Ir al contenido principal

Etiqueta: Servicio Fitosanitario del Estado

Estudio estima un uso intensivo de plaguicidas en los cultivos de Costa Rica (21,9 kg/ha) y no encuentra una mejora consistente en su peligrosidad entre 2010 y 2024

Escrito en . Publicado en Salud.

La investigación de la Universidad de Zúrich y la Universidad de California, Davis, integra 15 años de datos de comercio, registro y área sembrada para estimar el uso y la peligrosidad de 275 ingredientes activos por cultivo y provincia.

SURCOS comparte el siguiente comunicado del Bloque Verde:

Un estudio publicado en Environment International, una de las revistas científicas de mayor impacto en ciencias ambientales, analiza, a partir de datos oficiales y públicos del Estado costarricense, el uso de plaguicidas y su peligrosidad entre 2010 y 2024. Los resultados muestran que el uso en cultivos es casi el doble del promedio oficial, que incluye los pastos, y que es más intenso en el cultivo de banano y en la región Caribe. La peligrosidad no muestra una mejora consistente, ya que los indicadores más preocupantes para la salud se mantienen altos y los relacionados con los organismos acuáticos empeoran.

Una herramienta nueva construida con datos públicos

El equipo creó la Base de Datos Integrada de Plaguicidas de Costa Rica (CRIPD por sus siglas en inglés). Combina más de 71.000 registros de importación y exportación del Servicio Fitosanitario del Estado (2010–2024) con el registro nacional de plaguicidas, el área sembrada y 26 indicadores de peligrosidad de 275 ingredientes activos. El estudio fue posible gracias al sistema de datos públicos del Servicio Fitosanitario del Estado, construido a lo largo de décadas con el impulso de instituciones científicas y de la sociedad civil. Ese sistema convierte a Costa Rica en un referente, ya que el mismo método puede aplicarse en otros países que no sintetizan sus propios ingredientes activos, como muchos países de ingresos bajos y medios, siempre que publiquen datos similares.

«Los datos necesitaban depuración: al cruzarlos con las bases de Hacienda corregimos más de 30.000 errores, como cantidades mal digitadas o entradas duplicadas. Sin esa depuración, cualquier análisis de uso habría arrastrado esos errores», explica Santiago Álvarez-Fernández, investigador independiente y coautor del estudio.

Áreas y cultivos

Cuando se considera toda el área agropecuaria, incluidos los pastos, el estudio obtiene un promedio de 11,07 kg/ha, una cifra muy cercana a la reportada por el MAG (11,04 kg/ha). Sin embargo, los pastos ocupan cerca de la mitad de esa superficie y reciben en promedio apenas 1 kg/ha. Por eso, cuando se analizan solo las tierras de cultivo, el uso asciende a 21,9 kg/ha, una cifra que se sitúa entre las dos estimaciones que han dominado el debate nacional: la del Ministerio de Agricultura y la del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (34 kg/ha). Entre los cultivos, el banano presenta la mayor intensidad de uso, que pasó de 61 kg/ha en 2012 a 104 kg/ha en 2024. En términos geográficos, Limón es la provincia con el uso más alto: 57,5 kg/ha cuando se excluyen los pastos.

La mitad de la carga total de plaguicidas corresponde a cuatro ingredientes activos: el fungicida mancozeb, el herbicida glifosato, el insecticida diazinón y el nematicida etoprofos. El diazinón figura desde 2025 en la lista oficial de moléculas que ya no pueden registrarse por homologación, porque no pueden usarse en al menos el 70% de los países de la OCDE. Aun así, a octubre de 2026 mantiene 14 registros vigentes en el país. Además, el estudio muestra que el uso promedio nacional aumentó entre 2010 y 2024, a diferencia de la tendencia a la baja que muestran los datos de la FAO.

