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Etiqueta: seguridad hídrica

Solicitan anular viabilidad ambiental de proyecto minero en el río Guacimal

Graves omisiones e inconsistencias técnicas

Un incidente de nulidad presentado ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental solicita la anulación de la Resolución N.° 0100-2025-SETENA, mediante la cual se otorgó viabilidad ambiental a un proyecto de extracción de material del cauce del río Guacimal, en Puntarenas. El recurso advierte deficiencias graves en el Estudio de Impacto Ambiental, contradicciones técnicas, ausencia de análisis esenciales y un riesgo significativo de daño ambiental irreversible en un ecosistema de alta fragilidad ubicado dentro del Corredor Biológico Pájaro Campana.

El incidente fue presentado por la abogada Sofía Barquero Mata, con el apoyo técnico de la Alianza Mundial de Derecho Ambiental (E-Law), en representación de un amplio grupo de organizaciones comunitarias de la cuenca del río Guacimal. El escrito sostiene que la resolución de SETENA está viciada de nulidad absoluta por haberse fundamentado en un Estudio de Impacto Ambiental que no cumple con los contenidos mínimos exigidos por la legislación ambiental y que impide una toma de decisión informada, en contravención del artículo 50 de la Constitución Política.

Un estudio ambiental insuficiente y contradictorio. Según el documento, el estudio ambiental adolece de múltiples deficiencias sustantivas y formales que comprometen su idoneidad técnica y jurídica. Entre ellas se señala la ausencia de una línea base ambiental adecuada, la incorrecta delimitación del área de influencia directa e indirecta, la omisión de impactos aguas arriba y aguas abajo, así como la falta de análisis de efectos acumulativos y sinérgicos. El recurso también advierte que anexos completos del expediente parecen corresponder a otro proyecto distinto, pues hacen referencia a “CDP Río San Carlos” y citan un número de expediente diferente, lo que genera dudas razonables sobre la coherencia y autenticidad del estudio evaluado.

Ecosistemas frágiles y especies amenazadas. El proyecto se ubica dentro del Corredor Biológico Pájaro Campana, una franja estratégica que conecta bosques nubosos con manglares costeros y que resulta fundamental para la movilidad de fauna y la conservación de la biodiversidad. El propio estudio reconoce la presencia de especies en categorías de amenaza, como el mono congo, la nutria de río, diversas aves y fauna acuática migratoria. Sin embargo, el recurso subraya una contradicción central del documento técnico, ya que mientras se reconoce que la fragilidad del ambiente acuático es alta, posteriormente se afirma que la afectación sería mínima al limitarse al tajo de extracción, minimizando el riesgo sin respaldo técnico suficiente.

Riesgo al agua, al paisaje y a las comunidades. El documento también señala que no se realizaron mediciones adecuadas de calidad del agua en el área que sería directamente intervenida, pese a que el propio estudio admite que la extracción de materiales libera sedimentos finos en suspensión, lo cual puede afectar la respiración y alimentación de organismos acuáticos. Este punto es particularmente crítico porque el río Guacimal es esencial para la seguridad hídrica de más de cuatro mil personas usuarias de ASADAS locales, cuyas fuentes y pozos dependen del río tanto en calidad como en cantidad. Además, la cuenca cumple una función clave para la conservación del corredor biológico, la economía local y la salud del manglar y del Golfo de Nicoya, por lo que el impacto no se limita al cauce intervenido, sino que tiene efectos acumulativos en todo el sistema socioecológico.

El recurso también cuestiona la omisión del valor paisajístico, recreativo y cultural del río Guacimal, a pesar de que el área cuenta con pozas, rápidos y sectores naturales utilizados para el baño, la recreación y el turismo de naturaleza. El estudio llega a afirmar que no existen valores paisajísticos, comerciales, recreativos o religiosos que puedan verse afectados, sin estudios de campo ni respaldo empírico que sustente esa conclusión. En el plano social se evidencian contradicciones adicionales, pues aunque el documento afirma que no hay población en el área de influencia, reconoce la existencia de comunidades cercanas, tránsito de vagonetas, riesgos para peatones y la presencia de un pozo comunal aguas abajo utilizado para abastecimiento doméstico.

