Ir al contenido principal

Etiqueta: SETENA

Solicitan información detallada sobre pasos de fauna en vía hacia el Parque Nacional Braulio Carrillo

El abogado José Francisco Alfaro Carvajal, de CONCEVERDE, presentó una solicitud formal ante la Municipalidad de Barva para que se brinde información detallada sobre los pasos de fauna instalados en la carretera recientemente habilitada hacia el Parque Nacional Braulio Carrillo, sector Volcán Barva, en el contexto de preocupaciones ambientales sobre el impacto de esta vía.

Según consta en la nota dirigida a la Alcaldía Municipal, el solicitante requiere información precisa sobre la infraestructura destinada a la protección de la vida silvestre en ese tramo vial, incluyendo la cantidad, tipo y ubicación exacta de los pasos de fauna, así como sus respectivas coordenadas geográficas.

Asimismo, solicita copia de la resolución de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) mediante la cual se otorgó la viabilidad ambiental para la construcción y ampliación del camino, lo cual resulta clave para verificar el cumplimiento de las disposiciones ambientales aplicables.


Municipalidad traslada solicitud a instancias técnicas

Mediante el oficio MB-AMB-0225-2026, la Alcaldía de Barva trasladó la solicitud a la Unidad Técnica de Gestión Vial y a la Gestión Ambiental municipal, con el fin de que elaboren una respuesta conjunta sobre los aspectos planteados.

El documento indica que también se remitió copia al solicitante para su conocimiento, en seguimiento al trámite administrativo correspondiente.


Antecedentes: preocupaciones por impacto ambiental en zona protegida

La apertura y uso de la vía hacia el sector del Volcán Barva ha generado preocupaciones en sectores ciudadanos y ambientales, particularmente por su posible impacto sobre los ecosistemas del Parque Nacional Braulio Carrillo, una de las áreas protegidas más importantes del país.

En notas previas procesadas por SURCOS se ha señalado la necesidad de garantizar medidas efectivas de mitigación ambiental, entre ellas la correcta implementación de pasos de fauna que permitan la movilidad segura de especies silvestres y reduzcan la fragmentación de hábitats.

También se han registrado advertencias sobre la importancia de la transparencia en los procesos de evaluación ambiental, así como del acceso a información pública que permita a la ciudadanía verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas por SETENA.


Acceso a la información y control ciudadano

La solicitud presentada por el Lic. Alfaro Carvajal se inscribe en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, particularmente en temas de interés ambiental, donde la participación ciudadana y el control social resultan fundamentales.

El seguimiento de este caso permitirá determinar si las obras ejecutadas en la vía cumplen con los estándares ambientales requeridos y si las medidas de mitigación, como los pasos de fauna, han sido adecuadamente diseñadas e implementadas.

Más de 300 personas denuncian impacto ambiental del proyecto inmobiliario SAVIA en Ulloa de Heredia

Vecinos y vecinas de distintas comunidades de Ulloa de Heredia presentaron el pasado 6 de marzo de 2026 una denuncia formal ante varias instituciones públicas por los impactos ambientales y de salud que, según indican, está generando el proyecto inmobiliario SAVIA, desarrollado por PIMSA Portafolio Inmobiliario.

La gestión fue presentada con más de 300 firmas de residentes, quienes solicitan la intervención inmediata de las autoridades para verificar las condiciones del proyecto y adoptar medidas correctivas ante la emisión recurrente de polvo y material particulado asociado a las obras de construcción.

La denuncia fue dirigida a SETENA, el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), la Municipalidad de Heredia y el Ministerio de Salud, instituciones a las que se pide realizar inspecciones y aplicar las medidas preventivas y cautelares correspondientes.

Denuncia por emisiones de polvo y afectación a la salud

De acuerdo con el documento presentado ante las autoridades, las comunidades cercanas al proyecto han experimentado en las últimas semanas emisiones recurrentes y significativas de polvo producto de las actividades constructivas y del movimiento de materiales en el sitio.

Según señalan las personas denunciantes, este material particulado se desplaza hacia zonas residenciales cercanas, afectando comunidades como Condominio Blue, Condominio Vita, Residencial Los Arcos en Cariari y otros sectores aledaños.

La denuncia advierte que la situación genera afectaciones directas a la salud de las personas, particularmente en quienes padecen problemas respiratorios o pertenecen a grupos vulnerables, para quienes la exposición constante a partículas en suspensión representa un riesgo prolongado.

Asimismo, los residentes reportan que el polvo se deposita de forma persistente en viviendas, terrazas, vehículos y otras superficies, alterando la vida cotidiana y el uso normal de los hogares.

Solicitud de inspección y medidas cautelares

En el documento dirigido a la Municipalidad de Heredia, específicamente al Departamento de Control Constructivo, Ingeniería Municipal y Gestión Ambiental, solicitan una inspección urgente del proyecto.

