas por un partido cantonal/provincial. “La explicación de este resultado puede deberse a que, para estos comicios, participaron 127 partidos locales o provinciales y 34 partidos nacionales; así, el alto número de los primeros pudo producir que ese apoyo se dividiera en múltiples grupos, lo que benefició nacionales”, destaca el informe.

Un comportamiento similar se registró ante la consulta de por cuál partido político votaron los ciudadanos para los concejos municipales. Un 53,1% dijo apoyar un partido cantonal o provincial, un 39,7% a un partido nacional y un 4,8% a una coalición o alianza política.

Sobre el momento en que las personas decidieron por quién iban a votar, un 42% aseguró que desde meses antes de la elección, un 22,5% semanas antes, un 18,2% el propio día de las elecciones y 17,3% en la misma semana. Solo un 12,2% cambió su intención de voto durante el proceso, mientras que el restante 87,8% mantuvo invariable su posición.

La presentación del estudio estuvo a cargo del director del Idespo-UNA, Norman Solórzano, el coordinador del programa Umbral Político, José Andrés Diaz y la investigadora Sindy Mora. El tamaño de la muestra fue de 1.171 personas, tiene un error de muestro de 2,9% y un nivel de confianza del 95%.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

AAJ Rama Costa Rica propone al Colegio de Abogadas y Abogados plan por el respeto a la legalidad, a la institucionalidad y a la sana convivencia democrática

SURCOS comparte el siguiente documento enviado por la Asociación Americana de Juristas Rama Costa Rica al Colegio de Abogadas y Abogados.

El documento, dirigido a Francisco Cruz Marchena, presidente del Colegio de Abogadas y Abogados de Costa Rica señala que “conforme con lo prometido, le remito la propuesta de la AAJ, Rama Costa Rica, consultada con otras organizaciones”. El envío fue realizado por el reconocido jurista costarricense Walter Antillón Montealegre, quien lo compartió con SURCOS.

PROPUESTA DE LA ASOCIACIÓN AMERICANA DE JURISTAS AL COLEGIO DE ABOGADAS Y ABOGADOS DE COSTA RICA

Preámbulo:

En vista de la seria crisis que atravesamos en Costa Rica, ante el deterioro cada día más grave y profundo del Estado de Derecho que construimos especialmente durante el siglo pasado, que dio estabilidad y mejor cumplimiento a los principios constitucionales de búsqueda de la igualdad, mejor distribución de la riqueza y una adecuada división de poderes, siguiendo el principio clásico de “frenos y contrapesos”, para garantizar un más adecuado cumplimiento de los sólidos principios democráticos, para una más adecuada gobernabilidad, inspirada en el estado de derecho, el respeto de la legalidad, alejado de la arbitrariedad y la improvisación.

Cada día se profundiza más la injusticia, lo cual pone en peligro la institucionalidad democrática, por lo que nos unimos a amplios sectores de la población en hacer un llamado para unir esfuerzos, a fin de encontrar soluciones concertadas, inspiradas en principios garantistas.

Dentro de las iniciativas de las cuales ya forma parte, como en el “Foro de Justicia”, la Asociación Americana de Juristas solicitó una cita al señor Presidente del Colegio de Abogados, Lic. Francisco Cruz Marchena, quien nos atendió junto con el Director Ejecutivo, Lic. Gerardo Solís, para exponerle la urgente necesidad de llevar a cabo una serie de actividades, lideradas por el Foro, por los abogados, para encontrar soluciones, hacer propuestas, y volver a encauzar nuestro país por la vía del respeto a la legalidad, a la institucionalidad por una sana convivencia democrática.

Con miras a un primer encuentro durante el próximo mes de julio del 2024, a fin de ir haciendo un diagnóstico, que nos permita definir parámetros, hacemos la siguiente propuesta provisional, tentativa, a partir de la cual las diferentes organizaciones de la sociedad civil podamos contribuir a mejorar el funcionamiento -entre otros- del Poder Judicial, como baluarte de la equidad y la justicia; avanzar en proyectos de seguridad que den estabilidad a nuestro país, y alejen a la juventud y a la población del flagelo del crimen, la inestabilidad y del narcotráfico.

Esperamos sus sugerencias, observaciones y contribuciones, para que entre todos podamos contribuir a mejorar nuestra sociedad y país.

ESBOZO DE UN PROGRAMA DE ACCIONES DIRIGIDAS A ENFRENTAR LAS CRISIS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DE DESEMPEÑO

POLICIAL Y JUDICIAL

Walter Antillón

Sabemos con toda certeza que las causas principales de los fenómenos delictivos que se suceden cotidianamente cada vez con mayor frecuencia (homicidios, asaltos, sicariato derivado del narcotráfico, etc.), se encuentran en la pobreza extrema, la ignorancia y la exclusión de grandes grupos de jóvenes pertenecientes a los estratos inferiores de la sociedad costarricense; y estamos convencidos de que el remedio más eficaz para conjurar aquellos daños es una política de justicia social que elimine dichas causas. Pero desde hace muchos años ningún gobierno, incluido el actual, ha asumido dicha política; por el contrario, más bien han agravado el problema general al debilitar los servicios de policía y justicia. Y siendo así las cosas, este programa se moverá en el nivel de los síntomas, no de las causas.