Solicitud de anulación y medidas cautelares. Ante este panorama, el incidente solicita la anulación de la viabilidad ambiental otorgada y la adopción de medidas cautelares urgentes, incluyendo la suspensión inmediata de los efectos de la resolución para evitar que el proyecto avance hacia etapas potencialmente irreversibles. El texto advierte que permitir la continuación del trámite vaciaría de contenido el mandato constitucional de tutela preventiva del ambiente, convirtiendo la evaluación ambiental en un control tardío y meramente formal. Se enfatiza además que la suspensión solicitada es temporal, que no existen inversiones consolidadas acreditadas por parte del desarrollador y que el daño ambiental potencial sería estructuralmente irreversible.

Problemática y organización de Defensa del Rio Guacimal. En paralelo, comunidades del Corredor Biológico Pájaro Campana, junto con organizaciones socioambientales, Asociaciones de Desarrollo Integral y ASADAS, presentaron ante el Concejo Municipal de Puntarenas una solicitud para declarar una moratoria inmediata a nuevas extracciones mecanizadas de materiales en el cauce del río Guacimal debido a los riesgos ambientales, hídricos y socioeconómicos que enfrenta la cuenca.

Actualmente el río se encuentra amenazado por once solicitudes de concesión minera en cauce para extracción de piedra y arena entre Guacimal y Chomes. Dos ya operan y las restantes se encuentran en trámite, lo que implicaría casi veinte kilómetros de extracción prácticamente continua, abarcando más de la mitad del río. Las comunidades advierten que la extracción intensiva provoca profundización y ensanchamiento del lecho, erosión acelerada, pérdida de biodiversidad, afectación de zonas de recarga hídrica y daños a terrenos e infraestructura comunitaria. Asimismo, alertan que se restringiría el acceso tradicional al río y se afectarían emprendimientos de turismo rural, agricultura y actividades recreativas que constituyen pilares económicos del distrito.

Desde el año 2025 un bloque de veintiuna organizaciones ha articulado esfuerzos para visibilizar la importancia del río mediante campañas de concienciación y reuniones con autoridades del Poder Ejecutivo. Desde hace más de quince años las comunidades iniciaron la defensa de esta cuenca, particularmente del río Veracruz, uno de sus principales afluentes, frente a intentos de explotación comercial de su recurso hídrico para riego agrícola. Aquella iniciativa habría comprometido gravemente el equilibrio ecológico del sistema, poniendo en riesgo la supervivencia de la cuenca.

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Denuncia por quema de cientos de hectáreas de rastrojos de piña en Buenos Aires

  • Sin aviso previo y hasta altas horas de la noche

  • Viviendas, personas y el planeta pagan la factura de una mala práctica

  • Impactantes registros en video nocturnos y tomas aéreas con dron durante el día

Bloque Verde. Para muchas personas la llegada del verano es la mejor época del año. Sin embargo, para quienes viven cerca de plantaciones piñeras o cañales, esta temporada se convierte en un período crítico debido a la intensificación de las quemas agrícolas, una práctica que antepone las ganancias de la agroindustria a la salud de las comunidades deteriora el ambiente y contribuye al cambio climático.

Esto es lo que experimentan vecinas y vecinos del cantón central de Buenos Aires, donde los piñales se han expandido por prácticamente todos los rincones del territorio, rodeando escuelas, clínicas, urbanizaciones y viviendas. En este contexto, la quema de rastrojos se ha consolidado como una de las formas más agresivas e irresponsables de manejar los desechos de la producción.

Desde aproximadamente las cuatro de la tarde y hasta altas horas de la noche, en ocasiones hasta la medianoche, los piñales arden, afectando el descanso de cientos de personas y agravando de forma directa la salud de quienes padecen asma u otras enfermedades respiratorias. Estas quemas no solo impactan la salud humana, sino que también deterioran el suelo, afectan la calidad del agua, dañan la vegetación y contribuyen al calentamiento global.

