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Etiqueta: seguridad pública

La lógica del gobierno es entre más presos menos delincuencia

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Óscar Madrigal

Oscar Madrigal

El país se desangra, las balaceras son pan de todos los días, nos convertimos en uno de los mayores exportadores de drogas del mundo y alcanzamos números récord en homicidios y tasas de criminalidad. El problema de la seguridad o inseguridad golpea diariamente al ciudadano

El gobierno de Chaves les echa las culpas a otros poderes: al Legislativo por no aprobar leyes más estrictas que meta a la gente a la cárcel y al Judicial por no mantener a los detenidos en la cárcel.

Chaves quiere más gente en la cárcel como el antídoto o la medicina contra la delincuencia. Su lógica es: entre más privados de libertad, menos delincuencia.

Sin embargo, la realidad indica que los detenidos han aumentado considerablemente en el periodo de gobierno de Chaves y sin embargo la inseguridad en vez de disminuir aumenta.

Según datos del propio ministro de Justicia, Gerald Campos que el Semanario Universidad publica en 2022 había una población penitenciaria de 14.718 personas, mientras que en 2025 existen 18.507, sea que los privados de libertad aumentaron en 3.789, mientras los homicidios pasaron en esa misma época de 654 en el 2022 a 907 en el 2023 y para este año el OIJ estima que la cifra superará los 900 homicidios.

La población privada de libertad crece aceleradamente, se considera que en el 26 llegará a 20 mil y, sin embargo, los delitos no parecen disminuir.

Hay varias conclusiones ante estos hechos:

1-. Meter la gente a la cárcel no resuelve por sí misma el problema de la seguridad pública.

2-. Que el Poder Judicial manda a la cárcel cada vez a más personas.

3-. Que, sin embargo, los índices de delincuencia no disminuyen, sino que aumentan.

4-. Que la falla principal del aumento de la inseguridad pública es del Poder Ejecutivo, sea del gobierno de Chaves.

En términos generales, lo que los números, sea la realidad, están indicando es que no basta con meter a la gente a la cárcel si el gobierno falla y no cumple con las tareas de prevención social y policial.

El Poder Judicial, los fiscales, los jueces, cumplen con su deber (la población carcelaria ha aumentado considerablemente) por lo que la excusa esgrimida por Chaves, que los jueces “sueltan a los delincuentes”, no es real.

La paradoja de la cárcel bukeliana

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Otro fallido proyecto chavista es el de, sin considerar las grandes diferencias que caracterizan la delincuencia en suelo salvadoreño, con la que nos agobia en Costa Rica, gastar cerca de ¢25.000 MILLONES en la construcción de otra prisión en Costa Rica.

Recordemos antes, que la construcción de la cárcel bukeliana, no ataca lo más importante, o sea, las causas de la criminalidad que nos arrebató, la paz que merece el pueblo de Costa Rica. En lugar de apuntar las canfineras hacia el escenario en que se mueven los actores, el «gran esfuerzo» se dedica a satisfacer un pingüe capricho presidencial, un poco alejado de hacia dónde orientar, los pasos hacia un buen gobierno.

«¡Hablemos de la cárcel!», se oye decir en Zapote, y no del desastre provocado en la educación estatal, por la exministra Müller, en los tres años como ministra de Educación. Igualmente, «escondamos la inhumana disminución en la inversión social, donde cada colón negado por el frío IMAS, se convierte en el ingrediente de la pócima de la hechicera, conque se nutre la delincuencia practicada, por los miserables que solo encuentran caminos cerrados, en su búsqueda por sobrevivir, en esta selva urbana.

Así, la paradoja se resume en, «_como estamos propiciando mayor delincuencia, necesitamos más prisiones_», cuando la lógica, el sentido común, debería ser, que, ‘gracias a una muchísima mejor educación, y a una atención prioritaria de los programas de atención, hacia, el millón de pobres que apenas tienen una comida diaria, la necesidad de más celdas cada día será menor’. ¡A mayor educación y programas de solidaridad social, menor delincuencia!, es una máxima universal, que Chaves desdeña.

Finalmente, creemos, que los diputados de oposición que, en una pequeña comisión, aprobaron disminuir el presupuesto del Ministerio de Seguridad, muy especialmente, ¡en momentos en que más se necesita trabajar en prevención!, SABEN que, el gobierno chavista jamás tendrá la capacidad necesaria, de presentar, para su valoración formal, un proyecto de construcción, viable, bien estructurado, decente. Por eso, presumimos, los legisladores no pusieron obstáculos al mismo, pues, eventualmente, no pasará de una idea desfinanciada, como lo fue, la también descabellada idea de la llamada «ciudad gobierno», en terrenos que pretendieron arrebatar al Liceo de Costa Rica. «Ciudad» monstruosa, de la que nunca hubo proyecto ni financiamiento.

Similar situación se dio, alrededor de un proyecto urbanístico privado, «soñado» como un enclave de millonarios extranjeros, que contarían con un pequeño atracadero para yates, ¡en terrenos de JAPDEVA!, al que llamaron «la marina de Limón», y que habría generado ¡cien mil empleos!, dijo la exministra de Planificación, y demagoga, Laura Fernández, solo para citar dos ejemplos. Y es que, amigos, en cuanto a la idea de la cárcel, lo cierto es que no se puede esperar mucho, pues se trata de un proyecto diseñado, por funcionarios donde predomina, la incompetencia y la improvisación.

Excepción, excepcionalidad, excepcionalismo…

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Ha sido un fin de semana de terror en Costa Rica.

Como si la metáfora no fuera suficiente, la principal vía de comunicación que conecta el Aeropuerto Internacional con la ciudad capital, San José, sufrió un colapso producido por aguaceros intensos, rayería e inundaciones. La carretera se llenó de escombros de todo tipo.

La imagen, valga decirlo, asemeja en mucho a la de un país que ha sido entregado sin dilación a los poderes fácticos, que ahora sí hacen lo que les venga en gana. El país se llenó de escombros, se entrampó, se inundó todo de su propia agua profunda.

No solo los efectos del clima producidos por el hombre y sus modelos económicos extractivistas y lacerantes fue lo que tuvimos este fin de semana en esta Costa Rica, ya para nada excepcional.

En menos de 48 horas, seis asesinatos nos muestran la gravedad de lo que nos hemos convertido: el sicariato salió de las pantallas y de las narconovelas para convertirse en una realidad absoluta. Como tantas otras cosas que nos han ocurrido en el pasado reciente, llegó para quedarse.

Es claro.

El dejar hacer, dejar pasar en materia de seguridad tiene un propósito político: convencer a la ciudadanía de que el único camino posible para “detener” esta violencia, implica la construcción de una megacárcel al estilo salvadoreño. Todo ello bajo la operación de una oprobiosa industria que hace millones a costa de respuestas populistas como esta.

Esos escombros en que nos hemos convertido en materia de seguridad apuntan a la instalación de un régimen de excepción (al igual que en El Salvador) en el que, a cambio de restablecer la paz, todo lo demás y de forma irregular se justifica: las desapariciones, los juicios sumarios, las detenciones arbitrarias contra defensores y defensoras de los derechos humanos.

Estamos a un minuto para que esto ocurra en Costa Rica.

Para evitar esa debacle, el camino, la vía costarricense como ha sido llamado históricamente a ese pacto sociopolítico, debe ser recuperado. Si hay un elemento que ha dibujado ese cierto excepcionalismo, es la forma cómo hemos recuperado el rumbo cuando estamos a punto de perderlo.

Es ahora. Es ya.

Playas sin gobierno, vidas en riesgo

Escrito en . Publicado en Comunidad.

Por: Bernardo Archer Moore
Cahuita, 22 de julio, 2025.

Las playas del Caribe costarricense, tan admiradas por su belleza natural, ocultan una verdad alarmante: carecen de una administración efectiva y de protocolos claros de gestión y seguridad pública. En muchos casos, estas franjas costeras funcionan en la práctica como tierra de nadie, donde el Estado aparece solo para cobrar permisos, pero no para proteger vidas.

Más allá de las banderas de colores que indican teóricamente el nivel de peligro —sin vigilancia real ni consecuencias por ignorarlas—, bañistas nacionales y turistas internacionales se sumergen en el mar sin guía, advertencia ni presencia institucional visible. La gestión de estas zonas críticas parece haber sido delegada, por omisión, a la voluntad de los propios visitantes.

La Zona Marítimo Terrestre, que legalmente pertenece al Estado, es en realidad administrada por la costumbre y la informalidad, salvo cuando se trata de cobrar un canon por ocupación o exigir un trámite de concesión. Para lo demás —como la seguridad, prevención y atención de emergencias— no hay autoridad responsable, ni protocolos activados, ni rendición de cuentas. No basta con “recoger los cuerpos y ya” – como años atrás dijera una viceministra de la Presidencia con respecto al conflicto por tierras indígenas en la zona sur.

Por eso, cuando ocurren tragedias como la reciente y dolorosa muerte del actor Malcom-Jamal Warner en la playa de Cocles, la pregunta inevitable es: ¿Quién responde? ¿Quién vela por la vida humana en estas costas?

Porque si el Estado costarricense asume el derecho de cobrar por el uso del suelo costero, también debe asumir su deber de establecer y aplicar protocolos de seguridad, prevención de riesgos y atención inmediata. No basta con poner letreros. Se requiere presencia, capacidad de respuesta y responsabilidad institucional.

Hoy las playas son trampas mortales, no solo por las corrientes ocultas del mar, sino por la corriente aún más peligrosa de la negligencia oficial.

Cuestionamientos a la Administración Chaves Robles por su labor en relación con el narcotráfico

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

En un reciente manifiesto publicado por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), se lanzan serias críticas a la gestión del presidente Rodrigo Chaves Robles, especialmente en lo que respecta a la seguridad pública y la lucha contra el narcotráfico. Según el documento, nunca antes en la historia del país se habían presentado tantos señalamientos sobre posibles nexos entre estructuras criminales y el Gobierno de la República. Esta hipótesis, que ya ha generado intensos debates, es descalificada por la administración a través de discursos cargados de sarcasmo y agresividad, lo que, para la ANEP, es una estrategia populista que intenta desviar la atención de los verdaderos problemas.

El manifiesto hace un análisis técnico sobre las políticas de seguridad del gobierno, destacando que la respuesta de las autoridades ha sido inadecuada y preocupante. La organización sindical, respaldada por profesionales en criminología, derecho y ciencias policiales, sostiene que es inaceptable que el gobierno se ofenda ante los cuestionamientos en lugar de rendir cuentas claras y demostrar que sus decisiones han sido las mejores para el país. De hecho, las actuaciones del Ejecutivo, sumadas a las maniobras dilatorias en la Asamblea Legislativa para evitar la creación de una comisión investigadora sobre los presuntos vínculos del gobierno con el crimen organizado, solo avivan las sospechas.

El manifiesto de ANEP resalta que Costa Rica ya no es solo un punto de tránsito para la droga que va del sur al norte del continente; el país ha pasado a ser una base operativa de los cárteles, donde se reciben y distribuyen drogas, se coordinan operaciones y, lo más preocupante, se legitiman capitales. Esto ha llevado a una mayor presencia de cocaína en el mercado local, con precios que han caído significativamente. Pese a esta grave situación, la administración Chaves no ha implementado acciones contundentes para mitigar el impacto de este flagelo.

El análisis de la organización sindical detalla diez puntos principales, entre los que destacan la falta de políticas preventivas, la ruptura de relaciones con otros poderes del Estado, la designación de líderes policiales cuestionados, y los serios problemas en la adquisición de equipo y contratación de personal para la Fuerza Pública. Uno de los aspectos más alarmantes es la decisión de no comprar nuevas patrullas para el 2025, siendo el tercer año consecutivo sin inversión en movilidad policial, lo que pone en desventaja a las fuerzas de seguridad frente al avance del crimen organizado.

También se destaca que la Policía de Control de Drogas (PCD) ha sido retirada de puertos, aeropuertos y fronteras, lugares clave para la recolección de información e investigaciones sobre narcotráfico a nivel internacional. Además, la falta de estrategias migratorias permite que integrantes de bandas criminales utilicen figuras legales como el refugio para mantenerse en el país sin obstáculos, mientras que el Ejecutivo no ha presentado ni un solo proyecto de ley dirigido a combatir la legitimación de capitales.

Ante esta situación, la ANEP concluye que la administración Chaves está actuando con total ignorancia, ineficacia o protegiendo intereses ajenos a los de la ciudadanía honesta. El documento, firmado por Albino Vargas Barrantes y otros miembros de la organización, invita a reflexionar sobre el manejo de la seguridad en el país y hace un llamado a las autoridades para que, en lugar de enfadarse por los señalamientos, demuestren con hechos concretos su compromiso en la lucha contra el narcotráfico.

Le invitamos a descargar el PDF para explorar en detalle este análisis y conocer las críticas y preocupaciones expuestas en el manifiesto de la ANEP.

Manifiesto ANEP-ADCHAVES Y NARCODescarga

La ilusión democrática

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Alberto Salom Echeverría

La “democracia” en la antigua Atenas, Grecia

En el pensamiento filosófico de Platón, es muy conocida la metáfora de la caverna. En ella Platón escribe que los seres humanos somos como los esclavos que están encerrados en la caverna. A partir de allí puntualiza que solo conocemos la realidad como si fueran sombras que se proyectan en la pared de la caverna.

También es conocida esta alegoría como el “mito de la caverna”. Con ella Platón quiso poner de manifiesto, la ignorancia que padecen muchos seres humanos, derivada de su falta de educación. Es por eso por lo que, no pueden conocer la verdad o la realidad, se encuentran atrapados en la ‘caverna’ que quiere decir la ignorancia, únicamente ven sombras.

Aun así, la filosofía política y la historia de las ideas políticas han establecido que la ‘Democracia’ nació en Atenas, ciudad griega, del mundo antiguo, justo en el año 508 antes de nuestra era (a.n.e.). Así se conoce a este sistema político democrático desarrollado en la ‘ciudad-estado’ o ‘Polis griega’ que, se le atribuye a Clístenes por haber sido quien presentó unas reformas a la democracia ateniense amparado en el pueblo, con el objeto de reconstruir la polis griega con una orientación ‘democrática’. Las bases de estas reformas se conocen como la ‘isonomía’, o igualdad de los ciudadanos ante la ley. Asimismo, creó la institución del ‘ostracismo’ o exilio, para impedir el retorno de la tiranía. Es por ello por lo que Clístenes fue repudiado por la oligarquía ateniense.

Justo a partir de esta definición, comienzan las observaciones que quiero compartir hoy con todos ustedes que me han acompañado en todos estos años con mis artículos.

Señalo primero la acepción de “Ilusión” a la que me estoy refiriendo, para obviar malentendidos. El diccionario de la Real Academia de la Lengua castellana (así la denomino yo, en lugar de usar el vocablo “la lengua española”, porque en España hay mucho más de una lengua), define “Ilusión” en su primera acepción como: “Concepto, imagen o representación sin verdadera realidad, sugeridos por la imaginación o causados por engaño de los sentidos.” (Cfr. Real Academia Española.)

En esta acepción, sus sinónimos son entre otros: espejismo, burlería, ensueño, fantasmagoría, imaginación, ideal, alucinación, delirio. En otra acepción, que no es la que estoy usando, “Ilusión” quiere decir “Esperanza cuyo cumplimiento parece especialmente atractivo.” (Ibidem).

El sistema de la “Democracia”, entendido como aquel que imperó en Atenas, a partir -como ya dije- del año 508 a.n.e., debo reconocer que constituye un progreso, desde la óptica de la igualdad de los “derechos de los ciudadanos ante la ley”, respecto de otros sistemas políticos como la “Tiranía”, a la que, en este caso sustituyó. Sin embargo, continuó siendo sobre todo “…una representación sin verdadera realidad”, o, “un engaño de los sentidos”, como dice cabalmente la primera acepción del concepto de “Ilusión” que dejé plasmada antes. Para mayor abundamiento, agrego que ustedes pueden intercambiar el vocablo por cualquiera de sus sinónimos correspondientes a esa acepción del concepto: ya sea por el de “espejismo”, “burlería”, “imaginación”, o “delirio”, o por cualquiera de los otros. Ahora afirmo, sin lugar a ninguna duda que, la “Democracia ateniense”, que nos ha servido de patrón al mundo occidental, no es más que un espejismo, o, un delirio, es decir una “ilusión”.

¿En qué sustento mi atrevido aserto? No es un secreto para muchos de ustedes que, en la “Democracia ateniense”, se creó en efecto, un sistema que llamaron “democrático”, en virtud de que los “ciudadanos” eran iguales ante la ley. Ahora bien, aquí surge una pregunta ¿Quiénes eran “los ciudadanos” en la antigüedad ateniense? La respuesta inmediata es, “los libres”. De ese grupo quedaban excluidas todas las mujeres, los esclavos, los campesinos, y los residentes. El ciudadano pues era todo varón nacido en Atenas e hijo legítimo de padre y madre ateniense. Exclusivamente. En otras palabras, el propio concepto de “ciudadano” era excluyente.

De lo dicho se colige que, NO todas las personas poseían los mismos derechos, aunque sí, como se acaba de explicar los “ciudadanos” que conformaban una categoría restrictiva, excluyente, en primer lugar, de las mujeres. De la “Democracia” (también conocida como el “Demos soberano”) eran excluidos, además, los metecos (o extranjeros) y, otros individuos por razones de género, clase, raza, o condición material; ninguno de los cuales tenían derecho a la participación política efectiva.

En síntesis, podemos concluir que la idea que se nos ha heredado de la existencia de un sistema democrático en la antigua Atenas constituye una “Ilusión” en el sentido de una “representación sin verdadera realidad”.

¿Y en Costa Rica, vivimos en un sistema democrático? ¿O es que acaso seremos víctimas de otra “ilusión” en el sentido del “delirio” o del “espejismo”?

Costa Rica, digamos primero, es un país con una serie de singularidades que lo hacen especial en el concierto mundial: no tiene ejército; posee una larga tradición de resolver los conflictos internacionales por una vía no armada, donde el derecho se hace valer; la gran mayoría de los gobernantes y una buena parte de la ciudadanía respetan la tradición de apegarse a un desarrollo verde, en armonía con la naturaleza. Esta tradición dista mucho todavía de ser un modelo de “desarrollo sostenible y sustentable” con la naturaleza y los ecosistemas, pero, todavía puede considerársele una nación que está en esa ruta. Algo de lo más relevante es que el derecho a una educación en los niveles de preescolar, general básica y diversificada son obligatorias y, en el sistema público además son gratuitas y costeadas por el Estado, así garantizados todos esos derechos por la Constitución de la República. Todo lo expresado es parte constitutiva imprescindible de lo que se debe entender por un sistema democrático. Es decir, son elementos necesarios, pero son claramente insuficientes.

¿Qué nos hace falta? En nuestro país, como en casi todas las democracias del mundo, se ha ensanchado la desigualdad social medida en términos del ‘coeficiente de Gini’; en Costa Rica viene ocurriendo de un modo muy acentuado; aunque el coeficiente de Gini solamente hace referencia a la distribución de los salarios entre los diferentes niveles socioeconómicos. Hay que decir, además, que dicho coeficiente no toma en cuenta otros factores que son decisivos para medir de una manera más exacta la desigualdad social como, por ejemplo: la concentración de la riqueza, la distancia que se ha abierto entre las escuelas privadas, los colegios privados con respecto a los de la educación pública; la diferencia entre ciertos servicios de salud privados con relación a los servicios de la salud pública. Hay también otros indicadores, que marcan un gran deterioro de la situación social de la población más vulnerable, como su falta de acceso a obtener viviendas de calidad; es notable también una mengua del nivel de la seguridad pública que ofrece el Estado a la ciudadanía. La inseguridad en las calles y en muchas de las barriadas de las ciudades es palpable. Asimismo, se viene produciendo una disminución de consideración en la inversión pública en general que afecta la calidad de vida, sobre todo de la población de medianos y escasos recursos económicos y ha tenido un efecto para espolear la desocupación, tanto en el área urbana como rural.

Todo lo anterior, podemos decir que incide en la calidad de la democracia que ha tenido nuestro país. Hay información abundante al respecto, que se puede encontrar entre otras fuentes en los extraordinarios documentos del Estado de la Nación, producidos por una entidad muy reconocida en el entorno nacional e internacional, administrativamente independiente, pero perteneciente al Consejo Nacional de Rectores, de las cinco universidades públicas de Costa Rica.

Más recientemente, amplios sectores de la ciudadanía observan de parte del gobierno de la República un irrespeto al “estado de derecho” y a la división de poderes, que ha redundado en una creciente tendencia al incumplimiento estricto de las leyes y a una vulneración de la institucionalidad pública en general. En particular se observa con preocupación en el presidente de la República y en algunas de las personas que forman parte del elenco de sus más cercanos y cercanas colaboradoras, una acusada tendencia al autoritarismo y la arbitrariedad, evidente en una inclinación a vulnerar la libertad de prensa.

Hay elementos que dejamos por fuera, como el deterioro de la infraestructura, en particular en carreteras y ferrocarriles, así como abundantes incumplimientos por parte del gobierno de la República de su propio plan ofrecido a la ciudadanía, pero lo citado es suficiente para demostrar que la democracia costarricense, en su contenido y en su forma ha decaído y dista mucho de ser ejemplar. Más bien, hoy es más una “ilusión”, un espejismo, que una realidad.

Costa Rica manchada y en estado de emergencia no oficial

Escrito en . Publicado en Análisis.

Juan Francisco Campos

En la atmósfera de este país, es natural la formación de cumulonimbus semejantes a grandes manchas oscuras, las cuales, si bien obstaculizan la imaginación hasta la celestial mansión de los bienaventurados; no sucedería igual si su cepa política, tuviera voluntad para visualizar en el horizonte los caminos de atención real y efectiva de problemas nacionales como la violencia e inseguridad. Una prioridad ante la crisis o, mejor dicho, la emergencia nacional del Estado Social de Derecho y Servicio Público en que, está postrada Costa Rica. Situación sin precedentes en los últimos 75 años, pues opera hasta un nuevo tipo de guerra civil -entre pandillas según las autoridades- que, también mantiene en constante vigilia a la mayoría de la población; víctima del flagelo. Consecuentemente, el miedo nos mantiene presos entre muros y rejas de los propios hogares y comunidades, donde hace mucho la garantía real del derecho a la seguridad pública está en abandono. Y como en Gaza, hasta en hospitales públicos irrumpen asesinos.

Acerca de esa situación angustiosa, sin duda convertida en un estado de terror, vale decir que, en algunos momentos, el Estado directamente lo ha utilizado contra la población que, movilizada se ha opuesto a sus políticas; por ejemplo, con el fantasma del desempleo durante la campaña del referéndum del 2007 sobre el Tratado de libre comercio con USA1; vil extorsión desde el gobierno. Pero ahora, parece que también lo utiliza, o si no fuera así, es claro que se beneficia del mismo con la resultante desmovilización y frustración de la ciudadanía; aún frente a las más detestables políticas públicas que no cesan de eliminar o degradar derechos, así como garantías sociales y ambientales. Es conocido que, la violencia representa un negocio para quienes acorde con sus intereses administran el Estado. La industria bélica es boyante a nivel mundial, armas van, vienen y se usan por doquier; son parte de la economía de mercado. ¿Qué dispone nuestra legislación?

Y en esta debacle, el espectro de la corrupción se extendió con virulencia por todos los estamentos públicos y privados, como una metástasis en la Costa Rica “democrática” donde en estos tiempos, las principales noticias son las estadísticas de homicidios en ascenso. Al respecto, los pronósticos de los expertos para el fin de año 2023 se rompieron (907 homicidios), y los repetidos encuentros de jefes de los supremos poderes del Estado para abordar la crisis a su nivel, han generado más desesperanzas que soluciones efectivas. Obsérvese que, producto de estas gestas, lo más relevante hasta ahora, es una “mesa de trabajo” y a partir de ella, un decálogo de leyes con preponderancia punitiva. Por lo tanto, si dicha mesa, muestra ausencias sensibles como por ejemplo expertos en salud pública, de su seno no puede esperarse más que paliativos a la enfermedad.

En diciembre del 2022, hubo especulaciones acerca de que, la llamada “visita sorpresa” y escolta de seguridad ofrecida al presidente salvadoreño, no fue sólo para aquello de “Jale a Soda Tapia”. Pues se trataba de un casi “milagroso” visitante quien, al asumir gobierno en un país de los más violentos del mundo, en muy corto tiempo, con su “Plan Control Territorial” y guerra contra las pandillas, ya era un abanderado mundial de la seguridad ciudadana. Por lo tanto, para el improvisado gobierno costarricense, cualquier plan ensayado aún en contextos externos, tratándose de problemáticas comunes, despertaba interés y posible disposición de replicarlo2. Obviamente que, bajo tales apuros, quizás todavía faltaba y falta hoy espacio para un análisis consistente de la política desarrollada por parte del gobierno de N.A. Bukele, de la cual, el resultado que más reportan, es una significativa reducción a 2,4 hpcmh en la tasa de homicidios al cerrar el año 2023.

Pero sin bien ese dato, tiene una considerable importancia y la ciudadanía en general se lo reconoce, la situación real junto a otros indicadores, no puede ocultar por ejemplo que, la taza de privados de libertad ha crecido hasta situarse también entre las más altas del mundo. Es decir, ese plan desarrollado durante la actual administración del político-empresario Bukele, no ha solucionado el problema; sin embargo, la misma estadística ha sido su principal carta de presentación para continuar en el poder y según dicen, violentando la propia Constitución Política. La construcción de enormes cárceles como el “Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT)” y lo que esto representa, nos permite inferir más. Por ejemplo y parafraseando al gran escritor Eduardo Galeano acerca de la “escuela del crimen”3, ésta no sólo sigue abierta con todas sus profesoras, sino, reforzada con ese tipo de centros de reclusión. Según expertos, pasos hacia un inminente trabajo forzoso.

Además, si a nivel regional, hasta hace poco tiempo la criminalidad causaba estragos en el llamado Triángulo Norte de Centro América, es evidente que, en nuestro país, no hubo capacidad de prevención; mientras tanto, el chovinismo de pacíficos y más felices del mundo, nos desnudó en caída libre al naufragio de donde ellos actualmente tienden a salir. También, en vísperas de entrar a la segunda mitad de la actual administración, la más cruda realidad quizás no imaginada, nos acaba de demostrar que el barco efectivamente se hundió durante un período en el cual la inseguridad no se detuvo ni milésimas. Por el contrario, el dato frío y que se divulga mundialmente4, indica que, el estado de violencia e inseguridad que está desgarrando a nuestro país, registra una tasa de 17,4 hpcmh (2023), la segunda más alta de las cinco naciones centroamericanas. El llamado Triángulo cambió, pero nos absorbió. En este orden, es innegable que salir de tan compleja situación requiere de muchos recursos, y entre ellos sensibilidad humana ante las calamidades que vive la población, así como conocimiento y sabiduría para transformar la realidad en bien la nación. De igual forma el tiempo, ya que como se observa, caer en el abismo es rápido, pero salir del mimo es incierto. Obviamente que, este gobierno carece casi de todo y el tiempo es su principal enemigo.

Así que, desamparados, con autoridades incompetentes y en medio de una guerra, qué le espera a esta Nación por parte de ellas, si está a la vista que, les preocupa más aumentar el endeudamiento impagable del Estado en beneficio de concesionarios “manchados” que, al menos dotar económicamente de lo necesario al sistema de la Seguridad Pública ante la situación por la cual atraviesa. Así mismo, si en el accionar gubernamental, se muestra prioritario defender a un funcionario ejecutivo ya manchado también, que adecentar la Junta Directiva de una institución como la CCSS; a la cual, en lugar de pagarle las deudas, de diversas formas se le saquea a fin de concretar lo que se han propuesto: quebrarla. Deberían tener presente, aunque en sujetos así es imposible, que, el dinero que unos pocos se llevan, elimina la posibilidad del desarrollo, encarece la vida y hunde en más pobreza a los pueblos.

No habrá duda de que, en lo anterior, se describen mínimos ejemplos de esa otra forma de violencia: la corrupción, tal y como se le califica a esta pandemia que, forma parte de un espectro multicolor; rara vez incorporada en las estadísticas de la violencia e inseguridad. Ese mismo espectro que conduce a la tortura y el maltrato humanos, así planteado desde el propio seno de Naciones Unidas: “La corrupción destruye la ética de las personas. Quien ha sucumbido a sus redes jamás volverá a ser alguien que se respete a sí mismo, tampoco respetará los derechos de los seres vivos, las leyes, la democracia y, en especial, de la sociedad. Los actos de corrupción empobrecen a las personas, destruyen instituciones, pudren a la clase política y generan una forma tóxica de relacionamiento entre lo público y lo privado”5.

Y como para que no faltara, con la devastación ambiental que sufre el país y cuyo principal combustible además del Xileno es la corrupción verde6, la Administración Pública desde los altos mandos, de nuevo quedó exhibida a través de los focos de contaminación del agua de abastecimiento humano con decenas de miles de personas potencialmente expuestas a sustancias peligrosas. Otra emergencia tampoco reconocida en su justa dimensión, la cual, hace años se extendió por los campos de producción a nivel nacional; y donde para muchos casos denunciados, científicamente se han identificado los contaminantes y su procedencia. Pero a pesar de las afectaciones en salud y la quebrantada economía de las comunidades rurales, a través del tiempo no sólo el abastecimiento en calidad y cantidad del agua sigue siendo crítico, sino que, tampoco se ha demandado y castigado a los culpables de nivel privado y público. Es decir, también esta corrupción de color que ha hecho y sigue haciendo estragos en la gente, está impune. Y tratándose de actividades tanto comerciales como productivas, donde la contaminación ambiental del agua se debela también a nivel citadino, vale preguntarnos e interpelar al gobierno acerca de: qué ha sucedido con el deber en la función pública sobre la prevención del impacto y consecuentes daños ambientales en evidencia.

Los habitantes, deben tener presente que, los agroquímicos y derivados de petróleo como los combustibles, son sustancias muy peligrosas en cualquier lugar del mundo, y ninguna actividad, espacio o centro donde se almacenen o utilicen, puede estar exenta de estrictas regulaciones ambientales a través de la Evaluación de sus potenciales impactos, a fin de prevenir y mitigar sus efectos. Materia que, en este país hasta hace meses y por motivos diferentes, se cumplía muy débilmente (por ej.: en el uso de agroquímicos). Sin embargo, hoy día por medio de las más recientes reformas legales, derogación del Reglamento existente y promulgación de uno nuevo (D.E. No. 43898-2023-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC), el asunto es más delicado, pues se eliminaron regulaciones de diversas obras y actividades, y las que quedaron fueron desmejoradas. Así se procedió bajo el criterio de altos mandos políticos y empresariales de que, había exceso de “cuellos de botella”. El titular del MEIC, de nula experticia en asuntos ecológicos o ambientales, irrumpió como el principal verdugo de las regulaciones existentes así calificándolas, secundado por el homólogo del MINAE, jerarcas de la SETENA y CEFIA.