En efecto, las crisis por las que atraviesan la seguridad ciudadana y los servicios policiales y judiciales son palpables en nuestro País, y se agravan aceleradamente. Pero entre las actividades conducentes a ponerles remedio debemos distinguir nítidamente las de carácter urgente de las que, en el mediano y largo plazo, tratarían de alcanzar soluciones de fondo. Esta distinción se articulará en sendas diferentes estrategias que albergarán otros tantos programas de acción.

I.- LAS MEDIDAS URGENTES

Obviamente la toma de las medidas urgentes en materia de seguridad ciudadana y en materia de administración policial y de justicia es del resorte de los Poderes del Estado, de manera que a nuestras organizaciones lo que corresponde es:

  1. a) Investigar e informar detalladamente a las autoridades competentes y a la comunidad ciudadana en general, acerca de las dimensiones reales de la crisis y las medidas urgentes a tomar;
  2. b) Incitar especialmente a la Asamblea Legislativa y al Poder Ejecutivo a que asuman sus respectivos roles dirigidos a preparar los marcos jurídicos y la pronta ejecución de las estrategias adoptadas;
  3. c) Vigilar durante el transcurso de dicho proceso que todas las medidas que vayan siendo institucionalizadas garanticen plenamente el respeto de los derechos fundamentales de las diferentes poblaciones involucradas.

II.- Iniciaremos con un SEMINARIO PARA LAS MEDIDAS URGENTES

Se convocará la organización de un seminario con participación de periodistas de investigación, científicos sociales, médicos, abogados y funcionarios especializados para que, en comisiones de trabajo, se distribuyan las tareas respectivas para la elaboración de sendos diagnósticos acerca de:

1º) la situación actual de:

  1. a) Los cuerpos de la Policía Administrativa;
  2. b) El Organismo de Investigación Judicial;
  3. c) El Poder Judicial.

2º) Las medidas de urgencia recomendadas para conseguir que los distintos servicios policiales y judiciales enfrenten exitosamente las crisis actuales.

El Seminario comunicará sin demora sus conclusiones a los Poderes del Estado.

III. ACTIVIDADES ATINENTES A LAS MEDIDAS DE FONDO

Simultáneamente tendría inicio el conjunto de actividades dirigido a instaurar las medidas de fondo, que darían respuestas más definitivas a los requerimientos de seguridad y de justicia en Costa Rica.

  1. A) Los perfiles de los operadores

Como una línea transversal entre las diferentes tareas del conjunto es necesario trazar sendos perfiles de los operadores policiales y judiciales:

  1. a) De la policía administrativa
  2. b) De la medicatura forense
  3. c) De la policía judicial
  4. d) Del ministerio público de la defensa
  5. e) Del ministerio público de la acusación
  6. f) De la judicatura.

1.- La discusión de los distintos perfiles se llevará a cabo a través de sendas mesas redondas que alimentarán el trabajo de las comisiones redactoras, cuyas conclusiones se someterán al plenario.

  1. B) La organización

Una vez establecido cada perfil, de ello debe seguirse la configuración orgánica administrativa de cada uno de los servicios del conjunto:

  1. g) La organización de la policía administrativa
  2. h) La organización de la medicatura forense
  3. i) La organización de la policía judicial
  4. j) La organización del ministerio público de la defensa
  5. k) La organización del ministerio público de la acusación
  6. l) La organización de la judicatura.
  1. C) Los congresos

La organización modélica de los diversos servicios se llevará a cabo en sendos congresos de carácter nacional, policiales y judiciales, con participación de todas las profesiones involucradas:

I.- CONGRESO NACIONAL DE LA POLICÍA

II.- CONGRESO NACIONAL DE LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL

III.- CONGRESO NACIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO

IV.- CONGRESO NACIONAL DE LA JUDICATURA.

Las organizaciones involucradas en el proyecto podrán privilegiar o posponer la celebración de alguno o algunos de los congresos mencionados, de acuerdo con la disponibilidad de sus recursos humanos y/o financieros, u otras circunstancias relevantes.

Arturo Campos propone renovar la seguridad en Alajuela con caninos K9 y una policía municipal reestructurada

Por Ihann Paniagua Porras

En medio de la creciente preocupación por la seguridad ciudadana en Alajuela, el candidato a la alcaldía, Arturo Campos del Partido Unidad, presenta una propuesta ambiciosa centrada en una reestructuración completa de la Policía Municipal y la implementación de agentes caninos K9.

La seguridad en Alajuela, un cantón en constante evolución con una población dinámica y creciente, requiere un enfoque integral. Campos destaca la importancia de no solo abordar reactivamente el control del crimen, sino también de fomentar la prevención, la educación y la inclusión social. Su propuesta busca no solo proteger a los alajuelenses, sino también crear un ambiente de confianza entre la comunidad y las fuerzas de seguridad.

El objetivo general de su plan es promover, desarrollar e implementar un enfoque integral de seguridad ciudadana, fortaleciendo la Policía Municipal y creando programas de concientización ciudadana desde edades tempranas.

Entre los objetivos específicos, Campos destaca el aumento del presupuesto para la Policía Municipal mediante consenso político, la reestructuración de la institución con un nuevo organigrama y perfiles específicos para cada puesto. Además, propone la creación de una unidad K9, la recuperación de espacios públicos y la construcción de al menos tres comisarías distritales.

El candidato también plantea la importancia de establecer alianzas estratégicas con el Organismo de Investigación Judicial y la Fuerza Pública, así como implementar medidas de seguridad y aumentar la presencia policial, comenzando por el distrito más poblado.

Con un enfoque tecnológico, Campos busca dotar a la Policía Municipal con herramientas modernas, como bodycams, cámaras en unidades móviles y sistemas de monitoreo. También propone la implementación del sistema Eparking para optimizar las labores de seguridad pública.

Destacando la importancia de la participación ciudadana, Campos promete una gestión transparente y rendición de cuentas, asegurando que la seguridad en Alajuela sea una responsabilidad compartida entre la comunidad y las autoridades locales. Con estas propuestas, Arturo Campos aspira a transformar Alajuela en un lugar más seguro y próspero para todos.

SURCOS ofrece, como aporte al proceso democrático y a una elección consciente, una serie de entrevistas con las candidaturas a la elección municipal de febrero del 2024.

Arturo Campos promete una Alajuela segura y próspera: su compromiso con la ciudadanía y el desarrollo

Por Ihann Paniagua Porras

En la encrucijada de la contienda electoral para la alcaldía de Alajuela, emerge Arturo Campos como un líder comprometido, delineando un plan audaz que se cimienta en dos esferas cardinales: la seguridad ciudadana y el desarrollo económico.

En su análisis perspicaz, Campos destaca la seguridad como un componente esencial, en constante mutación en el corazón del cantón. Percibe la imperiosa necesidad de un enfoque que vaya más allá del mero control del delito, anhelando forjar confianza y sinergias entre la ciudadanía y las fuerzas de seguridad. Su propuesta, robustecer la Policía Municipal mediante un incremento presupuestario, reestructuración y capacitación, acompañado de la implementación de tecnologías avanzadas para la vigilancia y contención del delito.

Con visión estratégica, aboga por alianzas tácticas con entidades como la Fuerza Pública y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para zanjar focos críticos en el cantón. La prevención desde temprana edad se erige como piedra angular, con programas de concientización ciudadana inscritos en su estrategia.

En el ámbito económico, Campos dirige su mirada hacia un crecimiento equitativo y sostenible que irrigue a toda la sociedad alajuelense. Su diseño contempla la generación de empleos de calidad, respaldando a las pequeñas y medianas empresas con asesoría técnica y la promoción de mercados locales. La incentivación del comercio, tanto dentro como fuera del cantón, traza una ruta clara.

El fomento de la innovación y la integración de tecnologías avanzadas perfilan su visión para mejorar la eficiencia y productividad. En paralelo, se compromete a allanar el camino para emprendedores y empresas, simplificando trámites y asegurando que las regulaciones protejan a los ciudadanos sin ahogarlos en requisitos administrativos excesivos.

En síntesis, la propuesta de Arturo Campos para Alajuela se erige sobre la premisa de que la seguridad es la raíz del desarrollo. Su visión se apuntala en la colaboración, la prevención y el fortalecimiento institucional, respaldada por una estrategia económica que busca inclusión, innovación y progreso para todos los estratos de la sociedad.

SURCOS ofrece, como aporte al proceso democrático y a una elección consciente, una serie de entrevistas con las candidaturas a la elección municipal de febrero del 2024.

Aspirantes a la alcaldía de San Carlos responden – seguridad ciudadana

Por Marco Tulio Araya Barboza
Periodista

PREGUNTA 3

¿Qué proyecto o proyectos ejecutaría para ofrecerle seguridad a las y los sancarleños?

Nelson Ugalde
Partido Liberal Progresista:

Coordinación y fortalecimiento interinstitucional, fortalecimiento y replanteamiento de policía municipal, tecnología, política migratoria local y apoyo sistema penitenciario.

Luis Fernando Solís
Partido Unidos Podemos:

Mi primera acción será la revisión y adaptación de la Policía Municipal a las necesidades comunales de hoy donde debe fortalecerse el tema de Seguridad Comunitaria, un Plan de Capacitaciones a las Comunidades y el fortalecimiento del Proyecto de Video vigilancia en coordinación con el MSP.