En los videos se evidencia que no se respetan las áreas de protección de nacientes, ya que el fuego avanza sin distinción sobre zonas que deberían permanecer intocables, pese a que el Reglamento para Quemas Agrícolas Controladas establece la obligación de respetar estas áreas de protección. Incluso, las quemas se realizan en las cercanías del tanque de captación de agua que abastece a la ciudad de Buenos Aires, lo que representa un riesgo directo para la seguridad hídrica y la salud de la población.

Resulta alarmante que, existiendo múltiples alternativas para el manejo de los residuos de la piña como: el triturado mecánico del rastrojo, su incorporación al suelo como abono orgánico, el uso de microorganismos descomponedores, el compostaje, las coberturas vegetales e incluso su aprovechamiento energético, la empresa PINDECO (Del Monte) continúe recurriendo a la quema, mientras se presenta ante los mercados del norte global como un modelo de “buenas prácticas” y sostenibilidad.

La situación se agrava aún más porque, según denuncian personas de la comunidad, la práctica habitual de la industria piñera consiste en aplicar previamente herbicidas como paraquat o glifosato para acelerar la desecación del rastrojo y posteriormente proceder a la quema. Durante estos procesos pueden generarse dioxinas, sustancias altamente tóxicas, cancerígenas y bioacumulativas, además de humo blanco y partículas en suspensión que contaminan el aire.

Las dioxinas se producen en procesos de combustión donde interviene el cloro. Estas partículas son inhaladas por las personas, afectan la naturaleza y la vida silvestre, y contribuyen al calentamiento global, convirtiendo estas quemas en un grave problema de salud pública y ambiental.

La comunidad bonaerense ha manifestado reiteradamente su preocupación por estos “sahumerios tóxicos» que afectan la salud laboral y ambiental, generan malestar inmediato y representan riesgos a largo plazo, por lo que exigen el cese inmediato de esta práctica.

Según relatan vecinas y vecinos, no existe ningún aviso previo: simplemente se prende fuego cuando las personas se disponen a descansar o a aprovechar el fresco de la tarde, después de días extremadamente calurosos característicos del verano en la zona.

Las quemas agrícolas constituyen una mala práctica productiva, aunque actualmente se encuentren permitidas mediante permisos otorgados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con base en la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos y su reglamento, la Ley de Cercas Divisorias y Quemas y el Reglamento para Quemas Agrícolas Controladas. No obstante, esta legalidad está siendo cuestionada mediante una acción de inconstitucionalidad presentada por el abogado ambientalista Álvaro Sagot, fundamentada en la legislación climática y de legislación ambiental vigente.

De acuerdo con la Estrategia Nacional de Manejo Integral del Fuego en Costa Rica 2012–2021, entre 2007 y 2012 las principales causas de incendios forestales fueron las quemas de pastos y actividades agropecuarias, que representaron un 46,06% de los casos. En años recientes, la afectación por incendios ha sido persistente y creciente: 10.724 hectáreas quemadas en 2020, 6.411 hectáreas en 2021, 8.900 hectáreas en 2022 y 8.500 hectáreas en 2023. La temporada de incendios del 2024 fue la más agresiva de los últimos diez años, con 141 emergencias registradas y 27.865 hectáreas afectadas, lo que evidencia la urgencia de revisar, limitar y erradicar prácticas como las quemas agrícolas.

Para el Bloque Verde, la salud pública y el ambiente deben estar por encima de cualquier interés empresarial. Mucho se ha hablado de buenas prácticas, de enfriar el planeta y de enfrentar el cambio climático, pero las quemas agrícolas son una práctica arcaica, sin justificación técnica, en un contexto donde la temperatura global alcanza récords históricos año tras año.

La empresa transnacional PINDECO mantiene presencia exclusiva en la Zona Sur desde hace cerca de 50 años, territorio donde inició la expansión del monocultivo de piña en el país. Esta expansión fue denunciada por la deforestación de 5.568 hectáreas de bosque entre los años 2000 y 2015 en todo el país, cuando la tala ya constituía un delito ambiental. De ese total, 1.789,71 hectáreas corresponden a la región Brunca, según datos del Monitoreo de Cambio de Uso en Paisajes Productivos (MOCUPP)

Le invitamos a ver el video:

CONCEVERDE alerta sobre proyecto municipal en el cerro Chompipe y advierte riesgos para el recurso hídrico

La organización CONCEVERDE emitió una alerta pública dirigida a la población de San Rafael de Heredia ante la posibilidad de que avance un proyecto impulsado por la Municipalidad en el cerro Chompipe, iniciativa que —según la organización— se presentaría bajo la figura de “Monumento Natural”, pero que implicaría el desarrollo de infraestructura recreativa en una zona de alta vulnerabilidad ambiental.