La petición plantea que las autoridades verifiquen la situación denunciada y adopten medidas correctivas, preventivas y cautelares frente a la emisión recurrente de polvo proveniente del proyecto SAVIA.

Según la denuncia, el desarrollo se ubica en Barreal de Heredia, con conexión a la Ruta 1, zona donde anteriormente existían cafetales.

Preocupación por impacto ambiental y fauna silvestre

Además de los efectos en la salud y en la calidad de vida de las comunidades cercanas, las personas firmantes de la denuncia expresan preocupación por impactos ambientales adicionales derivados del desarrollo del proyecto.

En la nota enviada indican que en los últimos meses se ha observado un aumento en la presencia de fauna silvestre desplazada de su hábitat, especialmente animales que habitaban en los antiguos cafetales de la zona.

Entre los casos reportados se mencionan armadillos y garzas atropelladas, lo que, según los denunciantes, evidencia los efectos del cambio en el uso del suelo y del avance de las obras constructivas.

Denuncian abandono institucional

Las personas residentes que impulsan la denuncia manifiestan sentirse abandonadas en su lucha por obtener respuestas institucionales, pese a que —según indican— la situación ha sido persistente y afecta a varias comunidades del sector.

Por esta razón, solicitan a las autoridades competentes actuar con prontitud, verificar las condiciones del proyecto y garantizar la protección de la salud de las personas y del entorno ambiental de la zona.

Solicitan anular viabilidad ambiental de proyecto minero en el río Guacimal

Graves omisiones e inconsistencias técnicas

Un incidente de nulidad presentado ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental solicita la anulación de la Resolución N.° 0100-2025-SETENA, mediante la cual se otorgó viabilidad ambiental a un proyecto de extracción de material del cauce del río Guacimal, en Puntarenas. El recurso advierte deficiencias graves en el Estudio de Impacto Ambiental, contradicciones técnicas, ausencia de análisis esenciales y un riesgo significativo de daño ambiental irreversible en un ecosistema de alta fragilidad ubicado dentro del Corredor Biológico Pájaro Campana.

El incidente fue presentado por la abogada Sofía Barquero Mata, con el apoyo técnico de la Alianza Mundial de Derecho Ambiental (E-Law), en representación de un amplio grupo de organizaciones comunitarias de la cuenca del río Guacimal. El escrito sostiene que la resolución de SETENA está viciada de nulidad absoluta por haberse fundamentado en un Estudio de Impacto Ambiental que no cumple con los contenidos mínimos exigidos por la legislación ambiental y que impide una toma de decisión informada, en contravención del artículo 50 de la Constitución Política.

Un estudio ambiental insuficiente y contradictorio. Según el documento, el estudio ambiental adolece de múltiples deficiencias sustantivas y formales que comprometen su idoneidad técnica y jurídica. Entre ellas se señala la ausencia de una línea base ambiental adecuada, la incorrecta delimitación del área de influencia directa e indirecta, la omisión de impactos aguas arriba y aguas abajo, así como la falta de análisis de efectos acumulativos y sinérgicos. El recurso también advierte que anexos completos del expediente parecen corresponder a otro proyecto distinto, pues hacen referencia a “CDP Río San Carlos” y citan un número de expediente diferente, lo que genera dudas razonables sobre la coherencia y autenticidad del estudio evaluado.

Ecosistemas frágiles y especies amenazadas. El proyecto se ubica dentro del Corredor Biológico Pájaro Campana, una franja estratégica que conecta bosques nubosos con manglares costeros y que resulta fundamental para la movilidad de fauna y la conservación de la biodiversidad. El propio estudio reconoce la presencia de especies en categorías de amenaza, como el mono congo, la nutria de río, diversas aves y fauna acuática migratoria. Sin embargo, el recurso subraya una contradicción central del documento técnico, ya que mientras se reconoce que la fragilidad del ambiente acuático es alta, posteriormente se afirma que la afectación sería mínima al limitarse al tajo de extracción, minimizando el riesgo sin respaldo técnico suficiente.

Riesgo al agua, al paisaje y a las comunidades. El documento también señala que no se realizaron mediciones adecuadas de calidad del agua en el área que sería directamente intervenida, pese a que el propio estudio admite que la extracción de materiales libera sedimentos finos en suspensión, lo cual puede afectar la respiración y alimentación de organismos acuáticos. Este punto es particularmente crítico porque el río Guacimal es esencial para la seguridad hídrica de más de cuatro mil personas usuarias de ASADAS locales, cuyas fuentes y pozos dependen del río tanto en calidad como en cantidad. Además, la cuenca cumple una función clave para la conservación del corredor biológico, la economía local y la salud del manglar y del Golfo de Nicoya, por lo que el impacto no se limita al cauce intervenido, sino que tiene efectos acumulativos en todo el sistema socioecológico.