Jessica Miranda Méndez
Partido Unidad Social Cristiana:

Lo primero es lograr ofrecer oportunidades de empleo, coordinar con el gobierno central acciones, fortalecer la Policía Municipal con equipamiento, capacitación y tecnología, centro de monitoreo, alianzas con OIJ, Fuerza Pública u otros organismos. Programas de Prevención, fortalecer las actividades artísticas, culturales y deportivas, seguimiento y habilitación de los comités de seguridad comunitaria.

Juan Diego González
Partido Liberación Nacional:

Centro de Monitoreo y Cámaras de Seguridad.

Seguridad comunitaria.

Programas preventivos.

Marvin Castillo
Partido Nueva República:

El principal proyecto que se quiere ejecutar es que las cámaras de seguridad con monitoreo 24/7 sean una realidad, no solo en Quesada como casco central sino en todo el cantón, incluyendo los pueblos aledaños al cantón para dar un monitoreo más eficiente en alianza con las municipalidades de los cantones vecinos. Por otra parte, es de suma importancia que los comités de seguridad comunitaria se reactiven y se activen en más comunidades, en convenio con Fuerza Pública para nosotros es de suma importancia que todas las comunidades y los sancarleños trabajemos para recuperar la paz y tranquilidad de nuestro cantón. Que el policía municipal esté siempre pendiente de ayudar al pueblo en lo que requieran, y junto con los organizamos competentes de seguridad a nivel nacional logremos un San Carlos más seguro.

Vanessa Ugalde
Partido Progreser:

Fortaleciendo la policía municipal, creando la unidad canina, colocando más cámaras de seguridad, planificando intervenciones en prevención dirigidas a la niñez y la adolescencia estrechando lazos con la Fuerza Pública y Ministerio Publico para trabajar en equipo.

Juan Carlos Quirós
Partido Agenda Democrática Nacional (ADN):

  1. Fortalecer la policía municipal con más agentes. Hasta llegar a 100 en los primeros 4 años
  2. Brindarles las herramientas necesarias, equipo, patrullas, motos, capacitación constante a los policías, entre otras acciones
  3. Instalación de cámaras de seguridad en todos los distritos y comunidades, con un centro de monitoreo moderno y eficiente.
  4.  Coordinación interinstitucional para prevenir la delincuencia en general en San Carlos y apoyar con la Policía Municipal estrategias que permitan la seguridad ciudadana.

SURCOS ofrece, como aporte el proceso democrático y a una elección consciente, una serie de entrevistas con las candidaturas a la elección municipal de febrero del 2024.

¿Está descontrolado mentalmente el Presidente?

Vladimir de la Cruz

Las Sesiones Extraordinarias de la Asamblea Legislativa constituyen el período de seis meses, dividido en dos trimestres, en las cuales la Asamblea Legislativa solamente conoce, para su trámite de leyes, los Proyectos de Ley que el Poder de Ejecutivo envía para su conocimiento y eventual aprobación.

Desde el año 2022 esta división trimestral se estableció, empezando el Poder Ejecutivo en los meses de mayo, junio y julio; realizando su segunda jornada de Sesiones Extraordinarias, en los meses de noviembre, diciembre y enero. Por su parte, los diputados pueden presentar sus proyectos en las Sesiones Ordinarias que comprenden los meses de febrero, marzo y abril, y en su segunda parte de sesiones, agosto, setiembre y octubre.

Esta nueva formulación del trabajo legislativo se pensó para favorecer al nuevo gobierno, cualquiera que fuera, que en este caso le correspondió al actual inquilino de la Casa Presidencial de Zapote, para que inmediatamente después de las elecciones, al quedar electo, pudiera impulsar sus proyectos de ley, para que pudiera materializar sus ofertas de la campaña electoral, de la que salió electo, y pudiera canalizar legislativamente sus Proyectos de Ley estrella, los que guiarían su gestión desde sus primeros días de gobierno, los que marcarían la ruta y derroteros de lo que sería el nuevo gobierno.

La idea y la filosofía de este cambio, era también para poder satisfacer mejor a los votantes respecto a lo que se les ofrecía electoralmente, para tratar de recuperar la confianza en los electores, en los grupos políticos que llegan a la Casa de Gobierno y para que gobierno y electores pudieran armonizar mejor la representación de su mandato presidencial.

Con el sistema anterior las Sesiones legislativas empezaban en mayo, junio y julio, con Ordinarias, que estaban en manos de los diputados. Después se le daba un mes de Sesiones Extraordinarias en agosto al Poder Ejecutivo y luego venían los meses de setiembre, octubre y noviembre, de nuevo para los diputados, para cerrar con cinco meses, desde diciembre hasta abril para el Ejecutivo.