La peligrosidad no muestra una mejora consistente

Los 32 ingredientes activos que suman el 90% del uso presentan peligrosidad alta en al menos una categoría. Entre 2010 y 2024, aunque algunos indicadores mejoraron, siete indicadores de peligrosidad se agravaron, sobre todo los acuáticos, y siete no cambiaron. Las peligrosidades más preocupantes para la salud, que son el potencial cancerígeno, la disrupción endocrina y la toxicidad por contacto con la piel, comenzaron altas y se mantienen altas. Como indica el estudio, estos resultados no respaldan el argumento, frecuente en el debate público, de que la agricultura «moderna» conlleva una mejora al sustituir moléculas peligrosas por otras menos peligrosas. Además, el reglamento de registro vigente desde 2023, presentado como una vía para introducir esas moléculas, ha servido sobre todo para volver a registrar moléculas antiguas. Según datos del SFE, más de tres cuartas partes de los 58 ingredientes activos registrados con este reglamento hasta septiembre de 2026 ya contaban con registro previo en el país, entre ellos el mancozeb, el glifosato y el 2,4-D.

«Los ingredientes activos más usados en Costa Rica, como el mancozeb, el glifosato o el diazinón, llevan décadas en el mercado. Esto refleja una tendencia global que hemos analizado en estudios previos: se desarrollan cada vez menos ingredientes activos nuevos y crece el mercado de plaguicidas fuera de patente, o genéricos, que prolongan la vida de moléculas antiguas, muchas registradas hace décadas sin los estándares actuales de evaluación del riesgo», señala Soledad Castro-Vargas, investigadora de la Universidad de Zúrich y autora principal del estudio.

Lo que falta por saber

Para varios indicadores de salud y ecotoxicología, falta información sobre hasta el 31% de la carga utilizada, y para algunos grupos, como los invertebrados acuáticos tropicales, no hay datos suficientes para incluirlos. Muchos parámetros de evaluación se basan en climas templados. La ingesta diaria admisible, por ejemplo, supone un consumo de agua inferior al recomendado en el trópico. Las evaluaciones tampoco consideran mezclas, aunque estudios de laboratorio sugieren que algunas combinaciones, como la de mancozeb y glifosato, pueden tener efectos mayores que los de cada sustancia por separado.

Más allá de Costa Rica: metas globales de reducción de plaguicidas

Los resultados coinciden con un estudio global publicado este año en Science, que también encontró que la toxicidad de los plaguicidas aplicados en Costa Rica va en aumento. El tema llega en un momento clave. Del 19 al 30 de octubre, la COP17 del Convenio sobre la Diversidad Biológica revisa la meta mundial de reducir a la mitad el riesgo de los plaguicidas para 2030.

«Es probable que muchos países de agricultura tropical vivan una situación parecida, pero no podemos saberlo porque no publican datos como los de Costa Rica. Contar con esa información es el primer paso para reducir la peligrosidad de los plaguicidas, y Costa Rica demuestra que es posible tener un buen manejo de los datos públicos», afirma Ryan Galt, profesor de la Universidad de California, Davis, y coautor del estudio.

Implicaciones

Los autores proponen reportar por separado el uso de plaguicidas en cultivos y en pastos, para que las distintas partes del debate nacional discutan sobre la misma base, así como avanzar hacia un registro público de aplicaciones por cultivo y región, como el que existe en California. Los resultados también señalan prioridades para la investigación y la importancia de realizar estudios de monitoreo ambiental y de exposición, especialmente en la región Caribe y en torno a las plantaciones de banano y piña, así como de los ingredientes activos de uso elevado, como el mancozeb y el diazinón, y de sus efectos sobre los organismos acuáticos.

Artículo completo, en acceso abierto: https://doi.org/10.1016/j.envint.2026.110468

Costa Rica: un día innovador y pionero en agricultura orgánica hoy pierde terreno

Escrito en . Publicado en Alimentación.

Gabriela Soto Muñoz, MAOCO

En Costa Rica hay más de 3000 familias que cada día se levantan al amanecer para cumplir una promesa: producir alimentos que no envenenen la tierra, el agua ni a la gente. Han renunciado a los agroquímicos apostando por la biodiversidad, abonos naturales y paciencia. Producir así es un trabajo intensivo, pero es un acto de lealtad con el planeta. Y, sin embargo, hoy esa promesa está en retroceso.

Como parte de la Agenda Nacional de Evaluación, MIDEPLAN y la UNED (abril 2026) documentaron vacíos graves en la implementación de la Ley 8591 (2007) de Promoción de la Agricultura Orgánica —falta de planificación, presupuesto insuficiente, carencia de recursos humanos capacitados y opacidad en la rendición de cuentas— que evidencian el abandono institucional del sector orgánico. MIDEPLAN reconoce lo avanzado del diseño conceptual de la legislación, pero evidencia que la gestión pública no ha acompañado su cumplimiento, respaldando así lo que los productores llevamos años denunciando.

Las cifras lo confirman: el área certificada como orgánica cayó cerca de un 16% entre 2022 y 2025, según registros del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE). Al mismo tiempo, nuestras exportaciones orgánicas hacia el mercado europeo disminuyeron un 12% al 2025 respecto a 2024, pese al crecimiento de la demanda global por productos orgánicos (Fibl, 2026).

Los productores destacan que la ley creo espacios de trabajo conjunto entre el sector público y privado: la Comisión Nacional de Agricultura Orgánica, el Departamento de Agricultura Orgánica, la Unidad Técnica, etc. Estos espacios de sinergia fortalecían el crecimiento del sector. Hoy todas estas instancias están desmanteladas; en 2020 había cuatro personas dedicadas a la agricultura orgánica en el MAG; ahora no hay personal exclusivo en el tema.

Además de los desafíos macroeconómicos que vive hoy en día el sector agrícola exportador, los productores orgánicos soportan una carga adicional. Cumplen con regulaciones tributarias y sanitarias, financian certificaciones nacionales e internacionales y se someten a inspecciones constantes en un proceso vigilado por el SFE. Aunque estos controles los productores los ven como vitales para garantizar la confianza del consumidor, las regulaciones cambiantes, desmotivan su esfuerzo y compromiso.

Y finalmente, cuando este productor que cumplió con todas las reglas e inspecciones llega al mercado tiene que competir con productos que se venden como “orgánicos” sin certificación. El etiquetado “orgánico”, protegido por ley, pierde valor por el uso indebido en el mercado interno y por la falta de un control articulado entre MAG y MEIC, problema también señalado por MIDEPLAN. Esta competencia desleal desalienta y crea confusión en el consumidor.

¿Qué propone el Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense (MAOCO), y el informe de MIDEPLAN? Medidas urgentes: reinstaurar la oficina de agricultura orgánica en el MAG con personal capacitado, establecer un sistema efectivo de control de etiquetado entre MEIC y MAG, y lanzar campañas educativas para los consumidores. En resumen, el cumplimiento de la Ley 8591. Y modificaciones a las regulaciones de control a través de procesos participativos con el sector.

Es una inversión con retorno múltiple: alimentos más sanos, menos químicos en ríos y suelos, y una oferta exportable que mantiene su valor protegiendo la integridad del sello orgánico.

Si Costa Rica aspira a proteger su imagen como país que cuida de la naturaleza y quiere dejar de ser el país de la OCDE con más uso de plaguicidas por hectárea, debemos apoyar a los que lo cambian sembrando. No es caridad, es coherencia. Los productores orgánicos son la vanguardia, que, a través de mucho esfuerzo, buscan e implementan alternativas reales al abuso de agroquímicos. La producción orgánica no es un lujo: es una inversión en salud, resiliencia y futuro.

Fuentes citadas (selección)

– MIDEPLAN–UNED (abril 2026): Evaluación de la implementación de la Ley 8591.

– Servicio Fitosanitario del Estado (SFE): estadísticas de áreas certificadas y exportaciones 2022–2025.

