La Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (Feuna), en conjunto con la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, la Vicerrectoría de Extensión, UNAVENTURA Voluntariado, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la UNA (Sitún) y el Fondo de Beneficio Social, se unen para lanzar una campaña de recolección de alimentos y productos de limpieza destinados a estudiantes de las residencias del Campus Omar Dengo y Benjamín Núñez. Usted podrá dejar alimentos no perecederos hasta el 15 de febrero de 2024, en las oficinas de UNAVENTURA Voluntariado, ubicadas contiguo a la soda Padre Royo, en el Campus Omar Dengo.
La campaña tiene como objetivo proporcionar al estudiantado que recibió una beca, alimentos y artículos de limpieza esenciales para su bienestar en las residencias universitarias.
¿Cómo puede contribuir?
Desde granos básicos hasta productos de limpieza, todos pueden unirse a esta causa. Los productos solicitados incluyen arroz, frijoles, lentejas, garbanzos, azúcar, café, leche en polvo, sal, aceite de soya, sopas, harina, atún, sardinas, pastas, avena, cajas de galletas, consomé, salsa inglesa y productos de limpieza como detergente, desinfectante, cloro, lavaplatos, pasta dental, jabón de baño, papel higiénico, toallas sanitarias, bolsas de basura y esponjas lavaplatos.
Para más información puede escribir al correo presidenciafeuna@una.cr o al número telefónico 8366-2284.
AFITEC invita a participar del conversatorio: «Las implicaciones políticas, institucionales y laborales del Proyecto de Ley Marco de Empleo Público”, el cual se realizará este miércoles 21 de julio a las 4 p.m.
Se contará con la exposición de Manel Hernández Venegas.
La Junta Directiva Nacional de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) brinda sus felicitaciones a la Junta Directiva del sindicato SITUN por su 47 aniversario y a sus afiliados y afiliadas, por la celebración de un aniversario más de lucha en defensa de los derechos.
SURCOS recibió este comunicado de SINDEU, SITUN, AFITEC, AFUP y ANEJUD:
Los y las jubiladas del Magisterio Nacional denunciamos ante la sociedad costarricense el atropello cometido por las fracciones de los partidos políticos en la Asamblea Legislativa al aprobar, en forma unánime, la Ley 9796 contra un sector de la población, constituido en su gran mayoría por adultos mayores (97.61 %), Ley que destruye y fracciona el Sistema de Pensiones del Magisterio Nacional.
Esta Ley fue concebida para aumentar el monto del impuesto ya existente, y que pagaban las personas pensionadas de acuerdo con el Régimen del Magisterio Nacional y del Poder Judicial, como “contribución especial” para enfrentar el problema de las finanzas públicas. El impuesto entró a regir en el mes de julio, 2020 en plena pandemia del COVID-19.
Las dramáticas consecuencias de esta Ley han afectado a 3181 personas jubiladas del Magisterio. De esta población el 46 % son mujeres. Además, el 68,08 % de las personas afectadas tiene edades entre 65 y 105 años. El aumento del impuesto ha dejado a la mayoría de las personas jubiladas con una pensión líquida muy baja, incluso con montos de ¢20 000 o ¢30 000 colones al mes, razón por la cual no pueden sufragar ni sus gastos mínimos de alimentación.
Las pensiones del Magisterio Nacional ya estaban gravadas por la Ley 7531 desde 1995, con un impuesto que se paga sobre el monto bruto y oscila entre el 10 y el 16 %. Además, esa misma Ley establece, en el artículo 71, que a las pensiones mayores de cuatro millones de colones se les impone, por tractos, el pago de tasas que oscilan entre el 25 % y el 75 %, según la suma que supere esa base impositiva. A estos impuestos hay que agregar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta (ISR), el seguro del enfermedad y maternidad de la CCSS, la póliza mutual de vida y el porcentaje del Régimen de Administración de JUPEMA de 5/1000.
La Ley 9796 grava las pensiones a partir del monto bruto de ¢2 296 000,00, lo que provoca un fuerte incremento en la carga impositiva. Esta ocurrencia, porque ni siquiera se fundamentó en un estudio actuarial como lo exige el sistema jurídico costarricense, fue obra de la diputada Xiomara Rodríguez del Partido Restauración Nacional (RN), que gozó de la complicidad, tanto de la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) del Ministerio de Trabajo en la figura de Luis Paulino Mora Lizano, como de la Casa Presidencial y todas las fracciones legislativas PLN/PUSC/PAC/FA/PRSC/RN que la votaron a favor en forma unánime.