Con este sistema anterior, todos los presidentes y sus partidos gobernantes, se veían imposibilitados de impulsar proyectos de ley asociados a su campaña electoral y a sus promesas a los electores; situación que redundó históricamente en ir acumulando una frustración, un desengaño, un incumplimiento de promesas electorales, en un ataque a la Política, a los políticos, a los partidos políticos, a la misma Democracia como sistema político, y en la alta tasa de abstencionismo que se fue dando de manera acumulada, provocando también presidentes ocasionales, como los que se fueron dando en el 2014, 2018 y en el momento actual, a partir del 2022, donde irrumpió de manera más nítida una figura desconocida políticamente, improvisada, desconocedora de la Historia Nacional, de la Historia política y electoral costarricense, ignorante total de lo que es la división política de los Poderes del Estado, de entender que esos poderes públicos son exclusivos en sus funciones, que están claramente establecidas en la Constitución Política, que tienen funciones indelegables a los otros poderes o a cualquier otra instancia púbica.

En ambos sistemas, de sesiones legislativas, el presidente se encuentra que el Presupuesto Nacional que tiene al asumir el mandato, fue establecido en noviembre del año anterior a su llegada a Zapote, y que responde para todos los efectos al diseño de gestión de obra institucional del gobierno anterior, y que no puede hacer más que administrar y ejecutar ese Presupuesto Nacional como está establecido, lo que constituye una camisa de fuerza para iniciar un gobierno. Esta situación también golpea el incumplimiento de un Gobierno que inicia, porque literalmente no tiene dinero para actuar. Lo más que puede hacer es algunas reformas a las partidas del Presupuesto Nacional para redireccionar fondos públicos. Así las cosas, el verdadero año presupuestario de un gobierno es el segundo, cuando al terminar el año de su elección, en noviembre se aprueba el Presupuesto del año siguiente. Así sucedió en noviembre del año 2022 que se aprobó el Presupuesto del año 2023, que es el primer año real del presidente Rodrigo Chaves.

De esta manera, este año 2023 se supone que el Presupuesto Nacional está acorde con las políticas y directrices de gobierno, hacia el futuro de la gestión, qué el presidente quiere impulsar en lo que le queda de ejercicio presidencial.

En el año 2022, en mayo, el presidente no tenía nada listo, nada preparado, ni un solo Proyecto de Ley que presentar a los diputados, lo que paralizó la Asamblea Legislativa unos días, porque en Sesiones Extraordinarias, si el presidente no envía Proyectos de Ley, la Asamblea Legislativa y los diputados no trabajan, porque solo el presidente puede poner proyectos en discusión.

Está claro que este Presidente, no conoce nada de cómo funciona la Administración Pública; que no tiene idea de lo que es la división de poderes y el Estado de Derecho que debe respetar; que quiere gobernar violando la Constitución y las Leyes, que encuentran defensa en la Sala Constitucional, la Procuraduría General de la República, en la Contraloría General de la República, en las distintas Defensorías de los Habitantes, y en los propios ciudadanos y diputados que pueden interponer acciones de inconstitucionalidad ante los actos que ilegal e inconstitucionalmente pueda realizar el presidente.

En el ejercicio de Gobierno del actual inquilino de Zapote se puede apreciar su incapacidad, cada vez más pública y manifiesta, para gobernar una institucionalidad total estatal. Las destituciones y renuncias de ministros, viceministros, altos funcionarios de las instituciones y de sus juntas directivas, a razón de uno cada 13 días en promedio desde que llegó a dirigir la Casa Presidencial, son apenas la punta del iceberg político en que está parado.

Con esta situación no puede haber plan de gobierno, acciones de gobierno, políticas de gobierno que puedan ejecutarse de conformidad a una ruta, a un camino trazado, porque en apariencia falla el funcionario renunciado o destituido; falla el que lo sustituye porque no puede darle continuidad a lo que el anterior venía o trataba de realizar y hacer, porque el mismo sustituto se ve con las manos amarradas ante su Presidente que, usando a ese funcionario público, como se utilizaban las máscaras en el Teatro griego, es quien actúa limitadamente.

El derecho supremo, y orgásmico, que tienen los funcionarios cercanos que rodean al mandatario es, como me han dicho, aplaudirle en las sesiones del Consejo de Gobierno algunas de sus intervenciones, porque nadie puede brillar más que él, ni nadie puede tener un ascendiente público superior por ejercicio del cargo en imagen pública que la que tiene el presidente, en su propia percepción.

El equipo de Gobierno actual está como un barco a la deriva, sin quilla, sin velas, sin timón, sin brújula, sin astrolabio, ni sextante, sin remeros y sin Capitán, por lo que el Barco de la Patria, en manos de este conductor, no tiene orientación; y, quien está a cargo del buque nacional no tiene idea de hacia dónde dirigir el país, carece de astros que lo guíen, qué le den hora y latitud de dónde se encuentra, sin poder ver el Sol. La quilla de este barco apenas sostiene el armazón institucional del gobierno. Las corrientes de aire político que podrían ayudarle a dirigir el barco no tienen velas náuticas qué empujar, porque el supuesto Capitán las ha arriado, las ha bajado; sintiéndose como un Dios todopoderoso quien cree que con dar órdenes, fijar plazos, metas y pedir cuentas, como se hace en algunas empresas, se maneja un país de leyes y de equilibrios institucionales.