– PNUD Costa Rica (2022): diagnóstico sobre consumo de plaguicidas.

– FiBL: estadísticas del mercado orgánico global.

– Ley N.º 8591 (2007): texto legal.

En el Día Mundial del Ambiente ecologistas llevan a juicio a Bayer y al Estado

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Ecologistas de Costa Rica llevan a juicio a Bayer S.A. y al Servicio Fitosanitario del Estado por haber liberado un algodón transgénico en Guanacaste

Los ecologistas señalan que la aprobación de la liberación del algodón transgénico COT102, junto con otros dos eventos apilados, se realizó de forma arbitraria, al no cumplir con los requisitos de bioseguridad, participación pública y transparencia exigidos tanto por el marco jurídico costarricense como por el Protocolo de Cartagena, del cual Costa Rica es firmante.

  • Asimismo, indican que Costa Rica forma parte del centro de origen del algodón, y que liberar algodones transgénicos representa un riesgo para la biodiversidad del país, ya que la liberación del cultivo transgénico apilado en cuestión se llevó a cabo ignorando la solicitud de información técnica valiosa, necesaria para deliberar y emitir un voto razonado como integrantes de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio).

  • Acusan al Servicio Fitosanitario del Estado de tener una actitud laxa, complaciente y permisiva con las transnacionales que siembran transgénicos en Costa Rica, y de no resguardar la bioseguridad en un país que alberga el 5 % de la biodiversidad mundial.

Este jueves 5 y viernes 6 de junio da inicio la recta final de un proceso contencioso-administrativo que lleva más de diez años. Los académicos en ciencias agrícolas Fabián Pacheco y Jaime García serán los testigos principales por parte del movimiento ecologista costarricense. Años atrás, ambos fueron representantes ante la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio), durante la evaluación de riesgos para autorizar o denegar la siembra de organismos transgénicos en Costa Rica.

La audiencia se celebrará en el Tribunal Contencioso Administrativo del Poder Judicial, en Calle Blancos, Goicoechea, donde los actores del proceso legal presentarán a sus testigos y los abogados aportarán las pruebas ante los jueces.

La demanda es liderada por las asociaciones Red de Coordinación en Biodiversidad y Comunidades Ecologistas La Ceiba – Amigos de la Tierra Costa Rica. En este caso específico, se plantea que la liberación del algodón transgénico apilado se realizó sin poder analizar información faltante, así como información adicional que el doctor en Ciencias Agrícolas, Jaime García, y el máster en Agrobiología Ambiental, Fabián Pacheco, solicitaron en calidad de integrantes de la CTNBio.

“Comparecemos en representación y como testigos de las asociaciones Red de Coordinación en Biodiversidad y Comunidades Ecologistas La Ceiba – Amigos de la Tierra Costa Rica, para solicitar la anulación de la autorización de liberación al ambiente del algodón transgénico COT102, en calidad de evento apilado, por haber sido emitida en violación flagrante del Principio Precautorio, el marco de bioseguridad vigente y el derecho de la ciudadanía a participar de forma informada en decisiones que afectan profundamente nuestra biodiversidad”, indicó Jaime García.

Por su parte, Fabián Pacheco señaló:

“Este no es un caso técnico o burocrático. Este es un caso que pone a prueba si Costa Rica cumple con su deber constitucional de proteger un ambiente sano para las presentes y futuras generaciones. Lo que aquí ocurrió fue una aprobación exprés, opaca, carente de estudios realizados en condiciones agroecológicas iguales o similares al área de liberación, así como de otro tipo de información relevante que fue solicitada formalmente. Es claro y evidente que dichas solicitudes de información fueron ignoradas por parte del Servicio Fitosanitario del Estado, en complacencia con los negocios con organismos transgénicos de las transnacionales. Se autorizó la liberación de un algodón modificado genéticamente (transgénico) apilado sin demostrar científicamente que no implica riesgos para la biodiversidad o los ecosistemas locales”.