Lo expuesto demuestra que estamos ante una acción abiertamente “confiscatoria” contra las pensiones de miles de trabajadores de la educación costarricense (primaria, secundaria y universitaria) que pone en riesgo, incluso, la sobrevivencia de miles de adultos y adultas mayores, que han cotizado honesta y regularmente a lo largo de toda su vida laboral y lo siguen haciendo aún pensionados, con el fin de disfrutar de una vejez digna. Esta población se ha visto obligada a adquirir compromisos crediticios para satisfacer, fundamentalmente, sus necesidades de salud y la compra de medicamentos e implementos médicos.
La situación provocada por la Ley 9796 despoja a las personas adultas mayores de una gran parte de sus ingresos por pensión, hecho que contraría los compromisos que ha adquirido el Estado costarricense al firmar la Convención Interamericana Sobre la Protección de los Derechos Humanos de las personas mayores, convertida en Ley 9394 y firmada el 8 de setiembre del 2016.
La campaña desarrollada por parte del Gobierno y de la fracción legislativa del PAC, en asocio con el PLN/PUSC y los partidos neopentecostales (RN/NR), contra la clase trabajadora activa y pensionada, no cesa; hay en la corriente legislativa otro proyecto, el 21 345 presentado por el diputado Víctor Morales Mora del PAC, que pretende trasladar, entre otros, los regímenes del Magisterio Nacional y del Poder Judicial al Régimen de Pensiones de la CCSS (IVM). Es la nueva estrategia para golpear más los bolsillos de las personas jubiladas y próximas a hacerlo. Exigimos que cese el ataque contra la clase trabajadora y pensionada.
No pueden el Gobierno, sus aliados políticos y el sector empresarial seguir descargando los costos económicos de la pandemia del COVID-19 y de la crisis fiscal del país sobre los hombros de las y los trabajadores, y mucho menos sobre los de las personas pensionadas.
Demandamos que se garantice, como lo ha firmado el Estado costarricense, lo establecido en la Ley 9394 derivada de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, fundamentalmente en lo que corresponde a: Los Estados Parte adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar a la persona mayor el goce efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad en la vejez hasta el fin de sus días, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población (artículo 6).
Exigimos el retiro inmediato de la corriente legislativa del proyecto 21 345 denominado Ley de reforma para la equidad, eficiencia y sostenibilidad de los regímenes de pensiones del diputado Víctor Morales Mora y de la fracción del PAC por las nefastas consecuencias que traería sobre la población jubilada y la que lo hará en el futuro. Pedimos, también, el retiro de todos aquellos otros proyectos legislativos que atenten contra la población jubilada y su calidad de vida.
Denunciamos ante el Magisterio Nacional y la ciudadanía el empeño evidente de Rocío Aguilar Montoya, de la Superintendencia de Pensiones y de Luis Paulino Mora Lizano, exdirector de la Dirección Nacional de Pensiones, la realización de diversas acciones tendientes a debilitar los regímenes de pensiones existentes, pues en diversas instancias y de modo reiterado proponen y promueven eliminar los diferentes regímenes de pensiones para unificarlos en uno solo.
Convocamos a las organizaciones del Magisterio Nacional y de las universidades estatales a construir un amplio frente, en conjunto con el movimiento laboral del país, a fin de defender el legítimo derecho a tener una pensión digna e impedir la utilización irresponsable de los recursos de nuestros fondos de pensiones por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Compartimos con ustedes los resultados electorales oficiales, de la elección del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Universidad Nacional -SITUN- para el período 2013/2015, efectuada el 8 de noviembre del año en curso.
Con los resultados obtenidos, Álvaro Madrigal Mora es reelegido como Secretario General del SITUN, acompañado por el Secretario Adjunto Oscar Picado Sánchez.
El acto de juramentación del nuevo Comité Ejecutivo tuvo lugar el miércoles 20 de noviembre, en el Centro de Recreo del Fondo de Beneficio Social.
Desde la CONTUA, saludamos y felicitamos a los compañeros y compañeras del SITUN, que inician una nueva etapa de gestión y lucha sindical en la constante búsqueda del reconocimiento y reivindicación de los derechos humanos laborales de los trabajadores y trabajadoras de la Universidad Nacional de Costa Rica y de los 500 mil compañeros y compañeras que integramos la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de las Universidades de las Américas.
Para poder acceder a los resultados de los comicios:
