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Etiqueta: Sergio Rojas Ortiz

Costa Rica está en deuda con protección de defensores de Derechos Humanos

  • Urge que la Asamblea Legislativa apruebe el proyecto de Ley Expediente No 19.610

  • Expediente cumple su plazo cuatrienal y está en peligro de archivarse

  • Consejo de Derechos Humanos de la ONU exige a Costa Rica proteger defensores de Derechos Humanos

(San José, 20/52019). Ser defensores de Derechos Humanos y ambientales es una de las ocupaciones más peligrosas del mundo según el informe de Global Witness (1): “Durante 2017, América Latina mantiene el primer lugar en el ranking de asesinatos contra personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. Sin embargo, la agroindustria ha sobrepasado a la minería como el negocio más vinculado al asesinato de activistas (ambas industrias juntas representan el 60% de las vinculaciones conocidas)”.

La resolución A/RES/53/144 de la Asamblea de las Naciones Unidas ha señalado la obligatoriedad de los Estados a proteger a los defensores y defensoras. Esta resolución obliga a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la protección de toda persona frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación negativa, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de su rol como defensor o defensora de los Derechos Humanos (2). Pese a esta orden de la ONU nuestro país sigue incumpliendo esta disposición internacional, pero los jerarcas del Estado costarricense venden al país como uno que respeta los derechos de todas las o personas, cuando en realidad está muy lejos de esta meta, así lo dejó caro el Consejo de Derechos Humanos de la ONU recientemente en un informe (3).

El aumento de casos de agresión, amenazas, acoso, hostigamiento, judicialización y hasta asesinatos de defensoras y defensores de Derechos Humanos en Costa Rica. Lamentablemente no es ajeno a nuestro país y la mayoría de los casos quedan sin consecuencias para quienes comenten estos crímenes.

Recientemente el caso del indígena bribri, Sergio Rojas Ortíz, asesinado cerca de la medianoche en su casa de 15 disparos el pasado 18 de marzo en el Territorio Indígena de Salitre(4), debería de ser motivo suficiente para que los 57 diputados aprueben el expediente legislativo 19.610 para proteger la vida de activistas de los Derechos Humanos.

Otro ejemplo que existe es la impunidad que gozan los actores intelectuales del asesinato de Jairo Mora -hoy en su sexto aniversario- pone en perspectiva la urgencia de la protección legal de personas defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza. Casos paradigmáticos como este crimen o las muertes aún no esclarecidas de Oscar Fallas, María del Mar Cordero y Javier Bustamante en 1994; posteriormente el hallazgo del cuerpo sin vida de David Maradiaga siete días y 7 meses después, son muchas veces condenados a la impunidad.

Para mejorar la seguridad jurídica de las personas que se dedican a la protección de la naturaleza es urgente que se apruebe la “Ley a favor de la protección de activistas de los Derechos Humanos”, la misma propone la inclusión de una serie de artículos que logren salvaguardar de mejor manera la vida de personas defensoras de derechos humanos que estén en riesgo. El proyecto ya fue dictaminado en la Comisión Especial Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa y está a punto de vencerse el plazo cuatrienal, por lo que está en peligro de ser archivada.

La reforma al Código Penal en el Expediente 19610 propone:

  • que a quien mate a una persona defensora o activista en amparo y promoción de los derechos humanos se impondrá prisión de veinte a treinta y cinco años
  • la pena de prisión será de cuatro a diez años a quien prive a otro de su libertad personal un defensora o activista en amparo y promoción de los derechos humanos
  • serán consideradas víctimas las personas que de manera pública y notoria sean reconocidas como defensoras o activistas de los derechos humanos establecidos y garantizados en los instrumentos del Derecho Internacional Público ratificados y vigentes en el país, cuando en los delitos contra uno o varios de sus integrantes el móvil sea su condición de activistas o defensores

En el mes internacional del ambiente solicitamos a los diputadas y diputados proteja a quienes protegen el ambiente y la gente. Que se salvaguarde la vida de aquellas personas que cuidan La Vida. Es urgente que se vote afirmativamente el expediente legislativo 19610 para dar protección a defensores de Derechos Humanos.

