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El Derecho de la función pública del enemigo

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

“Quien gana la guerra determina lo que es norma, y quien la pierde ha de someterse a esa determinación” (G. Jakobs)

Manuel Hernández

En el complejo ciclo de desarrollo y consolidación del neoliberalismo económico, particularmente en los dos últimos años, acicateado por la crisis económica y fiscal del país, los poderes político-corporativos hegemónicos concertaron una potente y rabiosa legislación que trastoca los derechos individuales y socava los derechos colectivos de ciudadanía social de las personas que laboran en la Administración Pública.

Este ciclo comporta un deslizamiento gradual de la democracia hacia el autoritarismo político, que ha tenido un giro violento en estos dos años, que termina derrumbando las reglas pactadas de la institucionalidad democrática.

En este artículo se ensaya un análisis del contenido y alcances de esta legislación emergente y de excepción, que configura la categoría que denomino el Derecho de la función pública del enemigo.

Se utiliza esta categoría, derivada de la teoría del Derecho penal del enemigo (G. Jakobs), para examinar, desde un punto de vista crítico, esta legislación emergente y permanente, cuya imposición determina un giro de tuerca que consuma una reestructuración global del modelo o subsistema de las relaciones de trabajo de la Administración Pública. Una nueva institucionalidad, regresiva y de carácter autocrática, que coloca a los sindicatos en un serio predicado, comprometiéndolos a asumir un histórico desafío.

1.- La necesidad y pertinencia de una superestructura política-jurídica funcional al modelo de acumulación capitalista neoliberal

Aproximadamente, desde hace unas cuatro décadas, en nuestro país, se viene de manera progresiva, paso a paso, aunque no de manera rígidamente lineal, pero si en la misma dirección, aguijoneado por el Consenso de Washington (1989), desarrollando y consolidando el neoliberalismo económico.

Este modelo corresponde a una ya prolongada fase de reestructuración o ajuste estructurales del modo de producción capitalista, que responde a las nuevas exigencias de acumulación y explotación, no sólo de la fuerza de trabajo, sino también de los recursos de la naturaleza.

Este modelo de acumulación está radicado en la globalización de la economía y la producción, la financiarización de la economía, la automatización, la desregulación de los mercados, incluyendo la flexibilización del “mercado” de trabajo, la reestructuración de los procesos de producción, la reducción del déficit fiscal, del gasto público y la privatización de los servicios públicos (Williamson).

El neoliberalismo se sustenta en una lógica de acumulación por desposesión (Harvey), que tiene por objetivo reconstituir la hegemonía del capital en el proceso de producción y reproducción social, recurriendo a la mayor explotación posible de los recursos de la humanidad en su conjunto, que requiere menos derechos de libertad, derechos sociales, canales de mediación entre el capital y el trabajo y menos democracia (Noguera Fernández).

Estas políticas implican que el Estado asuma el “imperativo de la austeridad” (Luistig); en síntesis, más Mercado y menos Estado, el mantra de la ideología neoliberal, la esencia de la nueva Lex Mercatoria.

Pero este modelo de acumulación exige necesariamente una superestructura política- jurídica que fisiológicamente le sea funcional; es decir, de un conjunto de aparatos ideológicos de dominación (los famosos AIE de Althusser), que se adecuen a esta fase de desarrollo del capitalismo y aseguren el cumplimiento normativo y coactivo de aquellos objetivos.

En Costa Rica, esta superestructura política-normativa se empezó a gestar desde las primeras cartas de intenciones firmadas con el FMI (1982, 1984), la saga de los PAES 1, 2 y 3, firmados con BM, todos con la rúbrica socialdemócrata del PLN (1985, 1989, 1995), la aprobación del TLC (2007), la aprobación de los 22 comités para la adhesión de Costa Rica a la OCDE, dentro de cuya agenda destaca la reestructuración del empleo público y la Administración Pública.

Más reciente, en el último par de años, bajo el pretexto de la crisis fiscal, se aprobó aceleradamente una legislación “laboral”, con un núcleo duro que se basa en dos caras de la misma moneda: la desposesión de los derechos laborales de las personas que trabajan en la Administración Pública, y el menoscabo de sus derechos colectivos de ciudadanía.

Esta legislación emergente, excepcional, de excepción no temporal, sino permanente, que se articula en ese devenir del proceso de profundización de las reformas estructurales, tiene como sustrato la construcción ideológica del funcionario público antisocial forjada por los poderes fácticos.

Resulta aquí didáctica la siguiente afirmación de Chomsky:

“Cuando se trata de construir un monstruo fantástico siempre se produce una ofensiva ideológica, seguida de campañas para aniquilarlo. No se puede atacar si el adversario es capaz de defenderse: sería demasiado peligroso. Pero si se tiene la seguridad de que se le puede vencer, quizá se lo consiga despachar rápido y lanzar así otro suspiro de alivio.”

Esta cita de Chomsky refleja muy bien el proceso doméstico de construcción social y representación cultural del funcionario público, como enemigo de la ciudadanía, cuya violenta campaña, política y mediática, para destruir sus derechos individuales y de ciudadanía social, ha sido intensa y visceral en estos años.

Partiendo de esta construcción cultural negativa, el discurso político y mediático entronizado transfiere convenientemente la responsabilidad de la crisis fiscal a los funcionarios públicos, estigmatizados como parias que sacrifican los recursos públicos, “secuestradores de quirófanos”[1]; cuyos discursos destilados en cicuta llegan al extremo de desacreditarlos y tratarlos como hordas de acosadores sexuales y sátiros de menores de edad.[2]

En esta coyuntura, esa legislación que se promulgó responde a una combinación de varios factores: a la radical defensa, desde aquella racionalidad neoliberal, de la agenda de los intereses económicos del poder corporativo hegemónico, a la irracionalidad visceral de los sectores ultraderechistas y antidemocráticos, y también a una buena dosis de ignorancia política.

Lo cierto es que a merced de la crisis económica y fiscal, esos espurios intereses han encontrado un terreno fértil para empoderar su agenda y amalgamar una legislación de excepción, permanente, fundida principalmente en dos leyes, y una más que estaría próxima a ser también ley de la “República”, de la República oligárquica corporativa de ellos, a saber: Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N°9635 (2018), Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos, N°9808 (2020) y (Proyecto) Ley Marco de Empleo Público (que por el curso vertiginoso de los acontecimientos y el alto grado de consenso político concitado, me adelanto a ponerle, no el número de ley, pero si el año de promulgación: 2021).

Estas tres leyes de amplio espectro (que en este artículo de opinión asumo como tales) vienen a la postre a configurar el tridente neoliberal que denomino: el Derecho de la función pública del enemigo, que disciplinan, no solo el régimen de las condiciones de empleo, sino, además, la actividad principal de los sindicatos en el ámbito de la Administración Pública.

2.- La configuración del Derecho de la función pública del enemigo

Antes de desarrollar el contenido y alcance de esta propuesta que planteo, es pertinente advertir que esta denominación la tomé prestada de la teoría del derecho penal del enemigo (G. Jakobs, 1985), cuya trasposición al derecho laboral, particularmente al ámbito del derecho de la función pública, mutatis mutandi, resulta jurídicamente sostenible.[3]

Esta teoría tiene un potencial expansivo (García Amado), que permite utilizarla como categoría critica de análisis, que facilita la comprensión de los (dis)valores antidemocráticos y juicios políticos que impregnan las leyes que de seguido se examinarán.

La configuración de este anunciado régimen jurídico de excepción de la función pública se basa en una legislación de tres patas:

2.1.- El disciplinamiento del desempeño, la productividad laboral y las remuneraciones de las y los funcionarios públicos

En uno de los contextos económicos más difíciles de nuestra historia republicana, con una fuerte resistencia social, se promulgó la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N°9635 (2018).

Esta ley tiene una impronta neoliberal incuestionable, compuesta por tres ejes: materia tributaria, regla fiscal y remuneraciones de las y los funcionarios públicos.

Tratándose de este último eje, la ley, por una parte, diseñó un nuevo modelo para disciplinar la gestión del desempeño de los servidores, y por otra parte, una regulación de contención de sus remuneraciones.

El modelo de evaluación de desempeño ordena la actividad laboral y la productividad de los funcionarios, quienes quedan sometidos, manu militari, a un esquema rígido, jerarquizado, unilateralista, vinculado al cumplimiento de una rigurosa métrica de índices y metas cuantitativas, que no necesariamente garantiza el mejoramiento de la eficiencia y calidad de la prestación de los servicios públicos.

Asimismo, disciplinó sus remuneraciones, porque nominalizó y congeló, ad perpetuam, los sobresueldos y complementos salariales.

La legislación produce una desvalorización de la fuerza de trabajo y un estancamiento de largo plazo de las remuneraciones, que de manera gradual perderán su valor real adquisitivo; en un círculo nada virtuoso, porque su efecto contradictorio causará una reducción de la demanda agregada y la contracción de los niveles de consumo.

A la vez, este régimen se complementa con las medidas extraordinarias que contempla la Regla Fiscal, que se aplicarán a partir de 2022, que producirán un congelamiento total de los salarios, con el consecuente empobrecimiento de amplias capas de funcionarios y funcionarias.

Podemos afirmar que esta ley consiste en una herramienta de política económica y fiscal, en una técnica de sujeción de la organización de la prestación de la fuerza de trabajo, la productividad y el control de las remuneraciones de los servidores públicos; además de las ostentosas restricciones que impone en materia de negociación colectiva de los salarios.

2.2.- El disciplinamiento del conflicto colectivo y la huelga en los servicios públicos

A consecuencia de las protestas sociales y la huelga general convocada por los sindicatos, a finales de 2018, contra el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, cuyo movimiento se extendió hasta por tres meses, se produjo una violenta y comatosa reacción de las patronales, los partidos políticos y el Gobierno.

La protesta social fue reprimida e impulsó frenéticamente un proyecto de ley, tendiente a reformar el Código de Trabajo, en materia de huelga, en una nueva escalada de estigmatización y hostilidad contra las personas funcionarias públicas.

Aquel constructo social del funcionario público, transmutado en enemigo de la sociedad, quedó reflejado en el discurso de uno de los más enconados diputados promoventes del proyecto:

“(…) La víctima de esa utilización [de la huelga] fue la gente, que hemos dicho en reiteradas ocasiones perdió operaciones quirúrgicas, tratamientos contra enfermedades graves, gente que no pudo llegar a su trabajo porque no bastándoles el uso de la huelga, se inventaron que el bloqueo era una especie de instrumento paralelo. Lo que hemos hecho ha sido devolverle a la ciudadanía la condición constitucional que nuestros padres y abuelos fijaron en la ley suprema del país:”

La contrarreforma laboral, consumada en la Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos, N°9808 (2020), en términos generales, por un lado, estableció sustanciales restricciones al ejercicio del derecho de huelga en determinados servicios públicos, y por otra parte, generalizó la prohibición de la huelga, a expensa de una concepción indiscriminada de los servicios esenciales, que no se adecua a los pronunciamientos de los órganos de control de OIT.

La ley constituye un autoritario dispositivo de control social que priva a los sindicatos de la principal medida de poder de presión colectiva de las y los trabajadores.

2.3.- El disciplinamiento de la relación de empleo y la autonomía colectiva

No obstante el impacto de grueso calibre causado por aquellas dos leyes, la superestructura jurídica-política necesaria no estaba todavía completa, perfeccionada; requiriéndose para esto, es decir, para consolidar “el bloque histórico” (Gramsci), además, una regulación totalizante de la relación de empleo público y la prohibición absoluta del derecho de negociación colectiva en la Administración Pública.

Este imperativo normativo, en el marco de adhesión del país a la OCDE, y ahora en la coyuntura de la crisis profundizada por la pandemia de la Covid-19, convertida en justificante para solicitar otro préstamo a FMI, se pretende cumplimentar con la aprobación definitiva de la Ley Marco de Empleo Público (Exp. N° 21336).

Esta nueva iniciativa, para honrar sus compromisos con uno de los comités de OCDE, la presentó el Poder Ejecutivo en 2019 y está actualmente dictaminada por la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, a la espera del trámite de las mociones de fondo vía artículo 137 del Reglamento de la Asamblea Legislativa.

El proyecto tiene 4 objetivos cardinales inescindibles: político, fiscal, (anti) sindical y otro enfocado en la reestructuración y reorganización de la Administración Pública[4].

El primer objetivo, de carácter político, tiende a una mayor concentración de poder en manos del Poder Ejecutivo, que se instrumenta con las múltiples y exorbitantes competencias que se le atribuyen a MIDEPLAN.

MIDEPLAN sufre una metamorfosis y transforma en un supraministerio, que tendrá bajo su dominio centralizado y absoluto la gobernanza política y la regulación normativa de los principales componentes de la relación de empleo público, prácticamente en todo el ámbito de la Administración Pública, que enerva todo espacio a la negociación colectiva.

El segundo objetivo, de carácter fiscal, se instrumenta particularmente con el esquema de salario único global; que ya la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas nominalizó y congeló los sobresueldos y complementos salariales, por lo que podría considerarse la antesala del salario global.

El tercer objetivo del proyecto es de orden antisindical, porque excluye del ámbito de la negociación colectiva, todos aquellos componentes de la relación de empleo, incluidas las remuneraciones, cuya regulación le compete en exclusiva y de manera excluyente al nuevo monstruo político MIDELEVIATAN, con un poder soberano sobre las condiciones laborales de los mortales servidores públicos.

Esta proscripción de la negociación colectiva en la función pública hunde sus raíces en la dogmática administrativista del Siglo XIX, que tiene su antecedente en la Filosofía del Derecho de Hegel, que reduce a la persona/funcionaria pública a un status de servidumbre, sometida a un régimen estatutario, cuya relación de empleo la determina unilateralmente el Estado, excluyendo absolutamente cualquier participación de los actores que representen sus intereses.[5]

Así, con esta tercera pata de la mesa, se estaría consolidando el ciclo de regulación neoliberal del trabajo en la función pública -que no significa necesariamente que con la Ley Marco de Empleo Público se vaya a cerrar este ciclo-, mediante la constitución de un poder-ministerio hegemónico, que regimienta la relación de empleo, complementado por la prohibición generalizada de la huelga y la negociación colectiva en la Administración Pública.

3.- Alcances e implicaciones del Derecho de la función pública del enemigo

Ese arpón normativo de tres puntas, clavado en el corazón de la función pública, da lugar, de acuerdo con la terminología de Lévi-Strauss y Durkheim, a un “hecho social total”, por las implicaciones que en su conjunto produce este régimen en el tejido político, social, jurídico e institucional.

Entonces, tenemos que en un período de tiempo muy corto, a ritmo de una legislación motorizada (Carl Smith), se está armando este excepcional Derecho de la función pública del enemigo, conformado por un tridente neoliberal, de tres potentes y filosos picos: la Ley de Finanzas Públicas, la contrarreforma legal en materia de huelga y la virtual aprobación de la Ley Marco de Empleo Público; salvo que algo extraordinario sobrevenga y se descubra la vacuna que nos salvaguarde de esta implosión neoliberal.

Se puede sostener que este disciplinamiento totalitario de la relación de empleo público, y el encierro normativo en el que se está metiendo a los sindicatos, privados del ejercicio de las acciones colectivas que le son inherentes, corresponde a una “explosión neofascista” (Cornel West), que simboliza al funcionario público como enemigo del bien común, que legitima que sea meritorio de una legislación de excepción, en términos de “defensa social”, opuesta a la legislación laboral, incluso a la legislación administrativa ordinaria.

En realidad, la construcción de ese patrón del otro, como enemigo de la sociedad, del orden público, del bien común, no es nada novedosa de este siglo XXI, cuyos antecedentes se remontan a los fascismos de la década de los 30 y 40 del siglo pasado, que contemporáneamente asumen renovadas expresiones matizadas por el neoliberalismo económico.

De esta forma, se construye una nueva forma de cohesión social del poder, basada en una “nueva forma de obediencia” y control social construido por las clases dominantes, que favorece la conformación de un Estado penal policial, “que reprime duramente las resistencias que puedan surgir como fruto del malestar social ocasionado por la pérdida de derechos, a la vez que genere miedo, para evitar que se reproduzcan.” (Noguera Fernández)

Esta nueva subjetividad del trabajo, encarnada en el enemigo, legitima que las funcionarias públicas sean excluidas del ordenamiento jurídico, “la expulsión de la ciudadanía del trabajo” (Pérez Rey y Adoración Guamán), mediante la imposición de un régimen autoritario diseñado para destruir sus derechos y combatir a las organizaciones gremiales que representan sus intereses, limitando o privándolas de sus derechos de representación y las funciones colectivas que le son esenciales, sin las cuales los sindicatos quedan reducidos a simples caricaturas jurídicas asociativas, desposeídos de todo poder social, gremial y contrahegemónico.

Esta regulación normativa de excepción, producida en corto plazo, obedece a una estrategia de choque, que forma parte del proyecto neoliberal, la cual marca una ruptura del ordenamiento, liquida el pacto político y social, en una suerte de quiebre constitucional totalmente incompatible con el sistema democrático y los derechos fundamentales.

En definitiva, este totalitario régimen estatutario, ex lege, institucionaliza un nuevo modelo, o más propiamente un subsistema de relaciones laborales de la Administración Pública, pero con consecuencias disciplinares que trascienden la “fabrica” pública y se extienden en su conjunto al sistema de relaciones laborales, como un “hecho social total”.

Este modelo define “una nueva matriz de disciplinamiento laboral más eficiente”, afincada en una “red de dispositivos” normativos de control o mecanismos heterónomos de dominación social, que fortalecen el poder de dirección patronal, refuerzan la relación asimétrica de trabajo, repelen toda manifestación del conflicto social y suprimen cualquier cauce de mediación democrática entre el Estado-Patrono y sus servidores.

Pero no olvidemos que todo “campo” de dominación contiene espacios o reductos de resistencia. Como señala Foucault: “Donde hay poder, hay resistencia.”

Por último, este modelo de relaciones laborales en la función pública, representa un serio desafío para los sindicatos, que no queda la menor duda que se están jugando la piel y el presente.

Este desafío lo tendrán que asumir los sindicatos, de una vez, con pensamiento crítico, en tiempo real, con la finalidad de construir una estrategia alternativa que resista el furioso embate y se restablezca la supremacía del Estado Social y Democrático.

1° de enero de 2021

[1] /La Nación, 27/09/2018

[2]/ La Nación, 27/11/2020

[3]/ Günther Jakobs opone el derecho penal del ciudadano, al derecho penal del enemigo. Esta teoría, que se ancla en la filosofía de Kant, sostiene que en la sociedad existen individuos que por la sola peligrosidad de las actividades que realizan, se justifica un trato penal represivo de excepción e intenso, como enemigos que hay que separar de la comunidad, protegiéndola frente a ellos. A estos individuos el Estado no debe tratarlos como personas, sino combatirlos como enemigos. Esta teoría ha sido utilizada eficazmente para combatir el terrorismo, la inmigración y los movimientos de resistencia contras las políticas neoliberales.

[4]/ En un artículo titulado “Los objetivos del Proyecto de Ley Marco de Empleo Público” desarrollé este tema, publicado en Surcos Digital, el 20/12/2020.

[5]/ En un artículo titulado “La dogmatica de la Procuraduría General en materia de negociación colectiva en la función pública”, publicado en el Semanario Universidad, de 10/12/2020, analicé el contenido y alcances de la concepción autocrática de relación estatutaria que encierra el proyecto de ley.

 

SEC: “Preparémonos para evitar que se apruebe el proyecto de ley de empleo público”

Escrito en . Publicado en Trabajo.

SURCOS comparte la siguiente información del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC):

El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense SEC, hace un llamado al Magisterio Nacional y a la clase trabajadora del sector público, para dar la lucha en contra del proyecto de Empleo Público, expediente número 21.336, que fue dictaminado.

Este proyecto elimina derechos fundamentales, algo que no podemos permitir.

Eliminar el principio de negociación colectiva, la cual es una herramienta de la democracia, es un acto fascista que nos ubica en un régimen totalitario.

La destrucción de la democracia y también del derecho al trabajo decente, son objetivos ocultos de esta nefasta y retrógrada propuesta de ley.

Se invita a todo el Movimiento Sindical y a los sectores organizados a una reunión, el jueves 7 de enero del 2021, a las 9 a.m. en el Auditorio del SINAE, para replantear la estrategia de lucha.

Se nos fue el 2020 y nos quedan retos para el 2021

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Lic. Miguel Ureña Cascante*

Se nos fue el 2020, año del COVID y con él se puso en evidencia de manera más clara los mega negocios producto de una administración deficitaria en planificación, controles. La ciencia de la administración y los grandes tratadistas en esta área, en este periodo; pudieron quizás demostrar sus teorías.

El “Principio de Peter” queda en evidencia, ante un grupo de connotados académicos que nos demostraron quizás que la teoría y la práctica son cosas diferentes, como dirían los abuelos, “no es lo mismo verla venir, que bailar con ella”, esto no justifica que una pandemia llega sin avisar, pero deja en evidencia, que los sectores sociales de este país siempre estuvieron bien orientados, tuvieron la razón, siempre promovieron que el Estado, centralizado en Hacienda, tuviera los recursos económicos necesarios para la pandemia fiscal, siempre latente en la espaldas del pueblo, pero resolviéndola de manera equitativa, justa y progresiva, que paliaran cualquier déficit financiero responsablemente.

Quedó en evidencia, que las “luminarias” que ocuparon los puestos principales de batalla ante el COVID, no pueden comprar mascarillas de óptima calidad, las compran a sobreprecios o simplemente no les importa pagar $46 USA por una vacuna, que en apariencia la empresa fabricante, la vende a 12 euros, situación que debe denunciarse; eso no se puede convalidar con un silencio de la contraparte.

A pesar de que el sector sindical tenía una plaza en un puesto de control adecuado, faltó más eco de esas luchas o denuncias que de ahí surgieron.

El blindaje al sector financiero y empresarial fue connotado con leyes de usura reformadas en tiempo récord, leyes de moratoria fiscal, ley de suspensión de contratos laborales, pero en nada se evidenció el interés para atacar el fraude, el contrabando, o la evasión.

Nuestros padres de la patria se tiraron al piso, por no decir quizás, en forma despectiva, se “bajaron los pantalones”, ante la cantidad de demandas promovidas por un sector golpeado ciertamente, necesarísimo para la economía misma, como es el sector privado y productivo, pero maltrecho por la voracidad de sectores privilegiados, como el turismo, el sector salud dentro del campo de la medicina privada y agropecuario entre otros, que aprovechando la poca cantidad de ojos humanos, utilizaron “los vivillos” esa debilidad, para mandar a USA y a EUROPA algunas frutas alteradas y conteniendo premios a actividades delictivas.

El sector privado es necesario y hay que fortalecerlo, sin afectación al consumo producto de una disminución de la capacidad de compra del consumidor final, el cambio de leyes como el ROP y el FCL contribuirían notablemente a mejorar la demanda, pero no se vale que PAPÁ ESTADO asuma las consecuencias del COVID nos gastemos recursos públicos en Bonos Proteger, cuando la empresa privada misma, en su contabilidad año a año, inserta la provisión de derechos laborales como un escudo en materia fiscal.

Quizás una ley de dotación del 50% de los derechos laborales sea necesaria, ante el galopante incremento de ingresos que muchos empresarios a pesar de la pandemia continuaron acumulando, entre ellos el sector médico, el sector financiero y el agrícola, con las bondades de estos últimos como la piña, cuyo nivel de PH ayudaba a la salud humana ante la pandemia, pero por falta de control algunas contenían un químico nocivo.

Se nos va el 2020, con una declarada división entre el sector sindical, con luchas aisladas, donde pareciera hasta bien planificado, con el hecho de generar protesta social, pero sin un pensamiento quizás de unión e integración, cada uno de sus grandes líderes, muy respetables al fin, pero con un nivel quizás de terquedad, cuyo actuar hace que persista la oportunidad de la contrapartes o tesis de “en rio revuelto, ganancia de pescadores”, sabiéndose que los pescadores son los poderosos de este país, tejiendo sus redes y como la “pesca de arrastre” llevan al trabajador a que nos pasen por la sartén y nos coman. Esto podría ser, por la falta de integración y deponer posiciones sectarias en beneficio de una convención o puesto, mientras otros, también no menos inocentes, siguen sin delegar ese liderazgo, sin pasar el relevo porque se afanan con el trono del poder interno en sus Mega Sindicatos, situación quizás que promueve un debilitamiento del movimiento y evita una oxigenación con el significado mismo de organizaciones de los trabajadores, para los trabajadores, y por los trabajadores.

Se nos fue el 2020 con cientos de héroes muertos en batalla, porque no tuvimos el conocimiento preciso de la actuación dolosa de nuestros Ministros o Presidentes Ejecutivos, actores quizás tildados de corruptos en actos lamiendo grandes fortunas salariales y protegiéndose con el infortunio de una pandemia, actores políticos decisivos para brindar el equipo adecuado a galenos e inocentes enfermeros, los que hoy al final del año, su esposa, sus hijos, sean los únicos que lleven flores a sus sepulturas, y mientras, un Ministerio Publico, tal cual semejanza con Keylor Navas , evita los goles de las persecuciones penales contra los “Dioses del Olimpo” , y ninguna agrupación sindical, con excepción de SITRAHSAN han solicitado su actuación en fechas pasadas, como la pérdida millonaria en inversiones, y la actuación de SINAE recientemente promovida.

Se nos va en el 2020, la urgencia de recordarle al Gobierno que baje los gastos en asesorías, en sistemas digitales onerosos, con la estrategia de centralizar administrativamente funciones tributarias, cuando la legislación es clara, las competencias son claras, la materia especial es clara, lo que no resulta nada claro, es la millonada que se pretenden “embuchar” algunos proveedores de licencias, sistemas o “tarros”, como sucedió con Tributación Digital.

Ciento cincuenta y seis millones de dólares, no se los brincan con garrocha.

Gastos es alquileres, mientras decenas de hectáreas propiedad del mimo gobierno encharraladas por falta de uso y millonarios pagos de alquileres a empresas de políticos reconocidos. Algunos terrenos que lejos de promover cultura, proveen espacios para el consumo de drogas, facilitando la construcción de tugurios como bunker.

Se nos viene un 2021 con una serie de amenazas que de continuar como el 2020, pasarán sin mayor conflicto todo el filtro legislativo, y aún no decidimos entrar a la corriente legislativa a defender desde una o varias curules los derechos de los trabajadores, único escenario por ocupar, ya que la “democracia de las calles”, es evidente, a nadie le trae beneficios y por el contrario, causa más división social al traerle malestar al trabajador de a pie.

Continuamos en el 2021 con la esperanza de un bloque sindical y social, firme en la lucha, con una visión individualizada de cada evento, pero globalizada, respetable y bien considerada por la colectividad.

Que el 2021 traiga lo que deba venir, pero; que el trabajador comprenda que tiene un grupo de compañeros que lo representan en cada actuar de manera adecuada y al nivel esperado.

* Licenciado en Derecho; licenciado en Administración; Contador Privado; Secretario General SITRAHSAN 2018-2020; exdirectivo SINDHAC; miembro fundador de la Asociación de Profesionales de Tributación Directa, TFA y Aduana; miembro fundador de la Asociación de Profesionales de Aduanas; membro junta directiva FENOTRAP; miembro activo CMTC; docente universitario, trabajador de toda la vida.

Sindicatos de Profesionales en Ciencias de la Salud exigen aumentar medidas restrictivas para Navidad y Año Nuevo

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

La Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería (ANPE), Sindicato de Médicos Veterinarios (Simevet), Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas de la Caja Costarricense del Seguro Social (Siprocimeca-CCSS), Sindicato Médicos Especialistas, (Siname) y la Unión Médica Nacional hicieron un llamado al Ministerio de Salud y al pueblo costarricense para tomar medidas ante la pandemia por COVID-19 durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo ante saturación del sistema de salud.

“La hora oscura de la pandemia ha llegado, nuestros hospitales están colapsando”, expone un video publicado por la ANPE y suscrito por los demás Sindicatos.

En el video se dirigen al Ministro de Salud, Daniel Salas, y exigen un aumento de las medidas restrictivas (entre ellas el confinamiento inmediato), el cierre de fronteras y la extensión de la restricción vehicular sanitaria.

“Usted como máxima autoridad de salud de Costa Rica, tiene la potestad para que toda la infraestructura sanitaria nacional sea puesta a disposición para toda la población costarricense, sin costo alguno para el Estado o la Caja”, indica el video.

También hacen un llamado a la población para tomar medidas aunque estas puedan ser dolorosas en plena época navideña.

El pronunciamiento cierra haciendo un llamado a adoptar políticas acertadas y corregir esquemas que no han funcionado, para no comprometer la vida y el futuro de los habitantes.

Es posible llegar a los autores intelectuales de las masacres (II)

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Carlos Meneses Reyes

Resultan asesinados, en forma continua, sucesiva y selectiva, los (as) líderes sociales, de minorías étnicas, afrodescendientes e indígenas, de oposición política, activistas, de juntas de acción comunal, sindicatos, y exguerrilleros desarmados, que se acogieron a los Acuerdos de La Habana y el Teatro Colón y que se oponen a los postulados de la secta, más que partido de gobierno, el Centro Democrático (CD). Enumerando, tenemos:

– Lo programático neoliberal del CD, como partido de gobierno se centra en lo relacionado con la megaminería. Las víctimas, selectivamente asesinadas, pertenecen a quienes se oponen a esos programas y su actividad política enfrenta a los megaproyectos. Los territorios en donde se dan los crimines, tienen que ver con extensiones de tierra en que las multinacionales tienen un interés especial. A su vez, esos espacios – que son espacios vitales para las comunidades- demandan alta presencia militar para asegurar la invasión de la inversión extranjera. Esa genuflexión lacaya, repercute en el asesinato de los habitantes raizales, en esos lugares. La defensa a ultranza de la invasión de la inversión extranjera en lo de explotación minera, petrolera con fracking incluido. La utilización del agua, los páramos, reservas naturales. La aplicación de los planes bio energéticos. La dedicación del latifundio narco latifundista y terrateniente en la explotación extensiva ganadera; así como destinación de tierras en cultivos de la palma africana y de maíz, afín a lugar en la obtención de combustibles biodegradables, con el prurito del lavado de dineros en esas empresas.

– Proponen enfrentar la perversa y corrupta minería ilegal; pero no para salidas democráticas de bienestar a los tradicionales mineros, sino para ayudar y conceder, gracias al sistema desbastador de lo extractivo, en contra de los intereses de la nación y en beneficio del imperio de las multinacionales. Entonces, aparecen los cuerpos acribillados de esos defensores de las economías informales. Los líderes sociales y dirigentes comunitarios que se oponen a esa degradación y depredación resultan asesinados. Esos son también los masacrados. Esto está íntimamente relacionado con los interese programáticos del partido de gobierno, el centro democrático (CD). El 50% de los casos de asesinatos selectivos y de masacres ocurren en los municipios con minería ilegal.

– La secta criminal CD, como usufructuarios del proyecto paramilitar de “refundación” que instauró una reforma agraria sangrienta, producto del desalojo, destierro, despojo de tierras en más de diez millones de hectáreas; a más de siete millones de víctimas, campesinos desplazados; mantiene en sus postulados la conservación de esas tierras en manos de los victimarios, sobre el montaje de ser “terceros poseedores”. A sangre y motosierra imponen el “no molestar” a los que quedaron con esas tierras de los desplazados (hoy mayoritariamente de las multinacionales) estimando como un asunto crucial, tanto en la bancada parlamentaria, como en las directrices presidenciales, que ese estatus quo ilegal y criminal no sea modificado. Conocidos como reclamantes de tierras, son quienes, a raíz de la desmovilización y entrega de las armas de las antiguas FARC, impulsados y representados por los (las) líderes en sus comunidades, regresan a sus comunidades. Los y las líderes que los representan resultan ser los acribillados; sacrificados por tener conocimiento y actividad social de las situaciones de despojo y mantener contactos, organizar e impulsar la defensa con las víctimas despojadas de esas tierras. Resulta inocultable el sicariato al servicio de los intereses programáticos de ese llamado partido de gobierno, el CD.

– Esa secta, CD, en el poder, se opuso y saboteo la salida política al conflicto armado interno con las guerrillas de las FARC-EP.

Obtenida la negociación y el arreglo definitivo, expresado en los Acuerdos de La Habana y el Teatro Colon, se propuso “hacerlo trizas”.

El llamado partido de gobierno, el CD, inspira entre sus seguidores un proceder sectario, de odio y de intransigencia en el trato del conflicto social y múltiple en el país. Para ellos hay “buenos muertos”.

– Una vez logrado el ilegitimo triunfo electoral con dineros del narcotráfico de la ÑEÑE política, ha sido visceral el sentimiento intenso, arraigado y personal, por desconocer a los antiguos ex combatientes, exguerrilleros, la personería de sujetos en el ejercicio político, ganado con el arraigo en las masas populares por más de cincuenta años de trabajo político y militar, anti oligárquico y antiimperialista.