Asimismo, agregó:

“Y esto es aún más grave si recordamos que Costa Rica ha ratificado el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, que exige expresamente que, ante la falta de certeza científica, se aplique el Principio de Precaución. Este tratado internacional es vinculante y debe prevalecer sobre cualquier resolución administrativa”.

En el marco de la celebración del Día Mundial del Ambiente, este 5 de junio, las y los ecologistas afirman que celebran esta fecha en pie de lucha, con la esperanza de que se demuestre que en Costa Rica el Estado Social de Derecho funciona y protege al ambiente y a sus pobladores. Señalan que es un buen día para exigir justicia para con la naturaleza, la cual seguirán defendiendo por esta y las futuras generaciones.

Datos del caso:

  • Expediente: 18-4060-1027-CA

  • Actoras: Asociación Red de Coordinación en Biodiversidad y Asociación Comunidades Ecologistas La Ceiba – Amigos de la Tierra Costa Rica.

  • Demandadas: Estado, SFE, Bayer

Foro sobre el impacto de los plaguicidas en ecosistemas y salud humana

Escrito en . Publicado en Derechos, Madre Tierra, Salud.

El 7 de agosto la Comisión de Salud Global de la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica organizó el foro titulado «Plaguicidas: impactos ecológicos y en salud pública y posibles soluciones para Costa Rica». En este foro se presentaron diferentes ángulos de este tema y se propusieron soluciones para reducir el impacto de los plaguicidas, los cuales afectan drásticamente los ecosistemas y la salud humana y animal.

El foro se puede seguir en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=umHHuOx-Wpo

Se adjunta el pronunciamiento que sobre este tema emitió la Comisión de Salud Global de la Academia Nacional de Ciencias.

Pronunciamiento de la Comisión de Salud Global de la Academia Nacional de Ciencias sobre el uso de plaguicidas en Costa Rica

Los plaguicidas son sustancias químicas que se utilizan para tratar de controlar organismos considerados plagas, los cuales afectan los sistemas productivos, con el consecuente impacto en la economía y la producción. Costa Rica es uno de los países a nivel mundial que aplica más plaguicidas por área agrícola (las estimaciones oscilan entre 10 y 35 kg/hectárea cultivada de acuerdo con diferentes fuentes). En la actualidad hay registrados en nuestro país más de 250 diferentes ingredientes activos con diversas acciones biocidas, de los cuales se usan activamente cerca de 200. Aproximadamente la mitad de los ingredientes activos usados en nuestro país en los últimos años se consideran Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAPs) de acuerdo con criterios internacionales (FAO, OMS) y, por volumen de uso, se estima que alrededor de un 90% de los plaguicidas usados son PAPs. Al aplicarse en los campos agrícolas, los PAPs pueden causar graves problemas agudos y crónicos de salud y contaminar recursos valiosos como el agua y el suelo, además de perjudicar a organismos benéficos como los polinizadores. Otra consecuencia del uso intensivo de plaguicidas es el aumento en la presión de selección y la evolución de resistencia de las plagas a este tipo de sustancias, lo que año a año reduce la eficacia de varios productos.

Debido a su amplio uso, los plaguicidas a menudo se dispersan fuera de las fincas y han sido detectados en múltiples compartimentos ambientales en Costa Rica. Su presencia en suelos agrícolas es alta y en el aire tienen potencial de transportarse a largas distancias de las zonas de cultivo, detectándose incluso en zonas montañosas con ecosistemas prístinos. También se ha demostrado que se infiltran hacia las aguas subterráneas, como es el caso del fungicida clorotalonil y el herbicida bromacil, que fueron ampliamente utilizados en muchos cultivos hasta su prohibición en 2017 y 2023, respectivamente, y afectaron las fuentes de consumo humano; además, la escorrentía superficial los transporta hacia aguas superficiales como ríos y quebradas.