Lo que le sobra al Presidente es su soberbia y su arrogancia; su sentimiento de superioridad y hasta de sentirse en posición privilegiada sobre las demás personas; su altivez manifestada en la forma como trata despreciativamente a sus propios subalternos inmediatos, cómo los exhibe en las mesas de prensa que realiza, con el tono frío y distante de cómo los trata a ellos, a periodistas, a los diputados y miembros de los Supremos Poderes; su vanidad que no puede ocultar de sentirse sobrestimado y admirado por los méritos que él cree tener de más. Pero, sobre todo, lo que exalta es su prepotencia; sentirse no solo superior o más grande que otras personas, sino alardear con el poder que deriva de solio presidencial, qué como el Vaticano, en Zapote, se siente el Papá de todos…porque sabe ejecutar estos atributos abusivamente, intimidantemente, autoritariamente.

Uno de los actos sublimes, extraordinariamente bello, de gran emoción lo realizó el presidente Rodrigo Chaves el pasado miércoles, cuando en su mesa de prensa, despotricó, habló sin ninguna consideración ni medida, criticando y casi insultando a los diputados; diciendo tonterías y barbaridades, donde evidenciaba no tener conectada su lengua con su cerebro, donde se le veía y oía actuar de nuevo con su brutalidad y violencia a boca de jarro. Sinceramente, parecía desquiciado, perdiendo su seguridad, su cordura, su serenidad; mostrando su trastorno mental ocasionado porque los diputados, con todo su derecho parlamentario, no apoyaron un Proyecto de Ley del presidente relacionado con la seguridad ciudadana, de más de una treintena de Proyectos de Ley que existen en el trámite legislativo. Ese desquicie mental, ese desencaje mental, casi lo hacía parecer un insano, un loco, un demente político mental; alguien que en ese estado mental no puede ni debe dirigir el país y el gobierno de la República.

Entre las tonterías que dijo hizo casi renuncia pública de la función Ejecutiva que tiene como presidente de gobernar las Sesiones Extraordinarias legislativas. Descontrolado como estaba dijo que retiraba todos los Proyectos de Ley del Poder Ejecutivo y que los diputados discutieran los suyos, que eran más de 30, que los siguieran discutiendo. Como si estuviera enterrado, con el mecatito en la mano para jalar la campana, se salvó cuando dijo que había instruido a la ministra de la Presidencia para que solo pusiera en la Agenda Legislativa, de las Sesiones Extraordinarias, los Proyectos de Ley de los diputados, porque él como presidente no iba a enviar ninguno… casi cerró el Congreso…momento ideal que perdió para gobernar mediante Decretos Ejecutivos, como ha sido su sueño…que no es lo mismo que los Decretos Ley de 1948 y 1949.

El problema de los Proyectos de Ley relacionados con la seguridad ciudadana es que el gobierno no se está sintiendo. La inseguridad ha aumentado enormemente en este gobierno. La criminalidad, el sicariato, el hampa grande y pequeña, los delitos contra la propiedad y las personas han aumentado. Los asesinatos nos colocan en la cima del mundo. La imagen de Costa Rica casi cambia ya de Pura Vida a Pura Muerte… en este gobierno.

La corrupción que genera el negocio de las drogas, por las aduanas y puertos de control, marítimos, terrestres y posiblemente aéreos, con complicidad de empresas productoras, empacadoras y transportadoras de productos, y de funcionarios públicos, políticos, de seguridad, policial y de hacienda, que tienen que ver con esos controles, se evidencia por las grandes cantidades que decomisan en los puertos y aduanas de entrada a otros países…

Pero, evidencia que es el Poder Ejecutivo el que está fallando. No es competencia del Poder Legislativo esta función de control. Las leyes existen. Se pueden aplicar. También se pueden mejorar y hacer más represivas, si eso se quiere.

La actitud del presidente del pasado miércoles, su pérdida de cabeza, su ofuscamiento al frente del Poder Ejecutivo, de casi dejarlo tirado, de no asumirlo cómo debe hacerlo; su razón y juicio descontrolado contra los diputados es de ponerle atención.

Que el presidente no logre consensuar alrededor de un Proyecto de Ley suyo a los diputados, es una falla de negociación del Poder Ejecutivo, que evidencia que el Presidente tiene poco qué hacer por el país…

Con poses autoritarias, dinamitando puentes con la oposición política y con los diputados, como dijo alguna vez, casi de manera terrorista, no va a llegar a ningún lado…Ni siquiera tiene capacidad para comprarse las broncas que dijo que iba a pelear; las riñas violentas que quería enfrentar.