El pronunciamiento surge tras la difusión de un video en el que funcionarios municipales aparecen junto a la diputada electa Marta Esquivel, quien manifiesta respaldo al proyecto promovido por el alcalde rafaeleño. CONCEVERDE cuestiona la participación de actores externos en una iniciativa que, afirma, compromete un territorio reconocido jurídicamente como área de protección absoluta.

Zona de protección dentro del Parque Nacional Braulio Carrillo

El cerro Chompipe se ubica dentro del Parque Nacional Braulio Carrillo y en la zona inalienable establecida por la Ley 65 del 30 de julio de 1888, condición que le otorga un régimen especial de protección. Según la organización, cualquier intervención en esa área podría amenazar directamente recursos naturales estratégicos, en particular el recurso hídrico.

CONCEVERDE advierte que no se trata únicamente de un asunto local, ya que las zonas montañosas del sector cumplen funciones de recarga acuífera que abastecen a amplias áreas del Valle Central. Por ello, consideran que el eventual desarrollo de infraestructura recreativa generaría impactos que trascienden el ámbito cantonal.

Antecedentes del debate ambiental en San Rafael

En notas previas publicadas por este medio se ha documentado la preocupación de organizaciones comunitarias y ambientales ante proyectos que podrían afectar áreas protegidas y zonas de recarga hídrica en San Rafael de Heredia. Estos antecedentes incluyen discusiones sobre ordenamiento territorial, protección de nacientes y el rol de la ciudadanía en la defensa de bienes públicos ambientales.

La controversia en torno al cerro Chompipe se inscribe en ese contexto más amplio, donde sectores comunitarios han señalado la necesidad de que cualquier iniciativa en zonas de alta fragilidad ecológica cuente con estudios técnicos rigurosos, transparencia en la toma de decisiones y participación efectiva de la comunidad.

Llamado a la participación ciudadana

CONCEVERDE sostiene que la defensa del agua, los bosques y las áreas protegidas no puede quedar únicamente en manos de decisiones políticas, sino que constituye una responsabilidad colectiva. En su mensaje, llaman a la ciudadanía herediana a mantenerse vigilante y a involucrarse en la discusión sobre las prioridades ambientales del cantón.

El caso reabre el debate sobre el alcance de las figuras de protección ambiental, los límites de la intervención municipal en áreas protegidas y la importancia de resguardar zonas estratégicas para la seguridad hídrica y el equilibrio ecológico regional.

Comunidades solicitan moratoria municipal para frenar extracciones en el río Guacimal

Puntarenas, 21 de noviembre de 2025. Comunidades del Corredor Biológico Pájaro Campana, que incluye la cuenca del río Guacimal, organizaciones socioambientales, Asociaciones de Desarrollo Integral y Asociaciones administradoras de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados comunales (ASADAS)se hicieron presentes este lunes al Concejo Municipal de Puntarenas para presentar una propuesta formal para declarar una moratoria inmediata a nuevas extracciones mecanizadas de materiales en el cauce del río Guacimal. La petición surge en el marco de una presentación pública realizada en la sede municipal, donde se expusieron los riesgos ambientales, hídricos y socioeconómicos que enfrenta la cuenca.

Durante la actividad, representantes comunitarios detallaron que el río Guacimal está actualmente amenazado por 11 solicitudes de concesión minera en cauce, para extracción de piedra y arena entre Guacimal y Chomes, dos ya operando y las otras en trámite de concesión, abarcando casi 20 km de extracción casi continua, constituyendo más de la mitad del río (ver mapa). Señalaron que la extracción intensiva provoca profundización y ensanchamiento del lecho, erosión, pérdida de biodiversidad, afectación a zonas de recarga hídrica y daños a terrenos e infraestructura comunitaria. Además, advirtieron que las comunidades verían restringido su acceso tradicional al río y que se verían afectados emprendimientos de turismo rural, agricultura y actividades recreativas, pilares económicos del distrito.