Específicamente, en las aguas superficiales han sido detectados 32 plaguicidas en concentraciones que exceden uno o más criterios de calidad ambiental internacional para la protección de la biodiversidad, lo que implica que pueden ser tóxicos sobre diversos organismos (plantas, invertebrados, peces) y afectar la funcionalidad de los ecosistemas acuáticos. Asimismo, los estudios demuestran que incluso concentraciones bajas de plaguicidas pueden generar efectos bioquímicos, fisiológicos y/o en el comportamiento de los organismos vivos. En los casos más graves se ha asociado estas sustancias a múltiples eventos de mortandades masivas de fauna, tanto en ecosistemas acuáticos (peces) como terrestres (abejas).

El riesgo para los organismos vivos se incrementa ya que en las muestras ambientales típicamente se detectan varios plaguicidas simultáneamente. Algunos de los plaguicidas que han generado altos riesgos para los ecosistemas en la última década (su concentración en el ambiente es mayor que la que causa toxicidad aguda para algunos organismos) son los herbicidas ametrina, bromacil, diuron, hexazinona y terbutrina; los fungicidas azoxistrobina, clorotalonil, epoxiconazol y los insecticidas carbofuran, clorpirifos, diazinon, etoprofos, fenamifos, fipronil y terbufos. Cabe destacar que algunos de estos ya fueron prohibidos en Costa Rica, por ejemplo, el carbofuran (en 2014), el bromacil (en 2017) y el clorotalonil (en 2023), y existen restricciones de uso para el clorpirifos; sin embargo, estas sustancias continúan detectándose en muestras ambientales tomadas en los años 2022 y 2023.

En el ámbito de la salud humana, un informe de análisis de verduras frescas por parte del Servicio Fitosanitario del Estado, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, mostró que, en el 2020, un 20% de las muestras nacionales de vegetales frescos presentaron residuos de plaguicidas por encima de los límites máximos aceptados, y que las personas que viven o trabajan en la cercanía de plantaciones agrícolas se exponen a niveles elevados de múltiples plaguicidas. Por otra parte, estudios realizados en Costa Rica por la Universidad Nacional, en colaboración con universidades de Suecia y Estados Unidos, demostraron que los niveles de contaminación por fungicidas aplicados por vía aérea (pirimetanil, clorotalonil, mancozeb) y el insecticida clorpirifos son más altos en muestras biológicas obtenidas de personas residentes en la cercanía de fincas agrícolas. Un análisis de riesgo para la exposición al fungicida mancozeb en mujeres embarazadas estimó que un 72% de las participantes en el estudio sobrepasaba los niveles de referencia considerados seguros. El riesgo para la salud de la exposición de plaguicidas depende del grado de toxicidad inherente a la sustancia y del grado de exposición a la misma por parte de las personas que los utilizan.

Resultados de estudios epidemiológicos realizados en Costa Rica han demostrado que el contacto con ciertos plaguicidas puede afectar la salud humana de formas diversas. Algunos ejemplos son:

  1. El contacto con el fungicida mancozeb, y su metabolito etilentiourea, se ha asociado con la inhibición de la hormona tiroidea tiroxina libre (LT4) en mujeres embarazadas, cambios en la circunferencia cefálica de recién nacidos, desarrollo socioemocional inferior en niñas de un año, incremento en infecciones del tracto respiratorio inferior en infantes durante el primer año de vida e inferior aprendizaje verbal medido en niñas y niños de edad escolar.
  2. La exposición al fungicida pirimetanil se ha asociado tanto con la inhibición de la hormona tiroidea tiroxina libre (LT4) como con una menor capacidad lingüística en niñas de un año.
  3. El contacto con el insecticida clorpirifos se ha asociado con un menor peso al nacer, un menor perímetro cefálico y un inferior neurodesarrollo de niñas y niños.
  4. El contacto prenatal con el herbicida 2,4-D se asoció con un menor peso, un menor perímetro cefálico, y una menor longitud corporal al nacer, así como con un desarrollo inferior del lenguaje y la motricidad infantil.
  5. En trabajadores agrícolas, el contacto con clorpirifos y piretroides se ha asociado con una reducción de la activación cortical cerebral prefrontal durante la realización de tareas de memoria de trabajo.