Llevamos solo año y medio de gobierno…De seguir así, el presidente debería tener entre sus asistentes, en el molote de carros y vehículos que lo acompañan, con sirenas y sin sirenas, una unidad de médicos bien preparados y de siquiatras porque en cualquier momento se puede descarrilar totalmente…

Sensatez, prudencia, inteligencia emocional política, buen tacto, confianza en las distintas fuerzas políticas que también están interesadas en corregir y superar los grandes problemas y desafíos que tenemos como país, como nación y como pueblo, es lo que tiene que proponerse tener y amarrar.

Debe procurar que haya unidad de acción política tomando en cuenta la diversidad de opiniones nacionales.

Presidente Chaves no quiere comerse la bronca de la seguridad ciudadana

La lucha contra la criminalidad común y organizada requiere de un esfuerzo coherente, coordinado y estratégico de todo el Estado. Ningún órgano puede excluirse de participar en ese esfuerzo respetando la separación de poderes; entendiendo que tanto la seguridad ciudadana como la seguridad nacional son ámbitos de extrema complejidad en donde la unidad y la coordinación de la institucionalidad del Estado son imperativas. Por eso, las palabras del presidente de la República, en la conferencia de prensa de hoy, cuando frenético acusa a los poderes Legislativo y Judicial de la inseguridad en Costa Rica y, peor aún, intenta eximirse de su obligación de liderar la ejecución de políticas públicas en esa materia, son inaceptables y repudiables.

En vez de seguir la “ruta” del descrédito de los poderes Legislativo y Judicial tal y como ha sido el mantra del presidente Chaves, desde su toma de posesión, el mandatario debe ponerse a trabajar en conjunto con los otros poderes y la sociedad civil organizada en el combate de ese terrible flagelo que está desangrando nuestra sociedad.

Si el presidente Chaves intenta generar una crisis dentro del Estado para eximirse de su incapacidad, debe entender que la seguridad y el bienestar de las y los costarricenses se verá aún más amenazada por las acciones del crimen organizado.

Instamos al Ejecutivo que reconozca con humildad su incapacidad de liderar en solitario las tareas de la seguridad, asuma la responsabilidad que le compete, deje de culpar a otras instancias públicas de sus propios yerros y se ponga a trabajar junto con éstas para garantizar la seguridad y la convivencia pacífica en todo el país.

San José, 22 de noviembre del 2023.

Partido Acción Ciudadana

Urge un acuerdo entre poderes de la República sobre seguridad

José Luis Pacheco Murillo

La ola de violencia no da para enfrascarnos en una lucha por encontrar culpables, por lo general esto es un proceso que se inició hace muchos años y que hoy simplemente estamos recogiendo lo que sembramos. Lo que es urgente son las soluciones y es necesario que todos los poderes de la República pongan de su parte y también los medios de comunicación deben de hacer lo suyo.

Precisamente esos medios de comunicación deberían de dejar de transmitir tanta violencia. La información sobre lo que hacen sicarios y sobre lo que el narcotráfico logra en niños y jóvenes debería de tratarse de manera tal que no se preste a crear más ambición en esos. Infancia y jóvenes que de por sí, por falta de oportunidades, están siendo blanco de esas organizaciones mafiosas.

El Poder Ejecutivo debería de centrarse en buscar oportunidades de trabajo para esos jóvenes y de esa forma sacarlos de las garras del crimen.

El Poder Judicial debe ser más enérgico en la aplicación de la ley, no es posible que los delincuentes sean pasados una y hasta sesenta veces a los jueces y sigan en libertad. Ya fuimos informados por el ministro de seguridad sobre este tipo de situaciones y deberían de acabarse con esa alcahuetería.

Y el Poder Legislativo debería de cambiar su mentalidad comisionista por una que cumpla con su deber de legislar y enfocarse en el tema de seguridad. Ahí están varios proyectos sin ser analizados y no avanzan en la corriente legislativa. Dejen ya de estar tratando de desestabilizar al gobierno y dedíquense a hacer lo que les corresponde. Los costarricenses estamos urgidos de leyes contra la delincuencia.

Dios quiera que haya acuerdos entre esos poderes y que se tomen las acciones correspondientes para acabar con esta masacre que hoy vivimos y que nos afecta a todos.

La seguridad ciudadana debe ser un compromiso compartido

José Luis Pacheco Murillo

La ola de violencia no cesa y cada día nos enteramos de nuevos asesinatos y nuevas agresiones a las que se unen las estafas electrónicas, que tanto daño causan a quienes se ven afectados con ellas.

Desde hace rato los asesinatos acontecidos este año superaron a los de todo el año pasado y aún faltan tres meses para finalizar el año lo que indica el crecimiento de la criminalidad.

Los cuerpos policiales poco han podido hacer en el campo más importante que es el de la prevención. La tarea es enorme en contra de crimen organizado, la lucha contra la corrupción y el incremento de delitos. Pero debe enfrentarse de manera decidida y debe darse una coordinación entre todos los cuerpos policiales incluidas las policías municipales, las que deben fortalecerse en cuanto a número de efectivos y capacitación.