Notas:

1) Nueva información revela que 197 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente han sido asesinadas en 2017. https://www.globalwitness.org/en/blog/nuevainformaci%C3%B3n-revela-que-197-personas-defensoras-de-la-tierra-y-el-medioambiente-han-sido-asesinadas-en-2017/

2) Resolución de ONU sobre protección de defensoras de derechos Humanos. https://www.ohchr.org/SP/Issues/SRHRDefenders/Pages/Declaration.aspx

3) Costa Rica hará un exhaustivo análisis de las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU informa-tico.com/17-05-2019/costa-rica-haraexhaustivo-analisis-recomendaciones-consejo-derechos-humanos-onu

4) Sergio Rojas: https://semanariouniversidad.com/pais/organizaciones-denuncianasesinato-de-dirigente-indigena-sergio-rojas/

 

Organizaciones interesadas en firmar esta petición comunicarse al WhatsApp: 87609800 o al correo electrónico incidenciafecon@gmail.com

Contactos:

Larissa Arrollo Navarrete, Acceder 8822 1364

Angélica Alvarado, Ríos Vivos: 8583 0253

Henry Picado Cerdas, FECON: 8760 9800

 

Enviado por Alberto Gutiérrez Arguedas y Alejandro García Valerio.

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La UCR respalda las demandas de los pueblos indígenas al Gobierno

  • El pronunciamiento fue firmado por 40 premios nobel alternativos de 29 países del mundo

El indígena Brörán Pablo Sivas entregó el pronunciamiento al viceministro de la Presidencia, Juan Alfaro. Le acompañan la indígena Bribri Roxana Figueroa, el abogado Gustavo Cabrera, la profesora universitaria Maritza Marín y la estudiante Mariana Quirós. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.

Un grupo de estudiantes y una docente de la Universidad de Costa Rica (UCR) acompañaron a representantes de los pueblos indígenas de Térraba y Salitre en la entrega de un pronunciamiento que exige al Gobierno justicia y protección en sus territorios.

El documento, presentado hoy en la Casa Presidencial, señala la impunidad en torno al asesinato del líder Sergio Rojas Ortiz, ocurrido el pasado 18 de marzo, y la ausencia de intervención gubernamental para dar fin a la toma de sus territorios por parte de personas no indígenas, situación que ha desencadenado diversos actos de violencia.

La demanda presentada también cuenta con el respaldo de la fundación The Right Livelihood Award, instancia internacional sin fines de lucro que por medio de los llamados Premios Nobel Alternativos visibiliza relevantes luchas mundiales.

Tras conocer el contexto que experimentan los pueblos indígenas costarricenses, 40 laureados con los Premios Nobel Alternativos, en 29 países del mundo, firmaron el pronunciamiento para exigir «basta de heridos, de mutilados y de muerte indígena en Costa Rica y de un Estado Nacional ausente».

“Nuestros laureados no descansarán hasta que estas demandas se cumplan”, dijo Ole von Uexkull, director ejecutivo de la Fundación Right Livelihood Award. Según la instancia, «antes de la muerte de Sergio Rojas hubo un largo camino de violencia evitable, con responsables gubernamentales y particulares. Este es un camino que nunca más debe ser transitado».

Actualmente, la Ley Indígena 6172 establece la protección de los territorios indígenas y prohíbe la tenencia por parte de personas no indígenas. Esta normativa fue respaldada en 1992 por el Convenio 169 sobre Derechos Indígenas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La docente Maritza Marín expresó el compromiso de la UCR para favorecer el respeto a la población indígena en temas de territorialidad, violencia y cumplimiento de la legislación nacional e internacional. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.

En el año 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció medidas cautelares que otorgan responsabilidad al Gobierno costarricense respecto a la protección de los territorios de Térraba y Salitre.

El Gobierno se compromete a dar respuestas

El pronunciamiento fue recibido por el viceministro de la Presidencia Juan Alfaro de manos del indígena Brörán Pablo Sivas y de la indígena Bribri Roxana Figueroa, quienes estuvieron acompañados por el abogado Gustavo Cabrera, la profesora universitaria Maritza Marín y la estudiante Mariana Quirós.

Sivas expresó su malestar al no ser recibido por el presidente Carlos Alvarado para realizar la entrega del documento y afirmó que serían “benevolentes” dando un plazo de 15 días para que la Administración brinde una respuesta oficial a sus demandas.