El recurso también cuestiona la omisión del valor paisajístico, recreativo y cultural del río Guacimal, a pesar de que el área cuenta con pozas, rápidos y sectores naturales utilizados para el baño, la recreación y el turismo de naturaleza. El estudio llega a afirmar que no existen valores paisajísticos, comerciales, recreativos o religiosos que puedan verse afectados, sin estudios de campo ni respaldo empírico que sustente esa conclusión. En el plano social se evidencian contradicciones adicionales, pues aunque el documento afirma que no hay población en el área de influencia, reconoce la existencia de comunidades cercanas, tránsito de vagonetas, riesgos para peatones y la presencia de un pozo comunal aguas abajo utilizado para abastecimiento doméstico.

Solicitud de anulación y medidas cautelares. Ante este panorama, el incidente solicita la anulación de la viabilidad ambiental otorgada y la adopción de medidas cautelares urgentes, incluyendo la suspensión inmediata de los efectos de la resolución para evitar que el proyecto avance hacia etapas potencialmente irreversibles. El texto advierte que permitir la continuación del trámite vaciaría de contenido el mandato constitucional de tutela preventiva del ambiente, convirtiendo la evaluación ambiental en un control tardío y meramente formal. Se enfatiza además que la suspensión solicitada es temporal, que no existen inversiones consolidadas acreditadas por parte del desarrollador y que el daño ambiental potencial sería estructuralmente irreversible.

Problemática y organización de Defensa del Rio Guacimal. En paralelo, comunidades del Corredor Biológico Pájaro Campana, junto con organizaciones socioambientales, Asociaciones de Desarrollo Integral y ASADAS, presentaron ante el Concejo Municipal de Puntarenas una solicitud para declarar una moratoria inmediata a nuevas extracciones mecanizadas de materiales en el cauce del río Guacimal debido a los riesgos ambientales, hídricos y socioeconómicos que enfrenta la cuenca.

Actualmente el río se encuentra amenazado por once solicitudes de concesión minera en cauce para extracción de piedra y arena entre Guacimal y Chomes. Dos ya operan y las restantes se encuentran en trámite, lo que implicaría casi veinte kilómetros de extracción prácticamente continua, abarcando más de la mitad del río. Las comunidades advierten que la extracción intensiva provoca profundización y ensanchamiento del lecho, erosión acelerada, pérdida de biodiversidad, afectación de zonas de recarga hídrica y daños a terrenos e infraestructura comunitaria. Asimismo, alertan que se restringiría el acceso tradicional al río y se afectarían emprendimientos de turismo rural, agricultura y actividades recreativas que constituyen pilares económicos del distrito.

Desde el año 2025 un bloque de veintiuna organizaciones ha articulado esfuerzos para visibilizar la importancia del río mediante campañas de concienciación y reuniones con autoridades del Poder Ejecutivo. Desde hace más de quince años las comunidades iniciaron la defensa de esta cuenca, particularmente del río Veracruz, uno de sus principales afluentes, frente a intentos de explotación comercial de su recurso hídrico para riego agrícola. Aquella iniciativa habría comprometido gravemente el equilibrio ecológico del sistema, poniendo en riesgo la supervivencia de la cuenca.

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Solicitan la nulidad de la licencia ambiental otorgada a proyecto minero en el cauce del Río Ario en Cóbano

  • El recurso argumenta sobre “Emergencia climática y Derechos Humanos” Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

  • Extracción de río pone en peligro la nutria y su ecosistema

  • El río es una de las principales fuentes de agua potable que abastece las costas de Malpaís, Santa Teresa, Playa Hermosa y Manzanillo, en la península de Nicoya

El abogado ambientalista Álvaro Sagot, junto con organizaciones y vecinos de Cóbano, presentó ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) una petición de nulidad absoluta, evidente y manifiesta contra la licencia ambiental N.º 1078-2023-SETENA, otorgada al proyecto de concesión minera en el cauce de dominio público del Río Ario, en la Península de Nicoya.

La gestión, fundamentada en el artículo 50 de la Constitución Política, la Ley General de la Administración Pública y la Ley de Biodiversidad, solicita que la SETENA revoque la licencia ambiental por considerarla contraria al derecho a un ambiente y clima sano, además de presentar omisiones graves en la evaluación de impacto ambiental.

El expediente del proyecto carece de un protocolo o guía ambiental que incorpore la variable climática, lo que constituye una violación al derecho humano a un clima sano reconocido recientemente por la Opinión Consultiva OC-32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La petición cita un oficio de la propia SETENA (SETENA-SG-0015-2025), en el que la institución reconoce que Costa Rica no cuenta aún con guías o protocolos de evaluación climática, lo cual implica que el acto administrativo carece de uno de sus elementos esenciales: el motivo técnico y el fundamento científico.