Ayer se eligió un nuevo director para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y en sus primeras manifestaciones indicó el reto que tiene para enfrentar esa delincuencia, pero también indicó sobre la falta de recursos económicos para hacerlo. Es urgente dotar al OIJ del presupuesto necesario para combatir el crimen en todas sus formas.

Es necesario que los ciudadanos recobremos la confianza en nuestros cuerpos policiales y desde luego en la posibilidad de andar por las calles con la certeza de que nada nos sucederá. Hoy esto es difícil de conseguir, la gente está asustada ante tanto crimen.

Dios quiera que este nuevo nombramiento traiga consigo nuevas estrategias y nuevos apoyos económicos para combatir la delincuencia y que haya más compromiso gubernamental de hacer lo posible por promover la prevención del delito con más y mejor educación, con más y mejores empleos y con más y mejores oportunidades para el deporte, la cultura y la recreación, aunado a un compromiso también de la ciudadanía para estar más alertas y no dejarse robar y estafar tan fácilmente como en ocasiones sucede.

La seguridad ciudadana no puede esperar

Vladimir de la Cruz

El Presidente de la República, en la convocatoria de las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, que son de su iniciativa, impulsó, mediante una maniobra tramposa, un acuerdo legislativo para que la totalidad de los diputados funcionaran como Comisión en las sesiones plenarias, para discutir dos proyectos de ley, de su interés y de un grupo de esclavistas modernos que lo rodean, relacionados con la seguridad ciudadana y con la reforma al régimen de trabajo en Costa Rica, estableciendo jornadas de trabajo de 12 horas diarias.
Que el Plenario Legislativo pueda operar como Comisión está reglado y se puede hacer. La trampa está en la velocidad con que quiso se tramitaran esos proyectos, en quince días, de manera que la totalidad de los diputados trabajara una hora y media en la mañana y otra hora y media en la tarde en cada uno de esos Proyectos de Ley, condicionando los proyectos para que se vean en conjunto, de esa forma, o no se atiendan.
La discusión así planteada es una burla a la discusión parlamentaria y a la atención que los diputados deben poner en la discusión, análisis o debate de los proyectos de ley. Ese método es para distraer y debilitar las discusiones de los diputados y para imponer una aprobación legislativa dando órdenes de aprobación de esas leyes a los diputados, como si fueran una manada de borregos legislativos, diputados que se someten dócil y pusilánimemente a voluntades ajenas, del gobierno o de sus propios partidos.
Con motivo de que el Proyecto de Ley de jornadas de trabajo de 12 horas diarias ha provocado dudas en algunos diputados de los partidos, especialmente de Liberación Nacional y la oposición de los diputados del Frente Amplio, no ha encontrado el suficiente apoyo para ese trámite rápido, el Presidente ha decidido retirar ambos proyectos de la agenda legislativa.
Retirarlos, por ahora no significa nada en la práctica, porque no se han devuelto al trámite normal de las comisiones legislativas. Los ha dejado latentes para introducirlos cuando les quiebre los brazos a los diputados bajo “presión pública”, que es lo que quiere originar. Simplemente, el Presidente los ha sacado del trámite de discusión chantajeando a los diputados en la disyuntiva de que si no se discute el proyecto de jornadas de trabajo de 12 horas diarias, no se discute el de seguridad ciudadana.
Con esto el Presidente ha evidenciado que ninguno de los Proyectos tiene la importancia que él mismo les ha dado. De hecho, el Proyecto de seguridad no tiene significado para él. Si lo tuviera, lo impulsaría para su trámite sin importarle que se apruebe el de jornadas de 12 horas o cualquier otro proyecto.
Al Presidente no le interesa la seguridad ciudadana porque la inseguridad es parte de su negocio gubernativo, y de aquellos grupos que viven de la provocación de esa inseguridad. La inseguridad sirve para negocios, discursos y para fortalecer su imagen de autoridad, de hombre fuerte que quiere enfrentar esa inseguridad y advertir el establecimiento de un estado de excepción cómo ya lanzó la noticia provocando y analizando las reacciones que ello tendría.
Es un chantaje vulgar el que hace el Presidente sobre los diputados tratando de exhibirlos en que no quieren discutir y aprobar la legislación de seguridad, porque no quieren discutir al mismo tiempo el proyecto de las 12 horas diarias de trabajo. Son cosas diferentes. El de mayor importancia es el de seguridad, no el de las nuevas jornadas de trabajo.
Para el Presidente en nada alteraría que se discutiera primero y de manera exclusiva, en todo el tiempo legislativo, el proyecto de seguridad ciudadana, y después se hiciera lo mismo con el de la jornada diaria de 12 horas.
Si el Presidente quisiera realmente ponerse una prenda que lo distinga, en su solapa, debe apretar el acelerador en el Proyecto de Ley sobre la seguridad ciudadana. Se le va a agradecer y reconocer.
La seguridad ciudadana no puede esperar.