– El tema de la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos no deja de ser de aspecto primordial y sobre el que gira toda la política militarista, como estandarte del compartimento gubernamental, con la dosificación inoculada de su partido de gobierno, en desconocer la implementación de lo Acordado, para obtener una salida de fondo al problema del cultivo de la coca y la erradicación de la cocaína como factor de subsistencia para amplia población del campesinado colombiano.

Siendo que el Sistema transicional y de no repetición es integral, habilita el considerar lo de la implementación de la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos como temática particular. De exposición originaria se concibió la sustitución de cultivos con la aplicación de la Reforma Agraria Integral (RAI) y para ésta la práctica del buen uso del instrumento legal existente de la Zonas de Reserva Campesina. (ZRC). Una solución radical a los cultivos está íntimamente relacionada en un todo integral y concatenado. Pero en gracia de discusión, dar por aceptado que la aplicación de la sustitución voluntaria, con la rectoría de un ejercicio de aplicación de cooperativismo rural y de autonomía de economía campesina como sujeto activo de derechos, constituiría un eslabón o paso a la solución de ese flagelo. Actualmente el 37% de los casos de asesinatos selectivos y masacres ocurren en zonas de cultivos ilícitos. La amenaza del uso del glifosato significa la agudización del conflicto armado; la multiplicación de la comercialización de lo ilícito; la reaparición del escenario para incentivar el instrumento de guerra contra las drogas; la justificación de la presencia de los asesores de brigadas militares estadounidenses en el país; el imperio de la violencia y el terror en el campo colombiano.

– Los proyectos que afectan la conservación de la Naturaleza, están al orden del día en el emprendimiento del CD. No benefician el interés general de la Nación, ni el bienestar colectivo de las comunidades. Las someten a posibles expropiaciones de territorios ancestrales. Afectando ciento de miles de hectáreas de áreas protegidas; desconociendo los modelos de desarrollo en conservación. Se hace interminable las imprecaciones de ese partido contra la vida humana y de la naturaleza; puesto que contribuyen es a la institucionalización del Ecocidio.

De lo primordial o esencial

El CD, opera en las regiones de Colombia en el dominio político de formas, de modos, de tenencia y uso de los territorios. Representan la oligarquía regional cuales grupos de poder territorial bajo intereses económicos, sociales e institucionales, anclados y con responsabilidades en la corrupción sistemática de la economía subterránea. Por ende, en la suplantación del Estado y en lo hegemónico social.

La secta, que no partido, el CD, apoyados por el sub presidente electo fraudulentamente, desnaturalizaron lo del Reglamento de la JEP. Consagraron la impunidad para los militares y los terceros, es decir civiles, involucrados en responsabilidades de crímenes de guerra y de lesa humanidad durante el conflicto armado. Presenta proyecto de ley para que no se dé el levantamiento del velo o secreto de las operaciones de lesa humanidad por parte de la inteligencia militar y para que ese factor de conocimiento no pueda ser utilizado por la Comisión de la Verdad. Su hoja de ruta ha sido la NO implementación de los Acuerdos, proponiendo la congelación de iniciativas al respecto. Con engañifas al conocimiento jurídico universal, plantean la extinción de los delitos conexos al delito de Rebelión; algo de la esencia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de exclusiva aplicación del juez transicional.

Lo de la injerencia de ese partido en el derrotero y función de la justicia, quedó plasmado y demostrado, durante el pasaje de presión política ejercida contra las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, en lo referente con las resoluciones tomadas, contra su principal exponente, que funge como expresidente y exsenador. Destaca en la búsqueda de una justicia de bolsillo, de comportamiento cortesano en el aliciente de lo elegante y distinguido para el servicio al Ejecutivo.

Resulta primordial volver a la temática de la búsqueda de la Solución Política al conflicto armado interno. Superar trabamientos y talanqueras ante la miopía insoportable de la no continuidad de las conversaciones con el ELN. Vencer obstáculos ante la actitud del avestruz, frente a la inminente necesidad de acercamientos políticos con el Ejército Popular de Liberación-EPL. Superar con creces el análisis de lo surgido con los entrampamientos a la implementación de lo Acordado con las antiguas FARC-EP, que trajeron el resurgimiento de la Segunda Marquetalia. Redefinir el llamado al creciente sector de las FARC-EP, que no se acogieron al proceso de conversaciones con el Antiguo Secretariado y a quienes, indiscutible mente, los motiva la misma concepción de sus fundadores e ideólogos históricos. Como se ve, el panorama es más complejo que el tramitado hace cuatro años y es precisamente la vigencia de un factor partidario cuestionado, en los análisis que asume este artículo, el que lo coloca en la imposibilidad de una continuidad histórica de permanencia.

Predomina una arremetida guerrerista

Analistas y consultores han desarrollado trabajos de investigación entorno a estos temas asumidos. Partiendo del presupuesto del control territorial el monopolio institucional del mismo no está efectivamente garantizado. Las economías criminales predominan y con ello el imperio de la corrupción con efectos directos en el desempeño constitucional de la fuerza pública. El conflicto armado es anterior al narcotráfico en Colombia. La existencia de ese conflicto incentiva múltiples factores que hacen cada día más complejo la solución a tantos interrogantes de la vida nacional. Por ello el aumento de la violencia selectiva y de masacres. La fuerza pública se mueve en escenarios de regiones en que, por ejemplo, se suceden enfrentamientos entre bandas criminales y ello refleja un tratamiento y sintomatología para el accionar contra insurgente. En otras regiones, las bandas criminales no se enfrentan y por lo general, la fuerza pública ejerce un control sobre ellas en el tratamiento y sintomatología para el accionar contra insurgente. Lo predominante e inmodificable resulta ser la presencia territorial y copamiento de las insurgencias. Así presentado, es dable concluir que el principal problema de las institucionales fuerzas armadas radica en la existencia del factor insurgente y por ende, cómo hacer uso de esos factores armados para ese enfrentamiento contra insurgente y en ese orden de ideas el uso del instrumento paramilitar es de esencia sine qua non, en la medida en que exista el conflicto armado y las operaciones contra insurgentes oficiales. Eso explica el que el ejército nacional, con ayuda de militares de Estados Unidos y huestes fascistas paramilitares, asuman el sangriento control de amplias zonas rurales. Ese accionar y practica aupada por una secta política de dirección gubernamental, es la que garantiza el efectivo cumplimiento a intereses corporativo-militaristas, afianzando los de las multinacionales; fortaleciendo el control político de los sectores terratenientes ganaderos y latifundistas, objetivamente aliados del narcotráfico, redundando en beneficios para la cúspide del capital financiero colombiano.

De un estado mafioso

Ante ese panorama destacar considerar la característica del Estado colombiano como un Narco Estado o Estado mafioso. Ello implica el desconocimiento o inexistencia de un Estado de Derecho, puesto que el ataque al individuo, como ciudadano, es lo dominante en una teoría militar de aplicación del enemigo interno. En eso juega el interés del partido o secta de gobierno de imponer su ideario político y económico, sustentado en las privatizaciones a ultranza; alicientes al sector financiero, en contra de los beneficios populares; subsidios a los grandes terratenientes y ganaderos; aplicación de reformas fiscales regresivas a cargo y en hombros del pueblo; la arremetida contra los derechos laborales de los trabajadores, en fantasiosa promesa de ayuda al impulso de empleos, para enfrentar la pandemia del coronavirus; la preparación y/o mantenimiento del sistema electoral corruptor y clientelista en el control y atornillamiento, mediante el fraude electoral que avecina, ante el paisaje de renovación alternativa, que el auge del movimiento popular y revolucionario asoma en Colombia.

Existen múltiples presentaciones del oscuro panorama de la Nación colombiana. En lo local-regional, persisten disputas dentro del Establecimiento de poder hegemónico oligárquico contra insurgente. La dosis de militarismo la asoma el analista y asiduo colaborador del portal rebelion.org, el profesor Renan Vega: Claves: 1.- Las Fuerzas de Tarea Conjunta, según los define el profesor Renán Vega Cantor (Vega, 2016) “son grupos de despliegue rápido con una diversidad de especializaciones. Estos grupos se caracterizan por su capacidad de adaptación en diversos terrenos y su flexibilidad en el tipo de acciones, además de su carácter ampliamente confidencial. En varias de ellas hay presencia de Comandantes de Brigada del Pentágono estadounidense con experiencia en Irak y Afganistán.” “La Fuerza de Tarea conjunta Vulcano a la que según el Ministro de Defensa colombiano se dirige parte de esta tropa extranjera, está ubicada en Tibú, Catatumbo, departamento Norte de Santander. (Frontera con el Estado Zulia) Cuya fuerza inicial es de entre 7.900 y 10.000 efectivos. Estos fueron reforzados en el 2018 con alrededor de 5.000 efectivos de las Fuerza de Despliegue Rápido N°3 (Fudra). Esta es la única Brigada que, según Carlos Holmes, vendría a asesorar este contingente estadounidense en la frontera colombo venezolana”.