El recurso destaca que este caso se presenta en medio de una creciente preocupación por la crisis climática y la falta de mecanismos efectivos de control ambiental en proyectos extractivos. De concretarse la explotación del cauce, el país estaría incumpliendo obligaciones internacionales derivadas del Acuerdo de París, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y la Convención de Diversidad Biológica.

El recurso presenta una argumentación novedosa, basada en la Opinión Consultiva OC-32/25, titulada Emergencia climática y Derechos Humanos, emitida el 29 de mayo de 2025, la cual dispone que los Estados deben incorporar de manera obligatoria la variable climática en los estudios de impacto ambiental, algo que nunca antes se había considerado en el país.

El documento advierte que el proyecto podría generar daños irreversibles al ecosistema fluvial, tales como el aumento de la turbidez del agua, la pérdida de oxígeno por acumulación de sedimentos, la afectación a especies acuáticas como camarones de agua dulce y nutrias, y la alteración del equilibrio ecológico del humedal ubicado a menos de un kilómetro río abajo, dentro del Refugio de Vida Silvestre de los ríos Bongo y Ario.

Según el informe técnico del geólogo ambiental Allan Astorga, incorporado al expediente, la operación del proyecto por un periodo de diez a veinte años provocaría contaminación acumulativa y alteraciones significativas en el ecosistema del humedal.

El escrito sostiene además que la SETENA no garantizó el derecho de participación ciudadana, al no convocar audiencia pública ni permitir que la comunidad de Cóbano conociera los impactos del proyecto. También argumenta que la ausencia de evaluación climática contradice el principio precautorio y el deber del Estado de aplicar la mejor ciencia disponible en los procesos de evaluación ambiental, tal como exige la Ley Orgánica del Ambiente y los tratados internacionales ratificados por Costa Rica.

Nutrias en peligro de extinción. Es importante recordar que la Sala Constitucional ha sido clara en su deber de proteger a las especies amenazadas, especialmente cuando su presencia se confirma en áreas de impacto. En la visita de campo al Río Ario se encontraron nutrias, lo que, sumado a la ausencia de análisis de caudales, la falta de consideraciones sobre cambio climático y los efectos de fenómenos como El Niño o La Niña, evidencia que no se establecieron las salvaguardas ambientales mínimas. En un precedente similar, la Sala señaló que una concesión sin estudios ambientales suficientes puede causar desequilibrios ecológicos graves y afectar hábitats de especies en peligro, calificando tales autorizaciones como “groseras” por la falta de certeza científica sobre sus impactos (Voto 2014-8486).

De forma similar, en el Río Ario no existen medidas que garanticen la protección del ecosistema ni de la nutria, lo que compromete la validez de la licencia ambiental por carecer de los análisis básicos que sustentan su motivo y contenido.

Finalmente, la solicitud busca que la SETENA declare la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de la licencia ambiental por carecer de motivación técnica y violar derechos humanos ambientales. Además, pide que se suspenda de inmediato la ejecución del proyecto hasta que se elaboren y apliquen las guías climáticas nacionales y se realice una nueva evaluación ambiental integral y participativa. También solicita la convocatoria de una audiencia pública en Cóbano para informar a la ciudadanía sobre los posibles impactos ambientales y climáticos del proyecto.

Problemática del rio Ario. Esta concesión forma parte de otras ocho solicitudes mineras en la zona al inicio de 2024, lo que ha generado una amplia movilización comunitaria encabezada por la Alianza Comunitaria para el Ordenamiento Territorial (ACOT). Las comunidades han desarrollado campañas de sensibilización, recolección de firmas, recursos de amparo y otras acciones para defender el ecosistema del Río Arío, una cuenca de alta importancia hídrica donde se ubican los campos de pozos del AyA, en una región cada vez más afectada por la sequía y la escasez de agua. La defensa del río, señalan las organizaciones, es también la defensa del derecho al agua, a la vida y al equilibrio ambiental de toda la Península de Nicoya.

Videos, infografías y fotos tomados de SomosCongos.CR ver en: https://drive.google.com/drive/folders/1oV_Fy81KZK4MrQ27UMN7dH2dEebWZ8XT?usp=sharing

Apoya:
Proyecto ED-3526 “Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica”, Escuela de Geografía y Programa Kioscos Socioambientales, Vicerrectoría de Acción Social, Universidad de Costa Rica.

Contraloría advierte debilidades en la gestión de riesgo de corrupción en la evaluación ambiental de la SETENA

La Contraloría General de la República emitió un informe de auditoría en el que señala deficiencias significativas en la gestión del riesgo de corrupción dentro del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental que realiza la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA).

