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Pronunciamiento público SEPROJOVEN y CASA RUAH

Como organización comprometida con la defensa y promoción de los derechos humanos, expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo ante cualquier discurso que relativice, normalice o justifique la violencia sexual, especialmente cuando involucra a personas menores de edad.

Las recientes declaraciones emitidas por una persona aspirante a un cargo de elección popular, en las que se presenta como “normal” una relación entre una adolescente de 15 años y un hombre adulto de 35 años, resultan alarmantes y contrarias a los principios de protección integral de la niñez y la adolescencia, reconocidos tanto en la legislación costarricense como en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Este tipo de afirmaciones desconocen las evidentes desigualdades de poder que existen por razones de edad, género y posición social, así como los riesgos físicos, emocionales y sociales que enfrentan las personas menores de edad en estas circunstancias. Presentar estos vínculos como aceptables no solo invisibiliza la violencia, sino que debilita los mecanismos de protección, desacredita la palabra de las víctimas y reproduce patrones históricos de abuso y dominación.

Las declaraciones realizadas desde espacios de representación pública no son neutras ni privadas. Tienen consecuencias reales ya que influyen en la forma en que la sociedad percibe la violencia y pueden legitimar prácticas que atentan contra la dignidad y la integridad de niñas, niños y adolescentes. Por ello, quienes aspiran a ocupar cargos públicos tienen una responsabilidad ética mayor en la manera en que se refieren a estos temas.

La violencia sexual contra personas menores de edad no puede reducirse a opiniones personales ni tratarse como casos aislados. Se trata de una problemática social estructural, vinculada a desigualdades históricas que colocan a niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad frente a personas adultas. Minimizar estas realidades contribuye a normalizar el daño y a mantener el silencio alrededor de situaciones que requieren protección y acción inmediata.

Recordamos que la protección de la niñez y la adolescencia es un asunto de interés público y una obligación indeclinable del Estado y de toda la sociedad. No puede quedar sujeta a criterios morales individuales ni a interpretaciones que desconozcan

el enfoque de derechos, la evidencia técnica y los estándares internacionales de protección. La integridad y el bienestar de las personas menores de edad constituyen un límite ético y jurídico que no admite relativizaciones.

Reiteramos nuestro compromiso con la prevención y erradicación de toda forma de violencia sexual, así como con la construcción de entornos seguros que garanticen protección efectiva, atención oportuna y acceso a la justicia. Defender los derechos de la niñez y la adolescencia no es una postura ideológica; es una responsabilidad colectiva y una condición básica para una sociedad democrática y justa.

Como organización, hacemos un llamado a las autoridades, a los actores políticos y a la ciudadanía a asumir una postura clara, informada y coherente con los derechos humanos. La dignidad de niñas, niños y adolescentes debe ser una prioridad incuestionable en cualquier discurso o proyecto político.

31 de enero de 2026, Costa Rica