La docente Maritza Marín señaló el interés de la UCR por facilitar el diálogo entre la academia, el activismo y los pueblos indígenas, a fin de favorecer el respeto a la población indígena en temas de territorialidad, violencia y cumplimiento de la legislación nacional e internacional.

“Tenemos muchas décadas de políticas y de planes, pero no se concretan y solo van desgastando a las organizaciones. Yo creo que es necesario llevar todas esas palabras a los hechos y es un reto importante concretarlo por medio de acciones que de verdad mejoren la calidad de vida de la gente”, enfatizó la académica.

El viceministro Alfaro afirmó ser la persona designada por el presidente Alvarado para atender las demandas de los pueblos indígenas, “no solo con el cumplimiento de las medidas cautelares, sino para impulsar la solución de las causas subyacentes al conflicto que existe en Salitre y en Térraba”.

“El hecho de que sea yo quien los está recibiendo es un acto no solo formal, sino afirmativo de recibir la nota y que llegue al lugar correcto, para que sea analizada de la mejor manera”, afirmó el jerarca, quien aunque asegura estar trabajando en el tema reconoció: “ocupo demostrar que queremos llegar a los resultados”.

DOCUMENTOS

Pronunciamiento de pueblos indígenas respaldado por «Premios Nobel Alternativos»

 

Andrea Méndez Montero

Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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Solicitan oportuna ejecución del Gobierno de desalojos a favor de pueblos indígenas

La política del Estado costarricense de no cumplimiento de las Medidas Cautelares 321-12 y las reiteradas excusas para justificar el retraso en la efectiva y oportuna ejecución de los desalojos ya aprobados por parte de las instancias gubernamentales competentes, muestra la negligencia del Estado/Gobierno y la ausencia de la voluntad política para la observancia activa de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.

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UCR: La violencia en Salitre y Térraba aumentó tras la muerte de Sergio Rojas

Eduardo Muñoz Sequeira

Vicerrectoría de Acción Social

La muerte del líder Bribri, Sergio Rojas Ortiz, se suma a la oleada de asesinatos en América Latina de indígenas y líderes comunitarios que coordinan procesos de justicia social y derechos humanos. Foto tomada del sitio del Frente Nacional de Pueblos Indígenas.

Tras el asesinato del líder Bribri Sergio Rojas Ortiz, del clan Uniwak, la escalada de violencia impune continúa. Personas de los pueblos Bröran y Bribri que habitan en los territorios indígenas en Térraba y Salitre, denunciaron públicamente este miércoles 3 de abril en conferencia de prensa que han recibido amenazas de acabar con sus vidas con armas de fuego, en un ambiente de impunidad y el abandono de las zonas por parte de los cuerpos de seguridad pública.

El encuentro con la prensa tuvo lugar en el paraninfo Daniel Oduber, en la sede de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), en Sabanilla. En ella levantaron sus voces Mariana Delgado Morales, líder Bribri y recuperadora de tierras en Salitre; Pablo Sibar Sibar, integrante del Consejo de Mayores Bröran; así como Lucía y Alban, ambos de apellidos Rojas Lázaro, hijos de Sergio Rojas. Les acompañaron, el Dr. Luis Paulino Vargas, director del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la UNED (CICDE) y Vanessa Jiménez, abogada del Forest People Program, quien asesora a los pueblos indígenas de Térraba y Salitre.

Representantes de los pueblos Bribri y Bröran convocaron a una conferencia de prensa para denunciar el aumento de la inseguridad que viven dentro de sus territorios tras el asesinato de Sergio Rojas Ortiz. Foto cortesía de la UNED.

Posterior a la actividad se organizó un panel que discutió más ampliamente el tema y se presentó los resultados del estudio titulado “El territorio de Salitre: derechos, memoria y violencia, 2010-2017”, realizado por el CICDE.

Líder hasta el último minuto. “Mi padre sigue siendo perseguido, aún después de muerto. El murió luchando por sus ideales, por un pueblo marginado y discriminado por el gobierno. Hasta el último día de su vida fue fiel a sus principios”, dijo a la prensa y a la audiencia presente.

“Pido al gobierno del presidente Carlos Alvarado que se comprometa con el pueblo Bribri, que siga con los procesos sobre nuestras tierras y que se coordine con nosotros y no con la gente ajena a nuestro pueblo”, exigió Rojas.