El documento evidencia que la gestión institucional frente al riesgo de corrupción es débil, inoportuna y carece de un enfoque integral, lo que afecta la calidad y trazabilidad de la información técnica utilizada para aprobar proyectos con impacto ambiental.

Según la auditoría, en algunos casos se otorgaron viabilidades ambientales basadas en estudios técnicos correspondientes a otros proyectos, lo que compromete la objetividad y fiabilidad de las evaluaciones. Además, el 90% de los casos analizados fueron aprobados sin inspección de campo previa por parte de la institución.

La Contraloría también determinó que el seguimiento que realiza la SETENA sobre las viabilidades otorgadas es principalmente reactivo, limitándose a responder solicitudes del desarrollador o de terceros. Esto deja en manos de profesionales externos la responsabilidad directa del cumplimiento de los compromisos ambientales establecidos, reduciendo la capacidad institucional para fiscalizar efectivamente los impactos reales de los proyectos.

Entre los hallazgos más relevantes, se reporta que el 74% de las evaluaciones revisadas presentan debilidades de control, y que el 60% de las inspecciones de cumplimiento planificadas no se ejecutaron. Asimismo, un 25% de los estudios de impacto ambiental no fueron publicados en el sitio web institucional, afectando la transparencia y el acceso público a la información.

Un caso destacado es el de un proyecto en Quepos (ver infografía adjunta), que recibió viabilidad ambiental pese a encontrarse en una zona con cobertura boscosa. Posteriormente, se detectaron 16 incumplimientos a las condiciones establecidas, con daños graves al ecosistema local, lo que evidencia las consecuencias reales de no aplicar controles efectivos.

La Contraloría subraya que, por el alcance de las decisiones que toma la SETENA y los intereses económicos que involucra, es esencial fortalecer los controles internos, garantizar criterios técnicos y verificables, y fomentar la rendición de cuentas. El informe señala que una gestión ambiental transparente no solo protege los ecosistemas, sino que también fortalece la confianza ciudadana en las instituciones públicas.

Acceda al informe completo haciendo click en el siguiente enlace: https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2025/SIGYD_D/SIGYD_D_2025025505.pdf

Denuncian “viabilidad ambiental exprés y oculta” del atracadero en Puerto Viejo

● Comunidad y organizaciones señalan falta de transparencia y participación en el proceso. Evalúan acciones legales y administrativas.

Bloque Verde. Puerto Viejo, Limón — Vecinas y vecinos de Puerto Viejo denunciaron la existencia de una viabilidad ambiental otorgada de forma exprés al proyecto de atracadero vecinal, cuya tramitación fue desconocida por la comunidad hasta que JAPDEVA anunció su existencia a finales de agosto de 2025.

Según informaron representantes comunales, la población se enteró del proyecto únicamente a través del comunicado de JAPDEVA. A partir de ese momento, diversas personas comenzaron a solicitar información a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y a la misma JAPDEVA, sin obtener respuestas claras sobre la existencia del expediente.

No fue sino hasta que una fuente anónima facilitó parte de la documentación, que confirmó la existencia de la viabilidad ambiental Nº D1-0883-2024-SETENA, otorgada en un trámite de apenas 18 días hábiles (entre el 7 y el 30 de octubre de 2024). Es decir que tienen el permiso ambiental aprobada desde hace un año sin que ninguna persona de la comunidad, asociación o parte interesada fuera notificada ni tuviera acceso al expediente, ni mucho menos apersonada en el mismo, es decir que permaneció oculto hasta que recientemente se localizó en el Banco de Proyectos de Inversión Pública del MIDEPLAN.

Por medios telefónicos, mensajes y solicitudes escritas, distintas personas de la comunidad habían consultado a SETENA sobre el expediente, pero —según las respuestas oficiales— fueron remitidas a proyectos antiguos que ya habían sido rechazados tanto por la institución como por la comunidad.

Ante estos hallazgos, abogados ambientalistas, profesionales, académicos, activistas y miembros de la comunidad analizan las posibles acciones legales y administrativas por la falta de transparencia y participación ciudadana en el proceso.

Asimismo, las personas de la comunidad denuncian que, mientras apenas se conoce la existencia de la viabilidad ambiental, están siendo convocadas a un supuesto proceso de consulta destinado a “legitimar” un proyecto que ya fue aprobado, lo que consideran una burla al derecho a la participación ciudadana y al acceso a la información pública. Señalan además que el atracadero ha sido rechazado en múltiples ocasiones anteriores, ya que se ubica en una zona arrecifal altamente viva pero amenazada, donde los ecosistemas marinos enfrentan graves impactos por el exceso de sedimentos y el blanqueamiento coralino asociado al aumento de la temperatura de los océanos.