Predomina una desconfianza en torno a la fuerza pública y no asoma una capacidad de liderazgo, con voluntad política, para desescalar el conflicto armado interno. Centrar el problema de fondo en la guerra contra las drogas, impone el contenido militarista del partido en el poder. Para ello sublimizan; es decir, engrandecen, exaltan, elevando a un grado superior a unas fuerzas armadas, sumergidas en el laberinto de la desfachatez, escándalos, divisiones internas.

Quien se oponga, tanto política como académicamente a las posturas del gobierno y su partido, están en la mira del sicariato. Puede resultar extenso; pero intenté traer a colación todos y cada uno de los aspectos de la vida nacional; incluidos temas como la salud, la defensa ecológica y otros. No es que haya olvidado la suerte de la población en las ciudades. Al igual que las masas empobrecidas de los lugares apartados, soportan la convergencia de la violencia, resultado del gobierno hegemónico de la derecha militarista contra insurgente; siendo los sectores populares los más golpeados en el acumulado de muertos, por una guerra que no termina.

Que, aunque cojee llegue la justicia

El vil asesinato de que fue objeto el líder opositor Jorge Solano Vega, en la ciudad de Ocaña, el pasado 03 de noviembre, registra la detención de un sujeto, oriundo de Medellín, como autor material. Se valora los sendos pronunciamientos del Ejército de Liberación Nacional de Colombia- E.L.N y del Ejército Popular de Liberación- E.P.L, en el sentido que no tuvieron que ver en absoluto con la autoría de tal crimen.

PERORACIÓN. Estas dos entregas apuntan a motivar en la búsqueda de los autores intelectuales de los horrendos crímenes ocurridos en Colombia. Como un ejercicio más, he redactado la Ponencia: “La Con causalidad de la Responsabilidad Penal del Centro Democrático en el Hecho Punitivo de Asesinatos Selectivos y Masacres”. Una tesitura que expongo a la Academia y Juristas de América, para que sea abordada por la disciplina penal y aporte a tal fin en los operadores de la justicia colombiana; o en última instancia, ante la Corte Penal Internacional (CPI).

Webinar: “Violencia y Acoso en el Mundo del Trabajo: pautas para protocolos en el sector salud”

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

En el marco del Proyecto de Kommunal “Compartiendo buenas prácticas para la prevención de la violencia en el sector salud” la Internacional de Servicios Públicos (ISP), realizará este 04 de diciembre a las 09:00 am de Costa Rica y El Salvador / 10:00 am Colombia y Perú / 12:00 pm Brasil, Chile y Paraguay / 04:00 pm Ginebra / el Encuentro Regional Virtual “Violencia y Acoso en el Mundo del Trabajo: pautas para protocolos en el sector salud”.

La importancia que adquiere para las y los trabajadores de la salud en América Latina el hacer efectivo el respeto de los derechos laborales, conlleva a relevar la necesidad que adquieren los ambientes libres de violencia y acoso, y que el personal de salud sea reconocido como sujetos de derechos, sobre todo en tiempos de COVID-19 donde la sobre carga de trabajo ha impactado en los factores de riesgos psicosociales de la primera línea. En este contexto, los procedimientos de denuncia, investigación y sanción al maltrato, la violencia y el acoso laboral, podrían marcar la diferencia a favor de los espacios de trabajo saludables.

De lo anterior, los principales objetivos del encuentro estarán orientados a :

* Relevar los factores de riesgos psicosociales, las violencias y los cuidados; y la necesidad de la ratificación del Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo, con énfasis en el sector salud.

* Promover herramientas para fomentar la erradicación de la violencia y el acoso de los espacios laborales como son los protocolos sindicales y/o institucionales con participación activa de los sindicatos.

Para poder participar, debe inscribirse aquí

Habrá interpretación español/ portugués.

 

Compartido con SURCOS por Óscar Rodríguez León.

Negación y autoritarismo en la Costa Rica sin ejército

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Osvaldo Durán Castro
Sociólogo. Profesor ITCR

La historia oficial de Costa Rica esconde o minimiza hechos despóticos, autoritarios y violentos, como la ilegalización de partidos políticos y sindicatos, asesinatos políticos, persecución, exilios, intimidaciones, decretos contra la clase trabajadora, entre otros. Muchas de esas prácticas se dieron en el contexto de la abolición del ejército, pero podemos decir que son parte de la historia actual por la falta de justicia e impunidad en muertes como los de Jaime Bustamante, María Del Mar Cordero y Oscar Fallas ocurrido el 7 de diciembre de 1994, David Maradiaga, el 14 de julio de 1995, Sergio Rojas Ortiz el 18 de marzo de 2019, Jerhy Rivera Rivera el 24 de febrero 2020 (cuyo caso sigue abierto), e incluso los asesinatos de Antonio Saldaña/Blu (Rey indígena) el 3 enero 1910 y de Pa-Blu Presberu el 4 julio 1710, pues todos responden a formas de violencia no reconocidas, no juzgadas y no castigadas.

Si bien no tener ejército es un gran mérito, hace falta recuperar la memoria no oficial y completa de Costa Rica para comprender el período histórico en el cual se produce la abolición del ejército. Es necesario desmitificar la historia oficial y algunos hechos en particular como lo ocurrido con el ejército, que fuera de contexto y en su versión oficial, es únicamente un “acto heroico” de Figueres Ferrer. Pero si ampliamos la visión con algunos decretos y acciones de la Junta Fundadora de la Segunda República, antes y después del 1 de diciembre de 1948, aparecen acontecimientos sobresalientes de los que se habla sólo “de pasada”, o se niegan deliberadamente.

Antes de la abolición del ejército se produjeron hechos de autoritarismo como la ilegalización del Partido Comunista consumada el 7 de julio de 1948, argumentando que ésa era una organización que atentaba “contra el régimen democrático”, según decía el Decreto firmado por José Figueres Ferrer. El mismo Figueres en el libro “El espíritu del 48” (1987. 308) indicó que “la proscripción estaba evidentemente dirigida contra cualquier agrupación comunista, llevara o no esa connotación. Estaba dirigida directamente contra el Partido Vanguardia Popular”. El Secretario general de Partido Comunista, Manuel Mora Valverde señaló que “se habían comprometido a no ilegalizarnos”, pero, “nos ilegalizaron para que el Departamento de Estado (de los Estados Unidos) les permitiera mantenerse en el poder” (Discursos. 1980, p. 407).

También se decretó la ilegalización de los sindicatos iniciando por la beligerante Confederación General de Trabajadores de Costa Rica. Sesenta sindicatos fueron forzosamente aniquilados con lo que se desarticuló la organización social que históricamente, desde finales del siglo anterior, había gestado la creación de las garantías sociales de los años cuarentas, tras décadas de luchas ejemplares. A las ilegalizaciones se sumaron el exilio de dirigentes comunistas y sindicalistas, el encarcelamiento, la tortura, la persecución y la intimidación de muchísimas personas (prácticas asociadas por el grueso de la población costarricense con otros países, pero nunca con Costa Rica).

Otros decretos de la Junta que revelan su cariz autoritario fueron los del 11 y 19 de mayo. El primero, número 7, dispuso “la remoción de los empleados públicos sin derechos a sus prestaciones legales y preaviso y cesantía. Además, se autoriza a las empresas particulares para despedir de sus puestos a aquellos empleados que consideran peligrosos”. El otro decreto creó el Tribunal de Sanciones Inmediatas para “…juzgar los hechos delictuosos cometidos por funcionarios públicos particularmente de 1940 a 1948. Los fallos de ese Tribunal no podían se apelados de ninguna forma”. Además, el 2 de junio de 1948, se crea el Tribunal de Probidad y la Oficina de Propiedad Intervenida, como explica el historiador Óscar Aguilar Bulgarelli en su libro Costa Rica y sus hechos políticos de 1948.