Estas evidencias muestran que los riesgos de los plaguicidas en los ecosistemas y en la salud humana son preocupantes. El tema es complejo y demanda un abordaje multifactorial que tome en cuenta diversos aspectos, considerando el peligro y la toxicidad de las sustancias y el grado de exposición a las mismas. Sin embargo, las medidas de protección y prevención implementadas hasta ahora no han logrado cumplir con su propósito de salvaguarda ambiental y de la salud humana. A manera de ejemplo, la normativa nacional de distancias de no-aplicación de plaguicidas es una de las más laxas en América Latina.

Es necesario que exista un monitoreo sistemático y científicamente sólido de plaguicidas en el país. Asimismo, es indispensable instar a las autoridades y a la sociedad civil a considerar:

  1. La re-evaluación de riesgo ambiental (ERA) para los plaguicidas cuyo registro no incorporó métodos de ERA actuales, tales como los registrados antes del año 2004.
  2. La aplicación inmediata de medidas de reducción del uso de agroquímicos en la producción agrícola.
  3. La prohibición al uso de Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAPs) en caso de existir otras opciones viables, y la restricción y sustitución paulatina de PAPs en los casos en que, en la actualidad, no existan alternativas.
  4. El desarrollo de plaguicidas que tengan menor toxicidad en las personas y el ambiente, tanto en el ámbito de los productos de origen natural (biológicos, extractos de plantas, microorganismos o animales) como en la propia industria agroquímica, mediante el desarrollo de nuevas moléculas con mejores perfiles toxicológicos y ecotoxicológicos.
  5. La promoción del uso de buenas prácticas agrícolas para evitar exposiciones innecesarias y peligrosas, la incorporación de nuevas tecnologías de aplicación y de monitoreo de plagas para reducir las cantidades aplicadas y, lo más importante, la generación de prácticas de manejo de cultivos que reduzcan la necesidad de intervenir con aplicaciones de insumos.
  6. El aumento de las distancias de no-aplicación de plaguicidas y el fortalecimiento de la implementación de las legislaciones ya existentes.
  7. La posibilidad de otorgar un pago por servicios ambientales a los terrenos con agricultura ecológica, como una medida de protección de la biodiversidad, conservación de suelo y motivación para la disminución gradual del área cultivada con prácticas de agricultura convencional.
  8. Instar a los diferentes sectores de la sociedad a dar preferencia y promover una mayor oferta de productos provenientes de prácticas agroecológicas o que empleen bajas cantidades de plaguicidas.

Para reducir el impacto del uso de plaguicidas en Costa Rica debe darse una combinación estratégica de todos estos elementos. Con este abordaje integral y multifactorial podríamos aspirar a una disminución sustancial en el volumen aplicado de plaguicidas en Costa Rica en un plazo relativamente corto.

La Comisión de Salud Global de la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica hace un vehemente llamado de atención a la población, a las autoridades de gobierno y locales, al sector académico, a las organizaciones comunitarias, a las empresas del sector agrícola, y a las agricultoras y los agricultores, para que se tomen decisiones claras, sobre una base científica sólida, y se implementen acciones inmediatas que reduzcan significativamente los impactos negativos en la salud humana y los ecosistemas derivados del uso de plaguicidas.

Documento preparado por la Comisión de Salud Global de la Academia Nacional de Ciencias, con los aportes de Fernando Ramírez, Silvia Echeverría, Berna van Wendel de Joode y Luis Felipe Arauz.

*Los datos presentados en este pronunciamiento provienen de publicaciones en revistas científicas y en documentos diversos, y las referencias bibliográficas correspondientes se pueden consultar en la página web de la Academia Nacional de Ciencias (www.anc.cr).

7 de agosto del 2024.