Comisión Vías y Vida Silvestre insta a fortalecer pasos de fauna en rutas nacionales

La Comisión Vías y Vida Silvestre destacó la urgencia de contar con estudios sobre los puntos críticos de afectación a la vida silvestre provocada por obras de infraestructura. Según explicó Roxana Salazar, vocera de la Comisión, disponer de esta información permitiría identificar el tipo de pasos de fauna que deben instalarse en cada sitio para garantizar la conectividad de los ecosistemas.

En los últimos años, el esfuerzo principal se ha concentrado en la Ruta 32. Gracias a una resolución de la Sala Constitucional, se ha logrado la instalación de algunos de los 51 pasos señalados en la Evaluación de Impacto Ambiental presentada ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena). La Comisión cuenta con un documento que detalla la importancia de estos pasos en esa carretera, así como una publicación sobre la problemática de electrocución de animales.

Salazar también solicitó apoyo para que el paso peatonal aéreo que existía en la Ruta 27 sea reinstalado. Este puente permitía que especies del Parque Natural Urbano Lorne Ross se desplazaran hacia el sector norte, separado del parque por la carretera. Aunque existe un paso subterráneo, la vocera recalcó que el puente aéreo es necesario para el tránsito seguro de otras especies.

La Comisión reiteró su agradecimiento a las personas y organizaciones que trabajan por la biodiversidad del país y por el fortalecimiento de los corredores biológicos.

Grave situación jurídica del municipio de Talamanca por errores del MINAE y SINAC

Desde la Asociación para el Desarrollo de la Ecología se hizo llegar una carta al señor alcalde de Talamanca, Rugeli Morales Rodríguez, y al Concejo Municipal, en la que se expone una grave situación jurídica que enfrenta el cantón, producto de errores, inconsistencias e irregularidades administrativas atribuibles al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).

El documento, firmado por el ciudadano Marco Levy Virgo, solicita que la Municipalidad actúe de forma inmediata y contundente ante las consecuencias legales que afectan al Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, particularmente el sitio Ramsar 783, y el humedal del Río Carbón en Playa Negra, los cuales han sido objeto de urbanización, invasiones y fraccionamiento sin control, en parte por la omisión de autoridades ambientales.

Además, se exige la identificación de los funcionarios responsables, incluyendo al exdirector del ACLAC, Edwin Cyrus Cyrus, y al actual ministro de Ambiente, Franz Tattenbach Capra. También se insta a coordinar con MINAE y SINAC un mapa integral del ecosistema afectado, con información sobre construcciones legales e ilegales, carreteras, caminos y presencia de personas físicas o jurídicas en áreas protegidas.

La misiva advierte sobre el riesgo económico que estas irregularidades podrían generar para el presupuesto municipal, en caso de demandas legales por derechos otorgados sin fundamento técnico o legal.

Finalmente, la carta fue remitida también a autoridades nacionales como la Defensora de los Habitantes, la Contralora General y el Procurador General, así como a asociaciones comunales, cámaras de turismo y organizaciones del Caribe Sur.

La Municipalidad debe proteger los intereses de sus ciudadanos y no puede seguir siendo víctima de la negligencia de funcionarios del MINAE y SINAC”, señala el documento.

Fila Costeña amenazada por proyectos inmobiliarios y falta de regulación

  • Comunidades y la UCR han solicitado una moratoria

La reciente paralización total de las obras de un proyecto residencial en el Corredor Biológico Paso La Danta, en Portalón de Savegre sobre la Fila Costeña, es solo uno de los múltiples casos que ilustran la creciente amenaza que enfrenta este importante ecosistema montañoso debido a desarrollos inmobiliarios sin una regulación adecuada.

En muchos casos, estas construcciones se han realizado sin ningún tipo de regulación, sin estudios de viabilidad ambiental por parte de SETENA, ni permisos municipales. Esta situación fue documentada por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), en un estudio realizado en 2024, donde se concluye que el 25 % de las construcciones operan sin permisos. El cantón de Osa ocupa el décimo lugar a nivel nacional, con 4.798 metros cuadrados construidos sin licencia.

Problemática. Una investigación liderada por Carlos Morera, de la Escuela de Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional (UNA), reveló que entre 2002 y 2006, el 56 % de los permisos de construcción en la zona se otorgaron en áreas de fuerte pendiente y bosque primario. Muchas de estas edificaciones carecían de los permisos necesarios, lo que provocó deslizamientos y sedimentación en cuerpos de agua, afectando negativamente ecosistemas sensibles como el Parque Marino Ballena (UNA Comunica, 16-1-2009; Morera C.2009).

Esta contaminación marino-costera por sedimentación afecta directamente la supervivencia de corales y especies marinas protegidas, que son la razón de ser del Parque Marino Ballena. Además, impacta actividades como el ecoturismo y la pesca artesanal, que son fundamentales tanto para la economía local como para la seguridad alimentaria de las comunidades pesqueras.