Por lo tanto, ante la emergencia en curso debido a la contaminación ambiental del agua en diferentes comunidades del país, y que el trabajo de la ciencia abrió espacio para también investigar sobre actores responsables; respecto al petróleo y el trasiego de combustibles por vías terrestres, debemos señalar que esta actividad no recibe ningún tipo de Evaluación Ambiental por parte de la SETENA. Igual sucede con los centros o actividades de mantenimiento automotriz que se han instalado por todos lados (Ej.: lubricentros y lavanderías de carros); los cuales, entre otros impactos, vierten altos volúmenes de aguas residuales cargadas de aceites y desengrasantes. A éstos, durante varios años, dicha institución paulatinamente los fue relegando de los procesos de la Evaluación Ambiental que a ella corresponde. En el mismo estado se encuentran: la remodelación y cambio de tanques de combustibles, instalaciones y tanques de autoabastecimiento de combustibles, bodegas de almacenamiento y expendio de diferentes sustancias incluyendo el Xileno, escombreras, cierre técnico de vertederos, etc.

En conclusión y no obstante el rechazo oficial y empresarial a nuestro Acuerdo de Escazú, motivados por el derecho superior a la denuncia ambiental, públicamente así planteamos: ante la Comisión Legislativa de Ambiente y ante la Fiscalía Ambiental. Que todos los mandos de la SETENA incluyendo la comisión plenaria y exjerarcas, así como los ministros de Ambiente y Energía y el MEIC, sean llamados a comparecer, por su presunta corresponsabilidad en la contaminación ambiental del agua de consumo humano con hidrocarburos y agroquímicos a nivel nacional; pues es parte de la emergencia que vivimos. Sin embargo, hasta hoy, la diligente destitución ejecutada contra un efímero jerarca aparentemente corresponsable, es la única acción de gobierno conocida contra la Administración deficiente; pero hay más y con antecedentes peores. Así mismo, tenemos presente que, la impunidad nutre la violencia e inseguridad ciudadana y, acciones emprendidas por entidades como la Defensoría de los Habitantes son absolutamente acertadas.

Referencias

1. https://revistas.ucr.ac.cr: HC Vargas: Los cuatro vértices del terror…

2. https://www.france24.com/es/video/20240123-costa-rica-presidente-busca-hacer-frente-a-la-violencia-con-políticas-similares-a-las-de-bukele

3. https://biblioteca.corteidh.or.cr/tablas/r16967.pdf

4. https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_tasa_de_homicidio_intencional

5. https://dialogodiverso.org/2020/05/24/corrupcion-una-forma-de-violencia/

6.https://www.prevenciondelavado.com/portal/nota_gratuita.aspx?codigo=132710&cd_producto=LYNTO&nm_origen=Home

Improvisar con la seguridad pública daña la democracia

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

Pronunciamiento:

El PAC propone al Poder Ejecutivo que se reestablezcan las jornadas 6×6, esto con el fin de no afectar a las fuerzas policiales en el desarrollo de sus rutinas personales, así como gestionar la adecuada dotación de recursos para mejorar las condiciones de trabajo, asociación, remuneración salarial, alimentación, transporte, alojamiento y capacitación.

Además, reiteramos la necesidad de retomar las operaciones periódicas conjuntas, llamadas mega operativos que fueron muy efectivas; así como fortalecer el programa comunitario “Sembrando seguridad” y otras estrategias de prevención integral.

Como partido político recordamos que durante los ocho años de gobierno PAC se dieron avances en la profesionalización de la fuerza pública, la generación y planeamiento de nuevas delegaciones, centros penitenciarios y la dotación de equipo móvil terrestre, aéreo y marino. Así como la implementación de un enfoque preventivo, entendiendo que el mayor enemigo de la seguridad de un país es la falta de oportunidades de desarrollo personal y empleo de nuestros habitantes.

Es prioritario convocar y apoyar el expediente legislativo de extinción del dominio presentado desde el 2015, que permitiría “quitar bienes” al narcotráfico para financiar un modelo de prevención civilista.

Finalmente, hacemos un llamado al Gobierno para que oriente sus acciones en la ruta que establecen los artículos 9 y 11 de nuestra Constitución: Artículo 9 “El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Ninguno de los Poderes puede delegar el ejercicio de funciones que le son propias…”

21 de abril de 2023.

COMISIÓN POLÍTICA – COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

PARTIDO ACCIÓN CIUDADANA