Otro de los hechos que marca la historia del país desde el autoritarismo, es el asesinato del Codo del Diablo perpetrado el 19 de diciembre de 1948, en el que pierden la vida los dirigentes comunistas Tobías Vaglio, Octavio Sáenz, Lucio Ibarra y Federico Picado. Con ellos fueron asesinados Narciso Sotomayor y Álvaro Aguilar. Dado que Picado era diputado electo por la provincia de Limón, este fue un magnicidio político. Ese crimen fue una ejecución sumaria planificada y ejecutada durante el gobierno de facto de Figueres Ferrer, que había sido instalado por medios militares y que ejercía con poderes ilimitados.

Casi como premonición de lo que le ocurriría a los militantes comunistas asesinados, algunas narraciones de subalternos de José Figueres Ferrer dan cuenta de que cuando a éste se le presentaron prisioneros se mostraba molesto. Según narra Manuel Solís Avendaño en su libro La institucionalidad ajena. Los años cuarenta y el fin de siglo (2006), Figueres decía que: “no debían crearme ese problema de prisioneros en el futuro, lo que deben hacer es no traer prisioneros, pues al enemigo hay que liquidarlo. Increpado por esta respuesta respondió que si se portaba blando perdería el respeto de los “muchachos”, los cuales de todas maneras matarían a los prisioneros”.

La trama política de esos años incluía la injerencia directa del gobierno de los Estados Unidos en los asuntos internos de Costa Rica. Mercedes Muñoz en su investigación Los problemas de seguridad del Estado costarricense 1940-1948 (1989, p. 102) expone que “…el embajador costarricense en Washington, en una entrevista con Tapley Bennet, Director de la Oficina de Centroamérica y Panamá del Departamento de Estado, reconoció el peligro marxista en Costa Rica y la influencia perniciosa del Partido Comunista para el Gobierno”.

La línea anticomunista para América Latina definida y promovida por los Estados Unidos, fue seguida puntillosamente por los integrantes de la Junta Fundadora de la Segunda República desde antes de que tomaran militarmente el poder por medio de “una Junta de Gobierno con poderes ilimitados” como indica Figueres Ferrer. Pero además, el anticomunismo había sido también un componente del ideario político del Gobierno de Teodoro Picado. El mismo Partido Republicano, durante el gobierno de Calderón Guardia, había firmado en julio de 1941, un acuerdo de cooperación militar con los Estados Unidos, lo cual no resultaba extraño en el contexto regional, ya que “en Centroamérica en la década de los 30’s, la consigna contraria al comunismo, impulsada desde el Departamento de Estado, organizó cambios sustanciales en el papel que debían cumplir las fuerzas de seguridad como en los requisitos que debían reunir los integrantes de éstas”, según explica Mercedes Muñoz (1989, p. 97). El documental “El Codo del Diablo” de Ernesto y Antonio Jara Vargas, reproduce un discurso de Gonzalo Facio Segreda, Ministro de economía y hacienda de la Junta, en el que éste resume su visión política, totalmente congruente con la línea anticomunista del Departamento de Estado de los Estados Unidos y de Figueres Ferrer que ya mencionamos. Facio dice que “asumimos poder después de haber ganado la primera lucha armada que se da en el continente contra el comunismo”. Para ese tiempo estaba recién creado el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, que en la práctica aseguraba la cesión de la soberanía de los países de América Latina a los Estados Unidos. Tanto Figueres como Facio se alineaban para asegurarse la confianza de aquel país.

El autoritarismo implicó el exterminio de personas por medio del asesinato y generó además, como dijimos, exilio, encarcelamiento, persecución, intimidación, entre otras prácticas. Como justamente expone Manuel Rojas Bolaños en su libro Lucha Social y Guerra Civil en Costa Rica 1940-1948, “la izquierda comunista quedó prácticamente fuera del juego político hasta los años setenta, por prohibiciones establecidas constitucionalmente” (1990, p. 27). En cualquier otro país, los asesinatos del Codo del diablo, la ilegalización de organizaciones sociales, los decretos contra la clase trabajadora y las demás acciones de represión política, se hubieran reconocido como actos propios de un gobierno dictatorial; pero no ha sido así en Costa Rica.

El discurso oficial y el imaginario político, a través de libros, discursos y la reproducción que hacen del mismo personas, instituciones y organizaciones, siguen resumiendo la historia de la guerra civil de 1948 como un acontecimiento de “defensa del sistema electoral”, lo que ha permitido construir un imaginario de sociedad irrestrictamente democrática, pulcra e idílicamente pacífica en la que los enfrentamientos sociales, incluidos asesinatos políticos, se desdibujan, tergiversan, minimizan, o simplemente se ocultan.

Dado que la versión oficial además nos presenta la historia como la acción de caudillos y héroes, uno de los cuales es sin duda José Figueres Ferrer, es indispensable releer todo lo divulgado por el discurso oficial y enseñado en la academia, desde la escuela hasta la universidad. Alfonso González Ortega y Manuel Solís Avendaño en su libro Entre el desarraigo y el despojo argumentan que “Hoy sabemos, aunque no lo incorporemos a la representación que tenemos de nuestra historia, que Figueres Ferrer no fue el principal artífice de la abolición del ejército y que originalmente esta proscripción estuvo más inspirada en detener sus aventuras militares, en medio de una lucha entre los grupos representados en la llamada Junta Fundadora de la Segunda República, menos en la creación deliberada de una cultura de paz. Algo semejante ocurre con la nacionalización de la banca” (2001, p. 170).

Otra vertiente de la historia que la historia oficial y el discurso del poder han pasado de lado o han ocultado, es la corrupción como práctica común. Uno de los ejemplos notables de manejo arbitrario de la Hacienda Pública fue que “en esos momentos (durante el gobierno de la Junta de Figueres Ferrer), una parte de los recursos del gobierno se destinaba a pagos privados, y al mismo Figueres”. Explica el sociólogo Manuel Solís Avendaño que “el Decreto 251 del 12 de noviembre de 1948 autorizó un pago de 2.734.443 colones a Figueres, por concepto de propiedades destruidas. La suma equivalía casi al cincuenta por ciento de los seis millones asignados originalmente para cubrir ese rubro. Allí estaba, en germen, una característica de la nueva institucionalidad”.

Como resumen de estas líneas, podemos decir que la abolición del ejército sólo fue posible después de “limpiar la mesa”, tras la ilegalización del Partido comunista y de 60 sindicatos de la Confederación General de Trabajadores de Costa Rica, y las demás prácticas despóticas y represivas de la denominada Junta Fundadora de la Segunda República. Con esto se eliminaron las entidades con capacidad militar y socialmente organizadas para retar el nuevo bloque de poder. En otras palabras, ya no había oposición socialmente articulada y la Junta ejercía poderes ilimitados sin enemigos contundentes. Tenía el control centralizado y aplicaba represión directa contra cualquier oposición posible.

En esas condiciones la abolición de cuerpo armado era viable tanto por condiciones creadas a lo interno del país, como por ajuste o acomodo de la Junta de Gobierno a la política exterior de los Estados Unidos.

Alto a la criminalización de la protesta social

Escrito en . Publicado en Derechos.

SURCOS comparte el pronunciamiento de la Asociación Costarricense de Derechos Humanos:

Alto a la criminalización de la protesta social

La Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU) se pronuncia, a nivel nacional e internacional, contra la violencia y criminalización de la Fuerza Pública a la ciudadanía costarricense que ejerce el legítimo derecho a la protesta social, cuyos responsables son el Ministerio de Seguridad y la Fuerza Pública.

El pasado 14 de octubre balearon por la espalda al señor Dennis Cortés Arce, de 48 años de edad, en Upala, provincia de Alajuela, quien es un humilde trabajador que participaba en los movimientos de protesta contra impuestos y los nuevos préstamos del Fondo Monetario Internacional. Él sufrió heridas graves y hoy se encuentra con profundas secuelas en su salud, hecho que se suma a innumerables atropellos a los Derechos Humanos en el marco del movimiento social y popular convocado por el Movimiento Rescate Nacional (MRN).

Ayer 21 de noviembre a las 8 pm balearon al joven indígena Jimmy Martínez Tercero, en Buenos Aires de Puntarenas, quien participaba en una manifestación y hoy se encuentra en el hospital de dicha región. Aparentemente la OIJ está tratando de recabar datos para realizar su respectivo informe. Además, nos informan que vapulearon a tres jóvenes al extremo de que los dejaron tumbados y malheridos en el suelo.

Se supone que en Costa Rica no tenemos ejército, el próximo 2 de diciembre se celebrará un año más de la abolición del ejército; de esta institución que en la mayoría de los países lo único que hace es daño e impulsa la violencia contra su propio pueblo.