El estudio de Morera también advierte que, aunque la cobertura boscosa ha aumentado en décadas recientes, esta tendencia está hoy en riesgo. El auge del llamado “turismo inmobiliario” —es decir, la construcción de bienes inmuebles como condominios, casas de lujo y residenciales orientados a la inversión extranjera— ha propiciado la deforestación en zonas clave, en especial aquellas con vistas al mar. En comunidades como Dominicalito, este fenómeno ha llevado al desplazamiento de habitantes locales para dar paso a desarrollos turísticos

Según estudios registrales realizados por Óscar Leiva, Máster en Desarrollo Territorial Rural por FLACSO, se estima que entre el 70 % y el 75 % de las propiedades en Ojochal están en manos de personas extranjeras. Esta estimación se basa en una muestra de aproximadamente 3.000 hectáreas inscritas, muchas a nombre de sociedades anónimas, y forma parte de su tesis de Maestría en Turismo y Desarrollo Sostenible en la Universidad Nacional (UNA), Sede Chorotega.

Además, el “estilo constructivo” de estas “comunidades privadas” —grandes casas con vistas al mar— implica la apertura de caminos en zonas boscosas y con pendientes pronunciadas, contribuyendo a la fragmentación de los parches de bosque que garantizan la conectividad ecológica de la fauna y flora. Según el Diagnóstico del Corredor Biológico (2018), esta conectividad se ha visto reducida en un 70 % debido a la fragmentación.

A ello se suma el impacto negativo sobre el recurso hídrico. La eliminación de cobertura forestal afecta la calidad y disponibilidad del agua, altera el ciclo de recarga de acuíferos y, junto con el traslado de material pesado por caminos no aptos, ha provocado daños a manantiales —como lo documenta el biólogo Jorge Lobo desde 2006— y constantes interrupciones en el suministro de agua a comunidades de tierras bajas debido a fugas y roturas en la red, como refieren las y los vecinos.

En esa línea, según informó Camilo Flores, fiscal ambiental de Osa, los delitos ambientales más frecuentes en la Fila Costeña incluyen: tala ilegal, cambio de uso de suelo, invasión de áreas de protección y de cauces de agua, destrucción o extracción de vegetación en zonas protegidas, y aprovechamiento ilegal de recursos.

Según el informe “Situación del Reciclaje 2021-2024” de la Asociación de Reciclaje AmbiciOsas (2025), entre 2020 y 2024 la construcción de viviendas y negocios para la industria turística aumentó un 300 % en el distrito de Bahía Ballena. Solo en Ojochal, durante 2022, se tramitaron 2.000 permisos de construcción. El mismo informe, con datos del ICT (2024), señala al Parque Nacional Marino Ballena como el tercer parque más visitado del país, con 317 empresas de hospedaje, 1.713 habitaciones y 103 establecimientos gastronómicos en el distrito más pequeño del cantón. Esta afluencia turística, sumada al aumento de “comunidades privadas” en las montañas de la Fila Costeña, agrava los problemas de manejo de residuos y limita la capacidad de respuesta municipal.

Respuestas. En 2008, ante la gravedad de los impactos, la Universidad de Costa Rica hizo un llamado público a establecer una moratoria al turismo inmobiliario en esta zona. Este pronunciamiento subrayó la necesidad urgente de replantear los modelos de desarrollo turístico hacia enfoques sostenibles que respeten tanto el ambiente como las culturas locales (UCR, 2008).

Más recientemente, el 17 de julio de 2024, la Comisión de Alianza Comunal del Corredor Biológico Paso La Danta presentó ante el Concejo Municipal de Osa un acuerdo comunitario surgido del foro “Enlace Tierra+Mar”, realizado en el Festival del Día del Océano 2024. El acuerdo solicita:

  • Una moratoria en los permisos de construcción hasta contar con la regulación adecuada.

  • La actualización integral del Plan Regulador Cantonal.

  • La declaratoria de la Fila Costeña como “Categoría de Manejo Especial de Protección”.

  • La conformación de una Mesa de Diálogo Ciudadana para avanzar hacia un ordenamiento territorial participativo.

Un foro reciente titulado «El impacto de la industria inmobiliaria en la Fila Costeña del Pacífico Sur (SURCOS Digital, 5-4-2025), evidenció que la presión sobre estos territorios ha aumentado considerablemente. Con participación de expertos y representantes comunales, se discutieron los impactos negativos de los desarrollos no regulados, la deforestación y la falta de planificación territorial. Se reiteró la necesidad urgente de establecer una moratoria hasta contar con un plan regulador integral y participativo.

Antecedentes

  • Entre 2008 y 2010, el Tribunal Ambiental Administrativo abrió 44 expedientes por denuncias relacionadas con proyectos inmobiliarios, hoteles y aserraderos en esta región. Estas cifras, junto con las de la Península de Osa, constituyeron un récord preocupante (TAA: Osa, un tesoro en peligro).

  • Solo en el cantón de Osa, entre 2005 y 2014, se otorgaron 2.247 permisos de construcción. En 2008 se alcanzó un pico, seguido de una caída por la crisis inmobiliaria mundial; sin embargo, desde 2013 la tendencia ha retomado un crecimiento acelerado(La Nación, 08-6-2015).

  • La Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) denunció en 2008 la proliferación de residencias en la Fila Costeña mediante vacíos legales, como el Reglamento para el Control de Fraccionamientos y Urbanizaciones, que permite lotificaciones agrícolas sin evaluaciones ambientales integrales por parte de SETENA, bastando sólo una inspección municipal para obtener permisos (La Nación, 11- 9-2008).

Importancia de la zona

  • ¿Qué es el Corredor Biológico Paso de la Danta? Este territorio, que conecta las regiones del Pacífico Central y Sur de Costa Rica entre los ríos Savegre y Térraba, abarca aproximadamente 82.000 ha y 68 km de costa (ITCR, 2014). Es un corredor con ecosistemas diversos y de gran valor biológico, que protege zonas clave como los arrecifes rocosos de Dominicalito, el arrecife de coral en el Parque Nacional Marino Ballena y otras áreas costeras adyacentes(mapa).

  • La Fila Costeña. En Osa se extiende desde Dominical hasta Palmar Norte, descendiendo cerca de la costa y de la carretera Costanera Sur. Como bosque tropical húmedo, alberga una mezcla única de especies de bosques secos y húmedos, muchas de ellas endémicas. Cumple un rol clave en la conectividad ecológica entre áreas protegidas como los parques nacionales Manuel Antonio, Marino Ballena, Corcovado y el Humedal Térraba-Sierpe. Además, regula el clima local, tanto en la costa como en el Valle de El General, y es fuente de manantiales, cuencas y microcuencas vitales para la salud de los ecosistemas costeros y el abastecimiento de agua potable para las comunidades de tierras bajas.

Fotos: https://drive.google.com/drive/folders/1dfytJwhXbYTOqSMtfm0brNUDqMRW-4Kz?usp=sharing

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Solicitan informe sobre viabilidad ambiental de proyecto inmobiliario en Refugio Gandoca-Manzanillo

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología (AEL) solicitó formalmente a la administración del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (RNVSGM) un informe técnico sobre los fundamentos administrativos y legales que sustentan la Viabilidad Ambiental del proyecto inmobiliario DIVINE.

Según consta en el oficio AEL-00155-2025, con fecha del 7 de abril de 2025, Marco Levy Virgo, presidente de la AEL, dirigió la solicitud a la licenciada Fanny Cruz Torres, administradora del Refugio, expresando preocupación por un hecho que considera de especial interés en el ámbito de la conservación ambiental de esta área protegida.

El documento detalla que el 12 de febrero de 2025 se colocó un rótulo de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) frente al Colibrí Lodge, anunciando el proyecto DIVINE a cargo del desarrollador Philip Michel André Sánchez. La información consignada indica que el proyecto abarca 2.745 metros cuadrados y cuenta con Viabilidad Ambiental otorgada mediante la Resolución 1445-2024-SETENA del 13 de agosto de 2024.

La AEL señala que el sitio donde se proyecta esta iniciativa está compuesto por bosque y presuntamente se ubica dentro de los límites del RNVSGM, un área que además se encuentra bajo un proceso de judicialización.

En el oficio, Levy Virgo solicita que se le informe sobre cómo, pese a las medidas cautelares solicitadas por la Defensoría de los Habitantes en el marco del seguimiento y cumplimiento de la Sentencia 2019-012745 de la Sala Constitucional, se continúa permitiendo el fraccionamiento del bosque en esta zona protegida.

La misiva recuerda que dicha sentencia, dictada el 10 de julio de 2019, ordenó la protección y delimitación efectiva del RNVSGM. Este mandato ha sido objeto de seguimiento y medidas posteriores, incluyendo la resolución 2024-26300 del 10 de septiembre de 2024, que constató el incumplimiento de lo dispuesto en 2019.

La solicitud se fundamenta en el interés ciudadano de garantizar la integridad de los ecosistemas del refugio, así como en el derecho de acceso a la información pública ambiental, consagrado en la legislación costarricense, incluyendo la Ley Orgánica del Ambiente (N° 7554) y la Convención de Aarhus, ratificada por Costa Rica.

El oficio fue enviado con copia a diversas autoridades gubernamentales, entre ellas la Defensora de los Habitantes, la Contralora General, el Procurador General de la República, fiscales ambientales y otros funcionarios relacionados con la conservación ambiental y el ordenamiento territorial.