Pablo Sibar Sibar, coordinador del Consejo de Mayores del Pueblo Bröran, advirtió que lo que sucede en Térraba y Salitre es parte de la vida cotidiana en los otros territorios indígenas del país. Foto cortesía de la UNED.

Por su parte, Mariana Delgado advirtió que “estamos totalmente desamparados. Cuando hay disparos llamamos a los policías, ellos llegan tarde, una hora y media después y nos dicen que tienen miedo de meterse a nuestras fincas porque son privadas y que no tienen órdenes de sus superiores para protegernos y si no hay heridos o un muerto se van”.

Delgado aseguró que teme por su vida y la de su familia. “Aquí estoy presente con ustedes, mañana no sé si ustedes estarán hablando de mi muerte porque estamos siendo amenazados de muerte yo misma, unas compañeras y mi hijo, a quien un finquero le dijo le iba a dejar la cabeza como un colador”.

“Nuestra vida es insegura, aun en nuestra propia casa, aun en nuestro propio pueblo, de parte de estos terratenientes que día con día nos acosan, que nos pasan tirando balas. La policía no atiende a tiempo las llamadas por tiroteos en las montañas, que las hacen para amedrentarnos”.

Ante las constantes denuncias en la fiscalía de Buenos Aires, la única respuesta que han obtenido insistentemente es que para recibir protección deben abandonar sus territorios, a lo que los denunciantes se han negado. “Les hemos dicho que porque no sacan a nuestros agresores que nos amenazan día con día, qué porque nosotros debemos salir de nuestras tierras, de nuestras familias, de nuestras casas”.

“Estamos a la merced de los criminales que caminan por nuestros territorios a toda hora, burlándose de nosotros. No es una sola persona que está siendo amenazada, anteayer advirtieron al compañero Oscar Rojas, que lo iban a sacar de la recuperación de territorio que él hizo, porque ahí cerca hay una persona no indígena, que con sus compañeros y al calor de las fiestas dispararon y le gritaron que va èl será el otro después de Sergio”, denunció la líder.

Voces no escuchadas. “Esta es una lucha por nuestros derechos, amparados en las convenciones internacionales. El Estado no hace nada por la invasión de los no indígenas a nuestro territorio”, manifestó Pablo Sibar Sibar, coordinador del Consejo de Mayores del Pueblo Bröran.

Un estudio de la UNED reveló que al abordarse el tema indígena en los medios de comunicación mayor cantidad de voces reflejadas son la del mismo periodista y personas no indígenas. Foto cortesía de la UNED.

Sibar condenó que ni los poderes Judicial y Legislativo han cumplido con los procesos para garantizar el pleno disfrute de sus derechos ancestrales; y más bien esta misma semana un juez les dio tres días para abandonar una parte de su territorio.

El líder Bröran explicó que vinieron a la capital a denunciar porque en los medios de comunicación no se escuchan sus voces, y más bien se les da espacio a personas no indígenas para hablar sobre la situación que viven.

El Dr. Luis Paulino Vargas, del CICDE, hizo un llamado a los medios de comunicación y al personal periodístico a hacer un cambio de enfoque. Según el estudio realizado por ese centro de investigación, de las noticias difundidas solo el 20% de las voces incluidas en dichas producciones corresponden a indígenas.

Vargas también expresó su preocupación por que entre el 2010 y 2017 se registraron 124 hechos de violencia en los territorios indígenas, pero a la fecha ninguna persona ha sido llevada a los tribunales. La situación es similar en territorios en otras regiones del país, añadió Sibar.

Asimismo, acotó la abogada Jiménez, “no se ha ordenado ningún desalojo de los no indígenas, pero si han habido órdenes judiciales para que indígenas para que dejen sus tierras”.

Jiménez exigió que se cree un mecanismo de protección real, a la luz de la medida cautelar #321-12 de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

“A nuestro hermano Sergio le gustaría que nosotros siguiéramos luchando, en memoria de él y de muchos defensores de nuestros territorios así lo haremos, a pesar de que nos quieran desalojar”, aseguró Sibar.

 

Información generada desde la Vicerrectoría de Acción Social de la UCR.

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