Denunciamos que esta práctica sistemática tan violenta y plagada de abuso de autoridad por parte de la Fuerza Pública contra la ciudadanía de este país es relativamente nueva en este país, por lo que el pueblo de Costa Rica está muy preocupado.

La ACODEHU hacemos un llamado a la Defensoría de los Habitantes, a las diputadas y a los diputados de nuestra República, a organizaciones de Derechos Humanos nacionales e internacionales, al movimiento social y sindical para que denunciemos e impugnemos estas prácticas nefastas, propias de otros Estados donde existen ejércitos.

Reiteramos que en Costa Rica no existe ejército. La protesta social es un derecho

¡Defender los Derechos Humanos, es ampliar la democracia!

Ana Cecilia Jiménez Arce
Presidenta
Óscar Leiva Cerrato
Vicepresidente

 

Fotografía: (Facebook: ACODEHU)

SEC: La verdad sobre la Convención Colectiva del MEP

Escrito en . Publicado en Trabajo.

LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO DEL MEP

La firma de la III Convención Colectiva de Trabajo en el Ministerio de Educación Pública (MEP), el pasado viernes 16 de octubre, ha desatado críticas infundadas y la ira de quienes por motivos ideológicos e intereses económicos, pretenden negar el valor histórico que han tenido los sindicatos a la hora de conseguir por medio de la negociación colectiva, no solo condiciones de trabajo más dignas para las personas trabajadoras, sino también importantes contribuciones de mejora en los derechos sociales y el fortalecimiento de la democracia.

De manera interesada desconocen que la Constitución Política, en el Título V, Derechos y Garantías Sociales, en su artículo 62, otorga fuerza de ley profesional a las convenciones colectivas de trabajo que, con arreglo a la ley, se concierten entre patronos y sindicatos de trabajadores legalmente organizados; lo anterior, con el objeto de reglamentar las condiciones en que el trabajo deba prestarse y las demás materias relativas a éste (artículo 54, del Código de Trabajo). Pretenden negar a la negociación colectiva, la naturaleza de derecho humano fundamental, reconocido por la Organización Internacional del Trabajo (Convenio 98). Los críticos de la Convención ocultan que el artículo N° 112, inciso 5 de la Ley General de la Administración Pública, dice: “5) Tienen derecho a negociar convenciones colectivas de trabajo, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Constitución Política, tanto en las empresas públicas y servicios económicos del Estado como en el resto de la Administración Pública, todos los empleados públicos que no participen de la gestión pública administrativa, conforme a la determinación que de estos hacen los artículos 683 y 689 de la Ley N.° 2, Código de Trabajo, de 27 de agosto de 1943”.

La Sala Constitucional, ha revisado con anterioridad la primera (2013) y segunda versión (2016) de la Convención Colectiva del MEP y en tres ocasiones (Votos 7.221-2015; 8.396-2020 y 21.808-2020) determinó que la misma se encuentra sometida al Derecho de la Constitución y que las cláusulas convencionales guardan conformidad con las normas y principios de igualdad, prohibición de discriminación, legalidad, razonabilidad y proporcionalidad. La III Convención Colectiva del MEP (2020), reproduce las normas ya revisadas por la Sala Constitucional; las nuevas disposiciones que se introducen, son conformes con el principio de legalidad presupuestaria, pues no hacen incurrir a la Administración en nuevas erogaciones, ya que se financian con los recursos que la Administración ya dispone para garantizar servicios públicos existentes, generando más bien importantes economías, como ocurre por ejemplo con la formalización de los contratos de trabajo de las cocineras de comedores escolares, donde en los primeros 4 años (2021-2024) el gobierno ahorrará cerca de 5.400 millones de colones y para el periodo 2025 al 2030, producirá un ahorro total de 1.300 millones de colones.

Pero lo más importante es que la situación laboral de las cocineras al ser nombradas por el MEP, mejorará en términos de estabilidad y continuidad laboral, garantizando el cumplimiento de sus derechos.

Al pasar de una contratación informal a la formalidad, el 30% de estas trabajadoras que se encuentran en situación de pobreza extrema, tendrán acceso a la seguridad social y al crédito, entre otros beneficios que dignifican su condición de mujeres trabajadoras y mejoran su calidad de vida. Todo un avance en materia de derechos sociales, por la igualdad de género en el trabajo y por el fortalecimiento de la democracia. En los sindicatos SEC-ANDE-APSE- SITRACOME, nos sentimos orgullosos de este logro alcanzado y los defenderemos frente a detractores carentes de sensibilidad y de respeto por el trabajo humano y los derechos fundamentales.

 

Imagen ilustrativa.

“A puro coraje y a pura moto”

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Se firma convenio colectivo en subsidiaria de Palma Tica (Grupo Numar)
Dania Obando

La presencia de sindicatos en el ámbito de la agroindustria costarricense es ínfima, y para contabilizar el número de convenciones colectivas vigentes bastan los dedos de una mano. En otros países no se celebraría con tanto énfasis la firma de un convenio colectivo, pero en Costa Rica, en cambio, es como un eclipse, un fenómeno extraño que se da una vez cada tanto, cuando los astros se alinean.

Gerardo Iglesias

Maikol Hernández, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Agroindustria (Fentragh), destaca el papel protagónico de la compañera Dania Obando, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Palma (SITRAPA) y secretaria de Género de la Federación en la firma de ese convenio.

“Dania fue clave en este proceso de negociación colectiva. Su activa militancia permitió liderarlo y también mejorar sustancialmente los índices de afiliación sindical”, subraya Maikol.

Desde la Rel UITA damos fe de ello. Cuando Dania asumió la secretaría general del Sindicato, el 1 de julio del año pasado, la organización registraba 125 afiliados y hoy rondan los 300, un crecimiento logrado “a puro coraje y a pura moto”, como ella risueñamente lo define.

Para crecer sindicalmente en Costa Rica es necesario romper paradigmas, reformular estrategias y modos de llegar a la gente, tensar al máximo la empatía y la capacidad de convencimiento, teniendo en claro siempre que la embestida de la patronal será furibunda y contará con el respaldo oficioso y explícito de todo el andamiaje de un sistema concebido para repeler el avance del virus de la justicia social y el combate a la pobreza crónica originada en centurias de feudalismo en los enclaves de la agricultura intensiva al servicio del capital transnacional.

La labor de sindicalización no es tarea sencilla: ni el contexto ni las distancias que hay que recorrer ayudan. No es lo mismo hacer una campaña en una fábrica que concentra cientos de trabajadores: para afiliar en el medio rural hay que andar harto limando suelas de finca en finca.

Dania sale de su casa muy temprano o a veces por la tardecita, dependiendo del horario del encuentro. Lleva comida que ella misma cocina luego de la jornada de trabajo ̶-porque ella no es dirigente rentada-. En algunas ocasiones los tiempos no dan y entonces en el camino comprará unas galletitas y frescos.

“Cuando voy largo a una campaña de afiliación me levanto antes que el sol salga”, nos cuenta Dania.

“En otras ocasiones parto al caer la tarde para reunirme con los trabajadores cuando salen de sus labores. Hago un arroz con pollo o lo que tenga a mano. Cargo mis ollas, o sino compro siempre alguna cosa para compartir. La gente sale con hambre del trabajo. Si algún compañero de la junta no puede acompañarme, me llevo a uno de mis hijos. Como las áreas son bastante retiradas hay un compañero que me presta la moto. Yo saco permiso, a veces hasta sin goce salarial, y allá vamos. Mientras la gente se alimenta, yo voy hablando de la importancia de afiliarse al sindicato”.

“-¿Sabes algo?-“ inquiere Dania. “Esta situación me ha ayudado a crecer mucho, porque no es fácil la vida en el campo. Hay mujeres que se acercan a uno y le cuentan unas historias que uno dice: yo pensé que me había tocado duro la vida. ¡Qué va…!”

Dania ahora tiene una moto que le entregó la federación y la afiliación al sindicato no deja de crecer.

De andar tantos caminos y enfrentar tantas maldades, ella ha aprendido los conjuros para exorcizar y ahuyentar las oscuras fuerzas antisindicales que habitan fuertemente arraigadas en individuos e instituciones e instituciones a lo largo y ancho de su Costa Rica natal.

 

Dania Obando | Foto: Gerardo Iglesias

Compartido con SURCOS por Maikol Hernández.