A estos proyectos se suma uno que genera mucha preocupación, pues la empresa WSP Constructora S.A. pretende instalar un quebrador y una planta de concreto en una finca colindante con el río, además de solicitar una concesión para extraer material del cauce. No existe claridad sobre la fuente de agua que utilizarían para lavar el material ni sobre el manejo de las aguas residuales altamente alcalinas provenientes de las mezcladoras de concreto, las cuales contienen partículas y residuos que pueden afectar la salud y contaminar el ecosistema. También hay preocupaciones sobre las posibles enfermedades debidas al deterioro de la calidad del aire y las afectaciones a la salud por los polvos de cemento y sílice que se suspenden en el aire en este tipo de operaciones.

Ante este panorama, las comunidades solicitan al Concejo Municipal de Puntarenas la urgencia de aprobar una moratoria que se fundamenta en criterios constitucionales, técnicos y de derecho internacional. En particular, se destaca la reciente Opinión Consultiva OC-32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece la obligación imperativa de los Estados y gobiernos locales de prevenir daños ambientales irreversibles y actuar bajo el principio de precaución, incluso cuando exista incertidumbre científica.

La iniciativa solicita que el Concejo Municipal apruebe un acuerdo para:

  1. Suspender el trámite de concesiones y nuevos permisos mineros o asociados a la minería en el cauce del río Guacimal;

  2. Ordenar a la Alcaldía la elaboración de un informe técnico integral de la capacidad de carga extractiva viable de acuerdo con las condiciones de vulnerabilidad ambiental de la cuenca;

  3. Desarrollar procesos de información y participación comunitaria durante la vigencia de la moratoria hasta que se definan nuevas condiciones que garanticen la salud del ecosistema y la protección del bienestar de las comunidades.

Los representantes comunales enfatizaron que la protección del río es esencial para la seguridad hídrica de más de 4.000 personas usuarias de ASADAS locales, para la conservación del Corredor Biológico Pájaro Campana, para la economía local, para la salud del manglar y del Golfo de Nicoya y para la reproducción de especies en estado de conservación frágil, como la nutria y peces migratorios. Señalaron, además, que mientras una concesión genera pocos empleos, “un río sano beneficia a miles de personas tanto en la cuenca como en el mar”.

Las organizaciones locales enfatizan que esta moratoria no implica una oposición al desarrollo, sino una acción responsable para resguardar un ecosistema vital y los medios de vida de miles de personas. “Hoy lo que está en juego es el futuro de la cuenca del río Guacimal”, señalaron voceros comunitarios.

El 19 de noviembre se entregó dicha solicitud de moratoria en un documento formal al Concejo Municipal, que deberá analizar el acuerdo propuesto en próximas sesiones.

Ese mismo miércoles, voceros del movimiento sostuvieron una audiencia con el representante del alcalde municipal, Ing. Jeffrey Ramírez. Durante la reunión expresaron que las comunidades potencialmente afectadas comprenden la necesidad de contar con material para la construcción de carreteras. Sin embargo, señalaron que la preocupación no radica en una sola concesión de corto plazo, sino en las 11 solicitudes de concesión que podrían extenderse por décadas. También destacaron que los ecosistemas ribereños y costeros, por ser los más frágiles y los que más vida humana y de otras especies sostienen, no deberían ser sacrificados, especialmente cuando existen otras fuentes de material.

También reiteraron su firme interés en el turismo rural comunitario que han venido desarrollando en los últimos años, el cual beneficia directa e indirectamente a decenas de familias locales, subrayando que este es “un modelo de desarrollo que sí queremos”. Indicaron que la sesión con el Ing. Ramírez concluyó con la solicitud de un pronunciamiento por escrito del alcalde, Randall Chavarría, en relación con los puntos expuestos en el documento entregado en sus oficinas el 29 de septiembre, así como las preocupaciones que le manifestaron verbalmente a Ramírez.

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

UNA trabaja con Asadas por la seguridad hídrica de la Región Chorotega

¿Cómo garantizar agua potable de calidad a los habitantes de Guanacaste y, a la vez, afrontar el reto de la adaptación al cambio climático en esa región? La Sede Regional Chorotega de la Universidad Nacional (UNA) trabaja en esa dirección.

Son varias las acciones que se impulsan: cómo fortalecer las capacidades técnicas de los administradores del agua para que, de esa manera, se pueda hacer una mejor evaluación del agua, se dé seguridad hídrica a los habitantes y se ofrezca una mejor infraestructura, gestión comunitaria y adaptación al cambio climático. Para lograrlo, se ha creado un vínculo del Centro de Recursos Hídricos para Centroamérica y el Caribe (Hidrocec), de la Sede Regional Chorotega-UNA, con las asociaciones administradoras de los sistemas de acueductos y alcantarillados comunales (Asadas), y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

Aunque Guanacaste es la provincia que cuenta con más Asadas (377), es, a la vez, la que presenta más deficiencias en la prestación de servicio de agua potable. Los principales retos que enfrenta son: a) condiciones climatológicas e hidrológicas muy marcadas, que presionan los sistemas de abastecimiento b) fuentes cuyos caudales no responden a la de­manda del recurso por parte de la población, c) presencia de metales pesados como el arsénico y la intrusión salina, d) incumplimiento de la factibilidad técnica que impide ofrecer nuevos servicios y disponibilidades de agua, e) uso de fuentes ilegales, f) presión en las zonas costeras por el desarrollo inmobiliario, g) presencia de asentamientos informales, h) terrenos en milla fronteriza, y i) asentamientos desabastecidos.

Pero la provincia enfrenta otras dificultades no menores, como el cambio climático con la llegada del fenómeno de El Niño de forma muy marcada entre el 2014 y 2016, las secuelas que dejó el Huracán Otto, la contaminación del agua con arsénicos en Bagaces, así como la salinización de los acueductos y pozos de las zonas costeras de Santa Cruz y Sardinal.

Asadas en la Región Chorotega

Andrea Suárez, coordinadora de Hidrocec-UNA, indicó que gracias a las alianzas estratégicas, se han podido realizar proyectos como Fortalecimiento de las Capacidades de Asadas, la capacitación e implementación de mejores técnicas e innovación en la gestión comunitaria del agua. Este proyecto de extensión se desarrolló en dos fases: 2015-2017 y 2017-2019; comenzó en 2015 con las Asadas costeras de Santa Cruz, Abangares y Nicoya. “Este proyecto implementó mejores prácticas y técnicas de innovación en la gestión comunitaria del agua, fortaleció las capacidades y la evaluación del agua en las Asadas y la seguridad hídrica en su calidad”, comentó Suárez.

En el caso de los acueductos de las zonas costeras de Santa Cruz—donde se presentan mayores problemas de salinización de pozos—Suárez dijo que se logró la construcción del acueducto de Nimboyores, el cual abastece de agua a una amplia población costera del cantón, incluyendo productores, comercio y diferentes desarrollos turísticos de la zona.

Otro proyecto de gran impacto es SCALL NIMBU III, un sistema de potabilización de agua de lluvia, cuyo objetivo es solventar el acceso y producción del agua potable para uso comercial. Este proyecto se desarrolla en Brasilito de Santa Cruz y se impulsó gracias al compromiso de la Asada local con dos instancias de la Sede Regional Chorotega: el Centro Mesoamericano de Desarrollo Sostenible del Trópico Seco (Cemede) y el Hidrocec. Su gran aporte es haber generado no solo conocimiento sobre el uso de tecnologías innovadoras sino que también ha fortalecido la operación de la Asada en la administración y producción de sus recursos.

En La Cruz se impulsó el proyecto VARCLIM, que impactó, principalmente, a las comunidades de El Jobo (administrado por AyA), Santa Cecilia (Asada) y Cuajiniquil (Asada). En este caso, destacó Suárez, el tema que se abordó fue la variabilidad climática y se trabajó con los sectores pesquero, turístico, agropecuario, además del hídrico, a quienes se les brindó transferencia de conocimiento sobre proyecciones climáticas y fortalecimiento de capacidades técnicas, incluido el tema hídrico, pero siguiendo la línea para el fortalecimiento de las regiones. Esta iniciativa se hizo en conjunto con el Consejo Nacional de Rectores (Conare), la UCR, el Centro Internacional de Política Económica (Cinpe) y el Cemede.

Otro proyecto que nació desde una asociación específica para el saneamiento y protección de los mantos acuíferos fue AGUASANA, que se hizo en dos fases: 2017-2019 y 2019-2020. En esta iniciativa participaron diferentes Asadas y ONGs de la región; el proyecto tuvo una incidencia ambiental y puso énfasis en el buen manejo de las aguas residuales.

Finalmente, está el Proyecto Asada de la Altura ACBT, que lo conforman las federaciones de Asadas de Abangares, Cañas, Bagaces y Tilarán. La iniciativa se creó en el el Consejo de Desarrollo Rural Territorial del Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inder) y aborda las capacidades de las Asadas para la gestión de cuencas, acciones operativas técnicas como evaluar la calidad del agua, retroalimentar para lograr mejoras en la gestión del acueducto, determinar las alturas potenciales de recarga en las cuencas hidrográficas y así medir las zonas de protección y reforestación a largo plazo.

Mitigación de sequías

A finales de 2022 se realizó un intercambio entre científicos alemanes con sus homólogos de la Sede Regional Chorotega de la UNA, con el fin de comprender los desafíos que representa para esta región las sequías prolongadas y cómo realizar una gestión del agua que permita seguir atendiendo actividades como la agricultura y el turismo.

Suárez explicó que fue en ese contexto donde surgió la iniciativa de desarrollar el proyecto GREAT. Se trata de un esfuerzo colaborativo en el que participan, por Costa Rica, el Cemede, el Laboratorio de Manejo Ambiental de Residuos de la Facultad de Química (Lagede-UNA), el Hidrocec- UNA y el Servicio Nacional de Riego y Drenaje de Aguas Subterráneas (Senara); por Alemania, el grupo de investigación sobre recarga gestionada de acuíferos (lnowas) de la Technische Universitat Dresden (TUD).

El proyecto GREAT trabaja en la zona costera de Santa Cruz y la región insular del Golfo de Nicoya para comprender mejor los desafíos relacionados con la seguridad hídrica en estos territorios. Esto incluye una colaboración para el desarrollo de capacidades de estudiantes y académicos costarricenses en Alemania, así como estudios de seguridad hídrica en las áreas de enfoque del proyecto.

Más detalles en este video:

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Seguridad hídrica en la construcción de ciudades inteligentes y sostenibles en Costa Rica

En el marco de actividades de los 200 años de la Independencia de Centroamérica y Costa Rica, la Universidad Nacional invita al webinario: Seguridad hídrica en la construcción de ciudades inteligentes y sostenibles en Costa Rica; Se llevará a cabo el próximo jueves 17 de junio, a las 2:00 pm.

Se transmitirá vía Facebook Live en: IDELA oficial, Vicerrectoría de investigación y Vicerrectoría de Extensión, UNA.

Se contará con la participación de:

  • Carolina Alfaro Chavarría, Laboratorio de Gestión de desechos (LAGEDE).
  • William Gómez Solís, Centro Mesoamericano de Desarrollo Sostenible del trópico seco (CEMEDE)
  • Alicia Fonseca Sánchez, Red de gestión Integrada del Recurso Hídrico (REDGIRD)
  • José Millán Araujo, Coordinador Programa Interdisciplinario de Investigación y Gestión del agua PRIGA

La actividad tiene como objetivo comunicar y discutir sobre investigaciones desarrolladas en la Universidad Nacional y sus aportes para la seguridad hídrica como elemento clave en el desarrollo de entornos urbanos inteligentes.

Organizan:

  • Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE).
  • Programa Interdisciplinario de Investigación y Gestión del AGUA (PRIGA).
  • Red de Gestión Integrada del Recurso Hídrico (REDGIRH).
  • Instituto de Estudios latinoamericanos IDELA.
  • Vicerrectoría de investigación
  • Vicerrectoría de Extensión
  • UNA vinculación